Multa récord de 150 millones de euros a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por cobrar el equipaje de mano

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa récord de más de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas hacia los pasajeros, según ha adelantado esta mañana la Cadena Ser. Las compañías sancionadas son Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet. Se trata de la multa más grande que las autoridades de consumo han aplicado por prácticas perjudiciales contra los clientes.

La multa de Consumo se fundamenta en cuatro prácticas habituales de estas compañías, que considera “abusivas” o “poco transparentes”. La principal es el cobro del equipaje de mano en cabina. Las aerolíneas multadas cobraban a los pasajeros por llevar mochilas o bolsos a bordo del avión a pesar de que no es necesario facturarlos.

También se penaliza la falta de transparencia en los precios: la sanción recoge que el precio de un billete va cambiando durante el proceso de compra y que, al final de este, ha aumentado de forma inesperada. Se considera una práctica desleal por dificultar el proceso de comparación de precios entre compañías o tomar decisiones informadas para los consumidores.

Otras de las razones para la emisión de la multa ha sido el cobro adicional del asiento junto a personas dependientes —que pueden ser, por ejemplo, padres e hijos— y la imposibilidad de pagar con efectivo en el aeropuerto. A partir de ahora, todas estas prácticas quedarán técnicamente prohibidas a pesar de ser costumbre en las compañías low cost.

La empresa más sancionada es Ryanair

La Dirección General de Consumo comenzó a investigar estas prácticas abusivas en 2023, momento en el que comenzó a recibir las quejas de asociaciones de usuarios como la Facua. La asociación asegura que llevaba batallando desde 2018 contra estas prácticas.

“Han sido casi seis años batallando para lograr que las autoridades actuasen contra unas prácticas por las que las aerolíneas vienen inflando ilícitamente sus beneficios y por fin lo hemos logrado”, ha señalado en un comunicado el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez.

La mayor sanción ha recaído sobre Ryanair, que fue la primera aerolínea en cobrar por el equipaje de mano en noviembre de 2018. Le sigue Vueling, y a mucha mayor distancia, EasyJet y Volotea, según afirma la organización de defensa de los derechos de los consumidores. “Se trata de las primeras multas impuestas por la autoridad de Consumo del Gobierno de España desde que asumió la potestad sancionadora en mayo de 2022”, confirman.

FACUA recuerda en un comunicado a los consumidores de que tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra. En caso de recibir respuesta negativa de las aerolíneas, la asociación insta a interponer denuncias ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas solicitando sanciones y a acudir a los tribunales —sin coste, ya que no es obligatorio acudir con abogado o procurador por cantidades menores a 2.000 euros—.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha celebrado también que que el Ministerio haya llegado a las mismas conclusiones que las denunciadas por la organización y espera “que estas sanciones sirvan como ejemplo para otras autoridades europeas y otras compañías que lleven a cabo las mismas prácticas abusivas”, según ha señalado en un comunicado.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha rechazado la medida y considera que la multa, de “cuantías desproporcionadas esta práctica”, “perjudicará a los consumidores” que no necesitan ciertos servicios. La patronal estima que cerca de 50 millones de pasajeros que no llevan maleta de cabina a bordo y solo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento “no podrían beneficiarse de pagar solo por los servicios indispensables, obligándoles a contratar servicios que no utilizan”.

La asociación defiende que esta práctica “es totalmente legal”, y ha recalcado que la legislación europea reconoce la libertad de las compañías aéreas para fijar sus tarifas. Además, ha recordado en el comunicado que el proceso de expedientes sancionadores que ha abierto Consumo sigue abierto y cabe recurso de alzada.