El Premio Abogados de Atocha ha recaído este 2026 en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en un acto de entrega el jueves 26 de febrero en el Palacio de Congreso de Toledo a las 18.30 horas.

Lo recogerá la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, y a la entrega del mismo asistirá el secretario de CCOO a nivel nacional, Unai Sordo, y la secretaria general del sindicato en Madrid, Paloma López.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa este lunes el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO en Castilla-La Mancha, Antonio Arrogante, y el secretario regional del sindicato en la región, Javier Ortega.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa este lunes el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO en Castilla-La Mancha, Antonio Arrogante, y el secretario regional del sindicato en la región, Javier Ortega.

Se reconoce así el papel de UNRWA en la defensa de las “personas más vulnerables” y en su labor para garantizar sus derechos, la ayuda humanitaria y servicios como la sanidad o la educación. Ortega ha recordado el derribo de su sede en Jerusalén hace unos días, condenada por España y otra decena de países.

En este punto ha resaltado el compromiso de CCOO de condenar el genocidio en Gaza, denunciando la “impunidad” de Israel y exigiendo la protección de su población, hacia un “proceso de paz justo para que el pueblo palestino pueda decidir su futuro”.

Raquel Martí tiene una “amplia trayectoria docente”, y su labor está ligada a proyectos de ayuda humanitaria y de cooperación internacional vinculados a Oriente Próximo, ha enfatizado Javier Ortega.

Casi medio siglo de los asesinatos

Con este reconocimiento, CCOO Castilla-La Mancha honra la memoria de los abogados laboralistas asesinados en 1977 en Madrid, en este 2026, cuando se cumplen 49 años de estos asesinatos.

El secretario general de CCOO destacaba que esta época “merece ser recordada” para saber de dónde venimos y las “libertades de las que disfrutamos”, en un momento que vive la amenaza de los “delirios de la extrema derecha” que pretende “devolvernos a las cavernas”.

Ortega ha señalado que el ejemplo de estos abogados debe servir de reflexión para aquellos jóvenes que “romantizan o dulcifican” la dictadura “a base de bulos”.

De su lado, Arrogante ha resaltado el simbolismo de estos premios en un contexto actual en el que hay personas que sienten nostalgia de estos tiempos, y que ven como “un deporte” reivindicar la dictadura franquista. “Es absolutamente necesario” recordar a estas personas, que dieron “su sangre” por valores como la libertad, ha señalado.

El pasado año, este galardón recayó en el actor José Sacristán, y el acto de entrega se celebró en el Paraninfo de San Pedro Mártir de Toledo.

No ha sido el primer encuentro de víctimas de la transición, ni será el último, pero ha sido más que necesario que se hiciera y que se consiguiera, además de la unidad, un planteamiento de futuro en sus conclusiones.

Del 23 al 25 de enero del 2026 nos hemos dado cita en la ciudad de Logroño familiares de Marc Muñoz, Manuel José García Caparrós, Ángel Almazán, Caso Almería, Arturo Ruiz, Vitoria (3 de marzo de 1976), Teófilo del Valle, entre otros… El llamamiento lo realizó la asociación Manuel José García Caparrós desde Andalucía, con unos objetivos muy claros para las demás familias y entidades: 1) unir fuerzas desde las familias para conseguir más transparencia y verdad en nuestros casos; 2) avanzar en la reparación de las víctimas de la transición. No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda; 3) consolidar una relación entre todas las asociaciones y familiares para ayudarnos en nuestros objetivos de verdad, reparación y justicia.

En octubre de 2018 organizamos desde la asociación Manuel José García Caparrós un encuentro estatal de víctimas de la transición en Málaga, que contemplaba un segundo encuentro en el Parlamento Europeo, en el que participaron más de 80 personas provenientes de todo el Estado Español. De aquellos encuentros de Málaga y Bruselas surgió una red de amistad y colaboración entre las diferentes familias y un sentimiento de saber que estamos conectados y que podemos compartir nuestras luchas y sentimientos.

También nació la Asociación Andaluza de Víctimas de las Transición, que ahora ha adoptado un perfil más bajo tras tener un papel importante en algunos seminarios y cursos académicos de universidades andaluzas. El motivo principal es el repentino fallecimiento de nuestro compañero Manuel Ruiz, al que siempre recordaremos por su humanidad y tenacidad en su lucha por su hermano Arturo Ruiz y demás víctimas de la transición. Esperamos también ir saliendo de este letargo emocional y seguir su ejemplo con todo su legado de voluntad y sacrificio.

Constatamos la necesidad de estar más unidos que nunca, de modo que no se olvide la memoria de nuestros familiares y compañeros asesinados por la ultraderecha policial o parapolicial en la transición

La elección de Logroño surgió del contacto que se forja en las diferentes iniciativas que hemos desarrollado por todo el Estado español. Así conocimos la voluntad del homenaje a Miguel Sarabia, uno de los supervivientes de la matanza de Atocha del 24 de enero de 1977, al que nunca se le había realizado un homenaje institucional en su ciudad natal.

Así que consideramos a principios del año pasado que sería una buena idea unir la memoria de los abogados de Atocha con las demás víctimas de la transición. Gracias al trabajo institucional y su propuesta de homenaje por parte del PCE e IU de La Rioja, la familia de Miguel Sarabia, en concreto su viuda, una de sus hijas y dos nietas, pudieron disfrutar de un acto de colocación de una placa en la calle Barriocepo donde nació; y también de un acto cultural donde no faltó la palabra, tanto de la poesía de un exalumno de Miguel Sarabia llamado Manuel Tejedor, recitada por la joven Elena Ollero; y la música comprometida nacida del pueblo con el flamenco del cantaor Juan Pinilla y el toque de David Caro. “El hombre que fue bueno durante toda su vida”.

La prensa local y regional nos ha acompañado en todos los días de este encuentro y ha destacado con respeto y cierto entusiasmo el homenaje al logroñés Miguel Sarabia. Tan solo un diario estatal como eldiario.es se hizo eco del homenaje y encuentro. Sorprende mucho, porque cuando han querido otros medios han convertido a las víctimas en protagonistas. Esto sirve para constatar la necesidad de estar más unidos que nunca, de modo que no se olvide la memoria de nuestros familiares y compañeros asesinados por la ultraderecha policial o parapolicial en la transición, y consigamos evitar la impunidad con la que la ultraderecha vive desde la transición hasta la actualidad. Es el hilo negro que queremos desenmascarar desde muchos ámbitos de nuestra acción ciudadana.

En el encuentro nos hemos conocido más aquellos que ya nos conocíamos y hemos descubierto nuevas familias y casos. Yo escribo estas líneas desde una posición personal, y me gusta destacar que vinieran personas especialistas que están desarrollando investigaciones serias sobre la impunidad en los crímenes de lesa humanidad. En esa línea de investigación se debe insistir, sin cesar, porque se trata de conocer todo para poder sanar en lo más que se pueda el sistema democrático. Desde aquí hago un llamamiento no solo a familiares sino también a activistas e investigadores a sumarse a nuestra red.

Proponemos acudir a la Unión Europea para denunciar la no aplicación de la Ley de Memoria de Democrática

Pronto saldrán a la luz las conclusiones de todo este encuentro, de los debates y propuestas que han surgido. Me gustaría destacar algunas cuestiones. Por ejemplo, la necesidad de promover acciones conjuntas sabiendo que la unidad hace la fuerza. Por eso se han acordado unos máximos: entre otros, la derogación de la ley de amnistía, que choca con la capacidad de intervención de la justicia sobre los victimarios, o la modificación de la ley de secretos de estado, que no nos permite acceder a la documentación de nuestros casos.

Hay acuerdos concretos que tienen margen de desarrollo, como la propuesta de acudir a la Unión Europea para denunciar la no aplicación de la Ley de Memoria de Democrática o la confección de una unidad didáctica sobre las víctimas de la transición con una perspectiva global y curricular.

En el encuentro tuvimos otro momento abierto a la ciudadanía, que al igual que el homenaje a Miguel Sarabia, nos enriqueció con la participación de la gente de la ciudad. La proyección de la película Las armas no borrarán tu sonrisa de Adolfo Dufour nos habla de las víctimas y nos cuenta más concretamente la semana negra de Madrid de 1977.

Y esto es un tema que me apasiona: cómo el cine ayuda a la difusión de los casos, como fue la película de ficción basada en los hechos reales, El Caso Almería (Pedro Costa, 1984) o Vitoria, 3 de marzo (Victor Cabaco, 2018). Casi todos los casos tienen un documental que recoge lo que ocurrió: es el caso de Gustavo Muñoz, con Gustau, la transición al descubierto (Jaume Domènech, 2021) o Manuel José García Caparrós, que acumula varios estupendos…

La fuerza del cine llega hasta tal punto que en el caso del Teófilo del Valle el documental dirigido por Manuel de Juan abre nuevas perspectivas en la investigación y además provoca un movimiento que llega reactivar el caso incluso judicialmente, siendo el único caso abierto en un juzgado antes de que prescriba a sus cincuenta años el próximo febrero de este año. Sabemos de la fuerza que puede tener el cine. Por eso estamos apoyando la película documental El hilo negro de JAC López, donde participa Carlos Bardem, basada en la gran investigación de Carlos Portomeñe, La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado: anatomía de la transición (Atrapasueños ed. 2022).

Nos queda un camino que recorrer y en ese camino ya no estamos tan solos y solas.

Joaquín Recio es escritor, editor y vocal de la Asociación Manuel José García Caparrós

Los cinco abogados laboralistas que fueron asesinados a tiros por tres ultraderechistas cuando se encontraban en su bufete de la calle Atocha en Madrid, el 24 de enero de 1977, serán recordados en un homenaje que han organizado conjuntamente la Unión Comarcal de Comisiones Obreras (CCOO) e Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de Asturias este fin de semana en Gijón/Xixón.

A este homenaje ha confirmado ya su asistencia Aída Sánchez, hija de Simón Sánchez Montero, histórico dirigente y diputado del PCE en las legislaturas de 1977 y 1979, y de la sindicalista Carmen Rodríguez Campoamor, represaliada del franquismo, que fue hasta su muerte, en 2012, militante de IU, el PCE y CCOO y muy vinculada a la lucha del Movimiento Democrático de Mujeres.

Siete días de enero

Mañana, viernes, se proyectará la película 'Siete días de enero', del director Juan Antonio Bardem. Será a las seis de la tarde en el Centro Municipal de El Llano.

La entrada es libre hasta completar aforo. La proyección será presentada por el secretario de Intervención en el Conflicto de IU Asturias, Rodrigo Díaz Calvo.

Imágenes reales

La película reconstruye los hechos acontecidos en los días anteriores y posteriores al atentado e incluye imágenes reales de las manifestaciones y los funerales celebrados en memoria de los cinco abogados laboralistas asesinados.

El sábado, a las 12:30 horas, se realizará una ofrenda floral en el Nuevo Gijón, barrio en el que se encuentran los Jardines 'Abogados de Atocha', situados en la calle Peña Santa de Enol.

Reivindicar la memoria democrática

En este acto intervendrán el coordinador local y concejal de IU Xixón Alejandro Farpón y el vicepresidente de la Fundación Abogados de Atocha, Jaime Cedrún. Además contará con la asistencia de los líderes regionales y locales de las organizaciones convocantes.

Los jardines fueron inaugurados en el año 2018, a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida como un espacio para reivindicar la memoria democrática.

La matanza de Atocha

El pasado sábado, día 24, se cumplieron 49 años de la matanza de Atocha. Fueron asesinados los abogados laboralistas Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco, Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado de Antonio, Ángel Elías Rodríguez Leal y Enrique Valdelvira Ibáñez.

También resultaron heridos Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos Pardo y María Dolores González Ruiz.

Pistoleros ultraderechistas

Los autores de este asesinato múltiple -José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada- estaban adscritos a Fuerza Nueva, Falange Española y de las JONS, la Hermandad de la Guardia de Franco y el Sindicato de Transportes de Madrid. Algunos de ellos también colaboraban con la Brigada Político-Social de la Policía.

La Triple A reivindicó el atentado. Tres años más tarde, el 29 de febrero de 1980, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó por los asesinatos a cinco ultraderechistas: Francisco Albadalejo Corredera, funcionario, secretario del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid; José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá, Gloria Herguedas Herrando y Leocadio Jiménez Caravaca.

En la Matanza de Atocha, cinco abogados laboralistas del Partido Comunista de España y de Comisiones Obreras fueron asesinados por un comando ultraderechista el 24 de enero de 1977 en Madrid. Uno de los supervivientes fue el abogado logroñés Miguel Sarabia, para quien Izquierda Unida ha reclamado un “reconocimiento” tanto al Gobierno de La Rioja como al Ayuntamiento de Logroño.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha querido reivindicar el papel de los abogados laboralistas en la rueda de prensa de presentación, en Logroño, del libro 'La Matanza de Atocha y otros crímenes de Estado. Anatomía de la Transición' con su autor, Carlos Portomeñe, así como con Joaquín Recio, coordinador de la editorial responsable, Atrapasueños.

Un libro, ha dicho, que va “mucho más allá”, ha presentado, de la Matanza de Atocha y que se convierte en un “relato histórico, documentado, del papel que algunos jugaron en la transición y que no se acaba con la llegada de la democracia”.

Moreno se ha referido tanto a este atentado como al asesinato de Arturo Ruiz, tal día como hoy en 1977 en una manifestación por la amnistía de los presos políticos, así como “de tantos otros que dieron su vida por la democracia”. “Por esta democracia de la que ahora disfrutamos. No sabemos si por mucho tiempo, porque después de la llegada de Trump al poder, hay algunas que empezamos ya a temblar”, ha advertido la diputada riojana.

“Franco murió hace cincuenta cincuenta años pero el franquismo no”

Por su parte, Recio ha constatado cómo los abogados que fueron asesinados en la Matanza de Atocha eran comunistas; “es decir”, ha señalado, “Franco murió hace cincuenta cincuenta años pero el franquismo no”. Por tanto, ha apuntado, “celebrar los cincuenta años de muerte de Franco pues puede estar muy bien, pero el año 77 empezó matando en enero y se terminó matando en diciembre”, con el asesinato de Manuel José García el 4 de diciembre en Málaga.

“El 77 fue un año especialmente duro, de masacres, de torturas de la Guardia Civil y de lo que quedaba de la Policía Armada, es decir, de los procesos de una dictadura que no se iba”, ha recordado.

El responsable de la editorial ha apuntado a la necesidad de que el mundo editorial se vuelque “en arrojar luz donde no la hay” que es, precisamente, ha considerado, lo que se hace en este libro, tras nueve años de investigación: “Abrir una gran ventana a una verdad que había que descubrir en sus ochocientas páginas”.

A este respecto, ha señalado la necesidad de no pensar que porque la ultraderecha que está ahora mismo es “guapetona” y “no tenga cabeza rapada y botas de militar, sea una ultraderecha menos violenta” porque “la tecnología es violenta, la manipulación es violencia, la pobreza es violencia”.

El libro, ha explicado su autor, retoma la Matanza de Atocha tras el juicio de 1980, después de que los abogados de la acusación particular “sufrieran grandes obstáculos para poder investigar” y dieran una rueda de prensa con “una frase lapidaria” como que “nunca se iba a conocer a los autores intelectuales de este crimen”. La idea del libro es “analizar la transición y hacerle casi la autopsia para entender qué es lo que pasa actualmente”, ha explicado.

Y es que, ha visto, “al final lo que triunfó fue el modelo reformista casi lampedusiano de cambiarlo todo para no cambiar absolutamente nada y eso lo estamos viendo ahora con el Consejo General de Poder Judicial y con la propia monarquía”.

El autor ha manifestado cómo lo que recoge es “esa idea de que nos dieron una democracia que nos dijeron otorgada cuando fue una democracia conquistada y se conquistó en la calle, en los centros de trabajo y por la lucha de miles y miles de personas”.

Portomeñe se ha referido al asesinato del joven Arturo Ruiz, y la impunidad de su autor material al que pudo localizar tras una investigación cuando estaba en busca y captura, para mostrar un caso “clarísimo” de que, aunque se den pasos para la memoria, como puede ser la ley, “en realidad en la práctica es la propia justicia, el propio sistema judicial el que la deja en papel mojado”. “Tenemos una clara indefensión de las víctimas y de las familias que hay que subsanar”, ha aseverado.

Carlota Montesinos, 21 años recién cumplidos, reconoce que tuvo que buscar qué era el 11M cuando una persona de su entorno le trasladó la posibilidad de participar en este reportaje de elDiario.es. “La verdad es que no sé mucho, pensaba que se conocía como el atentado de Atocha. No recordaba que la fecha se resumiera así”, afirma esta joven, que tenía apenas un año cuando se produjo la masacre terrorista más grave sucedida en España. El 11 de marzo de 2004, entre las 07:37 y las 07:40 horas, una sucesión de diez explosiones en cuatro trenes de cercanías de Madrid mató a 193 personas e hirió a 1.856. 

Explotaron bombas en Atocha, pero también en Santa Eugenia y El Pozo, barrios de aluvión donde abunda la clase trabajadora. Eran, en su mayoría, vecinos del Corredor del Henares y Vallecas que se dirigían a sus centros de trabajo o educativos. La masacre provocó una profunda conmoción en un país tristemente habituado al terrorismo de ETA, pero que se exponía ahora a un nuevo tipo de vulnerabilidad. La historia, se supone, es bien conocida por quienes lo vivieron, por quienes siguieron las imágenes que aquellos días repetían las televisiones o quienes asistieron a la multitudinaria manifestación contra el terrorismo de un día después y que sacó a la calle a más de diez millones de personas. 

Pero el conocimiento sobre lo ocurrido se desvanece entre quienes no tienen recuerdos en primera persona de lo que pasó hace ahora dos décadas, según los testimonios recabados por elDiario.es, que ha tratado de pulsar el conocimiento de lo ocurrido en la generación que acaba de estrenar la veintena justo cuando se cumplen veinte años de lo ocurrido. Y la principal conclusión es que saben dar unas pinceladas de lo que ocurrió —“pusieron bombas en los trenes”— y una cifra aproximada de los fallecidos —“más de cien”—. Pero, en términos generales, es un tema que conocen con poca profundidad. 

“Nunca he llegado a indagar mucho más”, reconoce Carlota, estudiante de Ingeniería Aeroespacial. Las referencias que tienen son, sobre todo, por lo que han escuchado en sus casas, especialmente vinculado a los aniversarios, cuando el tema copa la atención de los medios de comunicación. “El 11M fue lo de las bombas en Atocha. En mi casa se ha hablado muchas veces, mis padres nos han contado cómo lo vivieron”, dice Álvaro Alonso, de 20 años y estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Él nació en noviembre de 2003, apenas cuatro meses antes de los atentados.

Este joven afirma que sus referencias son, sobre todo, familiares, aunque dice que sí es un asunto que se trató “por encima” en las clases de Historia de su instituto. Una visión similar ofrece Jorge Lázaro, de 21 años y estudiante de Nutrición Humana y Dietética. “Recuerdo lo que hemos hablado en casa cuando ha surgido la fecha y ha salido en la televisión. Fue un atentado inesperado. Mis padres creo que estaban trabajando. Por suerte no tenían que pasar por ahí”, afirma. Respecto a si lo estudió durante su vida académica, Jorge afirma que sí es un tema del que se habló “alguna vez” en las clases de Historia, aunque “no con mucha profundidad”. 

También Carlota habla de las referencias familiares, que su caso vincula al monumento construido tras los atentados, un cilindro ubicado en las inmediaciones de la estación de Atocha. “Recuerdo pasar por la zona y preguntar qué era eso. Y ahí sí que me han explicado”, dice esta joven, que no recuerda haber estudiado estos atentados durante su etapa preuniversitaria. Ese memorial fue desmontando y este domingo 10 de marzo está prevista la inauguración de un espacio de recuerdo en el vestíbulo de la estación. 

Las elecciones del 14M

Los atentados se produjeron en un momento clave para España, justo tres días antes de unas elecciones generales que desalojaron al PP de la Moncloa. El desconcierto de los instantes posteriores a la tragedia contribuyó a que medios de comunicación como El Mundo, la Cope o Libertad Digital alentaran una “teoría de la conspiración” en torno a la autoría del atentado que apuntaba sin pruebas a una posible implicación de ETA. Esas creencias infundadas, también espoleadas por cargos del Partido Popular, quedaron descartadas en la sentencia sobre los atentados. Entre las generaciones más jóvenes, no parece haber demasiadas dudas sobre la autoría e incluso hay quien, de forma somera, hace una particular definición de la teoría de la conspiración. 

“Tres días después del 11M se iban a celebrar unas elecciones que estaban muy a favor del PP. El atentado se interpretó como una venganza a ese partido por el envío de tropas a Irak junto a Estados Unidos y Gran Bretaña y por eso perdió las elecciones. Y de ahí surge la teoría de que el PSOE lo planificó para intentar ganar las elecciones”, señala Álvaro. Jorge también recuerda que había convocadas unas elecciones, pero no recuerda con exactitud quién las ganó. “Creo que fue el PSOE, pero no estoy seguro”, subraya. 

Ninguno de los jóvenes entrevistados conoce la figura de Pilar Manjón, que perdió a su hijo en el tren que explotó en la estación de El Pozo. Daniel Paz Manjón, al igual que los entrevistados para este reportaje, tenía 20 años en ese momento. Era estudiante de INEF. Su madre fundó una asociación y se convirtió en una figura relevante en defensa de las víctimas, lo que le llevó a ser objeto de un constante acoso por parte de los conspiranoicos, también del PP. 

La diferencia con el 11S

El conocimiento superficial que las generaciones más jóvenes tienen sobre el atentado de Madrid contrasta con la “conciencia” que sí dicen tener respecto a otras masacres terroristas como el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono. “Conozco ambos atentados, pero me resulta casi más familiar el 11S. No había nacido, pero si me preguntas por un atentado terrorista es el que se me viene a la cabeza”, reconoce Jorge. 

Álvaro mantiene una postura similar. “Los vídeos de los aviones estrellándose son muy espectaculares y todos las hemos visto repetidas miles de veces. Es un acontecimiento histórico muy influenciado por el patriotismo que generó en Estados Unidos”, dice este joven, que alude a la acumulación de películas que se han hecho sobre estos atentados como otro elemento que ha fomentado su popularidad. 

“Siempre he escuchado hablar más del atentado de las Torres Gemelas”, reconoce también Carlota, aunque ella sí recuerda haber visto una serie de Netflix que aborda el atentado de Madrid de manera tangencial, como un elemento más de la trama. “Era sobre una pareja que se conocía en los vagones, era ficción”, recuerda. La realidad es que el 11M ha sido objeto de numerosas producciones televisivas a lo largo de las últimas dos décadas. Pero casi todas se han acercado a estos hechos desde el reportaje o el formato documental. Y son escasos los ejemplos dentro del género de la ficción.

Tampoco se ha hecho apenas ficción sobre otros atentados de corte yihadista más recientes como los de París, en 2015; o en Bruselas, en 2017. Pese a ello sí están en la retina de estos jóvenes, a los que pilló casi en la adolescencia. “La verdad es que esos sí que me suenan más”, dice Jorge. Una opinión similar ofrece Álvaro, que estaba de viaje con su familia en París cuando se produjeron los tiroteos que dejaron 130 muertos. “Recuerdo que cerraron todo y que fue angustiante”, rememora este joven. 

Un monolito en memoria de los abogados laboralistas de Atocha que fueron asesinados en Madrid el 24 de enero de 1977. De esta manera ha querido homenajear la Asociación de Víctimas del Franquismo de Montellano, presidida por Auxiliadora Fuentes, a estos letrados de lo que se conoció como la matanza de Atocha, y lo ha hecho con un acto de inauguración que ha tenido lugar este domingo en el municipio sevillano. En la ceremonia –que ha estado presidida por Alejandro Ruiz, el único de los abogados que sufrió el atentado y actualmente sigue con vida– han resonado las palabras de Javier Giráldez, ex director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, que ha apelado al deber de recordar el pasado ausente, “aquel que muchas veces no aparece en los libros de historia pero que nos ayuda a replantearnos el futuro que queremos en base al sufrimiento y los errores pasado”.

La Transición, lejos de ser un periodo pacífico y modélico, fue una etapa compleja y violenta en la que los ultraderechistas se aferraban a los últimos escollos de un franquismo oficialmente ya liquidado pero que todavía seguía dando coletazos. En este contexto, los pistoleros que ejecutaron el asesinato colectivo de tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo se “equivocaron” creyendo que aquel golpe iba a hacer retroceder a la democracia.

Así lo ha recordado José Esteban Garrido, presidente de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, que subraya que la movilización durante el entierro, con más de 150.000 personas, provocó un movimiento imparable. De esta manera, el por entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, “no tuvo más remedio que mirar hacia delante, legalizando al poco tiempo el PCE y posteriormente a CCOO. Quisieron recoger un fruto y recogieron lo contrario”.

La noche del 24 de enero

Con este monolito, de esta manera, se pretende grabar en la memoria colectiva democrática lo que ocurrió aquel 24 de enero de 1977. Tres pistoleros fascistas, entre los que figuraban García Juliá de Fuerza Nueva y el falangista José Fernández Cerrá, irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas ubicado en el número 55 de la calle Atocha acabando con las vidas de los abogados Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdevira y Luis Javier Benavides, del estudiante de Derecho Serafín Holgado y del administrativo Ángel Rodríguez Leal. Fernando Lerdo de Tejada, el tercero de los implicados, no llegó a entrar en el despacho. El objetivo de dicho atentado era Joaquín Navarro, dirigente del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, que en ese momento ya se había marchado del despacho.

Otras cuatro personas resultaron gravemente heridas, entre ellas Alejandro Ruiz y Lola González. El propio Ruiz y José Esteban Garrido tuvieron un recuerdo especial para esta abogada, la “compañera Lola” y “sus tres muertes”. “En 1969 le mataron al que era su compañero, Enrique Ruano, y en el 1977 asesinaron a su posterior pareja, Javier Sauquillo, a quien ella misma vio morir en el atentado. Ella salvó la vida, pero el dolor y la desgracia acabaron con la suya”.

La importancia de preservar la memoria

Garrido ha recalcado la importancia de preservar la memoria para no repetir los errores del pasado y para que la lucha de los demócratas no fuese en vano. “Yo trabajaba en una fábrica de lejía, al día siguiente del atentado se paró y se convocó una asamblea, en la que el padre Gonzalo Mateo, subido en lo alto de un montón de palés, dijo que no podíamos permitir que matasen a los mejores y acabasen con la democracia”. Pasado el tiempo, reflexiona, “se ha visto que realmente ese era el camino: fijaos en todas las vidas, huelgas, despidos y destierros que costó que aquí llegara la democracia”.

“La democracia se consiguió en la calle, no fue un regalo, la consiguió el movimiento obrero, estudiantes, profesionales y demócratas”. De esta forma, ha reivindicado la importancia de inculcar estos valores a los más jóvenes, porque “el futuro pasa por los institutos, los colegios y la juventud”.

El movimiento obrero como objetivo

Los abogados laboralistas estaban en el punto de mira de los grupos ultraderechistas no solo por su vinculación con CCOO y el PCE, sino también por su compromiso con la democracia y su trabajo incansable para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. “La tensión fue muy grande durante aquel enero de 1977, entre otras cosas porque se organizó la huelga de transporte”, rememora Alejandro Ruiz. “Entre nosotros teníamos la costumbre de llevar a los compañeros en coche a su casa y esperábamos hasta que entraran”, relata.

En representación de CCOO y de todas las víctimas, el histórico militante y exdirigente del sindicato Jaime Baena, quien también sufrió en carne propia la represión franquista, ha agradecido a todos los que han puesto en marcha esta iniciativa. “Para nosotros este tipo de actos y memoriales dejan ver un recuerdo tangible de aquellas personas que dieron su vida en la Transición”.

Ruiz, por su parte, ha recalcado la importancia de abogar por los actos de memoria y las exhumaciones “ahora que aún estamos a tiempo”. “Cada vez va a ser más difícil conseguir que esos olvidados sean identificados, cada día es más complicado insistir en nuestro deber de memoria para que haya posibilidades de encontrar a esos familiares”. El encargado de poner el colofón ha sido Alejandro Ruiz, que ha vuelto a recordar a sus compañeros fallecidos y el dolor que le provoca oír hablar de represión, “en Gaza o en cualquier otro lugar”.

El Boletín Oficial de Bizkaia recoge este martes que la candidatura de la Falange -formación ultra que toma su nombre del partido único de la dictadura de Francisco Franco- ha quedado “no proclamada”. Esta lista iba encabeza por Carlos García Juliá, asesino condenado por los crímenes de Atocha en 1977.

Según indican fuentes conocedoras de las dinámicas de la Junta Electoral, el problema con esta candidatura es que tenía nombres repetidos con otras listas, una práctica no permitida. Sí es posible compatibilizar una candidatura municipal con una foral, por ejemplo, pero no en varios ayuntamientos. Al no haber subsanado estas deficiencias, los herederos franquistas quedan fuera de la liza de Bilbao.

La formación extraparlamentaria y ultra había presentado algunas candidaturas en Euskadi de cara a las elecciones municipales y forales de mayo. En la lista de Bilbao, según trascendió ampliamente, el primer puesto lo ocupaba García Juliá, que participó en unos crímenes que dejaron cinco abogados laboralistas muertos.

García Juliá, vinculado en el pasado a Fuerza Nueva y familiar de una colaboradora de Blas Piñar, fue condenado a 193 años de prisión por ser uno de los autores de los cinco asesinatos y del intento de otros cuatro. Tan solo cumplió 14 años de la pena que le había sido impuesta. En 1991 consiguió la libertad condicional y, años después, logró un permiso para viajar a Latinoamérica por una oferta de trabajo y, aunque el permiso fue revocado posteriormente, no regresó a España. En febrero de 2020 ingresó en la prisión de Soto del Real después de ser extraditado desde Brasil, donde fue detenido en diciembre de 2018 tras décadas prófugo y un periodo encarcelado en Bolivia por un delito relacionado con el narcotráfico.

A pesar de que le quedaban por cumplir más de diez años de condena, la Audiencia de Ciudad Real –que es el último tribunal que sentenció al autor de la matanza pero por otro delito que no está relacionado con ese–, atendió en mayo de 2020 la petición de su abogado para una nueva liquidación de la condena, que le reconoció redenciones durante el tiempo que estuvo prófugo en Sudamérica. En noviembre de ese año salió de la cárcel.

Según ha informado 'Gasteiz Hoy', también ha quedado “no proclamada” la lista de la Falange en Vitoria. Norberto Pedro Pico Sanabria era el cabeza de lista. También se ha retirado la lista de Donostia.

La formación extraparlamentaria, ultraderechista y heredera del franquismo Falange, que toma su nombre del partido único de la dictadura, ha presentado algunas candidaturas en Euskadi de cara a las elecciones municipales y forales de mayo. En la lista de Bilbao, el primer puesto lo ocupa Carlos García Juliá, autor condenado por los crímenes de Atocha en 1977, que dejaron cinco abogados laboralistas muertos.

García Juliá, vinculado en el pasado a Fuerza Nueva y familiar de una colaboradora de Blas Piñar, fue condenado a 193 años de prisión por ser uno de los autores de los cinco asesinatos y del intento de otros cuatro. Tan solo cumplió 14 años de la pena que le había sido impuesta. En 1991 consiguió la libertad condicional y, años después, logró un permiso para viajar a Latinoamérica por una oferta de trabajo y, aunque el permiso fue revocado posteriormente, no regresó a España. En febrero de 2020 ingresó en la prisión de Soto del Real después de ser extraditado desde Brasil, donde fue detenido en diciembre de 2018 tras décadas prófugo y un periodo encarcelado en Bolivia por un delito relacionado con el narcotráfico.

A pesar de que le quedaban por cumplir más de diez años de condena, la Audiencia de Ciudad Real –que es el último tribunal que sentenció al autor de la matanza pero por otro delito que no está relacionado con ese–, atendió en mayo de 2020 la petición de su abogado para una nueva liquidación de la condena, que le reconoció redenciones durante el tiempo que estuvo prófugo en Sudamérica. En noviembre de ese año salió de la cárcel.

La gran palabra. La protagonista. La libertad que se arrebató a los abogados de Atocha asesinados hace ya 46 años y cuya memoria no se olvida. Y la libertad estuvo en boca de todos, pero especialmente en la de Joan Manuel Serrat. El histórico cantautor recibió este jueves en Toledo el Premio Abogados de Atocha, un homenaje rescatado por las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha tras su desaparición en 2012 por parte del Gobierno del PP. Un premio para quienes han defendido los derechos humanos y han realizado una firme apología de la libertad durante su vida. Como Serrat, al que desde CCOO han calificado como un elemento “fundamental” de la transición.

Muchos son los que han recibido este premio, entre ellos algunos que estaban en el público. Pero la emoción y expectación que generó la llegada de Serrat a Toledo no se había visto en años. El paseo que hizo el cantautor hasta el lugar los premios, el centro cultural San Marcos, se alargó más de una hora. Porque devolvió el saludo a todo quien quisiera saludarlo, con la misma cercanía con la que felicitó y abrazó al dúo musical que tuvo la tarea de animar el acto organizado por CCOO Castilla-La Mancha.

“La libertad es un derecho humano básico”, recalcó Serrat al recibir el premio de la mano del secretario general del sindicato en la región, Paco de la Rosa, y presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales del sindicato, Antonio Arrogante. Un mar de aplausos en un auditorio repleto y teñido por luces rojas recibió al cantautor que agradeció al sindicato. “Me habéis hecho uno de los vuestros”, aseguró. También relató los años de la transición, del “viejo régimen”, de la búsqueda de la libertad. Habló de cómo el premio lleva su nombre este año, pero en realidad es para Luis, Enrique, Javier, Serafín y Ángel, los asesinados en ese despacho laboralista.

“Con dificultades escribimos la Constitución sobre la que caminamos hoy. Aquella Constitución con la que soñábamos”, relató el cantautor que advirtió, sin embargo, el camino hacia la libertad fue “largo y costoso”. “La libertad es un derecho humano básico y parece mentira lo que cuesta defenderla”, reflexionó en el escenario ante un centro cultural abarrotado. “Es una conquista que hay que defender con uñas y dientes, tenemos que estar atentos, dispuestos a pelearlo y a ganarlo cada día”, señaló.

También habló de la paz, que describió como el “respeto al derecho ajeno”. Y entender esto, señaló, es lo que separa a los demócratas de los que no lo son. También quiso hacer una confesión: “Luchar por la libertad y la dignidad de las personas es actuar en defensa propia, no tiene mayor mérito”, aseguró. Por eso, se mostró humilde al señalar ante decenas de sindicalistas: “Me reconocéis como uno de los vuestros. Muchas gracias”. Y levantó los dos puños al despedirse.

“Hacer del pan las rosas”

Pero el cantautor catalán no fue el único que emocionó a todo el auditorio. También fue la presencia de Antonio Arrogante. Y no es para menos. El histórico sindicalista fue recibido con un aplauso ensordecedor, propio de lo que es un ícono en las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Arrogante recordó que el documento que inició el origen de CCOO en la región, entonces eran las CCOO de Castilla La Nueva, se firmó precisamente en el despacho donde se produjeron los horribles asesinatos, apenas un par de días antes.

Y agradeció, por supuesto, a Serrat haber sido una “ventana abierta” a “momentos placenteros con dosis de esperanza”. Pero también quiso establecer una diferencia entre el trabajo de los sindicatos frente a los “de los másteres regalados”, frente a los de los colegios mayores machistas. Frente “a confundir el éxito con el esfuerzo”. “Queremos ser pan para cambiar las rosas”, recalcó y advirtió también de que “para eso nos estamos organizando”. Y no sólo para eso, sino para estar dónde se tomen las decisiones. “Ni nos doblaron ni nos van a domesticar”, aseguró. Cuando Arrogante se despidió se vieron las primeras lágrimas entre el público.

Paco de la Rosa, secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, bromeó con ser el “telonero” de Serrat y que tras la intervención del cantautor, el acto ya podría haberse acabado. De la Rosa recordó a los trabajadores del despacho de Atocha como “hombres y mujeres asesinados y que contribuyeron a terminar con una dictadura que se negaba a desaparecer de este país”. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, agradeció que la ciudad tuviese el honor de recibir al cantautor y señaló que es de “justicia” defender la memoria y Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades, agradeció al cantautor ser “la banda sonora de la autoestima colectiva y de la historia reciente de este país”.

Joan Manuel Serrat recibirá el premio Abogados de Atocha este año, por su “comportamiento, actividad, creación y compromiso”. Así lo ha señalado Antonio Arrogante, de la Fundación Instituto de Estudios sociales de CCOO Castilla-La Mancha, que ha resaltado al cantautor como un “elemento fundamental de la transición”. Serrat recibirá el premio en Toledo el próximo 23 de marzo, donde actuará incluso tras su retiro de los escenarios en 2022.

“Desde luego es la persona indicada”, señaló Arrogante, quien recordó que Serrat sufrió “exilio, insultos y descalificaciones de la derecha y la ultraderecha”, por sus críticas y denuncias de los asesinatos cometidos durante el franquismo. “Ha sido un reactivo sencillo, huyendo del vivismo, pegado a su gente, a su tierra y a sus valores, que es lo fundamental”, continuó Arrogante, quien insistió que el cantautor debió exiliarse hasta 1977 por pronunciarse contra la violencia del franquismo. “Está encantado de recibir el premio en Toledo”, aseveró.

El premio Abogados de Atocha se recuperó en Castilla-La Mancha tras haber suspendido en 2012 por el Gobierno de María Dolores Cospedal (PP). Se trata de un galardón que entrega Comisiones Obreras y la Fundación Instituto de Estudios Sociales para distinguir a personas, colectivos e instituciones en su defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Lo han recibido significativas personas de la abogacía, como Manuela Carmena, José Antonio Martín Pallín o Enrique Lillo, entre 2014 y 2016, así como la escritora Almudena Grandes (2017), el cantautor Raimon en 2018, Rosa María Mateo en 2019 y el actor Juan Diego en 2020. En 2022 se retomó la entrega del premio tras la pandemia, y ese año recayó en la ONG Open Arms.

Manuel Ruiz espera en la plaza Soledad Torres Acosta, en el centro de Madrid, a que llegue un grupo de universitarios para escuchar la historia de su hermano Arturo, un estudiante granadino de 19 años asesinado el 23 de enero de 1977 por un pistolero fascista. Su muerte fue el primen crimen de la que pasó a la historia como la “semana negra” de Madrid, uno de los momentos más trágicos de la Transición: al día siguiente murió otra estudiante, Mari Luz Nájera, mientras protestaba precisamente por la muerte de Ruiz. Y esa misma noche, cinco abogados laboralistas vinculados al PCE y CCOO fueron asesinados en su despacho de la calle Atocha. 

El homicidio de Ruiz y el crimen de Atocha tienen muchos aspectos en común. Transcurrieron dentro de las mismas 48 horas y los sicarios pertenecían todos al mundo de la extrema derecha. De hecho, incluso el juez que asumió el caso de Ruiz fue el mismo que instruyó el sumario de los abogados asesinados, el controvertido Rafael Gómez-Chaparro. Sin embargo, sus finales no podrían ser más distintos. Mientras que los responsables de la matanza de Atocha han sido condenados, el asesino de Arturo Ruiz consiguió huir de la Justicia. 

“Nunca hubo un verdadero interés por parte del Estado en encontrar y condenar al responsable. Se ve que hay víctimas de serie A y serie B. Yo me conozco el nombre de todos los abogados de Atocha, acudo a todos los homenajes. Pero para ver el nombre de mi hermano en esta plaza tardamos cuatro décadas”, dice Manuel mientras señala la placa en memoria de Arturo, que fue colocada hace cinco años en el respiradero de un aparcamiento subterráneo. “Aquí fue asesinado por la extrema derecha Arturo Ruiz García”, se puede leer en el rombo azul. Pero hay un error. 

Arturo Ruiz cayó víctima de José Ignacio Fernández Guaza, un matón de la ultraderecha, unos metros más allá del lugar donde se encuentra la placa, en la esquina de la calle Estrella con la calle Silva, a pocos metros de Callao. Sin embargo, los vecinos se negaron a que el homenaje se colocara en su inmueble, que acabó en un tubo alto y negro por donde pasa el aire del aparcamiento. “Quizás sea mejor así. Está en el medio, en frente de las terrazas. Tiene mayor visibilidad”, opina Manuel mientras mira las ofrendas florales que hace unos días se depositaron en conmemoración del 46 aniversario de la muerte de su hermano menor. 

Era la mañana del 23 de enero de 1977 y Ruiz estaba en una manifestación en la Plaza de España en favor de la amnistía. Los participantes se disgregaron en grupos distintos para huir de las cargas policiales, y Arturo acabó junto a otros manifestantes en la plaza de Soledad Torres Acosta, más conocida como la Plaza de la Luna. 

Allí fue acorralado por los Guerrilleros del Cristo Rey, un grupo terrorista de ideología ultraderechista activo en la década de los 70 del siglo pasado. Después de un intercambio de palabras, Jorge Cesarsky –argentino que pertenecía al grupo paramilitar de extrema derecha Triple A– sacó una pistola y la pasó a José Ignacio Fernández Guaza, que mató con dos disparos en la espalda a Ruiz. 

Ese domingo de 1977, la familia de Arturo estaba reunida en Gargantilla del Lozoya, un pueblo a las afueras de Madrid. Mientras que la madre y los ocho hijos vivían en el barrio del Pilar, el padre pasaba la mayoría de la semana en la sierra, donde trabajaba. Fue allí donde supieron de la muerte de su familiar tras escuchar su nombre en la televisión. “Nos enteramos de lo que había ocurrido en el telediario de las tres. Abrieron las noticias hablando de la manifestación, de los disturbios… Diciendo su nombre. Todo el mundo tenía el número de mi padre, que era funcionario, y aun así no nos llamaron”, recuerda Manuel. 

Tampoco nadie del Gobierno se puso en contacto con ellos para darles el pésame, ni las autoridades les explicaron lo que había pasado. El padre volvió a Madrid para identificar el cadáver en el Instituto Anatómico Forense y a los pocos días se celebraron los funerales de forma privada, algo muy diferente al cortejo fúnebre de los abogados de Atocha, que concentró a miles de personas. “Nos sentimos abandonados y no quisimos a nadie allí en ese momento. Ni la prensa se pudo acercar, todas las fotos que hay de este día están tomadas de muy lejos”, afirma Ruiz. 

Lo que más recuerda de los días siguientes a la muerte de su hermano es la rabia en el barrio, donde hubo disturbios y disparos en la calle. Pero también la solidaridad de los vecinos y amigos de Arturo, que pasaron la noche en vela con la familia. Incluso llegó gente desde Granada, la provincia de la cual los Ruiz habían migrado cuando Arturo tenía 15 años. “Mi hermano era muy querido, en el pueblo y en el barrio. Era un líder nato y se hubiera convertido en un magnífico abogado si no lo hubieran asesinado”, asegura Manuel. 

Según lo describe su hermano, Arturo Ruiz era un chico muy inquieto, con mucha energía, implicado en los temas sociales pero sin estar adscrito a ningún partido. Un joven de 19 años que trabajaba de albañil por la mañana y estudiaba para acabar el bachillerato por la tarde. Tenía muchos amigos, porque era extremadamente generoso. “Una vez, en el pueblo, regaló nuestra bicicleta a otra persona, porque decía que la necesitaba más que nosotros”, recuerda Manuel. “Arturo era así, por eso lo quería todo el mundo”. 

El consuelo que la familia recibió en los días sucesivos a la muerte de Arturo por parte de amigos y vecinos fue seguido por más de cuarenta años de silencio por parte de las autoridades, que nunca consiguieron encontrar al asesino de Ruiz. “Nunca hubo un verdadero interés por parte del Estado en descubrir la verdad”, acusa Manuel. 

Según las casi 1.000 páginas del sumario del caso, José Ignacio Fernández Guaza, el matón de la ultraderecha que disparó a Arturo, mantenía vínculos con las fuerzas de seguridad. Huyó de Madrid al día siguiente del crimen y, gracias a la ayuda de un amigo que era agente de la Guardia Civil, encontró refugio en el País Vasco. De allí escapó a Francia, hasta acabar presuntamente en Argentina, aunque hace años que nadie tiene noticias sobre él. 

El único procesado por la muerte de Ruiz fue Jorge Cesarsky, el argentino que proporcionó la pistola a Fernández Guaza. Fue condenado a seis años de cárcel por delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, solo cumplió uno: se benefició de la ley de amnistía, la misma por la cual se manifestaba Arturo el día que fue asesinado. “Por lo que sabemos, el sicario de mi hermano podría estar viviendo perfectamente en Madrid. A día de hoy, no hay causas abiertas contra él en España”, opina Manuel. 

Para la familia Ruiz, la vía judicial se cerró en el año 2000, cuando la Audiencia Nacional certificó la prescripción del caso. En 2016, los hermanos Ruiz se sumaron a una querella colectiva presentada ante la Justicia argentina contra el exministro de Interior de entonces, Rodolfo Martín Villa, imputado por la muerte de 12 personas por disparos de fuerzas de seguridad y pistoleros de ultraderecha. “El asesinato de mi hermano es un delito de lesa humanidad. No existe prescripción. Durante décadas en España nos han ignorado. Ahora todas nuestras esperanzas residen en la Justicia argentina”, concluye Manuel.

El Premio Abogados de Atocha, que concede anualmente CCOO de Castilla-La Mancha y la Fundación Instituto de Estudios Sociales del sindicato, quiere reconocer este año “la solidaridad en el mundo del trabajo”.

Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el secretario de Organización de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, y el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales, Antonio Arrogante, quienes han señalado que el acto tendrá lugar el próximo 30 de marzo, a partir de las 18.00 horas y se realizará en la modalidad on-line debido a la situación por la pandemia de la COVID-19. Se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del sindicato.

Con este galardón el sindicato trata de reconocer a aquellas personas o instituciones que destacan en la defensa de los Derechos Humanos y la lucha por las libertades, así como mantener viva la memoria de los Abogados de Atocha, que fueron brutalmente asesinados hace 44 años. En esta edición el premio, en lugar de recaer en una persona, se concede a la solidaridad en el mundo del trabajo.

El presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales ha afirmado que “ha sido tan arrolladora la respuesta solidaria de los trabajadores y trabajadoras, ha habido tantos y tantos ejemplos de solidaridad por parte del conjunto de personas trabajadoras en estos complicados momentos por la pandemia que el sindicato quiere otorgar este año el Premio Abogados de Atocha a la solidaridad del mundo del trabajo”.

“Esto también es el espíritu de los Abogados de Atocha, memoria viva por lo que supusieron para alcanzar la libertad y los derechos en este país”, ha remarcado Arrogante.

44 años de la matanza de Atocha

Han pasado 44 años de la matanza de Atocha, más de cuatro décadas de aquel fatídico 24 de enero de 1977 cuando un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpió en el despacho de abogados laboralistas de CCOO y del PCE situado en el número 55 de la calle Atocha y ametrallaron a las nueve personas presentes.

Fueron asesinados los abogados Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibáñez y Serafín Holgado de Antonio; y el sindicalista conquense Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Alejandro Ruiz-Huerta, Mª Dolores González Ruiz, Luis Ramos Pardo y Miguel Sarabia Gil. Alejandro Ruiz Huerta, presidente de la Fundación Abogados de Atocha, es hoy el único “sobreviviente” y como todos los años contaremos con su asistencia al acto del próximo 30 de marzo.

Además, este año participará en el acto del Premio Abogados de Atocha la cantante albaceteña Rozalén.

Se estudia recurrir al Tribunal Europeo la puesta en libertad de uno de los autores de los crímenes

Durante la rueda de prensa Arrogante se ha referido a la puesta en libertad hace unos meses de uno de los autores de la matanza de los Abogados de Atocha, Carlos García Juliá, cuando aún le quedaban diez años de condena por cumplir. Un hecho que ha calificado de “incomprensible” por lo que desde la Fundación Abogados de Atocha se estudia la posibilidad de acudir a Europa al Tribunal Europeo de Derechos humanos.

Por su parte, el secretario regional de Organización de CCOO CLM ha subrayado la “gran importancia” de este galardón para el sindicato por lo que supone la memoria viva de los Abogados de Atocha y ha recordado las dos etapas de este Premio.

El 22 de enero de 2002 el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha instituyó el Premio Internacional de Abogados de Atocha para distinguir a aquellas personas o instituciones que destacaran en la defensa de los Derechos Humanos y la lucha por la Libertad.

El premio se convocaba anualmente y se regulaba mediante Decreto del Consejo de Gobierno. El primer premio se hizo coincidir con los veinticinco años de los asesinatos del despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid.

La decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha estuvo precedida de la petición de CCOO para que se considerara “la oportunidad y el valor” de instituir un premio de esas características. La muerte de un castellanomanchego en aquel sangriento atentado fascista y la vinculación de abogados de la región con aquel despacho laboralista, avalaban nuestra petición.

El premio Internacional Abogados de Atocha se concedió en 2002 a Vidal de Nicolás (Presidente del Foro de Ermua). En 2004 a Frei Betto (Programa “Hambre cero” Brasil). En 2007 a la ONG “Nuestras hijas de regreso a casa” (Mujeres de Ciudad Juárez de Méjico). En 2008 a Aung San Suu Kyi (Premio Nobel de la Paz 1991). En 2009 a Manuel López -a título póstumo. En 2010 a Francisca Sauquillo. Y en 2011 a Marcelino Camacho –a título póstumo– y Nicolás Redondo.

Esta fue la última edición del premio en aquella etapa, ya que el Gobierno de Cospedal lo suprimió, una muestra de su escaso compromiso democrático y su inexistente voluntad para mantener viva la memoria histórica y la lucha antifranquista.

Fue entonces, cuando Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, a través de la Fundación Instituto de Estudios Sociales, decidió mantener vivo el homenaje y el recuerdo a los asesinados en el despacho laboralista de Atocha 55.

Se celebraron actos de recuerdo en los años 2012 y 2013, con presencia del Presidente de la Fundación Abogados de Atocha y otras personalidades e instituciones.

En 2014, CCOO de Castilla-La Mancha tomó la decisión de crear el Premio Abogados de Atocha de Castilla-La Mancha, otorgándose con carácter anual. En esta segunda etapa, el premio lo concede la Fundación IES de CCOO Castilla-La Mancha.

En su primera edición (2014) la galardonada fue Manuela Carmena, co-fundadora del despacho de abogados laboralistas de Atocha. En 2015 el premio se le otorgó a José Antonio Martín Pallín, exfiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo. En 2016 al abogado laboralista Enrique Lillo. En 2017 a la escritora Almudena Grandes. En 2018 al cantautor Raimon. En 2019 a la periodista Rosa Mª Mateo. En 2020 al actor Juan Diego Ruiz.

24 de enero de 1977. Calle Atocha, número 55, Madrid. En un despacho de abogados laboralistas entran tres terroristas y asesinan, a sangre fría, a cinco personas y hieren de gravedad a cuatro. Entre ellos, Alejandro Ruiz-Huerta, único de los abogados que sufrió el tiroteo y que sigue con vida. 

Esta semana se cumplen 44 años de la matanza de los abogados de Atocha. Y, a escasos 400 metros de donde sucedió la masacre, su historia se sube a las tablas del Teatro del Barrio para realizar un necesario ejercicio contra la desmemoria. Atocha: El revés de la luz representa, del 19 al 24 de enero, el atentado que cambió la historia de una España en vísperas de la democracia.

La autoría y dirección de la obra corre a cargo de Javier Durán (1979, Sevilla), quien, para la dramaturgia, se apoyó en la figura de Alejandro Ruiz-Huerta y en cómo este se enfrentó a escribir su autobiografía. “Cuando fue desarrollando su relato, me reveló que durante muchísimo tiempo no podía ni nombrar el atentado. Solo tras años de terapia pudo terminar el libro La memoria incómoda, en el que reflexiona sobre el derecho, la democracia y sobre lo que significa sobrevivir a una experiencia como la suya”, explica el director.

El abogado superviviente, Alejandro Ruiz-Huerta, nunca más volvió a ejercer la abogacía, abandonó Madrid y tardó muchos años en poderse sentar dando la espalda a una puerta. “Nos agruparon en una esquina del hall del despacho y sin mediar palabra se liaron a tiros con nosotros. Era evidente que fueron a matarnos. Los altos teníamos tiros en el corazón y los bajos en la cabeza. Una vez que estábamos en el suelo nos intentaron dar el tiro de gracia. Yo me salvé la vida porque tenía un bolígrafo en la camisa y rebotó la bala”, contó Ruiz-Huerta en una entrevista para Público.

Actualmente, Alejandro es el presidente de la Fundación Abogados de Atocha, creada por Comisiones Obreras, y ha estado presente en el proceso previo a la escritura de Atocha: El revés de la luz. De hecho, fue la primera persona en leer el texto de la obra. Durán viajó hasta la casa de Ruiz-Huerta, en Córdoba, para que este conociera la dramaturgia. Allí, Ruiz-Huerta leyó en voz alta los diálogos de su personaje y, según Javier Durán, “me dio el visto bueno total, me dijo que sí, que hacia delante, que era una obra necesaria”.

Actuar por la libertad

Nacho Laseca, Fátima Baeza, Alfredo Noval, Frantxa Arraiza y Luis Heras son el elenco artístico que dan vida a los personajes protagonistas de la historia: Alejandro Ruiz-Huerta, Lola González, Miguel Sarabia, Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo, Cristina Almeida, Manuela Carmena. La exalcaldesa de Madrid fue una de las fundadoras del bufete de abogados donde fueron asesinados sus compañeros Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Otra de las figuras importantes en la defensa de las víctimas de Atocha fue la de la abogada del caso, Cristina Almeida. “Ellas [Carmena y Almeida] son un ejemplo de compromiso y de militancia perenne. De hecho, Cristina sigue al frente del caso”, destaca Durán.

“Es una historia que habla de lo que somos hoy día, de cómo hemos llegado hasta aquí, de la libertad que disfrutamos, de la democracia que tenemos, que parece sólida y que no hace tanto ha sido muy muy frágil. Por eso me parece que es una historia que merece ser recordada porque muchas veces damos por hecho que la democracia, la libertad, todo esto de lo que disfrutamos, ha venido como gratis. Y no está de más recordar, que eso no fue así en absoluto, que hubo mucha gente que empujó, que luchó, que militó y que puso muchísimo hasta el punto de jugarse la vida, en este caso y en otros muchos, para acabar con una dictadura y para traer un sistema diferente, que será criticable, pero no es comparable a lo que pasaba en aquel entonces”, reflexiona Javier Durán. “Yo me siento en deuda”, añade.

Homenaje a una generación

Los asesinatos de Atocha forma parte de la denominada “semana negra” de la Transición. Entre el 22 y el 24 de enero de 1977, además de las cinco personas que estaban trabajando en el bufete de Atocha 55, dos estudiantes murieron de forma violenta. El 23 de enero, Arturo Ruiz (19 años) participó en una manifestación a favor de la amnistía de los presos antifranquistas. Un ultraderechista que, antes de apretar el gatillo gritó “¡Viva Cristo Rey!” acabó con la vida de Arturo. El día siguiente, durante la manifestación por el asesinato de Arturo, falleció Mari Luz Nájera (20 años), estudiante de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Un bote de humo lanzado por la Policía antidisturbios le impactó en la cabeza y provocó su muerte. Horas después sucedió la masacre de los abogados de Atocha.

43 días después de la gran manifestación pacífica en la que cien mil personas acompañaron a los féretros de los abogados de Atocha por las calles de Madrid, se legalizó el Partido Comunista de España (PCE). Fue un funeral silencioso, entre puños en alto, que fue el preludio de la actual democracia española.

“Fue un acontecimiento decisivo (...) Las consecuencias inmediatas son históricas. El Partido Comunista se encargó de la organización de la comitiva fúnebre de los abogados de Atocha y cuando el PCE se encargó de eso este era ilegal. Entonces, el hecho de que la Policía le encargue a un partido que es clandestino la seguridad de un entierro es porque confía en que tiene tanto músculo que van a ser capaces de hacerlo y que van a conseguir que pase lo que efectivamente pasó, que hubiese cero incidentes”, rememora el director de Atocha: El revés de la luz.

Durán considera que su obra “es un homenaje a la generación que lo vivió, les digo que lo que han hecho es muy valioso. Yo lo aprecio e invito a todas las personas que vean la obra a que valoren esta lucha que estas personas han llevado a cabo para que nosotros disfrutemos de lo que disfrutamos ahora. Y a la generación que no sabe o que no conoce bien la historia, decirle que esta gente nos precedió y se encargó de jugarse el pellejo para que nosotros ahora podamos estar viniendo al teatro, por ejemplo”.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha propuesto que Carlos García Juliá, condenado por la matanza de los abogados de Atocha de 1977 y recientemente extraditado a España desde Brasil, salga en libertad provisional el próximo 19 de noviembre.

Así consta en una liquidación provisional realizada por el tribunal, a la que ha tenido acceso Europa Press, a petición de la defensa de García Juliá, resolución que puede ser recurrida por la Fiscalía y sobre lo cual la Audiencia Provincial emitirá su dictamen definitivo en las próximas semanas.

García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

Le quedaban diez años

Cuando ingresó en Soto del Real el 7 de febrero pasado, al terrorista le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.

El abogado del terrorista se dirigió a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que emitió una sentencia en su contra, en este caso por una causa distinta a la de la matanza de Atocha.

Según consta en la diligencia de ordenación del tribunal consultada por Europa Press, que tiene fecha de 7 de mayo, tanto Fiscalía como el resto de partes personadas tienen tres días para presentar alegaciones al respecto.

La justicia ha recalculado la condena del ultraderechista Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha. La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha realizado una liquidación de las penas que determina que uno de los asesinos de los trabajadores del despacho especializado en derecho laboral situado en el número 55 de la calle Atocha (Madrid) saldrá a la calle el próximo 19 de noviembre y no dentro de diez años, como se estimó al realizar la primera liquidación de condena. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha explican que la decisión es provisional, cabe recurso del acusado y de la Fiscalía.

García Juliá cometió el crimen con 22 años y fue condenado junto a Francisco Albaladejo, José Fernández Cerrá y Leocadio Jiménez Caravaca al quedar probado que constituían un “grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España”. Después de más de dos décadas fugado, García Juliá fue extraditado el pasado 6 de febrero desde Brasil para continuar cumpliendo la pena de 30 años impuesta (la máxima que se cumple en España, pese a haber sido condenado a 193 años).

La Audiencia Nacional mantuvo abierta una petición de búsqueda, detención e ingreso – tras una fuga, que comenzó en 1994 – para que cumpliera en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que calculaban que tenía pendiente de prisión. Sin embargo, este jueves, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha reducido la liquidación de su condena a 287 días, por lo que según estos cálculos, el 19 de noviembre García Juliá terminará de cumplir condena por el asesinato perpetrado en el despacho de abogados laboralistas vinculado al Partido Comunista y Comisiones Obreras hace más de 40 años. Saldrá de la cárcel un día antes del 20N, una fecha histórica para la extrema derecha española por ser el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Tras su extradición, el pasado 21 de febrero la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional calculó que el ultraderechista fugado tenía 3.854 días pendientes de condena, con estas cifras se estimó que García Juliá sería puesto en libertad el 26 de agosto de 2030. Dos meses después, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha hecho otra interpretación: ha tenido en cuenta el año y dos meses que ha estado preso en Brasil a la espera de extradición y las redenciones ordinarias y extraordinarias facilitadas por los centros penitenciarios antes de la fuga.

“Hemos hecho valer los beneficios penitenciarios y la condena que ya estaba remitida con anterioridad a la extradición. Se le ha computado los cinco años que permaneció en libertad condicional, entre 1991 y 1996. En segundo lugar, se le ha abonado a la condena la redención ordinaria, que es por trabajos, como redención extraordinaria, por buen comportamiento y por estudios. Y lógicamente, se le ha computado los 429 días que estuvo en prisión preventiva en Brasil”, explica Ignacio Menendez González-Palenzuela, el abogado de García Juliá. El letrado de la administración de justicia que firma la diligencia da tres días de plazo para que las partes personas presenten alegaciones.

El letrado recurrió la liquidación de condena que planteó la Audiencia Nacional, y que hubiese dejado al ultraderechista hasta 2030 en prisión. “No solo le hemos arrancado a la Audiencia Nacional la competencia para resolver la liquidación de la condena, sino que hemos ganado el recurso y la Audiencia Provincial ha establecido que le quedan 287 días”, añade. El letrado de la administración de justicia de la Audiencia de Ciudad Real que firma la resolución ha aplicado esa argumentación, tal y como figura en una diligencia fechada este jueves, a la que ha accedido eldiario.es. La liquidación de condena comienza a contar desde el 7 de febrero, primer día en el que García Juliá pisó suelo español durante 24 horas.

El 6 de febrero fue extraditado procedente de Brasil, país en el que había sido detenido en diciembre de 2018 y en el que estuvo encarcelado desde entonces a la espera de la extradición. El ultraderechista había conseguido mantenerse oculto durante más de dos décadas, residiendo en Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil. García Juliá utilizó una identidad falsa durante más de dos décadas saltando de país en país.

Tras cometer el crimen, ya había pasado un mes escondido hasta que fue detenido en marzo de 1977 y, posteriormente, juzgado y condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España.

El ultraderechista español Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha de 1977, ha llegado este viernes a Madrid tras ser extraditado desde Sao Paulo, donde se encontraba preso desde hacía un año.

Nada más aterrizar, García Juliá, escoltado por agentes de la Policía Nacional, ha sido conducido directamente a la cárcel de Soto del Real donde se le realizará una liquidación de condena que fije cuántos años de prisión le quedan por cumplir tras haber huido de España cuando obtuvo la condicional.

García Juliá, cuya extradición fue autorizada por la Corte Suprema en agosto de 2019 tras una petición del Gobierno español, embarcó en un vuelo comercial de Iberia que despegó poco después de las 16.00 hora local (19.00 GMT) rumbo a la capital española. Fue detenido en diciembre de 2018 en la ciudad brasileña tras 20 años en busca y captura.

La Audiencia Nacional condenó a García Juliá a 193 años de cárcel en 1980 por lo que, cuando se produzca la entrega, será este órgano el que tramitará el traslado al Aeropuerto de Barajas de una comisión judicial ejecutoria que portará un mandamiento de prisión referido a la orden de busca y captura que pesaba sobre el extremista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la extradición es un“ triunfo de la democracia y de la justicia”.

Nueva liquidación de condena

Una vez en prisión se deberá hacer una nueva liquidación de condena por parte de las autoridades penitenciarias, que debe ser validada por la Audiencia Nacional y sobre la que cabrá recurso de las partes.

Ya en diciembre de 2018, cuando se conoció su detención, fuentes jurídicas apuntaron que García Juliá deberá además someterse a un nuevo juicio cuando sea entregado a España por quebrantamiento de condena. Este procedimiento se tramitaría en los juzgados ordinarios.

La decisión del Supremo brasileño sobre García Juliá se adoptó por unanimidad y sigue el criterio de la Fiscalía General brasileña. Los magistrados consideran que la petición de extradición del Gobierno español cumple los requisitos de doble tipicidad y doble castigo y que, además, la causa por la que se reclama a García Juliá no se refiere a crímenes políticos, sino a delitos comunes.

Como integrante del grupo de terroristas de extrema derecha que perpetraron la matanza en un despacho de abogados de Comisiones Obreras en la calle de Atocha de Madrid, García Juliá fue condenado como autor material de cinco asesinatos, así como por otros tres asesinatos frustrados y por tenencia de armas.

Huido desde 1994

Tras cometer el crimen, a la edad de 22 años, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido en marzo de 1977 y, posteriormente, juzgado y condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España.

Desde entonces, consiguió mantenerse oculto sin atender al requerimiento judicial formal, residiendo en países como Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil. Cuando fue arrestado el pasado diciembre, García Juliá utilizaba una identidad falsa de un ciudadano venezolano.

La Audiencia Nacional había mantenido abierta la petición de búsqueda, detención e ingreso en prisión de García Juliá para que cumpliera en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.

El Gobierno brasileño ha notificado al español que procederá a extraditar en un plazo máximo de 60 días a Carlos García Juliá, condenado por participar en la matanza terrorista de unos abogados laboralistas cometida en Madrid en 1977 y preso en Brasil desde hace un año, según han confirmado fuentes diplomáticas.

La embajada de España en Brasilia ha recibido la notificación de la concesión de la extradición del Gobierno brasileño en la tarde del jueves, según ha declarado a Efe un portavoz de la delegación diplomática.

A partir de la notificación y, de acuerdo con el tratado de extradición entre ambos países, Brasil tiene un plazo máximo de 60 días para entregar al condenado. Durante ese período ambas partes tienen que acordar la fecha y el lugar de la entrega, así como las condiciones en que se realizará el traslado.

La extradición del ultraderechista español que integraba la llamada Fuerza Nueva había sido autorizada por la Corte Suprema de Brasil en agosto pasado por lo que tan solo dependía de que el Ejecutivo la confirmase.

El ultraderechista fue condenado en España en 1980 por haber sido uno de los autores materiales de la masacre en la que fueron asesinados a tiros tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo en Madrid.

García Juliá, quien cumplió 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado en 1980, se encontraba prófugo y fue arrestado en diciembre de 2018 en Sao Paulo, donde vivía bajo una identidad venezolana falsa. Tras conocerse el paradero del condenado, la Audiencia Nacional de España requirió su extradición por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días de prisión.

El antiguo militante de Fuerza Nueva, que tenía 24 años cuando cometió la matanza, fue condenado por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Su condena fue limitada al máximo de treinta años previsto entonces por las leyes españolas y en 1991 se le concedió la liberad condicional.

Obtuvo después la autorización para viajar a Asunción y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente en la Embajada de España en Paraguay, pero incumplió lo previsto. El condenado desapareció e inició entonces un periplo de fugas por Latinoamérica. Su última pista antes de ser arrestado en Brasil se perdió en Bolivia, donde vivió un tiempo y había sido encarcelado por un delito relacionado con el narcotráfico.

Tras dos décadas en paradero desconocido, fue detenido en diciembre de 2018 en Sao Paulo gracias a las investigaciones de las policías Nacional española y Federal brasileña y el apoyo de Interpol. Según las autoridades, García Juliá vivía en Brasil desde hacía casi dos décadas y trabajaba como conductor de Uber, haciéndose pasar por ciudadano venezolano.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado en el Consejo de Ministros de este viernes que el Gobierno ha elaborado una solicitud de extradición de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha, a las autoridades de Brasil.

Las fuerzas de seguridad brasileñas detuvieron en diciembre a García Juliá, quien contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza en 1977 de los abogados de Atocha, de la que ayer se cumplieron 42 años. Dos semanas después de la detención, la Audiencia Nacional instó al Ejecutivo a pedir su entrega al concluir que “concurren todos los requisitos legales” para ello, dado que le queda más de un año de cárcel pendiente, condición que impone el tratado bilateral de extradición con Brasil.

Celaá ha recordado lo que ocurrió la noche del 24 de enero de 1977 cuando García Juliá, junto con otros hombres militantes de Falange y Fuerza Nueva “disconformes” con el cambio institucional que se estaba llevando a cabo en España, irrumpieron armados en el despacho de los abogados laboralistas y los encañonaron. Tras destruir los archivos, les dispararon “de forma fría” y asesinaron a cinco abogados, en tanto que otros cuatro resultaron heridos.

“Debemos recordar la historia para no volverla a vivir. Representan la cuota de dolor que pagó esta sociedad por la transición a la democracia”, ha expresado en rueda de prensa Celaá. García Juliá fue condenado como autor de cinco delitos consumados (una condena de 30 años y cuatro condenas de 25 años cada una), cuatro asesinatos frustrados (quince años por cada uno) y tres años por tenencia ilícita de armas, penas de las que le restan por cumplir 3.855 días, algo más de 10 años.

La matanza de Atocha, un atentado de la extrema derecha en los estertores del franquismo, fue cometido -según el fallo de la sentencia posterior- por un grupo “activista e ideológico”, que rechazaba “el cambio institucional que se estaba produciendo en España”.

Los cuatro integrantes del comando de ultraderecha, Francisco Albadalejo, José Fernández Cerrá, Leocadio Jiménez Caravaca y Carlos García Juliá, fueron condenados a penas de entre 73 y 193 años.

Tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibañez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafin Holgado y un administrativo, Angel Rodríguez Leal, fueron las víctimas mortales. Y hubo además cuatro heridos graves.

Decía llamarse Gerano Antonio Materán Flores, y haber nacido en Dolores (Barinas, Venezuela), pero era Carlos García Juliá, uno de los ultras de la matanza de los abogados de Atocha. Su detención en São Paulo ha sido el final de una travesía y fuga de veinticinco años por Suramérica.

En la rueda de prensa conjunta de la Policía Federal brasileña y la Policía Nacional española, con presencia también del Cónsul General de España en São Paulo, Ángel Vázquez Díaz de Tuesta, el superintendente de la Policía Federal en São Paulo, Disney Rossetti, confirmaba que una vez que recibieron la circular roja –las órdenes judiciales de busca y captura– de la Interpol, entraron en acción: “Los trabajos se iniciaron en el mes de mayo de este año, cuando, una vez recibida la circular, detectamos la presencia de este criminal en Brasil”.

Tras enviar España la orden de prisión, la Policía Federal tuvo que remitirla al Tribunal Supremo. En cuanto el Supremo lo autorizó, ejecutaron la detención. El comisario Marcos Frías (Policía Nacional), responsable de las investigaciones, reconocía que “las identidades falsas han complicado bastante la investigación”. Explicando el mecanismo operativo, señaló que estuvieron “cruzando datos con colegas de Argentina, Venezuela, Chile, y afortunadamente con Brasil es cuando tuvimos la suerte de encontrar la pista importante”.

Sabiendo que podía estar utilizando documentación falsa, la Policía Federal realizó numerosos análisis de sospechosos en la base de datos del Registro Nacional de Extranjeros, y acabaron dando con él y con dos direcciones anotadas. En una ya no vivía, y en la otra, en el barrio de Barra Funda (São Paulo), es donde le detuvieron el pasado miércoles 5 de diciembre al final de la tarde. Fue debajo de su casa, a pie de calle, y en un primer momento negó ser García Juliá. Vivía con una mujer brasileña y aseguraba ser conductor de Uber. El dato también figura en su currículum.

El periplo de 25 años del pistolero ultra

La travesía suramericana de García Juliá comenzó en Paraguay, tras la maniobra para aprovechar el vacío que le ofreció la Justicia española. Corría el año 1994. Solo había cumplido 14 años de prisión. Una oferta laboral como gerente de la naviera Trafumar S.R.L. (sociedad de responsabilidad limitada), le abrió el camino. La empresa aún figura en los datos de la Hacienda paraguaya, según la Subsecretaría de Estado de Tributación. Paraguay, entonces, era territorio amigo para ultras como él. La extrema derecha aún campaba a sus anchas.

A esas alturas, aún podían encontrarse ascuas de la dictadura militar. Seguía activo todavía además el Partido Nacional Socialista Paraguayo, de ideología fascista, comandado por Dardo Castelucho, colaborador del régimen de terror instaurado por el general Alfredo Stroessner. La transición democrática, tras la marcha de Stroessner a Brasil después del golpe de estado que le derrocó, fue contenida y parsimoniosa. El ambiente en Asunción era propicio para una convención de ultraderechistas expatriados. Pero García Juliá no había aterrizado allí con la intención de echar raíces en suelo paraguayo, aunque ejerció de gerente de pymes, según la información que él mismo ofrecía en su biografía, y de consultor de importación y exportación.

En 1996, sus actividades al margen de la ley le llevaron a dar con sus huesos en la cárcel de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), un territorio sin más ley que la de las propias cuadrillas allí recluidas, en el contexto de otra endeble democracia que aún tenía muy presente el rodillo de los coroneles y los generales. En su ficha de ingreso en prisión figuraba como dirección la calle René Moreno, 70, en pleno centro de Santa Cruz, una ciudad del llano que estaba en pleno apogeo poblacional y económico en aquellos años. Figuraba aún con su nombre real. Estaba condenado por tráfico de drogas, por trata de blancas y por financiación de grupos paramilitares.

Sin embargo, otro permiso por libertad condicional, en 1999, volvió a darle la oportunidad de huir. Desde Santa Cruz de la Sierra la distancia con la frontera brasileña es de poco más de 600 kilómetros, por el estado de Mato Grosso do Sul, con buenas comunicaciones. A 400 kilómetros volvía a tener también la frontera paraguaya, donde mantenía los contactos que le habían llevado hasta Suramérica. Fácil escapatoria teniendo en cuenta los controles fronterizos de la época en esa región. Decidió entonces dejar atrás su nombre y sus apellidos. Pero sucede que García Juliá entró a Brasil en 2001 por Pacaraima (estado de Roraima), llegaba desde Venezuela.

La Policía Nacional declaró que a partir de entonces se le ha seguido la pista también por Chile, varias veces por Argentina (entre 2005 y 2010) y de nuevo por Venezuela. Su solicitud en el Registro Nacional de Extranjeros en Brasil es de 2009. Tanta movilidad puede que le haya facilitado la labor a la Policía Federal en la búsqueda de sospechosos.

Eligió residir finalmente en São Paulo, una megaurbe cosmopolita, con más facilidad para pasar desapercibido. Además de Uber, su curriculum –con su nombre venezolano falso– menciona un ramillete de experiencias profesionales en Brasil: consultor de las empresas de telefonía móvil VIVO y TIM, consultor de exportación agrícola e investigador industrial.

La detención de García Juliá es un éxito más de una de las policías de investigación más importantes del mundo. Gracias a la Policía Federal, Brasil es uno de los países claves para la Interpol. La organización internacional se ha llegado incluso a fijar en los procedimientos internos de la Policía Federal para alguna de sus últimas reestructuraciones.

En 2011, el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff anunciaba que la Interpol adaptaba para los 191 países miembros –ahora ya son 194– el “Manual Brasileño de Investigaciones de Fugitivos” de la Policía Federal brasileña, creado nueve años antes. El documento contiene, entre otros puntos, técnicas que utilizan métodos modernos de investigación, identificación biométrica, análisis de informaciones, análisis de perfiles criminológicos y psicológicos, planificación de investigaciones, y la mejora del rastreo a través de bancos de datos y relación multilateral entre autoridades judiciales para optimizar las alertas rojas [red notice, circular roja].

Carlos García Juliá ha vuelto a ser Carlos García Juliá con esta nueva detención y su retorno a las páginas de los periódicos. São Paulo ha sido el final de su travesía y fuga suramericana, que en España ha significado colocar el foco, una vez más, sobre uno de los episodios más traumáticos de la Transición.

El penado por la matanza de los abogados de Atocha en 1977 Carlos Garcia Juliá, detenido este jueves en Brasil, deberá someterse a un nuevo juicio cuando sea entregado a España por quebrantamiento de condena, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

García Juliá, que se fugó de España durante un permiso penitenciario en 1994 cuando aún no había cumplido toda la condena por aquellos asesinatos, tendrá que ser entregado a España próximamente tras un trámite que se puede alargar unos días.

En concreto, las fuentes consultadas explican que primero se debe revisar la vigencia de la orden internacional de detención y entrega que España emitió a su fuga y que ha motivado el arresto en Brasil.

En todo caso, la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha dado traslado a la Fiscalía para que emita informe sobre la vigencia de la orden y se pronuncie sobre si procede su entrega a España.

Una vez el Ministerio Público emita su dictamen, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que le sentenció, tendrá que emitir un auto en el que solicite formalmente a Brasil que entregue al penado.

A partir de ahí, tendrá que cumplir la condena que dejó a medias con su fuga, unos diez años de prisión de acuerdo a las mismas fuentes, y afrontar nuevos cargos por el quebrantamiento de condena en el que incurrió al fugarse del país.

García Juliá fue condenado a 193 años de cárcel en 1980 por el asesinato de 5 personas en el centro de Madrid el 24 de enero de 1977, como parte del grupo de terroristas de extrema derecha que perpetraron la matanza en el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, en el 55 de la calle Atocha.

El crimen contra el despacho del PCE y Comisiones

El 24 de enero de 1977 por la noche, tres pistoleros de la extrema derecha irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas vinculado al PCE y CCOO. Murieron Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira, mientras que Alejandro Ruiz-Huerta, Dolores González, Miguel Sarabia y Luis Ramos resultaron heridos. Estos dos últimos ya han fallecido.

El crimen, al que sucedió un cortejo fúnebre organizado por el entonces ilegalizado PCE por el centro de Madrid, se produjo seis meses antes de las primeras elecciones de la reinstauración democrática.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también pertenecía al despacho. Ella no se topó con los pistoleros porque cambió el lugar en el que iba a reunirse con sus compañeros.