La voz de familiares y víctimas: “Los apoyos a Martín Villa son un intento desesperado de influir en la jueza”

Andoni Txasko, Manuel Ruiz y Fermín Rodríguez están personados en la querella argentina como demandantes. Llevan muchos años persiguiendo verdad, justicia y reparación y esperando que el exministro Rodolfo Martín Villa declare ante la jueza María de Servini. Si no hay imprevistos, lo hará hoy, por videoconferencia, desde la embajada argentina en Madrid. 

La publicación de varias cartas de apoyo enviadas a la magistrada por cuatro expresidentes del Gobierno español, cuatro exlíderes sindicales y otras personalidades públicas ha removido a los querellantes. “Las cartas de apoyo a Martin Villa son una prueba de por qué hemos tenido que recurrir a la justicia argentina”, señala Txasko, integrante de la Asociación 3 de marzo y víctima de una brutal paliza policial el 4 de marzo de 1976 en Vitoria, que le dejó con solo un 2% de visión. “Esas cartas indican también que Martín Villa está preocupado y por eso se rodea del mayor apoyo posible de personalidades que fueron importantes”, añade. 

“Han salido a golpe de pito, todos los que han escrito esas cartas tienen la misma intención. Es gente que no vivió aquello, Zapatero y otra gente no lo vivió, no estaban allí. Quizá si hubieran estado no se atreverían a mirar hacia otro lado ante la represión que hubo. Me gustaría que Felipe González me diga mirándome a los ojos que habría que juzgar a los demandantes, como ha dicho”, reclama Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977 en la llamada Semana Negra.  

“Esto es un intento desesperado de influir en la jueza”, lamenta Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, asesinado por la policía en los Sanfermines de 1978. “Me encantaría no tener que estar personado en la querella argentina, eso significaría que se habría juzgado a los responsables en España, estamos porque la judicatura española no ha investigado ni dejado investigar”, añade. 

Andoni Txasko tiene un dos por ciento de visión tras la brutal paliza que le propinó la policía el 4 de marzo de 1976 en Vitoria, horas después de la masacre en la que cinco obreros, en un contexto de huelga general, murieron por balas de las fuerzas de seguridad después de que la iglesia en la que se refugiaron con cuatro mil personas más fuera gaseada. Otras 150 personas resultaron heridas, 50 de ellas por balas reales. “Aquello fue una encerrona, esperaron a que todos entraran en la iglesia para rodearla y gasearla”, denuncia en conversación con eldiario.es. 

“Las autoridades actuaron queriendo dar un escarmiento para que lo de Vitoria no se extendiera a otros lugares. Así lo reconoció el propio Fraga cuando vino el 6 de marzo y dijo aquello de ‘que este triste ejemplo sirva de gran lección a todos los españoles en los próximos meses'”, lamenta Txasko. 

Manuel Ruiz, integrante de la asociación La Comuna, es hermano de Arturo Ruiz, quien fue asesinado de dos tiros por la espalda en Madrid en enero de 1977, “por ultraderechistas que colaboraban con la policía o la Guardia Civil”, según denuncia. Martín Villa era entonces ministro del Interior. 

“Existen indicios razonables para deducir que detrás de los autores del asesinato de Arturo estaban las fuerzas de orden público dando soporte y ayudando a su huida”, comenta. “Yo me enteré del asesinato de mi hermano por la televisión, como mis padres. Nos quedamos en shock”, recuerda. 

Fermín Rodríguez es integrante de la asociación Sanfermines 78 Gogoan y hermano de Germán Rodríguez, asesinado por las fuerzas de seguridad de un balazo en la frente durante la protestas en Sanfermines de 1978. El detonante fue el despliegue de una pancarta que pedía amnistía para los presos políticos. Hubo más de 150 heridos, once de ellos de bala. El mensaje de la policía quedó grabado: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”. A pesar de la claridad del mensaje, los hechos no fueron juzgados. Los incidentes se extendieron a otras ciudades y días después otro joven era asesinado en Donostia. Martín Villa era ministro del Interior. 

Los querellantes denuncian que estos tres casos, así como el resto de los crímenes que investiga la querella argentina, no recibieron la atención propia de una democracia. No hubo juicios, y si los hubo, no se celebraron con la investigación y el compromiso adecuados, lamentan. 

“Con la masacre de Vitoria se fueron pasando la pelota de tribunal a tribunal, hasta que se dictaminó que había que enjuiciar los hechos en base a terrorismo, pero para ellos el terrorista no era el policía o los policías que dispararon, sino los obreros que exigían derechos y libertades. Finalmente el asunto recayó en la jurisdicción militar, con total dejación, sin investigar, sin tomar testimonios o pruebas. Y se sobreseyó el caso porque decían que no podían determinar quiénes habían sido los autores de los disparos”, lamenta Andoni Txasko. 

“Estaban las cintas grabadas en las que se oye a la policía cómo dice que iban a disparar, cómo reconocen que se acababa de producir una gran matanza, fue una burla”, añade.

Todos los intentos de reabrir el caso de la masacre de Vitoria en España han sido en vano. “Los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados, pero ha sido el muro con el que hemos topado, por eso nos sumamos a la querella argentina”, señala Txasko. 

Ante el asesinato de Germán Rodríguez en Pamplona durante los Sanfermines del 78 pasó algo similar: “En el caso de mi hermano solo hubo tergiversación, no hubo ni expediente, ni sanción, ni investigación, solo total impunidad. Todo el esfuerzo fue para defender a los agresores. En la carga hubo cientos de heridos, además de mi hermano muerto. Algunos de los heridos han quedado con secuelas de por vida”, denuncia Fermín Rodríguez. 

En el caso de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en el marco de la llamada semana trágica, sí hubo juicio, pero su familia denuncia que fue insuficiente.

 “A uno de los autores se le declaró en rebeldía, porque huyó. La familia le mandaba dinero y se lo mandaba a un guardia civil. Este señor entraba por el cuartel de Guernica como Pedro por su casa. Su hermana dijo en el juicio que los guardias civiles de Guernica, cuando venían a Madrid, dormían en su casa. El otro autor fue juzgado como colaborador, se le rebajaron las penas porque se había entregado y porque se acogió a la amnistía, así que estuvo en la cárcel un año escaso y luego se permitió el lujo de andar deambulando por las televisiones. Eso hacía mucho daño a mis padres, que estaban muy afectados”, explica Manuel Ruiz. 

“La democracia no la trajo Martín Villa”

Las familias y las víctimas personadas en la querella esperan que Martín Villa “explique qué ocurrió en los casos en los que él tenía responsabilidades”. 

“Martín Villa es el responsable político de lo que pasó. Ser el ministro del interior es ser el máximo responsable de las fuerzas de orden público; el colaborador del asesinato de mi hermano fue colaborador de la policía y el que se supone que fue el asesino tenía lazos con la Guardia Civil. El último responsable de las fuerzas del orden era Martín Villa, políticamente debe explicar sus actos”, señala Manuel Ruiz. 

“El Estado español sigue avalando una impunidad que el Gobierno actual no debería asumir”, lamenta Txasko. “Yo no me niego a que se aplique una amnistía pero después de que los hechos sean juzgados y los responsables marcados. No pretendemos que personas como Martín Villa, con más de 80 años, vayan a la cárcel pero sí pretendemos que se marque su trayectoria criminal y que no pasen a la historia como adalides de las libertades y la democracia”. 

“Martín Villa dice que trajo la democracia, pero la democracia no la trajo esa gente, la democracia la trajo gente como mi hermano, gente que a veces dio hasta su vida. En esos días la extrema derecha salía a la calle a matar a rojos, así lo decían. Según la ONU eso es un crimen de lesa humanidad, matar a alguien por sus ideas de forma sistemática, y además en este caso por fuerzas paralelas al Estado. Este crimen, pese a lo que diga la Audiencia Nacional, no prescribe porque es un crimen de lesa humanidad”, indica Manuel Ruiz.  

“España se tiene que acoger a la Justicia Universal, pero España se acoge a ella solo cuando le interesa, la última gran idea es acogerse a ella a partir de 2004, de 2004 para atrás no, es una justicia universal ad hoc, cuando les interesa”, añade.  

“Con una ley de amnistía no pueden conseguir que yo olvide” 

Los querellantes reconocen que aquellos sucesos han marcado su vida. En el caso de Andoni, su invalidez lo ha limitado: “Pero te vas rehaciendo poco a poco. Yo no tengo odio ni rencor, pero sí el resquemor ante la impunidad, que el Estado no reconozca el dolor no es fácil”, señala. 

Manuel Ruiz reconoce que el asesinato de su hermano le marcó “de forma terrible, no había día que no me acordara de él, mis padres no lo superaron nunca”. Y subraya que la impunidad redobla la dificultad: “Por eso quiero que Martín Villa explique ante un juez. Todo el mundo se escuda ante la Ley de amnistía, lo que no puede conseguir una ley es que yo me olvide, eso es imposible, eso no lo pueden conseguir por ley. Y como yo, cientos de personas que no pueden olvidar, una cosa es decir que vamos a estar tranquilos y otra es que me lo borren de la cabeza, me tienen que explicar qué pasó y por qué el asesino de mi hermano sigue huido”. 

“La gente en aquella época pedía amnistía para los presos políticos, no para que se perpetuara la impunidad y la injusticia”, remata.