Un informe del centro de investigación marina y alimentaria Azti encuentra contaminación por metales “por encima de umbrales recomendados” en aguas de la zona de Lemoiz en la que podría instalarse la futura piscifactoría con la que se pretende dar salida industrial a estos terrenos ocupados por la fallida central nuclear. En concreto, el informe encuentra sustancias potencialmente perjudiciales para el desarrollo de los peces de los futuros cultivos acuícolas y recomienda tratamientos previos del agua, cuya “implementación requerirá de una inversión inicial elevada, así como de un mantenimiento y manejo laboriosos”. Esto supone que encarecería el proyecto, que de momento no ha experimentado avances desde que se anunció en 2017 y se desconoce si cuenta en estos momentos con potenciales inversores interesados.

Estas sustancias contaminantes se encuentran en aguas y sedimento del embalse de Urbieta, próximo a la central nuclear que nunca entró en funcionamiento, pero que sí se vio afectado medioambientalmente por el antiguo vertedero de Jata, muy próximo a la zona. El informe señala que “parámetros como oxígeno, cloruros, cianuro, combinación de manganeso con hierro, amonio y nitratos, así como el hidrógeno de sulfuro, se encuentran por encima de los umbrales recomendados”. En este sentido, señala que el manganeso, el hierro, el aluminio y el zinc “son metales que podrían generar problemas en los peces (branquias), mayormente en estadios como viveros y juveniles, produciendo malformaciones en tiempos de cosecha. Lo mismo ocurre con el hidrógeno de sulfuro, un problema muy extendido en la industria”, señala.

Para minimizar los posibles efectos adversos de estos compuestos recomiendan “tratamientos como la oxigenación, la biofiltración, la aireación, la osmosis inversa y el ozono”. Tal y como señala Azti, se trata de tratamientos comunes en la industria de tratamiento de aguas, así como en la acuicultura en general y en los RAS en particular, -Sistemas de Acuicultura de Recirculación, que permiten la reutilización del agua después de ser tratada-.  Pero reconoce que “su implementación requerirá de una inversión inicial elevada, así como de un mantenimiento y manejo laboriosos”.

Además, puntualiza que en los sistemas RAS, “la monitorización de los parámetros de las aguas de manera continua es habitual, con la instalación de alarmas en puntos críticos del sistema”. No obstante, “metales como el manganeso y el hierro no suelen ser cuantificados y en este caso sería recomendable. El control del pH para el equilibrio de los metales, una buena aireación del agua para el mantenimiento de varios parámetros importantes como son el CO₂ y el H₂O así como la monitorización y sistemas de control serán cruciales para una producción exitosa” en lo que se refiere al uso de las aguas del embalse de Urbieta. 

En cuanto a las aguas del litoral, ni los parámetros fisicoquímicos, ni contaminantes de aguas o metales pesados supondrían un problema para su uso con fines acuícolas, dice Azti en su informe, “siempre y cuando, antes de entrar en el sistema de cultivo y ponerse en contacto con los peces, fuese monitorizada, tratada y desinfectada”. “La calidad del agua en la acuicultura es un factor importante a supervisar y su monitorización permite asegurar el óptimo rendimiento del sistema, así como su sostenibilidad. El tratamiento del agua ayuda a eliminar los contaminantes y las sustancias peligrosas. La desinfección del agua por su parte es fundamental para prevenir la introducción y propagación de enfermedades infecciosas. Una fuente de agua libre de patógenos es esencial para el éxito en la acuicultura”.

Pese a estas advertencias, el informe elaborado por Azti para el Gobierno vasco señala que “no hay normas de calidad generalizadas para su uso en acuicultura”, debido a la que la “tolerancia/resistencia a sustancias químicas varían en función de la fase de vida y de la especie a cultivar”. “Esto ha dificultado establecer el grado de afección que podría tener el agua del embalse de Urbieta en la producción de especies de cultivo en Lemoiz”, puntualiza Azti, que indica que se han utilizado normas de calidad disponibles en otros ámbitos (medioambiente, consumo y criterios de acuicultura) que podrían utilizarse como recomendaciones para facilitar su interpretación desde un punto de vista de potencial uso para acuicultura.

Por otra parte, señala que los límites de cuantificación (LC), -la concentración más baja de una sustancia que puede ser determinada de manera precisa-, de algunas sustancias, como es el caso de la plata, el hidrógeno de sulfuro y el cianuro, son mayores que la norma de calidad, “lo que indica que, aunque la sustancia se haya detectado por debajo del límite de cuantificación, se desconoce si ésta produce algún efecto adverso en la especie a cultivar. De cara al futuro, para reducir esta incertidumbre, se podría aplicar una batería de bioensayos para determinar la toxicidad de las aguas en organismos acuáticos”, recomienda.

El informe de Azti está fechado en 2023, pero poco se ha avanzado respecto a este proyecto que lleva sin materializarse desde 2017. Lo único que se sabe de momento, a través del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, es que el proyecto carece de fechas concretas para su puesta en marcha, que no está definido y que los trámites necesarios para el acondicionamiento de la zona están enmarañados en disputas institucionales. De entrada, el Ayuntamiento de Lemoiz, gobernado por EH Bildu, se niega a conceder las licencias municipales necesarias para llevar a cabo obras sin conocer el detalle del proyecto que se va a implantar en Cala Basordas. Un detalle que el Gobierno vasco no puede dar porque no lo tiene.

Precisamente, desde este consistorio vizcaíno pedían hace unas semanas que se abra un “proceso participativo” para decidir cuál es destino que deben tener los terrenos que ocupa la fallida central nuclear. El consistorio considera que “la construcción de la central nuclear de Lemoiz ha sido un hito en la historia del País Vasco. Por lo tanto, antes de decidir su futuro es imprescindible recabar la opinión de diferentes personas, asociaciones, instituciones y agentes sociales. Por ello, es necesario poner en marcha un proceso participativo deliberativo sobre este tema”.

El PNV arrancó al Gobierno central que presidía Mariano Rajoy la cesión al Gobierno vasco de los terrenos en los que se asienta la fallida central de Lemoiz -nunca llegó a funcionar como tal- en la negociación presupuestaria de 2017. Ya en ese momento se empezó a hablar del proyecto de la piscifactoría. Sin embargo, la moción de censura contra Rajoy y el cambio del Gobierno demoró hasta 2019 que el Gobierno de Sánchez asumiera como propio ese compromiso y se formalizara la cesión. Un año antes Iberdrola había renunciado a la concesión de los terrenos sobre los que se levanta la central nuclear de su propiedad y el Ministerio de Medio Ambiente había levantado ese mismo año la protección costera sobre esa zona, un paso necesario para poder utilizar estos terrenos y llevar a cabo el proyecto ideado por el centro tecnológico Azti, dependiente del Gobierno vasco. Fue en 2021 –después de la negociación presupuestaria del PNV y el PSOE– cuando los Presupuestos Generales del Estado recogieron la transferencia a Euskadi de los terrenos ocupados por la central nuclear. En 2022 se adscribieron esos terrenos a Sprilur para destinarlos a poner en marcha un polo de investigación y producción acuícola, pero el proyecto sigue sumando obstáculos y no acaba de concretarse.

Los sedimentos del Lago Redon, en el Valle de Arán, han guardado un secreto durante siglos: las primeras piscifactorías podrían haberse instaurado hasta 700 años antes de los que se había documentado hasta la fecha.

Un innovador estudio liderado por investigadores del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) y el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), publicado este martes en la revista Nature Communication, sostiene que los pastores habrían añadido intencionadamente peces en este lago en el siglo VII, varios siglos antes de los primeros registros históricos.

“Los documentos históricos empezaron a registrar la existencia de peces en los lagos europeos durante los siglos XIV y XV y la mayoría de ellos detallan los derechos de pesca y el comercio”, explica Elena Fagín, investigadora del CREAF y una de las autoras principales del estudio. “Gracias a la memoria que guardan los sedimentos podemos ir muchos más años atrás, cuando no había ninguna documentación, y situarlo en una fecha más precisa”, añade.

El descubrimiento se ha logrado mediante el análisis de un testimonio de sedimento del lago que abarca 3.300 años de antigüedad en tan solo 30 centímetros. Los investigadores lo obtuvieron utilizando una metodología innovadora que analiza el ADN de los parásitos de los peces, que se conserva mejor en los sedimentos que el ADN de los propios animales acuáticos.

“Hasta ahora, buscar el ADN de peces en los lagos de alta montaña era como buscar un pez en una piscina olímpica, porque depende de dónde haya muerto lo encontrarás o no en el testigo de sedimento”, añade Jordi Catalán, investigador del CSIC en el CREAF y otro de los autores principales del estudio.

La presencia de estos peces en un lago de alta montaña como el Redon sugiere una acción intencionada por parte de los humanos, posiblemente para disponer de alimento mientras pastoreaban ganado de ovejas. “Los peces no tienen manera de acceder a los lagos de alta montaña y solo pueden llegar ahí si alguien los lleva, así que su presencia es un indicador de intencionalidad y actividad humana”, señala Fagín.

Los resultados sobre la existencia de estas piscifactorías de alta montaña coinciden, además, con hallazgos de restos arqueológicos en los alrededores del lago que refuerzan la idea de que la región contaba con zonas de pasto utilizadas en la época tardo-romana y visigoda.

Además del ADN de parásitos, el equipo analizó otros indicadores ambientales como los pigmentos fotosintéticos. Se observó que la presencia de parásitos de peces coincidía con un incremento en la productividad del lago, lo que podría estar relacionado con una mayor erosión del suelo y el transporte de nutrientes al estanque debido al aumento del ganado en la época tardo-romana y visigoda.

“Este aporte de nutrientes favorece el crecimiento del fitoplancton y se refleja en el aumento de los pigmentos fotosintéticos conservados en los sedimentos”, apunta Marisol Felip, investigadora del CREAF y de la Universitat de Barcelona y también coautora del estudio.

Para estudiar el pasado de los lagos de montaña, se han utilizado los llamados “testigos de sedimento”: muestras cilíndricas que se extraen del fondo del estanque. Estas muestras pueden contener unos 100 años de historia cada 3 centímetros y permiten determinar condiciones climáticas pasadas y la presencia de diferentes formas de vida .

Ubicado a 2.240 metros de altitud y relativamente aislado de la actividad humana durante siglos, el lago Redón se ha convertido en un valioso archivo histórico natural que ha sido objeto de estudio durante cerca de cuatro décadas. Su dificil acceso implica que cualquier cambio que se haya producido en su ecosistema se pueda atribuir de manera más sencilla a factores ambientales o humanos, como la introducción de peces o el pastoreo. 

“Es como tener un archivo histórico natural, donde podemos ir descubriendo cómo eran los ecosistemas del pasado y, también, un laboratorio al aire libre donde podemos observar cómo influye el cambio climático y la actividad humana en el ecosistema”, concluyen los investigadores.

Este estudio, en el que también participaron la Universitat de Barcelona, el CSIC, el Instituto Nacional de Biología de Eslovenia y la Universidad Edith Cowan de Australia, demuestra el potencial del ADN antiguo de parásitos para comprender la actividad humana histórica y documentar impactos poco claros en los ecosistemas de alta montaña. Los hallazgos, a su vez, abren nuevas vías para investigar la relación entre los humanos y los ecosistemas de montaña en el pasado.

El sacrificio en hielo es una práctica extendida en las piscifactorías españolas y en muchos casos no se utiliza aturdimiento previo. Una investigación de la Fundación Franz Weber de 2022 desveló que con este método los peces tardan una hora y media en morir, algo desaconsejado en la Unión Europea por el “sufrimiento innecesario” que supone para estos animales.

El método consiste en sumergir a los peces vivos en una mezcla de hielo con agua, o en hielo directamente, lo que produce la muerte de los animales por hipotermia o asfixia. Debido a que el enfriamiento reduce la tasa metabólica y las necesidades de oxígeno, puede prolongar la agonía, y algunas especies adaptadas al frío tardan más de una hora en morir.

El Observatorio de Bienestar Animal (OBA) en España explica que la ley 32/2007 para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio obliga a realizar un aturdimiento previo al sacrificio a todos los animales destinados al consumo. Sin embargo, afirma que la industria acuícola utiliza métodos de sacrificio sin aturdimiento efectivo “que la ciencia ya ha demostrado que provocan sufrimiento a los animales”.

Recuerda asimismo que en 2009 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), publicó una opinión científica en la que dejaba claro que la asfixia en hielo es uno de los peores métodos en cuanto a bienestar animal y recomendaba que “se deben seleccionar para cada especie los métodos de aturdimiento y matanza más apropiados con respecto al bienestar animal”.

Incluso la propia Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), en su “Guía sobre el bienestar de los peces en la acuicultura española”, recomienda la aplicación de un método que provoque una “ rápida pérdida de consciencia en los peces”, y reconoce que la Organización Mundial de la Sanidad Animal desaconseja su uso porque se ha demostrado científicamente que genera mucho estrés, ansiedad y sufrimiento en los peces“.

Varias piscifactorías en España ya se han comprometido públicamente a reemplazar sus sistemas de sacrificio hacia sistemas de aturdimiento eléctrico. Pero no todas. Por eso el Observatorio de Bienestar Animal ha señalado esta semana a la piscifactoria de Illana, en Guadalajara, propiedad de la empresa Piszolla SLU, que no aplica este método previo.

Un compromiso “público”

Dentro su campaña de concienciación, por primera vez en España, sobre el bienestar de los peces, ha pedido a esta empresa que se comprometa públicamente a aturdir efectivamente a los animales antes de sacrificarlos en sus instalaciones de la localidad de Illana.

Míriam Martínez, responsable de bienestar de peces en el OBA, afirma que si sus consumidores supieran los métodos de matanza de los animales que crían “probablemente dejarían de consumir su pescado”.

“Prolongar el sufrimiento de estos animales en sus últimos instantes es cruel y se debe poner una solución ya. Hemos propuesto a la empresa dos años de moratoria para que tengan suficiente tiempo para reconvertir su método de sacrificio. Comprometerse públicamente en su web es la demostración de que sus palabras se convierten en hechos. Muchas empresas ya se están comprometiendo, por transparencia, directamente desde su página web”, subraya.

Piszolla afirma, por su parte, que sus métodos de “aturdimiento y sacrificio” son “totalmente legales”. Fuentes de la empresa han señalado a elDiarioclm.es que aplica la normativa española y europea y que “así lo reconocen las autoridades ganaderas y sanitarias que realizan las preceptivas inspecciones y comprobaciones en esta materia”.

Hasta la fecha, la empresa dice no haber tenido ninguna sanción y tampoco ninguna recomendación por incumplimiento de la legislación en materia de bienestar en el sacrificio animal. “Anualmente pasamos certificaciones voluntarias adicionales a las de las autoridades, tan exigentes y reconocidas como Global Gap, que entre otros muchos aspectos verifica el estricto cumplimiento del bienestar animal, no sólo en el sacrifico sino a lo largo de todo el ciclo productivo”, subraya la compañía. 

Piszolla: aturdimiento de “última generación” por electronarcosis

Afirma igualmente que la compañía ha querido “trascender los requisitos legales” para ofrecer “productos de la máxima calidad con el mayor respeto posible por los animales y las sensibilidades de nuestros clientes”, por lo que de manera voluntaria han cambiado sus métodos de aturdimiento “a otros más novedosos”.

Concretamente, explican las citadas fuentes, en enero de 2022 en sus instalaciones francesas instalaron un sistema de aturdimiento de última generación por electronarcosis (o aturdimiento eléctrico). “Desde ese momento hemos podido recabar datos objetivos de que el sistema es robusto y trabaja de manera eficiente”.

“Por otra parte, hemos viajado a distintas instalaciones europeas y entablado conversaciones con diferentes proveedores con el objetivo de conocer otros sistemas parecidos y poder elegir cuál es el sistema que mejor se adapta a cada una de nuestras instalaciones”.

Piszolla afirma que participa junto con Apromar y todo el sector en el grupo de trabajo que desarrolla la mencionada guía de bienestar animal en el caso de la trucha arcoíris, y que comparten con varias ONG de ámbito animalista “con las que trabajamos con franqueza y apertura”.

Interpreta así que las acusaciones del Observatorio de Bienestar Animal proceden de la negativa de la empresa a publicar un comunicado con “su compromiso” tras varios correos para “amedrentar” y de “amenaza con este tipo de acciones”, porque ni Piszolla ni Aqualande (la matriz francesa) “publican comunicados de terceros al tener nuestros propios compromisos”.

“Lo que realmente nos interesa es el bienestar animal de nuestros peces, no publicitar nuestras acciones aireando compromisos en la web que serían una medalla para agentes que no han participado del proceso”, añaden, algo que ha comunicado a la ONG, avisando de que en el caso de que “se dañe falsamente nuestra reputación a los ojos de nuestros clientes y consumidores” emprenderán “acciones legales contra quienes lo hagan, por difamación”.

Se aplicará también en Alba de Tormes (Salamanca)

Las imágenes difundidas también corresponden a la piscifactoría de Piszolla situada en Alba de Tormes (Salamanca), tal y como ha indicado OBA. En los vídeos se puede ver cómo los trabajadores amontonan a los peces empujando con un panel dentro del agua, para que se puedan extraer más rápido gracias a la maquinaria. También se muestra cómo algunos peces llegan aún conscientes, moviéndose a la fase del desangrado. 

Sobre esta piscifactoría, la empresa ha asegurado que “a finales de este mes comenzará la instalación de un sistema de electronarcosis en nuestra sala de procesado de Alba de Tormes”, informa Javier Ayuso.

OBA retira su denuncia e insta a todo el sector a sumarse

Tras la publicación de esta información, y de la aclaración por parte de Piszolla, OBA ha anunciado en un comunicado que “retirará la denuncia a la empresa”. El Observatorio de Bienestar Animal explica que lo hace “ante el reciente compromiso público de Piszolla con el aturdimiento efectivo de los peces, que han anunciado se completará en 2026 en todas sus granjas”.

OBA dice “celebrar” que Piszolla haya decidido“ hacer público su compromiso con el bienestar de los peces en el sacrificio y acompañará el proceso para que se complete en el plazo indicado”.

Además, anima a otras empresas del sector acuícola español a hacer público también su compromiso en el mismo sentido.

Björk rescató la canción Oral de una maqueta de finales de los años 90. La descartó porque le pareció muy pop para lo que estaba haciendo entonces, ya que venía de hacer el disco Homogenic (1997) son resabores abstractos y se dirígía hacia algo más orgánico como Vespertine (2001), pero su etapa pop había quedado atrás.

Más de 20 años después, la cantante islandesa ha anunciado el lanzamiento de la canción, en la que también canta Rosalía. Björk decidió que esta colaboración debía tener un fin, así que propuso que su recaudación se dedicara a una organización que protege el salmón salvaje islandés, en peligro por las piscifactorías de su país y Noruega. La publicación ha sufrido dos retrasos, pues se anunció primero para el 27 de octubre, después para el 9 de noviembre y finalmente para el 21 del mismo mes. El sello, One Little Independent (antes One Little Indian), en el que Björk ha publicado toda su carrera desde los Sugarcubes, lo ha achacado a “imprevistos”.

El videoclip que se ha publicado a la vez que la canción está dirigido por Carlota Guerrero y muestra a las dos artistas peleando juntas en un espacio blanco.

Debido tanto a la sobrepesca como a la alteración del mar por el cambio climático, el salmón islandés está en peligro de extinción. Los residentes de Seyðisfjörður, al este de Islandia, están en pie de guerra ante la apertura de una piscifactoría en la que se cultiva salmón genéticamente alterado proveniente de Noruega. Crecen tres veces más rápido, por lo que sufren dolor y el 60% de ellos nacen desfigurados, como ha explicado la cantante en una reciente entrevista en la revista Dazed, llamándolos “Frankenstein freaks”.

Los habitantes de Seyðisfjörður han abierto un proceso judicial contra la apertura de esta piscifactoría y es para pagar los gastos legales adonde irán los beneficios que recaude la canción.

La artista islandesa consideró que si regrababa su voz no conseguiría cierto tono nostálgico que tiene la maqueta, así que se le ocurrió que si invitaba a una voz joven a sumar su pista de voz al tema, estaba estableciendo un enlace entre el pasado y el presente. Rosalía tiene hoy aproximadamente la misma edad que Björk cuando grabó esa canción.

La ex Sugarcubes ha explicado en entrevistas que se lo ocurrió pedirle la colaboración a Rosalía porque le parece que el ritmo dancehall jamaicano sobre el que se asienta la canción, resuena a lo que hace la catalana al mezclar electrónica y flamenco, ya que es un estilo que influyó sobre el reguetón. En la citada entrevista en Dazed, explica que tenía su teléfono porque ya se conocían, así que le mandó directamente un mensaje de texto.

Antes de la publicación del tema, se dio a conocer un corte de un minuto, donde ya se escuchaba la letra y la voz de ambas, y una imagen de un salmón, tomada por Veiga Gretars, una activista climática islandesa. La temática de la canción no está directamente relacionada con su objetivo benéfico. “No es una canción activista. Es una canción de amor, no sobre los peces. Aunque se podría escribir una buena canción punk sobre eso”, dijo la islandesa al periódico The Guardian.

El tema está coproducido por el cantante irlandés (nacionalizado británico) Sega Bodega, dedicado a la electrónica. La portada está realizada por el artista James Merry, un colaborador habitual de Björk.

Unos días antes de la publicación de Oral, tuvo mucho recorrido un post de Björk sobre Palestina. En él, mostraba un mapa político de la evolución de las fronteras entre Palestina e Israel de 1946 a 2012. El texto que la acompañaba decía: “¿Esto es compartir?”. Actualmente, Björk está dando conciertos en Europa de su Cornucopia tour, tras la publicación de su disco de 2022, Fossora.

Nuestros antepasados homínidos eran cazadores recolectores, omnívoros oportunistas que se habían comido, literalmente, todo lo que se les ponía por delante, durante millones de años.

Una pequeña glaciación que casi nos extingue hace unos 12.000 años lo cambió todo y empezamos a criar plantas y animales para asegurarnos el sustento. Sin embargo, hasta hace muy, muy poco, en el mar seguíamos siendo los mismos cazadores y recolectores de siempre.

Hoy en día, los mamíferos salvajes, incluyendo todos los elefantes, ballenas, leones, osos y cualquier otra especie, solo suman un 4% de los mamíferos totales del planeta.

Del resto, un 62% es ganado y un 34% son humanos. En el caso de los pájaros, quedan un 29% de animales salvajes frente a un 71% de pollos, gallinas y otras especies domesticadas. El futuro en los mares y océanos parece seguir el mismo camino que en la tierra firme: la domesticación. 

Hay índicos de que en China, hacia el 2000 a.e.c., ya se criaban carpas en los campos de arroz y de que en el imperio romano se utilizaban embalses llamados “piscinae” para criar anguilas y lisas.

Las primeras granjas de truchas aparecieron a mitad del siglo XIX en Alemania y Francia, y solo a partir de los años 60 empezaron a aparecer piscifactorías de salmones, gambas y otras especies a gran escala.

El Banco Mundial predijo hace diez años que para 2030, dos tercios del pescado para consumo humano procederá de la acuicultura. Todo indica que llegaremos a esos niveles mucho antes.

Según un informe de la FAO, la producción mundial total de animales acuáticos y algas suma 214 millones de toneladas. La pesca de captura marina y fluvial suma 90 millones de toneladas y la producción de la acuicultura animal ha alcanzado un récord de 85,5 millones de toneladas, un 60% más que en los años 90. Además se producen 35 millones de toneladas de algas y 700 toneladas de bivalvos por sus conchas y perlas. 

Justo a tiempo, ya que, según el mismo informe, las pesquerías biológicamente sostenibles pasaron de un 90% en 1974 a un 65% en 2019, mientras que la explotación no sostenible de estas pesquerías, que puede llevar a su desaparición, pasó del 10% al 35% en el mismo periodo.

Junto con el cambio climático, la sobreexplotación puede acabar con todos los peces salvajes y una gran parte de la vida marina en 2048, según un estudio publicado en la prestigiosa revista Science.

Algo que podría ser dramático para los más de 3.000 millones de personas en el mundo que dependen del pescado salvaje para su supervivencia. 

El objetivo de la FAO es una transformación azul en la que una acuicultura sostenible permita salvar a los peces en su medio natural y alimentar a la población mundial. ¿Es esto posible?

Los estudios indican que cuando hay más pescado de granja disponible, los indicadores de conservación de las pesquerías salvajes aumentan en un 50%. Además, la acuicultura bien planificada también puede ayudar a preservar los ecosistemas marinos, según un reciente estudio.

Esto, según los autores, implica mejorar también la sostenibilidad de la energía, el transporte, los insumos y el tratamiento de los residuos implicados en la explotación de las piscifactorías.  

Para María Arana, ingeniera agrónoma del Estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “el objetivo de la acuicultura es evitar la sobreexplotación de los caladeros naturales y garantizar un consumo sostenible y razonable de pescado a largo plazo”, explica.

“Pero la acuicultura por sí sola no puede evitar la sobreexplotación, hay que hacerlo dentro del marco de la política pesquera común y perseguir la pesca ilegal para garantizar que los caladeros no se agotan”, puntualiza.

Granja de peces, granja de pollos 

Habitualmente se sostiene que la acuicultura es más sostenible que la ganadería y que incluso ciertas especies agrícolas por su menor uso de recursos, menos emisiones de gases de efecto invernadero, y un mayor rendimiento de las explotaciones. Sin embargo, el diablo está en los detalles, ya que hay distintas medidas de esta eficiencia.

La medida más común es la conversión alimenticia, el ratio entre el peso de la comida del animal a lo largo de su vida y el peso de la carne aprovechable del animal. Estos valores suelen ser de 6-10 para la ternera, de 2,7-5 para el cerdo, de 1,7-2 para el pollo y de 1-2,4 para los peces y gambas de piscifactoría.

Más bajo es más eficiente, es decir, el animal necesita menos kilos de comida para producir un kilo de carne, y aquí la acuicultura de media (depende de la especie) gana a los animales de granja terrestres. 

Parte de esta diferencia es biológica. Los animales acuáticos flotan y tienden a ser de sangre fría, lo que hace que no necesiten consumir tanta energía a lo largo de su vida.

Pero recientemente un grupo de científicos reevaluó la forma en la que se mide la eficiencia teniendo en cuenta otros factores. Por ejemplo, a lo largo de su vida desde el destete, la comida de una vaca consiste en aproximadamente un 80% de pasto. Solo en los últimos meses antes del sacrificio se alimentan con grano para su engorde. 

La hierba es esencialmente comida gratis: los pastizales son campos no aptos para el cultivo, por lo que, mientras comen hierba, las vacas no compiten con los humanos por tierras para cultivos de consumo humano como grano u hortalizas.

Además, la hierba es un alimento nutricionalmente poco denso, con pocas calorías y pocas proteínas, por lo que una vaca necesita comer grandes cantidades de hierba para crecer.

Sin embargo, los peces necesitan alimentos más densos en nutrientes, en particular otros peces, que es necesario pescar o criar. Esto hace que el peso del alimento sea una medida inadecuada para medir la eficiencia.

En comparación con el grano, los “piensos” con los que se alimenta a los peces en las piscifactorías tienen un alto contenido de otras especies de peces más pequeños, lo que hace que contengan alrededor de un 40% de proteínas. El resto son productos vegetales como soja, aceite de girasol o colza, o maíz.

Las proteínas son el nutriente imprescindible para la vida (también para los humanos) y el más caro, tanto metabólicamente como en términos económicos. Por eso el estudio propone la eficiencia proteica como una medida más adecuada: cuántas proteínas consume el animal frente a cuántas proteínas contiene su carne. Aquí las cosas no están tan claras. 

Mientras que el ratio de retención de proteínas de una vaca está alrededor del 10% (por cada 100 g de proteínas a lo largo de su vida que come produce 10 gramos de carne), los langostinos tigre y las carpas de piscifactoría no están muy lejos, con un 14 y un 15% respectivamente.

De media, la eficiencia proteica de la acuicultura es del 19%, no muy lejos de los cerdos, con un 15%. ¿Quién gana en producción de proteínas? Son los pollos, con un 34%, por encima del salmón atlántico de granja, que tiene un 28%.  

La otra medida que los investigadores proponen para medir la sostenibilidad es el ratio de eficiencia de calorías, es decir, la relación entre las calorías que el animal consume durante su vida y las que produce. Aquí vuelven a ganar los pollos y el salmón de piscifactoría, con un 25% de eficiencia. En comparación, los cerdos tienen un 11% y las vacas un 5%. 

La acuicultura, las emisiones y la contaminación

Otro de los factores de la sostenibilidad son las emisiones de efecto invernadero, en los que la acuicultura puede presentar múltiples ventajas. Según un estudio publicado en Nature, la acuicultura representó aproximadamente el 0,49% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero en 2017.

Una magnitud similar a las emisiones de la producción de ovejas en todo el mundo. Sin embargo, no todas las especies producen las mismas emisiones, con enormes variaciones entre 4 y 540 kilos de CO2 por kilo de proteínas.

Mientras que el salmón de granja está en tan solo 1,6 kg, los langostinos de granja producen 16 kilos, no muy lejos de la carne de vaca, que está entre 18 y 25 kilos, todo esto incluyendo las emisiones de los cultivos (como el arroz y la soja) necesarios para la acuicultura. 

La agricultura y la ganadería industrial son actualmente la mayor fuente de contaminación por nitrógeno y fósforo en las aguas, que producen el fenómeno de la eutrofización de ríos y mares y la muerte de sus ecosistemas, como ha ocurrido en el Mar Menor.

En el caso de la acuicultura no son los fertilizantes ni el estiércol, sino los restos de la comida de estos animales y sus heces, ricos en nitrógeno y fósforo. Se calcula que entre el 60 y el 80% del nitrógeno de la acuicultura y el 90% del fósforo se vierte en el mar. 

Aun así, persisten otros posibles riesgos, como la destrucción de hábitats naturales, como ha ocurrido con los manglares, en desaparición por el desarrollo de las granjas de gambas o la extensión de enfermedades de los peces debidas al hacinamiento.

De nuevo, para que la acuicultura sea sostenible es necesario generar sistemas de depuración de aguas y reutilización de estos elementos, por ejemplo, con producciones combinadas de peces y algas. 

La acuicultura tiene el potencial de convertirse en una fuente de alimentos de alta calidad nutricional para la humanidad con un impacto mucho menor que las actuales prácticas agrícolas y ganaderas, pero a condición de que la regulación internacional evite que se convierta en un sistema de explotación y degradación del medio ambiente.

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La cría del salmón en cautividad, un pescado cuyo consumo se ha disparado en las últimas décadas, no está exenta de polémicas, por la salubridad de las piscifactorías. Así como por la alimentación que estos animales reciben y que, en ocasiones, nos pueden aportar metales pesados o contener disruptores endocrinos.

Así, se ha pasado de producir 50.000 toneladas anuales de salmón de Noruega a un millón en menos de 30 años. Esta especie ha sido seleccionada por su capacidad para acumular ácidos grasos omega 3 y omega 6.

Dichos ácidos cuentan con la particularidad de que nuestro organismo no puede fabricarlos, por lo que precisa obtenerlos de fuentes alimenticias, tanto vegetales como animales, entre ellas el pescado.

Los beneficios de los omega 3

Respecto a la importancia de estos compuestos, basta mentar que se los necesita para mantener las membranas celulares, que participan en la absorción y transporte de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y que sin ellos no se pueden fabricar hormonas de gran importancia como las prostaglandinas.

Las prostaglandinas regulan diversas funciones como la presión sanguínea, la coagulación de la sangre, la respuesta inflamatoria alérgica y la actividad del aparato digestivo.

Los ácidos grasos omega 3 también ayudan a regular el ciclo del colesterol malo y regulan los efectos de las hormonas femeninas, así como tienen incidencia sobre el sistema nervioso y la eficacia de las conexiones entre células nerviosas, por lo que su ausencia puede crear alteraciones del estado de ánimo.

Del corazón a las alergias, pasando por las depresiones, la vista y muchos más órganos y funciones, necesitan de su concurso. 

El salmón, una fuente de omega 3 sobreexplotada

El problema del salmón de criadero es que a pesar de tener una gran cantidad de ácidos grasos omega, muy superior al salmón salvaje, al perecer presenta un desequilibro entre los omega 3 y los omega 6 que aporta, principalmente por una bajada en su alimentación de anchoas, que les aportan los omega 3.

Este desequilibrio podría tener una incidencia negativa en los procesos inflamatorios. Además, por la elevada contaminación ambiental de las granjas, su carne presenta no pocos disruptores endocrinos.

Si a ello unimos el hecho de que la polución de las granjas -plaguicidas, parásitos endémicos, heces, etc.-, cada vez más numerosas, no ayuda precisamente a mejorar el hábitat marino y que el salmón de granja compite con el salvaje por el alimento con el concurso del ser humano, entenderemos que existe un requerimiento tanto de salud como ecológico para buscar otras fuentes de omega 3.

La idea no es dejar de comer salmón de granja, prácticamente el 95% del que se nos ofrece comercialmente, sino moderar su ingesta para disminuir la presión consumista sobre este producto y tratar de hacer que su producción sea más equilibrada con el medio a la vez que nos ayude a tener una dieta más variada.

A este respecto, son muchas las fuentes de omega 3 en el mundo, tanto vegetales como animales. Un inconveniente, no obstante, es que los ácidos omega 3 de origen animal -ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA)- ya están estructuralmente dispuestos para ejercer sus funciones en nuestro cuerpo.

En cambio el omega 3 predominante en el mundo vegetal el alfa linolénico (ALA), no. El ALA actúa como un precursor de los otros dos, pero con el gran hándicap de que la conversión de ALA a EPA y DHA en el metabolismo humano es muy ineficiente. Así, no más del 5% de ALA ingerido con los alimentos pasa a EPA y DHA.

Por ello, para obtener la ración necesaria de omega 3 con alimentos vegetales, precisamos de grandes cantidades, lo que no siempre es factible. Por ejemplo, cuando nuestra fuente son frutos secos, ya que a la par son muy calóricos y saciantes.

No obstante, si comemos de una forma variada podemos repartir nuestra ingesta de omega 3 entre diversos alimentos, valorando los aportes tanto animales como vegetales. Así, podremos aminorar la ingesta de metales pesados y disruptores endocrinos procedentes del pescado de granja y, en especial, del salmón.

Diez fuentes alternativas de ácidos omega 3

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado como Proyecto Prioritario la construcción y puesta en marcha de una piscifactoría para la cría y comercialización de salmón en tierra en la localidad de Valderrebollo, en Guadalajara. El proyecto estará a cargo de la empresa Cold Water Madrid. La orden se ampara en la ley 5/2020 de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha.

La administración defiende que se trata de una “importante herramienta en la lucha contra la despoblación”, así como un proyecto “ambientalmente sostenible”. Las previsiones son que se generarán 30 puestos de trabajo tras una inversión de 36,8 millones de euros en una localidad de 25 habitantes.

De este modo, la iniciativa se beneficiará de un marco de tramitación preferente, así como de la agilización y simplificación administrativa que se establece en la Ley para el desarrollo de proyectos prioritarios, con el fin de “fomentar e incentivar” las iniciativas empresariales que atraigan inversiones en sectores económicos considerados estratégicos para Castilla-La Mancha.

Por eso, hacen hincapié en el “valor añadido” que supone el proyecto en la pequeña localidad, debido a su “especial relevancia” para el impulso económico, social, y territorial, y “además ser una actuación que resulta ambientalmente sostenible”. Esta Declaración supone, por parte de la empresa, el compromiso de contribuir a la generación de empleo, en términos de puestos de trabajo fijo a jornada completa; y supone también el compromiso de cumplimiento en lo relativo a los plazos y al volumen de la inversión.

Que la inmensa mayoría de la ciudadanía no empatiza con los animales marinos es un hecho fácilmente comprobable en sus hábitos alimentarios. Lubinas, salmones, truchas o rodaballos son considerados simples productos cuya cría es una cuestión tabú que rara vez ha aparecido en los medios de comunicación.

La investigación que presentó a principios de mes la Fundación Franz Weber alrededor de una docena de piscifactorías españolas ayuda a entender un poco más cómo este sistema turbocapitalista de producción de proteínas animales no solo es tremendamente ineficiente, también usa la crueldad legal como método estandarizado. Animales forzados a desovar, otros que agonizan durante noventa minutos en el denominado “sacrificio en hielo” hasta finalmente morir y cientos que son contabilizados como “bajas” en las hojas de trabajo de cada tanque.

Las hemos llamado 'Las Otras Macrogranjas' porque reúnen todas las características de un sistema intensivo: miles de animales hacinados en jaulas en el mar o en tanques construidos en tierra, alimentación continuada con piensos y derivados y un impacto en la naturaleza difícilmente cuantificable. Solo en una granja marina de la Comunitat Valenciana había 50.000 individuos por jaula, y la empresa disponía de veinte armazones de idéntica capacidad.

El consumidor ignora todo esto. Desconoce que algunas especies que aparecen en las imágenes deben ser alimentadas con otros animales, lo que implica fomentar la pesca de peces salvajes para elaborar piensos. Es decir, desde la industria siempre se ha intentado vender la idea de que la acuicultura es sostenible, cuando en realidad sigue favoreciéndose a la industria pesquera de arrastre, una de las más destructivas de los fondos marinos.

Tampoco sabe la mayoría de las personas de la falta de bienestar de estos animales. El trabajador que aparece al comienzo del vídeo lo resume perfectamente: “¿Bienestar animal? Ninguno”. Si de entrada te dicen eso, es probable que la realidad sea mucho más dura y el vídeo divulgado por FFW así lo demuestra: en una de las macrogranjas se llegaba a afirmar que en dos días perdieron a más de 3.000 animales, probablemente por el manejo inadecuado de las instalaciones. Unas bajas que los criterios empresariales consideran asumibles.

Por supuesto, las macrogranjas también dan margen a la creatividad publicitaria. Algún conocido influencer de la “comida real” ha llegado a participar en campañas que alababan el “producto final” cuando su proceso está plagado de sufrimiento, contaminación y opacidad. A fin de cuentas, dinero llama a dinero, ¿no?

Además de vincular las piscifactorías a personas con influencia en redes sociales, también son capaces de crear animales a la carta, y nunca mejor dicho: en la cría de salmones se llega a colorear su carne para manipular la sensación de naturalidad en la pescadería. Una carta de colores a medida para introducir esos tonos anaranjados que en las macrogranjas se quedan en un soso y poco apetecible gris.

Los peces son reducidos a simples piezas de consumo sobre el mostrador del supermercado. Es tal su escasa consideración que la producción en España se cuantifica en toneladas, no en individuos. Más de 200.000 toneladas al año de producción en macrogranjas marinas son muchos millones de animales, y todavía más si se incluye a aquellos que mueren durante el proceso.

En los últimos meses el debate sobre las piscifactorías ha llegado a nuevas especies, con la intención de grandes empresas de comenzar a explotar la cría y venta de pulpos en jaulas, saltándose toda la literatura científica que ha demostrado que estos animales tienen una inteligencia fascinante. Al final, aquello del pulpo Paul escogiendo a los ganadores de cada partido de la Eurocopa de 2008 fue el preludio de la estupidez que se iba a cometer: encerrar, para hacer caja, a una especie cuya explotación en su medio natural está llegando a niveles críticos.

Y sí, las imágenes hablan por sí mismas: la mejor forma de proteger a los peces es no comerse a los peces.

Con cámara oculta y drones. Así ha documentado la Fundación Franz Weber (FFW) “el sufrimiento innecesario” durante el proceso de cría de las especies de peces que más se producen en España en las piscifactorías. Doradas, lubinas, rodaballos o truchas son sometidas, según denuncia la fundación, a métodos de sacrificio “desaconsejados” por la comunidad científica y por la Unión Europea.

Es el primer vídeo que muestra las prácticas habituales de manejo de los peces de granja en el sector acuícola español. Se elaboró entre 2020 y 2022 en una docena de piscifactorías nacionales, entre varias de Castilla-La Mancha.

En algunas piscifactorías se grabó el sacrificio en hielo, una práctica extendida en la mayoría de las piscifactorías españolas que prescinde, además, de aturdimiento previo.  Consiste en sumergir a los peces vivos en una mezcla de hielo con agua, o en hielo directamente, lo que produce la muerte de los animales por hipotermia o asfixia. Debido a que el enfriamiento reduce la tasa metabólica y las necesidades de oxígeno, puede prolongar la agonía, y algunas especies adaptadas al frío tardan más de una hora en morir.

Estas piscifactorías cuentan con las características propias de una granja industrial: la concentración de un elevado número de animales de la misma especie en un espacio reducido. Algo que desde la Fundación Franz Weber califican de “bajos estándares de bienestar animal”.

“Lejos de ser casos aislados, constituyen prácticas estandarizadas en las piscifactorías, como se tuvo ocasión de comprobar durante el tiempo de elaboración del video”, explica la entidad.

“Tardan hora y media en morir”

Ante la pregunta de cuánto tardan en morir los peces mediante sacrificio en hielo, una de las trabajadoras de una piscifactoría de truchas contestó que “tardan hora y media”.

En las imágenes, también se puede observar el hacinamiento de peces en los tanques, las muertes prematuras por las condiciones de producción y el manejo “inadecuado ”de los peces por parte del personal de las piscifactorías. En una de las piscifactorías, una trabajadora informó que solo ese día habían muerto 1.823 truchas. Al día siguiente hubo otras 1.300 bajas.

Otra práctica mostrada en el reportaje de investigación es el proceso de desove forzoso, donde el animal es anestesiado y presionado en el estómago con fuerza para la extracción de las huevas. El gerente de una de las granjas filmadas explica que el proceso de desove puede provocar heridas o incluso la muerte del pez. El proceso de desove se realiza cada 7 meses.

En algunos casos, los animales deben ser transportados a otras instalaciones donde serán sometidos a un tratamiento con ozono, un agente oxidante, para adaptar su sabor a las exigencias de otros mercados internacionales. Esta práctica conlleva el hacinamiento de los peces, la succión con una bomba industrial, el transporte y la deposición de nuevo en los tanques. Pasados tres días, serán sacrificados, lo que les llevará a tener que pasar de nuevo por el hacinamiento y la succión, incide la fundación.

Granjas terrestres, en el mar o en aguas dulces: “Hay un desarrollo exponencial del sector”

En España, las piscifactorías se distribuyen tanto en el ámbito marino como en aguas dulces (lagos y ríos), o en granjas en tierra firme, dividiéndose en instalaciones terrestres e instalaciones marinas. El video se llevó a cabo en 12 piscifactorías, tanto terrestres como marinas.

En 2016, la producción en España de pescado y marisco de piscifactoría ascendió a 287.281 toneladas. De ellas, la acuicultura marina (peces y mariscos) aportó 269.656 toneladas (94%), y unas 17.625 toneladas correspondieron a la acuicultura de agua dulce.

En cuanto a las granjas terrestres, se filmaron ocho granjas de trucha. Generalmente, las granjas de trucha pueden tener una capacidad de entre 380.000 y 3.5 millones de animales. En una de las granjas más grandes, ubicada en Albacete, su responsable afirmaba tener hasta 3.5 millones de peces de todos los tamaños.

Rubén Pérez, responsable de campañas de FFW califica de “exponencial” el desarrollo del sector acuícola. En su opinión, los últimos avances científicos en fisiología y en cuanto al comportamiento de peces “subrayan la necesidad de tratar el bienestar animal de los peces de acuicultura”.  

Cuando conoces a un chef que está especializado en un producto y sabe hacer maravillas con él, lo primero que se te ocurre es pedirle sus recetas estrella para compartirlas en esta sección para que los lectores de ConsumoClaro podáis usarlas en casa. 

Pudimos probar varias de Carlos Piernas en el Festival Gastronómico Orígenes que se celebró en junio en el Palauet de Teià, Barcelona, y ahora tenemos la gran fortuna de que nos las haya cedido aquí para que disfrutéis con estos platos elaborados o bocados fáciles.

Sobre todo, la de morro de salmón ahumado al pil pil os va a dejar las papilas aplaudiendo al cocinero. Y no puede ser más económica. Vamos con ellas y buena parte de su recetario con salmón, uno de los pescados más ricos y nutritivos que podemos encontrar en las pescaderías. 

Morro de salmón ahumado al pil pil

Croquetas cremosas de salmón ahumado

Toro de salmón ahumado y confitado con yogur y cítricos

Ventresca de salmón a la plancha con puré de coliflor 

Tartar de salmón ahumado con huevo frito 

Carpaccio de salmón ahumado con panceta ibérica y pistachos 

Timbal de salmón ahumado con frutas y piñones 

 Salmón con wakame y salsa ponzu 

Salmón ahumado con mostaza antigua y encurtidos 

Rollito de salmón ahumado con lentejas y tártara 

Pinchos de tacos de salmón ahumado con frutas 

Montadito de salmón ahumado con huevo duro

Timbal de salmón con azafrán de La Mancha, arroz  y verduras 

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Cuando se habla de derechos de los animales, los peces son los grandes olvidados. De hecho, las cifras oficiales de animales que mueren cada año para servir de alimento a la humanidad ni siquiera los contemplan por número de individuos, sino por toneladas. En concreto, 171 millones al año, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Un número que, si se parte de un cálculo estimado de 2 kilos por animal, equivaldría a 85.000 millones de peces. Y las proyecciones no paran de crecer: la propia FAO calcula que de cara a 2030 se alcanzarán los 200 millones de toneladas de capturas anuales.

La sostenibilidad del modelo de consumo actual de pescado es puesta en duda no sólo desde la óptica antiespecista: también por parte del ecologismo. En una ocasión, durante un viaje en barco como periodista invitado por una conocida organización ecologista, me llamó la atención que prácticamente ninguno de los activistas fuera vegano. Ni siquiera se declaraban vegetarianos: todos comían carne. Más allá de ser conscientes de la necesidad de reducir su consumo o recomendar la mal llamada “carne ecológica”, apenas encontré en ellos reflexión sobre la relación directa que la carne tiene con problemas supuestamente marcados en rojo en la agenda ecologista, como el cambio climático, la contaminación del suelo o la huella hídrica de los alimentos. Por contra, eran mayoría los que excluían el pescado de su dieta como respuesta a prácticas como la pesca de arrastre o el impacto de la acuicultura intensiva. Todos eran conscientes de las graves consecuencias para el ecosistema marino que tiene la forma en que obtenemos hoy día el pescado que llega a los mercados.

La palabra más apropiada para referirse a esa forma de obtener pescado es descontrol. Una situación que desde la organización italiana Essere Animali han documentado por primera vez en Europa, en una acción desarrollada en una de las principales piscifactorías del país. Las imágenes, tomadas entre 2017 y 2018, muestran la manera en que mueren doradas, lubinas o truchas: desde las redes atestadas de peces son descargados sobre recipientes de plástico con hielo en los que se asfixian lentamente y entre violentas sacudidas. Los pocos que sobreviven, en una agonía que puede llegar a durar hasta una hora, son rematados a golpes.

Según denuncia la organización, la mayor parte del pescado que se consume en Italia procede de lugares como este. Es por ello que, tras la publicación del vídeo, han puesto en marcha una campaña orientada a informar a la población sobre el origen del pescado que llega a sus platos. Toda una serie de acciones que incluye correos electrónicos, protestas callejeras, recogida de firmas y entrevistas a aquellos medios internacionales que quieran recoger lo que han encontrado en estas piscifactorías.

“Nuestro objetivo principal era mostrar que las piscifactorías son granjas industriales en todos los aspectos, y crear conciencia sobre el sufrimiento oculto y silencioso que estos animales soportan en números tan grandes que ni siquiera podemos imaginar”, explica a El Caballo de Nietzsche Claudio Pomo, fundador de Essere Animali. “Los trabajadores tratan a los peces como si fueran meros objetos. Los manejan como si fueran pelotas de tenis o chuletas en lugar de animales: no hay absolutamente ninguna atención a su sufrimiento”, denuncia.

“Sí: todas las granjas industriales tienen problemas serios, pero las piscifactorías tienen uno aún mayor”, asevera Pomo. “No existe una regulación y estos animales no tienen ningún derecho en absoluto. Esto significa que cualquier maltrato y tortura es completamente legal. Este es el primer punto de partida: los peces ni siquiera tienen los derechos mínimos que tienen otros animales de granja. Por eso esta investigación es sólo el principio”.

La idea de investigar las piscifactorías comenzó a principios de 2017. “Los datos empezaron a mostrar que los italianos se están alejando de la carne pero consumiendo cada vez más pescado”, relata Pomo. “Desde siempre, todo lo que tiene que ver con los peces se ha descuidado y no se ha tenido en cuenta lo suficiente, incluso dentro del movimiento por los derechos de los animales. Y debo admitir que tampoco sabíamos bien cómo funcionaba la industria de la acuicultura antes de emprender esta investigación”.

Llevar a cabo una investigación como ésta no es sencillo. “Necesitas obtener acceso a las empresas, para lo que tienes que ganarte la confianza de los trabajadores. Además, durante esta acción descubrimos que este tipo de instalaciones se administran de manera muy diferente a, por ejemplo, las granjas de cerdos. Los administradores están bien preparados e incluso cuentan con estudios universitarios. Esto ha hecho nuestro trabajo un poco más difícil de lo esperado, explica Como.

Las consideraciones científicas sobre la capacidad de sentir de los peces no dejan lugar a dudas. En 2009, el comisionado de salud de la Unión Europea, Androulla Vassiliou, declaró que existen “suficientes evidencias científicas para concluir que los peces son seres sensibles que están sujetos a dolor y sufrimiento”. Pese a ello, y como denuncia Essere Animali, las leyes de bienestar animal que estipulan que debe evitarse “cualquier dolor, angustia o sufrimiento evitables” antes del sacrificio de un animal no parecen llegar a los peces. Más allá del conocido como Código Sanitario para los Animales Acuáticos, la normativa sólo contempla una serie de prácticas cuyo cumplimiento es voluntario por parte de la industria.

“Desgraciadamente, y a pesar de las evidencias científicas y el pronunciamiento de la UE, todavía existe la idea generalizada de que los peces no sienten dolor”, lamenta Como. “Creo que las personas pueden relacionarse menos con los peces que con otros animales porque viven en un entorno diferente al nuestro, son mudos y su expresión es siempre la misma. Pero este es nuestro problema: nos falta capacidad de comprensión y conexión. Eso no significa que sean inferiores o tengan menos derechos que otros animales”.

El conocido como caso Piscifactoría, cuya causa ha sido archivada por la vía de lo penal y un asunto que está relacionado con la contaminación (con heces y antibióticos) de agua de consumo humano debido a aportaciones de recursos hídricos provenientes de la explotación de truchas hoy cerrada y gestionada por el Cabildo de Tenerife en la zona de Aguamansa (La Orotava), sigue aportando noticias.

Esta vez ha sido el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, que se personó como acusación popular en aquel proceso judicial (igual que el PP), el que ha informado este miércoles de que presentará denuncia sobre lo ocurrido en esa granja de peces ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, a cuyo departamento pondrá en conocimiento de las infracciones administrativas recogidas en el auto de archivo y sobreseimiento provisional de la denuncia judicial en su día presentada por agentes del Seprona. 

Podemos ha afirmado que solicitará a Salud Pública el inicio del correspondiente procedimiento sancionador antes los hechos probados y los fundamentos incluidos en el auto citado, aspectos todos ellos que vinculan al Cabildo insular, de forma específica al área de Medio Ambiente (que dirige el socialista José Antonio Valbuena), con una serie de “graves” irregularidades en la gestión de la mencionada psicifactoría para la cría y el engorde de truchas arcoíris en Aguamansa.

Hay que recodar que Salud Pública ya realizó un informe demoledor sobre lo ocurrido en esa instalación acuícola y, como resultado de él, lo normal es que se tenga abierto un expediente que puede terminar en la definición de sanciones contra Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife.

“En el auto de sobreseimiento provisional de las diligencias previas (el del caso Piscifactoría), queda archivada la denuncia por lo penal, pero en él se afirma que existe una serie de responsabilidades administrativas consideradas como graves. Es esta vía en la que nuestro grupo político va a seguir profundizando en aras a aclarar qué responsabilidades y protocolos se aplican en el control del agua de consumo humano”, dijo la consejera insular de Podemos Mila Hormiga.

Hormiga señaló que “respetamos la decisión judicial de archivar la denuncia” contra empleados públicos de la Corporación insular “por el funcionamiento de la piscifactoría de Aguamansa y no se recurrirá el auto”.

Dicho esto, Hormiga avanzó que, junto a la denuncia ante la Dirección General de Salud Pública, se está valorando con nuestro equipo legal ir por la vía del contencioso-administrativo“, con el objeto de que el Cabildo de Tenerife asuma responsabilidades por lo ocurrido.

La formación política Podemos, en la oposición en el Cabildo de Tenerife, reaccionó este mismo jueves al anuncio del área insular de Medio Ambiente sobre que un juzgado de La Orotava había emitido un auto con el sobreseimiento provisional y archivo del conocido como caso Piscifactoría, un proceso judicial que se abrió con la denuncia formalizada por la Guardia Civil, a través de agentes del Seprona, tras esta descubrir lo ocurrido en septiembre pasado en la citada explotación acuícola para la cría y el engorde de truchas sita en Aguamansa (La Orotava) y con gestión directa de la Corporación insular.

En relación con este proceso (en el que Podemos y el PP se personaron como acusación popular, había cinco empleados públicos investigados, todos del área insular de Medio Ambiente, y el Cabildo aparecía como responsable civil subsidiario), la consejero insular del primero de esos dos partidos Mila Hormiga avanzó a Tenerifeahora.com que, “aunque respetamos la resolución judicial [en alusión al auto conocido este jueves, con fecha de 20 de junio de 2018], analizaremos en los próximos días qué decisión tomar acerca de la posible presentación de un recurso”.

Hormiga indicó que, pese a que el auto sostiene que “no hay delito”, afirmación que se basa en informes periciales, “sí hay incumplimientos administrativos y una irresponsabilidad grave del Cabildo de Tenerife”, que gestionaba la piscifactoría a través del área de Medio Ambiente, departamento que dirige el socialista José Antonio Valbuena.

Tal y como se concluye en el auto, al que ha tenido acceso este medio digital y que firma el juez Sergio Oliva Parrilla, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de La Orotava, queda comprobado que “la Administración insular, bien por omisión o desconocimiento, se despreocupó de la calidad de las aguas que salían de la piscifactoría, algo ya de por sí grave, que se acrecienta cuando se acredita la ausencia de un sistema de depuración que pudiese permitir eliminar los residuos tóxicos que permanecían en sus aguas”.

El mismo documento judicial dice que, “aunque resulta evidente que el agua que salía de la piscifactoría contenía Florfenicol (así se determina en los resultados de los análisis) y que esa agua se mezclaba con otras procedentes del Canal de Aguamansa, y de ahí, pasando por el centro de control del Canal de Aguas de las Cumbres, iba a lo que generalmente se conoce como consumo humano, lo cierto es que los valores que pudiesen determinarse en ese momento (pues solamente contamos con los resultados de las muestras tomadas en la salida de agua de la piscifactoría) estarían por debajo de cualquier consideración que permitiese asumir la tesis de resultar tóxicos para el ser humano”.

El Cabildo de Tenerife ha mostrado este jueves en una nota de prensa “su satisfacción por el archivo de la denuncia interpuesta contra el personal de la Corporación insular por el funcionamiento de la piscifactoría de Aguamansa”. El Cabildo recuerda que, con este auto, dictado tras una importante actividad probatoria, “queda claro que no hubo riesgo para la salud y que el cierre decretado por Salud Pública se produjo por motivos meramente administrativos”.

El Cabildo defiende la actuación del personal, que no incurrió en ningún delito, y recuerda que la Corporación insular realizó estudios que confirmaban que la actividad desarrollada en la piscifactoría de Aguamansa “no puso en riesgo la salud de la población en ningún momento, algo que recoge el auto del Juzgado de Primera Instancia de La Orotava”.

El auto recoge que los trabajadores del Cabildo investigados “no cometieron ninguno de los tres delitos por los que habían sido investigados (delito alimentario, contaminación del agua destinada a consumo humano y maltrato animal), al considerar que no existió riesgo para la salud de los consumidores”.

Además, el auto descarta el delito de maltrato animal porque los trabajadores se vieron obligados a poner fin a la actividad de la piscifactoría tras la orden proveniente del área de Salud Pública.

Cabe recordar que la denuncia se produjo como consecuencia del cese de la actividad decretado por el área de Salud de Tenerife del Gobierno de Canarias el pasado mes de septiembre. A raíz del mismo, el servicio del Seprona de la Guardia Civil decidió denunciar los hechos por si fueran constitutivos de delito, y posteriormente, los grupos políticos del Podemos y Partido Popular (PP) se personaron en la causa. Sobre los motivos del cierre decretado por Salud Pública, hay que señalar que, “en ningún caso, fue por la contaminación del agua de consumo”.

En cuanto al futuro de la piscifactoría, hay que señalar que el Centro Forestal de Aguamansa alberga instalaciones como un vivero, un centro de trabajo y unas oficinas de atención al público y que existe un anteproyecto para reconvertir la zona de la piscifactoría y destinarla a uso didáctico.

El Cabildo está trabajando desde hace meses en las reformas de las instalaciones del centro para replantear su uso y potenciar los usos educativos y recreativos del entorno y adquirir fincas anexas para ampliar este espacio.

Del mismo modo, se solicitará al Ayuntamiento de La Orotava el cambio de uso del suelo, con el fin de adaptarlo a las nuevas infraestructuras.

La comisión plenaria de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife ha acordado tomar en consideración la propuesta del grupo insular de Podemos para reconvertir la piscifactoría que gestionaba esta administración en Aguamansa (La Orotava), que fue cerrada por contaminar y por varias irregularidades en su gestión pública, en un Centro de Interpretación de la Corona Forestal de la isla, y que este se complete en el futuro con otro centro similar en la zona alta del sur de Tenerife.

El consejero y portavoz de la formación morada, Fernando Sabaté, tildó de positivo que hayan coincidido en el tiempo esta moción de Podemos y el anuncio de que el Cabildo ha encargado un estudio para reconvertir la citada piscifactoría y otras instalaciones públicas limítrofes en un gran centro ambiental. “Es un buen punto de partida que tengamos claro que hay que poner fin al ilógico cultivo insular de truchas y que lo ideal es destinar el conjunto de sus equipamientos a ofertar un espacio mucho más operativo y orientado a la divulgación de valores ambientales de la isla”.

Aunque ese centro aún no está definido, destaca que “hace tiempo que existe la necesidad evidente de que el parque natural de la Corona Forestal de Tenerife (que también es Zona de Especial Conservación para las Aves, ZEPA) cuente con al menos un centro de interpretación que haga posible la adecuada difusión de sus valores naturales y culturales, y las instalaciones de Aguamansa tienen una ubicación idónea”.

Lo más importante, como expuso Sabaté en comisión plenaria, es reconocer el extraordinario potencial que tendría la reconversión de la piscifactoría en uno de los principales centros de interpretación de Canarias y, a partir de ahí, identificar a un conjunto de personas expertas capaces de nutrir un amplio conjunto de ideas sobre las que se pueda sustentar el plan director que lo definiría. Cita entre ellas a profesionales de la propia administración ambiental, personal investigador de las universidades canarias y personas maestras de la tierra, así como a colectivos vinculados a la conservación y difusión de los valores naturales y culturales de la isla.

Detalla que este parque es el espacio natural protegido de mayor extensión de Canarias, abarcando desde unos 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.718 metros en el alto de Guajara. Se trata de una zona eminentemente forestal que circunda el conjunto del parque nacional del Teide, abarca parte de 18 de los 31 términos municipales de Tenerife y limita con otros 12 espacios protegidos de la isla.

Ni procesos de depuración de agua ni cualquier tipo de permiso o licencia. La piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, donde se trataba a los peces con antibióticos perjudiciales para la salud humana, vertía sus aguas al canal del Norte de Tenerife sin cumplir las más básicas prevenciones, según ha reafirmado ante el juez el agente del Seprona que levantó el atestado que dio lugar al cierre urgente de esas instalaciones y a la apertura de una causa judicial con el Cabildo de Tenerife como responsable civil subsidiario.

Las diligencias previas abiertas en un juzgado de Instrucción de La Orotava a raíz de una exclusiva de Canarias Ahora, sobre el que ya se conoce como caso Piscifactoría, sigue adelante después de que esta semana haya tenido lugar una sesión con la toma de declaraciones a un testigo, el cabo del Seprona que instruyó el atestado, y a dos nuevos investigados (antes imputados), dos empleados públicos del Cabildo: la funcionaria y auxiliar administrativo Natalia Castillo Labrador y Anastasio (se cita sin sus apellidos), personal laboral y técnico en el organigrama de la mencionada explotación acuícola, de propiedad pública y con responsabilidad política directa del consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena (PSOE).

Esas tres personas declararon el miércoles en sede judicial de La Orotava, donde el cabo del Seprona, según la información recabada por este diario, se ratificó en sus argumentos anteriores (es la segunda vez que se explica ante el juez, el fiscal y los letrados de las partes) y en los desplegados en el atestado que motivó la denuncia judicial, tramitada por esa sección de la Guardia Civil.

Además, volvió a reconocer algunos de los incumplimientos que ya se habían reflejado en el informe interno del funcionario del Cabildo de Tenerife Santiago Mayans (veterinario y jefe de sección) o en el del inspector de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que visitó la explotación y la clausuró de inmediato y de forma urgente.

El cabo de la Guardia Civil reconoció una vez más que en la piscifactoría de Aguamansa no se aplicaba ninguna medida de depuración del agua a pesar de que las truchas habían sido tratadas con antibióticos prohibidos en humanos sin licencia ni permiso.

Respecto a la comercialización del pescado, el mismo cabo del Seprona aseguró que no se cumplía ningún requisito para la venta de las truchas de esa instalación acuícola, que es pública, e incluso se llegó a señalar que, pese a que el inspector de Salud Pública solicitó la clausura inmediata de la instalación, los técnicos del Cabildo debieron gestionar que los peces murieran de otra manera, sin un sacrificio que resultara tan agónico.

Según las testificales de este miércoles, quedó claro que no había un veterinario nombrado en la piscifactoría y que se vendían los pescados sin los requisitos higiénico-sanitarios de cumplimiento para introducirlos en el mercado. Además, se concluyó que las truchas se criaban y engordaban sin control y que también se carecía de licencia para esta actividad.

A todo esto se unió la confirmación de la posible existencia de un delito contra la salud pública por el vertido de las aguas de la piscifactoría (con restos de antibióticos) a un canal que se utiliza como vía de suministro a la población.

En la misma sesión declararon como investigados los empleados públicos ya señalados, que, en el caso de la auxiliar administrativo, solo contestó a las preguntas del juez, manifestando un desconocimiento bastante amplio, según fuentes presenciales, de lo que se va demostrando que ocurría en la piscifactoría del Cabildo de Tenerife.

El segundo de los investigados que declaró ante el juzgado respondió a las cuestiones que le plantearon el juez y el fiscal, y dijo que solo dirigía a las cuadrillas cuando había que limpiar los estanques de la piscifactoría, cada cinco años. También aseguró que sus funciones tenían más que ver con el complejo ambiental de Aguamansa, donde está radicada la instalación acuícola objeto de esta causa judicial.

Este mismo ayudante técnico confirmó que las truchas murieron agonizando y que el sacrificio pudo haberse hecho de otra manera, utilizando otros métodos.

En el caso Piscifactoría hay en la actualidad cinco investigados, que son, junto a los que declararon este miércoles, los funcionarios del Servicio de Gestión Forestal Buenaventura Machado Álvarez (jefe de servicio) y Tomás Reneses de la Fuente (jefe de sección), y el encargado de la citada instalación acuícola en Aguamansa, Víctor Javier Pacheco Hernández, este personal laboral fijo.

El Cabildo de Tenerife aparece en el proceso judicial como responsable civil subsidiario.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, no dejó lugar a la duda sobre lo ocurrido con el caso Piscifactoría en su intervención de este viernes en comisión del Parlamento de Canarias.

En esta sesión, Baltar fue tajante y confirmó que la piscifactoría del Cabildo de Tenerife en La Orotava, en la zona de Aguamansa, se cerró por Salud Pública debido a la contaminación de su agua por el uso de antibióticos para las truchas. Ese mismo recurso hídrico, sin previamente ser tratado, luego se servía a través de la red de abasto, sin control alguno y con destino al consumo humano, tal y como se ha reconocido por varios informes técnicos de funcionarios aún no rebatidos por el Cabildo.

El consejero de Sanidad calificó de “impecable” la actuación del inspector de Salud Pública en la instalación para la cría y el engorde de truchas de la Corporación insular radicada en la zona de Aguamansa, actuación que se produjo tras la primicia desvelada por Canarias Ahora. Este caso se halla en los juzgados, tras la denuncia tramitada por el Seprona.

Baltar también afirmó este viernes que el agua de consumo está “estrictamente controlada” en la isla, aunque incidió en que es “urgente” mejorar su trazabilidad, para lo que, en el caso de Tenerife, ya está trabajando el Consejo Insular de Aguas con la Consejería de Sanidad, informó la agencia Europa Press.

Además, el consejero calificó de “total transparencia” la intervención en este caso de la Dirección General de Salud Pública, que ordenó el cierre de las instalaciones por contaminación y verificó a posteriori que el vertido a los dos canales de agua de abasto ya había finalizado.

Baltar confesó que fue “grave” que murieran unas 12.000 truchas al cortar el flujo de agua debido a la contaminación por el uso de antibióticos, y subrayó que, cuando el inspector de Salud Pública visitó las instalaciones, no había registro sobre los tratamientos que recibían las truchas y los productos que estas tomaban.

Ante las críticas de la oposición representada en esa comisión parlamentaria, Baltar comentó que ni el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ni el del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, le “han dado órdenes” sobre este asunto. Subrayó que la actuación se ha realizado acorde a los criterios de Salud Pública. “Sea de quien sea la instalación, Salud Pública se presenta allí y verifica la denuncia”, dejó claro.

Intervenciones de la oposición

El diputado del Grupo Popular Zacarías Gómez criticó la “impunidad” con que se maneja el Grupo Nacionalista y el propio Gobierno autonómico, y puso como ejemplo de ello el caso Piscifactoría. También hizo lo propio con la suplantación del exalcalde de Firgas en unas oposiciones de la comunidad autónoma.

Gómez lamentó que se ordenara el cierre de las instalaciones porque murieron 12.000 truchas “agonizando”, tras seguir las conclusiones del informe de Salud Pública. Incidió en que los excrementos de las truchas se vertieron al canal de agua tras estas haber sido tratadas con antibióticos en desuso. “Esto es muy grave”, dijo.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), sostuvo que este caso “fue muy grave” y generó “alarma ciudadana”, lo que obligó al cierre de las instalaciones, mientras que Juan Márquez, de Podemos, indicó que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tenía la responsabilidad de “vigilar” este problema “y no lo ha hecho”, aparte de que se vendían truchas afectadas por contaminación y el “agua infectada” se canalizaba para el consumo humano.

Márquez planteó que “aquí hay responsables de la Consejería y del Cabildo”, y resaltó que “no se van a librar del puro que les va a caer aunque hagan presidenta a la Virgen de Candelaria”.

Teresa Cruz, del Grupo Socialista, preguntó si la piscifactoría tenía informe de impacto ambiental sobre la entrada y salida de aguas, sobre qué sistema de protección había para las truchas, cuántas inspecciones se ordenaron y qué controles había sobre plagas y pesticidas, más las fichas diarias sobre los productos químicos utilizados.

José Manuel Pitti, del Grupo Nacionalista, se refirió a que este caso ya está en la órbita judicial, pues se ha llamado a declarar a varios técnicos del Cabildo en un juzgado de La Orotava, y no hay cargos públicos investigados.

Pitti dijo que las acciones de Salud Pública han sido “expeditivas” al ordenar el cierre de las instalaciones, prohibir el uso humano de agua y constatar la eliminación de los vertidos.

Los tres investigados por el caso Piscifactoría, el proceso abierto en un juzgado de instrucción de La Orotava contra tres funcionarios públicos adscritos al área insular de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife tras las irregularidades observadas en la gestión de la explotación de truchas radicada en Aguamansa (actualmente cerrada por orden de la Dirección General de Salud Pública), coincidieron en la mañana de este miércoles en la estrategia desplegada ante el juez y el fiscal. El día anterior fue el turno de los testigos, entre ellos dos funcionarios.

Los tres declarantes recalcaron en esa sesión que el que actuó con negligencia en la piscifactoría pública hoy clausurada en los altos de La Orotava fue, en todo caso, “el Cabildo insular”, propietario de la instalación, pues los técnicos, según ellos mismos plantearon, no tienen nada que ver con lo ocurrido al solo cumplir las órdenes de sus superiores, entre ellos, se entiende, el actual consejero insular de Medio Ambiente en la Corporación tinerfeña, el socialista José Antonio Valbuena.

Las tres personas que este miércoles testificaron ante el juez y el fiscal del caso como investigados, que son los funcionarios del Servicio de Gestión Forestal Buenaventura Machado Álvarez (jefe de servicio) y Tomás Reneses de la Fuente, y el encargado de la citada instalación acuícola en Aguamansa, Víctor Javier Pacheco Hernández, coincidieron en aquellas afirmaciones y, según fuentes presentes en las declaraciones de este miércoles, además sostuvieron que en lo relacionado con la piscifactoría solo se limitaban a hacer su labor como siempre la habían hecho en esa instalación destinada a la cría y el engorde de truchas en cautividad.

Esos fueron los mensajes centrales de las intervenciones de los tres investigados, a los que está por ver si se les atribuye algún delito contra la salud pública o quizá relacionado con la comercialización de truchas sin tener autorización para ello, tal y como informaron fuentes letradas integradas en el proceso judicial.

En las declaraciones de los mencionados funcionarios, salió a relucir una y otra vez que el que actuó con negligencia fue el Cabildo de Tenerife, pues los técnicos no tenían nada que ver con ese asunto y solo cumplieron órdenes de sus superiores. También insistieron en que nadie, sus superiores, los advirtió de nada.

En este caso se han personado como acusación popular los partidos Podemos y el PP en el Cabildo de Tenerife. Esta administración pública aparece en la causa como responsable pública subsidiaria.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de La Orotava ha estimado el recurso del Cabildo de Tenerife sobre el llamado caso piscifactoría y ha dejado sin efecto la citación como investigado de la Corporación insular, tal y como se recoge en un auto emitido por el juez instructor y como ha difundido la agencia Europa Press.

A raíz del cierre de la piscifactoría de Aguamansa, que se produjo tras la información publicada por Tenerife Ahora acerca de cómo se contaminaba un canal de transporte de agua de consumo humano desde ese recinto propiedad del Cabildo, el citado juzgado había citado a declarar en calidad de investigados por un supuesto delito contra la salud pública al Cabildo de Tenerife y a tres técnicos insulares el 29 de noviembre a las 9.30.

Sin embargo, ahora, según una información adelantada por Radio El Día, ese juzgado ha estimado el recurso de reforma interpuesto por los servicios jurídicos del Cabildo contra ese auto judicial y deja sin efecto la atribución de la condición de investigado a la Corporación insular y, como consecuencia, también la citación de esta.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de cinco días a contar desde la notificación del auto.

La Junta General del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), con representación de los ámbitos público y privado y de los colectivos que intervienen en el proceso integral del agua, acordó en su reunión de este jueves, celebrada en instalaciones del Cabildo insular, poner en marcha una serie de medidas para optimizar la calidad del agua de abasto en la isla de Tenerife.

Las actuaciones aprobadas, que son de carácter estructural y administrativo, como se señala en una nota remitida por el mencionado organismo, están motivadas por un informe de Salud Pública, de manera especial el derivado de las irregularidades cometidas en la piscifactoría de Aguamansa por el área de Medio Ambiente del propio Cabildo insular (un caso destapado por Tenerife Ahora), en el que “insta al CIATF a mejorar la información sanitaria de las aguas desde su captación hasta el punto de consumo, ya que el actual Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) solo dispone de información desde el depósito hasta el punto de consumo en Tenerife”. 

Dicho informe de Salud Pública se emitió “a raíz del episodio de contaminación” que dio a conocer el 19 de septiembre el periódico Tenerife Ahora, “con el vertido de aguas residuales de la piscifactoría de Aguamansa (con titularidad del Cabildo) al canal de Aguamansa-Santa Cruz. En dicho análisis, se comunica que, dada la complejidad del sistema de aguas de la isla, ”hay que adoptar medidas para ampliar la información sanitaria de las aguas en todo su recorrido“, desde la captación a la llegada del recurso a los depósitos municipales, algo en la actualidad inexistente en Tenerife.

En relación con estas cuestiones (el caso piscifactoría ya está en los juzgados de La Orotava con tres funcionarios investigados, más el Cabildo), la Junta General del CIATF acordó este jueves desarrollar tres directrices en materia de vigilancia de la calidad de las aguas destinadas al abastecimiento humano: medidas de carácter estructural para mejorar las instalaciones, actuaciones para corregir el flúor en las infraestructuras hidráulicas de la comarca de Acentejo, y acciones de carácter administrativo destinadas a ampliar el seguimiento  de la calidad de las aguas, mediante el registro en el SINAC de las instalaciones del CIATF. También se acordó tomar medidas para integrar de forma paulatina en el SINAC las infraestructuras de captación y transporte de titularidad privada.

En la reunión de la Junta General de este jueves, se adoptó uno de los acuerdos asumidos por la Junta de Gobierno del CIATF celebrada el 26 de octubre pasado: el de presentar en ese foro superior un plan de acción, en coordinación con los ayuntamientos y la autoridad sanitaria, “con el fin de  mejorar la información sanitaria de este complejo sistema hidráulico”.

Tenerife, tal y como informa el CIATF, cuenta con 431 galerías y 168 pozos como sistemas de captación de agua que son gestionadas por comunidades de aguas, dentro de las cuales cada partícipe decide el uso que quiera dar al recurso. Por lo tanto, “resulta de una enorme dificultad realizar una trazabilidad íntegra del agua para el abastecimiento urbano desde la captación, transporte, almacenaje y punto de consumo, tal y como establece la normativa sanitaria”.

El CIATF es un organismo autónomo regulado por la Ley de Aguas de Canarias y representa a todos los colectivos que intervienen en el proceso del agua: la Cámara de Aguas, las asociaciones agrícolas, las empresas de servicios de abastecimiento público, los sindicatos, las amas de casas y los representantes políticos del Cabildo y de los ayuntamientos tinerfeños.

La Junta General del CIATF está integrada por miembros del Cabildo de Tenerife, representantes de los ayuntamientos, consorcios, empresas públicas, la Cámara Insular de Aguas, las comunidades de aguas y otras entidades de aprovechamiento hídrico, así como organizaciones agrarias, empresariales, sindicatos y asociaciones de consumidores.