Los Veintisiete han respaldado este miércoles por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la verja, lo que allana el camino para que esa entrada en vigor pueda producirse el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres.

El aval político de los países de la Unión se ha producido este miércoles en una reunión de embajadores en Bruselas, tal y como ha confirmado en un comunicado el Consejo (gobiernos). Fuentes europeas confirman a Europa Press que ningún país se ha opuesto al acuerdo.

Sin embargo, se trata de un acuerdo de principio que necesita aún de la adopción formal por parte de la misma institución para que se concrete la firma y su aplicación provisional, lo que requiere de más tiempo, al menos dos meses para que se lleven a cabo las revisiones legal y lingüística de los textos del tratado, que deben ser traducidos a todas las lenguas de la UE.

El Acuerdo UE-Reino Unido relativo a Gibraltar completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y Reino Unido establecido por el Tratado de Comercio y Cooperación que normalizó las relaciones entre europeos y británicos tras la consolidación del Brexit y en cuyo ámbito de aplicación, en vigor desde 2021, no está incluido el Peñón.

Nuevo sistema de control de la UE

Según recuerda en un comunicado el Consejo, con este nuevo acuerdo la UE busca eliminar “todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguardan plenamente el espacio Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera”.

Con la señal de este miércoles, los Veintisiete buscan responder a la urgencia de avanzar en la tramitación de un tratado cuyo acuerdo se anunció en diciembre de 2024, pero cuya falta de adopción formal puede complicar la situación en la verja ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de control de la frontera exterior de la UE el próximo 10 de abril, que obligará a un control reforzado en los pasos fronterizos con terceros países.

El Sistema Europeo de Entrada y Salida de la Unión (EES, por sus siglas en inglés) empezó a aplicarse gradualmente en los países de la Unión el pasado otoño, pero su entrada en vigor plena está prevista para dentro de diez días, cuando deberá estar operativo en todas las entradas a la Unión Europea el nuevo registro digital que sustituirá al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen.

Fuentes del Ministerio de Interior consultadas por Europa Press afirman que las instalaciones y equipamiento técnico necesario para el control en el paso de Gibraltar a suelo comunitario están “operativos y disponibles”, aunque no aclaran el calendario de aplicación.

España, en consulta con la Comisión

En todo caso, y al margen de la preparación técnica, lo cierto es que la falta de aplicación del tratado que enmarca la relación de Gibraltar con respecto a la Unión Europea cuando entre en vigor el sistema EES supone, en la práctica, que este territorio siga siendo considerado a efectos de control fronterizo como país tercero y que los viajeros que quisieran cruzar desde o hacia el Peñón desde suelo español debieran someterse al registro en el nuevo sistema europeo.

Para evitar este vacío, el Gobierno ha presentado una propuesta a la Comisión Europea para flexibilizar la aplicación del sistema EES en ese punto, aunque no han trascendido detalles de la misma ni si Bruselas –que rechaza de manera general revisar el calendario para el sistema fronterizo– ve factible la iniciativa española. “La Comisión ha recibido la carta del Gobierno español relativa al Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y el EES y responderá a la misma en su debido tiempo”, se ha limitado a responder un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La mayoría de los países de la UE ya registran “más del 75% de los cruces fronterizos”, pero algunos de ellos siguen experimentando “dificultades técnicas” a pesar de que el calendario fue acordado y validado por los 27, recuerda el portavoz, que añade que la Comisión mantiene “contacto estrecho” con ellos para asegurar que el sistema funciona correctamente.

Quejas desde Algeciras

Ante esta situación, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a criticar que la comarca del Campo de Gibraltar tenga información sobre el tratado y el fin de la verja a través de los medios de comunicación y no por el Gobierno de España, resaltando “las dudas” que se siguen planteando en esta zona de la provincia de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, Landaluce ha lamentado que como uno de los alcaldes de la comarca campogibraltareña, no se le haya informado sobre cuándo y cómo entrará en vigor el sistema de entrada y salida en la frontera, que debería empezar a funcionar provisionalmente el 10 de abril, una fecha que “llegado este mes, parece imposible”.

“Ya se habla de prórroga pero como es habitual nos hemos enterado por un medio de comunicación”, ha advertido el alcalde de Algeciras, quien ha señalado que “cada vez que un colectivo expone sus dudas o sus preocupaciones, el Gobierno nacional emite información o convoca un seminario”.

“Nos merecemos un trato más digno”

En su opinión, esas “no son las formas adecuadas”, teniendo en cuenta que “las semanas van pasando y seguimos teniendo muchas dudas”, unos interrogantes que no sólo se plantean los políticos sino también “colectivos, transportistas, empresas de aduanas o Policía de frontera”, como ha enumerado.

Con respecto al sistema de entradas y salidas, ha pedido que los agentes conozcan los detalles de cómo van a tener que desarrollar su trabajo y en qué condiciones, recordando que “nos dijeron a bombo y platillo que en abril íbamos a ver la caída de esa histórica frontera”, encadenando eso con “la prosperidad compartida”.

“Pues abril ha llegado y ni una cosa ni la otra”, ha lamentado Landaluce, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno de España “no aparece” por la comarca para informar de “los supuestos benéficos de este acuerdo” y que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos merecemos un trato más digno”.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha sostenido este martes que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno a Gibraltar “desprotege” a Andalucía y, especialmente, al Campo de Gibraltar. Más concretamente, y en relación a los rellenos para ganar terreno en el mar, ha vaticinado que estos “tendrán una influencia directa en las playas andaluzas”.

En el marco del desayuno informativo de Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol, Catalina García ha asegurado que el Gobierno andaluz trasladó al Ejecutivo central en varias ocasiones su “preocupación” sobre la “ocupación del terreno” mediante los citados rellenos. “Pensábamos de verdad que el tratado iba a estar muy bien definido” en lo concerniente a la soberanía de las aguas, qué iba y no iba a estar permitido, ha esgrimido la consejera.

Sin embargo, “no se recoge nada” en relación a los intereses de España y Andalucía en esta materia mientras que lo que recoge de Gibraltar está “todo muy bien tasado, muy clarito y muy bien explicado”. “Tendremos un problema” con un tratado que, en palabras de Catalina García, “desprotege” a la comunidad andaluza y con el que “el Gobierno ha negociado un poco con los intereses de Andalucía”, entendiendo la consejera que esta actitud ha sido “desleal”.

Tan sólo unas horas antes, la consejera había expresado su preocupación acerca de que el acuerdo sobre Gibraltar que está llamado a regir la relación del Peñón con la Unión Europea (UE) tras el Brexit ha dejado “de lado” y al “libre albedrío” de lo que quiera la colonia británica el asunto de los “rellenos”, que tiene “un impacto importantísimo” para Andalucía, porque “va a ir modificando las mareas que llegan a la costa”, además de que “modifica la flora y fauna del océano”.

En esa línea, la consejera ha asegurado que lleva “meses”, incluso “más de un año”, enviando “misivas al Ministerio y al ministro de Exteriores”, José Manuel Albares, “plasmando la preocupación por escrito de que no hay un control, de que Gibraltar, en la parte medioambiental, en esos rellenos, no está cumpliendo con la normativa a nivel internacional”.

Catalina García subraya que a la Junta le preocupa “mucho” la calidad de lo que allí se está haciendo, “la afectación medioambiental, que nadie está midiendo”, y advertía de que es una cuestión en la que la administración autonómica andaluza no puede intervenir, sino que es “una competencia totalmente del Ministerio”.

El mantra que ha rodeado la negociación sobre el Tratado de Gibraltar, desde 2020, ha sido el de la creación de un área de prosperidad compartida, entre los territorios todavía divididos por una Verja, levantada hace un siglo por Gran Bretaña y que desaparecerá si el contenido del acuerdo es finalmente ratificado por la Eurocámara, por el Parlamento de Gibraltar y por el de Reino Unido. Sin embargo, lo que hoy se comparte en el conjunto del área, entre el Peñón y la comarca circunvecina, es la incertidumbre sobre la puesta en práctica de los acuerdos, a partir de su previsible entrada en vigor, de manera provisional, el próximo 10 de abril, ya que presumiblemente habrá tiempo para sustanciarlo completamente antes de esa fecha.

A los empresarios de Gibraltar les preocupan las nuevas tasas impositivas equivalentes al IVA del 17 por ciento, el mínimo de la Unión, que rige en Luxemburgo y el régimen de importaciones de productos británicos que puede restarle competitividad al comercio y a la hostelería local. A los trabajadores transfronterizos, que la igualdad de derechos con los gibraltareños y británicos no acabe con los contratos a cero horas que rigen todavía en el Peñón y que vienen siendo denunciados por la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASTEG).

A los gibraltareños, les inquieta la seguridad ciudadana y ya reclaman cámaras de vigilancia para evitar un hipotético incremento de la delincuencia. Y a los ecologistas, que el Tratado no deje suficientemente clara la protección de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, área protegida por la legislación europea, incluida en la Red Natura 2000, ante las maniobras de bunkering –suministro de combustible de barco a barco, en alta mar—o los rellenos sobre la superficie marina. Al menos, el Tratado deja claro que Gibraltar se sumará a la tasa del mercado de emisiones de Carbono, con el horizonte puesto en el año 2030, lo que aminorará la competencia desleal respecto al puerto de Algeciras.

“Traición”

El contencioso de soberanía sigue quedando fuera de la melé, pero la prensa y la ultraderecha británica de Reform UK ya hablan de “traición” del Gobierno laborista de Keir Starmer, aunque el grueso de la negociación corrió a cargo de varios gobiernos conservadores, antes de su caída. En España, desde el Partido Popular, también se ha reprochado que nuestro país no haya sacado más ventaja para recuperar parte del istmo que se anexionó Gran Bretaña para levantar el aeropuerto, que ahora gestionará una joint venture europea y gibraltareña, con los controles Schengen ejercidos por la Unión Europea –esto es, España--, pero con un filtro local que seguirá correspondiendo a las autoridades gibraltareñas y británicas. 

Juan Franco, alcalde de La Línea, sigue exigiendo un trato singular para su localidad, habida cuenta del impacto que tendrá el volumen de tráfico que supondría una Verja de puertas abiertas. El previsible incremento en el precio de la vivienda es otro de los motivos de preocupación en la localidad vecina a la Roca, así como la supervivencia económica de la ciudad. Sin embargo, de momento, el Ayuntamiento ha optado por el pragmatismo y ha cedido 1.800 metros cuadrados de terreno al Estado sobre los que se edificará un viario que conectará la aduana española con el aeropuerto de Gibraltar, para la futura gestión de la zona aeroportuaria de la Roca.

El alcalde Franco valorado esta iniciativa como “muy importante” en lo que representa la reordenación de este entorno, “además de consolidar la zona y dar viabilidad a proyectos en los que desde el equipo de gobierno viene trabajando desde hace tiempo, como el Centro Tecnológico en terrenos del recinto ferial”. Dicho esto, a caballo entre los acuerdos internacionales y las necesidades localistas, se ha apresurado a aclarar que el real donde se asienta actualmente la Velada y fiestas no sufrirá por todo ello merma alguna, como los agoreros vaticinaban.

A nivel de infraestructuras, el alcalde entiende que es muy positivo poder contar con dicha infraestructura, ya que el uso conjunto del aeropuerto supondrá beneficios para el municipio linense.

“Texto complejo”

Nada más conocerse oficialmente el contenido jurídico del Tratado, el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, el sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix, a la sazón presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara baja, ha valorado el texto definitivo del acuerdo sobre la relación futura con Gibraltar tras el Brexit, calificándolo como un hito diplomático que transformará la realidad socioeconómica de la comarca.

“Estamos ante un texto complejo en el que la diplomacia ha trabajado durante años, siempre bajo la tutela del comisario Maros Sefcovic y con el impulso decidido del presidente Pedro Sánchez”, ha asegurado el dirigente socialista, volviendo a entonar el mismo mantra, el de que este acuerdo es la respuesta a la apuesta por una “zona de prosperidad compartida” que beneficiará a más de 300.000 campogibraltareños y vecinos de la provincia de Cádiz.

El líder de los socialistas gaditanos ha subrayado la “transparencia y participación” que ha guiado todo el proceso, resaltando que el ministro Albares ha mantenido un contacto fluido y permanente con los ocho alcaldes de la comarca, la Junta de Andalucía, la Diputación y los agentes económicos y sociales. “Frente a quienes buscaban la opacidad, este Gobierno ha traído a la comarca al ministro en múltiples ocasiones y ha comparecido tanto en el Pleno como en la comisión de Exteriores para dar cuenta de cada paso”, ha defendido el también presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.

“Después de todo el ruido”

En el plano político, Ruiz Boix ha lanzado un mensaje directo a la oposición: “¿Qué van a hacer ahora el PP y sus socios de ultraderecha? Después de todo el ruido que han armado en torno a unas negociaciones tan vitales, el resultado es un texto que mejora la vida de la gente”. El secretario general ha exigido al Partido Popular que abandone su estrategia de confrontación en Europa y que sus representantes en la Eurocámara respalden un acuerdo que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía a ambos lados de la frontera.

Desde las filas conservadoras, no se tienen las mismas sensaciones. El alcalde de Algeciras y senador por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, que fue presidente de la comisión de Exteriores del Senado hasta que se dio de baja del partido tras una denuncia por abusos que ha quedado archivada, sigue presidiendo la Corporación algecireña y mantiene un escaño, como “no adscrito”. Desde esa responsabilidad, ha vuelto a lamentar que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos tengamos que seguir enterando del contenido del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, con cuentagotas y a través de terceros, mientras que los legítimos representantes de los campogibraltareños carecemos de cualquier tipo de información al respecto”, volvió a protestar poco antes de que se conociera el contenido del Tratado.

“Es absolutamente inconcebible que a menos de 24 horas de que la Comisión Europea dé a conocer el contenido íntegro, los alcaldes de la comarca, aún no hayamos recibido ninguna información oficial por parte del Gobierno de España, sabiendo que lo que está en juego es el presente y el futuro de 300.000 campogibraltareños. Hemos solicitado numerosas reuniones con el Ministerio de Exteriores y con el resto que se está encargando de los detalles del acuerdo, y ni siquiera hemos recibido respuesta, ni nuestro Parlamento va a poder debatir el texto, con lo cual nos vamos a ver inmersos en un proceso en el que todo nos va a venir impuesto y sin consultar”, aseguró este miércoles.

Frente a la labor de transparencia y pedagogía que ha venido llevando a efecto el Gobierno gibraltareño durante las últimas semanas, a través de un sinfín de reuniones sectoriales, Landaluce recalca que “desde que comenzó este largo proceso, que se ha ido demorando una vez tras otra, siempre se han registrado más sombras que luces en lo que a facilitar información sobre el acuerdo se refiere, y ahora, que estamos en la recta final, se mantiene la misma tesitura. Lo lógico es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España hubiese convocado a los representantes de los ciudadanos del Campo de Gibraltar para informarles, entre otras cuestiones, de la tan deseada zona de prosperidad compartida, y de la que poco o nada se está hablando por el momento. Perdimos muchas oportunidades tras el Brexit y la postura de fortaleza española se convirtió en entreguismo y debilidad por intereses del PSOE”.

“Convidado de piedra”

“Ojalá nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que el Campo de Gibraltar va a ser poco menos que el convidado de piedra en este acuerdo, en el que todo parece indicar que en la colonia británica seguirán untando la tostada por los dos lados cuando a este lado de la frontera necesitamos que unos cuantos no se sigan aprovechando de las bondades de una comarca que requiere de una atención especial tanto por parte del Gobierno español como desde la Unión Europea. La vecindad es buena, pero no la ocupación. El buenismo se está demostrando que es perjudicial para nuestra comarca, para nuestra región y para el conjunto de España”.

Manuel Triano, secretario comarcal de CCOO y miembro del Grupo Transfronterizo, que reúne a sindicalistas y empresarios de ambos lados de la Verja, considera necesario que el Gobierno español adopte “medidas que permitan a personas trabajadoras y empresas afrontar la puesta en marcha del tratado sobre Gibraltar, sin contratiempos y con pleno conocimiento de la nueva realidad y de laa oportunidades que pueda representar”..

“Supone un cambio de suma envergadura para la realidad socio-económica del Campo de Gibraltar y consideramos que el Gobierno de España debe poner en marcha los mecanismos de acompañamiento necesarios para que la sociedad campogibraltareña transite sin mayores contratiempos a la nueva realidad”, sostiene Triano.

Para este sindicato, si bien los agentes económicos y sociales han podido tener varios encuentros con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, “son muchas las incógnitas que persisten respeto al contenido del texto acordado; sobre sus repercusiones en los derechos e intereses de las personas trabajadoras afectadas y sobre los sectores económicos que han venido teniendo relaciones comerciales con Gibraltar”.

En este sentido, desde CCOO consideran que las notas técnicas que ha venido emitiendo el gobierno de la Roca han sido el único foco de información que han tenido en los últimos tiempos, hecho este que, a su criterio, han contrastado con el silencio de las autoridades españolas.

“Todo parece indicar que el periodo de implementación el tratado va a ser muy breve y esto se une la complejidad de los cambios que van a operar, siendo por ello que nuestro sindicato considera imprescindible la puesta en marcha por el Gobierno de España de un dispositivo de asesoramiento y tutela durante el proceso de implementación del Tratado”, ha añadido Triano que, no obstante, ha saludado la bondad del Tratado, sobre todo, si se tiene en cuenta que de fracasar este proceso, un Brexit duro en la Verja sería catastrófico para la economía de la zona y especialmente para los trabajadores.

Carta abierta

En una carta abierta al Ministro Principal, Fabian Picardo, y a la Ministra de Negocios, Gemma Arias-Vásquez, los representantes empresariales del Peñón --entre quienes figuran su histórica Cámara y su Federación de Pequeñas Empresas—han reafirmado su firme apoyo al Tratado y su clara preferencia por un resultado negociado para el Brexit local. En ese contexto, las empresas firmantes del escrito celebran la certeza que ofrece el Tratado «tras una década de incertidumbre respecto a la futura relación de Gibraltar con Europa».

Sin embargo, la carta advierte que el margen de tiempo es reducido y corto el periodo de transición de tres meses, fijado de antemano. Al mismo tiempo, entienden que «la confirmación tardía de la fecha de implementación han incrementado significativamente los riesgos que enfrentan las empresas, especialmente en los sectores minorista, mayorista, logístico, de servicios y de mercancías». Entre los aspectos que más les preocupa, figura el hecho de que «las empresas se enfrentan a un aumento inmediato del arancel de importación debido al impuesto de transacción, que sube al 15% desde tipos anteriores tan bajos como el 0%, junto con impuestos especiales más altos».

Todo ello provocará, a su juicio, interrupciones en la cadena de suministro, existencias invendibles, presión de flujo de caja y pérdidas en contratos existentes. La comunidad empresarial también expresó su creciente frustración por la falta de una guía detallada para saber a lo que van a enfrentarse, a partir de ahora, en el día a día.

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, en una reunión telemática con el comité constitucional de la Cámara de los Lores relativo a los territorios de Ultramar de Estados Unidos, puso en valor que el secreto del éxito del Tratado estribó en que no constituyó “una imposición para nosotros de ninguna manera”, sino que las autoridades gibraltareñas tuvieron un papel protagonista en todo el proceso: “Creo que el factor clave para tener éxito en las negociaciones con la Unión Europea ha sido que estas negociaciones se han llevado a cabo para Gibraltar por Gibraltar, junto y mano a mano con las sucesivas administraciones del Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido”, aseveró Picardo.

Aunque deja claro que la cuestión de la soberanía no forma parte del Tratado, el rotativo británico “The Telegraph” ha calificado el mismo como una “traición” del Gobierno laborista de Keir Starmer, al entregar el control de los accesos al Peñón a la Unión Europea.

A renglón seguido, Suella Braverman, parlamentaria del partido ultraderechista británico Reform UK, insistió, como ya hiciera con el compromiso adquirido en junio respecto a este acuerdo, que se trata de “otra traición total de este vergonzoso gobierno”, en referencia a los laboristas del Reino Unido.

“Equivocada”

“Decía entonces, como lo digo ahora –le replicó Picardo--, que estás tan equivocada ahora como lo estabas en junio. El acuerdo que hemos alcanzado con la UE fue negociado por el Gobierno de Gibraltar junto con los ministros conservadores y laboristas del Reino Unido. Es un acuerdo excelente para los gibraltareños de todas las nacionalidades. Agradezco especialmente a James Cleverly y a Wendy Morton su apoyo durante este período, ya que Wendy visitó Gibraltar para una sesión informativa a principios de esta semana. Informé a la líder conservadora, Kemi Badenoch, durante mi última visita a Londres y espero contar con el apoyo de todos los partidos para este excelente acuerdo, que nos ayuda a evitar los numerosos y graves obstáculos que el Brexit creó para Gibraltar”.

Cabe recordar que cuando David Cameron convocó el referéndum sobre el Brexit, el 93 por ciento de los gibraltareños votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Ahora, saben que si el Tratado se ratifica, seguirán siendo orgullosamente británicos, pero un poco más europeos.

Nadie daba un euro ni una libra porque el Tratado sobre Gibraltar, entre la Unión Europea y Gran Bretaña, fuera a salir de la incubadora, después de cinco años de negociaciones: las del Tratado de Utrecht de 1713, que sigue siendo vigente en cuanto al contencioso de soberanía sobre el Peñón se refieren, duraron poco más de un año.

No obstante, ahí está: a punto de la fumata blanca. La Comisión Europea –así lo ha anunciado el ministro español José Manuel Albares—va a publicar en su web esta semana el prolijo contenido del acuerdo, con todos sus perejiles jurídicos de por medio: 250 páginas, con adendas y notas a pie de páginas incluidas que, a excepción de los muy cafeteros, habrá que esperar a que hagan la película de la realidad para comprender su alcance.

Aunque las líneas rojas de las banderas respectivas se encuentren protegidas, a los gritos tradicionales de “Gibraltar, español” o “More british than british”, habrá que sumarle ahora el de “Gibraltar, europeo”. Cuando Gran Bretaña se dio el piro de la Unión, las islas iniciaron un movimiento tan tectónico como político que les alejó del continente, al que sigue anclada la Roca.

A Fabián Picardo sólo le ha faltado reunirse con los monos para explicar qué es lo que está en juego, algo que no ha hecho ni el ejecutivo de Keir Starmer ni el de Pedro Sánchez, que han ido dando titulares genéricos pero sin poner los papeles sobre la mesa, como les exigen sus respectivas oposiciones políticas

A los únicos españoles que parece preocuparles Gibraltar son a los campogibraltareños, al cuerpo diplomático y a los requetés de Vox: ¿qué harán ahora que han deportado del partido de Abascal a Ortega Smith, como si fuera un inmigrante ilegal, con el pedrusco que este último mangó en una de sus épicas incursiones en el Peñón y que conservan todavía en su sede madrileña? Lo mismo le obligan a contratar un camión de mudanzas y llevárselo a algunos de sus solares en Asturias, patria chica de don Pelayo.

La tierra, para quien la trabaja. Y Gibraltar, también. Así debieran ser las cosas, aunque ya nada es lo que fue cuando Groenlandia puede terminar siendo de Arkansas. Gibraltar, transfronterizo: más de 15.000 criaturas que se ganan la vida allí y para las que el simple hecho de acudir a sus trabajos constituiría un infierno, de blindarse un Brexit duro en la Verja, que ahora podrá, simplemente, desaparecer. Gibraltar, gibraltareño: realmente, ¿estamos dispuestos a echar a cosquis del Peñón a sus 30.000 habitantes, con tal de quedarnos con la breve geografía de sus antepasados, porque nuestros antepasados estuvieron antes?

El Gobierno gibraltareño ha sido mucho más transparente que el español o el británico a la hora de dar a conocer el contenido del Tratado. A Fabián Picardo sólo le ha faltado reunirse con los monos para explicar qué es lo que está en juego, algo que no ha hecho ni el ejecutivo de Keir Starmer ni el de Pedro Sánchez, que han ido dando titulares genéricos pero sin poner los papeles sobre la mesa, como les exigen sus respectivas oposiciones políticas. A pesar de ese ejercicio de luz y taquígrafos que se ha llevado a efecto durante las últimas semanas en el Peñón, la incertidumbre sigue acongojando a un sector de la sociedad civil gibraltareña, principalmente, el del comercio o el de la hostelería, a los que no les salen las cuentas. Sólo que sería mucho peor la factura de una Verja convertida en un nuevo muro de Berlín.

Las ratios de paro, el caso singular de La Línea, la economía sumergida, el déficit de comunicaciones terrestres y, en especial, ferroviarias, la pérdida de pujanza del puerto de Algeciras respecto a Tanger-Med pero también respecto a Valencia, el lastre del narcotráfico en una de sus encrucijadas históricas, son algunos de los principales aspectos que sería necesario descolonizar de inmediato

Tampoco será la panacea para el Campo de Gibraltar. Sin embargo, más allá del Tratado, a esa comarca olvidada durante centurias y colonizada por la desidia española, lo que le haría falta es que nuestros Gobiernos pensaran más en ella que en el Peñón: las ratios de paro, el caso singular de La Línea, la economía sumergida, el déficit de comunicaciones terrestres y, en especial, ferroviarias, la pérdida de pujanza del puerto de Algeciras respecto a Tanger-Med pero también respecto a Valencia, el lastre del narcotráfico en una de sus encrucijadas históricas, son algunos de los principales aspectos que sería necesario descolonizar de inmediato.

Eso sí, lo que sigue no va a gustar probablemente a nadie: el Tratado a ratificar ahora por los parlamentos de Gibraltar, del Reino Unido y del Europeo, es la maniobra más inteligente que ha podido afrontar la diplomacia española para que el Peñón no siga varado en el mismo sitio durante otros tres siglos. Desde 1969, en lugar de seducir a los gibraltareños enviándoles flores, les hemos tirado macetas a la cabeza. Ahora, hemos decidido contratar a Interflora. Y aunque la bandera británica siga ondeando en la Focona, hay una bandera invisible, la de la convivencia, que empezará a cobijarnos. No será un camino de rosas, probablemente, como también pecan de optimismo quienes hablan de un área de prosperidad compartida. Pero, al menos, los pobladores de ese territorio se habrán librado de algunas espinas y de la última frontera física del continente europeo. Todo un ejercicio patriótico para todas las partes, creemos los vendepatrias. Que nadie tema: de momento, todo seguirá igual aunque todo sea distinto. Eso sí, la historia es larga y la vida es corta.

Cuando se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, siguen saliendo a la luz episodios desconocidos o poco divulgados de la posguerra y la dictadura. El cineasta José Luis Tirado (Sevilla, 1954) ha querido aportar su parte con el documental La muralla de los prisioneros, que se estrenará hoy, 27 de noviembre, en los cines Odeón Bahía Plaza de la localidad de campogibraltareña de Los Barrios. En esta cinta se narra cómo el régimen franquista empleó a 30.000 jóvenes prisioneros republicanos para construir lo que dio en llamarse la Muralla del Estrecho.

“Aunque la historia está muy localizada, este documental no tiene un planteamiento localista”, asevera el director. “Algo así puede surgir en cualquier lugar, pero al mismo tiempo es importante que revierta en el territorio, porque los habitantes de ese lugar son los depositarios de la memoria. Es importante que los vecinos sepan y cuenten a los que llegan como fueron las cosas. Ahora hay sectores que plantean que el franquismo no fue tan malo. Por eso lo primero que ataca el documental es la estrategia de la reacción, que empieza por descontextualizar”.

Contextualicemos, pues: fue con el final de la Guerra Civil cuando el bando sublevado, en el marco de la alianza con Hitler y Mussolini suscrita durante la II Guerra Mundial, trazó el Plan de Fortificación de la Frontera Sur con la idea de atacar la base británica de Gibraltar y controlar el tráfico marítimo. Un proyecto cuyos frutos forman todavía hoy parte del paisaje de la comarca: cientos de construcciones militares como búnkeres, nidos de ametralladoras, baterías artilleras, así como pistas militares, garitas, cuarteles y letreros de ‘zona militar’ permanecen incluso en zonas turísticas, siendo consideradas por muchos vestigios de la Guerra Civil española.

“Nada más lejos de la realidad”, apunta Tirado, “principalmente porque en esta parte del territorio español no hubo guerra. El golpe de estado de julio de 1936 triunfó inmediatamente, y lo que le siguió fue una práctica de represión y terror, no hubo enfrentamiento entre dos ejércitos. Y en segundo lugar, porque estas construcciones comienzan a realizarse desde 1939”. Algo ya sabido por los historiadores, entre los que sobresale la labor de José Manuel Algarbani, cuyas aportaciones han sido fundamentales para el documental junto a los testimonios de vecinos y supervivientes de aquellos Batallones Disciplinarios de Trabajadores, a los que se suma abundante material gráfico inédito.

Construir lo destruido

Siguiendo el relato de Tirado, tras la Guerra Civil el régimen de Franco establece diversas modalidades de represión, entre ellas los trabajos forzados en lo que se denominaría la ‘redención de penas por el trabajo’. “Durante el avance de las tropas golpistas era práctica reglamentada el exterminio total del enemigo (entendiendo por tal a todo aquel que no simpatice con el llamado Alzamiento), no dejarlos en la retaguardia, para no tener que alimentar y cargar con bolsas de prisioneros, a los que dedicar soldados de vigilancia, etc. Pero esta práctica de exterminio pronto llamó la atención de los corresponsales extranjeros destinados a cubrir las noticias de la guerra, con el consiguiente escándalo internacional, que mermaría simpatías hacia los sublevados. Y, sobre todo, por el pensamiento ‘pragmático’ de destacados religiosos de la orden de los jesuitas – Fernando Huidobro y José Agustín Pérez del Pulgar-, que más o menos vinieron a plantearle al Estado Mayor franquista la siguiente cuestión: si los matamos a todos, ¿qué mano de obra tendremos para construir lo que estamos destruyendo?”

En el caso concreto del entorno del Estrecho de Gibraltar, “la construcción de estas obras no obedece a un plan de obras civiles, sino a un Plan de Fortificación militar. El control sobre el Peñón y el Estrecho permitiría a Franco negociar con Hitler y Mussolini el reparto de las colonias del norte de África y reclamar para sí las colonias francesas de Argelia, Túnez y Marruecos”, agrega el director. “Otra singularidad de este fenómeno represivo es que el Campo de Gibraltar fue el lugar de mayor concentración de prisioneros de toda la España de posguerra; en un corto período de tiempo, desde 1939 a 1944, fueron usados 30.000 prisioneros, aproximadamente, como mano de obra esclava”.

Ni reconocimiento, ni reparación

Lo llamativo es que de aquellos 30.000 jóvenes enviados al Campo de Gibraltar y encuadrados en los Batallones Disciplinarios de Trabajadores, tanto los que murieron a causa del esfuerzo, el hambre, las enfermedades y el trato de los mandos militares (los historiadores llevan contabilizados solo en esta zona unos 600), como los que sobrevivieron, ninguno ha recibido un reconocimiento ni reparación por parte de los diferentes gobiernos tras la llamada transición democrática. “Este documental pretende ser un paso más para ese reconocimiento, junto a la labor de los historiadores”, subraya el director. “Sería necesario, además de la intención que hay de llevar este trabajo a los centros de enseñanza, informar del significado de estas construcciones mediante señalización adecuada al pie de cada una de ellas”.

Convencido de que en cada localidad española sigue habiendo historias soterradas como esta, rastros de represión y abuso que salen a la luz “con solo rascar un poquito”, José Luis Tirado considera que estos hechos se presentan a prueba de bulos y manipulaciones. “La Ley de Amnistía sirvió para que se autoamnistiaran los verdugos del régimen, y la transición también contribuyó a la amnesia. Pero hay también un movimiento memoralista muy potente que no lo va a permitir. Estoy convencido de que va a seguir adelante la verdad. Los hechos son verídicos y contra ellos los bulos no tienen nada que hacer”.

En pleno Armagedón del PSOE o del Gobierno, o de ambos a la vez, no ha merecido suficiente atención uno de sus grandes logros, el acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea sobre Gibraltar. Tan largo como el parto de los montes, sin duda, pero suficientemente equilibrado, a la vista de sus derrotistas, como para que despierte dudas e incluso ira en la derecha extrema y la extrema derecha del Reino Unido y de España, a partes igual y por el mismo motivo: la soberanía, un extremo que sabiamente no figuraba de entrada en las negociaciones, porque no habrían llevado a parte alguna. Esto es, ni Downing Street habría aceptado cruzar esas líneas rojas ni la Moncloa habría delegado en Bruselas tamaña reivindicación histórica.

Se trataba –y se trata, a falta de que quede redactado en otoño el Tratado definitivo, con todos sus perejiles--, de un armisticio a favor de las personas, las que transitan a diario por la Verja que está ahora llamada a desaparecer. Las que curran, las que compran a uno o a otro lado, las que se enamoran, las que saben qué son los meblis, las que llaman patrás, desayunan churros y meriendan capotí. Claro que dirán los cuñados de turno que también les servirán a los yanitos muy ricos para desplazarse a su casa de Sotogrande: a estos, les da igual que haya colas en la Focona, porque en la Marina les aguarda un yate cojonudo para pasar el weekend con sus españolísimos compañeros de paddle o de polo.

Los patriotas y muy patriotas británicos hubieran querido que ningún policía español pusiera sus botas en el puerto o en el aeropuerto del Peñón, aunque sólo sea, como está llamado a ser, para supervisar desde la Unión Europea lo que sus colegas calpenses inspeccionarán a la luz de Schengen; al igual que agentes ingleses y franceses conviven, por semejante motivo, en la estación londinense de St. Pancras, para aliviar la burocracia del Eurotunel. Como la policía marroquí que sella los pasaportes en mitad del Estrecho para ahorrarnos a todas las nacionalidades que lo cruzan un par de horas de muermo a nuestra llegada a Tánger.

Y los españoles y muy españoles ambicionan que en el pack de este acuerdo fieramente humano se hubiera incluido, al menos, la reivindicación del istmo que la Pérfida Albión nos fue mangando de extranjis, incluso en época del glorioso Caudillo –de hecho, el aeropuerto civil fue inaugurado en 1949, aunque el militar ya tuviera más trienios--. Sólo que no se trata de un acuerdo político sino comercial, porque también incumbe a las mercancías, a la nivelación fiscal, al IVA y a otras importantes zarandajas económicas. No es como el Acuerdo de Bruselas de 1984, ni como el del aeropuerto de 1988, que dejaron de cumplirse porque eran tan políticos que a los políticos dejó de interesarles. Es más un arreglo de andar por casa, un alivio de luto del Brexit, una oportunidad para que Micaela pueda besar a Tom sin tener que superar dos horas de filtros, una ocasión para que el próximo 16 de junio de 2026, los frikis de James Joyce podamos celebrar el Bloomsday entre Gibraltar y La Línea, como manda el “Ulises”.

Todo ello no impedirá que el partido de Santiago Abascal siga sumergiéndose en aguas de la Bahía de Algeciras o de Gibraltar, según la toponimia respectiva, para trincar pelotes de cemento y colocarlos en la sede madrileña de Vox. Ni al Reform UK de Nigel Farage, para pregonar que Keir Starmer es un vendepatrias

La oposición a los laboristas británicos y a los progresistas españoles hubiera querido participar en las conversaciones que llevan hasta este consenso. ¿Desde cuándo las oposiciones respectivas han participado en negociar los Tratados internacionales, máxime cuando éste incumbe a la Unión Europea, en su conjunto, y no estrictamente a España? ¿Discutió el Parlamento español la salida de Gran Bretaña del bloque comunitario?

Todo ello no impedirá que el partido de Santiago Abascal siga sumergiéndose en aguas de la Bahía de Algeciras o de Gibraltar, según la toponimia respectiva, para trincar pelotes de cemento y colocarlos en la sede madrileña de Vox. Ni al Reform UK de Nigel Farage, para pregonar que Keir Starmer es un vendepatrias. Ni a los tories para dudar de su contenido, a pesar de que fueron ellos quienes llevaron el peso de las discusiones con el bloque comunitario, durante su largo mandato gubernamental. Ni a los de Núñez Feijoo, o sea quien sea quien lidere el PP, para poner chinchetas en las ruedas de la Eurocámara, a pesar de que este proceso se inició cuando Alfonso Dastis, en la época del recordado Mariano Rajoy, ocupaba la cartera española de Exteriores.

En cualquier caso y ante la duda, cabría mejor recurrir a los clásicos. Como dijo Miguel de Cervantes, en “El juez de los divorcios”: Entre casados de honor/ cuando hay pleito descubierto,/ más vale el peor concierto/ que no el divorcio mejor.“. O William Shakespeare: ”Procurando lo mejor estropeamos a menudo lo que está bien“.

“Alegría, sí, pero a medias. Lo que conocemos hasta ahora son declaraciones de prensa, que nos parecen positivas, pero quedan muchos flecos en el aire”. Con esa sensación agridulce se expresa el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco (del partido localista La Línea 100x100), y transmite así el ambiente que se vive en las calles de la Roca y en las de su propio municipio –el más próximo a la colonia británica–, en las que se respira alegría y alivio, pero también cautela. Y es que se está a la espera de conocer la letra pequeña del acuerdo, pendiente de los detalles jurídicos que armarán al tratado que sigue al mismo.

Es previsible que estos detalles se conozcan en la reunión a la que han sido citados en el Ministerio de Asuntos Exteriores (el próximo viernes a las 13 horas) los alcaldes del Campo de Gibraltar y el Grupo Transfronterizo sobre Gibraltar. Ahí se desgranará el contenido del acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea, que fija la relación entre el Peñón y el bloque comunitario.

El alcalde linense, por ahora y a falta de más datos, se muestra optimista, pero también preocupado: “Hay optimismo porque el acuerdo garantiza el libre tránsito, que era el minimun minimorum de lo que se esperaba, pero al menos ya sabemos que los trabajadores van a seguir trabajando en el Peñón, que era algo que nos preocupaba mucho, que el público va a poder seguir viniendo a hacer compras o a echar el día y que los gibraltareños van a poder salir sin trabas”.

Sin embargo, también hay una cara B, como el impacto que tendrá un tránsito mucho más denso a través de una ciudad que, como La Línea, tampoco tiene grandes arterias para evitar colapsos: “O, por ejemplo –añade Franco–, ¿qué va a pasar con la vivienda? Puede producirse una avalancha de compradores gibraltareños con mucho más poder adquisitivo que dispare los precios del suelo y que mi gente no tenga donde vivir. Esto tendremos que resolverlo”.

Contentos, pero con incertidumbres

El gibraltareño Darren Cerisola es el presidente del Grupo Transfronterizo, que reúne a empresarios y a sindicatos de ambos lados de la Verja, ahora llamada a desaparecer: “En principio, estamos contentos, ya tenemos algo, ¿tú sabes? Llevamos mucho tiempo esperando que se firme el acuerdo y nos da alegría que se haya logrado. Seguimos positivos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer para unir más al Campo de Gibraltar y Gibraltar. Hay que seguir trabajando por esa prosperidad, por esa relación”.

“Todavía tenemos que mirar los detalles, pero es mejor que haya acuerdo a que no lo haya”, sentencia Cerisola, que ocupa la presidencia de turno del Grupo Transfronterizo. Para él, esa experiencia desprende “muy buen ambiente, una dinámica excelente, mucho compañerismo”. “Para mí ha sido un orgullo coger la presidencia en un momento tan importante”.

Aunque conoce el contenido del acuerdo firmado a grandes rasgos, Cerisola entiende que hay que esperar cómo se resuelven algunas de las grandes incertidumbres que estaban encima de la mesa: “La gente está preocupada porque no sabe el contenido exacto”, confirma.

Y si en La Línea existe preocupación por el incremento exponencial de tráfico automovilístico que puede suponer la desaparición de la Verja, en Gibraltar se palpa cierta inquietud en materia de seguridad. “Así es”, señala Cerisola, consciente de que muchos de sus paisanos temen que la relativa burbuja gibraltareña pueda romperse con una frontera sin controles.

El futuro de dos comunidades

“Habrá que ser pedagógicos –asegura Manolo Triano, secretario comarcal de CCOO y miembro también del Grupo Transfronterizo–. Ese es el papel que ahora nos toca jugar y estamos dispuestos a asumirlo”. Cuando escuchó la noticia, este algecireño se emocionó: “Le puse la cara de un amigo, que está ahora contentísimo y que siempre me preguntaba si habría o no acuerdo, porque se jugaba su vida diaria, en caso de que se hubiera impuesto un Brexit duro en la frontera”, afirma Triano.

“Con toda la cautela del mundo, dado que no conocemos el texto, entendemos que puede ser un día histórico, por muy gastada que esté esa palabra. Este acuerdo puede marcar el futuro de las dos comunidades, para profundizar en la economía, en las relaciones sociales y culturales. Aquí, los gobiernos cumplen con su obligación, que no es otra que hacer felices a los pueblos a los que gobiernan, como son en este caso el pueblo de Gibraltar y el del Campo de Gibraltar”.

El jueves de la pasada semana, Cerisola y Triano, junto con otros miembros del Grupo Transfronterizo, se embarcaban en un vuelo a Londres para mantener una entrevista con Stephen Doughty, secretario de Estado británico para la Unión Europea. “Él nos dijo que se trata de un acuerdo muy delicado y técnicamente muy complicado, que no tiene precedentes en el acervo comunitario. En palabras mías, que no se ha visto hasta ahora cómo un país se va de un territorio común y, luego, una parte de ese país quiere entrar en una parte de los acuerdos que tiene el territorio del que se ha ido. La verdad es que, dicho así, suena como un trabalenguas”.

“A Doughty le dijimos que si el acuerdo era equilibrado, las organizaciones sindicales y empresariales que estamos en el grupo nos íbamos a comprometer a hacer un trabajo de pedagogía en la sociedad. Se firme lo que se firme, habrá gente que acusen de traidores a todos los firmantes, a Picardo, a Lammy o a Albares. Y nosotros vamos a defender el acuerdo si el acuerdo es racional y beneficioso para todos”.

El respeto de los derechos

En la sede de la Asociación Socio Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg), la noticia del acuerdo se recibió casi con algarabía: “Aquí hay bastante alegría, aunque todavía no sabemos los detalles por boca del ministro nuestro. Pero sentimos enorme satisfacción porque el resultado, a pesar de lo difícil que era la situación, ha sido positivo y han llegado a un acuerdo respetando los temas de soberanía”, asegura Juan José Uceda, uno de sus portavoces.

“La espera ya era tan larga, que incluso pensábamos que esto no se iba a arreglar nunca. Esto va a significar algo importantísimo –entiende Uceda–, para que se respeten los derechos de los transfronterizos y de los trabajadores españoles y comunitarios en Gibraltar. Nos da la seguridad para que a partir de ahora todos esos problemas que se iban a resolver con los acuerdos, se resuelvan. Estoy hablando, por ejemplo, de la equiparación en tema de pensiones, derechos sociales, el tema fiscal, con la doble imposición de un lado y otro”.

“Esperamos”, prosigue, “que estos sean los principales puntos para los que se busque solución más allá de la frontera. Aunque está claro que la frontera siempre ha sido el mayor incordio. A la Verja siempre se la ha venido utilizando para temas soberanistas y los trabajadores hemos sido los perjudicados. Que haya una frontera libre, que se pueda circular sin tantos problemas de tantos años, es la gran noticia que esperábamos los trabajadores en el Peñón. Pero esperemos que se resuelvan también esos otros flecos pendientes”.

Fumata blanca. Cinco años y medio después del agónico acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE, España y ese país han pactado el nuevo estatus para Gibraltar, que se ha resistido más de lo inicialmente previsto. En líneas generales, lo que supone la nueva relación es que desaparecerán “la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar”, según la declaración conjunta, que se ha hecho pública tras una reunión en Bruselas en la que han participado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el comisario de Seguridad Económica, Maros Sefcovic; el secretario de Exteriores británico, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

Adiós a la verja. Es una de las consecuencias más visuales de ese nuevo acuerdo, que ahora tendrá que adoptar forma jurídica antes de que la UE y Reino Unido lo ratifiquen. Se suprimirá el control en el paso fronterizo entre Gibraltar y La Línea “para los muchos miles de personas que lo cruzan diariamente en ambas direcciones”. “Desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental”, ha celebrado Albares, que comparecerá en el Congreso para explicar los detalles del acuerdo y ya ha contactado con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Uno de los asuntos más controvertidos durante la negociación ha sido el control fronterizo en el aeropuerto de Gibraltar, ya que Reino Unido no quería ceder ese control a las autoridades españolas. Finalmente habrá “controles fronterizos duales” tanto en el aeropuerto como en el puerto en las que cooperarán las fuerzas de la UE y las británicas.

“Por parte de la Unión Europea, España realizará los controles Schengen completos. Por parte del Reino Unido, los controles gibraltareños completos seguirán llevándose a cabo como hasta ahora. También han acordado disposiciones sobre visados y permisos y una estrecha cooperación entre las autoridades policiales y judiciales”, agrega el comunicado.

El acuerdo también afecta a las mercancías, a las que también se eliminarán los controles. La preocupación de España era que esa libre circulación pasara factura en la zona del Campo de Gibraltar, pero el acuerdo incluye nuevas normas de imposición indirecta para la colonia británica para productos como el tabaco, evitando así el contrabando.

“Gibraltar estará conectado con el espacio Schengen, ejerciendo España el control de entradas y salidas. La libre circulación de mercancías queda también asegurada, evitando distorsiones, dado que habrá un proceso de convergencia fiscal que garantice una competencia justa para todos en la zona. El aeropuerto beneficiará a toda la comarca, posibilitando vuelos comerciales tanto británicos como españoles y europeos”, ha dicho en declaraciones a los periodistas Albares, que ha asegurado que el acuerdo supone un nuevo capítulo en las relaciones con Reino Unido.

“Nadie sale dañado”

“Al quedar Gibraltar conectada con la Unión Aduanera, el funcionamiento implica que haya una convergencia fiscal de Gibraltar con el resto de la Unión Aduanera. Hay un sistema para que eso se produzca, se busca que haya una competencia justa para todos. Estoy seguro de que esa zona de prosperidad compartida va a ser una realidad y nadie va a ser dañado por este acuerdo”, ha dicho Albares.

“Otros aspectos importantes del futuro Acuerdo UE-Reino Unido incluyen compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, medio ambiente, comercio y desarrollo sostenible, lucha contra el blanqueo de capitales y transporte – incluyendo el aeropuerto; los derechos de los trabajadores transfronterizos y la coordinación en materia de seguridad social”, agrega el texto. “También se incluirá una cooperación específica en materia de medio ambiente. También se ha acordado la creación de un mecanismo financiero adecuado para promover la cohesión y apoyar la formación y el empleo en la región”, puntualiza.

Hace 14 meses en una reunión en Bruselas, las dos partes y la Comisión Europea acordaron “las líneas principales” de esa nueva relación de la colonia británica, cuya soberanía reclama España desde 1713, con el conjunto de la Unión Europea. Era el único fleco que quedaban pendiente tras la salida de Reino Unido y el mes pasado se produjo una intensificación de las negociaciones como parte del “reseteo” de las relaciones con la UE que ha iniciado el laborista Keir Starmer.

Ese “impulso” lo ha reconocido el comisario, que ha asegurado que el “objetivo principal” de la negociación ha sido “garantizar la prosperidad de la región a largo plazo, en particular mediante la eliminación de todas las barreras físicas, controles y comprobaciones sobre las personas y los bienes que cruzan entre España y Gibraltar a la vez que se preserva la integridad del espacio Schengen, el mercado único y la unión aduanera”. “Este acuerdo beneficia a todos y aportará seguridad jurídica y confianza a los ciudadanos y empresas de la región, ya que unas cincuenta mil personas cruzan diariamente entre Gibraltar y España”, ha rematado.

“Sobre la base de los avances significativos alcanzados en las anteriores reuniones políticas en 2024 y del intenso trabajo realizado por los equipos negociadores desde entonces para resolver las cuestiones pendientes, las negociaciones de hoy han dado lugar a un acuerdo político definitivo sobre los aspectos fundamentales del futuro Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar. El futuro Acuerdo salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción”, señala la declaración.

En esa parte es en la que pone el énfasis el Gobierno británico. “Un acuerdo que protege la soberanía británica, apoya la economía de Gibraltar y permite a las empresas volver a planificar a largo plazo”, afirma Lammy en un comunicado.

El acuerdo para el nuevo estatus de Gibraltar se ha resistido. Las partes pretendían llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas del pasado año y que el capítulo del Brexit se cerrara íntegro con el anterior equipo para pasar página. Sin embargo, la distancia aún les separaba y España, que tuvo que hacer concesiones en el pasado, veía en esta ocasión la oportunidad para obtener ventajas. Con la llegada de Starmer a Downing Street, las conversaciones se agilizaron tras sonados fracasos y hoy todas las partes hablan de un “acuerdo histórico” que aún tiene que plasmarse en un texto jurídico para su ratificación.

Desde las once de la noche de este jueves hasta las 11.30 de la mañana del viernes, la Verja de Gibraltar se vio convertida en una encerrona para quienes quisieron cruzarla, primero desde el lado español y, en segundo lugar, desde el gibraltareño que, a partir de las 7.00 de la mañana, decidió aplicar en reciprocidad el control de pasaportes, uno por uno, lo que afectó a miles de trabajadores transfronterizos que pretendían incorporarse a sus empleos en el Peñón. 

Algunos de estos últimos tuvieron que volver a casa para recoger dicho documento porque habitualmente cruzan con su carnet de identidad. Otros protagonizaron una sentada de protesta. A las once y media de la mañana del viernes empezó a restablecerse la calma en los accesos fronterizos entre Gibraltar y La Línea tras una larga noche de colas recíprocas. 

Ante esta situación, ante la larga crisis local y ante el estancamiento de las conversaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña para facilitar un Tratado que impida un Brexit duro en la zona fronteriza, Juan Franco, alcalde de La Línea, anunció la convocatoria, para el próximo 25 de octubre, de una marcha por la ciudad, como un grito desesperado: “Nos estamos jugando nuestro futuro”.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha incidido en que el problema que padece La Línea es único y no ocurre en ningún otro punto de Europa “y llevamos ocho años reclamando en el desierto”. Ha recordado que por su parte ha propuesto soluciones factibles, que tienen cabida en el marco constitucional “y la respuesta que hemos recibido ha sido la callada”.

Todo ello, después de una semana en la que José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, ha celebrado reuniones con los alcaldes del Campo de Gibraltar, con la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, empresarios, sindicatos, asociaciones de trabajadores, Grupo Transfronterizo, ecologistas, Federación Antidroga. El ministro, desde luego, no ha logrado despejar la gran incertidumbre que rodea a las negociaciones que se llevan a cabo, en su última fase, desde hace tres años y que se encuentran pendientes tan sólo de quien debe realizar el control Schengen en el puerto y en el aeropuerto de la Roca.

Bloqueo de ida y vuelta

Los primeros afectados por el gran atasco de las últimas horas fueron los gibraltareños. Inopinadamente, agentes españoles en la frontera, al parecer por orden directa de un inspector de La Línea, empezaron a requerir los pasaportes de Gibraltar para sellarlos, uno por uno, e incluso a los portadores de tarjetas rojas, que hasta la fecha venían pasando sin necesidad de cumplir dicho trámite, legal pero soslayado desde el periodo de transición pre-Brexit que rige desde enero de 2021. 

A las 7.00 de la mañana, las autoridades gibraltareñas decidieron actuar en reciprocidad, provocando nuevas colas en los accesos al Peñón desde La Línea: en este caso, fueron los trabajadores transfronterizos a quienes la Guardia de Fronteras y Costas dejó de aceptar los documentos de identidad y exigió también pasaportes.

En este caso, los retrasos llegaron a alcanzar periodos de hasta una hora, lo que provocó también desajustes en los turnos laborales de la Roca. En gran medida, Gibraltar se daba así un tiro en el pie, porque dicha medida afectó a los negocios y a las empresas locales que cuentan con empleados que residen en el lado español de la Verja.

“Gibraltar ha vuelto a demostrar, una vez más, que cuando lo desee, puede provocar importantes molestias y perjuicios a nuestros trabajadores transfronterizos, pero estos daños también afectan a los gibraltareños, sus negocios y empresas”, ha protestado José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, senador del PP y presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta. Landaluce ha remarcado que “el gobierno de Gibraltar también ha querido enviar una alerta mostrando que está en una posición de fuerza en las negociaciones que se mantienen con España. La mejor manera de que no puedan tener rehenes ni cautivos a nuestros trabajadores transfronterizos es crear empleo y riqueza en el Campo de Gibraltar para no tener que cruzar la verja e ir a ganarse el sustento”.

La posición gibraltareña distaba mucho de ese análisis: “Si se suprimen los beneficios que actualmente se conceden a los gibraltareños, el Gobierno de Gibraltar responderá inmediatamente con reciprocidad y sé que todos los trabajadores españoles y todos los visitantes entenderán que tenemos que actuar sobre esta base de reciprocidad. Es lo último que queremos hacer y, como socialista, me deprime enormemente que, como de costumbre, se utilice la política para perjudicar los intereses de los trabajadores y no para ayudarles”, aseguró Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar que se vio respaldado en esta ocasión por el líder de la oposición, Keith Azopardi, de Gibraltar Social Democrats.

También desde el ámbito sindical se ha dado la voz de alarma: “Resulta absolutamente inaceptable que se use el paso fronterizo con fines políticos, y que se haga conculcando los derechos de libra tránsito de las personas trabajadoras; siendo por ello que desde CCOO hacemos un llamamiento a dejar la frontera al margen de las disputas”, afirma Manuel Triano, secretario comarcal de dicho sindicato.

11 horas de espera

La situación creada durante 11 horas en la Verja ha sido la gota que ha colmado el vaso de Juan Franco, alcalde de la ciudad española más próxima a la frontera, al frente de un partido localista, “La Línea 100x100”, que mantiene pactos con el PP y con la Mancomunidad, tanto en la Diputación de Cádiz como en la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.

Sin embargo, el alcalde responsabiliza de la falta de soluciones a la situación local tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central, que prometieron una millonaria serie de medidas para paliar los efectos del Brexit en esta comarca castigada por el paro y por la economía sumergida: “¿Volvemos a hablar de narcotráfico? ¿Volvemos a hablar de que se da el caldo de cultivo ideal para que estas mafias proliferen? Porque tenemos un volumen de población importante que no ve como alternativa factible incorporarse al mercado laboral porque tenemos un paro del 30% y encuentran una vía de escape en esas mafias organizadas”, lamentaba Franco, quien cree que la situación de este viernes puede ser el anticipo de un futuro apocalíptico si el Tratado con Gibraltar no llega a buen puerto y no se pone en marcha un plan B.

Gibraltar lleva años preparando una serie de alternativas para el caso en que se produzca finalmente un Brexit no negociado en la Verja: “Lo de hoy debe servir como punto de inflexión para ver lo que puede ocurrir, porque no hay plan B. Es una muestra del escenario casi apocalíptico que podemos tener si no hay acuerdo”, ha alertado Franco.

Sin embargo, también se infiere una ruptura en el frente común del Campo de Gibraltar frente a esta situación: “El discurso se está diluyendo porque, por desgracia, me obligan a ir a reuniones con el resto de alcaldes de la comarca con los que no compartimos nada. Los problemas que se dan en Tesorillo, en Jimena, en Castellar, en Algeciras, en Tarifa, en Los Barrios y en San Roque son otros. Cuando había una huelga en Acerinox, nosotros apoyamos al alcalde de Los Barrios, pero el que tenía que tener liderazgo era él, por más de que yo tenga aquí a 300 familias viviendo de la fábrica”, ha subrayado Franco.

El regidor linense recuerda que “cuando hay un problema en el puerto de Algeciras, el que tiene que tomar liderazgo es el alcalde de Algeciras. Y aquí hay un montón de familias que trabajan en la estiba, en servicios operativos y demás en el puerto. Pero lo que no podemos hacer es que, ahora, se esté intentando reconducir interesadamente, por distintas administraciones del mismo color político, el problema del Brexit a lo que es el problema del puerto de Algeciras”. 

Al menos, hoy también se ha producido una buena noticia: la Comisión Europea retrasa la entrada en servicio del control biométrico en las fronteras Schengen, previsto inicialmente para el 10 de noviembre pero que se aplaza sin fecha definida. Sin Tratado, las colas de las últimas horas se convertirían en una simple broma para lo que aguardaría a partir de entonces.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado nuevamente la presión a Reino Unido y ha pedido que “diga sí” al acuerdo sobre Gibraltar puesto sobre la mesa por España y la Comisión Europea, advirtiendo de que de no hacerlo antes del 10 de noviembre entrarán en vigor los nuevos controles en la Verja.

“Llevamos muchos años negociando el acuerdo, ya es hora de que Reino Unido diga que sí a un acuerdo que es equilibrado y generoso y que hemos puesto sobre la mesa hace mucho tiempo”, ha sostenido tras reunirse con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y los alcaldes del Campo de Gibraltar.

Albares ha recordado que a partir del 10 de noviembre entrará en vigor el nuevo sistema de control del espacio Schengen que, a menos de que haya un acuerdo para entonces, y ha incidido en que afectará principalmente a los gibraltareños que crucen la Verja. En este sentido, ha subrayado que la propuesta planteada prevé la “inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen y libertad de circulación para personas y mercancías. ”Es Reino Unido quien tiene que decidir si prefiere eso o que a partir del 10 de noviembre haya esos controles“, ha prevenido.

Así las cosas, ha reiterado que “España tiene la mejor disposición, y así se lo he trasladado a los alcaldes y a la Junta de Andalucía, para alcanzar ese acuerdo global, equilibrado, pragmático que hemos planteado desde hace tiempo”. En caso contrario, el 10 de noviembre está previsto que entre en vigor el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés).

Controles no vinculados al acuerdo

El jefe de la diplomacia ha querido dejar claro que esto es algo que “no tiene nada que ver con el acuerdo de Gibraltar”, ni impuesto por España, sino que es un nuevo sistema para todo el espacio Schengen y que por tanto se va a aplicar en todas las fronteras de acceso al mismo.

Albares ha confiado en que se pueda cerrar el acuerdo en el mes que queda –los equipos negociadores están en contacto constante, ha indicado– pero si esto no ocurre “en adelante habrá unas máquinas en las que habrá que situar el pasaporte para los residentes en Gibraltar cuando quieran acceder al espacio Schengen y eso lo podrán hacer durante periodos de 90 días dentro de cada 180 días”.

En este sentido, ha subrayado que la propuesta planteada a Londres prevé la “inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen” para facilitar la libertad de circulación. “Es Reino Unido quien tiene que decidir si prefiere eso o que a partir del 10 de noviembre haya esos controles”, ha prevenido.

El ministro de Exteriores no ha querido entrar a comentar las recientes declaraciones del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, quien ha dicho que “la pelota está en el tejado” de España porque Londres ha planteado “una oferta justa y equilibrada”.

Todo lo flexibles que se puede

Así, tras recordar que Bruselas y Madrid ya pusieron su propia propuesta sobre la mesa, ha asegurado que “hemos sido tan flexibles como hemos podido”. “No vemos sinceramente ningún obstáculo real que impida firmar ese acuerdo entre nosotros”, ha remachado. Al hilo, ha reiterado que “España tiene la mejor disposición”, como así se lo ha trasladado a los alcaldes y a la Junta de Andalucía, “para alcanzar ese acuerdo global, equilibrado, pragmático que hemos planteado desde hace tiempo”.

Un acuerdo, ha abundado, “que se construye sobre cuestiones concretas como son la libertad de circulación de personas y de mercancías, la eliminación física de la Verja, el uso del aeropuerto y sin renunciar a nuestras posiciones sobre la soberanía”.

En otro orden de cosas, ha resaltado que la de este miércoles ha sido la sexta reunión con las autoridades del Campo de Gibraltar “en un espíritu de lealtad institucional por parte del Gobierno de España, hacia la Junta de Andalucía” y también hacia los alcaldes a quienes, ha añadido, ha solicitado “lealtad institucional para conseguir ese acuerdo de beneficio de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar”.

Andalucía pide tener un plan B

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha expresado este miércoles su deseo de que los gobiernos de España y del Reino Unido alcancen un acuerdo que sea “sensato” y en el que los habitantes de la colonia británica “no vuelvan a salir privilegiados y ganadores en detrimento” de los vecinos de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que ha estado presente en la reunión con el ministro de Exteriores, ha exigido al Gobierno de España el diseño de un “plan B” con medidas específicas que “refuercen la posición económica y social del Campo de Gibraltar” por si al final no se alcanza un acuerdo. “No se puede dejar tirado a los campogibraltareños si no hay acuerdo”, ha señalado.

Por lo que respecta a los alcaldes, el de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha señalado que para alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar hacen falta “decisiones que en este caso pasan por la valentía”. Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha puesto sobre la mesa que las empresas de la zona están “angustiadas” y el regidor de La Línea de la Concepción, Juan Franco (la Línea 100x100), ha advertido de los efectos de los controles biométricos a partir del día 10 de noviembre.

Y a todo esto, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha subrayado este miércoles ante la Cámara de los Comunes que las islas Malvinas “son británicas” y que la soberanía de Gibraltar “no es negociable”, después de que el debate sobre ambos territorios haya resurgido al albor del reciente acuerdo para ceder a Mauricio el control del archipiélago de Chagos.

La reunión de alto nivel en Bruselas para intentar cerrar el pacto que regule la futura relación de Gibraltar con la UE tras la salida de Reino Unido ha concluido sin acuerdo, según han anunciado en un comunicado conjunto la Comisión Europea, España, Reino Unido y Gibraltar.

“Las conversaciones mantenidas hoy han sido constructivas y productivas, resultando en avances adicionales sobre asuntos complejos de la negociación, en particular en las cuestiones relativas a personas y bienes”, han explicado.

La capital comunitaria ha acogido el tercer encuentro en este formato entre el vicepresidente del Ejecutivo comunitario encargado de la relación con Reino Unido, Maros Sefcovic, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su nuevo homólogo británico, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

El encuentro, el primero con el nuevo Gobierno laborista británico elegido el pasado 4 de julio, ha permitido reafirmar “el compromiso compartido para alcanzar un Acuerdo UE-Reino Unido que traiga confianza, seguridad jurídica y estabilidad a la población de toda la región, salvaguardando las posiciones jurídicas de cada una de las partes”.

Así las cosas, como ocurrió con las anteriores citas en abril y mayo pasado, las partes “han acordado permanecer en constante contacto y que los equipos trabajen estrecha e intensamente en las cuestiones pendientes” con vistas a la consecución el acuerdo.

La reunión ha empezado puntual a las 10:30 horas con Sefcovic como jefe negociador de la Unión Europea, acompañado por Albares en la mesa a cuatro, y Lammy como negociador británico, acompañado a su vez por Picardo. Antes, Sefcovic y el ministro español mantuvieron una reunión bilateral de una hora aproximadamente para coodinar “una sola voz”, del mismo modo que Lammy y Picardo se han reunido en la Embajada británica en Bruselas.

El encuentro ha concluido en torno a las 14:00 horas tras un almuerzo que ha puesto punto final a la mañana de conversaciones y que, según han explicado fuentes diplomáticas a Europa Press, ha contado con recesos para que la delegación europea y la delegación británica examinasen por separado los asuntos tratados en el formato a cuatro.

“Reino Unido se ha comprometido a celebrar un Tratado que asegure el futuro económico de Gibraltar y la región y proteja la soberanía”, ha dicho el jefe de la diplomacia británica en un breve mensaje difundido en redes sociales. Lammy, que no ha hecho declaraciones a la prensa durante su visita a Bruselas, ha descrito como “constructivas” las conversaciones con los europeos para avanzar hacia un acuerdo.

El ministro Albares, por su parte, ha defendido que la cita ha permitido “avances en aspectos fundamentales” como la libertad de movimiento de personas y bienes, si bien ha concedido que queda “trabajo técnico” que cumplir sobre aspectos “muy prácticos” y ha evitado dar detalles sobre los escollos que siguen impidiendo el acuerdo.

“Hemos quedado en seguir trabajando y redoblar la intensidad en las próximas semanas para poder ya de una vez por todas concluir lo antes posible este acuerdo”, ha continuado el ministro español.

Albares ha insistido en que la posición del Gobierno en la negociación está siendo “totalmente constructiva” en aras de un acuerdo que sea “bueno” tanto para el Peñón como para los andaluces del Campo de Gibraltar, pero que al mismo tiempo garantice los controles dentro del espacio Schengen y que se garantizan la libertad de movimiento y se protege la Unión Aduanera.

En todo caso, el jefe de la diplomacia española se ha escudado en que “nada está acordado hasta que todo está acordado” para no exponer públicamente los detalles de la negociación y para poder explicar “de primera mano” los avances a los alcaldes del Campo de Gibraltar y a la Junta de Andalucía.

La negociación en curso tiene como base en el llamado Acuerdo de Nochevieja, cerrado por España y Reino Unido el 31 de diciembre de 2020, y que prevé, entre otras cosas, la supresión de la Verja y la entrada de facto del Peñón en el espacio Schengen. Para ello, los controles fronterizos deben trasladarse al puerto y el aeropuerto y ante la negativa de Gibraltar de una presencial policial española se contempla que sea la Agencia de Fronteras Europea (Frontex) quien los realice durante un periodo inicial.

Los distintos impuestos que se aplican a un lado y otro de la Verja, y que hacen de Gibraltar una suerte de paraíso fiscal, también han sido uno de los principales puntos de fricción, al igual que el uso del aeropuerto y la base militar.

Así las cosas, al cambio de Gobierno en Reino Unido, que ha provocado un parón a nivel político en la negociación, también se había sumado el cambio que pudiera producirse en Bruselas con la nueva Comisión de Ursula Von der Leyen, que debería echar a andar el próximo noviembre. Sin embargo, Sefcovic, que es quien ha estado negociando en nombre de los Veintisiete, seguirá ocupándose de las relaciones con Reino Unido a petición de Von der Leyen.

No obstante, sí que imprime una mayor premura para la consecución del acuerdo la entrada en vigor el próximo 10 de noviembre del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés).

El Gobierno gibraltareño ya advirtió el pasado mes de julio a sus ciudadanos de esta contingencia, en virtud de la cual se restablecerán los controles en la Verja, siendo obligatorio el escaneo del pasaporte y facilitar los datos biométricos antes de cruzar, si bien una vez en este sistema ya no será necesario repetir este proceso.

Globos y vestimentas de color blanco y rojo, discursos épicos, rock and roll y bailables, trombones machacando “Paths of glory”, lores y comunes, castillos hinchables y fuegos artificiales. Cada 10 de septiembre, Gibraltar conmemora su National Day, apenas veinticuatro horas antes de que Catalunya celebre su Diada. A ambos enclaves, más allá del calendario, les une la Guerra de Sucesión española: aquel disparate que duró diez años y que sólo sirvió, rio de sangre typical spanish mediante, para instaurar en nuestro país la dinastía de los Borbones, ahí lo dejo.

A cambio, bye bye Gibraltar, bye bye Menorca. La contienda empezó con la toma de la Roca en lugar de Barcelona, en 1704, y con la toma de Barcelona en 1704, dejando al Peñón en prenda, apenas un año antes, en un caserón de Utrecht que ya no existe. Los catalanes, ya lo subrayó Joan Manuel Serrat, hicieron de la derrota un día de fiesta nacional. Los gibraltareños, en cambio, consideran que fue una victoria, salvo los tataranietos de aquellos que tuvieron que exiliarse a la Cisjornadia de San Roque, Los Barrios y Algeciras, siglo y medio antes de que naciera La Línea de la Concepción.

Si se mira la historia desde el burladero, no les falta razón a los yanitos para el festejo: es el único territorio de la península ibérica que, a pesar de constituir también una fortaleza militar británica o quizá por ello, no ha conocido una guerra civil en los tres últimos siglos. Claro que la población que este martes reivindicará su legado no tenía entonces carta de naturaleza, aunque fueron llegando de a poquito, aunque algunos se quedaran pescando allí, reinase quien reinase, como los vecinos de La Caleta, a la que los topógrafos de Su Graciosa Majestad llamaron Catalan Bay, porque quizá fueran catalanes o porque confundieran su barretina con la de los genoveses que ya se dejaban caer por el lugar.

Lo que más une a los gibraltareños de hoy con los habitantes de este lado de la Verja es su condición de mixtos lobos: en su caso, andaluces y malteses, ingleses, escoceses e incluso irlandeses, judíos de retorno a ese cachito de Sefarad, hindúes nómadas, moriscos de última generación. El patriotismo españolísimo se burla de ellos porque dicen ser británicos, con ese viejo acento de Paco Gandía que algunos de ellos gastan. Olvidan los reidores que la Commonwealth no se parece en nada a las cumbres iberoamericanas y que Carlos III de Inglaterra sigue siendo el rey de Canadá, por poner un ejemplo. Los yanis –como ellos mismos se autodenominan-- son oficialmente británicos, lo que no quiere decir que se tengan por ingleses, aunque lean a Gabriel García Márquez en el idioma de Shakespeare, quizá porque, entre otras torpezas, al heroico García Margallo no se le ocurrió otra cosa que cerrar el Instituto Cervantes del Peñón, bajo la extraña estrategia de impedir que hablen un buen español aquellos a los que quiere convertir de grado o por fuerza en españoles.

Lo que más une a los gibraltareños de hoy con los habitantes de este lado de la Verja es su condición de mixtos lobos: en su caso, andaluces y malteses, ingleses, escoceses e incluso irlandeses, judíos de retorno a ese cachito de Sefarad, hindúes nómadas, moriscos de última generación

Más allá de los acuerdos que terminan en desacuerdos y de los tratados que no logran consensuar los buenos tratos, Gibraltar celebra este día el referéndum de 1967 que les permitió contar con Constitución propia, aunque la doctrina española siga considerando que se trató de una Carta otorgada. Lo cierto es que mientras el régimen de Francisco Franco intentó cerrar filas por la retrocesión de la soberanía española desde su recién estrenado pupitre en la ONU, el Foreign Office y la Asociación para el Avance de los Derechos Civiles que liderase sir Joshua Hassan replicaron con un argumento al que no estaba acostumbrado el franquismo: la utilización de una poderosa arma secreta a la que aún hoy llamamos urnas. Así que, en vez de seducirles para que se sintieran atraídos por las chimeneas que Cepsa se vio obligada a levantar sobre las ruinas de la ciudad romana de Carteia, decidiera cerrarles la frontera a cal y canto. Las familias separadas por la Verja de la vergüenza se desgañitaron desde 1969 de una cancela a otra preguntando cómo había ido la comunión de los niños o si se habían enterado que el primo Peter estuvo en el último concierto de los Beatles.

La frontera se reabrió a efectos peatonales en 1982 y a todos los efectos tres años más tarde. A punto de cumplirse cuarenta años de esa última efeméride, la vida cotidiana, aparentemente, ha ganado el pulso a las pomporrutas imperiales: los linenses cruzan a currar en lo que pueden, huyendo del patriotísimo paro local, y los de allí inundan las ventas más recónditas, se dejan caer por las ferias y sus matrículas –GBZ-- recorren el mapa íbero. Ellos lo mismo rinden homenaje a Isabel II de Inglaterra que a Camarón de la Isla, les gusta la zarzuela y recuerdan que Paco de Lucía actuó una vez en la Cueva y José Carreras, en el estadio, aunque no les pareció demasiado bien que Albert Hammond se dejara caer por las mañanas madrileñas del Price o que Melon Diesel decidiera cantar en español. La familia linense del diseñador John Galliano, caído en desgracia, todavía recuerda lo bien que bailaba bulerías cuando era chico. Eso sí, se pirran por una banda militar desfilando con sus entorchados por la calle Real, con el mismo ardor guerrero que la Legión Española por las calles de Algeciras.

Sus vecinos campogibraltareños les observan con una cierta cautela. Siempre les tuvieron como los parientes ricachones que nos miran por encima del hombro. El histórico sindicalista Pepe Netto recordaba como en el antiguo astillero de la posguerra mundial había tres tipos de servicios higiénicos distintos: para british –de porcelana y con jabón--, para locals –sólo de porcelana-- y para aliens –una triste letrina para currantes españoles--. Claro que olvidan que fueron los sindicalistas de allí, los mismos que le echaron un fuerte pulso a Londres para lograr la paridad de salarios en tiempos difíciles, los que acabaron con aquella discriminación a base de destrozar a martillazos los lavabos de los metropolitanos. Ahora, las diferencias sociales se han atenuado entre uno y otro paradero, salvo por el pequeño detalle que en el Peñón no existe el desempleo.

Los ministros de España y del Reino Unido llevan tres años negociando qué Brexit habrá en la Verja y el optimismo y el pesimismo montan en la misma montaña rusa de la incertidumbre

Que los gibraltareños –eso dicen mis paisanos de la comarca circunvecina-- quieren la tostada untada con mantequilla por las dos caras. ¿Y quién no? ¿Quién no querría, si estuviera a su alcance, aprovechar lo mejor de ambos mundos, donde el sol es mediterráneo y la moneda la libra, como rezaba un añejo eslogan turístico. Mejor haríamos en preguntarnos cuando la administración y los lobbies asfixian al puerto de Algeciras a favor de los levantinos, por qué esas 30.000 almas no quieren ser españolas como preconizaron los controvertidos gritos de celebración de la Eurocopa. Que no les falte de nada, ordenan desde Londres: las primeras vacunas contra el Covid de la Península ibérica se inyectaron allí y las trajeron aviones de la RAF.

¿Una cueva de piratas, como se les caracteriza? Por allí no suele pasar mucha droga aunque hace treinta años los capos gallegos buscaran en el Peñón o en Portugal los motores fuera borda que les negaba la legislación española. Hay blanqueo, claro, casi tanto como a este lado del contencioso o en nuestra querida Andorra, pero llevan años intentando alicatar sus leyes para que haya menos o lo parezca.

Gran Bretaña les deportó durante la II Guerra Mundial, pero les amparó el resto del tiempo. Quizá porque, a pesar de las apariencias, no siempre fueron sumisos ante las directrices de Londres: la última vez que Gibraltar se rebeló fue cuando, después de reunirse en las Azores para destrozar Irak, Tony Blair y José María Aznar jugaron la baza de la cosoberanía y les salió rana. Los gibraltareños sacaron a la calle las urnas de su propio procés y el primer ministro tuvo que recular. De ahí que, ahora, cuando han vuelto los laboristas a Downing Street, se tienten más la ropa que los tories para no dejar a sus súbditos a los pies de cualquier Tratado.

Los ministros de España y del Reino Unido se reunirán dentro de unos días para hablar de la agenda hispano-británica. También, quizá, del Peñón, del litigio por las aguas jurisdiccionales, del acuerdo bilateral de Defensa que es una larga asignatura pendiente y tal vez de los borrachos que hacen puenting o que siguen constituyendo el grueso del turismo hispano. Llevan tres años negociando qué Brexit habrá en la Verja y el optimismo y el pesimismo montan en la misma montaña rusa de la incertidumbre. Hay mucho en juego: los transfronterizos, la cacareada área de prosperidad compartida, el dumping fiscal, las fronteras Schengen, pero también el día a día de esa gente a la que queremos convencer que a España le importa más allá del territorio; difícilmente imagino al Príncipe de Asturias bombardeando a los monos de Upper Rock para conquistar la Roca por la vía de los fracasados asedios del siglo XVIII.

Si el Brexit duro se instala en la Verja a partir de noviembre o cuando toque, lo sufrirán los mismos de siempre, la puta clase obrera, la maltratada clase media. Los ricos seguirán compartiendo la soberanía de Sotogrande, porque amarrarán sus veleros allí o en el East Side de Gibraltar, una fortísima inversión turística sobre rellenos marinos que perderá sentido si la cosa se pone brava. Si eso pasa, quizá la bandera albirroja cruce el Estrecho para buscar trabajadores precarios en Marruecos, para evitar los retrasos que los españoles sufrirán en la frontera. Pero los patrioteros del uno y del otro confín seguirán entonando su himno favorito: el clinc-clinc del dinero, la banda sonora de las criptomonedas, que no necesitan visado, ni análisis biométrico, ni más pasaporte que el de la globalización de un mundo que sigue amparando más a las plusvalías que a los seres humanos.

Quienes se junten este martes 10 de septiembre en Casemates Square, quizá ignoren que el orgullo de la historia no tiene por qué estar reñido con la dignidad del futuro. También convendría que España lo comprendiese. Llámame patrás, deberían decirse ambas partes. Lo que vendría a significar: devuélveme la llamada. Ojalá no se corten otra vez los teléfonos del diálogo, para que la razón sustituya a los improperios. De no ser así, otra frontera se cerraría, la del entendimiento frente a problemas más urgentes que el de la soberanía, un trilobites que lleva encallado tres siglos y sigue  manteniendo como rehenes a unas 300.000 personas de esta orilla del Estrecho, a las que, en el fondo, ni Londres ni Madrid parece importarles demasiado. A veces, pareciera que tampoco les incumbiera mucho a sí mismos. 

La Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, ha condenado a un cabo de la Guardia Civil a una pena de seis años de prisión como autor material de un delito de blanqueo de capitales agravado por la procedencia de delitos de tráfico de drogas, y a una multa de 4.500.000 euros. Además, por la comisión del delito de pertenencia a grupo criminal le condena a un año de prisión.

Igualmente, ha condenado a sus dos hijos como cooperadores necesarios a dos años y cinco meses por el blanqueo de capitales y multa también de 4.500.000 a cada uno de ellos y ocho meses de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal.

La sentencia, según ha indicado el TSJA, considera probado que el cabo de la Guardia Civil junto con su familia habría blanqueado capitales procedentes del narcotráfico creando una estructura económica, societaria e inmobiliaria compuesta por 12 empresas y cuatro uniones temporales de empresas, estas últimas con la finalidad de participar en distintas licitaciones públicas.

Todo ello, según indica la sentencia, “ha supuesto unas aportaciones dinerarias en concepto de compra de capital social de unos 730.000 euros, habiendo adquirido en el mismo periodo bienes de naturaleza inmobiliaria (17 inmuebles), bien a su nombre bien a nombre de las empresas en las que tienen participación, por importe conjunto mínimo aproximado de 606.000 euros”.

Además, explica que existen elementos objetivos que indican que la estructura económica, societaria e inmobiliaria fue financiada, en su mayor parte, mediante una compleja estructura de préstamos privados o capital de terceros, por importe conjunto aproximado de 997.000 euros, “dirigida a enmascarar y servir de justificación a las cantidades invertidas, préstamos que, pese su apariencia legal” son pagos “encubiertos realizados con las partidas de dinero en efectivo que se tratan de blanquear”.

La resolución judicial relata las compras inmobiliarias realizadas por el cabo primero de la Guardia Civil o por las empresas administradas por sus hijos, tanto de parcelas y terrenos como de coches de alta gama, además de los numerosos viajes realizados al extranjero por toda la familia con alojamiento en establecimientos de lujo cuyo reflejo no aparece en las cuentas bancarias de su titularidad y que no se compadece con los ingresos percibidos por los miembros de la familia.

Tampoco hay justificación, según la sentencia, de los pagos realizados para satisfacer las fianzas impuestas, de hasta 80.000 euros, cuando los hijos fueron detenidos por esta causa.

La Audiencia considera que los hijos son cooperadores necesarios del delito de blanqueo de capitales. Así, rechaza el planteamiento de sus defensas, que pretendían exculparlos señalando que todas las gestiones y decisiones contables relacionados con todos los actos financieros, patrimoniales o económicos eran dirigidos por el padre, desconociendo ambos dicha operativa y apareciendo ellos en los papeles o como administradores de las empresas por la incompatibilidad que tenía como Guardia Civil, pero sin tener ningún tipo de papel decisorio.

Por el contrario, la sentencia explica que “eran perfectamente conocedores de la anormalidad de la actividad económica/societaria/financiera desplegada por su padre, por cuanto la información de la que dispusieron desde un principio ya advertía de la anormalidad de la actuación hasta ese momento desplegada que había motivado la detención e ingreso en prisión de su padre, lo que ya debió constituir una alarma para ambos”.

“Pese a ello, lejos de apartarse de esa actuación, no sólo coadyuvaron sino que la hicieron posible con una cooperación necesaria sin la cual no podría haber tenido lugar el delito, advertidas sus debilidades y riesgos, favoreciendo la creación de un entramado de sociedades que posibilitaron el blanqueo”, concluye la sentencia.

El grito de 'Gibraltar, español' no sólo calentó la celebración por la cuarta Eurocopa de fútbol, en Madrid, sino que también pudo oírse esa misma noche junto a la Verja, a unos cuantos metros del Peñón, entre los ensordecedores bocinazos de la afición linense que supo compaginar el domingo rociero de su Velada y Fiestas con las exaltaciones patrióticas al uso: “Bye bye, British”.

Aunque pudiera seguirse en directo y a todo color, la final televisada transcurrió en vertiginoso cinemascope digital, mientras que el baño de multitudes de la Selección guardaba un ligerísimo tono sepia estilo NO-DO. Así que el Viva España del seleccionador Luis de la Fuente viró al “Gibraltar es español”, el cántico que ya se había oído con anterioridad y que allí coreaban desde Lamine Yamal –a Vox debe caerle mejor desde que su padre marroquí tuiteó “Arriba España”– y a Rodri, el centrocampista que juega en el Manchester City: “¡Pero que tú juegas en Inglaterra, socio!”, le conminó Morata con aire divertido.

La queja del Gobierno de Gibraltar

A Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar y nieto de una española republicana refugiada en el Peñón, aquello le sentó mucho peor que la derrota de Inglaterra. El sentimiento era compartido por buena parte de los 30.000 habitantes de Gibraltar, cuyo equipo local, que también disputa la copa de la UEFA, está trufado de jugadores de este lado de la Verja, empezando por el propio míster: “El Gobierno de Gibraltar está decepcionado tras observar que varios jugadores de la selección española de fútbol masculina celebraron su victoria en la Eurocopa a base de cánticos con comentarios rancios sobre Gibraltar”, reza un comunicado difundido este martes por el Ejecutivo que preside.

“Se trata de una mezcla totalmente innecesaria de un gran éxito deportivo con declaraciones políticas discriminatorias que resultan enormemente ofensivas para los gibraltareños”, protestó el Gobierno yanito, al tiempo que amagaba con una queja oficial ante la UEFA: “El lamentable uso de la plataforma de la celebración en torno a la victoria de la Eurocopa para promover la idea de usurpar el territorio de Gibraltar es contrario al principio de que el deporte no debe utilizarse para promover ninguna ideología políticamente controvertida”, concluía.

En La Línea, y a pesar de la algarabía frente a la zona fronteriza, no todo el mundo corea dichos cánticos. El bailaor David Morales, hijo predilecto de dicha población, considera que se trata de “una falta de respeto muy grande, un patriotismo rancio y una imagen al exterior de algo que no somos”. 

En una actitud completamente distinta a dicha explosión soberanista, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, felicitaron a España por la victoria en la final de la Eurocopa contra Inglaterra, un día después de la celebración del evento, e intentaron insuflar ánimos en la selección inglesa.

Otro tanto ocurrió en Gibraltar, cuya afición futbolística es seguidora fundamentalmente del Liverpool y, sobre todo, del Manchester United, pero también ha conocido peñas del Barça y del Real Madrid: “El fútbol a menudo divide opiniones, pero la mayoría de los que hablaron con GBC después del partido estuvieron de acuerdo en que el éxito de España en la Eurocopa 2024 fue merecido”, informaba ayer la emisora de radiotelevisión local, Gibraltar Broadcasting Corporation.

Y añadía, respecto a cómo se vivió la final en el corazón de la Roca: “A pesar de la decepción y el trasfondo político, la Policía Real de Gibraltar no tuvo que lidiar con ninguna conducta desordenada o comportamiento antisocial”.

“Congratulations to Spain, unlucky England”

“¡Qué le vamos a hacer, la vida!”. Así se expresaba uno de los cientos de gibraltareños que acudieron a Casemates Square para contemplar la final, que también fue seguida desde numerosos establecimientos públicos del Peñón.

La expresión “congratulations to Spain, unlucky England” fue frecuentemente utilizada en una encuesta realizada a pie de calle por sus cámaras: “Amamos a España, pero no nos vais a tomar nunca”, celebraba otro aficionado gibraltareño, con más aire festivo que nacionalista.

“Una cosa es el fútbol y otra, la política”, saludaban los aficionados yanitos, tras finalizar el partido, en cuyo transcurso no pocos habían aplaudido el buen juego de la selección española.

La Asociación Socio Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASTEG) prepara también un comunicado en el que lamenta el uso extradeportivo del contencioso en las celebraciones de la Selección y pretenden enviarlo a la Federación Española de Fútbol. Su portavoz, Juan José Uceda, tiene su propia teoría sobre lo ocurrido: “Me da la impresión de que este joven, ya cansado de tanto ajetreo, viajes y encima el lento y pesado tour en autobús, las calores, supongo y más de dos cervezas –o, al menos, lo aparentaban–; a punto de perder la voz gritando, terminó haciendo suyo, como una chorrada de la que luego se arrepentiría, lo de 'Gibraltar, español'. Y aunque no fue el que empezó con los gritos, el clima del momento, la histeria colectiva del todos a una, la bandera nacional, los enemigos históricos España-Reino Unido, todo ello se lo puso en bandeja. Lo de 'Gibraltar, español' es como el cuento de las abuelas que oyes como algo propio. No es nuevo y volverá a pasar”. 

Un diálogo por WhatsApp

Uceda se wasapeó con su amigo Patrick, en Gibraltar, quien le respondió a dichas reflexiones: “Me dijo mi esposa...¡¡¡Vergonzoso, indignante, fuera de control!!!. Lo sentimos mucho y nos resulta difícil esta situación por si pudiera poner en peligro las relaciones, pero la experiencia nos dice que esto no es nada nuevo”.

“Es el lado malo de nuestra historia, a veces sumergida en aguas profundas para ser reflotada nuevamente cuando menos se espera y no importa cuántos de nosotros estemos tratando de hundir a ese fantasma por los siglos de los siglos, para que los niños no sepan la vieja y estúpida historia”.

Patrick no se considera aficionado al fútbol, pero disfruta de los partidos internacionales: “Esta es la final, si alguno pierde no me decepcionaré, porque amo a ambos equipos”, se dijo antes del partido. Y así fue.

“Tenía la intención de ver esos momentos gloriosos de la llegada de los jugadores a Madrid”, pero después de la presentación un tanto surrealista de los jugadores, Patrick le dijo a su esposa: “Esto es una locura, es tan emocional que en cualquier momento podría decir palabras estúpidas de las que arrepentirse después”.

Ambos, pegados al televisor en el corazón de Main Street, veían como la alegría natural de la victoria iba derivando hacia otros territorios: “Todos rodeados de fama y popularidad, la historia colectiva hace el resto”.

Así que Patrick decidió levantarse del sofá y reparar una cafetera estropeada, “hasta que mi esposa, enojada, vino a contarme lo del estúpido canto de Gibraltar... Nos sentimos tan preocupados y avergonzados...”.

Para Patrick y su pareja, se trata de una cuestión que excede al fútbol y a la política, sino que interesa a su vida cotidiana: “¿Qué sabe una persona de su edad y fama sobre Gibraltar?, Además del fútbol, ¿qué conferencia puede dar o qué conversación puede tener sobre Gibraltar, Utrecht, el pasado, el presente y las relaciones entre todos? Esto demuestra lo absurdo que es cómo se cuenta la historia en las escuelas dependiendo del profesor que te enseñe en clase...”.

Juan José Uceda está de acuerdo con su amigo: “Nada de esto es nuevo, especialmente, para nosotros, que tenemos que afrontar estas estupideces cada día durante tantos años...”.

Para Patrick, la mañana del lunes había empezado bien, en este sentido: “Me alegré mucho cuando escuché al director del equipo inglés, Gareth Southgate, hablar durante unos minutos, aplaudiendo lo bueno que era el equipo español, lleno de jóvenes. Y luego de escuchar hablar al nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y la importancia que le dio al anunciar las medidas que se tomarán para renovar el fútbol del Reino Unido, empezando por la base; la importancia de que los niños jueguen, para implementar este deporte en todas las escuelas y no más clubes financiados por corredores de dinero mafiosos... Era tan agradable escuchar todo… Qué feliz me sentí haciendo mi propia propaganda contra Vox, Le Pen y todos los demás racistas ultras europeos, exponiendo cuán hipócritas son todos los que le dan tanta importancia a los inmigrantes VIP del fútbol y sus deseos expresos de enviar al Ejército y fusilar a todos los inmigrantes al entrar en cualquier frontera”. 

Uceda concluyó el diálogo con su amigo, echando mano al repertorio invencible de los buenos deseos: “Qué puedo decir que no sepas..., tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y esperar que esto se olvide lo antes posible”. 

“Devolvednos Gibraltar”

El grito de 'Gibraltar es español', en realidad, es un spin-off del sintético “Gibraltar, español” que empezó a escucharse de manera ostensible en las calles franquistas de finales de los 50 cuando las únicas manifestaciones autorizadas eran las de los falangistas que se concentraban a las puertas de la Embajada británica en Madrid cuando aún estaba en el Paseo de la Castellana, antes de mudarse a finales de los 60 a la calle Fernando El Santo: “Gritábamos 'Gibraltar, español' y 'Devolvednos Gibraltar', pero salió del edificio una de las limpiadoras para decirnos: ´Yo no lo tengo´”, evocaba divertido el linense Fernando Suárez, uno de los asistentes a aquella movilización. 

El ardor patrio fue incrementándose en una guerra diplomática con Gran Bretaña, en torno al Peñón, hasta el cierre de la Verja, en 1969, una acción política tan desastrosa desde el punto de vista humanitario como inútil desde la perspectiva política. De ahí, que también dicha expresión pasara al cancionero, de la mano de aquel cantautor sistémico que fue José Luis y su guitarra, una suerte de Woody Guthrie del franquismo que cantaría por aquel entonces una pegadiza balada: “Han pasado los años por el Peñón / y la bandera inglesa ondea al sol / mas a pesar de todo, el mundo no ha olvidado / que Gibraltar será siempre español / no tienen razón, / bien lo sabe Dios, / no tienen razón, / 'Gibraltar, español'”. 

Ocho calles 'Gibraltar, español'

El eslogan no tardaría en pasar al callejero, también por esa misma época. Si había numerosas calles llamadas Gibraltar, por muy diversos motivos: como la de La Línea, a tres pasos de la Roca, prostibularia en la posguerra pero industriosa luego, en donde contrajo domicilio el veterano diario 'Área'. Pero ocho municipios españoles cuentan con una calle denominada 'Gibraltar, español'.

También se llamaba 'Gibraltar', a secas, la de Almería, que con anterioridad se había llamado Villa García, junto al balneario de San Miguel y a dos pasos de la playa del Zapillo. Más tarde se le cambió el nombre al de 'Gibraltar' y hacia 1967, pasó a ser 'Gibraltar, español', en plena escalada reivindicativa del llamado ministro del Asunto Exterior, Fernando María de Castiella, en Naciones Unidas. 

La calle 'Gibraltar, español' más próxima a la colonia británica es la del municipio gaditano Setenil de las Bodegas, limítrofe con Málaga y en donde se ha mantenido dicho nombre a lo largo de la historia democrática, ya fuere bajo los gobiernos municipales del PSOE como bajo el actual de Andalucía x Sí.

Otras calles con esta misma nomenclatura forman parte de otra localidad andaluza, la de Torre del Campo. También puede leerse esas señas en la pedanía de Balsicas, en Murcia, en la carretera que lleva al Mar Menor y que depende del municipio de Torrepacheco. Sin embargo, Castilla-La Mancha se lleva la palma, con dos localidades de Toledo –Torrijos y Consuegra–, más otras dos de Ciudad Real –en el mapa urbano de Anchuras y en el de Alcázar de San Juan–. En esta última población, 'Gibraltar, español' colinda con el parque de Cervantes y buena parte de los personajes del Quijote. Curiosamente, José María García-Margallo, sin duda un firme partidario del 'Gibraltar, español', nada más asumir el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, decidió cerrar el Instituto Cervantes del Peñón, para que no pudiesen aprender dicho idioma los gibraltareños a quienes pretendía españolizar el ya ex eurodiputado. 

En enero de 2015, a través de las redes sociales, se promovió una campaña para pedir “un 'me gusta' si tu también quieres una calle 'Gibraltar, Español' en tu ciudad”. Tuvo miles de likes –perdonen el anglicismo–, pero también respuestas de algún usuario más en la línea del posterior movimiento libertario de Ayuso: “A tomar por culo Gibraltar... mejor, una calle a la cerveza y al vino”. 

Gibraltar, andaluz

Lo curioso del caso es que, en rigor, Gibraltar no llegó a ser español. Perteneció, eso sí, desde mucho antes de las capitulaciones de Santa Fe, a la Corona española y aún figura entre sus títulos. En la toma de Gibraltar, en 1704, por parte de una flota anglo-holandesa al mando del almirante Rooke, participaron numerosos españoles, en su mayoría catalanes. La de Sucesión, fue una guerra dinástica, pero también una guerra civil. Tras vencer en ella los Borbones y apaciguarse el continente, vencedores y vencidos se repartieron los restos de Europa en el Tratado de Utrecht: allí fue donde Gran Bretaña se hizo con Gibraltar y con Menorca. Y fue, luego, durante el reinado de Felipe V cuando, por primera vez en la historia, aparece la referencia al Reino de España. Antes, en documentos no oficiales, se había mencionado la nación española y uno de sus orígenes semánticos se remonta a la Hispania romana. Pero no fue hasta entonces cuando adquiría categoría de Reino y de España.

Sin embargo, la mayoría de los historiadores, insisten en que el nacimiento de la idea de España como nación no se produce hasta la Constitución de Cádiz de 1812, cuando su artículo 1 define a la “Nación española”, como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. Así las cosas, Gibraltar no fue español, aunque sí de Castilla, pese a los gritos de la hinchada futbolística y nacionalista. Aunque casi todos los españoles están de acuerdo en que no debiera ser británica. 

En la transición democrática, el poeta arcense Antonio Hernández reivindicó otra titularidad para el Peñón: 'Gibraltar, andaluz'. Y aún hoy, 'Nación Andaluza' –un partido muy minoritario que se define como “una organización política independentista, socialista y feminista”– proclamaba recientemente ante las negociaciones abiertas entre la Unión Europea y Gran Bretaña en torno al estatus futuro de la Roca: “Gibraltar forma parte de los territorios que –sin ser administrativamente parte de la comunidad autónoma de Andalucía– histórica, geográfica y culturalmente son andaluces. Los distintos intentos del imperialismo inglés por separar a las poblaciones de ambos lados de la Verja no han conseguido aislar a los gibraltareños de su entorno cultural y geográfico más inmediato, Andalucía. De hecho, el Parlamento británico reconoció en 1889 que la población del Peñón se encuentran 'entre unos habitantes de idéntica religión, idioma y costumbres' en el contexto del Campo de Gibraltar”.

Y remataban: “El hecho de que esta parte del territorio andaluz fuera entregada por los Borbones en 1713 al Imperio británico no es un caso aislado en Andalucía. Nuestro país se encuentra hoy ocupado y repartida entre tres Estados: el español, el británico y el estadounidense. En los dos últimos casos su llegada ha sido amparada y pactada por el primero, o bien por la monarquía borbónica precedente. Nunca se le ha consultado al Pueblo Andaluz, que ha sido y es tratado como una colonia más”. Pero esa es otra historia. 

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 3.126 personas e incautado 364.652 kilos de droga, entre plantas de marihuana (221.448 kilos), hachís (107.681 kilos), cocaína (20.630 kilos) y marihuana (14.893 kilos), además de 200.342 litros de combustible, 939 vehículos y 509 armas, en los seis primeros meses del año como resultado de la aplicación del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, según ha detallado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO).

Fernández ha valorado “los magníficos resultados de esta herramienta imprescindible para la lucha contra el narcotráfico”. Asimismo, ha señalado que si estas cifras se trasladan al inicio del Plan, en agosto de 2018, el número de detenidos se eleva a 23.043, con la incautación de 2.032 toneladas de drogas, 1,02 millones de litros de combustible, 6.699 vehículos y 2.465 armas.

En la reunión de la MECO, celebrada este martes, han participado el presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago; el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Luis Ortega, y el jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido, así como los subdelegados de Almería, José María Martín; de Cádiz, Blanca Flores; de Granada, José Antonio Montilla; de Huelva, María José Rico; de Málaga, Javier Salas; y de Sevilla, Francisco Toscano, según ha señalado en una nota la Delegación.

Refuerzo de plantillas

En este sentido, Fernández ha manifestado que “la presión continua a los narcos ha provocado que su actividad se haya expandido hacia los extremos este y oeste de la comunidad, Almería y Huelva, así como al río Guadalquivir”.También ha reconocido que las organizaciones criminales “utilizan medios cada vez más sofisticados y sistemas complejos de comunicaciones”, y ha recordado la operación conjunta desarrollada el pasado 26 de junio por la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, en colaboración con la DEA, que permitió interceptar un semi submarino frente a las costas de Cádiz, donde también se detuvieron cuatro personas.

El delegado del Gobierno ha incidido en que estos grupos son “cada vez más dinámicos y complejos, con ramificaciones internacionales”, lo que obliga al “refuerzo de medios humanos, de dotación de medios materiales y tecnológicos y medidas de coordinación de todos los operadores policiales y jurídicos de los tres planes anteriores”. Para 2024, el Gobierno de España destina al Plan Gibraltar 17,5 millones de euros.

Como ejemplo, el delegado del Gobierno ha asegurado que desde que se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad la cobertura de las plantillas policiales ha crecido un 11,1%, con un índice de cobertura de un 95,1%, “lo que supone una media de refuerzo mensual de casi 1.200 agentes en las provincias del Plan”.

No obstante, ha avanzado que “este aumento de la plantilla no es puntual, sino continuo y se reforzará nuevamente en septiembre, con 640 agentes más de la Guardia Civil, 400 de ellos destinados a Seguridad Ciudadana”, un incremento “posible gracias a las consecutivas convocatorias de plazas ofertadas por el Gobierno de España para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, la última aprobada el pasado mes de junio, con 5.504 nuevas plazas para Policía Nacional y Guardia Civil.

Colaboración con otros países

Fernández también se ha referido a la “estrecha colaboración con otros países” a través de proyectos policiales internacionales y europeos especializados en la lucha antidroga en los que participan efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como el grupo operativo europeo EOT (European International Team) destinado a la lucha contra el narcotráfico y del que forman parte efectivos de la Policía Nacional, o el Global Drug Intelligence Network (GDIN), con agentes de la Guardia Civil.

Fruto de esta colaboración se han desarrollado importantes operaciones, como la que permitió capturar en la Costa del Sol el pasado mes de mayo a uno de los fugitivos más buscados en Europa, vinculado con un grupo criminal de Estonia, ha señalado.

Además, ha anunciado que, dentro de esta colaboración internacional, el próximo viernes 12 de julio el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantendrá una reunión con su homóloga portuguesa, Margarita Blasco, en Madrid “para avanzar en una mejor coordinación con este país en la eliminación y destrucción de las narcolanchas”.

“El Plan Gibraltar está dando buenos resultados, es un plan contra el narcotráfico, único en nuestro entorno más inmediato”, ha aseverado, sin embargo, ha advertido de que “las estructuras del narcotráfico hay que atacarlas de forma global y para ello es fundamental eliminar la base social que la sustenta en algunos territorios y que provocan la normalización de la actividad delictiva”.

Por ello, finalmente ha hecho un llamamiento a todas las administraciones “con competencias en materias sociales, educativas, de empleo, vivienda o formativas para que la acción policial se complemente con medidas sociales que den a la población local una salida digna que no haga atractivo el narcotráfico”.

El monumento a los trabajadores españoles en Gibraltar es un obrero con bicicleta. Esculpido por Nacho Falgueras, aguarda una escultura similar, pero dedicada a las trabajadoras. Desde La Línea de la Concepción, su bronce pone rumbo a la Verja, pero en los últimos días, sobre la peana de esta estatua cicloecuestre, cuelga una pancarta en blanco que despotrica contra políticos y sindicatos. Que los obreros son una mierda, dice. O que los tratan así. Lo curioso es que no mencione a los empresarios, los mayores beneficiarios de ese ir y venir de aranceles y salarios, contratos a cero horas y pensiones controvertidas. Al otro lado de la Verja, en Gibraltar, sus 23.726 electores no podrán ir a los colegios electorales entre el 6 y el 9 de junio para participar en las elecciones europeas, como pudieron hacer en cuatro ocasiones, hasta que llegó el Brexit y mandó a parar. Tampoco podrán hacerlo, en su mayoría, el 4 de julio, en los repentinos comicios de Reino Unido.

“Estamos un poco acostumbrados a esto –asume el empresario George Dyke, de la veterana Cámara de Comercio de Gibraltar, que ocupó durante un tiempo la presidencia del Grupo Transfronterizo que reúne a representantes empresariales, sindicales y sociales a favor de que la frontera no se convierta en un infierno–. No somos parte de la Unión Europea y no tenemos derecho a votar. No tengo un pensamiento sobre ello. Desde el momento en que salió el Brexit, que fue un trastorno muy grande para todo el mundo, incluso para ellos mismos, en el Reino Unido, sabíamos que también íbamos a perder el derecho al voto al Parlamento Europeo. El 96% de los gibraltareños votamos a favor de quedarnos en la Unión. Pero no hubo remedio”.

A Hellen R., que se detiene en Main Street ante una mesa petitoria de Childline, una organización benéfica que recauda fondos para la infancia, no parece inquietarle demasiado el resultado de los comicios comunitarios: “Lo que a mí me preocupa es si voy a tener que pagar IVA o no voy a tener que pagarlo”. Ella se refiere a uno de los pespuntes que quedan por zurcir en las lentas negociaciones entre Londres y Bruselas para muñir un tratado que permita que las mercancías y los seres humanos puedan ir y venir con fluidez por el laberinto del paso fronterizo.

“No sabemos mucho de lo que va a ocurrir pero espero seguir con mi negocio”, asume en un correcto inglés el hindú que regenta, sorprendentemente, un estanco con el logotipo y el toldo de Tabacos de España: “Es una franquicia”, se explica. El contrabando es otro de los trendings topics del Peñón, como cuando Cristóbal Montoro, como ministro de la cosa bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, reclamaba patriotismo a los matuteros mientras Altadis encabezaba las exportaciones de pitillos a la Roca: “Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros”, decían por entonces los voceros de la tabaquera española. 

En el paisaje urbano de la antigua Calpe no hay rastro visible de la política británica. A falta de los caretos del primer ministro Rishi Sunak o del líder laborista Keir Starmer, una tienda de souvernirs convierte su escaparate en un memorial de la reina Isabel II, desde almohadones a tacitas o tableros de parchís con el rostro de la finada. El contencioso gibraltareño, con todo, recuerda más al ajedrez: mueva quien mueva ficha, suelen perder los peones. 

Cuatro elecciones europeas

Los gibraltareños sólo pudieron votar en cuatro elecciones al Parlamento Europeo: “Y siempre lo hicieron a favor de los conservadores –recuerda un político retirado, que prefiere mantener su nombre fuera de la arena pública–. Quizá porque piensen que los tories defienden mejor nuestros intereses, sobre todo a partir de que el laborista Tony Blair pactara la cosoberanía con España, que tumbamos en un referéndum de 2002”.

La primera vez que pudieron ejercer su derecho al voto fue el 10 de junio de 2004, aunque sin candidatura propia para evitar su sobrerrepresentación en la Eurocámara: esto es, tuvieron que acogerse desde entonces a una circunscripción situada al suroeste de Inglaterra, de entre las 12 existentes en el Reino Unido. Sin embargo, los partidos tradicionales de Gibraltar no llegaron a presentar candidatura, ni entonces ni nunca.

La ley electoral británica de 1976 que reguló las elecciones al Parlamento Europeo limitó su ámbito de aplicación al territorio del Reino Unido, y excluyó, por tanto, a Gibraltar. La sentencia de la Corte de Estrasburgo obligó a Londres a extender el voto a los gibraltareños. En un principio, el Gobierno británico optó por incorporar a la colonia como una circunscripción electoral británica más con derecho a un eurodiputado. España refutó dicha iniciativa y el Reino Unido aceptó modificar su ley, para que los gibraltareños pudieran votar a través de la circunscripción del Suroeste de Inglaterra y Gibraltar (South West England & Gibraltar), para elegir a seis europarlamentarios, a través del Sistema D'Hondt.

Las elecciones del Reino Unido tampoco parece que vayan a quitarle el sueño a los yanitos, que tampoco pueden votar en las mismas desde su circunscripción: “Hay posibilidad de que si uno se registra para votar, podrá hacerlo, pero tiene que ser en el Reino Unido. Lo vimos en televisión, que hablaban de eso el otro día –arguye Dyke–, pero la votación desde Gibraltar, siendo una comunidad tan pequeña, no se qué efecto puede tener en aquello, no va a tener incidencia apenas y, para nosotros, no va a tener ningún sentido”.

En la cartelería que cuelga de los bares, el concierto del grupo local Melón Diesel por el 25º aniversario de su disco 'La cuesta de Mr. Bond' se echa un pulso con un insólito casting para una película sobre el manifiesto surrealista de André Breton. Desde el ambiente british del bar The Hungry Friar, a orillas del número 6 de Convent Place, la sede del gobierno local, al de 'Latinos', no muy lejos de allí, frente a la Catedral, hay un perfume a churros: al menos, seis churreros ingresan cada día en el Peñón para ofrecer sus productos en varios establecimientos de este crisol de culturas.

Relevo de gobernadores

A Gibraltar, el inicio de la campaña de las elecciones europeas le ha pillado sin gobernador británico a bordo: el vicealmirante sir David Steel se marchó hace una semana, en loor de multitudes, pero su sustituto, el teniente general Sir Ben Bathurst, que llega este martes, estará perfectamente instalado en su despacho de The Convent cuando recuenten los votos en Bruselas y cuando se celebren las elecciones británicas el 4 de julio. En la pomada política local, suele preferirse que los gobernadores sean militares de prestigio, porque así cuentan con mayor independencia respecto a las presiones del Foreign Office. A Steel, incluso se le ha reprochado en Londres su estrecha vinculación con el gobierno gibraltareño que preside Fabian Picardo como ministro principal.

“Las elecciones europeas y las del Reino Unido, en lo que a Gibraltar se refiere, son cosas diferentes –admite Brian Reyes, director de The Gibraltar Chronicle, el bicentenario diario local–. El tema de las europeas es una pena porque peleamos bastante para poder votar en ellas y, en el referéndum del Brexit, la inmensa mayoría de los gibraltareños quiso permanecer en Europa. No creo que la gente se esté pegando en el pecho por no votar en las europeas. Haber salido de Europa sí que provoca tristeza y preocupación. En estos momentos, la gente está centrada en el impacto que las elecciones puedan tener en la negociación del tratado. Las reuniones técnicas siguen, pero cualquier solución final va a sufrir otro retraso”.

Reyes recuerda que en las elecciones a la Cámara de los Comunes los gibraltareños no han votado, “a menos que estén viviendo allí, en el Reino Unido, y se registren para hacerlo”. Un cambio legislativo permite ahora que los británicos que hayan vivido en las islas y se hayan registrado allí para votar, puedan seguir haciéndolo cuando vuelven a casa: “Pero tienen que querer hacerlo y hacer valer su registro”, añade Reyes. “Hay gente que piensa que Gibraltar debería tener representación propia en los Comunes, pero ese es otro argumento. Es un debate de fondo, pero no es el debate de ahora”.

Un lobby en Westminster

Lo que sí existe en Westminster es un lobby en defensa de los intereses de Gibraltar, que reúne a diputados de distintos partidos políticos. Hasta ahora, lo ha venido presidiendo sir Bob Neill, y su postura ha sido diametralmente distinta a la del Comité de Control de las Relaciones británicas con la Unión Europea, que ha presidido el “halcón” sir Bill Cash, quien en el último tramo de las negociaciones no ha escatimado objeciones a las negociaciones sobre el Peñón. Ambos se han jubilado ya y no concurrirán a las elecciones del 4 de julio.

“Confío en que Gibraltar seguirá estando bien representado en Westminster, independientemente de los cambios que podrían avecinarse en el panorama político del Reino Unido. Su trabajo ha sido esencial y siempre nos aseguraremos de tener la mejor representación posible en el Parlamento británico”, ha declarado Fabian Picardo a la GBC.

En su discurso de despedida en los Comunes, el abogado Neill, diputado por la circunscripción de Bromley y Chislehurt durante los últimos 18 años, insistió en lo que le importa a sus representados por vía indirecta: “Gibraltar es una parte orgullosa de la familia británica y les debemos asegurarnos de que tenemos un buen acuerdo con la Unión Europea, para garantizar la libre circulación en la frontera, que es esencial, absolutamente esencial, para el bienestar de Gibraltar”.

Frente al “brexiter” Bill Cash, aunque ambos compartan el mismo partido –el de los tories venidos a menos– Neill se identificó en sus antípodas políticas: “Fue nuestra elección, aunque no mi elección personal, la de abandonar la Unión Europea. Fue una decisión democrática pero, como mucha gente sabrá, colocó a Gibraltar bajo presiones especiales. Les debemos no obstruir ningún acuerdo sensato, y estoy seguro de que, en manos del gobierno actual, y estoy seguro de que cualquier gobierno futuro, ese será el caso, porque hemos construido un consenso entre los partidos sobre el apoyo a Gibraltar”.

Su opinión la comparte Dominique Searle, periodista, exdirector del Chronicle y, en la actualidad, titular de la Casa de Gibraltar en Londres, la representación del Peñón en el Reino Unido a la que los yanitos le llaman, medio en broma, La Embajada: “El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, entiende Gibraltar –asegura–. Y el Ministro para Europa en la Sombra, Steven Doughty, ha estado en el Peñón varias veces, entiende los problemas y ha sido claro en sus reuniones con el embajador español en que, si los laboristas entran, nada cambia en las conversaciones del Tratado”.

A mediados de marzo, Doughty, también miembro del grupo parlamentario multipartidista sobre Gibraltar, tuvo ocasión de expresar en la Cámara de los Comunes sus criterios sobre la cuestión: “Permítanme dejar claro que el compromiso del Partido Laborista con Gibraltar y, de hecho, con nuestra amplia familia de territorios de ultramar es inquebrantable. Desde que ocupo este cargo, he tenido el placer de reunirme con el Ministro Principal, Fabian Picardo, y con sus ministros, así como con otros parlamentarios gibraltareños. He visitado el Peñón y el Campo, y también he tratado estos asuntos en Madrid. Gibraltar forma parte integral de la historia y el futuro del Reino Unido, y cuenta con sólidas instituciones democráticas y una economía dinámica. También sigue siendo una base importante para las fuerzas británicas, por lo que dejo claro que no habría ningún cambio si hubiera un nuevo Gobierno en el Reino Unido. La soberanía y la autodeterminación de Gibraltar no son objeto de debate. Creemos en el derecho de los gibraltareños a elegir su propio futuro, como han dejado claro, y éste debe ser el fundamento de cualquier negociación con España, que es igualmente un amigo íntimo y un aliado del Reino Unido. También es un socio fundamental en la OTAN y en muchos otros aspectos, por lo que esperamos y creemos que se puede llegar a un acuerdo en beneficio mutuo de Gibraltar, España, el Reino Unido y la UE”.

En gran medida, las opiniones de Searle se encuentran a su vez fundamentadas en su antigua relación profesional con Doughty y el seguimiento que ha realizado sobre el proceso negociador, que le empujan a tranquilizar a sus paisanos respecto a la suerte que puede correr el Peñón a partir de que el número 10 de Downing Street cambie de inquilino. “Los años de Blair han quedado atrás para el Partido Laborista”, concluye. Como quedaron atrás las elecciones europeas para más de 20.000 gibraltareños sin derecho, esta vez, a urnas, aunque las suyas propias se abrieron en octubre, refrendando la mayoría para la coalición entre Gibraltar Socialist Labour Party y Gibraltar Liberal Party. Para colmo, hasta el Parlamento local, en La Piazza, se encuentra en obras. Como casi todo, ahora mismo, en Europa y en el Reino Unido. 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el acuerdo sobre Gibraltar que negocian Bruselas y Londres garantizará los derechos de los trabajadores transfronterizos tanto de los actuales como de los futuros. Así lo ha hecho tras reunirse en la sede del Ministerio con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y con algunos de los alcaldes del Campo de Gibraltar, entre ellos los de Algeciras, La Línea y San Roque.

“Mi principal guía y objetivo en toda la negociación es la defensa y protección de sus derechos”, ha asegurado tras ser preguntado por el futuro de los alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día acuden al Peñón y que representan, según el ministro, “más del 50% de la fuerza laboral”.

El acuerdo va a garantizar, ha dicho Albares “los derechos de los trabajadores del Campo de Gibraltar, no solo de los actuales sino también de los futuros” y además también lo que se busca es que “sus vidas sean más fáciles, facilitar la movilidad cuando se desplazan para trabajar y lo que tiene que ver con aspectos sociales de su trabajo”.

También quedará recogido en el futuro acuerdo, ha precisado el ministro, la cuestión relativa a la entrada y salida de soldados británicos llegados al puerto y al aeropuerto militar de Gibraltar hacia España, aunque no ha querido entrar en detalles. “Es una de las cosas sobre las que estamos hablando” y cualquier aspecto relativo a ello quedará “perfectamente controlado y definido”.

Por lo que se refiere al uso compartido del aeropuerto, uno de los temas de fricción en la negociación y sobre el que España ha hecho especial hincapié, Albares ha defendido que contribuiría a “dinamizar y ayudar al desarrollo del Campo de Gibraltar”, tanto desde el punto de vista turístico como económico.

Así, ha recordado que ya entre 2006 y 2011 hubo vueltos directos desde algunas ciudades españolas y desde otros puntos de Europa al Peñón y ha bromeado con que ha dicho a los asistentes que espera poder verlos la próxima vez “con un vuelo desde ese aeropuerto a Madrid y no con las complejidades que hay en estos momentos”.

Este ha sido el tercer encuentro de este tipo que Albares ha mantenido con los representantes de la Junta y del Campo de Gibraltar para informarles sobre la negociación “de enorme complejidad” que están llevando a cabo desde hace más de dos años la Comisión Europea y el Gobierno británico y que regulará la futura relación entre Gibraltar y la UE tras el Brexit.

El ministro les ha informado sobre los “avances” que se han hecho a raíz del encuentro del pasado 12 de abril en Bruselas en el que “se alcanzaron puntos de entendimiento sobre líneas políticas generales, incluyendo el uso del aeropuerto, el tráfico de bienes y la movilidad”.

En esa reunión participaron, además del propio Albares, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la relación con Reino Unido, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Según ha precisado, las conversaciones se han intensificado en las últimas semanas, siguiendo los contactos tras dicha reunión, la primera en ese formato, y se puede decir que “estamos en reunión permanente”.

Albares ha agradecido el “espíritu de lealtad institucional” demostrado por los asistentes. “Sus observaciones y sus demandas me han guiado a lo largo de estos años en las negociaciones para lo que sin duda, si lo conseguimos, será un acuerdo histórico muy beneficioso para miles y miles de trabajadores y de familias andaluzas”, ha remachado.

“Lealtad institucional” y aportación “constructiva”. Tras días recelando del acuerdo que ultiman España y el Reino Unido para el encaje de Gibraltar tras el Brexit, la postura oficial de la Junta de Andalucía ha sido la de rebajar una tensión que, sin ir más lejos, ha alimentado el PP esta misma semana en el Senado. “Nadie cuestiona al Estado”, ha señalado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), que no obstante ha recordado que el Estatuto de Autonomía le da potestad para hacer oír “la voz de Andalucía” y transmitir que en ese pacto deben salvaguardarse los intereses de la comunidad autónoma y la “singularidad” del Campo de Gibraltar, reequilibrando el territorio.

Así lo ha transmitido tras una reunión mantenida con alcaldes de la zona, y después de que en las horas previas sobrevolase el temor de que el Gobierno andaluz (en sintonía con la postura del PP) intentase animarles a ralentizar una negociación que está en su recta final. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores quiere cerrarla antes de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Finalmente, los tiros no han ido por ahí y se está a verlas venir de cara al encuentro que el lunes mantendrán el Ejecutivo autonómico y los regidores con el propio ministro, José Manuel Albares.

“La reunión ha sido para aportar y contribuir”, ha defendido Moreno, que no obstante ha soltado la puya de que carece de información oficial sobre la marcha de la negociación y que ha defendido el “derecho” del Gobierno andaluz a “hacerse oír” porque tiene muchas competencias que se verán afectadas. Pero todo ello en un tono formal de colaboración, lanzando un mensaje de “máxima lealtad institucional” y deseando a Exteriores “todo tipo de éxitos”. El objetivo final, ha señalado, es resolver “un problema enquistado desde hace demasiados años” y que se ha vuelto “insostenible” desde el Brexit.

“La quiebra o el despegue”

“El acuerdo puede significar o la quiebra o el despegue” para el Campo de Gibraltar, por lo que confía en que sirva para “erradicar” la actual brecha en la zona, que ha ejemplificado en la renta per cápita media: 90.000 euros anuales para un gibraltareño frente a los 11.000 de un ciudadano de La Línea de la Concepción. Una “diferencia de riqueza y prosperidad” que ha achacado a que el Peñón es “una colonia” que “genera una gravísima distorsión económica, social y fiscal”.

En un territorio en el que viven 300.000 andaluces, Gibraltar “compite con mejoras que son claramente injustas” y que se reflejan en detalles como que se cruza la verja para echar gasolina o comprar tabaco. De ahí que el pacto sea de una “importancia trascendental” para el Campo y para toda Andalucía, reconociendo eso sí que “no hay acuerdo fácil” en esta cuestión por la “capacidad sofisticada” de la Roca a la hora de negociar.

Si una parte de su intervención sin preguntas la ha dedicado Moreno a criticar las ventajas con las que se desempeña Gibraltar, otro bloque lo ha centrado en defender que el Campo es un entorno con un “enorme potencial y atractivo económico” del que nunca se trasmite la mejor de las imágenes. Por su músculo logístico, y con un puerto de Algeciras que es puerta de África e incluso de América, ha llegado a asegurar que es una de las comarcas andaluzas con “mayor valor añadido”. Eso sí, sin ocultar que sufre “problemas de seguridad, empleo e infraestructuras” que competen a todas las administraciones, por lo que ha reclamado “un sólido plan de inversiones en el territorio”.

Los recelos de PSOE e IU

En la reunión han estado presentes los alcaldes (o sus representantes) de Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Tarifa y Castellar de la Frontera. Junto a ellos, han asistido el consejero de la Presidencia, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz y la presidenta de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.

Hora antes de que se produjera este encuentro en San Telmo, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, reclamaba a Moreno una posición “constructiva” y de “lealtad y cooperación” con el Gobierno central sobre Gibraltar. De paso, esperaba que fuese “positiva, constructiva y, sobre todo, de lealtad y cooperación institucional” una reunión que, a su juicio, se ha convocado porque al presidente andaluz le gusta “protagonizar la película”.

Donde no se fían mucho de las intenciones del Gobierno andaluz es en IU, cuyo coordinador andaluz, Toni Valero, le pedía a Moreno “dejar hacer bien al Ministerio de Exteriores” sobre Gibraltar, que es “el competente” y cuya labor “está dando frutos”. Esto supondría, subraya, que en este asunto deje de actuar “como elefante en cacharrería”.

La muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate (Cádiz), embestidos a propósito por una lancha de narcotraficantes, ha incorporado a la confrontación política una decisión que el Ministerio del Interior adoptó hace 16 meses y que apenas tuvo eco entonces en los medios de comunicación nacionales, el desmantelamiento del dispositivo especial de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en El Estrecho, OCON-Sur. 

El Partido Popular y las asociaciones de guardias civiles han puesto el foco en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Llegan hasta él partiendo de la premisa de que el dispositivo especial de 150 agentes de OCON-Sur desmantelado en octubre de 2022 les habría hecho desistir de resguardarse del temporal el pasado viernes en el puerto de Barbate, a la espera de salir al mar a por cargamentos de droga. 

Desde el Ministerio del Interior defienden que la eliminación de OCON-Sur fue una simple reestructuración para optimizar los recursos y que los utilizados en la lucha contra el narcotráfico no han dejado de crecer, antes y después del dispositivo especial de guardias civiles. Pero esta versión obvia el motivo que desencadenó dicha reestructuración, la investigación judicial al teniente coronel al frente del dispositivo especial, David Oliva.

“Ministro, esto va a saltar”. El mensaje trasladado a Fernando Grande-Marlaska en octubre de 2022 por los responsables de la Guardia Civil motivó la desmantelación de OCON-Sur para disgusto de las asociaciones locales de la lucha contra la droga en el Campo de Gibraltar. La decisión última fue del ministro, que se plegó a la recomendación de la cúpula de la Guardia Civil. 

La idea del dispositivo especial para la zona empezó a gestarse en el instituto armado en tiempos del Gobierno del PP y se materializó con el cambio de Gobierno, según explican fuentes del instituto armado. Las aprehensiones crecían, acompañadas de sus correspondientes notas de prensa, y en los comicios de 2019, el PSOE designó a Marlaska candidato al Congreso por la provincia de Cádiz. El Plan Especial del Gobierno para la zona, en el que se enmarcaba OCON-Sur, era la mejor carta de presentación de Marlaska en campaña. En los apenas cuatro años que estuvo desplegado, el dispositivo sumó más de 10.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga. 

La penetración del narco en todas las capas de la sociedad y los conatos de atentados a los agentes del orden estuvieron en el origen de la reacción del Ministerio del Interior en 2018. La Guardia Civil reclutó a 150 agentes para el dispositivo especial: especialistas en seguimientos, captación de fuentes, con experiencia frente al narcotráfico… La mayoría procedían del sur de España y muchos conocían la zona. 

Entre los designados había un número considerable de “gente de Oliva”, el teniente coronel ahora imputado con una larga trayectoria de éxitos contra el narcotráfico. La sola idea de la creación del OCON ya había despertado recelos en otras unidades especializadas de la Guardia Civil y en la Policía Nacional, enfrascados ambos cuerpos en una rivalidad por quién suma más detenidos e incautaciones. 

A esas suspicacias hay que añadir que los agentes destinados en OCON podían ganar hasta 18.000 euros anuales más que en sus anteriores destinos por el pago de dietas. “Trabajaban siete días a la semana, 24 horas al día. Había un entusiasmo y un empuje que recordaba a los tiempos de la lucha contra ETA”, resume un agente conocedor del dispositivo. El perfil de Oliva, admirado, casi idolatrado, por unos; y detestado por otros, por su carácter hosco y por el modo en el que, denuncian, llevaba sus investigaciones al límite, no hacían sino contribuir a la polémica interna. 

Pero esos desencuentros no provocaron que se repensara la existencia del OCON hasta la investigación a su teniente coronel. Cuando se desmanteló el dispositivo hace tiempo que la investigación de Asuntos Internos era un rumor extendido. La decisión de Interior se ejecutó en octubre de 2022 y en diciembre, dos meses después, Asuntos Internos realizó una primera fase de la operación, con registro y detención de uno de los tenientes al mando de Oliva. Hasta abril de 2023 no trascendió la imputación de Oliva y algunos detalles de las pesquisas.

El origen del caso contra el teniente coronel es un atestado de la unidad antidroga de la Policía Nacional de septiembre de 2021 que vincula a Oliva con el clan de los Ariza, unos narcotraficantes que operarían en la playa de Bolonia (Tarifa), popular entre los turistas por su imponente duna de arena blanca. Oliva y dos tenientes a su cargo continúan a día de hoy imputados por cohecho y revelación de secretos en un juzgado de Parla (Madrid). 

La acusación judicial no tiene que ver con la supuesta relación de los agentes con los narcos sino con la obtención de información por parte de Oliva acerca de la investigación que llevaba contra él Asuntos Internos, con la presunta ayuda de un teniente destinado allí y al que habría recompensado con un puesto en el OCON. La sustracción de la información de la sede de Asuntos Internos se cometió en la sede que el Servicio tiene en la localidad madrileña de Valdemoro, próxima a Parla, y por eso, un juzgado de esta localidad se ha terminado haciendo cargo de la investigación tras un conflicto de competencia con la Audiencia Nacional. 

“Con el OCON, la situación no estaría descontrolada y las lanchas no habrían estado ahí el viernes. Y si esas gomas no hubieran estado ahí, el coronel de Cádiz no tendría que haber pedido que entraran a echarlas en condiciones muy adversas”, asegura otro agente sobre la muerte de dos de sus compañeros, uno adscrito al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el otro miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR).

La Voz de Cádiz ha publicado que la decisión última de que la pequeña lancha de los GEAS se echara al agua fue tomada por el capitán del Servicio Marítimo destacado en Barbate con la única intención de disuadir a los ‘narcos’ para que abandonaran el muelle de Barbate. Las narcolanchas no llevaban cargamento pero su sola posesión o uso es un delito desde 2018. En cualquier caso, la consigna no era practicar detenciones o abordarlas con los medios que se disponían. El resto de embarcaciones o estaban fuera de servicio por averías o no podían llegar a la zona a causa del temporal. 

Nadie contaba con que una de las potentes narcolanchas enfilara en línea recta contra la zodiac y la embistiera. Una jueza de Barbate ha decretado el ingreso en prisión provisional de los seis ocupantes acusados de dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de resistencia grave a la autoridad. Han quedado en libertad con cargos el padre y el hijo que acudieron a su encuentro en una playa de La Línea. 

Desde el Ministerio del Interior defienden que el fin de OCON-Sur no supuso una merma de efectivos y medios sino una reestructuración “para integrar a sus integrantes en las unidades territoriales de Policía Judicial”. Eso implicó que las competencias del dispositivo especial regresaran a las comandancias y sus unidades de Policía Judicial. El pleno del Senado debatirá y votará la reprobación del ministro Marlaska, una más, que saldrá adelante solo con la mayoría del PP. Si Podemos se suma en el Congreso, el ministro también podría ser reprobado por la Cámara baja. Los votos de Vox están garantizados. 

La visita de Feijóo

Desde el viernes, cualquier explicación en profundidad ha sucumbido a la tentación política de atribuir la muerte de los guardias a un error político. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó a Barbate el lunes para responsabilizar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al Gobierno en general, por no haber declarado la zona de “especial singularidad”, lo que conllevaría, entre otros extremos, mejores retribuciones para los agentes y más medios materiales y humanos.

En su intervención, Feijóo confundió varias veces la implantación de un “plan especial” de seguridad, que ya existe y está operativo desde 2018, con el de “zona de especial singularidad”. También afirmó que el programa del PP ya proponía de forma “específica” esto último. En realidad, el texto de su partido decía: “Analizaremos la posibilidad de declarar zonas de especial singularidad como el Campo de Gibraltar”. El resto de partidos ni hicieron mención en sus programas. 

La pregunta que surge es si con OCON-Sur o sin él, y con todo ese volumen de arrestos e incautaciones, se desincentiva el narcotráfico. Los partidarios de despenalizar el tráfico de hachís creen que se trata de intentar poner puertas al campo, pero incluso con la legalización del cannabis y sus derivados surge otro problema: la utilización del Estrecho como ruta de entrada de la cocaína a Europa. 

La Fiscalía denuncia falta de medios

La Fiscalía Antidroga de Andalucía alertó en su última memoria de que en 2022 habían bajado a la mitad sus incautaciones y que eso se debía a “una menor presión policial”, en referencia a la desaparición de OCON-Sur. Algunas voces de la Guardia Civil replican que es responsabilidad de la Fiscalía y los juzgados que las operaciones policiales, con decenas de detenidos y toneladas de droga aprehendida, no acabe en altas condenas. 

En la misma memoria, la propia Fiscalía Antidroga de Andalucía advertía igualmente: “En la situación actual de los Juzgados del Campo de Gibraltar, el colapso ha alcanzado cuotas muy altas, que no se pueden manejar laboralmente”.

La polémica suscitada hizo que el Gobierno facilitara ayer la implicación de cada Ministerio en la zona. Según Moncloa, se han creado doce nuevos juzgados en la provincia de Cádiz desde 2018, dos plazas en la Audiencia de Cádiz con sede en Algeciras y diez plazas de fiscales y otras siete más para 2024. 

La Fiscalía añade en su memoria anual: “La investigación no cuenta con los medios adecuados, incluida la seguridad de sus miembros y la especialización de jueces, magistrados, fiscales, letrados judiciales y funcionarios”. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo este miércoles en Onda Cero que Interior no informó al Ministerio Público del desmantelamiento de OCON-SUR

'Los Castaña', el paradigma

El caso paradigmático es el del clan de los Castaña, juzgado a consecuencia de una gran operación del OCON-Sur, desarrollada entre febrero y septiembre de 2020. El mes pasado, Antonio Tejón, su líder, fue condenado a seis años de cárcel, lejos de la pena a la que aspiraba la Fiscalía, que solicitaba 15 años de reclusión para él. De los 150 acusados, 46 fueron absueltos y la Fiscalía pactó penas menores de las que solicitaba antes del juicio y una veintena no llegaron a sentarse en el banquillo. 

En ámbitos judiciales se viene demandando desde hace tiempo la transferencia de estos grandes casos de narcotráfico en El Estrecho a la Audiencia Nacional, cuestión que llevó Núñez Feijóo a su intervención en Barbate donde pidió la dimisión de Marlaska. El tribunal especializado solo es competente si se demuestra que el tráfico de drogas investigado afecta a varias regiones. El del Estrecho, pese a que su destino final desborda en muchas ocasiones las fronteras españolas, no es asumido por la Audiencia Nacional.

La muerte de dos guardias civiles tras ser arrollados con una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) ha vuelto de nuevo todas las miradas sobre el Campo de Gibraltar. La comarca, ubicada en el extremo sur de Andalucía, lleva décadas arrastrando el estigma de ser uno de los epicentros del tráfico de drogas en la península. Una realidad a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales hacen frente con “un esfuerzo incansable”, pero con una endémica falta de recursos materiales y personales que, en el ámbito de los tribunales, tiene a los juzgados en una situación de “colapso”. 

Es parte del diagnóstico que realizó en su última memoria la Fiscalía Especial Antidroga, que advertía de que el narcotráfico y la delincuencia organizada son fenómenos que se extienden rápidamente y requieren “una respuesta urgente, no solo policial sino también desde la organización judicial”. En ese análisis, plagado de datos sobre causas abiertas, incautaciones y operaciones, el Ministerio Público alertó sin medias tintas de la comprometida situación en la que se encuentran los juzgados de la comarca, que incluyen los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque. 

“En la situación actual de los Juzgados del Campo de Gibraltar, el colapso ha alcanzado cuotas muy altas, que no se pueden manejar laboralmente”, recoge ese documento, publicado el pasado septiembre. De hecho, la memoria destaca que en la comarca es “cada vez más común” el inicio de investigaciones sobre “verdaderas organizaciones criminales” que no se pueden investigar como tales por la dificultad de tramitar las pesquisas. 

Una situación, afirma la Fiscalía, que también da lugar a “fracasos” como el ocurrido hace unos meses en el juicio contra el clan de Los Castaña, una de las principales tramas vinculadas al narcotráfico en el Estrecho. De los 15 acusados, sólo uno resultó condenado, tras un “tedioso procedimiento” que duró más de cuatro meses. El Ministerio Público señaló que había faltado “una prueba total y absoluta para determinar la acusación”, según contó El País. 

Un “cuello de botella” judicial

La Fiscalía denuncia un “cuello de botella” en el plano judicial con un “volumen” y “magnitud” de procedimientos que hacen que para los cuatro fiscales antidroga que trabajan en la comarca sea “inasumible” llevar los procedimientos como “verdaderamente” les gustaría, con un “mayor control” sobre los mismos. Por ejemplo, en lo relativo a las intervenciones telefónicas de los encausados, que son una prueba fundamental en muchas causas. En los últimos años se ha detectado, además, que estas organizaciones criminales no sólo se dedican al tráfico de hachís, sino que también trafican con personas migrantes a las que ofrecen trasladar el hachís como “billete” para entrar en España. 

De los cuatro fiscales citados, que asumen todas las causas de droga de los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque y también los juicios posteriores, sólo la fiscal delegada tiene exclusividad en la materia. Los otros tres compaginan los asuntos de drogas con la asistencia al Juzgado de Violencia de Género o las incidencias que puedan surgir sobre otras materias penales, civiles e incluso sociales. 

La fiscal Ana Villagómez, delegada autonómica en materia antidroga, puso voz a esta situación el pasado viernes en varias entrevistas. “La lucha es totalmente desigual. Ellos [los narcos] tienen todos los medios a su disposición y la Guardia Civil no cuenta con medios similares para combatirlos, está en absoluta inferioridad. Además, el problema es que hay muchas operaciones policiales que acaban en un cuello de botella en los juzgados por un sistema procesal del siglo XIX. Los procedimientos se eternizan y no hay una respuesta inmediata, que es lo que realmente operaría unos efectos de prevención”, dijo en una entrevista a la agencia Efe.   

La jueza Cristina Meré, titular de un juzgado mixto de La Línea, hace hincapié en la falta de medios materiales y personales para afrontar la lucha contra el narcotráfico que sufre esta zona. “No deja de ser un pueblo que tiene un crimen organizado bastante elevado y complejo, pero con los medios de un juzgado mixto de pueblo”, afirma. Y alude especialmente a las carencias en el ámbito policial. “Les faltan medios materiales. Hemos visto, por ejemplo, que sus embarcaciones rápidas no están al mismo nivel que las narcolanchas”, añade. 

Meré sostiene que la fuerte carga de trabajo que sufren los juzgados de la zona no es diferente a la de otros territorios, aunque el Campo de Gibraltar sí tiene la particularidad de tener que hacer frente a operaciones complejas que añaden saturación. Todo ello, además, con juzgados mixtos (civiles y penales) que tienen que atender una diversidad de asuntos y con la particularidad de que es “un sitio de primer destino” y con una alta rotación. “Cuando llegué, mi juzgado tuvo adscritos tres fiscales en un mes”, dice esta jueza, que afirma que todos los juzgados de La Línea y San Roque están compuestos por jueces de las últimas promociones, como es su caso. 

La competencia de la Audiencia Nacional

La muerte de dos guardias civiles en Barbate también ha reabierto el debate sobre las “limitadas” competencias de la Audiencia Nacional, que sólo asume las grandes causas sobre tráfico de drogas si son interregionales. Esto es, si los posibles delitos despliegan efectos sobre varias provincias. Pese a lo que se suele pensar, la mayoría de los casos más relevantes de narcotráfico, los relativos a organizaciones que disponen de recursos financieros y manejan mayor volumen de sustancias estupefacientes, no se investigan en la Audiencia Nacional. “Y, por tanto, la investigación no cuenta con los medios adecuados, incluida la seguridad de sus miembros y la especialización de jueces, magistrados, fiscales, letrados judiciales y funcionarios”, sostiene la Fiscalía. 

Esto provoca que muchas de esas causas sean asumidas por los juzgados mixtos (civiles y penales) de las ciudades costeras gaditanas, que se caracterizan por una alta rotación de profesionales, que además suelen recalar en esos destinos en el inicio de sus carreras, como decía la jueza Meré. A este respecto, la memoria de la Fiscalía destaca que esas macrocausas o causas complejas exigen una atención y seguimiento –por ejemplo, en lo relativo a las autorizaciones y seguimientos de las medidas tecnológicas de investigación– que son “imposibles de compatibilizar con las tareas de un juzgado mixto”. 

También apunta a que mientras no se modifique el sistema procesal penal se debería abordar “con urgencia” un cambio en la definición de las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico, para atribuir al tribunal especial la investigación y enjuiciamiento de las grandes causas transnacionales y no sólo las interregionales. Esa propuesta, que el Ministerio Público lleva años defendiendo, también fue esbozada este lunes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reclamó un cambio legal para derivar al tribunal especial “los sumarios más graves” relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.