Estrenamos junto a Oxfam Intermón, la ONG de cooperación para el desarrollo que lleva casi 70 años combatiendo la pobreza y la desigualdad, DESIGUALDAD CERO, una sección dentro de Carne Cruda para visibilizar a quienes el sistema damos la espalda, incluso con nuestras acciones más rutinarias.

14. Periodismo perseguido, un ataque a la democracia

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13. Milmillonarios, una amenaza a la democracia

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12. ¿Qué hay detrás del Black Friday?

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11. Vivir la desigualdad

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10. Cómo la IA y la nube digital dañan el mundo

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9. ¿Te acuerdas del 0,7%?

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8. Pobreza laboral

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7. Cuerpos rotos por cuidar

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6. El saqueo continúa

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5. Comercio justo también en Navidad

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4. Trabajas pero eres pobre

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3. Que paguen los ricos

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2. Jóvenes, precariedad y salud mental

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1. La explotación de quiénes recogen nuestra comida

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La ciudadanía española ya no señala a la economía como la principal fuente de desigualdad del país. En 2025, y coincidiendo con los recientes resultados del CIS, redirige el dedo hacia la vivienda, según el último informe de Oxfam Intermón. “[La economía] sigue teniendo un gran peso, pero ya no ocupa el primer lugar como en 2023, cuando predominaba una espiral inflacionaria que ahora parece ser adelantada por la subida de los precios de la vivienda”, explica la ONG en su estudio Vivir la desigualdad.

Del informe, elaborado en base a una encuesta representativa a 4.102 personas de todos los estratos socioeconómicos —de las cuales 3.520 eran españolas, 293 tenían doble nacionalidad y 289 eran extranjeras— se desprenden los siguientes datos: casi la mitad de los encuestados declara que la crisis de la vivienda afecta directamente a sus vidas y solo el 14,4% de los no propietarios cree que podrá comprarse una vivienda en el futuro.

El acceso a la propiedad es, evidentemente, una de las grandes brechas observadas al respecto, junto a la edad o la etnicidad: solo el 33,2% de la personas propietarias dicen verse afectadas por la situación habitacional, mientras que entre las inquilinas ese porcentaje se dispara al 73,6%. A su vez, el 62,7% de los jóvenes se sienten afectados, frente al 22,8% de quienes tienen más de 65. Por último, el 57,5% de las personas racializadas la sufren, frente al 40,3% de las blancas.

La mayoría aprueba que se amplíe el parque público de vivienda

Los encuestados señalan como principales responsables del problema a las administraciones públicas por su inacción (con una puntuación media de 7,7 sobre 10), seguidas de los fondos buitre, las entidades bancarias, los grandes tenedores, las plataformas de alquiler vacacional, los propietarios de alquiler turístico, las empresas constructoras, y, en último lugar (con un 6), los caseros y los pequeños tenedores (aquellos que tienen menos de 10 viviendas).

Los datos parecen reflejar cierto consenso en que el acceso a una vivienda no debería depender exclusivamente del mercado

Oxfam Intermón

“Los datos parecen reflejar cierto consenso en que el acceso a una vivienda no debería depender exclusivamente del mercado, y que las administraciones públicas tienen un margen de acción que no están activando”, explica la ONG en el documento. 

En este sentido, la gran mayoría de la población (74,8 %) está de acuerdo en que se amplíe el parque público de vivienda, el 72,4% en que se rehabiliten viviendas vacías para su incorporación al alquiler, y el 71 % en combatir la proliferación de pisos turísticos o de temporada.

La sanidad pública asciende como prioridad y la educación desciende

Al alejar el foco de la vivienda y observar el escenario general, el 78% opina que en nuestro país existen grandes desigualdades (3,4 puntos porcentuales menos que en 2023). Y la confianza en la movilidad social ha descendido: el 52 % de las personas encuestadas cree que el origen (social, étnico…) determina la capacidad para progresar en la vida, cuatro puntos porcentuales más que en 2023.

El 39% considera que los principales responsables de estas injusticias son las administraciones públicas y sus políticas, seguidas de los partidos (29,7%) y las grandes empresas (13,7%). Aun así, más de la mitad de la población confía en que el Gobierno de España es muy capaz de combatir estas brechas, por delante de actores como la Unión Europea, las comunidades autónomas o las entidades locales.

En lo que se refiere a grupos sociales, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo la más visible (7,9 sobre 10), seguida de la percibida en cuanto al origen socioeconómico (7,6), la derivada de la situación irregular de las personas migrantes (7,3) o la persistente en barrios o distritos en grandes ciudades (7,2). Las existentes entre hombres y mujeres (6,4) y hacia personas LGTBIQ+ (6,2) se perciben con menor intensidad, pero siguen siendo relevantes, especialmente entre quienes experimentan directamente esa exclusión. 

Este diagnóstico ciudadano viene a constatar una de las principales paradojas de España: pese a ser la cuarta economía de la eurozona, sigue ocupando el quinto puesto entre los países más desiguales de la Unión Europea

Oxfam Intermón

“Este diagnóstico ciudadano viene a constatar una de las principales paradojas de España: pese a ser la cuarta economía de la eurozona, sigue ocupando el quinto puesto entre los países más desiguales de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria, Lituania, Letonia y Portugal”, subrayan desde Oxfam.

No obstante, el 62,4% cree que estas injusticias sí se pueden erradicar. Para lograrlo, señalan como medidas el fomento del empleo de calidad (aumentar el salario mínimo, control de horas sobre contrato…), asegurar una vivienda digna, o un sistema sanitario público de calidad y universal. Estas dos últimas políticas son las que más prioridad ganan desde 2023, con subidas de 6 y 5 puntos, respectivamente, al tiempo que la mejora de la educación pública de calidad se ha reducido en 4,1 puntos porcentuales.

Por otro lado, aunque la mayoría reconoce que los impuestos son indispensables para sostener los servicios públicos (con una media de 7 sobre 10), el 73,4 % considera que el sistema fiscal español no está repartiendo la riqueza de manera equitativa (en la línea de lo declarado en 2023). Casi seis de cada diez opinan que las grandes fortunas contribuyen insuficientemente.

El 37,5% necesitaría un segundo empleo para tener una vida digna

“El crecimiento económico luce en los indicadores macroeconómicos, pero en los hogares la percepción es distinta”, explican desde Oxfam Intermón. Casi tres de cada diez personas afirma que sus ingresos no alcanzan para llevar una vida digna y cuatro de cada diez considera que su vida laboral no es buena (esta sensación se intensifica principalmente entre quienes enfrentan desigualdades de género o raciales). 

“Esa vulnerabilidad se traduce en renuncias. Y lo que hemos constatado en esta segunda edición es que, sin la crisis inflacionaria, algunas de esas renuncias de 2023 se mantienen. El 43% admite no poder permitirse irse de vacaciones ni una sola semana al año, y 1 de cada 4 personas ha tenido que renunciar a ir al dentista por cuestiones económicas”, ha expresado Ernesto García, antropólogo y coordinador del Equipo de la Estrategia Recuperación Justa de Oxfam.

El 37,5% asegura que necesitaría un segundo empleo para alcanzar una vida digna y la mitad dicen estar sobrecualificados para el trabajo que realizan —el 58,5% de los jóvenes de 25-34 años y el 46% de los mayores de 35 así lo creen—. 

La mitad dicen estar sobrecualificados para el trabajo que realizan —el 58,5% de los jóvenes de 25-34 años y el 46% de los mayores de 35 así lo creen—.

En el caso de las mujeres, están menos satisfechas con su trabajo que los varones (un 66,7 % de ellas están conformes frente a un 73,2 % de los hombres); tienen una mayor necesidad de

un segundo empleo por razones económicas (41,3 % de mujeres frente al 33,7 % de ellos) y perciben en mayor medida la desigualdad relativa al hogar (6,5 sobre 10) que ellos (5,8).

Y a pesar de la moderación de la inflación y la mejora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), durante el último año más de un 60 % dice haber tenido que comprar por problemas económicos productos en oferta, más baratos, o en supermercados más económicos.

También destaca el dato de que más de la mitad de quienes tienen entre 25 y 34 años no podrían asumir un gasto imprevisto de más de 600 euros y que el 34% de ellos han tenido que pedir ayudas económicas a familiares o instituciones humanitarias (Cáritas, Cruz Roja…). 

“La desigualdad es una violación de la dignidad humana que nace, entre otros factores, de decisiones políticas. Los objetivos y la hoja de ruta están marcados. Ahora hace falta la voluntad de todos los actores sociales para recorrerla”, enfatizan desde la ONG.

Si Amancio Ortega, Rafael del Pino Calvo-Sotelo y Juan Roig juntaran todo su dinero, la suma resultante serían 185.000 millones de euros. El cálculo lo hizo el periodista Gabriel Ubieto a partir del informe que Oxfam ha publicado esta semana coincidiendo como cada año con la celebración del Foro de Davos. 

En ese listado, que se ha confeccionado en base a la lista Forbes, aparecen otros nombres conocidos, aunque en posiciones menos destacadas. Están desde Florentino Pérez a Sol Daurella, Manuel Lao o Carmen Thyssen. Por cierto, en la página de Forbes se puede comprobar en tiempo real a quién le está yendo bien el día en términos de ganancias y quién está teniendo una jornada peor, si es que en esas alturas se puede hablar de días malos.

Según el estudio de Oxfam, los milmillonarios cada vez consiguen acumular más fortuna a mayor velocidad. Así, el año pasado, la riqueza conjunta de los megarricos del mundo creció tres veces más rápido que en 2023. Para que se hagan una idea, el promedio fue de dos millones de dólares más al día. En el caso de los diez hombres más acaudalados del mundo se incrementó, de promedio, en casi 100 millones de dólares al día.

Si usted no forma parte de este exclusivo club, que sepa que un 60% de esa riqueza es heredada. En 2023, por primera vez en la historia, surgieron más milmillonarios gracias a herencias que como resultado del emprendimiento. O sea que esto no va de esfuerzo ni meritocracia sino de cuna.

Más ricos y con mayores fortunas. La media es de cuatro milmillonarios más a la semana en un mundo en el que la cifra de pobres está prácticamente estancada desde la década de los 90. La desigualdad es esto.

Algunos de esos millonarios, desde Elon Musk a Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, estuvieron en la toma de posesión de Trump. Traducido a cifras, en base al cálculo de Forbes, serían las siguientes: el propietario de X y Tesla tiene una fortuna de 433.900 millones de dólares. El patrimonio del fundador de Amazon es 239.400 millones de dólares y el de Meta acumula 211.800 millones. Ya no solo existe la oligarquía de Putin. Ahora está también la de Trump.

Un informe del Banco Mundial publicado en octubre del 2024 señalaba que, al ritmo actual, podría ser necesario más de un siglo para eliminar la pobreza tal como se la define en casi la mitad del mundo, es decir, aquellas personas que viven con menos de 8,85 dólares al día. Si nos fijamos en la pobreza extrema, casi 700 millones de personas —el 8,5 % de la población mundial— viven con menos de 2,15 dólares al día. El cálculo del Banco Mundial prevé que el 7,3 % de la población se encontrará en situación de pobreza extrema en 2030.

Para revertir esta situación habría que ir en el sentido contrario al que vamos. Oxfam señala que, desde 2022, la inmensa mayoría de los países presentan tendencias negativas en materia de desigualdad. Por ejemplo, cuatro de cada cinco países han recortado el porcentaje de su presupuesto destinado a educación, salud y protección social. También se reduce la fiscalidad progresiva y en nueve de cada 10 se ha retrocedido en derechos laborales. Un mundo que cada vez se asemeja más al que soñó Margaret Thatcher.

Fue el primer gran juicio climático en España. La demanda presentada en 2020 por grupos ecologistas exigía al Gobierno español elevar el recorte de emisiones de gases de efecto invernadero contemplado en el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón acusaban al Ejecutivo de no hacer suficiente por cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y, por tanto, de desproteger a los ciudadanos frente a las consecuencias del cambio climático. El Supremo rechazó esta petición en 2023, en una sentencia que fue recurrida por estos grupos –más Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo– y que ha sido admitida por el Constitucional.

“No parece que la decisión de la Administración Española, en legítimo ejercicio de dirección de la política nacional e internacional que le confiere la Constitución, pueda tacharse de arbitraria, sino todo lo contrario”, zanjó la sala tercera del Supremo. Ahora el Constitucional deberá pronunciarse sobre si la sentencia del Supremo violó algún derecho fundamental; en definitiva, si el cambio climático afecta a derechos fundamentales. 

Los antecedentes

Las organizaciones acudieron a los tribunales en septiembre de 2020 por lo que consideraban “inactividad de la Administración” al no haberse culminado ese plan en el plazo previsto por la Unión Europea. Luego, tras la publicación del documento en marzo de 2021, las mismas organizaciones recurrieron su contenido por considerar que “incumple los objetivos de reducción de emisiones contemplados en el Acuerdo de París”. De manera más concreta: el PNIEC establece que, para 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero deberán haber caído en España un 23% y lo que se pedía en la demanda es que se llegara a un 55%.

Esta acción incorporaba a España a la lista de litigios ambientales como los que están planteados a Alemania, Francia, Nueva Zelanda o Canadá y llegaba nueve meses después de que el movimiento ecologista obtuviera una gran victoria judicial en Holanda. En diciembre de 2019, el Supremo holandés estableció que el Gobierno del país centro europeo debía reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero. Fue un hito.

El Supremo se negó dos veces, una en junio y otra en septiembre de 2021, cerrar el primer proceso como había solicitado la Abogacía del Estado. Pero finalmente, en junio de 2023, el Supremo acabó por rechazar el pleito impulsado por las organizaciones ecologistas que entendían que la estrategia climática de las autoridades españolas no protegía lo suficiente el medioambiente contra los efectos del cambio climático.

Los jueces entendieron entonces que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima –que contemplaba medidas y objetivos desde 2021 hasta 2030– suponía “integrarse en el compromiso asumido por la Unión Europea” y descartaba, como pedían los ecologistas, obligar al Ejecutivo a endurecer sus términos.

Los grupos ecologistas recurrieron la sentencia por “vulneración de los derechos humanos”, al entender que el Supremo “ignora la ciencia y los acuerdos internacionales” además de “desproteger a la ciudadanía”. Este es el recurso que ahora ha admitido el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre este pleito.

El caso de Suiza

En marzo pasado, en una sentencia histórica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró que Suiza ha violado los derechos humanos de un grupo de mujeres porque se han constatado “lagunas críticas” en las políticas del país contra el cambio climático. La asociación Verein KlimaSeniorinnen, formada por mujeres mayores –muchas tienen más de 75 años– demandaron a Suiza argumentando las consecuencias que tienen para su salud de las olas de calor “cada vez más frecuentes e intensas”. Los jueces europeos estimaron que el país incumplió sus obligaciones para evitar que estas personas sufran los efectos del calentamiento global. En la sentencia, la corte concluye que ha habido una violación del derecho al respeto de la vida privada y familiar y del acceso a los tribunales, consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Este fallo es un hito en la lucha por un clima habitable para todos. Y el veredicto es una satisfacción. Después de que los tribunales suizos no nos escucharan, el TEDH lo ha confirmado: la protección del clima es un derecho humano”, se congratulaba entonces Anne Mahrer, copresidenta de KlimaSeniorinnen.

A principios de este mes dio comienzo en el Tribunal de Justicia Internacional la mayor causa climática, impulsada por 98 países y 12 organizaciones sociales que han comparecido en La Haya para pedir que se establezcan límites legales que permitan combatir la emergencia climática. La ONU decidió pedir por unanimidad al tribunal que emitiera una opinión sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático. La resolución tardará unos meses, y aunque no será vinculante, sí tendrá relevancia desde el punto de vista político porque señalará la responsabilidad de los Gobiernos en su compromiso por atajar con políticas los efectos del calentamiento global. En los últimos años, el número de causas climáticas se ha duplicado en todo el mundo.

Com es poden garantir els drets fonamentals al voltant del planeta? És la pregunta que s'ha posat sobre la taula d'un dels debats del Festival de les Idees i la Cultura (FIC) 2024, celebrat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). A través de les mirades de quatre representants de diferents ONG a l'esdeveniment organitzat per elDiario.es, s'han exposat els principals inconvenients que enfronten diferents col·lectius a l'accés a drets bàsics i fonamentals.

A la taula, que ha moderat Sandra Vicente, periodista de l'edició de Catalunya d'elDiario.es, hi han participat Pilar Orenes Cabrera, Directora general d'Educo, Alba Linares, Directora d'Impacte de Fundació Anesvad, Raquel González Juárez, coordinadora de Metges Sense Fronteres a Espanya i Franc Cortada, Director general d'Oxfam Intermón.

La tercera taula de la tarda del divendres ha començat amb un debat sobre els reptes del món actual. “No havíem estat mai tan malament, és això cert?”, ha preguntat la moderadora, Sandra Vicente. El director d'Oxfam Intermón ha assenyalat que la desigualtat mundial no és fruit del destí, “sense opcions polítiques que s'han pres i han anat apuntant un sistema que premia l'acumulació de riquesa”. Per la seva banda, Raquel González ha apuntat que el món registra el nombre més gran de conflictes. “L'Organització Mundial de la Salut situa que una cambra de la població mundial està vivint en zones amb violència, conflictes oberts, desplaçaments o desastres naturals”, explica la coordinadora de Metges Sense Fronteres.

Per la seva banda, Alba Linares, directora d'Impacte de Fundació Anesvad assenyala que, i tendint a l'índex de Gini, la desigualtat augmenta des del 1980: “No és una cosa de l'última dècada, és una tendència del sistema”. Per part seva, des d'Educo, Pilar Orenes insisteix en la interconnectivitat de les desigualtats i en l'atenció a un percentatge de la població que està oblidat: els nens. “Qui posa aquesta mirada?”, pregunta Orenes.

El paper de l'educació i la sanitat pública com a ascensors socials

Al llarg de la xerrada també s'ha debatut sobre els elements de l'educació més importants per combatre les desigualtats socials. En línia amb l'àrea d'actuació de la Fundació Anesvad, Linares ha assenyalat que “l'educació també millorarà la salut de les persones”. Per la seva banda, Orenes insisteix que l'educació és un dret, no un servei. A més, també assenyala que per mitigar la desigualtat a través de l'educació s'haurà de fer de forma integral, com un dret inalienable i a través de l'escolta activa.

En relació amb la sanitat pública com a garantia dels drets fonamentals, la coordinadora de Metges sense Fronteres insisteix en que “els medicaments no poden ser un luxe” i si s'erosiona l'atenció sanitària gratuïta, “hi haurà una fallida dels sistemes de salut”. Al seu torn, Linares ha assenyalat els Estats com a responsables de l'efectivitat de les polítiques sanitàries: “Hi ha uns titulars d'obligacions i aquests titulars són els Estats. La salut ja és un dret reconegut pel nostre marc de drets humans. El quid és com fer efectiu aquest dret”, declara.

Crisi climàtica: responsables del Nord Global, víctimes al Sud

El 10% de la població més rica del món és la responsable de la meitat de les emissions de carboni. Amb aquesta dada ha inaugurat la periodista Sandra Vicente un altre dels blocs del debat. I el director general d'Oxfam Intermón ha anotat una dada més: “El Nord Global som responsables del 92% de les emissions històriques de CO2. El problema l'hem generat nosaltres”. Per això, el representant d'Oxfam insisteix en que una de les solucions està en dir adéu als combustibles fòssils, però “ens falta urgència i governs que entenguin que ens juguem el nostre futur”.

En els 40 minuts que ha durat el debat, s'estan succeint tragèdies climàtiques. S'han assenyalat les greus crisis alimentàries que les sequeres han generat a la banya d'Àfrica o la regió del Sahel, així com la desaparició d'illes i arxipèlags a la regió del Pacífic. “El conjunt de tot el continent africà amb prou feines ha generat el 4% de les emissions del CO2; el Pacífic, només el 0,03%”, afegeix Cortada.

Amb una mirada feminista

El debat ha reservat un espai a la reflexió sobre els moviments feministes i sobre com compartir els avenços del feminisme del Nord Global amb els països del Sud. “Hem de tenir tolerància zero i mà dura absoluta amb qualsevol tipus d'abús o discriminació”, insisteix González. A més, la representant de Metges Sense Fronteres ha fet una menció especial al cas de l'Afganistan, “on les dones estan estructuralment pitjor”; a les 50.000 dones embarassades a Gaza i a les condicions de les dones sudaneses embarassades que viuen als camps de refugiats al Txad.

Finalment, Cortada ha assenyalat la unió, expansió i sororitat de tots els moviments feministes arreu del món basant-se en la convergència de les dificultats. “Què potent veure les dones afganeses i les dones d'Indonèsia, sumant-se a la veu de les dones iranianes. Les dones iranianes fent seu el crit de les dones kurdes. Les dones mexicanes quan acompanyen les dones dels Estats Units perquè puguin tenir un avortament segur”. Per a Cortada, ens hem de sumar a totes aquestes lluites, obrir espais, exigir als governs i finançar aquestes organitzacions. “Les lluites de tots aquests moviments de dones no són les seves lluites, són les lluites de totes”, afegeix.

El nou esdeveniment d'elDiario.es se celebra el 28 i 29 de juny a Barcelona com a trobada entre la ciutadania i el medi, on se succeiran concerts, debats, entrevistes, monòlegs i múltiples activitats culturals gratuïtes. La cita ha arrencat amb una trobada exclusiva amb els socis de elDiario.es liderada per Ignacio Escolar, Neus Tomàs i Olga Rodríguez.

¿Cómo se pueden garantizar los derechos fundamentales alrededor del planeta? Es la pregunta que se ha puesto sobre la mesa de uno de los debates del Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) 2024 celebrado en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). A través de las miradas de cuatro representantes de diferentes ONG en el evento organizado por elDiario.es, se han expuesto los principales inconvenientes que enfrentan distintos colectivos en el acceso a derechos básicos y fundamentales.

En la mesa, que ha moderado Sandra Vicente, periodista de la edición de Catalunya de elDiario.es, han participado Pilar Orenes Cabrera, Directora general de Educo, Alba Linares, Directora de Impacto de Fundación Anesvad, Raquel González Juárez, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en España y Franc Cortada, Director general de Oxfam Intermón. 

La tercera mesa de la tarde del viernes ha comenzado con un debate sobre los retos del mundo actual. “Nunca habíamos estado tan mal, ¿es esto cierto?”, ha preguntado la moderadora, Sandra Vicente. El director de Oxfam Intermón ha señalado que la desigualdad mundial no es fruto del destino, “sino de opciones políticas que se han tomado y han ido apuntando un sistema que premia la acumulación de riqueza”. Por su parte, Raquel González ha apuntado que el mundo registra el mayor número de conflictos. “La Organización Mundial de la Salud sitúa que un cuarto de la población mundial está viviendo en zonas con violencia, conflictos abiertos, desplazamientos o desastres naturales”, cuenta la coordinadora de Médicos Sin Fronteras.  

Por su parte, Alba Linares, directora de Impacto de Fundación Anesvad señala que, y tendiendo al índice de Gini, que la desigualdad lleva aumentado desde 1980: “No es algo de la última década, es una tendencia del sistema”. Por su parte, desde Educo, Pilar Orenes insiste en la interconectividad de las desigualdades y en la atención a un porcentaje de la población que está olvidado: los niños. “¿Quién pone esa mirada”, pregunta Orenes.

El papel de la educación y la sanidad pública como ascensores sociales  

A lo largo de la charla, también se ha debatido sobre los elementos de la educación más importantes para combatir las desigualdades sociales. En línea con el área de actuación de Fundación Anesvad, Linares ha señalado que “la educación también va a mejorar la salud de las personas”. Por su parte, Orenes insiste que la educación es un derecho, no un servicio. Además, también señala que para mitigar la desigualdad a través de la educación deberá de ser de “forma integral, como un derecho inalienable y a través de la escucha activa”. 

En relación con la sanidad pública como garante de los derechos fundamentales, la coordinadora de Médicos sin Fronteras insiste que “los medicamentos no pueden ser un lujo” y si se erosiona la atención sanitaria gratuita “habrá una quiebra de los sistemas de salud”. Por su parte, Linares ha señalado los Estados como responsables de la efectividad de las políticas sanitarias: “Hay unos titulares de obligaciones y esos titulares son los Estados. La salud ya es un derecho reconocido por nuestro marco de derechos humanos. El quid está en cómo hacer efectivo ese derecho”, declara.

Crisis climática: responsables del Norte Global, víctimas en el Sur

El 10% de la población más rica del mundo es la responsable de la mitad de las emisiones de carbono. Con ese dato ha inaugurado la periodista Sandra Vicente otro de los bloques del debate. A lo que el director general de Oxfam Intermón ha anotado un dato más: “El Norte Global somos responsables del 92% de las emisiones históricas de co2. El problema lo hemos generado nosotros”. Para ello, el representante de Oxfam insiste en que una de las soluciones de está en decir adiós a los combustibles fósiles, pero “nos falta urgencia y gobiernos que entiendan que nos jugamos nuestro futuro”. 

En los 40 minutos que ha durado el debate, se están sucediendo tragedias climáticas. Se han señalado las graves crisis alimentarias que las sequías han generado en el cuerno de África o la región del Sahel, así como la desaparición de islas y archipiélagos en la región del Pacífico. “El conjunto de todo el continente africano apenas ha generado el 4% de las emisiones del co2; el Pacífico, solo el 0,03%”, añade Cortada. 

Con una mirada feminista

El debate ha reservado un espacio a la reflexión sobre los movimientos feministas y sobre cómo compartir los avances del feminismo del Norte Global con los países del Sur. “Debemos tener tolerancia cero y absoluta mano dura con cualquier tipo de abuso o discriminación”, insiste González. Además, la representante de Médicos Sin Fronteras ha hecho una mención especial al caso de Afganistán, “donde las mujeres están estructuralmente peor”; a las 50.000 mujeres embarazadas en Gaza y a las condiciones de las mujeres sudanesas embarazadas que viven en los campos de refugiados en Chad.  

Por último, Cortada ha señalado la unión, expansión y sororidad de todos los movimientos feministas alrededor del mundo con base en la convergencia de las dificultades. “Qué potente ver a las mujeres afganas y a las mujeres de Indonesia, sumándose a la voz de las mujeres iraníes. Las mujeres iraníes haciendo suyo el grito de las mujeres kurdas. Las mujeres mexicanas cuando acompañan a las mujeres de Estados Unidos para que puedan tener un aborto seguro”. Para Cortada, debemos sumarnos a todas esas luchas, abrir espacios, exigir a los gobiernos y financiar esas organizaciones. “Las luchas de todos estos movimientos de mujeres no son sus luchas, son las luchas de todas”, añade. 

El nuevo evento de elDiario.es se celebra el 28 y 29 de junio en Barcelona como encuentro entre la ciudadanía y el medio, donde se sucederán conciertos, debates, entrevistas, monólogos y múltiples actividades culturales gratuitas. La cita ha arrancado con un encuentro exclusivo con los socios de elDiario.es liderado por Ignacio Escolar, Neus Tomàs y Olga Rodríguez. 

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros de sobresalto en sobresalto. Estaba escribiendo este boletín cuando saltó la noticia bomba de Pedro Sánchez. El presidente cancela su agenda para decidir si continúa en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa. Está siendo una legislatura mucho más compleja de lo esperado. Este movimiento de Sánchez añade aún más incertidumbre a una periodo que ya estaba tocado por la inactividad del Ejecutivo debido al cargado ciclo electoral (vascas, catalanas y europeas). Ni siquiera se intentó abordar la aprobación de los Presupuestos Generales de 2024.  

Quién sabe si el próximo lunes Sánchez anunciará su salida del Gobierno y qué consecuencias se pueden derivar: desde elecciones generales a una moción de confianza hasta que se mantenga un Ejecutivo sin su figura, donde era la autoridad y el elemento que cohesiona a un Gobierno de coalición demasiado endeble. Hace una semana los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT lanzaba una petición al Gobierno para que no cayese en una “parálisis reformista”. Su argumento es que no se puede perder una ventana de oportunidad para cambiar el país y hacerlo más progresista. Hoy, ya no estamos ante un embotamiento del Ejecutivo sino ante un posible desmoronamiento. 

La parálisis no es buena para la economía. La incertidumbre puede ser mucho peor. La decisión de Sánchez puede ser comprensible desde el punto de vista personal, pero está llevando a un país de 47 millones de habitantes a un limbo difícil de entender.  

Entre otras cosas, y este era el tema inicial del boletín, porque España afronta problemas graves que afectan a su ciudadanía de una manera cada vez más preocupante. Este Gobierno parecía que se estaba tomando en serio la cuestión de la vivienda, ahora veremos en qué queda. Los datos son terribles. El mercado del alquiler no da tregua a los inquilinos. España “destaca como la economía europea donde un mayor porcentaje de personas que residen en el mercado del alquiler se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social”, según el informe anual 2023 del Banco de España. Te damos más detalles en esta información.

En nuestro país, esta situación de riesgo de exclusión o pobreza la vive el 45% de los hogares que está alquilando, cuando la media de la Unión Europea está en el 31%, como se puede ver en el siguiente gráfico.

“Los hogares españoles que residían en una vivienda de alquiler a precio de mercado realizaban un mayor esfuerzo en 2022 en términos de su renta bruta, que sus homólogos en las principales economías europeas”, sigue diciendo el informe del Banco de España.

Esta situación tiene repercusiones concretas. Una de cada tres personas jóvenes ha tenido que retrasar o suspender el pago de su alquiler. En concreto, el 30,4% de los inquilinos menores de 25 años no ha podido cumplir con las fechas que marcan sus contratos, frente al casi 20% de media de la población general, según un análisis de Oxfam Intermón, que te explicamos en esta información.  

Otra de las consecuencias de este mercado de la vivienda absolutamente desbocado es que se están creando diferencias de clase evidentes entre propietarios e inquilinos. En el mercado de la vivienda hay una “marcada desigualdad de renta en función de la posición que se ocupa en el sistema”. Hay una “generación inquilina” que “proviene mayoritariamente de la población con menores ingresos, donde el elevado precio de los alquileres les lleva a situaciones de mayor empobrecimiento y precariedad”. Además existe “una generación de caseros” que “se sitúa mayoritariamente entre las franjas de la población de mayor renta, a la que se suma además la transferencia de renta que recibe de los inquilinos”.  La ratio de ingresos de los arrendadores es hasta 2,58 veces superior a la de quienes alquilan.

¿Qué país queremos construir?

El Gráfico

Buena parte del problema de la vivienda tiene que ver con la banca. La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación ha enriquecido mucho más a las entidades financieras mientras que ahoga a familias hipotecadas y empresas con créditos. Hay un problema añadido: se está computando la contribución de la banca a la economía española de forma un tanto torticera. Según el cálculo del PIB que hace el INE, el valor añadido generado por los bancos se incremento de 46.037 millones de euros a 72.661 millones entre 2021 a 2023. Ahora bien, en la descomposición del valor añadido, el INE apunta que los intereses que recibieron las familias escalaron a los 42.365 millones en 2023, con una subida del 240% interanual. Sin embargo, de esa cifra solo 7.600 millones son intereses 'reales', los que los bancos pagan por los depósitos y llegan realmente a los bolsillos de sus clientes. Aquí te explicamos la prueba de la avaricia bancaria que se esconde en las tripas de la Contabilidad Nacional.

El Dato

72.900 millones de euros

Es el recorte presupuestario o el importe adicional de una subida de impuestos que va a suponer la recuperación de las reglas fiscales europeas para las economías de España, Francia, Italia y Bélgica. Este es el cálculo que han realizado los sindicatos de estos cuatro países, que han hecho sonar las alarmas en los últimos días por la aprobación del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si ya hay multitud de obstáculos para subir impuestos, ya te puedes imaginar cómo se va a intentar solventar la reducción del déficit y la deuda. Aquí te damos más información sobre el nuevo corsé fiscal y “la vuelta de la austeridad” en la Unión Europea.

Cada vez que habla sube el pan

Creemos que tendremos Optimus en producción limitada en nuestra fábrica realizando tareas útiles antes de que acabe este año. Y luego creo que podremos venderlo a finales del año que viene

Elon Musk — Fundador y director general de Tesla

Lo ha vuelto a hacer. Entre otras cosas porque le funciona. Cuando se ha sabido que Tesla ha tenido una caída del 55% en sus beneficios marcada por un hundimiento del 13% de sus ventas de coches eléctricos en el primer trimestre. Elon Musk, fundador y director general de Tesla, ha vuelto a recuperar su vieja estrategia de prometer nuevos productos “el año que viene” para sostener Tesla en su momento más crítico. Musk lleva jugando con las mismas cartas desde hace años, y le funciona. En este caso,  pondrá a la venta un androide “a finales del año que viene” tras los constantes retrasos de su tecnología de conducción autónoma. Aquí te explicamos la estrategia de “el año que viene” de Elon Musk.

Entrepreneur

En nuestra serie de empresarios de postín y emprendedores empedernidos te hablamos esta semana de Francisco Bellón, primer ejecutivo de la minera australiana Berkeley en España. Bellón entró en 2011 como director general de Operaciones en la compañía minera, ascendió en 2018 a chief operating officer, y en julio de 2022 fue promovido a presidente de Berkeley Minera España. Pues bien, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha multado por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al embolsarse 40.000 euros comprando y vendiendo títulos de la compañía a finales de 2020, mientras disponía de información privilegiada que la empresa no comunicó de forma inmediata al mercado. La sanción consta en un auto de la Audiencia Nacional que el 19 de marzo rechazó la suspensión cautelar de la publicación de la multa que pedía Bellón. En este enlace te contamos más detalles de la multa y las prácticas del presidente de esta compañía minera.

Bien público

El fondo gigante del capital riesgo CVC vendió en 2017 la empresa de sanidad privada Quirón al grupo alemán Fresenius por 5.760 millones, con unas plusvalías para el fondo de unos 2.600 millones. La operación hizo multimillonario al ex médico deportivo y fundador de Quirón, Víctor Madera, actual presidente del grupo. El problema llega cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)  presenta una denuncia en 2023 contra el fondo de capital riesgo por un presunto delito fiscal para no tributar por la multimillonaria venta. CVC asegura que la denuncia no prosperará pero a la vez avisa a los inversores de que la denuncia puede ser un “ejemplo” del posible endurecimiento de los requisitos de las autoridades fiscales para la industria del capital riesgo. Aún hay más. El financiero Javier de Jaime, máximo responsable en España de CVC, también ha sido denunciado por la Agencia Tributaria por la venta de Quirón. Con la salida a bolsa del fondo va a entrar en la clasificación de las 100 mayores fortunas españolas. En este reportaje de Antonio M. Vélez te contamos cómo el jefe español del fondo CVC entra en el top 100 de millonarios en plena denuncia por delito fiscal en la venta de Quirón.

Nos gusta la competencia

En esta sección os proponemos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Aquí acabamos. Hasta el próximo jueves. Te recuerdo que los próximos 28 y 29 de junio celebramos el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) en Barcelona, tercera edición de este gran evento gratuito y abierto al público que contará con Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre muchos otros. Si no quieres mandar alguna propuesta o idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

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La inflación golpea con más fuerza a los más débiles. Así lo demuestra Intermón Oxfam en su último informe La desigualdad no se va de vacaciones en el que detalla que el aumento de precios afecta un 30% más a los hogares con menos ingresos que a los hogares más ricos. Otras de las consecuencias del incremento de precios es que en lo que llevamos de año (hasta mayo de 2022), la cesta de la compra se ha encarecido un 8,1% y que los hogares con menos recursos están destinando más de un tercio de sus ingresos a pagar la factura energética.

Manteniendo la misma cesta de la compra, la capacidad de ahorro de los hogares con menos ingresos ha empeorado 3,5 veces más que la de los hogares con más ingresos. Los hogares de ‘clase media’ también verán disminuida su capacidad de ahorro. Antes del alza del IPC, casi la mitad de los hogares españoles podían ahorrar, pero tras la subida de precios, solo 3 de cada 10 podrán hacerlo, según detalla la organización.

La inflación de junio llegó al 10,2%, el mayor nivel en 37 años. La Encuesta de Condiciones de Vida indicó que la población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó al 27,8% durante el primer año de la pandemia (2020) – la cifra más alta en cinco años–, inciden en Intermón. En este contexto no es extraño que en los hogares con menor poder adquisitivo, hoy es un 14% más caro mantener el mismo patrón de consumo que antes de la pandemia. Mientras para los hogares más pudientes, el precio de la cesta de la compra también ha aumentado, pero un 11%.

La ONG recuerda que “tres crisis han puesto a prueba a nuestras sociedades: la Gran Recesión, la pandemia de la COVID-19 y el conflicto en Ucrania. Las tres han provocado miseria e incertidumbre, han acentuado desigualdades ya existentes y han desgastado nuestros sistemas de protección social”.

Ahora bien como en crisis anteriores, “la sociedad española se verá fuertemente impactada. Lo dijo con claridad recientemente el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos: 'Somos más pobres que antes de la guerra'. Pero ese impacto es diferencial: los sectores más vulnerables serán, otra vez, los más afectados sin haberse recuperado aún de los efectos de las crisis anteriores. Nuevamente asistimos a un episodio de ‘ganadores y perdedores’”.

“Estos datos, por desgracia, confirman que la inflación sí entiende de clases, castigando a unos más que a otros ya que la vida es más cara para aquellas personas que menos recursos tienen” señala Ernesto García, coordinador de Recuperación Justa en España. Claramente el aumento de precios está afectando especialmente a los hogares con menor capacidad de renta agudizando la desigualdad. La diferente composición de la cesta de la compra y el fuerte aumento de precios de bienes esenciales como la energía perjudica especialmente a los hogares de colectivos más vulnerables.  

Esta situación contrasta con que las ganancias de algunos sectores –financiero, farmacéutico, energético y alimentario– se disparan. La organización apunta que los ingresos de las cuatro mayores empresas energéticas de nuestro país crecieron un 34% entre 2020 y 2021. Es más, sus beneficios en 2021 fueron el doble de la media observada durante los cinco años anteriores. Solo las centrales hidroeléctricas y nucleares habrían generado entre marzo de 2021 y marzo de 2022 más de 6.500 millones de euros de beneficios extraordinarios.

Respecto al aumento del precio de la energía y su impacto en los hogares con menos ingresos, Oxfam Intermón estima que, tan solo en el primer trimestre del 2022, el 35% de los ingresos de esos hogares ha sido destinado al pago de la energía. Pero también afecta a muchos hogares de clase media-baja, donde casi un 4% de los hogares, es decir 75.019 hogares han destinado más del 50% de sus ingresos para hacer frente a esa partida.

Intermón Oxfam valora las medidas que ha adoptado el Ejecutivo, desde el ‘Escudo social’ para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia como el Plan de respuesta para combatir la inflación y su ampliación, aunque califica de “no progresivas (la rebaja del IVA de la luz no diferencia entre hogares con más o menos recursos) o no están teniendo el efecto esperado (la bonificación al combustible no está frenando la escalada de precios)”. La organización social apunta que todas las medidas “sirven para evitar lo peor, pero no son suficientes para corregir las desigualdades estructurales que existen en nuestro país”.

Por este motivo, Intermón Oxfam propone, entre otras medidas, aplicar un gravamen del 90% sobre las ganancias excesivas de las empresas, comparadas con el promedio de los cinco ejercicios anteriores. Para realizar el cálculo se tomaría como base el resultado contable de la empresa para el Impuesto de Sociedades, y no la base imponible, que no reflejaría de forma fiel los beneficios extraordinarios, puesto que queda muy reducida tras la aplicación de todos los ajustes contables.

Este modelo supondría que, aunque tenga carácter retroactivo, el impuesto no podría recaudarse hasta que se hayan presentado las declaraciones consolidadas de las compañías al final del resultado contable (es decir, no antes de finales de marzo de 2023). Según la ONG es un diseño menos inmediato, que requiere más control por parte de la Administración para su cálculo, pero más ajustado al principio de gravar únicamente el exceso de beneficios generados en contextos inusuales.

Además propone como medidas el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital o el apoyo a personas autónomas, pymes y empresas incentivando la transición energética. En el medio plazo, aboga por acometer políticas de protección social, así como medidas enfocadas al mercado de trabajo y al apoyo al tejido productivo, al cuidado y a la crianza; además de explorar la política de rentas, así como garantizar políticas de protección y apoyo a las personas refugiadas y en movimiento, entre otras. Finalmente, le pide al Gobierno que diseñe un sistema tributario responsable y solidario para que aporten más quienes más tienen.

Una vaca europea recibe a diario una subvención de entre dos y tres euros. Mil millones de seres humanos tienen que sobrevivir con un euro al día. A veces ni eso. 1.000 millones de seres humanos pasan hambre en el mundo y muchos de ellos mueren.

La colecta mundial para reconstruir Notre-Dame ha recaudado en tiempo récord más de 900 millones de euros y alcanzará sin duda los 1.000 millones de euros. Filántropos, empresas e individuos han contribuido a esta cifra en una suerte de competición por ver quién da más y quién da antes.

Inmediatamente ha surgido la cuestión de cómo el dinero aparece por arte de magia cuando interesa. Acabar con el hambre en el mundo está claro que no alcanza tanto interés. Empresas que realizan donaciones cuando negocian a la baja el salario de sus trabajadores, filántropos que obtienen en Francia desgravaciones de entre el 75% y el 66% de sus aportaciones, sin contar la valoración del marketing y prestigio que conlleva un acto de generosidad de tal calibre. Individuos que aportan parte de sus ahorros por las más variadas razones, pías o culturales, pero no se conmueven en igual medida cuando la desgracia se ceba con la carne y no con las piedras.

Sin embargo, no hay que engañarse. Pensar que esos mil millones de euros deberían ir destinados a paliar el hambre en el mundo esconde una suerte de pensamiento mágico que obvia que el hambre tiene una estructura política y económica de fondo que no se alteraría con tal gesto de beneficencia. El hambre en el mundo es otra cosa.

The Giving Pledge, el artefacto creado por Bill Gates y Warren Buffett para que las 168 mayores fortunas del universo donen miles de millones de dólares, lleva años funcionando, lo que no ha impedido que en 2018 el hambre en el planeta alcanzara un repunte. El hambre es otra cosa.

Aunque no se reconstruyera Notre-Dame, aunque los mil millones fueran destinados a África, América y Asia, el hambre seguirá existiendo. Porque el hambre es otra cosa.

¿Qué son los mil millones de la catedral comparados con los dos billones que ha recibido la banca internacional de los gobiernos? ¿Qué comparación resiste con los 67.000 millones del rescate bancario español hecho con dinero público y que ni los bancos se han molestado en devolver? Y aun así, el hambre sería otra cosa.

La crisis financiera, el uso de la agricultura para producir biocombustibles que ha disparado el precio de algunos alimentos, los conflictos armados y el cambio climático están detrás del resurgir de la hambruna. Pero el hambre es mucho más que eso.

El hambre es un factor necesario en una economía global. El fracaso de los predicadores de la buena nueva de la globalización es evidente cuando las diferencias dentro y entre países no solo se han reducido sino que aumentan. Mientras el darwinismo social con ribetes teológicos impere no faltará quien justifique el mal de muchos para el beneficio de unos pocos.

En 2018 las 26 personas más ricas del mundo tenían tanto como la mitad de la población mundial, según Intermon Oxfam. 26 tanto como 3.800 millones de seres humanos. Y ya se pueden caer 100 catedrales que con el dinero que se recaude tampoco acabará. Es capitalismo, es economía globalizada, es estructural, es necesario para que las élites nacionales y mundiales continúen su actividad depredadora. Y este edificio levantado sobre los pilares del expolio y el hambre no tiene la cubierta de madera.

Las grandes empresas han disminuido su presencia en paraísos fiscales un 13,9% en el último año, hasta las 858 filiales en 2017. Sin embargo, esto no se ha traducido en una mayor contribución a las arcas del Estado, ya que en 2017 aportaron un 11% menos que en 2016 al impuesto de sociedades, ha recalcado Intermon Oxfam en su informe Reparto desigual. Cómo distribuyen valor las empresas del IBEX 35.

Hay empresas que concentran una gran parte del total de la presencia en paraísos fiscales: el Santander tiene 207, ACS cuenta con 109 y Repsol, con 81. Las tres han reducido sus filiales en estos territorios en los últimos años, pero siguen acaparando casi la mitad del total del Ibex 35: un 46% del total. La ONG destaca que hay cuatro compañías del selectivo bursátil que no cuentan con presencia en paraísos fiscales: Aena, Bankia, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties.

A pesar de esta reducción, Intermón recuerda que hay 30 grandes fondos que tienen presencia en casi todas las empresas del Ibex 35, de los que el 80% o bien tienen su matriz en un paraíso fiscal o mantienen su participación en las empresas a través de filiales en paraísos fiscales.

El 91% de las empresas del Ibex está participada por más de 10 de estos fondos. Dentro de este grupo hay grandes gestoras globales (Blackrock, Goldman Sachs), fondos de bancos extranjeros (Credit Agricole o Deutsche Bank) y fondos soberanos (Norges Bank, Qatar Investment Authority).

De media, estas 30 entidades controlan un 27% de las acciones de las empresas del Ibex 35. Las entidades que están presentes en el accionariado de más compañías son Blackrock (en 34 de las 35), Crédit Agricole, Société Generale y Vanguard (las tres en 33 de las empresas, el 94% del total), UBS (en 31 empresas) y Norges Bank (en 30).

Por otro lado, Intermon Oxfam señala que las compañías fueron renuentes a recortar los dividendos pese a los efectos de la crisis. De hecho, en lo más crudo de la crisis, “los dividendos repartidos alcanzaron sus cotas más altas, como en 2009, cuando se repartió un 28,3% más que el año antes de explotar la crisis (2007), o en 2011, cuando los dividendos crecieron un 16,4% en un solo año. En 2014, cuando se empieza a hablar del final de la crisis, las empresas quisieron mandar un mensaje a los inversores en forma de niveles récord de dividendos: se repartieron 86.000 millones de euros, un 36,6% más que el año precedente y un 53% más que en 2007, justo antes del inicio de la crisis”.

Desde 2004, recoge el informe de Intermón, el Impuesto de Sociedades “recauda un 11% menos, los sueldos han crecido un 30%, mientras que los beneficios han aumentado un 71% y los dividendos un 83%”. Aunque esa subida de los salarios se ha repartido de forma muy desigual entre los diferentes grupos de asalariados del sector privado.

Respecto a los consejos de administración de las empresas del Ibex35, Intermon Oxfam recalca que es “frecuente que haya miembros que también lo sean en otras empresas. En concreto, el 83%, 29 de las 35 empresas tienen un consejero que también ocupa un asiento en el consejo de otra empresa” en el mismo índice bursátil. Según la ONG, “esto revela lo reducido que es el círculo de poder de las grandes empresas y pone en entredicho su independencia”. Entre las empresas que más repiten miembros de su consejo con otras empresas están “Naturgy, con 6, Bankia, con 5, y CaixaBank, Endesa y Repsol, con 4 cada una”.

La ONG apunta que en el año 2000, “los salarios representaban el 62,4% del valor de la producción total de las empresas. Para 2017 esa proporción era del 55,7%”. A la vez que se producía esta devaluación, las empresas “pasaron de destinar a beneficios el 37,6% de lo que producían en 2000 al 43,6% en 2017. Es decir, actualmente casi la mitad de lo que las empresas producen, lo convierten en beneficio, a costa de reducir sueldos”.

El informe de Intermon recalca la desigualdad de los sueldos en las empresas del Ibex35. “La remuneración media de los altos cargos creció cinco veces más que el sueldo medio de las compañías”, apunta el documento. Además, se añade que “si la remuneración media de la cúpula de estas empresas crece con vigor, mucho más de lo que lo hace la de los primeros ejecutivos, hasta un 27% entre 2016 y 2017. En promedio, un primer ejecutivo de una empresa del Ibex 35 gana 132 veces el sueldo medio de la compañía y 301 veces el sueldo más bajo”.

El rechazo de los accionistas de las empresas del IBEX 35 a los sueldos de sus consejeros va en aumento, aunque todavía sea algo minoritario. En 2017, en cuatro de ellas, más del 30% de sus accionistas votaron en contra del informe de retribuciones que les presentaron. Se trata de Merlin Properties (46% de votos negativos), ACS (40%), Grifols (33%) y Melià Hotels (30%). El año anterior, más de la mitad de los accionistas de Merlin Properties (53%) emitieron un voto negativo a los sueldos de sus consejeros. Sólo en tres de las empresas del IBEX 35 (Red Eléctrica, Mediaset y Endesa) esta votación es de carácter vinculante, es decir, tiene consecuencias.

El centro cultural Doctor Madrazo de Santander acoge este martes, 23 de octubre, a partir de las 19.00 horas, una charla a cargo de Rosa Olivia Úbeda, caficultora nicaragüense de comercio justo.

La visita de Rosa Olivia a Cantabria se enmarca dentro de las actividades de sensibilización del proyecto 'Comercio Justo y justicia fiscal para combatir la desigualdad'.

Rosa Olivia Úbeda Rizo es una joven caficultora que forma parte de la cooperativa de Aldea Global en la que Oxfam Intermon compra el café 'Tierra Madre Mujer'. 

Este café tiene la peculiaridad de estar producido por mujeres y además estas son las propietarias de la tierra en la que lo cultivan. Esto es posible gracias a la prima de género que obtienen al participar en este proyecto. La prima obtenida se reinvierte en un fondo común de la cooperativa para ayudar a las mujeres a titular la tierra en la que trabajan que, en muchas ocasiones, ya era de sus padres o de sus maridos, pero que, desde un punto de vista legal, no podían reclamar como suya.

En definitiva, el proyecto 'Tierra Madre Mujer' tiene como objetivo principal “fomentar el empoderamiento de las mujeres en el medio rural en términos de control sobre sus medios de vida”.

En la charla coloquio, que será gratuita, Rosa Olivia acercará al público asistente su testimonio en primera persona, explicando el impacto que este proyecto ha supuesto para las mujeres que participan en él y su entorno.

En cifras, según datos de Naciones Unidas, desde 2015 ya van 9.200 personas muertas, y 53.000 personas heridas (de los cuales 5.000 son niños). 8,4 millones de personas en situación de crisis alimentaria y el 50% de la población sin acceso a agua potable, lo que ha derivado en un brote de cólera sin precedentes que se ha cobrado la vida de 2.200 personas.

El conflicto armado interno se remonta tempranamente a la unificación de la República Árabe de Yemen (Yemen del norte) y la República Democrática Popular de Yemen (Yemen del Sur) en 1990, tras lo cual el norte se impondría, pasando a estar la totalidad del territorio bajo el mando de quien había sido por 12 años Jefe de Estado del norte: Ali Abdullah Saleh.

Pasarían dos décadas en situación de paz relativa hasta que, en 2011, con el estallido de la mal llamada “Primavera Árabe”, Saleh sería derrocado, pasando a asumir el cargo quien fuese el vicepresidente del país: Abbd Rabbuh Masur al-Hadi. Desde entonces, ambas personalidades se han lanzado a la conquista por el poder efectivo de las ciudades estratégicas del país.

La situación se agravaría en 2015 con la internacionalización del conflicto. En apoyo de al-Hadi, intervendría Arabia Saudí, junto a una coalición de nueve Estados, con el apoyo logístico y de inteligencia de los gobiernos estadounidense, británico y francés. Por su parte, brindaría apoyo a Saleh el rival hegemónico del reino petrolero saudí: la República Islámica de Irán.

Pero para hacer más complejo el asunto, también intervienen fuerzas tribales y últimamente ha cogido fuerza el Movimiento Sureño Al Harek al Janubi, quienes se consideran oprimidos desde la unificación de Yemen. En lo que al Ejército respecta las posiciones están dividas. Destaca la prominencia que ha adquirido el grupo político, religioso y tribal de los hutíes, quienes hasta el año pasado serían fuertes aliados –si bien de conveniencia- de Saleh. Tal sería el terreno que irían ganando, que finalmente se harían con importantes ciudades del país e incluso con su capital: Saná.

Tras ello, Arabia Saudí intervendría, bombardeando en 38 ocasiones puntos estratégicos como hospitales, centros de la tercera edad, e incluso bodas y funerales, sin respeto alguno al principio humanitario que aboga por la distinción de los objetivos militares de los civiles, y la distinción entre combatientes y la población civil. ¿El resultado? 683 niños fallecidos producto de las acciones militares desplegadas por Arabia y la coalición.

La violencia sólo engendra más violencia. Tras los bombardeos, los hutíes dirigieron un misil al aeropuerto de la capital saudí, el cual sería interceptado gracias a tecnología armamentística proporcionada por EEUU a sus aliados del reino petrolero. No obstante, serviría de precedente importante en la escalada del conflicto. El gobierno de Riad optaría por tomar medidas económicas en contra de sus enemigos yemeníes, bloqueando en primer lugar parcialmente los puertos de su país vecino y luego condenándolo a penurias y hambre por medio del bloqueo total.

Ello tuvo terribles repercusiones sobre todo para la población civil, considerando que Yemen ha de importar el 80% de los alimentos que se consumen. ¿Los sectores más vulnerables? Mujeres, ancianos y niños.

La falta de bienes de primera necesidad ha producido un desabastecimiento brutal en la región, lo que ha derivado en un alza descomunal de los precios: el maíz se ha visto incrementado hasta en un 140% en algunas ciudades. Además, la falta de combustible y la obstaculización de acceso a agua potable y servicios sanitarios básicos han engendrado el mayor brote de cólera que se ha vivido en la historia de Yemen, por no nombrar la propagación de otras enfermedades, como la malaria, la difteria o la desnutrición aguda.

La espiral de violencia no se apacigua. Hace menos de dos meses, ante el anuncio del quiebre de la alianza hutí- Saleh, el ex-presidente yemení fue asesinado el 4 de diciembre por sus antiguos aliados, quienes se sintieron traicionados ante el acercamiento de Saleh a la coalición liderada por Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita.

Desde entonces, la violencia ha llegado a su zenit y no se vislumbran señales de que vaya a cesar. Lo peor de todo es que el clima de inestabilidad ha propiciado el asentamiento de células terroristas, tales como DAESH y AQPA, junto con la proliferación de mafias y la trata de personas.

Se trata de la peor crisis humanitaria, un escándalo internacional que denigra la condición humana en la precaria existencia de más de 22 millones de personas. ¡Estamos hablando de casi la mitad de la población en España!

¿Qué hacemos desde Oxfam? Como Oxfam trabajamos en Yemen desde hace más de 30 años brindando ayuda a más de medio millón de personas, proporcionando agua y saneamiento, distribuyendo ganado y cupones para la compra de alimentos en los mercados locales, creando así fuentes de ingreso a las familias más afectadas.

En cuanto al cólera, junto a otras agencias internacionales hemos apoyado a casi 500.000 personas mediante el suministro de agua potable, la entrega de bidones y filtros, la construcción de letrinas y sensibilizando a los yemeníes sobre la trascendencia de las condiciones higiénicas para evitar la continuidad en la propagación de esta epidemia.

Es tal la intensificación del conflicto que hemos debido cerrar temporalmente nuestra oficina en Taiz, dados los enfrentamientos e incluso el uso de minas terrestres y la amenaza constante de proyectiles que aterrizan a 500 metros de la dependencia.

Esperamos poder reanudar nuestra labor en Yemen en cuanto podamos asegurar la seguridad de nuestro personal.

Mientras, nos reafirmamos en nuestro lema “Construyamos un futuro sin pobreza”. El lector podría preguntarse ¿qué relación guarda la pobreza con los conflictos armados, en particular, el de Yemen? Pues, tanto la pobreza como la desigualdad son unos de los mayores factores que propician y perpetúan la violencia en el mundo. Cómo será la desesperación que, pese a la guerra en Yemen, 87.000 personas provenientes del cuerno de África han cruzado el Golfo de Adén en busca de mejores condiciones de vida en territorio yemení. Debemos combatir la violencia desde sus raíces.

*Isidora J. Ramírez Garmendia, Voluntaria Equipo de Acción Ciudadana de OXFAM Intermón en Valencia. Abogada internacionalista. Máster Derechos Humanos, democracia y justicia internacional. Universitat de València

Desde hace ya un tiempo vienen sonando las trompetas de la recuperación económica, la salida de la crisis y la bajada significativa de la tasa de paro. Ya no se habla de la prima de riesgo, de rescate ni de la deuda. El clima de preocupación institucional parece haber terminado y el optimismo se extiende. España crece. Sin embargo, hay un gran número de personas que miran a los lados con estupor y se preguntan dónde está su parte del pastel.

A ellos nadie les ha invitado a la fiesta de la recuperación. Les sigue costando encontrar y mantener un trabajo, pagar las facturas y ver algún euro ahorrado en su cuenta bancaria. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que igual que cuando se hundió el barco solo había botes y chalecos salvavidas para algunos, ahora salvamento marítimo ha empezado a sacar del agua a los que prácticamente ni se mojaron.

Y es que según datos del informe “Una economía para el 99%” de Oxfam Intermón, durante la crisis en España las 3 personas más ricas incrementaron su riqueza un 3% mientras que el 30% más pobre perdió un 30% de su riqueza.

Ahora, “pasada la crisis”, otro informe de la misma institución nos dice que la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres, y que en el último año (entre 2016 y 2017), el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada, mientras que el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7% de este incremento.

Según la publicación: “Los motivos de este proceso de concentración de rentas en el capital y en sus propietarios son múltiples: la destrucción de puestos de trabajo, particularmente entre las personas más vulnerables y menos cualificadas, y la reducción de la protección por desempleo, han reforzado la capacidad de negociación de los empresarios y directivos a la hora de fijar salarios más bajos para nuevos empleos, quienes han encontrado en la reforma laboral de 2012 una herramienta magnífica para sus intereses, debilitando la negociación colectiva y permitiendo que las empresas se descuelguen de los convenios existentes.”

Y sí señores sí, la riqueza no es como el universo, es finita y por tanto cuanto más se acumule en unas personas menos queda para el resto. El porcentaje de población que vive por debajo del umbral de la pobreza está estadísticamente relacionado con el porcentaje de renta que capturan los más ricos. (Atkinson, T. (2016), Desigualdad. Fondo de Cultura Económica).

“No, pero con el sudor de mi frente y paciencia convertiré este dólar de plata en una gran fortuna”. De acuerdo con un estudio realizado en 2016, la mitad de las grandes fortunas españolas proviene directa o indirectamente de la herencia. Riqueza que en muchos casos ni siquiera paga impuestos gracias a las técnicas de ingeniería fiscal y defraudación. Impuestos que recaen en un 83% en las familias a través del IVA y el IRPF mientras que el impuesto de sociedades aporta un 12% de la recaudación total.

Todo esto forma un cóctel difícil de digerir si eres un trabajador de baja cualificación atascado en la rueda infernal de contratos basura. Soluciones hay y, como siempre, pasan por unirse y protestar. Sería necesario subir el salario mínimo, exigir escalas salariales justas dentro de las empresas, evitar que las administraciones contraten empresas con actividad en paraísos fiscales y, sobre todo, dejando de creer en cuentos de que el sistema genera igualdad de oportunidades y cambiarlo puede amenazar los intereses de los más perjudicados.

Llegó enero, el final de las fiestas y la vuelta a la rutina. A diferencia de muchas de las personas que ahora leen estas palabras, regresar a la rutina en mi caso implica mucho más que poner la alarma, planchar la ropa y desempolvar los tuppers para la comida.

Yo trabajo en Honduras, un país hermoso y de gente amable, pero también uno de los países más peligrosos del mundo al registrar, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Antes de viajar, me aseguro de que las maletas estén bien cerradas e identificadas, los papeles en regla, el nombre de la persona que viene a recogerme, así como la matrícula del vehículo. Una vez en terreno, llego a un piso con vigilancia 24 horas, cámaras de seguridad, códigos de acceso y alambrado eléctrico. Medidas de seguridad que también aplican a mi lugar de trabajo.

Por mi condición de extranjera, en el país tengo prohibido coger taxis en la calle y debo estar vigilante para evitar ser víctima de la delincuencia común. Por mi trabajo, parto de la base de que mi teléfono está intervenido, preciso usar rutas alternativas para llegar y salir de la oficina, así como aplicar la más alta discrecionalidad con los datos e información que se manejan.

La respuesta a lo que me imagino os estaréis preguntando es: trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, gestiono proyectos y realizo investigaciones sobre el estado de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos internacionalmente. Como muchas y muchos en el sector, trabajo en esto por vocación, porque creo que, independientemente de la cuna y familia en la que se nace, todas y todos tenemos derechos a la igualdad de oportunidades, al acceso a la justicia y a un desarrollo sostenible.

No intento cambiar el mundo, lo sé, pero como bien señala Oxfam Intermón, organización con la que he venido colaborando en Valencia, creo que puedo contribuir positivamente a cambiar vidas que cambian vidas. Nuestro trabajo es digno, transparente y su misión es generar un cambio positivo, apoyar la universalización de los derechos que la comunidad internacional adjudica a todos los seres humanos por el mero hecho de nacer persona. Me pregunto: ¿Por qué entonces, ser defensora o defensor de los derechos humanos es una labor de alto riesgo? ¿Por qué mi condición de defensora de derechos humanos invade mi esfera privada y me obliga a vivir en estado de alerta las 24 horas del día los 7 días de la semana?

Personalmente, aún no he hallado una respuesta exacta, pero en su informe “El Riesgo de Defender”, Oxfam analiza y denuncia la agudización de las agresiones hacia activistas de derechos humanos en América Latina. Dicho informe identifica tres factores que inciden en las amenazas y la violencia a las que estamos sometidos las y los defensores de derechos humanos. En primer lugar, la prevalencia de la cultura patriarcal que afecta a las mujeres defensoras de derechos humanos. En segundo lugar, la correlación entre el incremento de proyectos y actividades extractivas y la violencia contra las y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente. Por último, la cooptación de las instituciones estatales por el poder fáctico.

Defensores en Línea denuncia que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para desarrollar la defensa de los derechos humanos. Por su parte, Global Witness señala que los 120 asesinatos de defensoras y defensores de derechos medio ambientales, desde el 2010 hasta la fecha, hacen que el país sea el más peligroso del mundo para el activismo ambiental. El caso más emblemático es el de Berta Cáceres, lideresa del pueblo indígena Lenca, quien denunció y se opuso a la construcción de la represa de Agua Zarca en un terreno ancestral. Su muerte, el 2 de marzo del 2016, internacionalizó la situación de riesgo que sufrimos las y los defensores de derechos humanos.

En el 2013, el Gobierno de Honduras se vio obligado a promulgar la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. El objetivo de la ley: reconocer, promover, y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidos y contenidos en los instrumentos de derecho internacional de toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por su actividad. En el 2017, 63 defensores y periodistas se acogieron al mecanismo de protección. Tanto organismos internacionales, como sociedad civil aplauden los avances, aunque consideran que existe espacio para mejorar, e insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas eficaces para luchar contra esta realidad.

Con financiación de Oxfam se está trabajando, por un lado, en la capacitación de lideresas y líderes indígenas en los estándares internacionales de protección de los pueblos indígenas. Por otro lado, se realizan talleres de capacitación para diseminar los mecanismos de protección nacionales e internacionales de los que disponen frente a las amenazas y violencia de la cual son objeto. Este año seguiremos con esta labor y seguiremos analizando y denunciando los riesgos a los que están sometidos las y los defensores de derechos humanos.

Me imagino que muchas y muchos de vosotros os estaréis preguntando lo mismo que mi familia y amigos: ¿Qué necesidad de poner la vida en peligro por un trabajo? Mi respuesta es simple, me encanta mi trabajo, me permite analizar, aprender e interactuar con la gente y sus realidades. Transmitir conocimiento, generar cambios y empoderar a seres humanos me genera satisfacción personal y me alimenta la esperanza de seguir contribuyendo, aunque mínimamente, a crear un mundo más equitativo y justo.

Para finalizar, me gustaría extender una invitación a todas y todos para que nos apoyéis en la denuncia del riesgo que corremos las y los defensores de derechos, porque ir a trabajar no sólo es un derecho sino nuestra manera de aportar e inculcar valores en nuestros semejantes, especialmente los desposeídos, de nuestras ciudades, naciones y planeta.

Ante los problemas sociales, ambientales y la pobreza que hay en el mundo ningún ciudadano debería ser indiferente. Pero tristemente vivimos en un contexto cada vez más individualista y consumista en el que se suele pensar “mientras los míos y yo estemos bien, los demás no importan”, o “compro barato o lo que me gusta sin pensar si el producto se realizó bajo unas condiciones dignas, o no, de trabajo”. Parece que la mirada se nos ha hecho corta, lo cual es incongruente en un mundo globalizado e interconectado en el que puedes saber que está pasando en tiempo real al otro extremo del mundo, y donde la pobreza y desigualdad de alguna u otra manera nos afecta a todos.

Afortunadamente, a pesar de que vivimos en un mundo cada vez más deshumanizado y menos empático, hay unas personas que ofrecen su tiempo, esfuerzo, conocimiento y amor para ayudar a otros y luchar por causas sociales y ambientales. Esta gente solidaria, generosa, servicial, sensible, es necesaria.

El 5 de diciembre fue decretado en 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Internacional de los Voluntarios (DIV) para el Desarrollo Económico y Social. Así que representa un reconocimiento a todos los voluntarios de las diferentes organizaciones que cada día se esfuerzan por hacer de este mundo un mejor lugar donde todas las personas podamos vivir dignamente.

El voluntariadose podría entender como una forma de vida en pro de una sociedad más justa y solidaria, como un compromiso con la justicia, la acción ciudadana y laresponsabilidad individual ante el colectivo. Es el deseo de aportar desde los conocimientos, habilidades e intereses a causas sociales. Para ser voluntario/a no hay edad, sexo o religión, lo que sí es seguro, es que será una experiencia enriquecedora tanto para quien ayuda como el beneficiado (win-win). El voluntariado es una palanca para la transformación social que está conformado por personas que valoran lo comunitario, la justicia y lo ecológico, y se caracterizan por su generosidad y colaboración.

Desde los colegios se debería fomentar la actitud del voluntariado, por ejemplo a través de la metodología Aprendizaje-Servicio. Los niños y las niñas aprenden haciendo un servicio a la comunidad y al mismo tiempo desarrollan valores y actitudes prosociales, de participación ciudadana y habilidades para la vida. Los estudiantesidentifican en su entorno una situación con cuya mejorase compromete, desarrollando un proyecto solidario que los reta a poner en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Un conjunto de acciones buenas, así sean pequeñas, van sumando y crean cambios en la sociedad en lugares cercanos o lejanos, porque no importa dónde o a quien ayudas, todos estamos interconectados y nuestro destino está unido al destino de las demás personas. A pesar de las diferencias culturales o religiosas todos somos iguales, somos humanos y somos de color piel, tenemos miedos, sueños, emociones. Como dice Óscar Santamaría en la memoria de voluntariado de Oxfamintermón 2016-2017:

“Me gusta pensar que con nuestras acciones, por muy pequeñas que sean e insignificantes que parezcan, podemos cambiar el mundo. El futuro no está escrito; de cada un@ depende escribirlo o que se lo escriban. ¡Yo intentaré la primera opción!Considero que para conseguir algo, un@ debe pasar a la acción, y así lo hice. Las frases bonitas no sirven de mucho si luego no se hace nada. (…) No estoy aquí para que me den palmaditas en el hombro; la gente de los países del Sur se las merecen bastante más”.

Te invitamos a compartir el valor de tu tiempo, tus conocimientos y tu experiencia para ayudar a crear una oportunidad de presente y de futuro a quienes viven en condiciones más vulnerables.“No hacer nada por otros es la perdición de nosotros mismos”Horace Mann.

*Mónica Valencia Jáuregui, voluntaria de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón Valencia

La reciente publicación de los Paradise Papers es una nueva muestra de cómo funcionan los paraísos fiscales y el alcance e impacto global que tienen sobre la recaudación fiscal. Con esta última publicación junto con las de Offshoreleaks, la lista Falciani, los acuerdos secretos de las multinacionales en Luxemburgo y los papeles de Panamá, se muestra cómo funcionan los entramados por los que la evasión fiscal se extiende a nivel global. El académico Gabriel Zucman realizó unas estimaciones donde calcula que solo las multinacionales redistribuyen cerca de 600.000 millones de euros cada año mediante el uso de estos mecanismos fiscales. Según Zucman, el 10% de la riqueza mundial se oculta en jurisdicciones secretas. Oxfam Intermón en su reciente informe “El dinero que no ves”, señala que en los últimos 15 años, la inversión mundial en los paraísos fiscales se ha multiplicado por 4 y ha aumentado un 45% desde 2008.

Pero, ¿en qué nos afecta este creciente desvío de fondos hacia países con una baja o nula tributación? ¿Cómo nos repercute en nuestro nivel de vida y en qué medida lo hace?

El peso de los ingresos fiscales recae cada vez más sobre las familias en detrimento de las empresas

Para responder a estas preguntas, primero cabría conocer cuál ha sido la evolución y la estructura de la recaudación fiscal a nivel nacional. Para ello nos podemos aproximar al informe mencionado de Oxfam Intermón “El dinero que no ves”, donde señala que en España, antes de la crisis, las familias aportaban el 74% del total de impuestos recaudados, mientras que las empresas aportaron el 22% en 2007. En 2016 el total aportado por las familias pasó a ser de un 84% y el de las empresas un 13%. El informe cuantifica en 23.145 millones de euros la diferencia entre lo que ingresaba el Impuesto de Sociedades (IS)de 2007 a 2016. Para hacernos una idea de lo que implica esta cantidad, este importe duplicaría el dinero necesario para poder pagar una renta mínima a todas las familias sin ingresos o para cubrir un tercio del gasto público total en Sanidad.

Esta evolución supone que el peso del ingreso para el sostenimiento del gasto público recae cada vez más sobre las familias que sobre las empresas y si además añadimos que los impuestos indirectos han sido aumentados tras reformas fiscales, como el IVA cuyo tipo general ha subido 5 puntos en los diez últimos años, la carga fiscal es más regresiva. Analizando los tipos nominales del IS en los países del G20, éstos han pasado en 25 años de ser de un 40% de promedio a un 30% en la actualidad, lo que se traduce en una caída de la recaudación de un 3,6% del PIB a un 2,8%. En el caso español, las pymes pagaron de manera efectiva un 12,2% y las grandes empresas un 7,3% según datos del Informe mensual de recaudación de la AEAT de 2016.

Todo esto se traduce en una detracción de recursos fiscales compensados por subidas en impuestos regresivos que reducen el nivel de renta de las personas con menos recursos. Esta detracción ha conllevado la aplicación de políticas de ajuste de gasto público en educación, sanidad y reducción de políticas redistributivas de renta que han repercutido directamente en los más desfavorecidos y en las clases medias, aumentando de esta forma la desigualdad. Si a este cambio le sumamos la existencia de agujeros en el sistema fiscal por la existencia de los paraísos fiscales, el sistema tributario se convierte en más regresivo, más injusto y desigual, preceptos contrarios al recogido en la Constitución en su artículo 31.1.

Evasión y elusión fiscal como causa y efecto de la desigualdad y pobreza.

Conocemos tanto por trabajos académicos, por ejemplo de Piketty, como por informes de asociaciones y organizaciones, así como por instituciones internacionales como el FMI o la OCDE, que la brecha entre ricos y pobres está aumentando, que la desigualdad de renta y riqueza está alcanzando un nivel excesivo que, tal y como señala el FMI, “puede erosionar la cohesión social, conllevar una polarización política y finalmente un menor crecimiento económico”. El FMI, institución conocida por la implementación de políticas neoliberales y donde hasta hace relativamente poco no entraba en su agenda el tema de la desigualdad, indicó en un trabajo publicado en 2014 que una menor desigualdad en la economía está “robustamente correlacionada con un crecimiento más rápido y duradero para un determinado nivel de redistribución”. Por lo tanto, existe evidencia y consenso entre distintos ámbitos en que hay un incremento de la desigualdad y que a niveles altos es perjudicial para el crecimiento económico.

La desigualdad es consecuencia de una polarización en la distribución de ingresos a través del sistema de remuneración del mercado de trabajo, de las políticas de redistribución a través de servicios públicos y transferencias y sobre todo del diseño del sistema fiscal, por enumerar las principales causas. Que estos factores estén dirigidos hacia una redistribución más o menos equitativa depende únicamente del interés y voluntad de los estados y gobiernos. Según el informe de Oxfam Intermón “Una economía para el 99%” señala que solo 8 personas en el mundo poseen la misma riqueza que la mitad del planeta más pobre (3.600 millones de personas ) y desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta según datos extraídos del informe de la entidad Credit Suisse ´Global Wealth Databook 2016´.

En España, según datos del Eurostat, la desigualdad de ingreso medida por el índice Gini (medida de la desigualdad entre 0 y 100, donde 0 es la distribución equitativa y 100 la desigualdad absoluta), se ha visto aumentada desde 2004 en un 11% y desde el inicio de la crisis hasta 2016 lo ha hecho en un 8% alcanzando un nivel de Gini de 34'5. Para situarnos, países como Dinamarca o Noruega se encuentran en niveles de 27’7 y de 25 respectivamente. Después de la crisis, el crecimiento económico no ha repercutido en una reducción de la desigualdad proporcional a la mejora económica, lo que implicaría que la recuperación económica no está contribuyendo a la mejora de las condiciones de las personas con menos recursos y está beneficiando a solo unos pocos.

En el caso del País Valenciano, el informe AROPE señala que 1 de cada 4 personas están en riesgo de pobreza en el año 2016. La tendencia desde el inicio de la crisis ha sido alternar periodos de crecimiento y reducción si bien a partir de 2014 se ha ido recuperando y en los dos últimos años se ha reducido la tasa de pobreza en casi dos puntos, si bien todavía supera en 2,1 puntos la media nacional y es la 6º más alta. Respecto a la desigualdad de ingreso, el índice de Gini según cálculos del académico J.F. Goerlich, en el periodo de expansión económica de 2003 a 2007, la desigualdad era de 31,5 puntos gini mientras que en el periodo recesivo de 2008 a 2013, la desigualdad aumentó un 14%.

A nivel global, como estatal y regional, la desigualdad y la pobreza han aumentado y lo sigue haciendo aún en un periodo expansivo, respondiendo a un desacoplamiento entre economía productiva, creación de riqueza y redistribución equitativa de la renta. ¿Y por qué la evasión y elusión fiscal repercute en el aumento de la desigualdad y la pobreza? La existencia de paraísos fiscales así como de productos financieros o societarios que permiten la elusión fiscal (tales como las SICAV y las ETVES) permite que los grandes patrimonios y grandes empresas, dispongan de mecanismos legales para eludir o evitar el pago de impuestos. Para hacernos una idea del impacto; son 144.000 millones de euros que se desvían a los paraísos fiscales desde España según estimaciones de G. Zucman. De esta forma se está reduciendo el ingreso público que a su vez disminuye la capacidad de los estados y gobiernos para la aplicación de medidas redistributivas que reduzcan la desigualdad económica y la pobreza. Desigualdad y pobreza que corre el peligro de cronificación si no se aplican medidas correctivas desde el diseño de un sistema fiscal justo y progresivo que permita y evite una concentración desaforada de la renta y la riqueza.

Voluntad política para reequilibrar la situación. Medidas contra la evasión y elusión fiscal.

Vistas las consecuencias negativas que tiene la evasión y elusión fiscal en la sociedad, es necesario que como ciudadanos tomemos conciencia sobre esta anomalía y de cómo es permitida su existencia por los organismos internacionales y gobiernos de todo el mundo. Se trata por lo tanto de voluntad política. Queda en nuestras manos pues, exigir a nuestros gobiernos y estados el ejercicio de su responsabilidad implícita sobre esta crucial cuestión sobre el bienestar común.

Las medidas para dar un giro a esta situación, tal y como recomienda Oxfam Intermón, deben encaminarse a aprobar una ley que recoja los siguientes objetivos; reducir a la mitad el nivel de evasión y elusión fiscal de manera general en los próximos 5 años, erradicar el uso abusivo de paraísos fiscales y elevar el tipo efectivo de las grandes empresas hasta acercarlo al tipo nominal en vigor de forma que supere la presión fiscal efectiva soportada por las Pymes y, por último, que las grandes empresas tributen lo que les corresponde por sus operaciones, tanto a nivel nacional como en el exterior, especialmente en los países en desarrollo. Esto no sería eficaz sin una reforma del sistema fiscal internacional más justa que reequilibre los criterios tributarios para que se tribute donde se genera el ingreso. Asimismo, se debería crear una arquitectura fiscal internacional con la creación de un cuerpo intergubernamental para reequilibrar los criterios fiscales para todos los países. A nivel de la UE, sería fundamental alcanzar una armonización fiscal en todos los países miembros.

Para poder materializar las recomendaciones anteriores sería necesario adoptar una definición clara de paraíso fiscal con criterios amplios, donde se incluyan a aquellos países con tipos impositivos muy bajos o nulos. Junto a ello promover “Territorios Libres de Paraísos Fiscales” ( como ya se han adherido varios ayuntamientos a nivel estatal) mediante un mecanismo que impidan las contrataciones públicas con empresas que operan a través de paraísos fiscales, junto con una incentivación de prácticas empresariales que eviten la evasión y elusión fiscal. Todo esto no sería posible sin una mejora en la dotación tanto en recursos económicos y humanos para las Agencias Tributarias.

Por lo recogido aquí, vemos que existen opciones para poder terminar con la evasión y la elusión fiscal y el primer paso es la toma de conciencia por nuestra parte de que la existencia de paraísos fiscales es causa y efecto negativo sobre el desarrollo económico. Además, aumenta el nivel de pobreza en las sociedades y favorece la concentración de riqueza de forma obscena. Resolver esto depende de la voluntad política, voluntad que hasta ahora no ha estado a la altura de nuestros derechos y necesidades.

Desde hace ya unos cuantos años la ONG Oxfam Intermón viene denunciando las desigualdades que existen en el mundo. A su juicio dichas desigualdades tienen su origen fundamentalmente en un sistema económico desequilibrado que favorece los intereses de las grandes fortunas y empresas.

En su último informe, “Una economía para el 99%”, Oxfam Intermón destaca cómo solo 8 personas tienen la misma riqueza que la mitad del planeta más pobre (3.600 millones de personas).

Ante esta situación surge la pregunta de si la riqueza puede llegar a ser obscena o es algo digno, fruto de méritos propios.

El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 100 gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh. ¿Significa esto que el director trabaja 10.000 veces más que un trabajador de Bangladesh? ¿Que lo que sabe vale 10.000 veces más? ¿Que el sueldo de estos trabajadores es fruto de su falta de esfuerzo o ingenio? ¿Que podrían haber jugado mejor sus cartas?

El punto de partida es un factor altamente determinante a la hora de poder prosperar. Esto no es algo que responda a una elección o ningún mérito. Seguramente el director general de una empresa haya nacido en una familia con recursos y en un país con estabilidad mientras que el trabajador de Bangladesh forma parte de una familia de clase baja en un país empobrecido.

Hay quien piensa que esto son excepciones en un sistema que funciona bien y que en situaciones normales toda persona puede alcanzar una posición social cómoda. Este mito del sueño americano no deja de ser también una ilusión. Según un estudio que comparó los registros de unos 10.000 contribuyentes de Florencia en el año 1427 y en el 2011 se averiguó que después de 584 años eran muchas las familias que mantenían su riqueza. La movilidad social en Florencia no había variado sustancialmente con el paso del tiempo.

Las claves por las que los mismos individuos mantienen la riqueza son varias: una mejor educación, más esperanza de vida, mayor red de contactos, influencia en las esferas de poder, etc .En 2014 las entidades financieras y aseguradoras dedicaron casi 500 millones de dólares para lobby en Washington. A todo esto hay que sumar las oportunidades fiscales con las que cuentan las personas con recursos. En España el fraude fiscal asciende a 59.500 millones de euros, de los que el 72% procede de las grandes empresas y grandes fortunas. En 2014 la suma total de la inversión en salud en nuestro país ascendió a 57.000 millones de euros.

Las personas obscenamente ricas no generan su riqueza con su sueldo sino con las inversiones y las rentas del capital. Los márgenes de esta forma son mucho más altos, no se ven afectados tan negativamente por las crisis y en muchas ocasiones se evade el pago de impuestos, recayendo el peso de la fiscalidad sobre la clase media y baja.

La riqueza obscena no es solo injusta e inmoral sino que además ni siquiera es eficiente. Esta brecha social no solo empobrece a los más vulnerables sino que lastra a la economía entera de un país. Por este motivo instituciones como el FMI, poco sospechosa de atentar contra el sistema, proponen una serie de medidas para conseguir reducir los desequilibrios extremos que se están viviendo en las economías más avanzadas (subida de impuestos, renta básica, etc.)

Si no se detiene esta situación se irá acentuando cada vez más. Durante los próximos 20 años, 500 personas legarán 2,1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el PIB de la India, un país con una población de 1.300 millones de personas. La riqueza tiende cada vez más a concentrarse lo que provoca también que los poderes económicos y políticos estén en cada vez en menos manos. Es fundamental empezar por denunciar la riqueza obscena como un hecho injusto, inmoral y peligroso para la estabilidad de todo el sistema global.

En noviembre de 2016 un grupo de voluntarias y voluntarios de Oxfam Intermón visitamos la República Dominicana con el objetivo de conocer el país y el trabajo que nuestra organización realiza allí. El primer día nos mostraron los sorprendentes datos de la desigualdad existente: la fortuna de los 265 multimillonarios de República Dominicana es equivalente a 17 veces el gasto en educación y 13 veces la inversión pública en salud. La inversión en viviendas sencillamente no existe.

La República Dominicana tiene un crecimiento sostenido en los últimos 30 años, siendo su economía una de las que más crece del Caribe curiosamente al igual que su desigualdad, según datos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) el país bajó 15 posiciones respecto al informe anterior y sus niveles de desigualdad superan los de América Latina y el Caribe. Este dato se patentiza a simple vista recorriendo la capital y visitando la Isla, agravándose conforme nos acercamos a la frontera con Haití y recorremos la zona de los bateyes.

Caminando por las calles de Santo Domingo, pasamos de zonas con viviendas lujosas, guardias de seguridad en la puerta y por las que circulaban coches de gama alta con sus lunas tintadas a zonas donde la pobreza se hacía patente y la gran vulnerabilidad de las personas que viven en ellas también.

La primera visita que hicimos fue a una de las zonas más depauperadas de Santo Domingo, el barrio Simón Bolívar. El barrio está situado entre los ríos Ozama e Isabela. Durante la visita nos acompañaron Patricia de Ciudad Alternativa e Isaac de Poder Popular. Isaac es una persona que vive en este barrio y es el presidente de esta asociación formada por vecinos que, entre otras, tienen como misión organizar el desalojo de sus habitantes en caso de subida del río Ozama.

El barrio es un asentamiento irregular sobre la ribera del río, lo recorrimos bajado por una escalera desde su punto más alto hasta casi el cauce del río, parecía que estábamos bajando a los infiernos. Esta escalera se construyó con fondos europeos para facilitar la evacuación de los habitantes en caso de inundación, parece como si el estado quisiera dar por buenas las malas condiciones en las que viven miles de personas. Estaba lloviendo, las viviendas no tenían techos capaces de aguantar el agua, había muchos niños y niñas sin zapatos. Una niña cogió dos maderas e hizo un cobertizo para que el perro no se mojara, otros niños habían construido un patinete con una rueda y un trozo de madera, otros más mayores llegaban con dos garrafas de agua para beber, el barrio no tiene agua corriente ni por supuesto agua potable.

Isaac y David apoyados por Ciudad Alternativa y Oxfam están trabajando por transmitir a sus vecinos, a las personas con las que comparten el barrio, que tienen derecho a tener una vida digna, que tienen derecho a vivir sin el temor de que si llega un ciclón, como lo llaman aquí, no se van a quedar sin vivienda, incluso sin vida, como ocurrió con la llegada del huracán Mathew en el que perdió la vida un niño debido a un desprendimiento de terreno.

Llamar vivienda a las chabolas en las que viven más de 250.000 personas en estos barrios situados entre los ríos Isabela y Ozama y muchos más a lo largo de toda la isla es un gran eufemismo, es aceptar que la vivienda no tiene que ser un lugar para vivir dignamente y relacionarse. Durante los días que estuvimos en la República Dominicana visitando otras zonas fuera de la capital constatamos que este es uno de los grandes problemas del país y que vulnera uno de los derechos fundamentales de las personas a vivir dignamente. Es necesaria la construcción de nuevas viviendas, así como la mejora de las existentes. En la provincia de Punta Cana, famosa por el turismo, un 38 % de las viviendas no tiene agua corriente y en todo el país las que tienen agua no es potable.

Oxfam junto con el foro ciudadano “CASA YA” que agrupa a las organizaciones que están reivindicando una vivienda digna han lanzado la campaña “CAMBIEMOS LAS PRIORIDADES” en la que se pide al gobierno que se dedique un 1% del PIB durante 10 años a mejorar las condiciones habitacionales de la mayoría de la población y la construcción de viviendas dignas.

Oxfam Intermón apoyamos desde aquí esta iniciativa y pedimos a la ciudadanía que inste al gobierno de República Dominicana a destinar el 1% del PIB a mejor las viviendas de los dominicanos y dominicanas. Queremos conseguir que lo que es un paraíso para los turistas que viajan a la isla lo sea también para las personas que viven todos los días en ella.

Más información de la campaña podéis ver en: www.cambiemoslasprioridades.org

En noviembre de 2016 un grupo de voluntarias y voluntarios de Oxfam Intermón visitamos la República Dominicana con el objetivo de conocer el país y el trabajo que nuestra organización realiza allí. El primer día nos mostraron los sorprendentes datos de la desigualdad existente: la fortuna de los 265 multimillonarios de República Dominicana es equivalente a 17 veces el gasto en educación y 13 veces la inversión pública en salud. La inversión en viviendas sencillamente no existe.

La República Dominicana tiene un crecimiento sostenido en los últimos 30 años, siendo su economía una de las que más crece del Caribe curiosamente al igual que su desigualdad, según datos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) el país bajó 15 posiciones respecto al informe anterior y sus niveles de desigualdad superan los de América Latina y el Caribe. Este dato se patentiza a simple vista recorriendo la capital y visitando la Isla, agravándose conforme nos acercamos a la frontera con Haití y recorremos la zona de los bateyes.

Caminando por las calles de Santo Domingo, pasamos de zonas con viviendas lujosas, guardias de seguridad en la puerta y por las que circulaban coches de gama alta con sus lunas tintadas a zonas donde la pobreza se hacía patente y la gran vulnerabilidad de las personas que viven en ellas también.

La primera visita que hicimos fue a una de las zonas más depauperadas de Santo Domingo, el barrio Simón Bolívar. El barrio está situado entre los ríos Ozama e Isabela. Durante la visita nos acompañaron Patricia de Ciudad Alternativa e Isaac de Poder Popular. Isaac es una persona que vive en este barrio y es el presidente de esta asociación formada por vecinos que, entre otras, tienen como misión organizar el desalojo de sus habitantes en caso de subida del río Ozama.

El barrio es un asentamiento irregular sobre la ribera del río, lo recorrimos bajado por una escalera desde su punto más alto hasta casi el cauce del río, parecía que estábamos bajando a los infiernos. Esta escalera se construyó con fondos europeos para facilitar la evacuación de los habitantes en caso de inundación, parece como si el estado quisiera dar por buenas las malas condiciones en las que viven miles de personas. Estaba lloviendo, las viviendas no tenían techos capaces de aguantar el agua, había muchos niños y niñas sin zapatos. Una niña cogió dos maderas e hizo un cobertizo para que el perro no se mojara, otros niños habían construido un patinete con una rueda y un trozo de madera, otros más mayores llegaban con dos garrafas de agua para beber, el barrio no tiene agua corriente ni por supuesto agua potable.

Isaac y David apoyados por Ciudad Alternativa y Oxfam están trabajando por transmitir a sus vecinos, a las personas con las que comparten el barrio, que tienen derecho a tener una vida digna, que tienen derecho a vivir sin el temor de que si llega un ciclón, como lo llaman aquí, no se van a quedar sin vivienda, incluso sin vida, como ocurrió con la llegada del huracán Mathew en el que perdió la vida un niño debido a un desprendimiento de terreno.

Llamar vivienda a las chabolas en las que viven más de 250.000 personas en estos barrios situados entre los ríos Isabela y Ozama y muchos más a lo largo de toda la isla es un gran eufemismo, es aceptar que la vivienda no tiene que ser un lugar para vivir dignamente y relacionarse. Durante los días que estuvimos en la República Dominicana visitando otras zonas fuera de la capital constatamos que este es uno de los grandes problemas del país y que vulnera uno de los derechos fundamentales de las personas a vivir dignamente. Es necesaria la construcción de nuevas viviendas, así como la mejora de las existentes. En la provincia de Punta Cana, famosa por el turismo, un 38 % de las viviendas no tiene agua corriente y en todo el país las que tienen agua no es potable.

Oxfam junto con el foro ciudadano “CASA YA” que agrupa a las organizaciones que están reivindicando una vivienda digna han lanzado la campaña “CAMBIEMOS LAS PRIORIDADES” en la que se pide al gobierno que se dedique un 1% del PIB durante 10 años a mejorar las condiciones habitacionales de la mayoría de la población y la construcción de viviendas dignas.

Oxfam Intermón apoyamos desde aquí esta iniciativa y pedimos a la ciudadanía que inste al gobierno de República Dominicana a destinar el 1% del PIB a mejor las viviendas de los dominicanos y dominicanas. Queremos conseguir que lo que es un paraíso para los turistas que viajan a la isla lo sea también para las personas que viven todos los días en ella.

Más información de la campaña podéis ver en: www.cambiemoslasprioridades.org.

Fátima Lorenzo Mencía es Licenciada en Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y cuenta con un Máster en Género y Desarrollo, por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Actualmente es directora ejecutiva de la asociación Ciudad Alternativa que enfoca su trabajo en temas de derecho a la vivienda y producción social del hábitat. Junto con Oxfam Intermón se encuentra ahora en plena campaña por el impulso de la vivienda digna en la República Dominicana, donde el 71% de su población carece de ella.

Según la lista de países por índice de desarrollo humano incluidos en el Informe sobre Desarrollo Humano 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la República Dominicana se encuentra en el puesto 99. ¿Cómo se entiende este hecho en un país tan rico en turismo?

Esa es una de las grandes paradojas ya que la República Dominicana ha tenido un índice de crecimiento muy grande en los últimos años situado como un país de renta media. Sin embargo, los niveles de pobreza han crecido. Esto nos hace ver que hay una gran diferencia entre las cifras macroeconómicas y los indicadores que hablan de la calidad de vida de la gente. Observamos que del PIB solo se destina un 8,2% a políticas sociales cuando la media en Latinoamérica ronda el 14-15%. Esta ha sido una tendencia que se ha mantenido en los últimos gobiernos que no sitúan entre sus prioridades acabar con la pobreza, en un país en el que el 45% de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Por tanto se necesita una redirección del gasto público en nuestro país y un cambio de la política fiscal.

El 71% de la población de República Dominicana carece de vivienda digna. ¿Qué podríamos considerar vivienda digna?

Para empezar la vivienda es un derecho que viene reconocido en el artículo 59 de nuestra Constitución y el estado debería de aplicar políticas públicas para proteger este derecho, es algo que no está ocurriendo.

Cuando hablamos de una vivienda digna nos referimos primero al material con el que está hecha, existen muchas casas que están hechas de zinc, cartón o plástico, que no cuentan con un suelo propiamente dicho sino que se vive sobre la tierra. Habría también que analizar si la vivienda tiene ventanas, cómo esta techada, si tiene agua potable, electricidad y sistema sanitario. Una vivienda digna debe de dar una buena solución a todos estos elementos. De esta forma no solo ocurre que existe una carencia cualitativa de vivienda sino también cuantitativa. Nuestra organización ha detectado que actualmente se necesitaría crear 800.000 nuevas viviendas para dar solución a la situación de hacinamiento que se vive en muchos casos en el que son varias las familias que habitan en un mismo hogar.

¿Tiene solución este problema o es una consecuencia de la economía empobrecida de todo un país?

Tiene solución aunque sea producto de una economía empobrecida. Esta es una consecuencia de no haber desarrollado políticas sociales en los últimos años. Existe un problema estructural de falta de empleo y educación. Ante esta falta de oportunidad se genera un caldo de cultivo para la violencia y un círculo del que resulta muy difícil salir.

En un país que durante las dos últimas décadas se ha establecido como una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe cómo se explica que la inversión pública en vivienda haya caído un 87% entre 2008 y 2013?

Porque no se percibe como un problema de derechos. En la investigación que hemos observamos cómo el presupuesto en publicidad triplica el destinado al tema de la vivienda, esto deja muy claro cuáles son las prioridades del gobierno. En la campaña con la que tratamos de presionar al gobierno reclamamos que se destine el 1% del PIB durante 10 años para acabar con el problema de la vivienda. Este cálculo ha sido realizado utilizando datos oficiales y estimando de forma fundada las necesidades que existen y los recursos que serían necesarios para cubrirlas. Para ello no es necesario recaudar más impuestos sino redirigir algunas partidas. Existen varias opciones para incentivar la creación de vivienda digna; desde la construcción de la estructura básica para que finalmente el propietario la termine, la prestación de equipos de construcción por parte de los ayuntamientos, la oferta de financiación asequible o la donación para los casos más extremos.

¿Cómo ha afectado el terremoto en Haití, país vecino, a esta situación de la vivienda y el desarrollo económico en República Dominicana?

Haití es el país más pobre de América. Entre República Dominicana y Haití, los cuales comparten el espacio de la isla, existe una tensa relación histórica. Los haitianos en su lucha por la supervivencia llegan a la República Dominicana del mismo modo que muchos dominicanos van a EEUU o España. Esto provoca el rechazo de la población local al ocupar puestos de trabajo y depreciar los salarios. A su vez Haití es el principal socio comercial debido a las fuertes carencias que tiene.

Resulta contradictorio que los turistas vean a la República Dominicana como un paraíso mientras que muchos de sus habitantes viven un infierno. ¿Cuál es la responsabilidad del turista y qué podría hacer para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos?

El turista no es el responsable de esta situación. Ellos vienen a la isla en busca de descanso y para visitar los bellos parajes. Si bien yo les pediría que entendieran que este país es algo más que playa y sol. Es un país que tiene muchas necesidades. En el marco de nuestra campaña hemos preparado unas postales que los turistas pueden hacer llegar a nuestro presidente demandando que se destine el 1% del PIB a la mejora de la vivienda. Sabemos que la presión internacional puede influir en este sentido.

¿Cuál es su labor y la de su organización referente a las problemáticas sociales que se viven en la República Dominicana?

Yo trabajo en una organización que se llama Ciudad Alternativa que junto con Oxfam Intermón Casa Ya y Foro Ciudadano estamos luchando por la problemática de la vivienda. Elaboramos propuestas técnicas y estrategias de incidencia para ser interlocutores frente al gobierno. Llevamos 28 años trabajando con diferentes organizaciones en la capital y la provincia de Santo Domingo. Contamos con profesionales de diferentes ámbitos como arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, etc. que nos permiten elaborar propuestas sostenibles.

¿Cuáles son los retos y el horizonte del país para los próximos años?

Habría que hacer esa pregunta al gobierno. Nosotros seguiremos exigiendo nuestro plan. Tenemos experiencia frenando al gobierno en algunas políticas. Ahora traemos una propuesta razonable que conviene a todos. Se está construyendo vivienda pero no para la gente que lo necesita ya que no pueden acceder a ella. Esperemos que en los próximos 10 años, quizá antes, podamos solucionar el problema de la vivienda.

El conflicto en la región del Lago Chad afecta a Camerún, Chad, Níger y Nigeria y perjudica a las personas más pobres y vulnerables del planeta.

¿Qué está haciendo Oxfam en la región para afrontar esta crisis?

Para empezar, estamos atendiendo a las necesidades más urgentes. Básicamente proporcionamos alimentos, semillas para cultivar y agua potable. Además, construimos sistemas de saneamiento y hacemos promoción de higiene, para evitar que se propaguen enfermedades. También damos apoyo a mujeres y niñas que han sido víctimas de abusos o explotación sexual. En total hemos proporcionado ayuda a 270.000 personas desde mayo de 2014 y queremos alcanzar a 1,4 millones de personas para diciembre de 2017. Nuestra actuación va dirigida a las personas desplazadas, pero también a las comunidades que las están acogiendo.

Paralelamente, desarrollamos un importante trabajo de incidencia que pide a los países donantes y a los gobiernos de la región del Lago Chad que aseguren el acceso de las ONG a las personas que necesitan ayuda y destinen más fondos. A largo plazo pedimos que se busque una solución política al con icto y se resuelvan las causas económicas, políticas o sociales que han provocado esta crisis.

¿Qué puede o debería hacer España para ayudar?

España, como el resto de países donantes, debería destinar más recursos a atender a las personas que sufren en esta región. El llamamiento humanitario de las Naciones Unidas para atender Esta crisis en 2017 asciende a 1.500 millones de dólares, más del doble que en 2016. En la conferencia de donantes celebrada en Oslo el pasado 24 de febrero se comprometió solo el 33% de los fondos necesarios. En 2016, España aportó poco más de tres millones de euros a esta crisis, lo que supuso menos del 2% del llamamiento internacional de las Naciones Unidas.

¿Cómo podríamos ayudar como equipos de acción ciudadana?

Es importantísimo que la ciudadanía sea consciente de que hay gente que sufre hambre en el mundo y que necesita nuestra ayuda. Por humanidad, pero también porque todo lo que pasa fuera de nuestras casas nos afecta y nos in uye.

El apoyo ciudadano se puede hacer dando a conocer esta situación, pidiendo mayor solidaridad, haciendo donativos a las organizaciones que trabajan en el terreno o exigiendo a nuestros gobernantes que destinen más recursos a la cooperación española o a la actuación ante dramas humanitarios. El presupuesto para la O cina de Acción Humanitaria para 2017 es de menos de 16,3 millones de euros. Oxfam Intermón pide que los fondos destinados a ayuda humanitaria sean de 150 millones de euros en 2018 para poder responder con urgencia a las extremas necesidades de millones de personas afectadas por con ictos y desastres naturales.