Trabajadores del servicio de Urgencias del Hospital de la Candelaria, área de atención especializada que el 13 de agosto (lunes) sufrió un gravísimo incendio, han criticado este martes en un documento que el plan de autoprotección de ese centro sanitario no se haya renovado desde 2008 y que el personal del servicio nunca haya sido formado al respecto.

De la misma manera, criticaron con dureza la ausencia de simulacros de emergencia y de formación general y práctica sobre cómo actuar ante situaciones como la ocurrida aquel día. “Nadie supo qué hacer ni cómo actuar cuando se produjo el incendio”, dijo el portavoz del colectivo, Carlos Viñoly, según información difundida por Efe.

Ese escrito, remitido por registro este mismo martes a la atención del director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ha sido avalado por más de 300 trabajadores de Urgencias (de las categorías de técnicos y diplomados) y en él se reclama que se asuman responsabilidades políticas y profesionales.

También se insta Conrado Domínguez a que abra “diligencias de investigación” para clarificar los hechos ocurridos el 13 de agosto pasado, cuando el servicio de Urgencias se vio afectado por un incendio, al parecer provocado por una mujer que ahora está en prisión y que obligó a la evacuación de pacientes, sanitarios y acompañantes de los enfermos que eran atendidos en ese momento.

El portavoz de los 300 trabajadores firmantes del citado documento, Carlos Viñoly, ha reiterado este martes en rueda de prensa que el personal no ha sido formado en el plan de autoprotección y que, por lo tanto, “nadie supo qué hacer ni cómo actuar cuando se produjo el incidente” que acabó con una mujer detenida (y en prisión) como supuesta autora del fuego y sin víctimas mortales, según fuentes oficiales de Sanidad.

Viñoly indicó que no hubo víctimas mortales porque todo salió “de forma innata” y los compañeros se organizaron “como pudieron” mientras huían del humo. “Además, nos cuestionamos, sin afirmar, si las medidas de seguridad del edificio son correctas y adecuadas: nos referimos a las salida de emergencia, a los sistemas de alarma, etcétera. Estas dudas nos surgen tras la lectura de lo dicho en diferentes medios de comunicación”, prosiguió Viñoly.

El mismo portavoz incluso reprochó al Hospital de la Candelaria su “hermetismo y ocultismo” respecto a los datos obtenidos en la investigación del incendio y acerca de los registros solicitados sobre lectura de gases tóxicos, lo que, según Viñoly, “despierta” entre los trabajadores la sensación de que “algo no se hizo bien”.

También dijo que, desde hace diez años, no se realizan simulacros de incendio en el servicio de Urgencias y que, durante la noche de los hechos, el personal tenía un “desconocimiento total” sobre quién estaba al frente del plan de evacuación. 

La comisión de investigación sobre la desaparición de Caja Navarra iniciará su fase de comparecencias el próximo 13 de abril. Están previstas 19 comparecencias a lo largo de nueve sesiones, todas ellas en viernes y abiertas a los medios de comunicación, con vistas a alcanzar la fase de conclusiones el 30 de junio.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente de la comisión de investigación, Unai Hualde, tras una reunión en la que las siete formaciones parlamentarias han acordado por unanimidad el plan de comparecencias propuesto por la presidencia de la comisión.

Entre las personas que han sido llamadas a declarar se encuentran los ex presidentes del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz y Yolanda Barcina, el ex director general de la CAN, Enrique Goñi, o el ex presidente del Consejo de Administración de la entidad bancaria, José Antonio Asiáin.

Unai Hualde ha destacado que las personas citadas “tienen la obligación de comparecer” en la comisión de investigación. “Otra cosa es la obligación de declarar en el caso de personas que estén incursas en procedimientos penales como investigados”, ha precisado.

Ha explicado que “el ritmo de la comisión ha venido dada por los propios grupos parlamentarios y las propias necesidades de documentación que han ido solicitando”. “Cuando esta comisión arranca en 2016 uno de los objetivos es que el tiempo no sea impedimento para conseguir toda la información que sea necesaria que no se pudo conseguir en la comisión de investigación de la legislatura anterior”, ha señalado.

En este sentido, Hualde ha afirmado que “se han hecho todos los esfuerzos y se han explorado todas las vías jurídicas para conseguir el máximo de información posible”. Al respecto ha resaltado que “hay un volumen de documentación que no ha existido nunca sobre la desaparición de CAN”, procedente de la comisión anterior, informes jurídicos de la Cámara de Comptos, la Fundación Caja Navarra y CaixaBank, los gobiernos de las cajas fusionadas con CAN en Banca Cívica, y de los órganos judiciales.

19 comparecencias

La fase de comparecencias de la comisión de investigación comenzará el próximo 13 de abril y se extenderán hasta el 8 de junio. Todas ellas serán en viernes y abiertas a los medios de comunicación.

La primera sesión, el 13 de abril, tendrá como comparecientes a Lorenzo Riezu, ex director general de Caja Navarra, y Manuel López Merino, ex director general de CAMP.

El 20 de abril comparecerán José Antonio Sarría, ex presidente de la Comisión de Control de CAN, y José Antonio Asiáin, ex presidente del Consejo de Administración de CAN.

El 27 de abril testificarán José Carlos Hernández Barrasus, firmante de informes de 2010 y 2011 realizados por la firma Ernst Young; y Francisco García Valdecasas, firmante del informe Noel elaborado por Deloitte.

En la cuarta sesión, el 4 de mayo, acudirán a la comisión Alberto Pascual, ex secretario general de CAN, y Amaya Rández, ex secretaria del Consejo de Administración de CAN.

En la quinta sesión, el 11 de mayo, están citados Juan Odériz, ex directivo de Caja Navarra y Banca Cívica, y Roberto Ducay, ex responsable de estrategia de CAN.

El 18 de mayo comparecerán Javier Martínez Escudero, Enrique de Mulder Duclos, Carlos Ayesa Villar, Carmen Pérez Miguel y César Esparza Larramendi, ex consejeros de Viálogos Capital Humano S.L.

El 25 de mayo, comparecerá Enrique Goñi, ex director general de CAN, quien a finales de octubre comunicó a la comisión de investigación su “voluntad de comparecer, para poder contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados”.

La penúltima sesión, el 1 de junio, contará con los testimonios de Yolanda Barcina, ex presidenta del Gobierno de Navarra (2011-2015), y Álvaro Miranda, ex consejero de Economía y Hacienda (2007-2012) del Ejecutivo foral.

Cerrará la fase de comparecencias, el 8 de junio, el que fuera presidente del Gobierno de Navarra entre 1996 y 2011, Miguel Sanz.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han formulado conjuntamente el requerimiento de comparecencia de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, José Antonio Sarría, José Antonio Asiáin, Manuel López Merino, Lorenzo Riezu, Álvaro Miranda, Alberto Pascual y Amaya Rández.

Podemos ha cursado por su cuenta la demanda de comparecencia de Javier Martínez Escudero, Juan Odériz, Enrique de Mulder, Carlos Ayesa Villar, Carmén Pérez Miguel y César Esparza Larramendi.

Por su parte, UPN ha tramitado la petición de aceptación de la solicitud de comparecencia registrada por Enrique Goñi; mientras que el PSN ha solicitado las comparecencias de José Carlos Hernández, Francisco García Valdecasas, Manuel López Merino, Roberto Ducay y Lorenzo Riezu.

La comisión de investigación desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, tarea que, salvo nueva ampliación, deberá estar concluida y plasmada en un informe no más allá del 30 de junio.

Conforme a las normas aprobadas, la comisión de investigación constituida el 27 de abril de 2016 tiene por objeto “conocer y determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, además de esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción”.

El órgano está presidido por el parlamentario de Geroa Bai, Unai Hualde, y está integrada por Luis Casado y Luis Zarraluqui (UPN), Koldo Martínez (Geroa Bai), Adolfo Araiz y Arantza Izurdiaga (EH Bildu), Tere Sáez y Fanny Carrillo (Podemos), Guzmán Garmendia e Inma Jurío (PSN), Ana Beltrán (PPN) y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra).

La crisis de Podemos Navarra ‘salpica’ la estabilidad del cuatripartito. Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Unida tienen que negociar las medidas que quieran impulsar en el Parlamento no sólo con la dirección oficial de Podemos, encabezada por Eduardo Santos, sino también con el sector crítico de la formación morada que lidera su ex secretaria general, Laura Pérez, y que se ha hecho con el poder dentro del grupo parlamentario. La ejecutiva de Podemos analiza mientras tanto qué medidas adoptar en contra de los parlamentarios díscolos, aunque lo más probable es que termine abriéndoles un expediente disciplinario que implique su suspensión cautelar de militancia en la formación morada, como ya ocurrió con Laura Pérez.

Los 26 votos que sumaba el cuatripartito hasta el momento, y que le permitían aprobar por mayoría sus iniciativas parlamentarias, ya no tienen por qué sumar automáticamente más que los votos de los grupos de la oposición. La mayoría del grupo parlamentario de Podemos ha dejado claro que actúan “al margen del partido” en la Cámara. De hecho, acordar por mayoría el nombre del portavoz del grupo parlamentario y tramitarlo ante la Mesa de la Cámara, como han hecho esta semana, contraviene de forma flagrante el reglamento interno de Podemos, que otorga al Consejo Ciudadano la facultad de designar al portavoz del grupo parlamentario.

El escrito firmado por los cuatro críticos con el nombramiento de Carlos Couso como portavoz en sustitución de Mikel Buill (que fue designado por la dirección de Podemos) ha llegado ya a la Mesa del Parlamento, presidida por Ainhoa Aznárez, de la dirección de Podemos. Aznárez debería limitarse a darse por enterada del nombramiento y tramitarlo. Pero está por ver quién acude finalmente el lunes a la sesión de Junta de Portavoces en representación de Podemos. Si el portavoz ‘oficial’, Mikel Buil, o el portavoz ‘crítico’ que le ha sustituido por decisión mayoritaria del grupo, Carlos Couso.

Aunque por el momento no se ha producido la escisión del grupo de Podemos en la que parece que desembocará esta crisis, el resto del cuatripartito asiste con preocupación a las maniobras de lucha de poder en el seno de la formación morada. Así lo ha reconocido el propio vicepresidente económico, Manu Ayerdi. La preocupación existe, ha señalado, pero los principales proyectos económicos del Gobierno (presupuestos y reforma fiscal) ya están “bien aprobados”, de forma que la inestabilidad que supone la crisis de Podemos no afectará al menos a estas cuestiones capitales para el Gobierno.

Pero el consuelo que encuentra Ayerdi no se extiende más allá. Llegados a este punto de ruptura en Podemos, cualquier iniciativa que el Gobierno intente aprobar en el Parlamento deberá ser negociada entre cinco interlocutores, y no entre cuatro como ha venido sucediendo en lo que va de legislatura. Al Gobierno no le servirá de mucho acordar algo con la dirección de Podemos si después el grupo parlamentario, liderado por los críticos, hace caso omiso de las instrucciones políticas que le dé Podemos.

Alrededor de 260 trabajadores de Siemens Gamesa se han apuntado a las bajas voluntarias prpuestas por la empresa para evitar medidas traumáticas de ajuste de plantilla. De estas 260 bajas, unas 40 corresponderían al centro vizcaíno de Zamudio, 55 a Madrid y el resto a las plantas que la compañía tiene en Navarra. La compañía planteó inicialmente la presentación de un expediente de regulación de empleo para la extinción de 272 contratos en España.

Según el sindicato UGT, “se han cumplido con creces las expectativas que tenía la empresa sobre las adhesiones” al plan de bajas voluntarias. La dirección ha convocado para el próximo martes a los sindicatos a una reunión en Madrid para, entre otros puntos, establecer un marco legal para todas estas adhesiones.

Las centrales llevarán a la reunión la exigencia de “garantía de empleo” para los trabajadores que se quedan en la firma con el objetivo de “tener un compromiso de la compañía”.

A pesar de sus nuevos y “modernizados” estatutos, los afiliados de UPN seguirán sin elegir con sus votos al cabeza de lista para las elecciones de 2019. El presidente de la formación regionalista, Javier Esparza, no ha encontrado opositor a su candidatura y será proclamado cabeza de cartel de UPN por aclamación. El proceso exprés de primarias abierto hace una semana por el comité de listas, del que el propio Esparza forma parte, se cierra así sin convocar a los 2.500 afiliados que UPN a las urnas.

Cuando el comité de listas eleve a definitiva la proclamación, Esparza podrá comenzar el proceso de elaboración de listas y pondrá en marcha la maquinaria electoral del partido antes de que ninguna otra formación política se haya puesto a ello. El objetivo del líder regionalista es llegar a la antesala de las elecciones con la tarea hecha, mientras el resto de las formaciones políticas tienen que afrontar sus procesos internos de designación de candidatos.

Mientras que algunos dirigentes regionalistas hablan del “sólido liderazgo” que ha constituido Esparza desde su elección como presidente de UPN en el congreso regionalista de 2016, otras fuentes del partido señalan que Esparza no despierta “mucho más que indiferencia” entre los afiliados del partido, pero que las distintas corrientes regionalistas no han querido promover candidaturas alternativas para no desgastar más las siglas. “El camino por el desierto de la oposición es muy duro, hay que trabajar mucho para conseguir arrebatar el poder al nacionalismo”, señala un histórico regionalista.

UPN comenzó la legislatura siendo la fuerza más votada en Navarra, y la última encuesta de intención electoral (el navarrómetro) seguía situándolo en la misma posición, e incluso le adjudicaba un parlamentario más de los que logró en 2015. No obstante, esos 16 escaños en el hemiciclo navarro no garantizan que Esparza pueda encabezar el próximo Gobierno foral.

De momento, la estrategia de la dirección de UPN pasa por centrarse en la elaboración de unas “buenas listas” municipales con las que revertir la situación de mayoría de alcaldías nacionalistas que consiguieron las formaciones del cuatripartito en las pasadas elecciones. Es posible que, en alguna localidad de más de 10.000 habitantes, los regionalistas puedan celebrar primarias. Mientras tanto, tendrán que esperar al fin de la próxima legislatura si quieren elegir a su cabeza de cartel por votación directa.

No habrá juicio en Pamplona para considerar si los crímenes franquistas constituyen un delito de genocidio y de lesa humanidad. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona no ha admitido a trámite la querella presentada por el Ayuntamiento de Pamplona contra nueve autoridades o funcionarios franquistas. Aunque aún cabe recurso contra esta decisión, se trata de la segunda iniciativa de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria que decae, tras la inadmisión de la querella presentada por Vitoria. Los argumentos de los jueces para no tramitar las querellas han sido similares en ambos casos: todos los hechos que se querían enjuiciar están prescritos y, en cualquier caso, les sería de aplicación la Ley de Amnistía del 77.

En su auto, la jueza destaca que todos los querellados han fallecido, salvo Rodolfo Martín Villa. La jueza recurre a los argumentos del Tribunal Supremo para señalar que en un proceso penal es preciso contar con un hecho con apariencia de delito y un posible imputado vivo. Es decir, que los tribunales no pueden iniciar una investigación general si no parten para ello de hechos penalmente relevantes y que puedan atribuirse a personas vivas. Así que la juez establece que, con respecto a los 8 querellados fallecidos, su supuesta responsabilidad penal “ha quedado extinguida” tras su muerte.

La juez entiende además que “todos los hechos relatados en la querella están prescritos” y que a todos los episodios relatados en la querella les es aplicable la Ley de Amnistía. “Los jueces están sujetos al principio de legalidad, y por tanto, no pueden en ningún caso derogar leyes, puesto que constituye exclusiva competencia del poder legislativo”, refleja la juez en su auto. “No puede olvidarse en este sentido que, en 2011, el Congreso de los Diputados rechazó la proposición planteada para modificar la ley de Amnistía”, concluye.

Para la letrada Lourdes Etxeberria, que ha colaborado con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona en la presentación de la querella, la aplicación de la citada ley de Amnistía sería aplicable “al final del necesario proceso de investigación y enjuiciamiento” y en el caso de que el juez condenase a los querellados por los delitos de los que se les acusa.

Por otra parte, la juez considera que el Ayuntamiento de Pamplona carece de legitimación para interponer una querella como acusación popular, una acción que no pueden ejercer las administraciones.

Un chaval de unos 12 años mira por la ventana del salón de su casa. Se sienta a la mesa y mira el móvil. Sobrevuelan en la estancia las últimas amenazas recibidas: “Eres un puto mierda. A nosotros ni te acerques, gilipollas, como te chives te matamos. No tienes cojones, pringao”. El chico se levanta, móvil en mano, se acomoda en el sofá, se refugia en un cojín, se abraza las rodillas, se mece adelante y atrás mientras las palabras siguen llenando su vida, “te vamos a partir la puta cara”. El chaval se levanta, va a su habitación y se pone el pijama. Por último, se disuelve y se hace invisible. La pantalla se funde a negro.

“Ningún niño, niña o adolescente debería ser invisible o desear serlo”. El vídeo cuenta con la participación del actor Nacho Guerreros, que sufrió acoso escolar en la infancia y ha presentado por toda España un libro en el que recoge la experiencia. “Un menor víctima de acoso escolar desarrolla un trauma debido al maltrato al que es sometido diariamente. Para procesar este trauma y que no le persiga durante toda su vida, una ayuda psicológica especializada en este tipo de casos es conveniente”, advierte Guerreros mirando a cámara.

Gracias a la colaboración de dos entidades sociales, a partir de este mes, Navarra cuenta con un servicio de atención psicológica especializada en bulling que se prestará de forma gratuita a las víctimas de acoso escolar y sus familias que carezcan de recursos para costear un tratamiento psicológico privado. Sus responsables son conscientes de que la guerra contra el bulling tiene demasiados frentes abiertos, y aunque reconocen el trabajo que ha comenzado a desarrollarse desde el ámbito institucional, lamentan y enumeran importantes carencias que deben afrontarse con urgencia. Entre ellas, destacan la atención psicológica especializada para las víctimas y sus familias.

Los protocolos de atención que implantan los centros escolares son demasiado lentos para la realidad urgente de las víctimas. Y los tiempos de atención de la Sanidad Pública son, directamente, inasumibles. “No es de recibo que un adolescente con tendencias suicidas vea a su psicólogo de la Seguridad Social una vez cada dos meses, con suerte”, denuncian los organizadores de esta iniciativa. Muchas familias afectadas por el acoso escolar recurren a psicólogos privados para atajar el problema, pero hay muchas otras familias en su misma situación que no pueden permitirse el lujo de pagar un tratamiento privado, advierten.

Cubrir esta deficiencia de los servicios públicos es la razón de ser del convenio firmado entre la Asociación Levántate contra el Bullying y la cooperativa de iniciativa social Kamira. “Con este convenio no nos olvidamos de las familias, que sufren y también son víctimas del acoso escolar. Ellas nos pedían que se nos escuchara, y eso es lo que más agradecen”, señala el presidente de la Asociación Levántate contra el Bullying, Josu Sesma. “El proyecto pone el énfasis en la calidad de la atención y del tratamiento psicoterapéutico, para que la ayuda que le prestemos le pueda beneficiar a la víctima de acoso durante muchos años”, indica el coordinador del programa de responsabilidad social de Kamira, Miguel Elorz.

De momento, se han dado un año de margen para trabajar en este servicio. Sesma lamenta la falta de cifras oficiales sobre el acoso escolar en Navarra, porque el departamento de Educación registró 200 casos durante el pasado curso escolar, pero su asociación trabajó con otros 65 casos, de forma que “no sabemos qué porcentaje de los casos estamos atendiendo, pero nos tememos que son solo la punta del iceberg”, advierte.

Kamira es “la primera y mayor cooperativa de iniciativa social de Navarra”, según su propia definición. Nacida en 2006 de la mano de 12 profesionales, cuenta en la actualidad con más de 130 profesionales dedicados a la educación, apoyo, asesoramiento y asistencia de niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultos y familias. A través del convenio recién firmado, Kamira pone a disposición de las víctimas del acoso escolar y de sus familias tanto sus instalaciones en Berriozar como los servicios de atención psicoterapéutica de sus profesionales. A este servicio gratuito para las familias que no dispongan de ingresos suficientes se llegará a través de la Asociación Levántate contra el Bullying, encargada de la valoración inicial de los casos que se presenten.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado en el Congreso que, antes de que finalice el año, habrá un acuerdo entre el Estado y Navarra para la actualización del Convenio Económico. El Gobierno foral interpreta las palabras del ministro como un “compromiso firme” de la Administración central por culminar una negociación que ha durado meses y a la que solo faltaba “un impulso político” por parte del Gobierno central, según la portavoz del Ejecutivo foral, María Solana.

El anuncio de Montoro viene a despejar el camino de uno de los retos más importantes que tenía ante sí el Gobierno presidido por Uxue Barkos, la actualización para el quinquenio 2015-2019 del Convenio Económico, a través del cual se calcula la cuota anual con la que Navarra contribuye a las cargas generales del Estado. La cantidad se mantiene prorrogada desde 2014 y el estudio elaborado por la Hacienda foral determina que Navarra está aportando entre 100 y 250 millones más de lo que debería cada año. Los equipos técnicos de Navarra y el Estado llevan más de un año negociando sobre la base de dicho estudio, aunque en los últimos meses la actividad por parte del Gobierno central se había paralizado en dichas comisiones técnicas. El Gobierno de Barkos se ha mostrado en varias ocasiones optimista sobre la culminación de las negociaciones, pero sólo había obtenido el silencio como respuesta por parte del Estado.

Curiosamente, ha sido a preguntas del diputado del PNV, Aitor Esteban, cuando el ministro de Hacienda se ha pronunciado sobre el fin de las negociaciones con la Administración foral. “Tenga la seguridad de que estarán aprobadas antes de que finalice el ejercicio”, ha respondido el titular de Hacienda al diputado vasco en referencia a la actualización tanto del Cupo como del Convenio Económico. Montoro ha añadido que se extenderán a Navarra “buena parte de las nuevas definiciones” que se incluyen en la actualización del Cupo vasco “en términos de lo que es el convenio navarro”.

Por su parte, preguntada sobre las palabras del ministro de Hacienda, la portavoz del Gobierno foral, María Solana, ha indicado que “estábamos convencidos de que el acuerdo sobre el Convenio estaba a falta de un mínimo impulso político por parte del Gobierno central, y entendemos que éste es el impulso”. El Gobierno navarro interpreta, ha añadido, “que es un compromiso público y claro del señor Montoro y del Gobierno central hacia Navarra”.

El anuncio del ministro Montoro aleja la preocupación del Gobierno foral por la marcha de las negociaciones del Convenio después del precedente que ha supuesto el fracaso de las conversaciones entre Navarra y el Estado para acordar un nuevo convenio para la construcción del TAV. Otro de los frentes de negociación que mantiene Navarra abierto con la Administración central es la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra, en la que ambas partes deben acordar el caudal de agua que se trasladará hasta la Ribera.

El juicio por la violación grupal denunciada durante los Sanfermines de 2016 se celebrará íntegramente a puerta cerrada. Así lo ha establecido la Audiencia de Navarra para proteger “el derecho fundamental a la intimidad” de la denunciante, así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una “indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual” que pertenecen a la esfera personal.

La Audiencia también prohíbe la publicación de información relativa a la identidad de la denunciante o de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, así como la obtención, divulgación o emisión de imágenes de ella o de sus familiares.

Estas dos prohibiciones, según exponen los magistrados, se refieren expresamente a la información incluida en el acta del juicio, que se grabará, y cuyos DVD se entregarán a las partes con el contenido de todas las sesiones de la vista oral, que se va a desarrollar entre el 13 y el 24 de noviembre en Pamplona. Respecto a los acusados, la Audiencia también prohíbe la obtención, divulgación o publicación de sus imágenes.

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La acusación particular, ejercida por la mujer denunciante, que en el momento de los hechos tenía 18 años, reclamó que todas las sesiones fueran a puerta cerrada y, además, rogó que se prohibiera la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o sus familiares. A esta postura se adhirió la acción popular ejercitada por el Ayuntamiento de Pamplona.

Por su parte, la fiscal del caso planteó que la declaración de la víctima y la reproducción de los vídeos y fotogramas relativos a los hechos debían realizarse a puerta cerrada, y dejó a criterio de los magistrados la presencia de los medios de comunicación y la grabación por estos de imágenes del juicio, un planteamiento al que se unió el letrado del Gobierno de Navarra, personado también en la causa como acción popular.

Las defensas de dos de los cinco procesados, por su parte, demandaron que la vista oral fuera completamente a puerta cerrada, mientras que los otros tres encausados propusieron que el juicio fuera en audiencia pública, salvo la declaración de la denunciante y la emisión de las imágenes, pero requirieron que se impidiera tanto su grabación como la de la denunciante con el fin de garantizar la protección de la intimidad y la propia imagen.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha recalcado el compromiso del Gobierno central con el Canal de Navarra: “Hay que impulsar la segunda fase para que pueda regar 21.500 hectáreas. Se puede hacer”.

Según García Tejerina, “hoy nadie entendería Navarra sin la primera fase del Canal, creo que ha sido tremendamente importante”. “El Canal ha traído garantía de abastecimiento para poblaciones, entre otras la propia Pamplona, garantía y bienestar para los ciudadanos”.

Según ha añadido, “ha traído 38.000 hectáreas nuevas de regadío, lo que es muchísima riqueza no solo para los agricultores, sino todo lo que la agricultura mueve detrás, la importante industria agroalimentaria de la Comunidad, energía eléctrica...”. “Hoy nadie entendería prescindir del progreso, de la riqueza, de las oportunidades de empleo que ha dado la primera fase del Canal”, ha expuesto.

Ha señalado la ministra que “el Gobierno quiere seguir trayendo riqueza a Navarra, es una comunidad tremendamente importante, con unos agricultores muy profesionales, y hay detrás una industria agroalimentaria muy potente, que da mucha riqueza a esta tierra”.

“Hay agua”

“Mi compromiso es impulsar un proyecto que pueda regar 21.500 has porque se puede hacer, es una obra que se hace mirando al futuro, se planifica para 150 años, se planifica para traer el máximo potencial de desarrollo, para hacer una agricultura productiva eficiente y sostenible”, ha aseverado, para añadir que el compromiso del Gobierno y de sus socios de UPN es “no limitar el potencial de desarrollo a esta Comunidad que transforma en riqueza las oportunidades que se le dan”.

Según ha afirmado, “las dotaciones de riego que están acordadas solo se modifican si hay acuerdo de los regantes”. “Todos avanzamos y la PAC nos va a exigir avanzar hacia agricultura más eficiente y sostenible”, ha dicho, para indicar que “hay recursos suficientes para regar 21.500 hectáreas, hay agua, hay voluntad de acometer la infraestructura”.

“Avanzamos hacia la eficiencia y la productividad, y es posible cumplir todos los requisitos”, ha manifestado García Tejerina, quien ha señalado que “queremos en Navarra una agricultura profesional, de futuro, eficiente y sostenible y las condiciones actuales nos permiten ofrecerlo a 21.500 hectáreas”.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha anunciado en el Congreso que el Estado licitará las obras del corredor ferroviario de alta velocidad de Navarra a cuya ejecución se comprometió con UPN a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Para poder licitar las obras, ha señalado el ministro, el Estado debe revocar antes el convenio que firmaron las administraciones central y foral en 2010, en virtud del cual la capacidad de licitar queda en manos del Gobierno de Navarra. El anuncio no ha causado intranquilidad aparente en el vicepresidente foral Manu Ayerdi, que en rueda de prensa se ha mostrado dispuesto a “estudiar” conjuntamente con el ministerio la causa por la que éste pretende revocar el convenio. De momento, él no ve motivos para la anunciada revocación: “Si de la Serna quiere hacer ese movimiento administrativo, ya tendremos ociasión de hablar de ello, lo analizaremos y lo trabajaremos”, ha dilatado en el tiempo Ayerdi frente a la urgencia expresada por el ministro.

Mientras De la Serna y Ayerdi se dedicaban este cruce de declaraciones de forma pública, UPN sacaba pecho de su gestión en torno al TAV en el Congreso. Su diputado Iñigo Alli ha reconocido que “UPN ha hecho valer su acuerdo con el PP por el interés general de los navarros y de los españoles”. Se refería Alli al compromiso del Estado para licitar las obras de dos tramos de la plataforma prevista entre Castejón y Pamplona este año, un compromiso que UPN obtuvo a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del PP; un compromiso con el que, además, UPN intentó obligar al Gobierno de Navarra a incluir financiación para el TAV en su proyecto de presupuestos, a sabiendas de que tres de los socios del cuatripartito habían advertido de que no apoyarían dicho proyecto si incluía dinero para el tren. Alli, sin embargo, no se ha referido a esta circunstancia y sí ha explicado que el Gobierno central “se ha encontrado con una comunidad que no quiere el tren de alta velocidad ante las amenazas de los actuales socios del Gobierno de Navarra: Bildu, la ‘marca blanca’ de Bildu, es decir, Podemos, e Izquierda Unida, que en mi tierra se llama Izquierda-Ezkerra”, ha ilustrado Alli a los miembros de la Cámara Baja. “Navarra tiene una infraestructura ferroviaria de hace 150 años, y el actual Gobierno de Navarra sigue anclado en la época del botijo y el carromato”, ha descrito el diputado de UPN. “Pese a todo, la mayoría de los navarros quieren el tren de alta velocidad”, ha resumido antes de ofrecerse para colaborar con Fomento: “Cuente con UPN para hacer valer el interés de todos los navarros”, se ha brindado.

Frente al discurso de UPN, el vicepresidente foral mantiene que la actitud de su Gobierno es la de colaborar y que “quiere estar lo más presente y cerca del desarrollo de esta infraestructura”. Según Ayerdi, ambas administraciones “estamos trabajando en una infraestructura que consideramos importante, pero el Gobierno de Navarra considera esta infraestructura importantes desde Zaragoza hasta la ‘Y’ vasca”, ha advertido. En este sentido, también el ministro de la Serna se ha pronunciado sobre la conexión con la plataforma de Euskadi, al asegurar que “La ‘Y’ vasca estará en 2013 pese a que Navarra lo pone difícil”.

El conocido como Caso Osasuna ya tiene imputados definitivos. El juez que ha instruido la causa encuentra indicios para juzgar a 18 de las 29 personas investigadas. Se les atribuyen delitos societarios, de apropiación indebida, de falsedad en documento mercantil y falsificación de las cuentas anuales. Además, se les imputa corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos. Los 18 acusados son la directiva del ex mandatario de Osasuna Miguel Archanco y 3 jugadores del Betis.

Han quedado libres de cargos los ex directivos de Osasuna José Luis Roldán y Manuel Ganuza, así como los jugadores investigados Sergio García de la Fuente, Damiá Abella Pérez, Patxi Puñal y Jorge Molina, así como el actual entrenador del club, Petar Vasiljevic. El juez ha decretado el sobreseimiento provisonal de la causa contra ellos. El juez ha considerado además que debía archivar la causa contra el ex director financiero de Osasuna, José Gómez, el ex contable Tomás López, el ex miembro de la gestora Marino Zulet y el auditor Adolfo Suarez.

Los delitos sobre los que encuentra indicios el juez fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco, entre los años 2012 y 2014, y también con posterioridad a su presidencia, para poder justificar las acciones ilícitas cometidas durante su mandato. En total, el juez entiende que el dinero extraído de las cuentas del club, bien con fines delictivos, bien con un destino que no ha podido justificarse, asciende a 2,2 millones de euros.

El juez pone también cifra al supuesto amaño de partidos y estima que hay indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya Carazo, Jordi Figueras Montiel y Xavier Torres Buigues, 650.000 euros en metálico, 400.000 para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-14.

LOS ACUSADOS

El magistrado aprecia indicios racionales de criminalidad en las actuaciones llevadas a cabo por el citado Miguel Archanco, presidente del Club Atlético Osasuna en el periodo 2012-2014; Ángel Luis Vizcay Ventura, exgerente de Osasuna; los exdirectivos Jesús Peralta Gracia, Juan Antonio Pascual Leache, José Manuel Purroy Lecumberri y Sancho Bandrés Ardanaz. También estima que hay indicios para enjuiciar a los tres mencionados jugadores del Betis, al exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquírriain Leandro, que transportó hasta Sevilla parte del dinero para su entrega a los jugadores béticos, a los dos supuestos agentes inmobiliarios investigados, Cristina Valencia Pérez y Albert Nolla Pujol, que firmaron un recibo de 900.000 euros conociendo su falsedad y a cambio de dinero, a los miembros de la comisión gestora del club Javier Zabaleta Bueno, Luis María Ibero Elía, Pedro Zudaire Fernández, Juan Ángel Larrea Andreu y Jesús María Dronda Pérez, por haber ordenado al gerente Ángel Luis Vizcay que hiciera lo que fuera necesario, sin excluir la comisión de delitos, para justificar en la contabilidad las salidas irregulares de dinero, así como del exdirector financiero Ángel Ardanaz Rípodas, por haber confeccionado las cuentas anuales del club del ejercicio 2013-2014 a sabiendas de que contenían falsedades importantes.

Tras dos años de investigación, el juez instructor asegura que existen indicios de que Vizcay, Archanco, Peralta, Purroy y Bandrés, “puestos de acuerdo o, cuando menos, conociendo que así se iba a llevar a cabo y consintiendo dicha práctica, a pesar de que era no solo ilegal sino delictiva, decidieron usar dinero del Club Atlético Osasuna para mantener a toda costa al club en la Primera División” mediante la entrega de “diversas cantidades de dinero en metálico a jugadores de otros equipos con la finalidad de alterar el resultado de dicha competición”. Existen indicios de que pagaron a los entonces jugadores del Betis Amaya, Figueras y Torres 400.000 euros por la victoria del club verdiblanco frente al Valladolid y 250.000 por que su equipo se dejara ganar ante Osasuna. Asimismo, según recoge el auto, durante la temporada 2012-13 salieron del patrimonio de Osasuna 900.000 euros y en la temporada siguiente otros 1.440.000, todos ellos en metálico, de los que únicamente consta acreditado que 226.000 se destinaron a pagar en efectivo a jugadores de Osasuna por conseguir diversos objetivos.

El resto del dinero no ha sido justificado ni explicado por los investigados Vizcay, Archanco, Peralta, Pascual, Purroy y Bandrés. A este respecto, el juez indica que hay indicios de que, con la finalidad de encubrir los citados hechos, estos exdirectivos “decidieron alterar los libros de contabilidad, realizando en los mismos anotaciones falsas o dejando de incluir en ellos anotaciones de operaciones económicas reales”.

El juez relata que en la temporada 2012-13 se contabilizaron 900.000 euros como un pago a los dos supuestos agentes inmobiliarios, los investigados Cristina Valencia y Albert Nolla, quienes por firmar un documento en el que admitían haber recibido ese montante recibieron de Osasuna “una cantidad indeterminada de dinero”. Y dejaron de contabilizar un préstamo de 600.000 euros que un pariente de uno de los directivos había efectuado al club esa temporada, aunque sin conocer la finalidad delictiva que iba a darse a dicho dinero. Al finalizar la temporada 2013-14, continúa la resolución judicial, se planteó la necesidad de dar cobertura a la salida de 1.440.000 euros. Debido al descenso a segunda división ya había dimitido la junta directiva de Miguel Archanco y al frente del club estaba una gestora provisional.

Según el juez, la gestora ordenó al gerente, Ángel Vizcay, que justificara a toda costa dichas salidas de dinero, pero sin querer conocer cómo iba a hacerlo para evitar responsabilidades, a cuyo efecto el gerente procedió a falsificar, mediante su creación y simulando que eran auténticas, tres facturas de la mercantil de nacionalidad portuguesa Flefield por importe de 675.000, 445.000 y 445.000 euros y a ordenar su contabilización. Una vez contabilizadas, el director financiero, Ángel Ardanaz, que conocía o sospechaba “seriamente de la falsedad de dichas facturas”, las entregó al auditor, Adolfo Suárez, quien exigió que se le entregara el documento contractual que justificaba dichas facturas, procediendo nuevamente Ángel Vizcay a falsificar un contrato, simulando a tales efectos la firma del presidente de Osasuna Miguel Archanco. El auditor, con la finalidad de salvaguardarse de posibles futuras responsabilidades, exigió que Vizcay, Ardanaz y la totalidad de la gestora asumieran en la carta de manifestaciones al auditor la realidad de los supuestos pagos efectuados a Flefield. De igual forma, el juez sostiene que en las diligencias hay indicios de que durante los dos años en que ejerció la presidencia Archanco “incorporó a su patrimonio” o “hizo entrega” a Jesús Peralta de al menos 72.000 euros “en concepto de gastos no justificados y dietas de asistencia a eventos cuyo pago no había sido aprobado” ni por la junta directiva ni por la asamblea de socios.

Convocada por el Ayuntamiento, la asociación vecinal “Altsasuarra ta harro” (alsasuarra y orgulloso), y los familiares de los procesados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas, la manifestación bajo el lema “Altsasu” pretende reivindicar el buen nombre del pueblo. La cita ha recabado el apoyo del Gobierno de Navarra, que considera que los jóvenes procesados no deberían ser acusados de un delito de terrorismo, y de la mayoría del Parlamento foral que suma el cuatripartito. Hasta una quincena de alcaldes de la Sakana han apoyado la movilización. Parece, por tanto, que la cita a las 13.00 horas en la localidad navarra contará con una nutrida representación política.

La intención de los convocantes es la de “limpiar” la imagen “manipulada” que se ha ofrecido de Alsasua después de la agresión que sufrieron dos guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre. El Ayuntamiento coincide con el Gobierno y la mayoría parlamentaria en que la agresión, de la que se ha responsabilizado a 9 jóvenes, no puede considerarse un delito de terrorismo y que se ha “magnificado” lo ocurrido.

Su propósito, no obstante, choca con los testimonios de los agentes agredidos y sus parejas ante la juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso. Ambos agentes han declarado ante la juez que sufren “hostigamiento” a diario por parte de simpatizantes del entorno abertzale radical. Tanto los agentes como sus parejas han relatado a la juez episodios de insultos, vejaciones y acoso, una presión que ha hecho a una de las mujeres agredidas y a sus familiares abandonar la localidad de Alsasua.

La difusión ayer de estos testimonios ofrece la imagen de un pueblo “dividido”, según relataron a la juez los agentes, en el que parte de la población prefiere callarse “por miedo” y otra parte de los vecinos acosa a la Guardia Civil.

No coincide con esta visión su superior, el jefe de la Guardia Civil en Navarra, coronel Javier Hernández. En su opinión, Alsasua no es una “población especialmente complicada” para la Guardia Civil, aunque sí ha observado una “coincidencia en distintos medios de comunicación” en presentar a esta localidad como hostil hacia el Instituto Armado.

En representación del Ayuntamiento, su alcalde, Javier Ollo, quiere que la manifestación de este sábado sea una expresión pública del “hartazgo” del pueblo por todo lo sucedido tras la agresión a los agentes, así como una muestra de solidaridad “con unas familias indefensas y desamparadas”.

Por su parte, el colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha criticado duramente al Gobierno foral por apoyar la manifestación. Según Covite, el cuatripartito “se pone del lado de los violentos con la excusa de defender una convivencia pacífica” y “ataca al estado de derecho” con su actitud.

Critica a las instituciones vascas y navarras por no tener una "estrategia para frenar la radicalización"

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha anunciado que interpondrá una denuncia por delitos de odio en conexidad con delito de terrorismo y por atentado contra la autoridad contra los presuntos autores y los colaboradores de la “brutal” agresión a dos agentes de la Guardia Civil y a sus respectivas parejas en Alsasua (Navarra) la madrugada del viernes.

En un comunicado, Covite ha explicado que, de acuerdo con las informaciones publicadas, los dos detenidos hasta el momento por los hechos pertenecen a Alde Hemendik (“Fuera de aquí”), “una campaña que ETA encargó a movimientos de la izquierda abertzale para lograr la salida de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco y Navarra a base de amenazas, coacciones y presiones” y de la precarización de las condiciones de trabajo y de vida personal y familiar“.

Covite ha añadido que ha tenido conocimiento de que, en la tarde del sábado, horas después de la agresión a los agentes, se celebró una concentración en Alsasua pidiendo la puesta en libertad de los dos únicos detenidos.

“Dos agentes y sus novias son apaleados y la única muestra de apoyo público en Alsasua se dirige a los agresores: se repite el mismo esquema de perversión moral que la izquierda abertzale ha alimentado durante décadas”, ha expresado.

Por ello, Covite ha mostrado su “enérgica condena” a la agresión, que considera “una prueba más de que la cultura del odio permanece intacta en las calles de Navarra y del País Vasco”.

Además, ha exigido a todos los partidos políticos con representación en las instituciones navarras que condenen, de forma expresa, la agresión y que “no se pongan de perfil ante unos hechos que reavivan los métodos del matonismo abertzale en estado puro”.

Asimismo, el Colectivo ha criticado a las autoridades navarras y vascas por “no tener ninguna estrategia para combatir la radicalización violenta, que alcanza en estas regiones los niveles más altos de toda la Unión Europea”. “El reto de combatir la cultura del odio nos compete a todos, especialmente a las fuerzas políticas que siguen amparando el culto al asesino y la criminalización de las Fuerzas de Seguridad”, ha sentenciado.

Aunque se trata de una visita institucional muy del gusto de la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez (Podemos), el principal invitado se ha saltado el protocolo y ha obsequidado con un pequeño rapapolvo a sus anfitriones. Carlos Macías, portavoz de la Plataforma nacional de Afectados por la Hipoteca (PAH), que este fin de semana celebra en Pamplona su decimoséptima asamblea, ha leído la cartilla a los socios del Gobierno del cambio y les ha dicho que, diez meses después de que Cataluña aprobase su ley anti desahucios, el Parlamento de Navarra también ha tenido tiempo de aprobar una ley similar, “la más garantista de Europa”, según Macías.

La PAH esperaba “más iniciativas” de este estilo por parte de los parlamentos autonómicos como el navarro, en el que los socios del cuatripartito suman mayoría, ha reprendido amablemente Macías. La ley catalana, ha señalado, “supone un cambio de paradigma porque libera a las familias de la deuda y permite volver a empezar, no estar condenada siempre a la exclusión social y a la economía sumergida”. Según informa, la ley catalana ha permitido parar “miles de desahucios” y que a más de 30.000 familias catalanas “no les corten los suministros”. “Diez meses después de que el parlamento catalán aprobase esta ley, la PAH esperaba que también el Parlamento de Navarra lo hubiera hecho”, ha requerido Macías.

Estaban presentes los portavoces parlamentarios de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, además de los portavoces de la oposición. Pero ninguno ha recogido el guante del portavoz de la PAH, o al menos, no lo han hecho de forma pública. De hecho, el discurso de la presidenta del Parlamento se ha referido de forma genérica al “colectivo que más duramente ha sufrido la crisis” para reclamar el “derecho a una vivienda digna”. Aznárez ha declarado que “abre con orgullo las puertas del Parlamento” a los representantes de la PAH, pero no ha dicho una sola palabra sobre una ley foral similar a la catalana.

Si ante el Parlamento foral ha reclamado una ley para detener los desahucios, ante el Ayuntamiento de Pamplona ha expuesto las reivindicaciones de mínimos del colectivo al que representa. Macías ha citado la dación en pago con carácter retroactivo, la necesidad de cambiar la ley de arrendamientos urbanos, la urgencia de para los desahucios de primera vivienda y que se gestione de forma paralela un plan de vivienda social asequible. Además, es imprescindible que, dentro del concepto de vivienda digna, se incluyan los servicios y suministros vitales como el agua, la luz o el gas.

En la recepción municipal a la PAH, ha intervenido el representante de esta plataforma en Ansoáin, Jesús Torres, quien ha señalado que en Navarra se producen cada dia 1,53 desahucios por impago de hipotecas o alquiler. Según sus datos, en 2015 se registraron en Navarra 427 denuncias de este tipo.

“El trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo pasado, el futuro está en ganarse el trabajo todos los días”. El presidente de la CEOE, Joan Rosell, está en lo cierto. Ya se pueden rasgar las vestiduras los líderes sindicales, o incendiarse contra él las redes sociales, que la realidad está más cerca de sus palabras que de otra cosa. Entre la crisis, el paro, la reforma laboral del PP y los recortes en materias sociales, el trabajo fijo y seguro se ha vuelto una especie de quimera. Quienes lo tuvieron y lo han perdido, saben que no volverán a encontrarlo. Quienes aún lo conservan, pagan por ello un elevado precio del que nadie habla. Y la generación a punto de entrar en el mercado laboral ni siquiera aspira a ello, es algo “viejuno” que no formará parte de sus vidas.

Se acabó lo que se daba

Se acabó lo que se dabaMario tiene 50 años y acaban de despedirlo de la empresa para la que ha trabajado desde los 21. Es abogado especializado en derecho foral. “Recuerdo que cuando entré en la empresa pensé: ya está, ya he superado otra etapa, ya tengo trabajo. Los de mi generación hemos subido en edad superando etapas, estudiar, encontrar trabajo, emanciparse… eran etapas estandarizadas, todos pasábamos por ellas tarde o temprano. Cuando te cogían en una empresa, ya tenías trabajo. Hasta hace unos años, yo no sabía qué era la presión de poder perder el empleo”. Mario acaba de apuntarse este mes al paro. Y contempla con cierta angustia el panorama oscuro que le espera. “He vivido de acuerdo con unos esquemas laborales que ya no existen”, lamenta, y ahora “me preparo para afrontar una realidad con la que no contaba. Tengo que acoplar mi vida a lo que hay, se acabó lo que se daba”. Su idea es dedicar un tiempo a estudiar y presentarse a alguna oposición. “Lo único relativamente seguro que hay ahora es ser funcionario”, lamenta.

“¿Las palabras de Rosell? Son realistas. Pero eso no significa que me hagan puñetera gracia. Son como la bofetada en plena cara con la que te despiertan al mundo real para decirte, pringao, llevas toda la vida dejándote la piel en el trabajo y pensabas que era para siempre…” Mario deja la frase sin terminar y niega con la cabeza. Lo siguiente que pronuncia es un exabrupto.

Trabajo fijo, sin cobrar

Trabajo fijo, sin cobrar“Tengo trabajo fijo y seguro. Tan seguro como que tengo que pagar la hipoteca con la que compramos el local. Con suerte, en tres años habremos saldado la deuda. Tal vez entonces pueda empezar a cobrar un sueldo. Porque lo que es fijo en mi trabajo es que no tengo ingresos”. Inma (Pamplona, 1974) lleva casi tres años trabajando de 7 a cuatro y media de la tarde, de lunes a viernes, sin cobrar. En 2005, junto con otras dos socias, crearon una guardería privada con la intención de encontrar una salida laboral a su vocación (las tres son licenciadas en Pedagogía). Se hipotecaron hasta el cuello, avalando con sus respectivos domicilios familiares la deuda que contrajeron con el banco. Comenzaron su actividad en 2005. Y los dos primeros años fueron buenos. “Cobrábamos 1.000 euros netos cada una”, recuerda Inma, “llegamos incluso a contratar a dos profesionales para dar una mejor atención a los niños”.

Pero en 2007 todo cambió. Las listas de espera para entrar en su guardería se convirtieron en plazas libres. Muchos padres estaban en paro y cuidaban en casa de sus hijos. Y muchos otros tiraban de abuelos para no tener que pagar la cuota de la guardería. Despidieron a las dos cuidadoras, redujeron las cuotas que cobraban todo lo posible, hicieron campañas low cost de promoción de la guardería, bajaron sus sueldos a la mitad. Pero los números seguían sin cuadrar. Hasta que llegó un mes en el que los ingresos del negocio apenas sí llegaban para pagar los gastos generales y la letra de la hipoteca. Y hubo que replantearse las cosas.

Negociaron con el banco durante meses. Daba igual. O pagaban puntualmente la letra, o el banco se quedaba con el local. Así que desde entonces, y ya va casi para tres años, las tres trabajan sin cobrar. Trabajo fijo, sí, pero sin sueldo.

“¿Qué opino de Rosell? Mejor no lo digo. Llevo tres años trabajando para que el banco no me quite el puesto de trabajo que me creé, para que no me embargue el piso y se quede también con la guardería. Soy una esclava de este sistema que nos roba. Esclavismo del siglo XXI. No aguanto que encima venga este tío a presumir de lo que han hecho y a reclamarnos más. Que le den”.

Trabajo seguro. Salud precaria.

Trabajo seguro. Salud precaria.Iñaki (Pamplona, 1978) tuvo a su segunda hija hace un año. Poder cogerla en brazos o jugar con ella en el suelo le ha costado la friolera de 18.000 euros. Un dineral pagado de su bolsillo para que un médico privado le operase de la lesión de espalda que le ha provocado su trabajo fijo en una de las grandes fábricas de Navarra. La empresa llevaba años dándole largas con pruebas médicas, exámenes y revisiones, pero sin hacerse cargo de la lesión ni de su rehabilitación. “Nadie quiere hablar de esto, hay miedo a las represalias. Para tener el trabajo asegurado hay que tragar con todo. Porque las grandes empresas sólo quieren aparecer como contratadores modélicos, pero es todo mentira. Les da igual tu salud, les da igual tu vida. Sólo piensan en sus números”, denuncia este joven. A pesar de que cuenta con informes médicos, privados, que acreditan que el origen de su lesión es laboral, en la empresa no le han cambiado de puesto. Y cuenta que tiene amigos que le consideran un afortunado por tener trabajo seguro en la fábrica. “Pero lo que no ve la gente es el precio real que se paga por ese puesto de trabajo que, además, de fijo, nada. En cuanto no les salgan los números te despiden. Y si has tenido problemas de salud, que han sido por su culpa, te despiden el primero”, señala.

Las palabras de Rosell sobre el trabajo fijo le llenan de indignación. “Este tío es un jetas, uno más de los que viven como Dios a costa de todos nosotros. A todos esos les ponía yo un mes a trabajar en mi puesto, a ver cómo se les quedaba el cuerpo. Son unos hipócritas, y éste el primero”.

Ganarse el puesto cada día, desde los 16

Ganarse el puesto cada día, desde los 16“Lo de que hay que ganarse el puesto de trabajo cada día, llevo toda la vida oyéndolo. Y toda la vida poniéndolo en práctica. Pero es una trampa. Por muy buen profesional que seas, nunca te terminas de ganar el puesto”. Gonzalo (Pamplona, 1972) acumula 27 años de experiencia como soldador. Aprendió el oficio en un pequeño taller de carpintería metálica al que entró como aprendiz cuando tenía 16 años. Tuvo un jefe estricto y exigente que repetía lo de ganarse el puesto cada día. Jornadas de 11 horas y muchos sábados trabajados.

Hace unos años, la normativa de Formación Profesional le ofreció la posibilidad de homologar su experiencia en el taller con un título académico. A las horas de curro sumó los desplazamientos de Pamplona a Alsasua y las horas de clase para poder aprobar las pruebas. Hay que ganarse el puesto cada día, se recordaba una y otra vez. Pero, cuando pensaba que ya se lo había ganado después de 25 años de esfuerzo, el taller en el que trabajaba cerró. Se apuntó al INEM por primera vez en su vida con 41 años. Desde entonces, ha trabajado en cuatro empresas distintas y en todas ha entrado a través de ETT’s. “Te contratan cuando les sube la carga de trabajo, luego te despiden y a los 15 días te llaman otra vez porque se les acumulan los encargos. Y, en cuanto descienden los pedidos, otra vez a la calle”. A él le llaman de las mismas empresas porque saca bien el trabajo. “A los chavales que son más nuevos, ni siquiera les llaman para repetir. Siempre te están diciendo que en cuanto puedan te hacen contrato, que trabajas bien, que ellos quisieran que te quedaras… Al principio me lo creía. Pero luego ves que les sale mucho más barato contratarte y despedirte según sus necesidades. Este es el puesto que hay que ganarse cada día: con suerte, te vuelven a llamar”, resume.

“¿Qué opino de Rosell? Es la constatación de la mentira en la que nos han hecho vivir. Yo me he currado mi puesto de trabajo todos los días desde que era un crío. Y no me ha servido de nada. ¿Ahora viene este tío a darme lecciones de cómo hay que currar? Es como si me insultara, como si me estuviera diciendo que aún no he hecho el suficiente esfuerzo, como si él decide quién se merece y quién no un puesto de trabajo. Es un sinvergüenza”.

Tres meses de trabajo y “prioridad absoluta” a sus labores de investigación frente al resto de la actividad parlamentaria. Es el plan que se ha propuesto llevar a cabo la comisión de investigación que estudiará, de nuevo, lo ocurrido durante el proceso en el que la antigua Caja Navarra quedó absorbida por Caixabank. Dos parlamentarios por grupo constituirán esta comisión especial que comenzará su trabajo el próximo día 27 y tendrá que tener preparadas sus conclusiones el 30 de abril (julio y agosto son inhábiles en la Cámara foral, por lo que tienen por delante 3 meses hábiles), si bien los grupos se han concedido la facultad de prorrogar este plazo.

Esta será la puesta en marcha de la segunda comisión de investigación parlamentaria para que sus señorías esclarezcan lo ocurrido con la entidad de ahorro navarra, ahora integrada en el banco catalán. Los grupos de la oposición han pedido hasta en cinco ocasiones la creación de una comisión de investigación en torno a CAN, pero el PSN se opuso a ello las tres primeras veces. Los socialistas cambiaron a la cuarta, y su apoyo supuso la creación de la primera comisión de investigación. Un grupo, no obstante, que tuvo que disolverse ante la llegada del fin de la anterior legislatura y lo hizo tras dos meses de infructuoso trabajo: solicitar documentación a diversas entidades que los grupos consideraban implicadas en la cuestión.

Ante la falta de colaboración y la ausencia de documentación que investigar, la comisión redactó unas conclusiones contradictorias entre sí y que, en el último pleno de la legislatura, no fueron apoyadas por ningún grupo. Con la intención de mitigar la pobre imagen que como parlamentarios habían ofrecido con esta comisión de investigación, los grupos que la habían propuesto se comprometieron a reeditarla en esta legislatura. Ahora han aprobado sus normas de funcionamiento, el número de parlamentarios que la integrarán, su calendario y la fecha de estreno, el próximo 27 de abril.

A pesar del renovado interés de los grupos por arrojar luz sobre los hechos ocurridos en la CAN, es muy posible que sus señorías vuelvan a encontrarse con los mismos problemas que ya sufrieron la pasada legislatura al solicitar documentación a determinadas entidades. El Gobierno foral es el único obligado a facilitar los datos que le requiera la comisión, pero el resto de las entidades (fundaciones, bancos, organismos de control económicos o incluso juzgados) pueden alegar que no remiten la documentación solicitada para no vulnerar las leyes de protección de datos, o pueden responder, simplemente, que la Cámara foral carece de competencia para solicitar dicha información.

En cualquier caso, los grupos confían en que, esta vez sí, tanto el gobierno como otras entidades se muestren más colaboradores y la comisión pueda disponer en plazo de los documentos que requiera. Esperan también poder citar a tiempo a las personas que consideran relevantes para el esclarecimiento del proceso de inclusión de la CAN en Banca Cívica primero y en Caixabank finalmente. Incluso han elaborado un modelo de citación en el que se recuerda al entrevistado su obligación de acudir ante la comisión si no quiere incumplir la ley.

El portavoz de Bildu Adolfo Araiz ha negado que las conclusiones de esta comisión de investigación que arrancará su actividad a finales de mes estén ya escritas, como mantiene el grupo parlamentario de UPN. El de Bildu ha señalado que tres meses de trabajo son un tiempo suficiente para analizar a fondo el asunto y que la comisión tiene “prioridad absoluta” en el Legislativo, “sin que eso vaya a paralizar el resto de la actividad parlamentaria”, matiza Araiz.

¿Dónde está el límite entre una imprudencia y una emergencia? En la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) parecen distinguir con claridad dónde se encuentra la frontera entre una y otra. Por eso, han facturado a dos peregrinos brasileños los casi 6.000 euros que costó su rescate a principios de marzo en la zona de Ibañeta.

Los peregrinos, un hombre y una mujer, habían tomado la variante este de entrada en Navarra del Camino de Santiago francés, entre Saint-Jean-Pied-de-Port y Roncesvalles, la del collado de Lepoeder, a pesar de estar prohibido en época invernal. Esta decisión, a juicio del Servicio de Protección Civil, “fue claramente imprudente y temeraria”.

La comisión de personal del citado servicio, sin embargo, no lo tiene tan claro. Tras expresar su rechazo a la decisión del Gobierno foral de cobrar el rescate a los peregrinos, ha hecho público un comunicado en el que pone el acento en el carácter público del servicio que prestan. “Una situación de emergencia, sea cual sea la causa u origen, debe ser atendida con la prontitud y con los medios disponibles al efecto y que, en ningún caso, esa atención debería suponer un coste económico para las personas afectadas”, consideran los representantes de los bomberos.

La polémica sobre el cobro de los rescates de montaña en Navarra no es nueva. En 2013 se modificó la le de Tasas y Precios Públicos para añadir un apartado nuevo en el que se establece que “constituye el hecho imponible de la tasa de prestación de servicios de extinción de incendios y salvamento, bien sea a solicitud de los interesados o de oficio por razones de seguridad”, entre otros, el “rescate en zonas de riesgo o de difícil acceso, cuando sea debido a conductas imprudentes o temerarias” del beneficiario del rescate.

Conductas imprudentes

La ley deja fijado que “si existen varios beneficiarios del servicio, la imputación de la tasa debe efectuarse proporcionalmente a los efectivos utilizados en las tareas en beneficio de cada uno de ellos, según el informe técnico y, si no fuera posible su individualización, por partes iguales”.

En el caso más reciente, sí fue posible distinguir el coste del rescate de cada peregrino. La factura asciende a 5.360 euros en el caso de la mujer, ya que incluye el uso de un helicóptero de rescate y las doce horas de trabajo de once personas, mientras que suma 450 horas la factura por el rescate del hombre, incluida una operación de tres horas desarrollada por cuatro efectivos y un vehículo terrestre. Las facturas se elaboran a partir de una tarifa establecida por ley en la que, por ejemplo, se fija en 1.400 euros el empleo de un helicóptero de rescate o en 90 euros la intervención de un vehículo de autoescala. También se determina en 30 euros el importe por hora o fracción de cada efectivo personal que participe en el rescate.

Lo que la ley no precisa es en qué consisten las “conductas imprudentes o temerarias” que dan motivo a los rescates. En el caso de los pregrinos brasileños, se da la circunstancia de que está prohibido transitar en invierno por la ruta que eligieron. La etapa de entrada en Navarra del Camino de Santiago francés, entre Saint Jean Pied de Port y Roncesvalles, tiene dos variantes: la oeste, que transcurre por Valcarlos y el pueblo de Ibañeta, y la este, que discurre por Huntto, Orisson y el collado de Lepoeder. Desde este invierno, la ruta este está prohibida y todos los peregrinos deben tomar la de Valcarlos. Esta restricción, según informa el Servicio de Protección Civil, se debe a la dureza del tramo, especialmente en condiciones meteorológicas adversas, ya que presenta un alto desnivel (1.200 metros) y una elevada peligrosidad tanto para los peregrinos como para los equipos de emergencia que deben ser movilizados en caso de rescate. La restricción está vigente desde el 1 de noviembre hasta el próximo 31 de marzo, y está indicada con carteles en el comienzo del tramo en territorio navarro.

De ahí que el Gobierno haya decidido facturar a los peregrinos el coste de su rescate. Se trata del primer caso conocido en el que el Gobierno de Barkos actúa de esta forma, ya que el anterior Ejecutivo, de UPN, había dado una orden interna para no girar más facturas a los beneficiarios de rescates en montaña. Así lo recuerda la comisión de personal de bomberos en su comunicado al señalar que “en su día fue aprobada y bien recibida la comunicación que se nos hizo por parte de la Dirección del Servicio de Bomberos de que se había dado la orden de paralizar el cobro de sus intervenciones”.

En realidad, fue el Gobierno de UPN quien aprobó la modificación legal que permitía el cobro de los rescates de montaña en Navarra. Lo hizo en 2013 en un contexto de fuertes recortes presupuestarios y lo puso en práctica en, al menos, 7 intervenciones de las casi 30 realizadas por los servicios de emergencia en el monte. Sin embargo, después decidió frenar este tipo de actuaciones y, sin hacerlo público, ordenó de forma interna que no se facturasen más rescates. El Gobierno de Barkos, no obstante, parece haber cambiado de criterio. De momento, a los peregrinos brasileños ya les han girado la factura del servicio de emergencias. Y han advertido que también les girarán la de los costes originados por su atención en el Servicio Navarro de Salud.