Isabel Díaz Ayuso ha abierto un nuevo frente contra el Gobierno con el aborto. Tras varios días de declaraciones ambiguas, la presidenta regional confirmó este jueves que no pondrá en marcha el registro de médicos objetores que marca la ley aprobada en 2023. La medida, establecida para conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención, ya estaba además acordada en lo que se refiere a la letra pequeña de cómo ponerla en marcha entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. Incluida Madrid.

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó el pasado diciembre un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico que salió adelante por unanimidad, confirman desde el Ministerio de Sanidad. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público.

Tras aquella reunión, el consejero de Sanidad de Castilla y León, que actuaba como portavoz de los dirigentes del PP, confirmó que se había “llegado a un acuerdo” solo a expensas de que se revisaran varias sentencias del Tribunal Supremo “para tener ese registro en las mejores condiciones”.

“No voy a hacer una lista de médicos. Nunca, nunca”, espetó, sin embargo, Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid este jueves, donde acusó al Gobierno de promover el aborto y aseguró que estaba en su mano “evitarlo”. “Váyase a otro lado a abortar”, terminó diciendo la dirigente regional mirando a la bancada de Más Madrid.

La respuesta llega tres días después de recibir una carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a otras tres comunidades, requiriéndole una puesta en marcha del registro de objetores en un plazo de tres meses. Sánchez, tras la negativa, ha advertido al Ejecutivo regional de que llegará al Constitucional “si hace falta” para hacer cumplir la ley. “Está diciendo que no va a cumplir una ley y el voto que emitió aquí”, ha respondido también la ministra de Sanidad, Mónica García, en referencia al Consejo Interterritorial de diciembre.

Hasta alcanzar este punto, tanto la propia Ayuso como su consejera de Sanidad han hecho declaraciones abiertamente confusas a lo largo de la semana. La presidenta autonómica aseguró, nada más recibir el requerimiento, que iba a tomarse su tiempo para responderlo. Matute, por su parte, ha sido crítica desde el principio con el registro, al que definió como un “ariete político”, pero nunca ha llamado a la insumisión a la norma. De hecho, unos días atrás, pese a mostrarse disconforme con la medida por “inútil y punitiva”, afirmó que la Comunidad de Madrid iba a “cumplir la ley”.

El registro de médicos y médicas objetores se planteó en la reforma de la ley del aborto de 2023 como una manera de evitar que las consejerías de salud u hospitales enteros se escudaran en una supuesta objeción de conciencia generalizada para no asumir interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. Madrid es una de las cinco regiones, junto con Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura, que practican menos del 1% de estas intervenciones en los centros del Sistema Nacional de Salud (SNS), según los últimos datos, correspondientes a 2024.

Qué se acordó

Cómo crear estos registros está descrito en un protocolo que el Ministerio de Sanidad acordó con las comunidades (también Madrid). Hay unas normas muy claras y una de ellas es la protección de quienes deciden no realizar abortos por razones ideológicas.

El registro debe contar con los “datos estrictamente necesarios” de los profesionales para “realizar la planificación y gestión necesarias de los recursos humanos”(el nombre, el sexo, el DNI, el correo o el centro de trabajo) y podrá ser consultado “exclusivamente” para garantizar la prestación del aborto en la sanidad pública. Pese a ello, Ayuso acude al “estigma” y al “señalamiento” de los médicos como un argumento para oponerse a lo que marca la ley.

La postura de Ayuso se encuadra dentro de la reciente ofensiva contra el aborto abierta por el Partido Popular. Hace una semana el Ayuntamiento de Madrid, que el PP lidera con mayoría absoluta, apoyó una proposición de Vox que reconocía un inexistente “síndrome postaborto” usado para intimidar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, algo que prohíbe expresamente la ley.

Génova, que respaldó inicialmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, después tuvo que reconocer que este supuesto síndrome en realidad no existía. Y ante el frente abierto por Ayuso, el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido una carta que reitera su apoyo al aborto “conforme a las leyes” en un equilibrio que la ofensiva capitaneada por el PP de Madrid le pone cada vez más difícil.

Cerramos otra semana más, y van dos consecutivas, con la extrema derecha desinformando sobre asuntos de salud. Esta vez es casi peor porque en el caso madrileño el falso “síndrome posaborto” ha sido asumido no solo por Vox sino también por el Partido Popular.

El grupo municipal liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida decidió apoyar una propuesta de los de Santiago Abascal que obliga al personal municipal sanitario, de servicios sociales o de los espacios de igualdad a informar sobre este síndrome que no existe a las mujeres que trasladan su decisión de interrumpir el embarazo. Básicamente decirles que abortar provoca alcoholismo, agresividad o depresión. Un delirio que no respalda la ciencia y que parece una vía más para coaccionar a las mujeres como tantas otras utilizadas por los grupos ultracatólicos. 

La cosa no quedó ahí. El PP nacional, atribulado siempre por la postura en torno al aborto, respaldó la decisión municipal, aunque al día siguiente el alcalde tuvo que recular. “No es una categoría científica reconocida”, dijo. Y tras él, el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado. 

No tiene ninguna pinta de que lo que van a llevar a cabo en Madrid –ya está aprobado– sea legal. La ley de 2010 dice en su artículo 24.2 que “las administraciones públicas velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente”. 

Además, el “síndrome posaborto” no está recogido en los manuales de clasificación de trastornos mentales de referencia, ni en el de la Organización Mundial de la Salud (CIE-11) ni en el DSM V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. 

En un comunicado enviado esta semana, la Sociedad Española de Contracepción explicaba que “la mayoría de las mujeres que demandan una interrupción de embarazo tienen ya su decisión tomada y no presentan ningún problema psicológico previo ni posterior al procedimiento”. 

Las experiencias pueden ser diversas y muy matizadas en función de las circunstancias, pero a la derecha le interesa sobre todo un relato: el que vincula el aborto con terribles consecuencias psicológicas que condenan a las mujeres a la tristeza y el sufrimiento. No se piensa tanto, sin embargo, en “la repercusión psicológica en mujeres a las que se les niega su solicitud de interrumpir el embarazo”, nos explicaba Ezequiel Pérez Campos, jefe de Ginecología del Hospital de Requena y patrono de la Fundación Española de Contracepción. 

La historia ha desembocado en un anuncio del presidente del Gobierno para blindar el derecho al aborto en la Constitución, cosa improbable después de que el PP haya avanzado que no lo apoyará. Cualquier cambio constitucional necesita una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Con esta propuesta, Pedro Sánchez ha sacado del cajón algo que se comprometió ya a hacer hace un año y que también había propuesto Sumar, su socio de Gobierno. 

Mientras estabas a otras cosas...

2.000 mujeres

Lo más gordo que ha pasado esta semana, por las gravísimas implicaciones directas para la salud, ha sido el escándalo de las mamografías en Andalucía. Si no lo has seguido, aquí tienes un buen resumen. 

Más de 2.000 mujeres que pasaron por un cribado preventivo de cáncer de mama y necesitaban, ante la sospecha de enfermedad, hacerse otra prueba nunca fueron citadas por el Servicio Andaluz de Salud. Estos días he escuchado relatos aterradores de mujeres que han llegado al diagnóstico un año después, con lo que eso supone para el avance de la enfermedad y que transitan el miedo y la rabia como pueden.

Reproduzco la conversación de la consejera andaluza de Salud con las mujeres afectadas según la versión de estas últimas. Les explicaba que la probabilidad de que un resultado dudoso fuera finalmente un diagnóstico era “estadísticamente muy baja”. 

–“¿Usted puede asegurar que un BI-RADS 3 es 100% negativo? A lo mejor no es cáncer, pero ¿y si sí?”, preguntó una de ellas. 

–“No, no hay garantía al 100%. Pero es que ustedes ven el vaso medio vacío”, respondió la consejera. 

Después de esto, no sé cómo cerrar el boletín de una manera educada. Realmente. Espero que la semana próxima tengamos mejores noticias que contar, aunque la realidad no lo está poniendo fácil. 

Un abrazo, 

Sofía 

Se acerca el cuadragésimo quinto aniversario del Estatuto de Gernika. El 25 de octubre de 1979 se celebró el referéndum que validó la ley de leyes vasca con un 90% de 'síes'. Casi medio siglo después, la conmemoración no es un día festivo -apenas lo fue unos pocos años con Patxi López como lehendakari- y las formaciones nacionalistas vascas no la celebran. Sí lo han hecho PSE-EE y PP, que por motivos de agenda han adelantado sus actos a este miércoles. Los socialistas, socios del PNV en el Gobierno vasco, han realizado una declaración en el palacio de Miramar de Donostia en la que han participado cuatro consejeros de Imanol Pradales, todos salvo Denis Itxaso. Y su líder, Eneko Andueza, ha vuelto a criticar las “obsesiones constantes” por superar el marco actual del PNV, aunque sin citarlo expresamente, y también de EH Bildu.

Andueza, de hecho, ha hablado de una “verdadera amenaza” para el Estatuto. Esa “amenaza” la representan las “llamadas continuas a emprender un viaje que cada vez cuenta con menos adeptos”. El “derecho a decidir” es para el PSE-EE un “eufemismo” de la independencia porque, según Andueza, la ciudadanía ya “decide” constantamente en Euskadi. “El verdadero derecho a decidir es poder decidir sobre 97 de cada 100 euros que recaudamos”, ha ironizado, subrayando que el Estatuto entrega a la comunidad autónoma la gestión de la Sanidad, de la Educación o del grueso de las políticas sociales.

“Que hablen claro a la ciudadanía vasca. Que no hagan trampas. Que llamen a las cosas por su nombre. Que se dejen de eufemismos”, ha empazado Andueza a las fuerzas abertzales. Expresamente, Andueza ha criticado algunas expresiones empleadas por EH Bildu -“nazioa gara”- o por el PNV -“nación foral” o “concierto político”-. En Euskadi, PSE-EE y PNV han incorporado a su acuerdo de Gobierno la posibilidad de una reforma del Estatuto. El vasco es el único no retocado junto al del Galicia. Además, Pedro Sánchez accedió a ello también en la investidura a cambio de los votos del PNV y comprometió un reconocimiento nacional expreso. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, tiene anunciada una ronda de partidos para explorar posibles reformas. Andueza, en este sentido, sostiene que hay una “oportunidad” para una actualización que “blinde” derechos sociales. Pero nada más. “Ellos -de nuevo sin referencias expresas- sólo quieren su nación y nosotros queremos construir país”, ha recalcado en una intervención sin preguntas. También ha puesto en valor que el PSE-EE es la única familia política que participó en el consenso estatutario de 1979 y que sigue celebrándolo ahora, ya que la marca anterior del PP -la AP del exministro franquista Manuel Fraga- se opuso.

La parte del PNV del Gobierno de Pradales exhibió su “respeto” por el acto del PSE-EE, según verbalizó con anterioridad a su celebración la consejera-portavoz, María Ubarretxena. La valoración de los peneuvistas es que gracias al Estatuto “Euskadi ha podido dar pasos hacia adelante” en su articuñación pero insisten en que “sigue sin cumplirse” en su totalidad. Estiman en 29 las transferencias pendientes y Sánchez también comprometió completarlas antes de 2025. En la lista se incluye la gestión de la Seguridad Social, una materia no cedida nunca antes por el Estado. Está previsto que en los próximos días Pradales y Sánchez estrenen una nueva comisión bilateral para dar impulso a los asuntos pendientes. Las tensiones entre socialistas y nacionalistas por el autogobierno ya habían aflorado en el arranque de la legislatura de Pradales en otros momentos. Por ejemplo, cuando el PNV usó para referirse a la refoma la expresión “nuevo estatus” y no “nuevo estatuto”.

El candidato del PNV, Imanol Pradales, ha presentado este miércoles en Vitoria su programa electoral. Son casi 80 páginas en cada idioma. Al peso, son menos que las 262 de su predecesor, Iñigo Urkullu, en su estreno de 2012. Fueron 232 de 2016 y llegaron a 428 de 2020. El aspirante ha considerado que el documento bebe de la “experiencia de gestión” y que ofrece “propuestas concretas” y no “ocurrencias” o “palabras vacías”. “Éste es un programa hecho desde el compromiso con Euskadi y con la ambición por mejorar nuestro país”, ha indicado Pradales, que entiende que bebe de la “ilusión de una nueva generación que llega con fuerza”, como reza el lema que ha venido empleando estas semanas en principal partido vasco, 'Indar berria'. El documento completo se puede consultar aquí. ¿Qué contiene? Arranca significativamente con propuestas para Osakidetza, que se ha convertido en la principal preocupación ciudadana, pero apuesta también por hacer sí o sí el nuevo Guggenheim de Urdaibai que Urkullu había querido dejar en el congelador dos años, por crear la Seguridad Social vasca y gestionar los aeropuertos y el puerto de Pasaia, por hacer 7.000 viviendas o, en materia estatutaria, por buscar un pacto con el Estado para avanzar en el reconocimiento nacional vasco.

1 - Salud, “gran prioridad de país”

Que el estado de salud de la Sanidad pública es el gran tema de la campaña electoral -como también es la principal preocupación ciudadana a la luz de las encuestas- nadie lo cuestiona. El PNV, que ha gestionado esta cartera desde 2012 con Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui, matiza que ve que hay “mayor exigencia social” con la calidad de la Sanidad pública a la par que factores externos que la tensionan, tales como el “incremento de las enfermedades crónicas y del coste sanitario” o la “falta de profesionales”.

“Desde EAJ-PNV nos negamos a aceptar el discurso interesado de la supuesta privatización de Osakidetza. Primero, porque es una gran mentira que esconde un interés político claro. Osakidetza nunca ha tenido más trabajadores, financiación y estructura pública. Y segundo, porque un servicio no deja de ser público porque alguno de sus elementos complementarios (como los mantenimientos especializados de las instalaciones de alta tecnología, la limpieza, la seguridad, …) se preste desde una empresa privada. Contamos con un excelente servicio público de salud que hemos ido construyendo a lo largo de casi 40 años”, se puede leer en el programa de Pradales, que dedica su primer y principal apartado a esta cuestión.

¿Toca mejorar? Sí, “pero siempre desde la convicción de que el punto de partida es muy bueno, no solamente en comparación con otras comunidades autónomas sino también con los sistemas sanitarios que son referentes a nivel mundial”. El PNV promete dos baterías de trece medidas cada una en materia de Salud, unas inmediatas y otras más a medio y largo plazo. Un ejemplo de las segundas: para agilizar la atención en los ambulatorios, se plantea la “implementación del rol del Administrativo Sanitario”. ¿Qué es? “Crearemos un nuevo rol de administrativo sanitario en la atención primaria. Este nuevo perfil realizará el primer filtro para dirigir al paciente al profesional de enfermería de atención primaria, al profesional de medicina de atención primaria o a una consulta telemática. De esta forma, conseguiremos reducir la sobrecarga del sistema de atención primaria. El objetivo es reducir el tiempo destinado a tareas burocráticas por parte del personal sanitario y dedicar más tiempo a una atención de calidad y personalizada”, plantean.

Antes, eso sí, el PNV compromete un “plan de choque para la mejora de la atención y accesibilidad en la Atención Primaria y la reducción de las listas de espera quirúrgicas”. Así, “cualquier persona será atendida por su médico de familia en un plazo máximo de 48 horas”. “Y reduciremos las listas de esperas quirúrgicas por debajo de los dos meses acercándonos al objetivo de los 50 días de media mediante la reorganización y refuerzo en la contratación del personal necesario”, añade el programa peneuvista. Asimismo, el PNV se ve capaz de destinar “250 millones” para mejora de instalaciones existentes y “1.000 millones” en nuevas infraestructuras.

2 - 7.000 viviendas y avales para comprar casas

El acceso a la vivienda es también una preocupación social, principalmente en las capas de adultos más jóvenes. Desde 2016, la competencia la gestiona el PSE-EE en los equipos de coalición y no sin tensiones. El PNV, por ejemplo, ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional la ley estatal de Vivienda que los socialistas sí apoyan y aplican. Los nacionalistas tampoco apoyaron la normativa autonómica de 2015. El capítulo sobre la materia se titular “Vivienda. Hacia un derecho efectivo”. Tiene 30 puntos. El último reza así: “Aplicaremos la mejor síntesis de la Ley Vasca de Vivienda de 2015 y de la Ley estatal de Vivienda de 2023, buscando el mejor impacto, para la sociedad, tanto en vivienda como en autogobierno”.

Antes, hay otras iniciativas como “un plan de construcción o habilitación de 7.000 viviendas en régimen de alquiler hasta 2030, reservando un 40% de estas viviendas a personas menores de 36 años” o  “una línea de avales de hasta 200 millones de euros en la legislatura, exclusiva para las personas jóvenes, para conseguir que las entidades financieras puedan financiar el 100% del precio de compra de una primera vivienda”. También piden elevar los máximos de renta para acceder a viviendas protegidas en propiedad ante la carestía del mercado libre y que se puedan solicitar las ayudas de 300 euros mensuales Gaztelagun y Emantzipa siempre que no se superen los 30.000 euros. Ahora quedan fuera todos los que cobren más de 24.500 euros anuales.

3 - Derecho a decidir... ahora pactado con España

El PNV considera que “autogobierno” es “sinónimo de bienestar”. Y añade: “Después de todo el tiempo transcurrido, y como vía de resolución del conflicto político de fondo, resulta imprescindible abordar en profundidad el debate sobre el modelo territorial del Estado, que pasa inexorablemente por el reconocimiento efectivo del carácter plurinacional del mismo y el consiguiente derecho a decidir de las realidades nacionales reconocidas”. El “nuevo estatus” vasco tiene que tener cinco puntos: “reconocimiento nacional de Euskadi”, “respeto a la pluralidad”, “derecho a decidir” -pero “siendo su ejercicio pactado con el Estado”-, “bilateralidad” en las relaciones “Euskadi-Estado” y “nueva voz en Europa”.

El primer programa con el que se presentó Iñigo Urkullu era así: “A propuesta del próximo Gobierno vasco, se constituirá una ponencia parlamentaria sobre el futuro del autogobierno. En paralelo, a lo largo de la próxima legislatura autonómica y como apoyo a los trabajos iniciados en dicho ámbito, y bajo el auspicio de la presidencia del Gobierno vasco, se desarrollarán unas jornadas internacionales y un proceso participativo para poner en común propuestas e iniciativas vinculadas al nuevo modelo constituyente pretendido. La ponencia parlamentaria elaborará un texto articulado que será remitido para su aprobación por la Cámara. El resultado del proceso -el año 2015- será sometido a refrendo popular”. Se hablaba también de un “marco jurídico confederal” con Navarra y con Iparralde. Durante las tres legislaturas de Urkullu y particularmente tras el 'procés' catalán, el PNV ha modulado sus propuestas más soberanistas.

Urkullu se ha visto más cómodo en el cumplimiento íntegro del Estatuto de 1979. Y ese camino no se ha completado. Una de las transferencias pendientes es la del régimen económico de la Seguridad Social. Pradales desea crear una “Seguridad Social Vasca”. “Profundizaremos en la mejora del sistema, garantizando unas pensiones públicas dignas basadas en la suficiencia, sostenibilidad, transparencia, solidaridad y certidumbre, actuando decididamente tanto sobre los ingresos como sobre los gastos del sistema. Impulsaremos la renovación del fondo competencial que permita a las instituciones vascas desarrollar políticas públicas propias y completas de protección y de Seguridad Social dentro de un marco de solidaridad y cooperación [y] seguiremos trabajando para dignificar las pensiones mínimas. Seguiremos complementando las pensiones más bajas, para mantener unas condiciones de vida dignas de nuestra ciudadanía bajo las directrices de la [RGI]”, explica el PNV.

4 - El Guggenheim de Urdaibai, sí o sí

Pradales, siendo diputado en Bizkaia, fue el principal valedor de la construcción de un segundo Guggenheim, esta vez en Urdaibai, en concreto en Murueta y Gernika. Él mismo comprometió 40 millones de euros forales para el proyecto y el PNV logró que el Estado pusiera otros 40 millones. Sin embargo, en enero, el todavía lehendakari, Iñigo Urkullu, mandó dos años al congelador el plan y planteó que tocaba analizar su viabilidad. Esas cautelas desaparecen del programa de Pradales. “Impulsaremos, junto con la Diputación Foral de Bizkaia, el Museo Guggenheim Urdaibai, el cual expandirá el actual funcionamiento expositivo, cultural y educativo del Museo Guggenheim Bilbao mediante un innovador modelo de integración que combinará producción artística, ecología, tecnología, conectividad social e investigación”, se puede leer en el punto 17 del capítulo “Cultura. Euskadi, nación ancestral que ama la vanguardia”. El PNV promete también la conexión del abastecimiento de aguas de esa comarca con el sistema de “Bilbao metropolitano” y con los pantanos de Álava. En verano suelen reproducirse problemas de suministro y se han conocido informes oficiales de organismos como URA (Agencia Vasca del Agua) que incidían en que la presión en forma de visitas y necesidades de un nuevo Guggenheim podrían comprometer aún más lo relativo a la gestión de las aguas en un espacio protegido.

Hay también abundantes referencias al euskera. “Queremos aportar desde el euskera a la transformación social de Euskadi. No es sólo una cuestión de identidad, sentimientos o modelos. También es una cuestión de justicia, legalidad y derechos. El euskera es lengua oficial en Euskadi, junto con el castellano. Nuestro objetivo es que el euskera sea también lengua oficial en Europa”, se plantea. Asimismo, se desea ofrecer “formación en euskera” para migrantes, impulsar su presencia en el entorno digital y audiovisual y hasta buscar “referentes” para los niños, tales como músicos o deportistas. Precisamente el deporte se ve como un factor de “proyección internacional” y el PNV quiere la “oficialidad” de las selecciones vascas.

5 - Cuarta oportunidad para la ley de Transparencia e infraestructuras

El PNV recupera como promesa la aprobación de una ley de Transparencia. Euskadi es la única comunidad autónoma sin ella y Urkullu no ha logrado aprobarla en ninguna de sus tres legislaturas. Y se incide: “Somos conscientes de que cada euro público que gestionamos proviene del esfuerzo fiscal de vascas y vascos y de nuestras empresas. Por ello nuestra acción política será clara, transparente y comprometida con una gestión responsable y eficiente de los recursos. Administraremos los recursos públicos con absoluta integridad, garantizando que cada euro invertido contribuye al bienestar social y se distribuye de una forma equitativa”.

El programa sitúa también como “prioridad” la “conclusión” de la 'Y vasca' de alta velocidad, cuyas obras se iniciaron en 2006. El PNV no se moja y no especifica por dónde desea hacer la “conexión con Nafarroa” ya que en función del territorio los hay partidarios de la línea Vitoria-Pamplona como también de la unión por Ezkio/Itsaso, en Gipuzkoa. En materia de infraestructuras se alude a un servicio de Euskotren desde Donostia hasta Baiona (ahora el Topo se queda en Hendaya), “analizar” -pero sin garantizarlo- la nueva línea de Cercanías de Vitoria a los pueblos al este y al oeste. Se desea, igualmente, gestionar los aeropuertos de Foronda, Loiu y Hondarribia, ahora de titularidad estatal. En el caso del de Vitoria, el PNV quiere que sea el “aeropuerto de referencia de Euskadi para las conexiones transoceánicas y de mercancías”, así como el que acoja los vuelos desviados desde Loiu. Asimismo, el PNV quiere degradar el puerto marítimo de Pasaia y que deje de ser de “interés general” para el Estado de modo que pueda ser transferido y gestionado por el Gobierno vasco y no por el central.

El 11 de octubre de 2013, desde Nueva York, un recién elegido lehendakari, Iñigo Urkullu, defendió el derecho de autodeterminación del pueblo vasco e incluso confío en tenerlo resuelto en 2020. Aquel era su primer gran viaje oficial al extranjero. El 31 de enero de 2024 Urkullu ha completado en Bruselas su último gran viaje oficial al extranjero y lo ha hecho, de nuevo, reclamando “consultar a la ciudadanía” sobre cuestiones “estructurales”, aunque esta vez sin fechas. Lo ha hecho en un foro organizado por parlamentarios europeos y de la mano de los presidentes de Catalunya, Pere Aragonès, y de Córcega, Gilles Simeoni.

Urkullu, que ha intervenido en euskera y en castellano, ha recordado que en estos años que ahora acaban como presidente vasco ha apelado a que se cree una “directiva de claridad” para regular las pulsiones soberanistas en las “naciones sin Estado” de la Unión Europea. Se trata de buscar resortes para ejercer la autodeterminación pero “de manera legal, pactada y con garantías”, así como también “conforme a los valores y principios europeos”. Aragonès también ha demandado en catalán un “marco de reglas compartidas” y Simeoni ha apelado a una Europa de los pueblos y no tanto de los Estados.

En el viaje a Bruselas, Urkullu también ha mantenido un encuentro bilateral con Aragonés. A pesar de los rumores, con quien no se ha reencontrado ha sido con Carles Puigdemont. Precisamente en 2017, en los momentos críticos del 'procés', Urkullu medió entre él y el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para evitar una declaración unilateral de independencia. De aquella época son las primeras referencias de Urkullu a un modelo legal de autodeterminación al estilo de Quebec o Escocia. “Ese referéndum no se puede tomar en serio como base legal y legítima para llevar a cabo la independencia”, llegó a sostener sobre las propuestas de Puigdemont. Han pasado siete años y Urkullu y Puigdemont no se han vuelto a reencontrar aunque el PNV sí ha recompuesto relaciones con ese espacio ahora llamado Junts.

El foro en el que ha participado, titulado 'Self determination caucus' y en el que por parte vasca estaban también la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, el de EH Bildu, Pernando Barrena, la dirigente de EA Lorena López de Lacalle o la letrada del Parlamento Vasco y exportavoz de la plataforma soberanista Gure Esku Dago Zelai Nikolas, ha concluido con una propuesta de 30 páginas para regular el derecho a decidir. Según fuentes del grupo europeo del PNV es fruto de más de una década de trabajo. Arranca con una referencia a los marcos “constitucionales” y hay otra apelación al “imperio de la ley”, pero se menciona también que el principio de “integridad” de los Estados está pensando frente a invasiones externas y no para frenar procesos “democráticos” internos de secesión. Los procesos solamente se podrán activar si hay mayorías claras en los Parlamentos u órganos representativos subestatales y las campañas tendrán que ser transparentes, equilibradas y con respeto a las mayorías.

Desde la constatación de que Euskadi, es una “nación europea”, durante el viaje a Bruselas Urkullu también ha demandado más “voz” en el concierto europeo para las regiones. En su lista de peticiones está una macrorregión atlántica transfonteriza que ejerza de 'lobby' frente al arco mediterráneo y otras zonas del continente o la oficialidad definitiva del euskera en el ámbito comunitario. Es histórica también la petición de que las Haciendas autónomas vascas puedan ser reconocidas como tales e incluso que se ajusten las circunscripciones en las elecciones europeas para que no sean de ámbito estatal, como es el caso de España.

Un árbol de Gernika en la 'zona cero' de Nueva York, una expedición a México, estancias en Quebec, París o Córcega, una reciente salida a Japón o incluso un encuentro de unos segundos con el máximo representante de la Iglesia católica, el papa Francisco. Éstas han sido algunas de las paradas de la agenda internacional de Iñigo Urkullu como lehendakari desde 2012. En puertas de su despedida, anuncia ahora un último viaje a Bruselas. El lehendakari y su equipo estarán tres días en la capital europea, del 29 al 31 de enero, e incluirá un foro sobre la autodeterminación de las naciones sin Estado en el que estará también el president catalán, Pere Aragonès, en el que se pretende aprobar una propuesta de claridad siguiendo el modelo de Canadá.

Urkullu siempre ha querido mimar su agenda internacional con el ánimo de promocionar en el exterior la marca diferenciada “Basque Country” como país. También ha tenido decenas de reuniones con embajadores, cónsules y diplomáticos de todos los continentes. Su primer gran viaje fue en 2013 a Estados Unidos. Allí prometió que en 2020 Euskadi habría ejercido el derecho a decidir. Eran los tiempos en que llevaba en su programa una consulta sobre un “nuevo estatus” de relación con España. Como anécdota, aquel fue también el viaje en que tuvo un rifirrafe con el representante de la casa vasca de Nueva York, al que se acusó de primar a EH Bildu y del que luego trascendió que había sido protagonista de películas pornográficas.

El último, según ha explicado este martes la responsable de Acción Exterior de la Presidencia vasca, Marian Elorza, buscará impulsar la macrorregión atlántica -una reciente exigencia vasca de la mano de otras autonomías cantábricas-, plantear la oficialidad del euskera a nivel comunitario pero, como hace más de una década, defender ese reconocimiento nacional vasco.

Para ello, el deseo de Urkullu es intervenir en un “foro sobre autodeterminación” organizado por eurodiputados en la propia sede del Parlamento. A él también está invitado Aragonès, quien también tomará la palabra, así como el líder corso, Gilles Simeoni. El Ejecutivo vasco ha anunciado que de ese 'caucus' saldrá una “propuesta” de directiva para regular el derecho a decidir de las naciones sin Estado en el marco europeo. Se trata de una vieja reivindicación de Urkullu, que en plena efervescencia del 'procés' catalán demandó un marco de “claridad” a nivel europeo.

Explica el Gobierno vasco que “el borrador de reglamento se ha elaborado a petición de un grupo de europarlamentarios”. Según ha indicado Elorza, proceden de Renew (el grupo de los liberales del que forma parte el PNV pero también Ciudadanos o el partido del presidente francés Emmanuel Macron) y de otros grupos. Se trata de fijar “condiciones mínimas” y “garantías” para dar cauce a las voluntades mayoritarias.

Se han programado igualmente reuniones con altos cargos y con la comunidad vasca en Bruselas. ya están confirmadas citas como Margaritis Schinas, comisario responsable sobre Migración o con la responsable de Democracia y Demografía, Dubravka Suiça. Ambos tienen rango de vicepresidentes de la Comisión Europea. “Este viaje creo que hay que situarlo dentro de una lógica. Es el quinto viaje del lehendakari a las instituciones europeas en tres legislaturas. Europa ocupa un puesto absolutamente prioritario en nuestra Acción Exterior”, ha explicado Elorza. El Consejo de Gobierno de la semana próxima será dirigido de forma telemática por Urkullu desde Bruselas.

EH Bildu y EH Bai, coaliciones de la izquierda abertzale, realizan un llamamiento a poner en marcha “un nuevo pulso popular” hacia “un Estado vasco” en una declaración que han hecho pública este viernes con motivo de la celebración este fin de semana del Aberri Eguna, el día de la patria vasca. Ambas formaciones políticas recuerdan el sexagésimo aniversario del 'Manifiesto de Itsasu', considerado el texto fundacional del nacionalismo vasco en Iparralde, que, según aseguran, marcó una “estela en el despertar” de este movimiento, poniendo en marcha “incontables dinámicas” surgidas “del alma de la identidad popular”, informa Europa Press.

Por ello, en este Aberri Eguna, hacen un llamamiento “a todos los vascos” y a “poner en marcha un nuevo pulso popular que responda a los retos del siglo XXI, y crear respuestas para las nuevas preguntas, desde la condición de un pueblo cuya condición sigue negada y su territorio dividido, un pueblo que sigue estando a merced de las decisiones que toman terceros desde otros lugares”. EH Bildu y EH Bai señalan que en la actual Europa, “donde la lucha entre la democracia y el autoritarismo está más abierta que nunca”, se debe “poner en el centro” el derecho del pueblo vasco a “tomar sus propias decisiones en base a sus propias necesidades”.

En este sentido, emplazan a “reivindicar la democracia y la soberanía, e instan a ”mostrar el compromiso y la vocación firme de la izquierda independentista para alzar las banderas de la ilusión y la esperanza“. ”El Estado vasco es un proyecto político contemporáneo“, aseveran. El documento de estos dos partidos políticos subraya que el Aberri Eguna ”es el día de todas las personas que viven y trabajan aquí“. ”Lo que para nosotros son fronteras, para otros muchos todavía son muros. Por eso, soñamos con un país sin fronteras ni muros, de todos, de los que lo han sentido desde pequeños, de las que lo han sentido después, y también de las personas que aun viviendo aquí, sienten más arraigo por otras identidades; de todos sin excepciones“, agrega.

Tras remarcar el carácter “plural” del pueblo vasco, asegura que es “un pueblo que habla occitano, castellano y francés, pero que sabe que tiene en el euskara su razón de ser, su unión”. “Es toda esa pluralidad la que nos hace pueblo, y el Aberri Eguna también tiene que ser espejo de esa realidad”, puntualiza. Por lo tanto, EH Bildu y EH Bai hacen “un llamamiento a todos ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria”. “Hoy toca celebrar -apuntan-, pero también mantener nuestras reivindicaciones presentes”. E invitan a participar en todos los actos y celebraciones que se han organizado “a lo largo y ancho de Euskal Herria”, como en el acto convocado por 'Euskal Herria Batera' este sábado en Miramar de Donostia, los organizados por 'Bagira' en Itsasu el fin de semana y el Aberri Eguna convocado por EH Bildu en Pamplona.

Como es tradición, como cada Jueves Santo el PNV ha presentado el manifiesto político de cara al Aberri Eguna o día de la patria vasca, que se celebra en el Domingo de Resurección. Es habitual que el principal partido vasco exhiba su perfil más soberanista en esta conmemoración y 2023 no será una excepción. El documento está trufado de referencias al derecho a decidir, a la soberanía y a demandar más presencia internacional para la nación vasca, aunque no hay directamente apelaciones a la independencia y sí a procesos “en términos de bilateralidad”. Eso sí, hay una dura crítica al Estado por operar con “parámetros regresivos desde el punto de vista del autogobierno”. Se aprecia en España un “claro proceso de recentralización que pone en riesgo los consensos políticos y ataca los niveles de autogobierno alcanzados hasta la fecha”, estima el PNV.

El Aberri Eguna es una celebración singular y muy diferente, por ejemplo, a la Diada catalana. No tiene fecha fija -coincide siempre con el final de la Semana Santa- y tampoco es una fiesta institucional como tal, por lo que solamente suelen celebrarla las formaciones nacionalistas (con alguna excepción en el pasado con Podemos o con el propio PSOE) pero divididos, con actos de partido y no compartidos.

En el caso del PNV, que va recuperando plenamente sus formatos previos a las restricciones de la pandemia, repetirá con un mitin ante unas 4.000 personas en la Plaza Nueva. Intervendrán el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, y el lehendakari, Iñigo Urkullu. A ello le seguirá una comida en El Arenal bajo una gran carpa. Los 'burukides' Mireia Zarate y Xabier Barandiaran han detallado este jueves los pormenores logísticos de una cita ya muy condicionada por el debate electoral y que tendrá por lema 'Gure izaera. Gure aberria', en castellano 'Nuestra identidad. Nuestra patria'.

El manifiesto del PNV arranca con la constatación de que su nación vasca engloba también a Navarra y a los territorios allende la frontera francesa. De hecho, señala que en Lapurdi, Zuberoa y Behe Nafarroa hay un “importante renacimiento del sentimiento de pertenencia a Euskadi” merced a la “institucionalización” de esos territorios en una mancomunidad, que en todo caso está a años luz en competencias de las comunidades autónomas españolas. El partido recuerda también a los vascos en el exterior como parte de ese pueblo y recalca que el euskera es el idioma “propio”. Recalca también un espíritu europeísta en el nonagésimo aniversario del Aberri Eguna de 1933 celebrado bajo el lema 'Euzkadi-Europa'. Pero solamente en el arranque del texto emplea el concepto “Euskal Herria” y durante el resto del manifiesto utiliza “Euskadi”.

El documento sigue con el recordatorio de que el día de la patria vasca es necesariamente un momento de “reivindicación de los derechos nacionales”. El PNV entiende que en España no hay voluntad para avanzar hacia un modelo plurinacional y mira a Europa en busca de una “directiva de claridad” que regule de manera pactada el derecho a decidir de las “naciones sin Estado”. En todo caso, frente a experiencias pasadas como la de Catalunya, el PNV apela a que ese nuevo estatus ha de generar “grandes acuerdos” internos y caminar de la mano de la “sociedad vasca”. “Euskadi tiene derecho a decidir su propio futuro y a institucionalizar políticamente su derecho a la soberanía. No caben diferencias en la atribución de derechos entre pueblos. La atribución de derechos democráticos ha de ser universal para todos ellos. Tampoco partimos de cero porque, aunque constituyen realidades diferentes, el Estatuto de Autonomía de Gernika, el Amejoramiento Navarro o la Mancomunidad de Iparralde constituyen un avance importante en esta dirección. Pero sigue faltando voluntad política tanto para el reconocimiento del derecho a decidir como para pactar su ejercicio”, se puede leer.

El PNV muestra también su temor a que el “lenguaje bélico”, la “polarización” y la “radicalización” que aprecia en la política española se acabe contagiando a Euskadi. “Observamos con preocupación una devaluación del debate político”, afirma el partido de Ortuzar y Urkullu, que acusa a los partidos políticos de “ámbito estatal” en Euskadi -también a su socio de Gobierno, el PSE-EE- de haberse adherido a una “visión regresiva de la plurinacionalidad del Estado” y al resto, en velada referencia a EH Bildu, de construir “un escenario oscuro y negativo” con sus críticas a la gestión institucional del PNV en el grueso de administraciones vascas. “Ningún proyecto político puede ser construido sobre la negación del otro o como mero proceso de sustitución en el poder. Euskadi necesita propuestas positivas para fortalecer las instituciones, necesitamos un debate político alejado de la demagogia populista que tanto daño hace y hacer frente a la preocupante desafección política que amenaza a las democracias occidentales”, remacha.

“Nos encontramos ante una nueva agenda política que va a marcar los próximos años la realidad política de Euskadi, determinada fundamentalmente por el reto demográfico, por la igualdad de género, por la lucha contra el cambio climático, por la digitalización de la economía, por la lucha contra la exclusión social y por la igualdad lingüística y cultural. Merece la pena destacar un reto único y trascendental que tenemos los vascos y las vascas: fortalecer el uso social del euskera. Debemos redoblar un esfuerzo compartido para profundizar en la lengua propia de Euskadi”, añade también el PNV.

El Parlamento Vasco, con los votos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, ha aprobado este jueves una tan simbólica como no vinculante resolución en la que se apunta que la “necesaria reforma de la Constitución española debe incorporar como cuestiones nucleares la posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República”, y “el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y el consiguiente derecho a decidir de los pueblos”. La votación ha escenificado la división entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, y en todo caso ha tenido como resultado un texto alejado de la propuesta inicial de Elkarrekin Podemos-IU, que quería hacer coincidir el 14 de abril con una petición a las Cortes Generales para pedir un “referéndum sobre la continuación de la monarquía en España”.

En su exposición, Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, ha indicado que la República no es “imposible” aunque sí “difícil”. “Y es difícil porque el Partido Socialista no quiere. ¿Éste es el mensaje que el Partido Socialistas quiera dar a los republicanos de este país?”, ha indicado Gorrotxategi, profesora de Derecho Constitucional, que ha insistido en que apenas el 20% de la población actual validó el actual marco político de 1978. “Otra Constitución es posible. Cualquier coma es revisable si así lo quiere la ciudadanía. La monarquía es el pasado y la república plurinacional es el futuro. Euskadi lo sabe y lo tenemos que reclamar alto y claro”, ha añadido.

El PSE-EE había presentado un texto alternativo genérico en solitario. Se hablaba de España como “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, valores todos ellos de gran significación progresista”. Es un hecho excepcional, ya que la práctica habitual es que PNV y socialistas, como coalición de Gobierno, firmen de manera conjunta todas sus iniciativas y voten conjuntamente. Hay muy pocos ejemplos de esta división. El más reciente, en sede parlamentaria, tuvo lugar en relación con los descuentos en los transportes, aunque otros temas como el centro de refugiados de Vitoria o la festividad del 8 de marzo de 2024 también han suscitado encontronazos.

PNV y EH Bildu, en todo caso, han parecido querer primar el derecho a decidir de la nación vasca a la república española. “Entra usted con la República y se va con la independencia debajo del brazo”, le ha espetado Txarli Prieto a Gorrotxategi. El dirigente socialista, que en el pasado lo fue del PCE, ha pedido a Elkarrekin Podemos-IU que analice “qué espacio quieren jugar en la izquierda” ya que, a su criterio, una verdadera izquierda no cree en más fronteras. Al PNV, Prieto le ha recordado que es mucho más sólida la mayoría de “41”, en referencia a la suma de nacionalistas y socialistas, frente a la que este jueves se ha visualizado de “48”, con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. “¿Es un anuncio de inestabilidad? Puede ser una cierta alarma si la estabilidad política que proclama el lehendakari ya no es el punto común”, le ha preguntado a sus socios 'jeltzales'.

Joseba Egibar lo ha tenido fácil en su réplica: “No son 48. Son 58”. Además, el portavoz del PNV que los socialistas no pueden limitarse a ofrecer “líneas rojas” a quienes demandan más soberanía. Para Egibar, este texto es la base de un futuro “nuevo estatus” de relación con el Estado. En su intervención, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha querido “poner en valor el acuerdo”, mencionando también que representa el 77% de los escaños. La coalición ha señalado que “la monarquía y el modelo territorial son cuestiones básicas a reformar” en España y que no son cosas “del pasado”. Pero ha recalcado que toca “profundizar” en la democracia porque “el futuro de este país”, en referencia a Euskal Herria y no a España, está en juego.

Desde la bancada de PP+Cs, Carmelo Barrio ha ironizado que el Parlamento Vasco se ha convertido en la tercera Cámara del Estado después de Congreso y Senado por el tipo de debates que acoge. Ha indicado que la sesión ha sido “absolutamente improductiva” porque “crea problemas donde no los hay” y, además, “divide al Gobierno”. Asimismo, ha defendido la monarquía como positiva para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Vox ha aprovechado su turno para atacar a los socialistas. La sesión ha servido también como despedida del veterano parlamentario del PNV Luis Javier Tellería, que se jubila. Diferentes portavoces, desde Egibar hasta Gorrotxategi, se han ido despidiendo de él en la tribuna. “Bizi pozik”, le ha deseado su colega.

El número de clínicas que practican abortos en Estados Unidos ha caído de 71 a 43 en los once estados que han prohibido completamente o restringido a partir de las seis semanas el derecho al aborto desde que el Tribunal Supremo anuló la protección en todo el país, según un estudio del Guttmacher Institute.

Este instituto, dedicado al estudio de la salud sexual y reproductiva y sin ánimo de lucro, publicó este jueves el informe donde se detalla que en siete de esos 11 estados no hay una sola clínica donde se practiquen abortos con los datos disponibles a 24 de julio. Se trata de Texas, Alabama, Arkansas, Misisipi, Missouri, Oklahoma y Dakota del Sur. 

La mayoría de esos estados tenían entre una y cinco clínicas que practicaban abortos antes de que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo anulara el precedente del caso Roe v. Wade que desde 1973 ha protegido el derecho constitucional a abortar en EEUU). En 2020, se registraron un total de 80.500 abortos en los siete estados, lo que significa un promedio de 6.700 al mes.

Según el informe del Guttmacher, que abarca hasta el 24 de julio, ya hay cuatro estados -Georgia, Ohio, Carolina del Sur y Tennessee- que han aplicado la prohibición del aborto a partir de las seis semanas de gestación. En Georgia y en Tennessee hay ahora menos clínicas donde se practiquen abortos que antes de la decisión del Tribunal Supremo: Georgia ha pasado de 14 a 13 clínicas; y Tennessee, de siete a tres. Una de las razones citadas por el estudio como posible causa es la reducción en el número de personas que pueden abortar por la drástica caída del tiempo en que se puede acceder a un aborto de manera legal.

Muchas mujeres no saben que están embarazadas antes de las seis semanas de gestación. Y las que sí lo saben, suelen tener como mucho dos semanas para decidir si se someten a un aborto, para programarlo y para practicar la intervención, algo que suele incluir obstáculos logísticos como largos períodos de espera que en ocasiones se retrasan de manera deliberada. Un conjunto de restricciones que puede llevarlas a superar el límite de las seis semanas, haciéndoles muy difícil conseguir un aborto en el estado.

Más desigualdad

En un comunicado, Rachel Jones, investigadora principal del Guttmacher Institute, dijo: “Hasta ahora, un mes después de la sentencia, 11 estados ya tienen prohibiciones completas o a las seis semanas de embarazo, pero incluso más van a aplicar vetos al aborto en los próximos días, semanas y meses”.

“Kentucky y Florida han empezado a obstaculizar el acceso al aborto aplicando la prohibición a las 15 de semanas de gestación. En Wisconsin, las dudas legales sobre el estatus de una prohibición estatal al aborto anterior a la sentencia ya había hecho que las clínicas dejaran de practicar abortos”, aseguró. 

“En total, es probable o seguro que hasta 26 estados prohiban el aborto ahora que ya no está en vigor la protección nacional de Roe v. Wade”, apuntó. “Estos cierres de clínicas que se producen tras la prohibiciones en los estados profundizan las desigualdades en el acceso de los ciudadanos por raza, género, ingresos, edad o estatus migratorio ya que la distancia y los largos tiempos de viaje para llegar a una clínica en otro estado son un barrera para muchas personas”, concluyó.

Traducción de Francisco de Zárate.

EH Bildu, en un mensaje que no es nuevo, sigue considerando que el PNV y el Gobierno de Iñigo Urkullu han renunciado al derecho a decidir y a la superación del Estatuto de 1979 al priorizar sus acuerdos de coalición con los socialistas vascos, que se extiende no solamente a Ajuria Enea sino a las tres diputaciones y a las capitales. “No tiene voluntad para materializar las bases pactadas con nosotros [...] El PNV ha hecho una renuncia y prefiere dar derecho a veto al PSE-EE”, ha señalado este jueves desde la sala de prensa del Parlamento Vasco la portavoz de la coalición y jefa de la oposición, Maddalen Iriarte, que ha comparecido para hacer balance del ecuador de la legislatura autonómica.

En dos años -ha recalcado- el debate sobre el “nuevo estatus” no ha aparecido en las agendas de la Cámara. En 2018, PNV y EH Bildu sí cerraron unas bases con acento soberanista para encarar la reforma estatutaria pero los nacionalistas optaron por seguir el camino explorando otra fórmula con sus socios, el PSE-EE, y con Elkarrekin Podemos que quedó en nada con el final de la legislatura en 2020. Iriarte ha confiado en que aquel pacto esté “en un cajón o en un armario” y no “en una papelera” ya que la supuesta mayoría alternativa no es tal. “No creo que volver a dar vueltas a lo mismo nos lleve a ningún puerto. Hay que entrar en una fase resolutiva. Teníamos un mandato para hacer un texto articulado que respetara las bases y principios [sellados entre PNV y EH Bildu] y nos dijeron que existía otra cosa, no sabemos muy bien qué. La pelota está en el tejado de aquellos que dijeron que tenían una nueva mayoría”, ha analizado Iriarte, quien en todo caso insiste en que la pandemia y la situación de zozobra económica hacen más necesarias que nunca las “herramientas soberanas” para las instituciones vascas.

Para EH Bildu es completamente insuficiente el debate sobre las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, de lo que sí ha hecho bandera el PNV en esta legislatura. “Llevamos así 40 años”, ha ironizado Iriarte, que entiende que el Gobierno de España “torea” a los nacionalistas sin que haya resultados palmarios. “Necesitamos herramientas propias, herramientas soberanas. Ha quedado más patente que nunca que el nuevo estatus es urgente”, ha emplazado Iriarte al lehendakari y al PNV.

EH Bildu, en todo caso, ofrece un discurso con también un fuerte componente económico en el actual contexto. La coalición, que pactó los presupuestos de 2022 con PNV y PSE-EE a pesar de que ya contaban con mayoría absoluta, no escatima en calificativos críticos para la labor del gabinete de Urkullu, al que ve “conservador”, “cortoplacista” o que “reacciona tarde y mal” y con “parches” a problemas de gran calado. “El Gobierno ha estado superado, sin rumbo, muchas veces actuando con imprevisión, atrincherado en su mayoría absoluta”, ha descrito Iriarte. Si hay acuerdos es porque EH Bildu se suma a las propuestas del Ejecutivo por “responsabilidad” ya que “al contrario el Gobierno ha estado rechazando una y otra vez las propuestas” de la coalición. “Podemos debatir si la botella está medio llena o medio vacía, pero el problema es que la botella tiene agujeros y está perdiendo agua”, ha expresado como metáfora del depósito de confianza. La coalición -y no solamente en el Parlamento Vasco sino en todos los niveles institucionales- retomará en septiembre el curso político planteando “medidas estructurales” para “problemas estructurales” e Iriarte ha citado una reforma fiscal, la limitación de los precios de la vivienda o la subida del SMI para Euskadi por su mayor nivel de vida, así como el refuerzo de la Sanidad pública. EH Bildu, en todo caso, no parece cerrar la puerta a reeditar el pacto presupuestario.

La rueda de prensa de Iriarte se ha iniciado con un recuerdo a quien fuera parlamentario de EH Bildu entre 2012 y 2016 Igor López de Munain, fallecido esta semana con menos de 40 años a causa de una grave enfermedad. La portavoz ha querido destacar su “aportación enorme” tanto a la formación como a la Cámara y a la política vasca. López de Munain, procedente de Aralar, destacó por sus contundentes intervenciones contra la corrupción. “Siempre estará entre nosotros”, ha apostillado Iriarte.

La portavoz de EH Bildu y líder de la oposición en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha indicado que la guerra en Ucrania pone de relieve más que nunca la importancia de defender los derechos humanos y de los pueblos y ha urgido al lehendakari, Iñigo Urkullu, a retomar el proceso de superación del actual Estatuto y a que cumpla sus promesas en pasadas legislaturas de celebrar una consulta. En la sesión de control al Gobierno que celebra la Cámara, Urkullu ha respondido que comparte el deseo de “profundizar” en el autogobierno vasco pero ha avisado: “El derecho a decidir tiene que ser punto de encuentro, no de fractura”.

Urkullu, en un mensaje que ya ha repetido en otras ocasiones, ha explicado que el derecho a decidir no es un concepto desarrollado jurídicamente. Por ello, ha indicado que su aplicación en Euskadi debería partir de un “pacto político e institucional amplio”, debate que ha situado en el Parlamento y no como iniciativa del Gobierno. En el pasado ya afirmó que debe aunar a nacionalistas y no nacionalistas. Asimismo, ha recalcado que “el derecho a decidir tiene que ser punto de encuentro, no de fractura”. Urkullu, en 2017, medió en Catalunya entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat de Catalunya para evitar la independencia unilateral y el 155. “Estará de acuerdo en que no debemos introducir el autogobierno vasco en un callejón sin salida o dejarlo en una vía muerto”, le ha respondido a EH Bildu sin menciones expresas a ese precedente catalán.

“El derecho a decidir es irrenunciable y urgente, más urgente si cabe en la situación de crisis. En un mundo interconectado no nos podemos resignar a ser meros espectadores”, ha afirmado Iriarte. EH Bildu ha recordado el trabajo de la pasada legislatura de la ponencia de autogobierno. Inicialmente, PNV y la coalición abertzale acordaron unas bases con acento soberanista para la superación del Estatuto, si bien los 'jeltzales' optaron en una fase posterior por explorar un articulado con sus socios de Gobierno, el PSE-EE, y con Elkarrekin Podemos. “El problema es que cuando se pasa a la fase de concreción o no se quiere hacer o no se atreven a hacer”, ha reprochado Iriarte al PNV. Y ha sido clara: “Es momento de pasar a la fase de concreciones”. No obstante, la ponencia de autogobierno formalmente no está ni constituida en el Parlamento Vasco. Ahora mismo no hay ninguna propuesta tampoco para reactivarla y avanzar en este debate.

En la sesión, PP+Cs ha preguntado a Urkullu por las medidas activadas para responder ante la guerra en Ucrania. Carlos Iturgaiz ha comparecido en la tribuna con un gran lazo con los colores de la bandera, azul y amarillo. El lehendakari ha recalcado en euskera que “el Gobierno vasco condena el ataque de Rusia”, porque “vulnera la normativa internacional”. Ha añadido que, “desde el primer día”, “todos los recursos” posibles estén activados. “Contamos con recursos. Estamos preparados. En todo caso, el Gobierno vasco se une a los llamamientos que exige al Gobierno ruso poner fin a la agresión sobre el territorio ucraniano”, ha enfatizado. Iturgaiz, sin embargo, ha utilizado sus turnos para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y su gestión de esta crisis.

Ahora que todo el mundo anda haciendo balances del año recién terminado y formulando deseos y promesas para el nuevo, yo también quiero lanzar alguna petición. 

En 2021 se han dictado en España leyes muy relevantes desde el punto de vista de los derechos de las personas y de su protección. Leyes para proteger de manera integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para proteger y asistir a las víctimas de la violencia de género, para poder decidir poner fin a la propia vida mediante la eutanasia, para garantizar una vida digna mediante el Ingreso Mínimo Vital, para garantizar el poder adquisitivo y la sostenibilidad financiera y económica del sistema público de pensiones, para reducir la temporalidad en el empleo público, para hacer frente al cambio climático y encauzar la transición energética, para recuperar algunos derechos laborales… 

Siempre se puede hacer más –y también menos, desde luego–, pero no ha sido, no, un mal año para los derechos de las personas.

Y ahora vengo yo con otro derecho, para que también esté en el debate social y político, para que sea tomado en serio. No crean que es fácil hablar de esto. Ni fácil ni cómodo. No lo es porque en muchas ocasiones no se quiere comprender, ni se quiere profundizar en ello –o no se explica adecuadamente– y porque se ridiculiza y menosprecia desde muchos planteamientos políticos.

Me refiero al conocido como “derecho a decidir”. A decidir sobre todo lo que nos afecta individual y colectivamente. Como expresión del derecho humano y superior valor constitucional de la libertad, como manifestación del derecho también humano y constitucional a participar directamente en los asuntos públicos. Y, claro, sí, también, al histórico “derecho de autodeterminación”. 

Recientemente he firmado junto con un centenar de personas la llamada “Declaración de Arantzazu”, impulsada por la iniciativa ciudadana “Gure Esku”. Una declaración que se ha presentado a mediados de diciembre pasado apelando a este derecho. Y me gustaría que fuera un propósito social y político para este año que comienza, para que haya un debate serio también en sede parlamentaria, comenzando en Euskadi y siguiendo por las Cortes Generales y, en su caso, otros territorios.

¿Y por qué? ¿Por qué algunas personas nos empeñamos en esta cuestión? Pues por querer tomar en todo, también en esto, las riendas de nuestras vidas. Porque los seres humanos somos, ante todo, libres y porque decidir es lo que asienta y profundiza nuestra libertad y nuestra dignidad. Decidimos cada minuto, cada hora, cada día. Decidimos la hora a la que nos levantamos, lo que desayunamos, con quién hablamos, si nos iremos de vacaciones y a dónde… Ya sé, ya, que muchas de estas “decisiones” nos vienen dadas por imperativos vitales –el trabajo, la capacidad económica, el cuidado de la salud, la cortesía...–, pero también sé que asumir la inmensa responsabilidad de creer que todo debe estar en nuestras manos y que podemos cambiarlo poco a poco es lo que nos da la verdadera dimensión de la vida humana libre y digna.

Soy consciente, como la “Declaración de Arantzazu” expresa, de que vivimos en un mundo globalizado, pero ello no significa que lo nuestro, lo cotidiano y lo cercano carezcan de interés o de valor. Es justamente lo contrario: si algo nos deja esta crisis epidémica que aún vivimos son sus efectos en muchos terrenos, lo que nos ha hecho (re)descubrir el valor de lo pequeño y de lo local, de asegurarnos el bienestar desde la cercanía de los servicios, los suministros…

Soy consciente, también, de que los lazos entre los pueblos y las naciones son cada vez más estrechos y que vivimos en una evidente, inevitable y deseable interrelación, en particular, en nuestro caso, en el marco de la Unión Europea. Pero también entiendo que decisiones de esta naturaleza y complejidad han de ser posibles y han de residir en la ciudadanía para actuar libre, directa y responsablemente.

Soy igualmente consciente de la gran dificultad de la tarea. En primer lugar, porque todavía es el día en que esta cuestión no se ha sometido a un debate sosegado, ni social ni institucionalmente. En segundo lugar, porque las fuerzas políticas contemplan esta cuestión, en general, con manifiesta incomodidad y con diverso convencimiento –a favor, en contra o sin posición– y no se abren suficientemente a promover o defender espacios para la iniciativa civil. Finalmente, porque se trata de una idea, de una aspiración que, en esta tierra mía, se ha vinculado durante demasiado largo tiempo a una terrible historia de violencia. 

Pues de eso se trata. De que el debate sea posible, en libertad. De que cada persona pueda ejercer realmente todos los derechos de la ciudadanía, incluido este de decidir sobre cualquier cuestión pública y sobre la articulación de una nación dentro o fuera de un Estado determinado. De que la ciudadanía y las instituciones mantengan un diálogo sincero, en el que todas las ideas puedan ser contrastadas y cualquier aspiración pueda ser decidida, con cualquier resultado. 

Y, en este momento, es muy importante que se abra un proceso para ello, para hablar de lo que no está aún en la agenda política, pero que preocupa a un porcentaje no desdeñable de la sociedad vasca –no entraré en guerras de cifras porque no es de esto de lo que se trata–. Las instituciones deben arbitrar mecanismos para avanzar facilitando el pronunciamiento ciudadano, en este y otros terrenos. En esto consiste la libertad y la participación ciudadana. Esto es, en esencia, la democracia. Y es lo que espero comience a encauzarse, para este concreto tema, en este 2022.

En definitiva, debemos luchar para hacer de la libertad y la participación ciudadana –la dicha democracia– una forma de vida, también en este terreno. Ya lo dijo Benjamin Constant en su obra “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”: “El ciudadano no es esclavo, no es vasallo, sino que es libre, y libre quiere decir ir a participar a la plaza pública con los demás conciudadanos para tomar las decisiones, porque al ciudadano no le hacen la vida sino que la hace él”. Y que “la manera de ser felices no es únicamente la de disfrutar del goce privado, sino que también la felicidad humana tiene mucho que ver con participar en las cuestiones públicas, con asumir las cuestiones públicas y con ser responsable de ellas”.

Pues eso, que queremos participar y decidir el futuro de nuestro pueblo, en el sentido que cada cual, por las razones que sea, entienda más conveniente. Con calma, con sosiego, hablando, dialogando y expresándonos. Es todo. ¿Alguna objeción razonable?

Parece que no se estila hablar de esto –parafraseando a María Dolores Pradera–. Pero, se estile o no, esté de moda o no, incomode o no, no puedo dejar de creer en mis derechos y en la necesidad de poder ejercitarlos.

El PNV apuesta por “explotar aún más” la soberanía fiscal de Euskadi con incentivos fiscales que “favorezcan la reinversión, atraigan nueva inversión y faciliten la creación de empleo de calidad”. Además, defiende la necesidad de “un modelo de relaciones laborales similar al del Norte de Europa” que supere “un modelo caduco e ineficiente” y ponga fin a las “estrategias de confrontación”. En lo político, ratifica su apuesta por el derecho a decidir y alerta del envejecimiento de la población y de los retos que acarrea.

El PNV celebra durante este fin de semana en el BEC de Barakaldo su VIII Asamblea General, bajo el lema 'Abian zurekin. En marcha contigo', con 600 asistentes y durante la que ha presentado un diagnóstico de la Euskadi actual que servirá de base para el proceso de 'Escucha activa' a la sociedad que impulsará durante los próximos meses. Bajo el título Diagnóstico del Momento para construir el futuro de Euskadi', la Ejecutiva nacional 'jeltzale', de la mano de expertos ajenos a la estructura del PNV, han llevado a cabo un texto que recoge, entre otras cuestiones, los desafíos que marcarán el “futuro económico”, informa Europa Press.

El documento, en su parte económica, pone en valor el Concierto Económico (y el Convenio navarro), así como “unas crecientes, aunque todavía incompletas, transferencias” que “han facilitado que, desde entonces, se hayan sentado las bases” para la creación de unas condiciones de entorno favorables para “la inversión y el desarrollo económico; la implantación de una sólida estructura socio-empresarial con clara vocación industrial; y la existencia en la sociedad de una cultura y unos valores que apoyan el desarrollo económico”. También asegura que el modelo de desarrollo económico y social de Euskadi “ha sabido ir adaptándose a los cambios que se han ido dando a lo largo de estas décadas” pero estos cambios “serán cada vez más drásticos y rápidos, y pondrán en entredicho algunos de los éxitos alcanzados”.

A su juicio, la “fortaleza del modelo de desarrollo económico y de competitividad empresarial” es “la base para mantener y potenciar el nivel de bienestar y crear empleo de calidad y riqueza”. “Los ingresos fiscales que de dicho modelo se derivan son los que permiten mantener las políticas públicas que hacen de Euskadi una de las regiones líderes en Europa por su equilibrio económico-social y su menor índice de desigualdad”, agrega.

En el plano más político, el PNV pretende que la actualización del autogobierno institucionalice el derecho a decidir y dé “cauce a la voluntad libre y democráticamente expresada por la ciudadanía vasca”. El texto aboga también por crear “un relato histórico de lo vasco” que “represente una comprensión nacional del patrimonio cultural propio y ofrezca una idea cierta de nación”, y defiende el euskera como “pilar distintivo de identidad”.

Para los 'jeltzales', las instituciones “han sido y son, en este sentido, estructuras estructurantes” y esa “institucionalización de Euskadi” tienen “la capacidad de convertirse en motor de adhesión identitaria”. “En la medida en que las instituciones vascas cumplan con su cometido de proponer y facilitar soluciones a los asuntos de vascos y vascas estarán contribuyendo a reforzar el sentido de identidad nacional”, defiende. En su opinión, “la calidad de vida y el bienestar” de los vascos y “la cohesión social del país y la confianza que dichas instituciones generen en la ciudadanía serán elementos de gran relevancia como factor de motivación identitaria”.

Y añade: “Desde el reconocimiento de su identidad y carácter nacional, el pueblo vasco es el titular del derecho a decidir y de la regulación de su ejercicio. Es un derecho democrático que debe ser reconocido y su ejercicio, regulado y pactado”.  “Su institucionalización ha de basarse en el respeto y reconocimiento de los distintos sentimientos de pertenencia y el objetivo es garantizar la igualdad de condiciones de las distintas adscripciones identitarias”, explica el partido sobre el futuro de Euskadi. Se añade que “el PNV entiende que la plena realización de los Derechos Históricos del pueblo vasco como manifestación institucional de su autogobierno se actualiza y materializa a través de la voluntad libre y democráticamente expresada por la ciudadanía vasca”. Por ello, “a pesar de la división administrativa en tres realidades que conforma hoy Euskadi (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde)” se trataría de “promover decididamente acuerdos entre las instituciones de cada ámbito administrativo” y “tender puentes institucionales de manera directa desde Diputaciones o Gobierno Vasco y Navarro, o a través de otro interesante instrumento que reúne a nuestras tres realidades territoriales”.

El texto toca también otros temas. “El modelo de inmigración vasco es implícito y preexistente... este modelo de inmigración implícito, diseñado más por la sociedad que por las instituciones, es feminizado y latinoamericano. En este sentido, la salida más realista sería analizar cuál es el modelo implícito que funciona en Euskadi y, desde ahí, reorientar sus dimensiones nucleares en clave de futuro y de sociedad cohesionada”, explica sobre la llegada de migrantes. También ha tocado la igualdad de sexos: “Es necesario alinear la cultura organizativa y empresarial con la igualdad e incidir en la educación en igualdad para evitar, entre otras, la segregación laboral marcada por los estereotipos y falsas creencias de género. Es necesario impulsar planes de igualdad en las empresas para combatir la segregación vertical y los techos de cristal”. Y no ha orillado el envejecimiento de la población. Euskadi -recuerda el PNV- “pierde población” y este reto “tiene un carácter estratégico”. La actual realidad demográfica genera “un impacto directo a corto y medio plazo en ámbitos como la educación, la reposición de mano de obra en el mercado laboral o la sostenibilidad de las políticas sociales” por lo que toca “discriminar positivamente a las parejas jóvenes con hijas e hijos en las políticas de acceso a la vivienda” y aplicar otras medidas de impulso de la natalidad.

'Entzunez eraiki'

Por otro lado, el PNV ha presentado su herramienta 'Entzunez eraiki’ ('construir a partir de la escucha, en castellano). Se trata de un “proceso de escucha activa en que se embarcará los próximos meses con el firme y declarado propósito de construir, de manera compartida con la sociedad vasca, un proyecto para el futuro de Euskadi”, en palabras del 'burukide' Xabier Barandiaran. “Ese diálogo -indica la formación nacionalista- girará en torno a cuatro grandes cuestiones: impulsar el trabajo y la economía; avanzar en la sociedad del bienestar; garantizar la sostenibilidad del planeta a través de la Agenda 2030; y profundizar en la democracia y en nuevas formas de gobernanza”.

“El objetivo que el PNV persigue con ‘Entzunez eraiki’ consiste en conocer y saber leer la realidad social de Euskadi, una realidad que ha cambiado como consecuencia de la pandemia. Para ello, la formación 'jeltzale' pretende estar presente, tener cercanía y complicidad con la sociedad vasca organizada, adaptarse a la nueva sociedad digital, conocer las mejores experiencias internacionales y mantener intacta su genuina capacidad de transformación”, ha explicado la formación en una nota. En palabras de Barandiaran, el partido “tiene una estructura bien asentada que está demostrando mucha solidez” pero el PNV necesita “anticiparse al futuro, ya que se están produciendo cambios a gran velocidad”.

El PNV ha pedido en la Conferencia sobre el Futuro de Europa que se incluya en la normativa de la Unión Europea una directiva de claridad -al modo del procedimiento con el que se hizo la consulta sobre la independencia de Quebec en Canadá- con el objetivo de “resolver posibles conflictos territoriales internos de soberanía, mediante el diálogo y la mediación”. Es una vieja reivindicación que ya abanderó el propio lehendakari, Iñigo Urkullu.

La diputada de la formación 'jeltzale' en el Congreso Josune Gorospe ha participado este sábado, en calidad de miembro de la delegación de las Cortes Generales, en la sesión plenaria de la Conferencia celebrada en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Gorospe ha expuesto ante el plenario dos de las propuestas en este foro: el reconocimiento de todas las lenguas oficiales de la Unión Europea y la creación de una directiva de claridad, según ha informado el PNV en un comunicado recogido por Europa Press.

En su intervención, Gorospe ha planteado “la incorporación a la normativa de la Unión Europea de un mecanismo regulado de resolución de posibles conflictos territoriales internos de soberanía, mediante el diálogo, la mediación y según los principios democráticos de la Unión”. En este sentido, ha recordado que el PNV impulsó recientemente, junto a otras fuerzas políticas, el Mecanismo Europeo Democrático de Claridad (DEMoC), “un instrumento para propiciar que esas tensiones territoriales se resuelvan aplicando los procedimientos que ofrece la democracia”, tal y como ha explicado la diputada 'jeltzale'. Los nacionalistas ya presentaron esta idea en el documento final del Intergrupo de Minorías del Parlamento Europeo en la legislatura 2009-2014. “Reconocer qué somos, respetar el derecho que tenemos a serlo y poder decidir. Esto fortalece la Unión porque es exactamente el procedimiento que ha permitido construirla”, ha asegurado la representante del PNV.

Josune Gorospe ha intervenido en la segunda sesión plenaria de la CoFoE, en el punto del orden del día correspondiente a la Plataforma Digital Multilingüe, la herramienta a través de la cual la ciudadanía de todos los Estados miembros dialoga y discute entre sí sus propuestas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. En este contexto, Josune Gorospe ha criticado que esta plataforma, denominada 'Multilingüe', “no contemple la diversidad lingüística de Europa”, ya que lenguas oficiales como el euskera, el catalán, o el gallego “no pueden utilizarse”. “Estas lenguas pertenecen a naciones tradicionales europeas sin Estado. Millones de personas que quieren sumarse voluntariamente, sobre la base del reconocimiento y el respeto, carecen de ese reconocimiento y, en ocasiones, se vulneran sus derechos fundamentales por ser miembros de esas minorías”, ha lamentado.

El PNV ha abogado por “profundizar en la estrategia de construcción nacional” para incrementar la capacidad institucional del pueblo vasco, una estrategia que debe ser interna para “consolidar la nación vasca a la luz de los requerimientos del siglo XXI” y una externa para “establecer la progresiva institucionalización del derecho a decidir”. La formación 'jeltzale' realiza esta reflexión en el manifiesto elaborado por el Euzkadi Buru Batzar de cara al Aberri Eguna de 2021, un día de la patria vasca que, por segundo año consecutivo, viene marcado por la “excepcionalidad” de la pandemia.

Por ello, la formación jeltzale, que ha convocado para ese día un acto en el BEC, señala que toca vivir “un tiempo repleto de incertidumbres, de desafíos y de adversidades”. En este sentido, tras su más “sentido recuerdo para todas aquellas personas que se han quedado en el camino” y aludir a las consecuencias de la pandemia, señala que la sombra de la enfermedad “ha eclipsado a todo el planeta” y pueblos pequeños como Euskadi, a pesar de encontrarse entre las sociedades más desarrolladas del mundo occidental, han visto “sobrepasada” su “capacidad de reacción y defensa” por la magnitud de la pandemia, informa Europa Press.

La formación jeltzale asegura que se ha sufrido mucho y se sigue haciendo porque, a pesar de que al día de hoy el impacto del virus “no es tan letal”, “la infección continúa”. No obstante, subraya que los recursos materiales y humanos disponibles por el sistema de salud garantizan “un cada vez mejor cuidado y tratamiento a los pacientes”. Junto a ello, apunta que la llegada de las vacunas hace albergar la esperanza de que “el final de este episodio comience a estar próximo”. Sin embargo, advierte de que en la medida en que el nivel de inmunidad no alcance un porcentaje masivo de la población, el coronavirus “persistirá” entre la ciudadanía“.

A su juicio, esta pandemia ha venido a certificar “el valor y la importancia de la institucionalización propia” de la comunidad vasca para garantizar una “respuesta eficaz en el ámbito sanitario, económico y social”. “Cuantas más cuestiones podamos decidir en Euskadi estaremos en mejores condiciones de construir un futuro mejor y de responder con solvencia a la voluntad de las personas que conformamos la nación vasca”, destaca. Tras recordar que el pasado año se vivió un Aberri Eguna “triste” en pleno confinamiento domiciliario, con un país paralizado, el PNV destaca que los vascos han superado a lo largo de los años “todo tipo de vicisitudes, desde guerras hasta el sometimiento y la postración de una dictadura que negaba y reprimía todo aquello que se identificara con la causa del Pueblo Vasco”.

La formación 'jeltzale' indica que, incluso, en las peores circunstancias, el domingo de Pascua siempre “fue una fecha de reivindicación de los derechos políticos que nos asisten como pueblo, de orgullo íntimo, de pasión y de vocación por construir una nación mejor para las nuevas generaciones”. En este sentido, indica que el pasado año también el “afán por construir la Patria Vasca seguía prendido en los corazones”. “Fue un Aberri Eguna íntimo, trufado de desasosiego e inquietud en el que se imponían, como ejercicio de patriotismo, el cuidado, la seguridad de la gente, la protección de su salud y la garantía de protección pública”, ha manifestado.

Este año, según apunta, todavía por seguridad, hay restricciones que “impiden explayar en plenitud de movimientos y de expresión la vocación de conciencia nacional”. Si bien indica que todas estas cortapisas no son “óbice” para que, cumpliendo todas las medidas de seguridad, puedan “expresar, respetuosamente, el compromiso para con la Nación Vasca”. “La Nación, la Patria Vasca, no es un concepto político indeterminado. No es solo un territorio o un mapa en el que convergen realidades culturales y sociales identificables. Nuestra patria, Euskadi, constituye la expresión de una identidad colectiva nacional que reclama el pleno reconocimiento de sus derechos políticos de soberanía para seguir construyendo una comunidad democrática, avanzada, plural, socialmente igualitaria y cohesionada”, añade.

El PNV subraya que Euskadi es “un pueblo en marcha” y su caminar no se va a detener aunque “la contrariedad y la desdicha -como la pandemia- dificulte el tránsito”. Por otra parte, indica que Euskadi se encuentra “inmersa en la política de los Estados que viven procesos de inestabilidad política, crisis económica y procesos de recentralización que abren importantes interrogantes en relación a nuestro futuro”. En este sentido, asegura que abordar el futuro exige “profundizar en la estrategia vasca de construcción nacional” para revitalizar el uso del euskera, digitalizar la economía, fortalecer la igualdad y la cohesión social, impulsar la sostenibilidad en todos los ámbitos e incrementar la capacidad institucional de nuestro pueblo“. ”Una estrategia vasca de construcción nacional interna para consolidar la nación vasca a la luz de los requerimientos del siglo XXI y una externa para establecer la progresiva institucionalización del derecho a decidir“, precisa.

El PNV subraya también que “salud y economía” son las dos prioridades que centran su compromiso. Asegura que el impacto de la pandemia ha sido “brutal” con una caída de la actividad económica “nunca vista” y el “efecto depresivo del cataclismo padecido se prolongará todavía”. Por ello, defiende seguir incentivando la investigación y sosteniendo la inversión en el ámbito sanitario y de cuidados. Además, se necesitará que las dotaciones presupuestarias extraordinarias se consoliden en las cuentas públicas, “lo que influirá en la necesidad de endeudamiento”.

Junto a ello, subraya que se debe el “autogobierno, en definitiva, para seguir anticipándonos a las necesidades que el futuro inmediato nos depare”. “Para abordar este reto, la economía vasca necesita recuperar el espacio perdido. Volver a emerger, retornar a la actividad productiva a la generación de riqueza y empleo”, añade. Tras destacar la importancia de la resiliencia, señala que el objetivo con el que se citan en el Aberri Eguna es el 'Renacimiento de Euskadi-Euskadiren Berpizkundea'.

Se trata de una tarea de “reconstrucción nacional que debe implicar a las instituciones, a la sociedad y a todas las personas del país”. “La gobernanza colaborativa debe volver a ser el pilar fundamental para enfilar la salida de la crisis y abordar la reconstrucción de la Euskadi post-Covid”. El PNV indica que este año debe ser el Día de la Patria “de la esperanza” y destaca la necesidad de seguir creciendo y desarrollando “el sistema institucional vasco (Estatuto de Gernika, Amejoramiento del régimen foral de Navarra y la Mancomunidad de Iparralde)”.

“Debemos trabajar de manera compartida con la sociedad vasca, trabajar codo con codo para fortalecer la conciencia y la construcción nacional con el objetivo de institucionalizar el derecho a decidir del pueblo vasco”, señala. “El camino hacia la libertad plena de nuestra nación, un camino duro y exigente pero transitable, nos pide clarividencia para ver más allá de la próxima curva”, destaca.

Por último, hace un llamamiento a todos los abertzales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde, así como a los repartidos por el mundo, a celebrar el Aberri Eguna e indica que “no es tiempo de controversias estériles ni de desmarques partidistas que, lejos de sumar voluntades, dividan y generen más desaliento”. Por ello, indica que lo que espera la ciudadanía es “acuerdos, respeto y capacidad constructiva. ”Hagamos entre todos, más allá de nuestras diferencias, una Patria Vasca fuerte, libre, sana y en paz“, concluye.

Los cinco expertos, uno por partido con representación en el Parlamento Vasco, comisionados para redactar un borrador de anteproyecto para la reforma del Estatuto de 1979, el más antiguo de España y el único no revisado, han completado este lunes su misión y la Cámara recepcionará este martes de manera formal la versión final de un documento articulado consensuado en gran medida por los ponentes de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos -aunque mantienen algunas discrepancias de fondo- y del que se han apartado, por razones opuestas, los de EH Bildu y PP. El texto, de 146 artículos finalmente, se conoce cuando el calendario de la legislatura vasca se va agotando y hay muy pocas opciones reales de que haya tiempo para su tramitación. De su redacción llama poderosamente la atención que no haya siquiera un mínimo consenso para denominar al territorio vasco, hasta el punto de sustituir el término por la palabra “nombre” en mayúsculas en más de un centenar de referencias: “Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, así como Navarra, tienen derecho a formar parte del (NOMBRE)” o “Las instituciones comunes del (NOMBRE) son el Parlamento, el Lehendakari, el Gobierno y las demás que se establecen en este Estatuto”.

Orillada la fórmula de “estado libre asociado” que se incluyó en la propuesta de Juan José Ibarretxe que acabó frenada en las Cortes Generales, el PNV planteó para Euskadi varias fórmulas como “comunidad foral vasca”, “comunidad nacional vasca”, “estado autónomo vasco” o “estado foral”. EH Bildu apostaba por “comunidad estatal vasca”. Mikel Legarda, el experto comisionado por el PNV (partido del que es diputado en el Congreso), explica en una nota a pie de página: “Respecto al nombre de la comunidad, [...] considero que sería más apropiado que lo decidiera el Parlamento”.

Sus colegas Alberto López Basaguren (propuesto por el PSE-EE) y Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos) no entienden que no sea posible hablar de “comunidad autónoma de Euskadi”. “Considero necesario optar por un nombre oficial único -comunidad autónoma de Euskadi- con independencia de la legítima utilización de los términos País Vasco o Euskal Herria. Y ha accedido al autogobierno como comunidad autónoma. En cada sistema federal existe la tradición de una denominación determinada y precisa de los territorios que lo constituyen (Estados, Cantones, Länder, Regiones). Entre nosotros se ha consolidado comunidad autónoma, es el que se corresponde con el utilizado en la Constitución y a mí no me parece en absoluto indigno ni que degrade la naturaleza del autogobierno del que es titular”, argumenta López Basaguren en su voto particular concurrente. Tampoco es capaz el texto de llamar “capital” a Vitoria y se limita a recoger que “la ciudad de Vitoria-Gasteiz es la sede del Parlamento Vasco y del Gobierno Vasco”.

Todas las competencias posibles

El acuerdo trabado por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE viene a suplir a unas bases para la reforma estatutaria inicialmente pactadas por PNV y EH Bildu, que tenían un acento marcadamente soberanista. Desde el primer momento, los nacionalistas -singularmente el lehendakari, Iñigo Urkullu- apostaron en esta fase por incorporar también a los no nacionalistas y han minimizado referencias como el derecho de autodeterminación. Finalmente, como ya era conocido, en el texto base acordado este asunto pasa a una disposición adicional y en ella hay tres formulaciones diferenciadas, dos a favor de una referencia genérica a favor del derecho a decidir (las de PNV y Elkarrekin Podemos, ésta con la coletilla de que sea “legal”) y una contraria (la del PSE-EE). Sumadas a las visiones propias de EH Bildu y PP, el resultado es que en esta materia hay tantas definiciones como partidos.

El texto también lima la dualidad entre “ciudadanos” y “nacionales” vascos que planteaban PNV y EH Bildu para decantarse por un concepto genérico de “ciudadanía” para todas las personas residentes en Euskadi, aunque Legarda plantea que se pueda “reconocer la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca sin que ello pueda afectar la igualdad del individuo y los grupos en que se integra, ni suponer factor de discriminación alguna”. Hay consenso, en todo caso, en reconocer la “identidad nacional” del pueblo vasco, si bien López Basaguren apuesta por una redacción más similar a la de 1979 y quedarse con el término “nacionalidad”, que es el mismo ya contemplado en la Constitución de 1978.

En el plano competencial, el modelo de reforma planteado bebe de la disposición del artículo 149 de la Constitución que prevé que las comunidades autónomas accedan a todas las competencias que el Estado no se reserve como exclusivas y exprime las potencialidades del autogobierno en materias como la Administración de Justicia, el régimen económico de la Seguridad Social -ya previsto en 1979 pero no ejecutado- y otras políticas laborales y económicas o incluso en materia de acción exterior, aunque siempre de manera coordinada con el Estado.

Derechos sociales en el bloque de constitucionalidad

El texto, sin embargo, se abre de manera simbólica con un primer título de derechos que llevan por vez primera al denominado “bloque de constitucionalidad” prerrogativas como un ingreso mínimo, la vivienda, la muerte digna o la igualdad entre hombres y mujeres. Se incluye también -aunque el PSE-EE lo ve innecesario- que los presos cumplan su condena cerca de su domicilio, una demanda recurrente en torno a los condenados de ETA. Hay otra mención a las víctimas. Este catálogo amplía los derechos fundamentales ya previstos en la 'carta magna' de 1978 y recoge de alguna manera las leyes sectoriales que se han ido tramitando en los últimos años en la Cámara autonómica. Euskadi, por ejemplo, es una única comunidad con un derecho efectivo a la vivienda, algo simplemente previsto como “principio rector” y no como “derecho” en la Constitución.

El nuevo Estatuto prevé más poderes para la Comisión Arbitral, que pasaría a llamarse Comisión Arbitral y de Garantías. Es una suerte de Tribunal Constitucional interno coordinado por el presidente del Tribunal Superior y que dirime los conflictos competenciales entre el poder autonómico y el poder foral. Ahora conocería igualmente asuntos relacionados con los derechos estatutarios, sin perjuicio de la tutela judicial ordinaria y del papel del Ararteko como defensoría del pueblo. El PNV, asimismo, logra introducir un matiz importante al control constitucional ordinario de las leyes autonómicas con el impulso de una Comisión Mixta con el Estado, que en este caso tampoco tiene apellido porque los nacionalistas quieren que sea “Comisión Mixta del Concierto Político” y Elkarrekin Podemos y los socialistas la bautizan como “Comisión Mixta de Cooperación”. El objetivo es que “ésta se constituya como el instrumento ordinario y principal de relación entre el (NOMBRE) y el Estado” y los nacionalistas añaden que podría tener “carácter ejecutivo” para resolver conflictos competenciales con el Estado sin depender del Constitucional, no pocas veces calificado por el PNV como un “árbitro comprado” del Estado.

La reforma prevé también algunos cambios institucionales importantes en Euskadi, como dar potestad al Gobierno para legislar por decreto “en caso de una necesidad extraordinaria y urgente”, una fórmula muy ágil que existe para el Gobierno central y para algunas comunidades autónomas. El artículo 37.5 también incorpora una sorprendente previsión que abre la puerta a la celebración de elecciones “si no tiene lugar la investidura del lehendakari o la lehendakari”, algo innecesario salvo que se cambie el modelo de elección parlamentaria del presidente del Gobierno vasco, que no permite situaciones de bloqueo como la española.

En cuanto a la Ertzaintza -que ahora sí aparece con este nombre- el nuevo Estatuto mantiene como en 1979 un listado de las competencias propias de las Fuerzas de Seguridad del Estado aunque refuerza el papel de la Policía vasca como cuerpo integral y con capacidad de acceso a bases de datos internacionales. La ciberseguridad se menciona expresamente, algo que obviamente es nuevo. El experto López Basaguren plantea que en situaciones excepcionales el Gobierno central pueda ordenar la intervención de Policía Nacional y Guardia Civil bajo supervisión de las Cortes Generales, como se contempla en la normativa vigente.

El PP amaga con el Constitucional

Finalizada la misión de los expertos, el resultado es un texto articulado compartido en buena medida por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos y otros dos discrepantes de EH Bildu y PP. “Manifiesto mi total discrepancia respecto del mismo, por entender que no es fiel traslación” de las bases pactadas en su día por PNV y EH Bildu y que los juristas tenían que trabajar, ha dejado por escrito Iñigo Urrutia (EH Bildu), que critica también que haya puntos sensibles como el del derecho a decidir en el que no haya un consenso. Desde el entorno 'popular', Jaime Ignacio del Burgo ha señalado que el proyecto desborda la Constitución y que no tiene recorrido jurídico. Ha respaldado su trabajo Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, quien en rueda de prensa ha recalcado que “no hay más nación que la española” y que la reforma busca “vaciar” de competencias al Estado en Euskadi.

El texto y los votos particulares serán vistos por la Mesa del Parlamento, que se reúne todos los martes. De ahí se derivarán a la ponencia de autogobierno, creada en 2013 con esta misión y que todavía ha de afrontar la parte más importante. La coordinadora, Jone Berriozabal (PNV), ha convocado ya una reunión el 11 de diciembre para iniciar el análisis del borrador de los expertos. A partir de ahí, quedaría toda la tramitación ordinaria. Teniendo en cuenta el período mínimo que leyes mucho menos complejas requieren en la Cámara, haya o no elecciones anticipadas la reforma se antoja imposible para esta legislatura.

Lograda la aprobación inicial en Euskadi, el texto saltaría a las Cortes Generales. La propia reforma alude a que en un futuro pueda articularse una consulta previa no vinculante para reforzar el mandato parlamentario ante el Estado, si bien López Basaguren lo considera innecesario. Es una vieja demanda política del PNV y algo ya existente en la II República. Sólo después de la luz verde de Congreso y Senado la reforma se sometería a referéndum. Pero el camino no acabaría ahí, ya que existe la posibilidad de que el texto, como le ocurrió al Estatuto catalán, sea recurrido al Constitucional. Lo podría hacer Vox al superar el mínimo de 50 diputados y Alonso, preguntado por los periodistas, ha asegurado que el PP haría lo necesario para preservar la “unidad constitucional” de España.

Mientras el PNV y EH Bildu han aprobado juntos en el Parlamento Vasco el mismo texto a favor del derecho a decidir que sacaron adelante en abril, el grupo de expertos comisionado por la Cámara se ha reunido fuera de ella, en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), para ultimar un “borrador de anteproyecto” de reforma del Estatuto que minimiza la autodeterminación y que cambia un principio de acuerdo de orientación soberanista entre PNV y EH Bildu por otro del PNV con el PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Consciente de la paradoja, la portavoz de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, ha dedicado más esfuerzos en el debate a interpelar a su homólogo en el PNV, Joseba Egibar, sobre las renuncias de los nacionalistas para incorporar a socialistas y Elkarrekin Podemos a un pacto que a saborear una nueva victoria parlamentaria, aderezada con la ruptura de la disciplina de voto por parte de la que fuera candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, que también se ha subido al carro contra el criterio de su coalición. Egibar, en un tono que ha sorprendido por su moderación a muchos de los presentes, se ha limitado a reseñar que cualquier acuerdo que sea más amplio es mejor y que el derecho a decidir, siendo para ellos irrenunciable, requiere ser “pactado” con el Estado y no “unilateral” para su ejercicio. 

Iriarte ha llegado a acusar a los expertos y a los partidos que los han propuesto de “maniobrar entre bambalinas” para reconducir las “bases” soberanistas que pactaron PNV y EH Bildu y de plegarse a los “vetos” de formaciones contrarias a la autodeterminación como el PSE-EE. “¿A costa de qué?”, ha repetido varias veces Iriarte mirando a Egibar a pesar de que llegaban al debate con un texto conjunto con una redacción muy clara. Los socialistas, en sentido contrario, también han buscado que afloraran las diferencias entre un Egibar habitualmente más beligerante y un lehendakari, Iñigo Urkullu, que desde el principio quiso integrar a los no nacionalistas.

Pero Egibar se ha ceñido al guion. Ha reivindicado el derecho a decidir y la nación vasca como fundamentos propios del PNV, pero ha asegurado que el pueblo vasco forma parte de un Estado y que ese ejercicio sólo puede ser “pactado” y no “unilateral”, algo que por otra parte remarca siempre Urkullu, que ha observado atentamente la intervención. Ha indicado también que la aceptación en su momento del Estatuto de Gernika -ha confesado que por su edad él pudo votarlo- no supuso renuncia alguna a principios políticos. “Cuanto más amplio sea el acuerdo de esta Cámara, mejor”, se ha limitado a reseñar Egibar, que ha asumido que había depositada mucha “expecatación” en su parlamento.

La repetición de este debate sobre la autodeterminación lo ha propiciado una iniciativa del PSE-EE con motivo del cuadragésimo aniversario del Estatuto de 1979, una efeméride que ya pasó -25 de octubre- pero que ha decidido rescatar en un momento álgido del debate sobre el autogobierno vasco en puertas de que el lunes se conozcan las conclusiones de los expertos sobre la hipotética reforma. José Antonio Pastor, portavoz socialista, ha manifestado que “el Estatuto de Gernika ha sido y es el mejor pacto entre vascos y el mejor pacto que nunca se haya hecho con el resto de España” y ha planteado que sólo si se amplía el consenso que suscitó -merecerá la pena una reforma. Sin entrar en honduras, ha indicado que el PSE-EE no tiene inconveniente en calificar de “nación” al País Vasco pero ha apostillado que eso no le aporta derechos no reconocidos constitucionalmente, por lo que los socialistas han votado 'no' al texto de PNV y EH Bildu.

Desde la bancada del PP, Borja Sémper ha insistido en que debates como éste conducen a Euskadi a una situación como la catalana y ha lamentado que Pedro Sánchez diga “amén Jesús” a partidos que apuesta por la ruptura con tal de alcanzar La Moncloa. Este comentario ha motivado un cruce de acusaciones en los escaños de socialistas y 'populares', sentados juntos en el centro del hemiciclo y que han acabado votando lo mismo. Desde el atril y mirando a Egibar, Sémper se ha referido al pin con un lazo amarillo que suele llevar siempre en la solapa de la chaqueta y ha advertido al PNV de que abandone la vía soberanista: “Nadie está por encima de la ley, tampoco un independentista”. 

Entretanto, Elkarrekin Podemos ha lamentado que Euskadi siga encallada en los mismos debates y sin ser capaz de “pasar de pantalla”, perdiendo el tren de actualizar un Estatuto “viejo” con 'debes' como la ausencia de referencias a la igualdad de mujeres y hombres. Lander Martínez ha recordado que la coalición propuso dos mesas diferenciadas para que el derecho a decidir no bloquease la reforma estatutaria y ha adelantado que presentará iniciativas para que el texto presentado por los expertos no encalle por las diferencias sobre autodeterminación.  Lo que ha no logrado Martínez es convencer a todos los suyos, ya que la presidenta del grupo parlamentario, Pili Zabala, ha roto la disciplina de voto para sumarse al texto de PNV y EH Bildu. 

Zabala, quien a preguntas de este periódico ha rehusado dar explicaciones y que se ha marchado sola del Parlamento, había solicitado desmarcarse. El partido minimiza este gesto inédito al entender que no ha alterado el sentido de la votación. Sin embargo, muestra a las claras el distanciamiento existente entre la que fuera candidata a lehendakari en 2016 y gran fichaje de la coalición de Podemos, IU y Equo con el resto de sus compañeros. La parlamentaria tiene un rol muy secundario en el día a día, habitualmente no comparte algunas actividades del grupo y ya anunció hace meses que dejaría la política, aunque fue una decisión en diferido. Incluso ha sido tentada para abandonar el grupo de Elkarrekin Podemos y pasarse al grupo mixto por miembros de otros partidos, lo que alteraría el equilibrio que da un escaño más a la oposición frente al Gobierno de PNV y PSE-EE.

El Parlamento Vasco comisionó el pasado año a cinco expertos, uno por cada partido con representación en la Cámara, para elaborar un “borrador de anteproyecto” para la reforma del Estatuto vasco de 1979, el más antiguo de España y el único que no ha sido tocado hasta la fecha. Era la culminación de un proceso abierto en 2013 y que ha caminado al ralentí en estos años. Los cinco -Mikel Legarda (propuesto por el PNV, partido del que es diputado), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE-EE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP)- completan este jueves el viaje con una última reunión, que cristalizará con la entrega de sus conclusiones el lunes, sin ningún tipo de solemnidad.

Los expertos designados por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE han alcanzado un amplio acuerdo para actualizar un autogobierno con 40 años, desde una visión política transversal que incluye a nacionalistas y no nacionalistas, con una suma hipotética de 161 escaños en el Congreso para ser tramitado y con mucho énfasis en los derechos sociales. Pero al mismo tiempo, en el hemiciclo, PNV y EH Bildu volverán a las esencias y aprobarán también este jueves una resolución que remarcará el “ejercicio del derecho a decidir”.

Este debate político sobre la autodeterminación -algo que no se resolverá en el texto de los expertos porque habrá hasta cinco formulaciones diferentes y muy pocos puntos de encuentro- contaminará todo el trabajo técnico, según temen quienes conocen los entresijos de las negociaciones. Si el lehendakari, Iñigo Urkullu, solemnizó que había que caminar por la senda del pragmatismo y por el acuerdo con los “no nacionalistas” para evitar un “fracaso estrepitoso”, el mismo día en que ese anhelo se hará realidad en gran medida el portavoz nacionalista, Joseba Egibar, retomará un discurso más maximalista.

A la última reunión de los expertos -que simultanean su trabajo ordinario con esta delicada misión a cambio de una dieta de 120 euros por encuentro sin contar el trabajo individual en casa- no asistirá por motivos personales Del Burgo. El veterano dirigente conservador navarro hace tiempo que es crítico con la deriva de los trabajos hasta el punto de hacerla explícita en 'El Mundo' -que titulaba “Los socios de Pedro Sánchez avalan un estatuto que echa a España del País Vasco”- dando pie a una dura reacción contra un texto que no es público de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso. Semejantes interpretaciones han sido muy criticadas por quienes conocen la naturaleza del acuerdo, de cuyo encaje constitucional no dudan.

En realidad, desde la larga sesión del martes en el Parlamento, de más de seis horas y sin parar a comer, el armazón jurídico de ese articulado está ya perfilado. También que no habrá exposición de motivos, porque es una declaración política que habrán de redactar los políticos. Incluso los votos concurrentes y discrepantes particulares son ya conocidos. Pero son juristas y necesitan una última revisión para hacer entrega al Parlamento de lo que podría ser el germen de una nueva Constitución territorial.

El derecho a decidir quedará en una disposición, fuera del articulado. Legarda (PNV) y Elizondo (Elkarrekin Podemos), desde planteamientos diferentes, han coincidido en una inclusión genérica de una referencia con la premisa de que su ejercicio sea pactado con el Estado. En este punto, como el PSE-EE advirtió desde un primer momento, López Basaguren formulará un voto particular que no condicionará el acuerdo amplio y general en el resto de cuestiones competenciales. Del Burgo se opondrá con firmeza y Urrutia se ha mostrado quejoso de que el PNV haya orillado un acuerdo de bases alcanzado por Egibar con EH Bildu para que la reforma estatutaria fuese algo más y tuviera un acento soberanista, es decir, que tuviera su eje en la autodeterminación.

Públicamente, la coalición abertzale ha denunciado ya que los nacionalistas no han salvaguardado su pacto con ellos para alinearse con la izquierda no nacionalista. Y critican que el PNV renuncie a una “relación de igual a igual” con España minimizando a una formulación genérica el derecho a decidir. Conscientes de que se posan sobre ellos todas las miradas ante los diferentes discursos de Urkullu y Egibar, fuentes del PNV indican que en el plano teórico e ideológico nunca han renunciado a ello y una muestra es que Legarda -el único miembro del grupo que es político en activo- ha puesto mucho énfasis en que, al menos de forma genérica y al menos como disposición adicional, esta cuestión quede recogido en el borrador. Sin embargo, son muy conscientes de que cualquier texto maximalistas no tendría recorrido alguno. El recuerdo del 'plan Ibarretxe' bloqueado en las Cortes Generales sigue muy fresco.

Pero esas dos almas quedarán de manifiesto con mucha claridad porque el Parlamento debatirá, al tiempo que los expertos terminan su trabajo, una iniciativa del PSE-EE para poner en valor el Estatuto de 1979 que derivará en un texto común pactado ya por PNV y EH Bildu que refrendará, paradójicamente, “las bases y principios acordados en la ponencia de autogobierno” que ahora el PNV ha modulado para acercarse a PSE-EE y a Elkarrekin Podemos. Se da la circunstancia de que esas bases soberanistas se cerraron al tiempo que, en Madrid, el PNV firmaba el pacto presupuestario con el PP Mariano Rajoy.

El texto, que será defendido por Joseba Egibar en nombre del PNV, es considerado una “irresponsabilidad” por algunas voces cercanas al grupo de expertos por resultar contraproducente, aunque los socialistas no barajan ejercer su potestad de sacarlo del orden del día del pleno semanal. Evidentemente, PNV y PSE-EE -socios de Gobierno en Euskadi tanto a nivel autonómico como en las Diputaciones y en muchos ayuntamientos- votarán divididos.

El PNV parece en disposición de satisfacer la promesa que hizo el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Parlamento en 2018 de hacer partícipes a las fuerzas no nacionalistas de la reforma del Estatuto de Gernika, vigente desde 1979 en Euskadi y el único de España no reformado desde entonces. El grupo de expertos elegidos por la ponencia de autogobierno que lleva años debatiendo sobre el asunto emitirá un dictamen a partir del 30 de noviembre y los representantes de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos han avanzado en un principio de acuerdo que minimiza el derecho a decidir y se centra en una actualización del acervo competencial. El precio para el PNV es que perderá en el camino a EH Bildu, según ha dado a entender ya. La coalición abertzale pactó en origen con los nacionalistas unas bases con acento soberanista que ahora parecen orilladas. Lo hizo, por cierto, el día el mismo día en que aprobó los presupuestos de Mariano Rajoy y unos días antes de derrocarlo en la moción de censura.

Meses después de que el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, y su homóloga en EH Bildu, Maddalen Iriarte, presentaran un texto que sólo concitó la suma de Elkarrekin Podemos en el apartado social y que enervó al PP e incluso al socio de Gobierno, al PSE-EE, Urkullu se descolgó en el Parlamento con esta reflexión: “Si configuramos una mayoría más amplia, tendremos mayor legitimidad para exigir que se nos respete allí donde somos minoría. Y también en clave interna de cohesión y convivencia. Hablo de acuerdo y pacto. Acuerdo entre vascos y pacto entre Euskadi y España. Pero partamos del acuerdo entre vascos… Diré como lehendakari nacionalista que un proyecto votado sólo por la ciudadanía nacionalista significaría para muchos de nosotros un fracaso estrepitoso. Nuestra sociedad es plural y diversa como cualquier otra sociedad abierta. El pueblo vasco que ha llegado hasta hoy es así… Nuestro desafío, especialmente de los nacionalistas, a quienes se les presupone un compromiso añadido con su patria, es defender el pluralismo y no soportarlo como una patología a eliminar en un proceso de homogeneización. El acuerdo debe ser necesariamente plural y que reúna a diferentes”. Las palabras se pronunciaron en un pleno de política general minutos después de que Egibar, al que se considera representante del alma más soberanista del partido, defendiera la validez del acuerdo con EH Bildu.

La coalición abertzale, muy contrariada con el giro del PNV, entiende que el borrador que verá la luz “no recoge con claridad el concepto de derecho a decidir”, ni tampoco establece “una relación bilateral de igual a igual con el Estado”, dos cuestiones que “deben ser la base” del nuevo estatus, según han explicado fuentes de la coalición recogidas por Efe. El experto propuesto por EH Bildu, Iñigo Urrutia, propondrá un articulado alternativo que sí estará fundamentado en las bases acordadas, tal y como ha adelantado 'Gara'.

En el otro extremo de la mesa, el PP también se desmarcará, pero por considerar que la propuesta no amplía el consenso que suscitó el Estatuto en 1979 -Alianza Popular no lo apoyó, aunque sí decididamente la UCD-. “Vienen curvas”, ha ironizado Alfonso Alonso, líder de los 'populares' vascos, quien aventura que “al Estado se le va a abrir un nuevo frente aquí” además de Cataluña. El ponente elegido por el PP es el navarro Jaime Ignacio del Burgo.

La suma de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos ofrece en Euskadi 48 de los 75 escaños por 46 de la alianza de los nacionalistas con EH Bildu. La gran diferencia política es que un pacto de esa naturaleza iría a las Cortes Generales con 161 escaños en el Congreso y que no tensaría la coalición con el PSE-EE, que se extiende al Ejecutivo autonómico, a las tres diputaciones forales y a los ayuntamientos de las tres capitales y de otros grandes municipios. Cualquier reforma estatutaria debe ser refrendada en la Cámara baja antes de ser sometida a referéndum en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. El PNV llegó a hacer bandera de un mecanismo llamado “consulta habilitante” que era empleado en la II República e incluso amagó con reformar el Estatuto para incluirla y luego reformarlo de nuevo.

La gran incógnita es qué ocurrirá con la propuesta articulada de los expertos. La legislatura vasca encara su última parte y el período medio de aprobación de las leyes en la Cámara autonómica haría imposible que un texto en principio más complejo como es la norma fundamental del autogobierno tenga margen para ser aprobada. Incluso se ha barajado la opción de que las autonómicas se adelanten a la primavera de 2020 si Urkullu no concita por segundo año los apoyos a sus presupuestos. Aquí de nuevo la suma más probable parece la de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos.