Más de 10 millones de dólares en anticonceptivos y medicamentos para la prevención del VIH adquiridos por el Gobierno de EEUU como ayuda a países en desarrollo en el marco de programas que ya han sido interrumpidos están a punto de ser destruidos.

Los registros gubernamentales obtenidos por The Washington Post revelan que prácticamente todos los suministros han permanecido en centros de distribución —uno en Bélgica y otro en los Emiratos Árabes Unidos— desde enero, cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, suspendió la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el argumento que “no estaba alineada con los intereses estadounidenses”.

Grupos humanitarios internacionales y otras organizaciones han estado en conversaciones con representantes del gobierno estadounidense para hacerse cargo de los productos y distribuirlos. Sin embargo, las negociaciones no han prosperado ante las exigencias de la agencia, como que las entidades humanitarias paguen por los materiales y que se retire cualquier etiqueta de USAID, según The Washington Post.

Finalmente, según publica Reuters este miércoles, los anticonceptivos almacenados en Geel (Amberes, Bélgica), que tienen un valor de casi 10 millones de dólares, se están enviando a Francia para su incineración, después de que Washington rechazara las ofertas de Naciones Unidas y organizaciones de planificación familiar para comprar o enviar los suministros a países en vías de desarrollo.

¿Y qué material es? Implantes y píldoras anticonceptivas, así como dispositivos intrauterinos para ayudar a prevenir embarazos no deseados, según explica la agencia británica de noticias.

No sólo se incinerarán esos materiales, es que además el gobierno estadounidense gastará 160.000 dólares en el proceso de acabar con las existencias en una instalación en Francia que gestiona residuos médicos.

Legisladores estadounidenses presentaron dos proyectos de ley este mes para evitar la destrucción de los suministros, pero organizaciones de ayuda humanitaria afirman que es improbable que se aprueben a tiempo para detener la incineración.

“Esta situación es una locura”, declaró al Post Andrew S. Natsios, director de USAID durante cinco años bajo la presidencia de George W. Bush: “A estas alturas, simplemente que lo regalen en lugar de destruirlo, por el amor de Dios”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores belga afirmó que Bruselas mantuvo conversaciones con las autoridades estadounidenses y “exploró todas las opciones posibles para evitar la destrucción, incluida la reubicación temporal”, según cita Reuters: “A pesar de estos esfuerzos, y con pleno respeto a nuestros socios, no se pudo garantizar ninguna alternativa viable. Sin embargo, Bélgica continúa buscando activamente soluciones para evitar este lamentable resultado. La salud sexual y reproductiva no debe estar sujeta a restricciones ideológicas”.

Los suministros, con un valor de 9,7 millones de dólares, vencen entre abril de 2027 y septiembre de 2031. Sarah Shaw, directora asociada de MSI Reproductive Choices, declaró a Reuters que ellos se habían ofrecido a pagar el reempaquetado de los suministros sin la marca de USAID y su envío a los países necesitados, pero el gobierno estadounidense rechazó la oferta: “Nos dijeron que el gobierno estadounidense solo vendería los suministros a su valor de mercado”.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) también se ofreció a comprar los anticonceptivos directamente, según informaron tres fuentes a Reuters. Sin embargo, las negociaciones fracasaron.

El motivo de fondo es que el gobierno estadounidense no quiere contribuir o colaborar con organizaciones que proporcionen fondos o suministros que faciliten el acceso a abortos, y no podían garantizarse que el UNFPA no compartiera los anticonceptivos con grupos que ofrecen abortos.

“Las anticonceptivas son veneno”. Mensajes como este, repetidos hasta la saciedad por influencers como la estadounidense pro Trump Alex Clark, pueden leerse en el cada vez más fangoso Internet de chicas. Ese donde se empieza guardando una publicación de Instagram que lista siete alimentos para combatir la inflamación –o para regular tus hormonas, hacer un detox de dopamina o la tendencia de bienestar de turno; a menudo sin mucha evidencia científica– y se puede acabar arrastrada por una corriente de vídeos que, bajo una falsa apariencia de divulgación sobre salud y estilo de vida, cuelan una visión del mundo muy concreta. Mujeres que defienden que su papel es quedarse en casa cuidando y criando; hombres que trabajan fuera, manejan el dinero y tienen la última palabra.

No le faltaba razón a Lorde cuando hace unas semanas manifestaba en una entrevista con Rolling Stone por su regreso que en esta nueva era en la que, entre otras cosas, ha dejado la píldora tras más de una década tomándola (y está contenta con el cambio), había “llegado a ver [su decisión] como una especie de programación casi de derechas”. La desinformación sobre anticonceptivos se ha vuelto en los últimos años un contenido muy rentable para los perfiles ultraconservadores.

“Los médicos te dirán ‘oh, puede mejorar tu acné, te ayudará a regular tus ciclos' (...) Pero como mujer, cambia hacia quién te sientes atraída, destroza tus hormonas. Sentimos atracción basada en nuestra biología, y cuando esta está químicamente alterada, pasa factura”, contaba en una entrevista Brett Cooper, uno de los perfiles femeninos de extrema derecha más conocidos en Estados Unidos. Después añadía otra serie de afirmaciones habituales en este tipo de publicaciones: que las anticonceptivas hacen ganar mucho peso, inflaman o causan infertilidad.

“Los creadores de contenido tienden a subrayar los riesgos de las opciones hormonales, mientras que minimizan los riesgos y exageran los beneficios de las opciones no hormonales”, apuntaba la investigadora Emily Pfender, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, a The New Yorker. Junto a Leah Fowler, esta doctora ha analizado los mensajes que aparecen en redes sociales sobre el uso de anticonceptivos en los últimos años y ha publicado sus conclusiones en la revista Journal of Women’s Health.

En otro estudio, publicado en Health Communication en 2023, Pfender señalaba que el 74% de los influencers que hablaban en YouTube sobre anticonceptivos lo hacía en tono negativo, intentando desincentivar su consumo. Y una investigación publicada en 2024 por la Society for Public Health Education, que analizaba el contenido de mismo corte, pero en TikTok, concluyó que esta red social ocurría lo mismo en un 50%.

“Esto nunca ha ido de libertad, sino de controlar que no tengas demasiados hijos”, dice Candance Owens en un vídeo sobre el origen de la píldora. Una historia marcada por el colonialismo médico y la explotación de los cuerpos de mujeres puertorriqueñas que fueron usadas en su fase experimental. Sin embargo, Owens, que cuenta con más de cuatro millones de suscriptores en YouTube y es autora del libro Make him a sandwich (Hazle un sándwich, una crítica al feminismo y al #MeToo), retuerce la historia para mantener que los problemas de fertilidad que hoy acusan muchas mujeres están directamente derivados del uso de anticonceptivos hormonales. “Mujeres, despertaos. Esto no es normal. Es un diseño maquiavélico y malvado para manteneros estúpidas y gordas”.

Los creadores de contenido tienden a subrayar los riesgos de las opciones [anticonceptivas] hormonales, mientras que minimizan los riesgos y exageran los beneficios de las opciones no hormonales

Emily Pfender — investigadora

En una conversación con Brett Cooper en el podcast de The Daily Wire, el medio alternativo de ultraderecha cocreado por Ben Shapiro, Owens señala este tipo de tratamientos como algo “antinatural”. Ambas pertenecen a la llamada womanosfera, una red de creadoras de contenido que son la versión femenina de otro ecosistema más conocido en Internet: la manosfera. Ellas, como ellos, creen que el feminismo ha ido demasiado lejos y lo desafían.

Habiendo constatado además tras las últimas elecciones estadounidenses que esas comunidades de Internet se pueden traducir por votos, surge el interés por replicar el fenómeno especialmente en un segmento de población joven y femenino que, a diferencia de sus homólogos masculinos, se decanta en mayor medida por el voto demócrata. Es por ello que organizaciones conservadoras como Turning Point USA, que ejerce su influencia en el ámbito estudiantil, están invirtiendo dinero en estos influencers y creadores de contenido, como señalaron desde The Verge en 2022.

Uno de esos perfiles es el de la ya mencionada Alex Clark, que empezó comentando la actualidad y la cultura pop bajo un enfoque conservador y que, desde la pandemia, viró su contenido hacia el bienestar, pero ese tipo de bienestar que a veces cruza la frontera de la conspiranoia y la desinformación: es antivacunas y ha llegado a declarar que las mamografías son “propaganda”. En esa cruzada contra el establishment médico, se ha alineado con MAHA, el movimiento Make America Healthy Again (hagamos América saludable de nuevo) y que lidera Robert F. Kennedy Jr., actual Secretario de Salud con Trump (el equivalente a un Ministro de Sanidad en España). El mismo que hace unos días presentaba un informe con el objetivo de analizar las enfermedades crónicas y las causas del descenso en la esperanza de vida de los estadounidenses cuya gran revelación ha sido, sin embargo, su escasa rigurosidad: está plagado de estudios y datos falsos inventados por la IA.

En su camino al gobierno estadounidense, Kennedy ha estado acompañado por Casey Means, actual Surgeon General (directora general de salud pública), que dejó el ejercicio de la medicina tradicional a favor de la denominada “medicina funcional”, que es autora de libros de autoayuda enfocados a mejorar la energía y el metabolismo, que ha instado al gobierno a rebajar las vacunas infantiles y que también se ha posicionado contra los anticonceptivos: en una entrevista con Tucker Carlson los calificó como una amenaza para la “naturaleza vital de las mujeres”.

Esa evocación a lo natural, que aparece constantemente en sus mensajes, se traduce aquí por lo conservador y heteronormativo también bajo esa visión biologicista y esencialista de género. Frente al uso de anticonceptivos hormonales, lo que estas influencers y personalidades proponen es usar el seguimiento del ciclo menstrual para calcular los días de más y menos fertilidad. Un método que Michael Belmonte, ginecólogo y especialista en planificación familiar, contó a The Washington Post que conlleva sus propios peligros: tras haberse creído los consejos contra la anticoncepción hormonal vistos en redes y haberse pasado al método de tracking menstrual, muchas mujeres con embarazos no deseados se han visto en la necesidad de viajar desde sus estados, en los que tras la sentencia Dobbs el aborto quedó prohibido o parcialmente prohibido, para llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo.

Pero si hay conversación, si hay mujeres intentando este método en casa, hay negocio. Para el matrimonio Hugoboom, Brittany y Gabriel, se materializó primero en forma de revista femenina con la conservadora Evie, que mezcla consejos de estilo de vida y looks de alfombra roja con su propia propaganda en forma de artículos como Por qué los anticonceptivos hormonales son, científicamente hablando, veneno. Después con una app de fertilidad para medir el ciclo, 28, que está respaldada económicamente por Peter Thiel (fundador de PayPal y conocido magnate tecnológico de extrema derecha). Y como es habitual en el ciclo de vida influencer, la estrategia culmina con un producto estrella que encapsula –en este caso, literalmente– la esencia del mensaje que nos venden: Toxic Breakup, un suplemento que, por 89 dólares, promete un “detox pospíldora” y mejoras tan poco específicas como “reponer los nutrientes clave para la salud hormonal que se han agotado debido a los anticonceptivos hormonales”.

La primera píldora sin receta vs. el “presidente de la fertilidad”

Todo esto coincide con la llegada a las farmacias estadounidenses de Opill, marca bajo la que se comercializa la primera píldora anticonceptiva a la venta sin receta desde que, en los años 60, este se legalizara en el país –en España no ocurriría hasta el 78–. Su composición, sin estrógenos, solo a base de gestágenos, la hace más segura y evita en mayor medida el riesgo de tromboembolismo venoso que, en cualquier caso, con las píldoras que sí contienen estrógenos es menor que el que se da en el embarazo, tal como indican los diferentes expertos e investigaciones que respaldan su seguridad. En nuestro país también hay diferentes sociedades científicas de médicos y farmacéuticos que promueven el libre acceso a este tipo de píldora defendiendo que la anticoncepción es “un derecho de las mujeres” y “no un problema de salud”.

La marea de contenido coincide también con el esfuerzo a nivel legal y legislativo por atacar el acceso a los anticonceptivos, principalmente los de emergencia. Amanda Stevenson, socióloga, demógrafa y profesora adjunta de la Universidad de Colorado en Boulder, que estudia esas vías por las que activistas y legisladores antiaborto están intentando restringir los anticonceptivos, contó el citado artículo de The Washington Post que “los mensajes de los influencers ayudan a impulsar una posible legislación que limite el acceso a los anticonceptivos hormonales”.

“Seré conocido como el presidente de la fertilidad”, dijo Trump en marzo. El pasado verano había prometido reducir de manera drástica los costes de los tratamientos de fecundación in vitro (FIV) si llegaba a la presidencia, y en febrero firmó una orden ejecutiva que solicita recomendaciones políticas para proteger el acceso a la fertilización in vitro y “reducir drásticamente los costes de bolsillo y de los planes de salud para dichos tratamientos”. Aunque como apuntaban desde The New York Times, esta “no modifica ninguna política ni menciona algunas de las promesas de campaña de Trump sobre el tema, como la gratuidad del tratamiento”.

El mismo periódico señaló en una investigación el acercamiento a la corriente pronatalista de su administración, que va un paso más allá de la promoción de valores tradicionales y familiares. Las primeras palabras como vicepresidente de J.D. Vance fueron: “Quiero más bebés en los Estados Unidos de América”, y ya en abril, la Casa Blanca ha estado recibiendo a distintos grupos y organizaciones con ideas sobre cómo incrementar las tasas de natalidad. Entre las que se han puesto sobre la mesa están una reserva del 30% de las becas para Fulbright para solicitantes casadas o con hijos, un “bono bebé” de 5.000 dólares en efectivo a cada madre y la financiación de programas de educación sobre el ciclo menstrual con la intención de que puedan acertar en la diana con más probabilidad al intentar quedarse embarazadas –lo mismo que promete la app de fertilidad de los Hugoboom, pero gratis–.

¿Un reel puede hacerte cambiar de idea?

¿De qué manera todo este contexto y los mensajes recibidos a través de redes están condicionando el uso de la píldora anticonceptiva? Aunque hay estudios como este realizado con chicas de entre 18 y 24 años en Estados Unidos que sí señalan una relación entre lo que dicen estas influencers y la impresión sobre la píldora que tienen, de momento no se ha podido cuantificar ni relacionar directamente con la disminución del uso de estos métodos anticonceptivos hormonales entre las generaciones más jóvenes.

Sin embargo, como señalaba Penny Wu, médica residente de ginecología y obstetricia en la Universidad de Duke al Post: “Esto ha cambiado mi forma de ejercer”. Wu ha notado cómo sus pacientes de la generación zeta rechazaban los DIU con mayor frecuencia que las millennials. El motivo: vídeos de TikTok que las habían puesto en alerta por el dolor de la inserción. La ginecóloga analizó los 100 vídeos sobre el DIU más populares de TikTok y concluyó que más del 40% eran negativos. Ahora, explica, ofrece de manera rutinaria opciones a sus pacientes para el manejo del dolor, como antiinflamatorios, inyecciones de lidocaína en el cuello uterino y medicamentos contra la ansiedad.

En un contexto de declive en la atención del sistema sanitario –en Estados Unidos y también en España– y con una ventana a todo tipo de información al alcance de la mano que nos ha hecho pasar en menos de una década del Dr. Google, al amigo sabelotodo ChatGPT –que se ocupará de darte una respuesta, la que sea, antes de reconocer que no maneja cierta información–. Y con la sofisticación de algoritmos que te hacen llegar incluso lo que no buscas, el caldo de cultivo está servido. Pero si viene envasado en forma de reel , alguien con una bata blanca dando consejos en Instagram y una fórmula que promete cambiar tu vida y tu salud en tres sencillos pasos, mejor no tomarlo.

El 78,5% de las mujeres en edad fértil, casi ocho de cada diez, utiliza algún tipo de método anticonceptivo, la cifra más alta desde 2014, cuando se situaba en el 72,7%. Es la principal conclusión que arroja la Encuesta Nacional sobre Anticoncepción, presentada por la Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Fundación Española de Contracepción este viernes.

El estudio, que examina los hábitos de las mujeres –solo les pregunta a ellas– en relación con el uso de métodos anticonceptivos, refleja una tendencia creciente en su uso, especialmente las mujeres entre 20 y 30 años, que son quienes más recurren a ellos porque, en general, se encuentran en una etapa de mayor actividad sexual y exposición al embarazo, interpreta la SEC. Sin embargo, a medida que van aumentando de edad, las mujeres tienden a reducir su uso.

El preservativo sigue siendo el método anticonceptivo más utilizado, y en la mayoría de los casos se emplea de manera “consistente y correcta desde el inicio de la relación”, explican la sociedad en la encuesta. Le sigue la píldora anticonceptiva como el segundo método más popular. En cuanto a las cifras, el 36,5% de las mujeres en edad fértil utilizan método de barrera, el 25,3% recurren a métodos hormonales, y solo el 8% optan por alguna modalidad de DIU.

Este último ha sido uno de los aspectos destacados por la Sociedad Española de Contracepción este año, que subraya la “eficacia” de los métodos anticonceptivos de larga duración reversibles (LARC), como el DIU. Sin embargo, los autores de la encuesta lamentan que su uso entre jóvenes “sigue siendo limitado” debido, aseguran, “a mitos persistentes”.

“Se tiende a recomendar más los métodos de barrera a los jóvenes, y el DIU no se ofrece lo suficiente en una etapa de la vida en la que sería muy beneficioso”, explica el presidente de la SEC, José Quílez, que ha explicado que el patrón de sangrado irregular que puede provocar el DIU es lo que lleva a muchos médicos a optar por recomendar la píldora anticonceptiva, “que ofrece un ciclo más predecible”. Quílez también ha destacado la “falta de promoción” del uso del doble método, que combina un anticonceptivo hormonal con el preservativo. Aunque ha habido un leve aumento en su adopción, solo un 20% de las mujeres lo utiliza en España, cifra el sondeo.

La encuesta apunta también al adelanto en la edad de inicio de las relaciones sexuales, algo que ha ido ocurriendo con el paso de las generaciones. Así, la edad media para las jóvenes de 15 a 19 años se sitúa en los 16,3 años mientras que en el caso de las mujeres de 45 a 49 años asciende a los 19.

El sondeo recoge además datos sobre menstruación. Un 25% de las mujeres aseguran experimentar dolores menstruales tan intensos que les han impedido llevar una vida normal y han sentido la necesidad de solicitar una baja laboral. Sin embargo, solo un 14% de ellas acaba pidiendo dicha baja, debido al temor a las posibles consecuencias laborales que esta decisión pueda tener. De hecho, un 51% de las encuestadas manifiesta esta preocupación.

Este año, el estudio ha incorporado la endometriosis y la adenomiosis como problemas de salud de especial interés. Un 8% de las mujeres han sido diagnosticadas con alguna de estas patologías, aunque preocupa el hecho de que, en muchos casos, el diagnóstico puede tardar más de cinco años en confirmarse.

Con las infecciones de tranmisión sexual en cifras récord y la alarma social por el porno, este podría ser el momento estrella de la educación sexual. No parece, sin embargo, que ese sea el caso. La vicepresidenta de la Federación de Planificación Familiar-SEDRA, Raquel Hurtado, traza un panorama en el que las administraciones podrían estar haciendo mucho más. En cuanto a educación, pero también en atención a la salud sexual: el último informe de SEDRA, publicado esta semana, muestra un mapa desigual en el acceso a la anticoncepción de larga duración y a la píldora de emergencia.

¿Cuál es la situación de la atención a la salud sexual y la anticoncepción en las diferentes comunidades?

En términos generales, diría que España tiene una nota mejorable. En cuanto nos asomamos un poco al mapa vemos tres realidades muy distintas. Una de comunidades autónomas que lo están haciendo muy bien y que en los últimos años se han puesto las pilas; otras comunidades, que además coincide que son grandes y con muchísima dispersión geográfica e inequidad territorial, donde las cosas se están haciendo mal en términos de pasividad. Es decir, no están implementando ningún tipo de mejoras o en el intento de traspasar las competencias al circuito de atención primaria están eliminando los centros específicos y teniendo muchos problemas. Y luego hay comunidades autónomas que están en el medio: trabajando para hacerlo mejor y copiando modelos que están funcionando.

¿Qué comunidades estarían en cada grupo?

En el grupo de las peores está el País Vasco y las dos Castillas. En el grupo de las mejores están Aragón, La Rioja y Cataluña, con modelos además que son muy diferentes entre ellos y que nos muestran que no hay una única forma de hacerlo bien. En el grupo de las que están tendiendo a la mejora está el Levante.

En la medida en la que garantizamos que las mujeres no tienen que pagar por el acceso a la anticoncepción estamos haciendo que la calidad de la atención sea mejor

¿Y a qué se deben esas diferencias entre comunidades?

Tiene que ver con la voluntad para poner sobre un papel la política concreta, y que ese papel diga cómo se hacen las cosas, cómo se reparten las funciones y cuál es el circuito. Por otra parte, hay que garantizar que ese circuito funciona adecuadamente, algo que también tiene que ver con la capacitación de los profesionales. Es decir, hay comunidades autónomas en las que las competencias no están tan definidas o los profesionales no están tan formados y eso hace que la atención dependa del criterio, la voluntad o los conocimientos de quien te atiende, y eso es un problema.

Hay otro punto clave, que tiene que ver con la accesibilidad a la información, a la anticoncepción de urgencia y a los métodos anticonceptivos de larga duración que no están financiados por el Sistema Nacional de Salud. En la medida en la que garantizamos que las mujeres no tienen que pagar por el acceso a la anticoncepción estamos haciendo que la calidad de la atención sea mejor.

Dicen ustedes que la mejor puerta de entrada a la salud sexual es la atención primaria, ¿por qué?

La atención primaria es un circuito grande, no son solo los centros de salud. En muchas comunidades autónomas en las que hay servicios específicos, también dependen de atención primaria. Entonces, cuando decimos que la mejor puerta de entrada es la atención primaria lo que queremos decir es que la mala puerta de entrada es la atención especializada.

Cuando necesitas que el ginecólogo o la ginecóloga te vea para hacerte la receta de un método anticonceptivo o para ponerte uno, lo que se produce son larguísimas listas de espera de seis o diez meses en los que pueden suceder muchas cosas. Cuando atiendes desde los espacios en los que hay tiempos, bien sea en servicios específicos, bien sea en la consulta de la matrona, que además viene con información y con formación incorporada, hay muchas posibilidades de que la atención a la anticoncepción se resuelva fácilmente.

¿Deberían existir centros especializados en salud sexual en todos los territorios?

No soy partidaria de que haya servicios específicos para todas las áreas, pero sí que es verdad que la salud sexual tiene los suficientes elementos para que tenga interés tener esa red de centros donde se puedan atender muchas de las cuestiones, desde el aborto, la conexión con la educación sexual, las consultas sobre sexualidad y lo íntimo, que a muchas personas les supone un problema preguntar a su médico o médica...

Reivindican la figura de las matronas, ¿están 'infrautilizadas' en este sentido, son ellas quienes podrían jugar un papel clave en la atención a la salud sexual?

Nos lo dice el estudio: en muchas comunidades autónomas están muy infravaloradas, también en el imaginario social. Cuando pensamos en las matronas pensamos en profesionales que atienden cuestiones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, pero es que estas profesionales tienen muchísimas competencias.

En algunas comunidades se ha dicho activamente que no se va a apoyar la educación sexual y que se va a acabar con estructuras de atención. Ahí hay una intención política clara. Luego hay comunidades autónomas donde hay una falta de conocimiento brutal

Lo vemos también en quienes están matriculadas en las formaciones de posgrado, en las formaciones que se nos demandan... hay muchos grupos de matronas muy interesadas en la atención de la sexualidad, de hecho hay muchas que son sexólogas. Ahí creo que hay un espacio muy interesante de atención que está muy infravalorado y donde no es necesario poner tanto recurso formativo porque ya vienen con con la formación.

Cuando hablan de la importancia de la voluntad política, ¿en qué se traduce y por qué sucede, es solo por dejadez o es una cuestión ideológica?

Hay situaciones de todo. En algunas comunidades autónomas se ha dicho activamente que no se va a apoyar, que se va a censurar, que se va a acabar con estructuras de atención o de educación sexual, también por supuesto a poner trabas a la interrupción del embarazo. Ahí hay una intención política clara. Luego hay comunidades autónomas donde hay una falta de conocimiento brutal y, de hecho, lo hemos visto en las entrevistas para nuestro último informe.

Aparece en el informe que hay tres comunidades que no dan de forma gratuita la píldora de emergencia: Murcia, Canarias, y Castilla-La Mancha, y Madrid solo en los centros comunitarios. ¿Están incumpliendo la ley de salud sexual, que habla de dispensar esta anticoncepción gratis?

Aquí tenemos un problema con cuánto aparece detallado en la ley y con cómo puede ser que un año después no tengamos una estrategia de salud sexual y reproductiva que la ponga en marcha. Lo que dice la ley sobre esto es un párrafo y se puede interpretar de muchas formas. Dice que la anticoncepción de urgencia tiene que ser dispensada en los centros del Sistema Nacional de Salud. Un centro del Sistema Nacional de Salud es un servicio de urgencias, o atención primaria, o un servicio específico.

En Canarias, por ejemplo, se supone que la administran gratis en urgencias, pero cuando hemos hecho las entrevistas hemos encontrado que si acudes porque se te ha roto un preservativo no te atienden. Para nosotras atender solo cuando existe una agresión sexual claramente no es una buena prestación del servicio y es insuficiente.

¿Las mujeres pueden acceder a anticonceptivos de larga duración de manera gratuita en todas las comunidades?

Solo en algunas la gratuidad es universal para todas las mujeres. En otras la gratuidad es para algunos métodos, y en algunos lugares está relacionada con factores de vulnerabilidad. El peor escenario es cuando depende del área sanitaria o del centro de salud.

En algunas comunidades autónomas lo que nos ha pasado al entrevistar a clínicos y clínicas es que nos decían que si no sabían si esa persona iba a poder acceder a ese método o no pues ni siquiera lo incluían como parte del repertorio dentro del consejo anticonceptivo

Por ejemplo, en el País Vasco, en algunos centros de salud se está dispensando de forma gratuita y en otros no. En Castilla y León ocurre exactamente lo mismo. En Madrid, donde la gratuidad está vinculada a criterios de vulnerabilidad sucede que, en un momento determinado, alguien se da cuenta de que esos implantes subcutáneos se van a caducar y de repente en lo que queda de año le ponen a todo el mundo que quiera implantes gratis.

En 2022 una investigación señalaba que España era, con Portugal, el país de Europa con una tasa de anticonceptivos modernos más baja, ¿tiene que ver con esta inequidad?

Si, la accesibilidad a la información también tiene que ver con eso. Si yo ni siquiera sé que ese método existe o que me lo pueden poner gratis, no lo voy a pedir. En algunas comunidades autónomas lo que nos ha pasado al entrevistar a clínicos y clínicas es que nos decían que si no sabían si esa persona iba a poder acceder a ese método o no pues ni siquiera lo incluían como parte del repertorio dentro del consejo anticonceptivo.

Tenemos mucha narrativa en consulta de gente que no ha utilizado preservativo porque no se ha atrevido a decirle a la otra persona que no quería tener la relación sin él

O si los profesionales de atención primaria, que tienen muchos frentes, no tienen formación específica pues igual directamente te recetan la píldora porque es el marco en el que se encuentran más seguros y así evitan que tengas que esperar diez meses para ir a ginecología.

Las infecciones de transmisión sexual han crecido mucho y están en tasas récord, especialmente entre la gente joven pero no solo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?

Por una parte creo que hay una sensación de invulnerabilidad que, además, en el caso de la gente joven, conecta con sus características de desarrollo evolutivo. Y esa sensación se ve muy favorecida porque en nuestro país ha dejado de haber campañas informativas y de sensibilización grandes y que además tengan un tono adecuado. O no conectan con la realidad de las personas jóvenes o les infantilizan o tratan de tener un tono que no cuadra.

Tampoco ha habido buen tino por parte de las administraciones públicas autonómicas, que podrían estar también haciendo trabajo de sensibilización, pero creo que el principal componente tiene que ver con la cuestión del acceso a la educación sexual.

Hay mucha educación sexual que está pensada desde el foco de, por ejemplo, aprender a poner un preservativo, que quizá es algo más resuelto para la gente joven. Pero no estamos generando un espacio de adquisición de competencias para otras cosas que son justamente las que luego las personas jóvenes nos indican que les dan problemas.

Por ejemplo, si no tienes muchas competencias interpersonales, sociales, de comunicación, de negociación, es más difícil que puedas proponer el preservativo, o decir que no a una relación sin condón. De hecho tenemos mucha gente que cuenta en consulta que no ha utilizado preservativo porque no se ha atrevido a decírselo a la otra persona o que ha anticipado un montón de de problemas –'se va a enfadar, va a montar un pollo, me va a culpar'–.

Tenemos un problema con la detección temprana de infecciones y esto tiene mucho que ver con los circuitos sanitarios: hay muchas personas que asumen riesgos y que luego o no saben a dónde ir

Entonces, ¿estamos poniendo el foco en la gente joven cuando el problema está en otro lado, en lo que la sociedad está o no haciendo con su educación sexual?

Sí, parece que la gente joven lo hace todo fatal, y no. En términos generales se está utilizando menos el preservativo y la sensación de invulnerabilidad se ha extendido a toda la población. Luego tenemos un problema con la detección temprana de infecciones y esto tiene mucho que ver con los circuitos sanitarios.

Es decir, hay muchas personas que asumen riesgos y que luego o no saben adónde ir, el tiempo se dilata y la gente empieza a autoconvencerse de que tampoco fue para tanto, de que no hay tantas posibilidades, y todo eso puede aumentar la cadena de transmisión. España tiene un retraso diagnóstico brutal.

Siento que mucho del rechazo que hay de no hacer educación sexual con niños y niñas pequeños tiene que ver con no entender que la educación sexual precisamente va de dar herramientas que sirven para la vida. Me parece súper perverso que desde la mirada adulta estemos poniéndole a la gente joven la mochila enorme de tener que negociar y de comunicar cosas que que luego no estamos ofreciendo.

El Ministerio ha anunciado una partida presupuestaria para financiar condones para gente joven, aunque aún está por ver de qué manera se concreta. ¿Es esa una solución eficaz y adecuada?

A mí dar preservativos me parece siempre bien, creo que tienen que estar disponibles y que nadie tendría que pagar por ellos. Me preocupa cómo se va a garantizar ese acceso, o sea, de cuántos preservativos estamos hablando, dónde van a estar y cómo se distribuyen. La campaña debería ayudar a normalizar la conversación sobre sexualidad con la gente joven.

Podríamos tener en mente también que hay otro montón de prácticas que son interesantes y satisfactorias, además del coito, por ejemplo. O podríamos darle herramientas a la gente joven para saber qué pueden hacer si no tienen un preservativo. Si eso no está en el paquete, al final hay un montón de gente joven que tiene una especie de checklist vital donde la penetración y las prácticas genitales están ahí, se las tienen que quitar cuanto antes de la lista, en plan 'esto ya está, ya no soy un paria'.

Hay mucha investigación que nos dice que cuando hay educación sexual la gente retrasa los encuentros con penetración, no porque le estemos diciendo a la gente que tiene que tener relaciones más tarde, sino porque son más capaces de salirse de ese checklist relacionado con las normas sociales y atender más a sus deseos, vivencias, marco de valores, de decisiones. Entonces me parece genial dar preservativos en 2024, pero hay otras cosas que hacer y que son responsabilidad política.

¿Cómo describiría la educación sexual en España?

Si cogemos la eterna metáfora de lo educativo, sería la asignatura pendiente o España suspende en educación sexual. Pero es importante partir de lo positivo: que hay comunidades autónomas que se han puesto las pilas. Igual que con la anticoncepción, hay muchos modelos distintos de educación sexual: hay comunidades autónomas en las que son las enfermeras quienes van a los centros escolares y entonces ahí podríamos decir que suele haber un tono muy sanitario y menos de las vivencias, en otras la educación sexual es coeducación, que es fenomenal, pero que igual debería introducir otras cuestiones...

Pero la norma es el taller de dos sesiones de 50 minutos de duración en tercero y cuarto de la ESO, a criterio del municipio o del centro, con total desconexión del resto del currículum escolar, con total desconexión del resto de la vida y del papel del profesorado.

Me parece genial dar preservativos en 2024, pero hay otras cosas que hacer y que son responsabilidad política.

¿Desde cuándo debería estar presente la educación sexual, tanto en el sistema educativo como en la familia, y qué ingredientes debe tener?

Tiene mucho que ver con acompañar al hijo o hija en su crecimiento y, de paso, ir nutriendo su autoestima. Voy ayudándole a que se conozca, a que se acepte, a que entienda cómo es el mundo, cómo son las relaciones, cuáles son sus límites... Las familias responden a las primeras preguntas y muchas sienten que hacer educación sexual pasa porque sus hijos e hijas explícitamente les cuenten cosas de su vida privada.

Y en realidad tiene que ver con que tú estés ahí con la puerta abierta para cuando tu hija o tu hijo te necesite. Además, las familias van construyendo desde el nacimiento un sistema de valores y de creencias que es fundamental para que la gente pueda decidir orientarse en la vida.

En el contexto educativo debería estar presente desde que empieza la enseñanza formal, adecuando los contenidos a los intereses, las capacidades y las necesidades de la gente con la que trabajamos. Que sea una educación sexual que sirva de espacio de aprendizaje sobre las cuestiones biológicas, psicológicas y sociales, desde una mirada positiva que ayude a las personas a tomar sus propias decisiones de una forma autónoma y que esté orientada al bienestar. Igual queda un poco naíf, pero se trata de que las personas puedan ser más felices.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado que el Servicio de Salud regional está trabajando junto a la Consejería de Igualdad para comenzar “en breve” a dispensar la píldora del día después de forma gratuita. Así lo afirma, después de que un informe de la Federación de Planificación Familiar señalase a la comunidad autónoma como una de las tres que no cumplen la ley al no dispensar de forma gratuita el anticonceptivo de emergencia. Desde la administración señalan que no había “ninguna razón” para que no se dispensase de forma gratuita, sino que simplemente se está “avanzando poco a poco” en la implantación de la ley.

Padilla ha asegurado que se enviará una instrucción a los servicios de urgencia y a los Puntos de Atención Primaria para su dispensa y que esto se va a implantar “enseguida”. “No se estaba suministrando y se está trabajando para que pueda ser efectivo”, señaló Padilla.

En el informe de la Federación de Planificación Familiar (SEDRA) se señalaban las disparidades que existen entre las comunidades autónomas en cuando al acceso a la anticoncepción, señalando que es una realidad “marcada por la heterogeneidad y las equidades”.

En general, califican la atención en Castilla-La Mancha de “muy mejorable”, y recordaban que esta anticoncepción de urgencia solo se dispensa, hasta ahora, en los servicios de urgencias hospitalarias en el caso de una agresión sexual. “La dispensación gratuita de la anticoncepción de urgencia en espacios accesibles es una medida imprescindible que contribuye a hacer más accesible la anticoncepción, y que la comunidad de Castilla-La Mancha necesita mejorar”, resaltaban desde SEDRA.

El informe también advierte de que en la región “no existen servicios específicos en materia de anticoncepción” y que el Servicio regional de Salud tampoco ha desarrollado “ningún programa en materia de anticoncepción”.

Acceder a un método anticonceptivo de larga duración o a la píldora de emergencia gratuita puede ser entre fácil e imposible. Un informe de la Federación de Planificación Familiar (SEDRA) muestra las disparidades que existen entre comunidades autónomas en cuanto atención a la anticoncepción, “una realidad marcada por la heterogeneidad y las inequidades”. Tres de ellas –Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha– no dispensan la píldora anticonceptiva de emergencia gratis en ninguno de sus servicios, salvo en casos de agresión sexual, a pesar de que la ley de salud sexual y reproductiva así lo establece. En Madrid, solo es posible acceder gratuitamente a ella en los Centros Municipales de Salud Comunitaria.

El informe incluye un mapa por autonomías en el que evalúa la situación en cada una, y las clasifica en tres categorías de atención a la salud sexual: excelente, óptima, mejorable o muy mejorable. Para ello tiene en cuenta el acceso a los recursos y su organización, la existencia o no de estrategias y planes concretos, la formación del personal profesional, o la gratuidad de métodos anticonceptivos .

La dispensación libre de la píldora de emergencia, junto con la gratuidad universal de los métodos anticonceptivos de larga duración son, según SEDRA, dos de las “iniciativas más potentes” que las comunidades pueden poner en marcha para garantizar los derechos sexuales de quienes tienen capacidad reproductiva. Sin embargo, en ambos casos la situación entre territorios es muy desigual.

Mientras que Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha y, en parte, Madrid, no incluyen la gratuidad de la anticoncepción de emergencia, el informe destaca que el resto, no solo la dispensan gratuitamente, sino que realizan “un acompañamiento de calidad” a las usuarias. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Navarra. Además de la gratuidad, el informe subraya que a más horarios de atención y servicios que ofrezcan la prestación, mejor será el acceso a la píldora.

Esas tres comunidades en las que la píldora de emergencia no está disponible de manera gratuita incumplen la ley de salud sexual y reproductiva aprobada en febrero del año pasado. “Se garantizará la dispensación gratuita de la anticoncepción de urgencia en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y en los servicios de atención especializada, atendiendo a la organización asistencial de los servicios de salud de las comunidades autónomas y entidades gestoras del Sistema Nacional de Salud”, dice la norma.

SEDRA destaca que los métodos anticonceptivos de larga duración –como el DIU, las inyecciones o parches hormonales, o el anillo– son los “más eficaces y coste-efectivos” para evitar embarazos no planificados y disminuir la tasa de abortos. “Sin embargo, la realidad es que existen diversas barreras que dificultan el acceso de las personas que desean utilizar este tipo de métodos”, sostienen. Una de esas barreras es el coste, pero también las listas de espera para colocar y retirar DIU o implantes. Esas listas crecen allá donde esta competencia es exclusiva de especialistas en ginecología.

En Aragón todos los métodos de larga duración son gratuitos y la colocación y retirada del implante se realiza entre la atención primaria y los servicios de ginecología, un reparto que ha reducido las listas de espera y acelerado los procesos de colocación. Por contra, en Castilla y León la gratuidad depende de cada centro y las colocaciones y retiradas dependen en exclusiva de ginecología, lo que hace que la lista de espera media sea de casi diez meses. Castilla-La Mancha ofrece gratis los dispositivos intrauterinos hormonal y de cobre, pero dependen de la atención especializada, “en consecuencia, aunque la accesibilidad financiera es parcial, las listas de espera son relativamente largas”.

La Federación de Planificación Familiar reclama que exista un acceso universal a todos los métodos de larga duración, así como ampliar el perfil de profesionales que puedan colocarlos y retirarlos, salvo en casos complejos, para reducir listas de espera y garantizar un acceso temprano que evite embarazos no planificados. El informe subraya la relevancia de las matronas y pide priorizar su formación dado que “su perfil profesional es clave dentro del circuito de atención a la anticoncepción”.

Compromiso político

A la “heterogeneidad y las inequidades” entre comunidades también contribuye la voluntad política. “La falta de políticas públicas consistentes y el impacto de las transiciones políticas son factores que dificultan el desarrollo de estrategias uniformes en todo el territorio”, señala el informe. Aunque la anticoncepción está incluida en la cartera de servicios de las comunidades, no todas tienen una estrategia o programa de atención especializada. Solo cuentan con uno Aragón, Asturias, Catalunya, Canarias, Comunitat Valenciana, La Rioja, y Murcia. SEDRA pone como ejemplo a Aragón y Catalunya, que “demuestran que es posible mejorar la accesibilidad y calidad de la atención mediante la implementación de planes bien estructurados y la promoción de la figura de la matrona”.

La voluntad política ha sido uno de los “frenos” a la puesta en marcha de políticas públicas en anticoncepción que más ha encontrado la Federación en las entrevistas hechas para elaborar este estudio. También “los procesos de transición política” hechos después de las últimas elecciones autonómicas en algunos gobiernos. “Destaca que el hecho de que no sólo las y los profesionales de aquellas comunidades donde no existe un plan o programa perciben esto como un factor dificultador de cara al desarrollo de políticas públicas en anticoncepción; sino que también las y los profesionales de las comunidades que sí cuentan con planes o programas consideran que estas transiciones políticas ponen en peligro los logros conseguidos hasta la fecha”, señalan.

Que existan políticas públicas es imprescindible, concluyen, para que haya una atención a la anticoncepción “accesible y de calidad”.

La Universidad de Murcia (UMU) ha recibido financiación de la Universidad de Toronto, la cual es beneficiaria de una subvención de Bill & Melinda Gates Foundation, para investigar el desarrollo de anticonceptivos no hormonales.

La investigadora María Jiménez Movilla, profesora titular del Departamento de Biología Celular e Histología de la Facultad de Medicina de la UMU, participa en un proyecto de la Gates Foundation que será coordinado por el Dr. Jeffrey Lee de la Universidad de Toronto. Este proyecto tiene como objetivo utilizar un enfoque no tradicional para desarrollar bloqueadores basados en proteínas que apunten al momento crítico de la unión óvulo-espermatozoide. El consorcio reúne a destacados grupos de investigación de seis países diferentes con experiencia en biología reproductiva, ingeniería de proteínas, biología estructural, bioquímica y fisiología de mamíferos superiores (Universidad de Bruselas, Instituto Cochin de París, Universidad de York y el Centro Nacional de Investigación de Primates de Oregón).

La Universidad de Toronto recibió 3.6 millones de dólares en financiación de Bill & Melinda Gates Foundation para desarrollar este proyecto a lo largo de tres años. El grupo de investigación liderado por la investigadora María Jiménez será el responsable de generar modelos alternativos para evaluar la capacidad de bloqueo de las moléculas desarrolladas y descubrir nuevas dianas moleculares en el óvulo involucradas en la unión y fusión de gametos.

Un grupo de 143 mujeres groenlandesas han emprendido recientemente una acción legal contra el Gobierno de Dinamarca por lo que consideran la violación de los derechos humanos de miles de niñas y jóvenes de la isla ártica hace poco más de 60 años. Las mujeres alegan que se les colocó un dispositivo intrauterino (DIU) en contra de su voluntad e incluso sin su conocimiento, en uno de los episodios más oscuros del pasado colonial del país escandinavo. Piden a los tribunales una indemnización colectiva de 43 millones de coronas (alrededor de 5,7 millones de euros) y que se las escuche, ya que el Gobierno danés aún no ha respondido a una primera reclamación que iniciaron 67 mujeres por el mismo caso el pasado octubre. En la primera demanda, las víctimas pedían una indemnización de 300.000 coronas cada una (40.000 euros). Desde entonces, se han sumado más afectadas por el caso hasta impulsar la nueva instancia.

Algunas de las implicadas tenían tan solo 12 años cuando doctores y ginecólogos daneses les colocaron este sistema de anticonceptivo en contra de su voluntad, en un intento para reducir y controlar la población inuit en Groenlandia. Se calcula que, entre los años 1966 y 1970, hasta 4.500 mujeres estuvieron afectadas por las campañas de control de la natalidad, después que la isla ártica dejara de ser una colonia danesa y pasara a ser un distrito administrativo del país nórdico. 

Naja Lyberth, portavoz de las mujeres, fue la primera en alzar la voz en el año 2022 al denunciar que, cuando era adolescente, le colocaron la espiral anticonceptiva en un examen médico regular y acusó al Estado danés de llevar a cabo una campaña de esterilización concertada en el territorio ártico. En declaraciones a la cadena groenlandesa KNR, Lyberth ha dicho recientemente que el Gobierno danés está “alargando el tiempo” en la investigación del caso y en el pago de las compensaciones, ya que “algunas de las mujeres afectadas tienen ahora 80 años y ya no pueden esperar más”.

“Mientras vivamos, queremos recuperar nuestra autoestima y el respeto por nuestro vientre. No hay ningún gobierno que pueda decidir si debemos tener hijos o no”, afirmó Lyberth el día en que se presentó la demanda colectiva en el tribunal. “Si las mujeres tienen derecho a una indemnización, se tiene que hacer rápidamente, no pueden esperar a que se complete una investigación tras otra”, dijo en la cadena pública danesa DR el abogado de las mujeres, Mads Pramming. A juicio de este letrado, que anteriormente ha liderado otros casos de derechos humanos en el país nórdico, este episodio es “el fracaso más grande de los derechos humanos en la historia de Dinamarca”. 

Investigación periodística

El año pasado, el Estado danés y el Naalakkersuisut, el Gobierno de Groenlandia, iniciaron una investigación independiente sobre el caso de la colocación de DIU y otras prácticas para la prevención del embarazo llevadas a cabo en la isla entre los años 1961 y 1991, cuando el territorio autónomo ártico recuperó las competencias de la gestión sanitaria. Sin embargo, los resultados de la investigación no se sabrán hasta mayo del 2025: “El caso es profundamente lamentable y la investigación independiente tiene que llegar hasta el fondo del asunto”, respondió para la cadena KNR la actual ministra danesa de Sanidad, Sophie Løhde. 

El caso, conocido en Dinamarca como la “campaña de la espiral” fue destapado por la cadena de televisión pública danesa DR en una serie de pódcast de investigación publicados en 2022 bajo el título Spiralkampagnen. Allí, se escucharon por primera vez testimonios como los de Naja Lyberth, que relató que con 14 años le colocaron un DIU de manera forzosa, un sistema anticonceptivo que en aquella época no estaba diseñado para mujeres que no habían dado a luz, por lo que el dolor y el trauma perviven en su cuerpo cada vez que recuerda el momento. “Vi una bata blanca, una enfermera y un miedo que me paralizaba”, contó Lyberth.

Otro de los testimonios recogidos en el pódcast es el de Inge Thomassen. La investigación periodística reveló que, como en su caso, muchas de las mujeres tardaron años en descubrir que llevaban puesto un DIU, tras sufrir dolores, infecciones y problemas para quedarse embarazadas, ya que en muchos casos se colocaron sin su conocimiento. “Durante años sufrí un dolor horrible en el abdomen”, dijo Thomassen. “Años después, mi marido y yo queríamos tener un hijo, lo intentamos durante mucho tiempo hasta que, en 1995, en un examen rutinario de vejiga, una radiografía mostró que tenía un DIU dentro, en ese momento me sentí muy ofendida”. 

Campañas de control de la natalidad 

Hoy, Groenlandia es un territorio autónomo dentro del reino de Dinamarca, pero no fue hasta 1953 cuando la isla ártica dejó oficialmente de ser una colonia. Durante la década de los 60, las autoridades danesas temían que la natalidad entre la población inuit fuera un impedimento para la modernización de la isla, ya que los servicios sociales, como los hospitales y las escuelas subvencionados desde Copenhague, resultaban más caros de mantener de lo que la administración danesa estaba dispuesta a pagar. Un informe del Gobierno danés de 1965 recogía que, cada año, nacían 500 bebés fuera del matrimonio en Groenlandia, de los cuales un tercio eran de madres menores de 20 años.

De esta forma, en 1966 empezaron las campañas forzosas de planificación familiar, hasta el punto de que se cambió la ley para que los médicos (venidos desde Dinamarca) pudieran recomendar la colocación de espirales DIU a menores sin el consentimiento de los padres. Estas campañas duraron hasta 1974, cuando, en una conferencia de las Naciones Unidas, el país escandinavo recibió fuertes críticas por las campañas de control de la natalidad en sus antiguas colonias. El Ministerio de Sanidad de Groenlandia calcula que, durante estos años, se aplicó el método anticonceptivo de la espiral a la mitad de la población fértil que tenía la isla ártica por aquel entonces. 

Maria Akhtar, del Instituto danés por los Derechos Humanos, subraya que las mujeres afectadas por el caso “eran muy jóvenes cuando se les colocó el DIU, algunas eran tan solo niñas, por lo que representaban un grupo aún más vulnerable”, dijo. Akhtar también añadió que “las cifras de casos que se están revelando destapan que se trataba de una práctica muy sistemática y que se repitió en el tiempo”. 

En una visita a la isla ártica en junio de 2023, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió públicamente disculpas por los abusos históricos que Dinamarca había cometido en Groenlandia, en lo que calificó “uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia que se tiene que desvelar”.

El 'caso de la espiral' no es el único episodio en que el Estado danés ha sido recientemente acusado por violaciones de los derechos humanos en su antigua colonia. Hace un año, 26 groenlandeses que habían crecido como huérfanos en la isla ártica demandaron a Dinamarca por haber violado sus derechos en un caso relacionado con el derecho de la paternidad legal. Este caso se suma a uno de los mayores escándalos del pasado colonial del país, que ocurrió en la década de 1950. El Estado danés de entonces impulsó un “experimento social” en el que decenas de niños inuit fueron separados de sus familias y trasladados a vivir a Dinamarca, donde sufrieron un proceso de desnaturalización para adoptar la lengua y las costumbres de la metrópolis. En ambos casos se llegó a un acuerdo entre los demandantes y el Estado danés, por el que se compensó con una indemnización a las víctimas y, por lo tanto, los casos nunca terminaron en los tribunales. Sin embargo, en el 'caso de la espiral' hasta ahora no ha habido ningún acuerdo entre las víctimas y Dinamarca. 

Creo que sería muy útil hablar sobre los distintos tipos de anticonceptivos hormonales de forma sencilla, tiempo máximo de uso recomendado, ventajas, desventajas, efectos adversos. Un saludo y gracias!

Dentro del ámbito de la salud reproductiva, existen cinco categorías de métodos anticonceptivos:

1- Los métodos barrera: Incluyen al preservativo masculino y femenino, ambos eficaces en la prevención del embarazo y la reducción del riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS). Adicionalmente, está el diafragma, aunque no ofrece protección ante ITS.

2- El dispositivo intrauterino (DIU): Consiste en un dispositivo colocado en el útero en una consulta médica. Actúa como un cuerpo extraño, impidiendo el embarazo. Dependiendo del tipo de DIU, éste dura un número determinado de años. Existen dos clases: el DIU no hormonal (por ejemplo, el de cobre) y el DIU hormonal, que contiene gestágenos que adelgazan el endometrio y pueden modificar el flujo menstrual. El primero puede aumentar el sangrado, mientras que el segundo puede hacerlo disminuir o incluso desaparecer.

3- Los métodos hormonales: Aquí encontramos anticonceptivos que contienen estrógenos y gestágenos o los que contienen solamente gestágenos, inhibiendo la ovulación. Los que incorporan ambas hormonas se conocen comúnmente como “la píldora” y se administran vía oral. También existen en formato parches semanales y en anillo vaginal que funcionan de manera similar. Los métodos con solo gestágenos incluyen la minipíldora, el DIU hormonal, el implante hormonal (colocado en el brazo) y las inyecciones trimestrales de gestágenos. Es necesario evaluar médicamente a cada paciente antes de utilizar estos métodos.

4- Métodos quirúrgicos definitivos: La vasectomía (en el hombre) y la ligadura de trompas (en la mujer). La primera es más recomendable debido a su menor riesgo y uso de anestesia local.

5- Métodos naturales. Advertencia: La OMS los incluye en su lista de métodos anticonceptivos, pero también advierte de que no existen tasas de eficacia fiables. Consiste en identificar los días fértiles y no fértiles. Aquí tenemos el método del calendario, el método de la temperatura, el método billings,… El más completo es el método sintotérmico (combina el calendario con la observación de la temperatura, el moco cervical y la altura del cérvix). El método sintotérmico requiere un tiempo previo de entrenamiento para aprendizaje (un mínimo de 6 meses) y hay que ser muy contundentes evitando el coito sin barrera los días de la ventana fértil.

Es fundamental que cada mujer realice una consulta médica para evaluar qué método anticonceptivo es el más adecuado para su situación particular, teniendo en cuenta los riesgos y beneficios de cada uno.

Los talibanes han impedido la venta de anticonceptivos en dos de las principales ciudades de Afganistán, alegando que su uso por parte de las mujeres es una conspiración occidental para controlar a la población musulmana.

Según ha podido saber The Guardian, los talibanes han estado yendo de puerta en puerta, amenazando a las matronas y ordenando a las farmacias que vacíen sus estanterías de todos los medicamentos y dispositivos anticonceptivos.

“Vinieron armados dos veces a mi tienda y me amenazaron para que no pusiera a la venta píldoras anticonceptivas. Están haciendo controles regulares en todas las farmacias de Kabul y hemos dejado de vender los productos”, dice el propietario de una tienda de la ciudad.

Una experimentada matrona que no quiere revelar su nombre señala que la han amenazado en varias ocasiones. Cuenta que un comandante talibán le dijo: “No tienes permiso para salir y promover el concepto occidental de control de la población, esto es un trabajo innecesario”.

Otros farmacéuticos de las ciudades de Mazar-e Sarif y Kabul confirman que les han ordenado no guardar ningún medicamento anticonceptivo en el almacén. “Desde principios de este mes en la farmacia no se permite tener artículos como inyecciones de Depo-Provera o píldoras anticonceptivas, y tenemos demasiado miedo como para vender las existencias”, dice otro propietario de una farmacia en Kabul.

Se trata del último ataque contra los derechos de las mujeres por parte de los talibanes, que, desde que recuperaron el poder en agosto de 2021, han puesto fin a la educación secundaria de las niñas, han cerrado las universidades a las jóvenes, han obligado a muchas mujeres a abandonar sus trabajos y han restringido su autonomía para salir de casa.

En un país con un sistema sanitario ya de por sí frágil, la restricción de los anticonceptivos va a suponer un golpe terrible. Una de cada 14 mujeres afganas muere por causas relacionadas con el embarazo y Afganistán es uno de los países más peligrosos del mundo para dar a luz.

El Ministerio de Salud Pública talibán en Kabul no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto y el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Afganistán no ha respondido a las preguntas de The Guardian.

Los combatientes talibanes que patrullan por las calles de Kabul han dicho a las fuentes que “el uso de anticonceptivos y la planificación familiar son una estrategia occidental”.

“Vivimos en un entorno asfixiante”

Zainab tiene 17 años y se casó hace dos en la ciudad septentrional de Mazar-i-Sharif. Cuando su matrona le comunicó el veto de los anticonceptivos la semana pasada, se quedó conmocionada.

“Usaba anticonceptivos en secreto para evitar un embarazo inmediato; quiero criar bien a mi hija, con servicios sanitarios y educativos adecuados, pero mis sueños se hicieron añicos cuando la comadrona me informó la semana pasada de que no tenía píldoras ni inyecciones anticonceptivas para ofrecerme”, dice. “Dejé la educación para casarme y no quiero que el destino de mi hija sea el mismo, busco un futuro diferente para mi hija pero la última esperanza de planificar mi vida se ha terminado”.

“El control de los talibanes no solo sobre el derecho humano de las mujeres a trabajar y estudiar, sino ahora también sobre sus cuerpos, es escandaloso”, dice Shabnam Nasimi, activista social nacida en Afganistán y residente en Reino Unido. “Tener acceso a servicios de planificación familiar y de anticoncepción sin ningún tipo de coacción es un derecho humano fundamental, esta autonomía y libertad forman parte esencial de los derechos de las mujeres, de la misma manera que el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la vida, a la salud sexual, a la salud reproductiva y otros derechos humanos básicos”.

Otra matrona que huyó de Kabul después de que los talibanes la amenazaran de muerte y sigue en contacto diario con sus compañeras que se han quedado en el país afirma que la “prohibición de los anticonceptivos afectará drásticamente a la ya deteriorada salud reproductiva en el país”. “Temo que con esta medida se pierdan los logros obtenidos en la última década”.

Fatimah, comadrona en Kabul, sostiene: “Vivimos en un entorno asfixiante. No me había sentido tan insegura en toda mi carrera”.

El acceso a la salud

Incluso antes de que los talibanes volvieran al poder, un informe de Human Rights Watch de 2021 mostraba cómo la mayoría de las mujeres afganas no tiene acceso a la información más básica sobre salud materna y planificación familiar.

“Lo que se pone de manifiesto es la imagen de un sistema cada vez más inaccesible para un porcentaje de mujeres afganas, estimado entre el 61% y el 72%, que vive en la pobreza, y que las mujeres suelen tener más hijos de los que desean por la falta de acceso a los métodos modernos de anticoncepción, se enfrentan a embarazos de riesgo por falta de atención sanitaria y se someten a procedimientos que podrían hacerse de manera más segura con el acceso y uso de técnicas más modernas”, decía el informe.

Activistas piden a los talibanes que respeten los acuerdos internacionales que amparan el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. “El acceso a la anticoncepción y el derecho a la planificación familiar no es solo un tema de derechos humanos, también es fundamental para la formación de las mujeres y para sacar a un país de la pobreza”, dice Nasimi. “Está ampliamente aceptado que el Corán no prohíbe el uso de anticonceptivos, ni prohíbe a las parejas controlar los embarazos o el número de hijos que quieren tener. Los talibanes no tienen derecho a limitar el acceso a la anticoncepción basándose en su propia interpretación del islam”. El Corán avala que las mujeres dejen pasar un tiempo entre embarazo y embarazo para criar a sus hijos.

Ustad Faridoon, portavoz de los talibanes que reside en Kandahar, asegura a The Guardian que no apoya la prohibición total. “A veces el uso de anticonceptivos es médicamente necesario para la salud materna. La sharia permite el uso de métodos anticonceptivos si existe riesgo para la vida de la madre. Por tanto, una prohibición total de los anticonceptivos no es correcta”.

Varias voces expertas en derechos reproductivos con las que The Guardian se ha puesto en contacto no han querido hacer declaraciones por motivos de seguridad.

Traducción de Francisco de Zárate.

“La regla dejará de ser un tabú”, dijo hace unos meses la ministra de Igualdad, Irene Montero, al referirse al proyecto de ley de salud sexual y reproductiva (aprobada por el Congreso hace algunos días), que incluye la novedad de las bajas por ciclos menstruales dolorosos. 

La afirmación de la ministra vino a confirmar que la menstruación sigue siendo –al menos para muchas personas y en ciertos ámbitos– un tema del que “no se habla”. Y no hablar de algo suele propiciar el desconocimiento y la desinformación. 

En este caso concreto, el tabú ocasiona que se hable poco de la posibilidad ya existente de dejar de menstruar todos los meses y hacerlo solo cada tres o cuatro meses, o una vez al año, o incluso con menos frecuencia. Esto es posible gracias a los anticonceptivos de pauta continuada.

¿De qué se trata? Son unos anticonceptivos hormonales –tanto en forma de píldoras como de implantes o dispositivos intrauterinos (DIU)– que interrumpen el proceso natural de ovulación durante lapsos extensos, sin los descansos de los métodos convencionales.

Cómo aumentar la duración de los ciclos menstruales

Las píldoras anticonceptivas tradicionales funcionan con ciclos de 28 días: en general, durante 21 días se toman comprimidos activos y en los siguientes siete, inactivos. Durante esta semana es cuando se produce un sangrado, parecido (aunque menos abundante) a la menstruación.

Esta es en realidad una “falsa menstruación”, ya que la mujer no ha ovulado. De todos modos, el organismo se desprende de la capa que había recubierto la matriz, preparándola para la eventual llegada de un óvulo fecundado. Es decir que el sangrado se deriva de una suerte de “descamación”

Las píldoras de pauta continuada, en cambio, no incluyen siete días inactivos cada 28 activos. El descanso llega después de 90 días si se procura tener la regla cada tres meses, o cada 120 días si se desea tenerla cada cuatro meses, o incluso después de un año, si es ese el lapso elegido.

Al no haber descanso tampoco existe sangrado y, por lo tanto, se suprime el periodo. Es tan simple como eso. En el caso de los implantes o DIU hormonales, lo que se hace para retrasar o evitar la menstruación es aumentar la dosis de hormonas.

Después de dos años con un DIU de una dosis más alta que lo habitual de progestágenos, hasta el 50% de las mujeres informan que dejan de tener la regla, según un informe de la Clínica Middlesex, con sede en Estados Unidos.

Razones para dejar de tener la regla todos los meses

Casi la mitad de las mujeres (el 47,2%) optaría por los anticonceptivos de pauta continuada, según el estudio Flexo, realizado por científicos españoles y publicado en 2018 en la revista especializada The European Journal of Contraception & Reproductive Healthcare. 

Los principales motivos de las encuestadas que elegirían ese método fueron el deseo de reducir la cantidad de menstruaciones y, así, evitar los síntomas relacionados con ese proceso.

Entre esos síntomas se destacan –además del ya mencionado dolor– la retención de líquidos, la sensación de cansancio y las alteraciones en el estado de ánimo. Pero no son esas las únicas razones por las cuales dejar de menstruar todos los meses puede mejorar la calidad de vida.

También resulta muy valioso para mujeres con hipermenorrea (sangrado demasiado abundante o prolongado) o alguna afección que empeore durante la regla, como endometriosis o anemia.

De hecho, un panel de especialistas españoles, consultado al respecto, consideró que la pauta continuada “proporciona una mejoría del dolor pélvico crónico y un aumento de la calidad de vida relacionada con la salud en las mujeres con endometriosis”.

Y también para personas con ciertos problemas físicos o mentales. “El 75,3% de las familias de adolescentes con discapacidad psíquica solicitan al médico la supresión de la menstruación, ya que esta les producen cambios físicos y de humor difícilmente controlables, que se unen a problemas higiénicos”.

Así lo explica un trabajo de Lucía Gómez Mompeán, médica del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de Granada. Su texto añade otros casos en los que la anticoncepción de pauta continuada puede resultar idónea para el desarrollo de sus actividades profesionales o laborales, como las deportistas de élite o miembros de las fuerzas armadas.

¿Hay algún riesgo en no menstruar cada mes?

Dadas las ventajas de dejar de menstruar con la frecuencia natural, ¿por qué no hacerlo? ¿Implica algún riesgo? Entre las mujeres que participaron en el citado estudio Flexo, los principales motivos esgrimidos para no hacerlo fueron “el deseo de tener ciclos mensuales” y el temor de no advertir –a causa de la falta de regla– un posible embarazo.

Otra consecuencia negativa del uso de anticonceptivos de pauta continuada es que suele producir sangrados intermenstruales, en días aleatorios. Pero en general son de poca cantidad y desaparecen después de pocos meses de haber comenzado a tomar esta clase de píldoras.

Más allá de esos datos, de todas formas, las conclusiones del trabajo especifican que “muchas mujeres eligieron la pauta continuada después de haber recibido información” detallada sobre esta alternativa.

En efecto, los expertos coinciden en que –a menos que la mujer tenga algún problema específico– el uso de anticonceptivos hormonales de pauta extendida no supone mayores riesgos que los tradicionales con 21 días activos y siete inactivos (o la alternativa de 24 activos y cuatro inactivos).

Según un estudio de científicos del Reino Unido, “los datos disponibles sobre la seguridad de los regímenes prolongados de píldoras no son motivo de preocupación”, aunque los investigadores subrayan –como es normal ante prácticas relativamente nuevas– la necesidad de recopilar más datos a largo plazo.

Los anticonceptivos de pauta continuada son una opción “eficaz y segura”, añaden especialistas de Italia, Estados Unidos y Suiza en un trabajo posterior. Y apuntan que tales métodos están “infrautilizados, probablemente debido a la falta de conocimiento de su disponibilidad y utilidad entre las mujeres”.

Por lo demás, los anticonceptivos que reducen la frecuencia de la menstruación están contraindicados para los mismos casos en que no se recomiendan otros métodos hormonales: mujeres que fuman mayores de 35 años (pues aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular) o que padecen otras afecciones, como diabetes, hipertensión, colesterol muy elevado, cáncer de mama, etc.

Desde luego, si la regla se torna irregular, disminuye su frecuencia o desaparece sin que la mujer haya comenzado a utilizar anticonceptivos hormonales de pauta continuada, se debe consultar cuanto antes con un profesional, para conocer el motivo y, si representa un problema, tratarlo de forma apropiada.

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La regla le duele a casi todas las mujeres. Son un 71,2% de las que tienen entre 15 y 49 años las que responden que sí cuando se le pregunta, tal y como ha hecho la Sociedad Española de Contracepción (SEC). La organización ha presentado este jueves los resultados de su encuesta anual sobre anticoncepción, que esta vez ha interrogado también a las 1.800 mujeres que conforman la muestra sobre la menstruación. No a todas, sin embargo, les duele igual: casi la mitad, el 45%, requiere usar medicación analgésica y un 33% ha sentido en alguna ocasión la necesidad de pedir la baja o no acudir a su actividad diaria por este motivo, pero solo la mitad de estas, el 16,8%, lo ha hecho.

Es una de las conclusiones más destacadas del sondeo, que por primera vez se ha planteado el tema después de que la reforma de la Ley del Aborto incluyera una baja especial por reglas dolorosas. La norma ya está tramitándose en el Congreso, pero en su momento la medida causó un enorme revuelo y fue muy debatida en el seno del Gobierno. Justo este jueves el Ejecutivo anunciaba otra medida que tiene que ver con la menstruación: la rebaja del 10 al 4% del IVA de los productos para la regla, a los que se añaden también los preservativos y anticonceptivos.

La portavoz de la SEC, Paloma Lobo, considera que aquello “sirvió para visibilizar” un tema “muy silenciado y que es tabú”, ante lo que ha destacado la importancia de “investigar” y arrojar luz sobre la menstruación. “Cuando estudias ginecología, la regla, que tiene la mitad de la población, ves que está muy poco representada”, ha añadido.

Entre los resultados obtenidos, hay un gran número de mujeres que afirma tener dificultades para hacer su vida normal a consecuencia del dolor y/o del sangrado de sus reglas, en concreto, el 37,6%, mientras que dos de cada diez utilizan anticonceptivos como tratamiento de los síntomas asociados.

Todos los porcentajes se elevan en el caso de mujeres jóvenes. Por ejemplo, seis de cada diez chicas de entre 20 y 24 años requieren medicación por el dolor y la mitad han sentido alguna vez la necesidad de no acudir al trabajo, a clase o a su actividad diaria. Entre las menores de 25 años, un 30% ha acabado no yendo en alguna ocasión.

Actualmente es posible que las mujeres se pidan una baja en el trabajo debido al fuerte dolor que pueden experimentar, pero es algo muy poco habitual. La intención del Gobierno con la regulación de una incapacidad temporal especial es que sean incapacidades pagadas al 100% por la Seguridad Social desde el primer día. Según revela la encuesta, más de la mitad de las mujeres considera que actualmente no acudir al trabajo por dolores menstruales “puede tener consecuencias laborales” negativas.

El preservativo, el anticonceptivo más utilizado

La encuesta de anticoncepción, que solo pregunta a mujeres, dibuja este año un panorama que sigue las tendencias de sondeos anteriores. La edad media de inicio de las relaciones sexuales es de 18,3 años, una edad que se ha ido adelantando con el paso de las generaciones: de esta forma, las menores de 20 inician de media las relaciones sexuales a los 16,2 años, mientras que las mayores de 49 lo hicieron a los 19,7. En total, el 86,8% de las mujeres menores de esa edad han mantenido relaciones sexuales en alguna ocasión.

En cuanto al uso del método anticonceptivo, la mitad declarara que “nunca” las mantiene “sin algún método anticonceptivo”; el 20,2% señala que no lo hace “casi nunca” y casi una de cada cuatro, el 24,5%, reconoce que mantiene relaciones sexuales sin protección “con bastante frecuencia”.

Como ha ocurrido en balances anteriores, el preservativo sigue siendo el método anticonceptivo más utilizado, que reconoce usar un 35,7% de las mujeres. Le sigue la píldora (17%) y a mucha distancia los demás: el DIU hormonal (3,8%), el DIU de cobre (2,9%), el anillo vaginal (1,9%) o el implante (1,7%). El 22,4% de las mujeres afirma que no utiliza ninguno.

Un dato que “condiciona el riesgo de un embarazo no deseado”, reza la Sociedad Española de Contracepción, que divide la cifra: el 27,5% no utilizan ningún método porque no mantiene relaciones sexuales, el 35,9% asegura no precisarlo por diferentes condiciones (menopausia, infertilidad o deseo de embarazo) mientras que el 34,3% restante sería la proporción de mujeres que están en riesgo de embarazo no deseado.

En cuanto al uso del preservativo, la sociedad médica advierte de que se considera un método “de baja eficacia” debido “en muchas ocasiones a problemas de uso”. De hecho, un tercio de las mujeres que lo utilizan reconocen hacerlo “de forma inconsistente” y entre los motivos destacan que “fueron relaciones imprevistas y no estaba disponible” (un 26%), “pérdida de sensibilidad” (19,2%), “interrumpe la relación” (12%), “el precio” (12,3%) o que el hombre con el que mantenían relaciones sexuales no quería usarlo (12,3%).

Que no haga falta receta médica para acceder a uno de los dos tipos de píldoras anticonceptivas disponibles. Es lo que este lunes, coincidiendo con el Día Mundial de la Anticoncepción, han reclamado tres sociedades médicas que se han unido para emitir su posicionamiento. La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la de Médicos Generales y de Familia (SEMG) reclaman la dispensación libre en las farmacias de la píldora de solo gestágenos, que ha demostrado tener “un perfil de eficacia y seguridad muy alto”, afirman.

Los firmantes parten de la base de que la anticoncepción “es un derecho que tiene la mujer para planificar su salud sexual y reproductiva”, que “no es una patología o un problema de salud”, por lo que “no debería verse a priori como un criterio de tratamiento médico”, ha manifestado Eduardo Sauté, vicepresidente de SEFAC y coordinador del texto. “Las mujeres son las únicas dueñas de su salud sexual y reproductiva, las únicas que pueden tomar la decisión siempre bien informadas por los profesionales sanitarios”, ha añadido Neus Caelles, miembro del Grupo de Salud de la Mujer.

El objetivo es “minimizar las barreras de acceso” a un anticonceptivo que usa el 18% de la población femenina, solo por detrás del preservativo, que eligen el 31% de las mujeres, según la Sociedad Española de Contracepción (SEC). Los firmantes consideran que el requisito de la receta médica, que ya han eliminado países como Reino Unido, puede ser “un obstáculo” para las mujeres y creen que el acceso libre servirá para garantizar mejor “la continuidad de los tratamientos” como vía para intentar reducir la incidencia de embarazos no deseados.

Según una reciente encuesta, el 52% de las mujeres de entre 18 y 45 años han intentado comprar alguna vez la píldora sin receta. El 26% tuvo que dejar de tomarla en algún momento por no poder acudir al médico y el 23,7% por haberla perdido o no llevarla a la farmacia. De las mujeres que tuvieron que interrumpir la toma, seis de cada diez consideró haber estado en riesgo de embarazo y una de cada diez tuvo un embarazo no planificado por este motivo. “No tiene sentido que una mujer, una vez ha tomado su decisión anticonceptiva, tenga barreras para ejercerla”, ha defendido María Blasco, coordinadora del Grupo de Atención a la Mujer de SEMERGEN.

Las sociedades médicas han optado por “comenzar” esta propuesta con los anticonceptivos orales de solo gestágenos, la píldora de desogestrel 75 microgramos. El otro tipo de píldora es la combinada de estrógenos y progesteronas. Las primeras “tienen un mayor perfil de seguridad y efectos secundarios muy leves”, dice Caelles. La experta explica que el riesgo de tromboembolismo venoso de los anticonceptivos, que aún así es más bajo que el que se da con el embarazo, “no ocurre con los anticonceptivos de solo gestágenos”, que “tienen pocas contraindicaciones e interacciones”.

“Los exámenes pélvicos y mamarios, las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino y las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual no son necesarias antes de iniciar la anticoncepción hormonal y no deben usarse como razones para negar su acceso”, incide el posicionamiento impulsado por las sociedades, que invitan al resto a sumarse y recuerdan que la Organización Mundial de la Salud ha concluido que “los farmacéuticos pueden evaluar de manera eficiente a las mujeres para el uso seguro” de esta píldora, tal como sucede ya con la anticoncepción de urgencia.

De hecho, los firmantes apuestan por que la dispensación del medicamento esté “bajo la supervisión y control” de las farmacias, basando su intervención en “la comunicación y derivación al médico cuando sea preciso”. Sin embargo, la propuesta respalda que la píldora cuente con financiación pública, ha aclarado Lorenzo Armenteros, coordinador del Grupo de Salud de la Mujer de SEMG. “Un envase está alrededor de lo que puede costar uno de paracetamol. Lo lógico sería que estuviera financiado por la Seguridad Social, es un derecho”, ha concluido.

La llamada píldora del día después ha vuelto a centrar la atención. Hace 21 años que empezó a venderse en España y 13 desde que es de acceso libre, pero aún sigue generando polémica y extendiendo bulos que nada tienen que ver con la realidad. La reforma de la Ley del Aborto que el Gobierno ha enviado ya al Congreso contempla la obligación de que todas las farmacias cuenten con existencias de anticoncepción de urgencia, lo que ha sido tildado como una “caza de brujas” desde sectores conservadores, que han aprovechado para dar pábulo a varios mitos que criminalizan su uso.

Pese a que en múltiples ocasiones se esté hablando de ella como tal, la Píldora Anticonceptiva de Urgencia (PAU, por sus siglas) no es un medicamento abortivo. “Es completamente falso. Su mecanismo de acción es que inhibe o retrasa la ovulación, es decir, impide que el óvulo salga del ovario. Si una mujer se toma la píldora y el óvulo ya ha salido y está camino de fecundar o ha fecundado un espermatozoide, no será eficaz y no evitará el embarazo”, explica Isabel Lahoz Pascual, ginecóloga y portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).

De ahí, que la recomendación sea tomarla cuanto antes una vez se ha producido la relación sexual de riesgo. Existen dos tipos en función de los principios activos que contienen: levonorgestrel y acetato de ulipistral. La primera, la más habitual, se puede administrar hasta tres días después, mientras que el margen se alarga hasta los cinco con la segunda, que es algo más efectiva. En ambos casos, sin embargo, lo preferible es que se tome en las primeras 24 horas porque reducen su eficacia a medida que pasa el tiempo. Según datos de la SEC, hasta un 38% de las mujeres en edad fértil reconoció en 2019 haberla tomado al menos una vez.

Que las mujeres, sobre todo las jóvenes, toman la píldora de emergencia “como gominolas” o incluso que se utiliza como un anticonceptivo son otros de los mitos más habituales y la amenaza estrella que ya se enarboló insistentemente en 2009, cuando se aprobó la venta libre sin receta de la píldora de levonorgestrel –en 2015 se habilitó el acceso libre al acetato de ulipistral–.

“Es una visión muy infantilizadora y culpabilizadora de las chicas; ponerlas como irresponsables cuando no es así. Al final, cualquier uso que se haga de este medicamento ya es demasiado porque es que lo que se pretende con esos comentarios es que no se use”, cree Cristina Puig, coordinadora del Consorcio Europeo para la Contracepción de Emergencia. La farmacéutica y miembro de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, Neus Caelles, coincide en que “es una última oportunidad para no tener un embarazo no deseado” y apunta a que “las relaciones sexuales continúan existiendo haya o no acceso fácil a ella”.

De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la anticoncepción de urgencia “un derecho” de las mujeres y niñas y un método que “debe integrarse sistemáticamente en todos los programas nacionales de planificación familiar”. “Habrá casos de abuso como puede haber de cualquier otro medicamento, pero el discurso de que la toman 'como gominolas' solo pretende generar desconfianza a pesar de que se ha probado de sobra su eficacia y seguridad”, sostiene la sexóloga Ray Puig.

La experta señala varios motivos que llevan a las adolescentes a no abusar de la píldora. “Principalmente por el precio que tiene”, que según el Consorcio Europeo para la Contracepción de Emergencia se sitúa entre los 15 y 30 euros, un presupuesto que “suele ser muy alto” para las personas jóvenes. Además, persiste “muchísima desinformación y mitos sobre su uso que hace que las chicas sean muy reticentes a usarla”. “Con ellas funciona el boca a boca, con lo que es difícil desmontarlos cuando los tienen tan arraigados y los comparten mucho entre ellas”, añade la sexóloga.

Las especialistas apuntan a otro bulo común: que facilitar el acceso favorece las relaciones sexuales de riesgo. Sin embargo, Puig apunta a que los motivos que hay detrás “son varios y diversos” e intentar reducirlos a la píldora de emergencia es “atrevido”. “Estos mensajes solo intentan demonizar más el uso de un medicamento útil y necesario, y de manera bastante poco sutil, alejar otros elementos que sí favorecen las prácticas de riesgo. Desde la falta de recursos a la escasez de centros específicos de salud sexual o la falta de información y educación sexual integral en la población”, opina.

Los mitos sobre la salud

“Otro de los mitos más comunes es que es una bomba hormonal, pero no es así”, prosigue Lahoz, que pone el foco en que “no tiene ningún problema de seguridad”. Con el acetato de ulipistral “hay que estar atentos en alguna situación determinada”, en concreto, cuando la mujer tiene una insuficiencia hepática grave, mientras que con levonorgestrel “no hay ninguna contraindicación”.

“Además, es falso que los efectos secundarios sean peligrosísimos, otra de las cosas que se dicen a veces, sino que son leves y transitorios. Nauseas, algún vómito...pero infrecuentes”, añade la ginecóloga.

Tampoco la píldora del día después altera la fertilidad. “No es así. La manera que tiene de actuar es que inhibe o retrasa la ovulación, ese es su mecanismo de acción, pero no está descrito ningún problema de ese tipo”, afirma Caelles, que desmonta otro bulo: “Tampoco se puede tomar solo dos o tres veces a lo largo de la vida, no hay ninguna evidencia. Los criterios de elegibilidad de la OMS no ponen ningún impedimento a tomar la anticoncepción de emergencia tantas veces como sea necesario. Cuando ves que una usuaria toma muchas, no me preocupa tanto la seguridad, sino que esté mejor protegida con anticoncepción regular”, añade la farmacéutica.

Sin embargo, la desinformación no solo se encuentra entre la población, también entre los propios profesionales hay quienes “no tienen una opinión consistente sobre los términos en los que deben aplicar” la píldora, concluyó un estudio publicado el año pasado por el Consorcio Europeo para la Contracepción de Emergencia, que entrevistó a 80 farmacias de diferentes ciudades. Y los hay, además, que apelan a la objeción de conciencia para evitar vender el fármaco, aunque las expertas consultadas consideran que son una minoría.

¿Objeción de conciencia?

El mayor revuelo tras la aprobación de la reforma de la Ley del Aborto a principios de septiembre llegó precisamente por este tema, sobre el que el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se pronunció de forma contundente. El organismo cuestiona el precepto de la norma que obliga a que las farmacias cuenten con existencias suficientes de la píldora y reclaman que se contemple “expresamente” la objeción de conciencia de los farmacéuticos para evitar caer “en inseguridad jurídica”.

Las expertas consultadas, sin embargo, son escépticas con que pueda aplicarse para un fármaco como este. “No es una píldora abortiva, así que no lo acabo de ver muy justificado”, incide Caelles, que en todo caso cree que, si así fuera, el farmacéutico “debería asegurar que la usuaria puede acceder” a ella “porque la objeción de conciencia no puede estar por encima de su derecho”. “Me llama la atención porque es que si tu conoces bien el mecanismo de acción, no vas a pensar que es abortiva”, añade Lahoz.

Aún así, existe el precedente marcado por el Tribunal Constitucional, que amparó a un farmacéutico de Sevilla que se negó a vender la píldora del día después a una mujer ejerciendo el derecho a la objeción de conciencia. También se había negado a vender preservativos, pero los jueces no le respaldaron en este extremo. “Está claro que quienes se niegan a venderla o extienden bulos sobre ella tienen una intencionalidad ideológica conservadora. Todo lo asociado a la sexualidad libre de las mujeres y su placer está todavía en parte criminalizado en este país”, concluye Cristina Puig.

La Plataforma Colombine (Plataforma de Mujeres periodistas y feministas de la Región de Murcia) y el Colectivo + Mujeres, ante la noticia aparecida recientemente en prensa donde se informa de la petición del Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia de que se les admita un supuesto derecho a objetar la venta de la píldora del día después, incide en que la denominada ‘píldora del día después’ “no puede definirse como una píldora abortiva sino que se trata de un método anticonceptivo más”: “Cualquier denominación y difusión de un mensaje en esa línea es confuso, y no responde a la realidad ni al uso que se hace de dicho medicamento”, subrayan.

La píldora del día después es un medicamento legal amparado por la ley, por lo que, recuerdan desde Colombine, “debe venderse a quienes lo demanden en los términos que fija esa misma ley”. Se trata de un derecho de las mujeres a utilizar este medicamento “sin tutelas, obstáculos ni objeciones, como cada mujer crea conveniente, en función de su libertad personal”. 

Por otra parte, definen la objeción de conciencia como un derecho deontológico al que los profesionales pueden adherirse con el aval de la ley y de su conciencia. “Esto no exime a dichos profesionales de su responsabilidad de expender los medicamentos considerados legales por nuestras leyes”, matizan, “ampliando información veraz y adecuada de los componentes, posología y efectos secundarios de dicho medicamento”.

 Por el momento, ninguna ley especifica el derecho a negarse a expedir medicamentos de curso legal avalados por la Agencia Europea del medicamento y que en el caso de España se expide en las farmacias desde 2009 sin receta.

Desde la Plataforma Colombine y el Colectivo + Mujeres, subrayan que mezclar la expedición de la ‘píldora del día después’ con la Ley del aborto es “demagogo y falaz”, dado a que se trata de un método anticonceptivo y no abortivo. Es por ello que piden más responsabilidad comunicativa en este sentido y exigen que este medicamento se distribuya en las farmacias de la Región.

Susana está a punto de cumplir 31 años. Pero es demasiado joven para hacerse una ligadura de trompas. Así lo consideró el equipo de ginecología y obstetricia del hospital público Infanta Leonor de Madrid, que en junio de este año rechazó practicarle esta intervención “ante lo inusual de la solicitud, dada la edad de la paciente y la ausencia de gestaciones previas”, según consta en una carta remitida a la paciente. Eso a pesar de que la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley de Autonomía del Paciente consagran el derecho de elegir método anticonceptivo sin discriminación por edad o género. Portavoces tanto de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia como de la Sociedad Española de Contracepción confirman que un médico puede recomendar un método sobre otro, pero no negar el acceso.

Hace ya tiempo que Susana tiene claro que no quiere tener hijos. Y fue hace unos meses cuando se lo planteó en serio y decidió poner en marcha el proceso. Después de hablar con su médica de cabecera y de ser derivada a ginecología, le dieron cita en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, su centro de referencia. “Me atendió una ginecóloga que se sorprendió mucho pero me dijo que en principio no había problema. Sin embargo, llamó a su jefe y ahí escuché que cambió el tono y ya me dijo que al tener 30 años y no tener hijos, eso no se hacía”, explica. Ella argumentó con la Ley de Autonomía del Paciente en la mano y le pidió dejar constancia en su historia de lo que estaba sucediendo. “Me habló de otros métodos y se lo agradecí pero le dije que no me interesaban”. Ante su insistencia, la ginecóloga elevó su caso a una sesión clínica del departamento de ginecología y obstetricia.

Le dieron cita para conocer “el veredicto” pero, antes de acudir, la llamaron por teléfono para avisarle de que su solicitud había sido denegada. “Pensé que quizá había objeción de conciencia y quien me llamó me dijo que en absoluto. Llamé a atención al paciente y empecé una peripecia para reclamar por escrito. En una carta fechada el 16 de junio de 2022 y firmada por la directora gerente del hospital, María del Carmen Pantoja Zarza, el hospital le confirma su negativa ”ante lo inusual de la solicitud, dada la edad de la paciente y la ausencia de gestaciones previas“.

“Tras analizar el caso en dicha sesión se consideró, con consenso de los facultativos, recomendar no realizar la intervención solicitada por la paciente de esterilización permanente e irreversible al considerar que no existe ninguna contraindicación para el uso de otros métodos anticonceptivos alternativos, y no irreversibles, ya informados a la paciente por la doctora Calvo, más adecuados para las condiciones clínicas que esta paciente presenta”, reza la carta, que también “toma en consideración” que existe una tasa de arrepentimiento del 20%, según la bibliografía. El propio hospital le insta a que puede “ejercer su derecho a la libre elección de centro” si “no la considera satisfactoria” la decisión clínica tomada.

La respuesta indignó a Susana: “¿Un grupo de ginecólogos se ha reunido para decidir por mí mi método anticonceptivo?”. Sobre la falta de contraindicaciones, la mujer explica que no le hicieron ninguna prueba, tal como ha reflejado en los recursos de reposición y reclamaciones que ha presentado ante varias instancias. Además, y haciendo uso de esa libertad de elección de centro, Susana acudió a otro hospital público de la comunidad, donde ya le han realizado el preoperatorio. Ahora solo espera la cita para la intervención.

“No debería pasar”

El ginecólogo y presidente de la Sociedad Española de Contracepción, José Gutiérrez Ales, constata que casos así “no deberían suceder”. “Cuando la mujer es joven tenemos que dejar constancia en su historia de que le hemos ofrecido métodos alternativos que son igualmente efectivos y que es ella la que los ha desechado. El problema es que así elimina su fertilidad de un plumazo y con la cantidad de años que le quedan a lo mejor sus necesidades dentro de un tiempo se modifican. Pero nosotros no somos quién para decirle que sí o que no se opte por esa intervención”, afirma. Gutiérrez Ales se remite a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que regula el acceso a los métodos anticonceptivos “sin ningún requisito de edad”. “El riesgo beneficio no está claro en todos los casos, pero nuestra capacidad de informar no debe ser invasiva”, concluye.

Sobre que el caso pudiera ser motivo de objeción de conciencia, el médico advierte de que, en cualquier caso, la objeción debe ser siempre a priori, y no a posteriori. Es decir, el servicio de ese hospital debería comunicar por adelantado que no lleva a cabo ese tipo de intervenciones y no esperar a que llegue una paciente con esa casuística. El abogado Francisco José Pavón Chisbert, que dirige su propio despacho y colabora con la organización especializada Apoyo Positivo, subraya que las normas deontológicas actuales son contradictorias sobre la posibilidad de aplicar la objeción de conciencia a la ligadura de trompas. Cree que, precisamente por eso y para evitar un problema legal, la respuesta que el hospital le dio a Susana utiliza otros argumentos y no explicita el asunto de la objeción. Chisbert revisó con la mujer su caso y le aconsejó interponer varios recursos ante diferentes administraciones, desde el hospital hasta la consejería y el Ministerio de Sanidad, que ya han sido cursados. Esta redacción se puso en contacto con la Consejería de Sanidad de Madrid para consultarle por este caso, pero aún no ha obtenido respuesta.

La abogada especializada en atención al paciente y violencia obstétrica Emilia de Sousa es de la misma opinión: “Cuando a una mujer se le niega la realización de la ligadura de trompas no se sustentan en la objeción porque tiene difícil encaje legal, ya que hablamos de un método anticonceptivo y de derecho a la salud sexual y reproductiva y de autonomía personal, sino que la negativa se suele fundamentar en la clínica de la mujer, en la edad, en no haber tenido hijos anteriormente etc”. Además, añade, en este caso la negativa no sería de un solo médico sino de un servicio entero, lo que, según la doctrina del Constitucional, sí ocasiona un perjuicio a la mujer porque tiene que iniciar todo el proceso de nuevo en otro centro o ir a una clínica privada.

A preguntas de elDiario.es, el hospital insiste en una respuesta escrita en que “ante lo inusual de la solicitud, dada la edad de la paciente y la ausencia de gestaciones previas, se consideró (siguiendo en todo momento el criterio clínico y tras analizar el caso en sesión clínica, con consenso de los facultativos, y siguiendo el protocolo definido en nuestro hospital) recomendar no realizar la intervención solicitada (...) al considerar que no existe ninguna contraindicación para el uso de otros métodos anticonceptivos alternativos, y no irreversibles, ya informados a la paciente por su doctora. Las condiciones concretas de la paciente son las que hicieron tomar esta decisión”. El centro ha rehusado detallar a qué protocolo se refiere ni si existían otras condiciones –más allá de la edad y la ausencia de hijos– que no hayan sido explicitadas en la carta y que hicieran inviable la intervención.

Derecho a decidir

La doctora y secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Corazón Hernández, subraya que la Ley de Autonomía del Paciente permite que una mujer, siempre que sea mayor de edad, se haga una ligadura de trompas. “Cuando llega una mujer joven que no tiene hijos y que la solicita suele generar un conflicto, pero eso es una cuestión del propio profesional, no de limitaciones que puedan existir en normas o protocolos; no hay una limitación en la cartera de servicios”. Para Hernández, una ligadura con esa edad habiendo otros métodos reversibles y con alta eficacia no es la indicación más adecuada, “pero el paciente tiene derecho a decidir conociendo alternativas, pros y contras”.

Sobre la tasa de arrepentimiento, el presidente de la SEC apunta que existen algunos estudios pero con un número muy reducido de casos, por lo que sus resultados “no son muy ilustrativos”. Tanto Gutiérrez Ales como Hernández explican, además, que actualmente la ligadura de trompas no impide a una mujer quedarse embarazada mediante fecundación in vitro. “Se puede y con un buen resultado”, añade la secretaria de la SEGO. En esos casos, la norma sí impide que cualquier hombre o mujer que se haya sometido a una vasectomía o ligadura por voluntad propia acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública. Esas personas podrían acudir a clínicas privadas.

Prejuicios de género

Ese fue otro de los argumentos que el hospital dio por teléfono a Susana. “Que luego iba a ir pidiendo inseminación artificial. Les propuse firmar un documento en el que renunciaba a eso. Yo ya he valorado otros métodos pero no los quiero ni quiero hijos. No tengo por qué acceder a otros métodos si tengo claro lo que quiero”, se reafirma Susana, que asegura que, llegado el caso, existe efectivamente la opción de la inseminación en la privada o la adopción.

Emilia de Sousa defiende que la Ley de Autonomía del Paciente avala a Susana. “El artículo dos establece que la paciente tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información pertinente por parte de los profesionales, entre todas las opciones disponibles y existentes según su caso clínico. Además, dispone que aquellos profesionales están obligados no solo a la correcta prestación de su servicio sino también a respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente”, expresa. Recuerda también que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece que nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones “por motivos de origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, sexo, discapacidad, orientación sexual, edad, estado civil, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El artículo 7 de la norma exige, además, que los servicios públicos velen por “el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción de la cartera de servicios comunes”, que incluyen los métodos anticonceptivos, entre ellos, la ligadura.

“Estas negativas se encuadran más bien en el trato paternalista, inquisidor, discriminatorio y violento que se dispensa en los servicios de ginecología y obstetricia. Un trato que vulnera los derechos de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos con el beneplácito de las instituciones, especialmente instituciones públicas que es donde encontramos las mayores trabas, como pasa con la interrupción voluntaria del embarazo”, concluye Sousa.

La coordinadora del observatorio de derechos de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya, Elena Longares, subraya que la práctica forma parte de la cartera sanitaria y que debe garantizarse el acceso a ella. A la asociación le consta un caso de iguales características que habría sucedido el año pasado en un hospital de Catalunya. “Sabemos las dificultades que hay para que las mujeres y personas con capacidad gestante sigan adelante con las decisiones que toman sobre su propio cuerpo. Prevalece la mirada de profesionales de la salud sobre lo que es una decisión de vida de una persona. Hay prejuicios de género, uno es que todas las mujeres por el hecho de serlo tenemos que tener ganas de tener y de gestar una criatura. El hecho de decidir no hacerlo no se lee desde una decisión sino desde una renuncia”, concluye.

La inmensa mayoría de mujeres en España (un 90%) acceden a métodos anticonceptivos cuando así lo requieren. El estudio internacional sobre contracepción más ambicioso hasta la fecha muestra el cambio que ha vivido nuestro país en los últimos cuarenta años: si en 1979, alrededor de un 23% de mujeres en edad reproductiva que así lo deseaban accedían a una anticoncepción adecuada con métodos modernos, en 2019 esa cifra escaló hasta el 57%. La investigación, publicada este viernes en la revista The Lancet y que incluye datos de 204 países y territorios, permite ver también la particularidad de nuestro país en cuanto a contracepción se refiere. España es el país europeo –también el país desarrollado– donde más mujeres usan el preservativo como método de referencia y donde menos utilizan la píldora.

El estudio está basado en cientos de encuestas de población hechas a mujeres entre 15 y 49 años y ha calculado la tasa de prevalencia de la anticoncepción general, pero también la prevalencia de métodos modernos en cada país, y calcula qué parte de la demanda de contracepción está satisfecha. Por último, compara los resultados de 1979 y 2019 para dar idea de cómo ha evolucionado la anticoncepción en el mundo. Esas encuestas han tenido en cuenta, entre otros factores, las tasas de fecundidad, el deseo de tener hijos en el futuro, la amenorrea postparto, la búsqueda actual de un embarazo o de un embarazo previo, y los métodos utilizados por las mujeres o sus parejas.

La tasa de prevalencia de contracepción es la proporción de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años) que están utilizando –ella o su pareja sexual– al menos un método anticonceptivo. En España, esa tasa era del 57% en 2019, 22 puntos más que en 1970. Tiene en cuenta el uso tanto de métodos moderno como de otros tradicionales, no muy fiables, como los que se basan en el ciclo menstrual y el cálculo de los días fértiles, la marcha atrás, abstinencia periódica, duchas, o la amenorrea durante la lactancia. 

Por otro lado, la tasa de prevalencia de contracepción moderna mide la proporción de mujeres en este periodo vital que utiliza métodos anticonceptivos modernos, como la píldora anticonceptiva, diafragmas, DIU, implantes, inyecciones, parches y anillos, píldoras de emergencia, vasectomías y ligaduras de trompa. Esa tasa es del 57%, 27,5 puntos más que en 1970. 

Las cifras sitúan a España por encima de la media en ambas tasas, la de prevalencia y también en la tasa de anticoncepción cubierta. Los datos, no obstante, oscilan mucho entre unos países y otros: si en Noruega la tasa de anticoncepción moderna escala hasta el 88%, en Sudán del Sur es del 2%. Por eso, la investigación agrupa a los países según su desarrollo económico y social y zona geográfica, y ahí, los registros de España están más en línea con los datos de los estados con un desarrollo medio que con los países de ingresos y desarrollo alto.

“Desconocimiento sobre los anticonceptivos”

España es, junto a Portugal, el país de Europa occidental con la tasa de prevalencia de anticoncepción moderna más baja. La media para esta zona geográfica es del 68%. El 57% de España queda lejos del casi 77% de Francia, del 71% de Suecia, del 81% de Bélgica o del 75,% de Dinamarca. Si bien la demanda satisfecha de contracepción es alta en España (el 90%), la inmensa mayoría de países europeos superan esa cifra.

Hay muchos mitos, sobre todo respecto a las hormonas, los efectos secundarios, la esterilidad... Hay una falta de educación sexual y de acceso a buena información

Raquel Hurtado — Portavoz de la Federación de Planificación Familiar

La particularidad de España tiene también que ver con los métodos anticonceptivos más utilizados. La tendencia, tanto en Europa occidental como en general en los países de ingresos altos, es que la píldora anticonceptiva es el medio más utilizado, seguido bien de los preservativos, bien de la ligadura de trompas. En España, sin embargo, esta tendencia se invierte. El 52% de las mujeres en nuestro país tienen como referencia el condón como método anticonceptivo, seguido de la píldora, con el 23%. El resto de métodos se utilizan mucho menos: el DIU, en un 10% de los casos; la vasectomía, en un 5,6%; la ligadura de trompas, en un 2,9%; las inyecciones las usan un 0,7% de las mujeres en edad reproductiva; y los implantes, un 0,4%.

La portavoz de la Federación de Planificación Familiar, Raquel Hurtado, asegura que estos datos tienen que ver con un “enorme desconocimiento” sobre algunos métodos anticonceptivos. “Hay muchos mitos, sobre todo respecto a las hormonas, los efectos secundarios, la esterilidad... Hay una falta de educación sexual y de acceso a buena información”, explica. Hurtado crítica el déficit de información oficial de calidad y accesible que sirva para contrastar mitos y bulos. Señala también las diferencias entre comunidades autónomas a la hora de financiar y acceder a anticonceptivos de última generación. La atención primaria no tiene formación específica en salud sexual y reproductiva, apunta, y muchas comunidades no invierten en formar a sus profesionales para que puedan recomendar a sus pacientes otros métodos. “Al final mucha gente no sabe a dónde tiene que acudir, si a su médico de atención primaria, a un especialista, a un centro concreto... Hay muchas mujeres que no conocen que existen los implantes o los parches y si no los conocen va a ser muy difícil que los usen”.

Tanto el DIU como los implantes y las inyecciones son métodos más frecuentes es nuestro entorno. En Francia, por ejemplo, el 54% de mujeres acuden a la píldora, el 18% al DIU, el 7,2%, a la ligadura de trompas, y las inyecciones y los implantes llegan a casi el 3% de las mujeres, respectivamente. Solo el 11% de las mujeres francesas tienen como método de referencia el condón. Lo mismo sucede en Alemania, con un 17%, o en Italia, con el 18%. En otros países europeos, la diferencia entre el uso del preservativo y de la píldora no es tan grande (aunque siempre se acude más a esta última), pero el uso del DIU o de las inyecciones es también mayor. 

En cualquier caso, Hurtado considera que una tasa de uso de condón elevada siempre es una buena noticia. “El condón tiene algo que los otros métodos no y es que previene las infecciones. Luego, más allá del dato de uso de preservativo hay que ver si se está utilizando correctamente. En general todo el mundo sabe ponerse bien un condón, pero estamos hablando de si se utiliza o no desde el inicio de la relación, de si se sabe negociar su uso...”. En cualquier caso, la portavoz de la Federación de Planificación Familiar cree que una combinación de buena información y y acceso a anticonceptivos de última generación mejora la capacidad de elegir de las mujeres y de escoger un método que se adapte mejor a sus circunstancias en cada momento de su vida.

Las mujeres más jóvenes, con menos acceso

Los resultados generales señalan un avance muy relevante de la anticoncepción en los últimos 40 años, aunque con diferencias significativas entre zonas del mundo y países. En 2019, 160 millones de adolescentes y mujeres en todo el mundo que querían evitar un embarazo no accedieron a métodos anticonceptivos. Más de la mitad de estas mujeres se concentran en el África subsahariana y en el sur de Asia. Son las mujeres más jóvenes, de entre 15 y 24 años, las que más necesidades tienen sin cubrir. La carencia en este grupo de edad, advierte la investigación, es especialmente preocupante porque los embarazos no intencionados antes de los 25 años tienden a disminuir la presencia de las chicas jóvenes de los sistemas educativos y a reducir mucho sus oportunidades laborales y económicas a medio y largo plazo.

La investigación señala que el acceso a la anticoncepción está estrechamente ligado al empoderamiento social y económico de las mujeres y a la mejora de la salud. Está también relacionada con la reducción de la mortalidad materna y neonatal y con la prevención de embarazos no intencionados. Permitir la planificación familiar y el acceso a métodos contraceptivos favorece, además, que las adolescentes y las mujeres jóvenes se mantengan en el sistema educativo y tengas más oportunidades económicas.

Entre 1970 y 2019 la tasa de acceso a anticoncepción moderna ha crecido 20 puntos porcentuales en todo el mundo. En este periodo de tiempo, el uso de métodos tradicionales ha decaído mientras que ha crecido el uso de implantes, inyecciones, esterilizaciones y condones. También la utilización de métodos depende de la edad y la geografía. Por ejemplo, el porcentaje de esterilizaciones femeninas crece con la edad y es el método más utilizado en el sur de Asia. Las mujeres jóvenes tienden a utilizar más el condón y la píldora que otro tipo de métodos. 

La investigación también pone el foco en la variedad de métodos usados en cada lugar: que solo un método sea el utilizado por gran parte de las mujeres de un país puede indicar que las políticas de planificación familiar no promueven lo suficiente otras medidas o no invierten lo necesario. Por ejemplo, en 28 países, más de la mitad de las mujeres utilizaban el mismo método.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves un proyecto de ley para proteger el acceso a los anticonceptivos en todo el país. La propuesta ha obtenido 228 votos a favor y 195 en contra, solo ocho legisladores republicanos votaron a favor de la medida junto a los demócratas.

Los progresistas han argumentado que este derecho está ahora en entredicho tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que eliminó la protección legal al aborto vigente en EEUU desde hacía 50 años.

El proyecto deberá pasar ahora al Senado, donde las reglas del filibusterismo implican que, en la práctica, casi cualquier legislación necesita una mayoría cualificada de 60 votos para salir adelante. Los demócratas tienen en la actualidad 50 de los 100 escaños de la Cámara, por lo que necesitarían el apoyo de al menos 10 senadores republicanos para sacar adelante la medida.

Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley similar para proteger legalmente el matrimonio homosexual, que recabó el apoyo de 47 legisladores republicanos, además del de todos los demócratas. Algunos medios estadounidenses señalan que este reciente empujón legislativo es una manera de obligar a los conservadores a retratarse frente a asuntos sociales que cuentan con un amplio apoyo social de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

El pasado 24 de junio, el Tribunal Supremo revocó un fallo judicial de 1973 conocido como Roe contra Wade y que protegía el derecho al aborto a nivel federal. Tras esta decisión, el presidente de EEUU, Joe Biden, se comprometió a tomar medidas para proteger el acceso a los servicios de salud reproductiva de las mujeres.

La psicóloga groenlandesa Naja Lyberth tenía 14 años cuando en 1976 le colocaron un dispositivo intrauterino anticonceptivo (DIU) en contra de su voluntad. Su memoria ha intentado olvidar el trauma, y los recuerdos de ese día han quedado borrosos. Solamente recuerda un hombre con bata blanca, una enfermera y un miedo que la paralizaba.  En aquella época, las espirales anticonceptivas no estaban diseñadas para mujeres que aún no hubieran dado a luz, y a pesar de que han pasado 46 años, Lyberth cuenta que aún siente el dolor en su cuerpo cuando revive el momento. 

Entonces Lyberth no lo sospechaba, pero fue víctima de los planes de control de natalidad y planificación familiar forzada que el Gobierno de Dinamarca implantó entre 1966 y 1975 en la excolonia ártica, que hoy mantiene el estatus de territorio autónomo dentro de Dinamarca. Su testimonio ha sido destapado por una investigación periodística de la cadena pública danesa DR en una serie de podcasts bajo el nombre Spiralkampagnen (“La campaña de la espiral”). 

Desde el primer episodio, publicado en mayo, el podcast recoge los datos y testimonios que demuestran que este método anticonceptivo se implantó en Groenlandia a 4.500 mujeres a partir de los 13 años, lo que representaba entonces la mitad de la población fértil de la isla. La investigación también denuncia que muchas de las mujeres tardaron años en descubrir que llevaban puesto un DIU, tras sufrir dolores, infecciones y problemas para quedarse embarazadas, ya que en muchos casos se colocaron sin el conocimiento de las mujeres. Mientras se practicaba este método, en un período de 15 años en Groenlandia la natalidad se redujo a a mitad. 

Mujeres que no sabían

DR también cuenta la historia de Inge Thomassen, una mujer de 61 años que actualmente vive en Kangerlussuaq en la costa oeste de la isla ártica. Cuando tenía 17 años se quedó embarazada, pero cuenta que sus padres le pidieron que abortara, porque creían que un niño sería un impedimento para que encontrara un trabajo. Thomassen fue al hospital de Maniitsoq y cuenta que, meses después de abortar, tuvo “un dolor persistente en el abdomen” pero le dijeron que no pasaba nada y que volviera a casa. “Años después, mi marido y yo queríamos tener un hijo, lo intentamos durante mucho tiempo hasta que en 1995, en un examen rutinario de vejiga, una radiografía mostró que tenía un DIU adentro”, explica. “En ese momento me sentí muy ofendida, ahora pienso que me lo debieron poner cuando fui a abortar”, dice. 

El caso de Inge Thomassen no es extraño, como aseguraba en una entrevista en el diario groenlandés KNR la ginecóloga Aviaja Siegstad: “En los años 90 nos venían mujeres que no podían quedarse embarazadas y era porque, sin ser conscientes, llevaban un espiral puesto”, dice. “No eran muchas, pero todos los ginecólogos que han trabajado en Groenlandia lo hemos vivido”, cuenta. La ginecóloga añade que, en estos casos, el dispositivo DIU que se encontraban era el llamado Lipes Loop, “el mismo que se utilizaba en los años 60 y 70”. 

Naja Lyberth explica cómo desde los 14 años, cuando se le colocó el DIU, cada vez que tenía la menstruación “sentía como si tuviera cuchillos dentro”. En 2017, la psicóloga decidió compartir su experiencia por primera vez en un grupo de Facebook con otras mujeres groenlandesas. Desde entonces, los mensajes de otras experiencias similares a la suya no le han parado de llegar, destapando historias de dolor que muchas veces no habían sido reveladas por vergüenza y miedo al rechazo: “Durante años, sentí que mi abdomen perteneció al Estado, que me había robado la virginidad. Ahora puedo recuperar mi cuerpo”.

“Un impedimento para la modernización” 

Según explica la investigación de DR, en la década de los 60 las autoridades danesas estaban preocupadas por el aumento de la población en Groenlandia. La isla ártica dejó de ser una colonia danesa en 1953 para pasar a ser un distrito administrativo del país escandinavo. Desde Copenhague, se temía que el subsidio económico que cada año se destinaba a la isla ártica se tuviera que triplicar si se tenían que construir nuevas escuelas, hospitales y otros servicios para la población, que aumentaba año tras año. Un informe del Gobierno danés de 1965 recogía que cada año nacían 500 bebés fuera del matrimonio en Groenlandia, de los cuales un tercio eran de madres menores de 20 años. Así se llegó a la conclusión de que el crecimiento demográfico suponía “un impedimento para la modernización” de la isla, cuyos servicios sociales estaban resultando ser más caros de mantener de lo que la administración había previsto inicialmente. 

De esta forma, en 1966 empezó la campaña forzosa de “planificación familiar” y en 1970 se cambió la ley para que los médicos en Groenlandia pudieran recomendar la colocación de las espirales anticonceptivas a las menores de 15 años sin el consentimiento de los padres. Según Peter Bjerregaard, profesor y experto del Centro de Salud Pública en Groenlandia, “no se puede subestimar la importancia de que los médicos, la mayoría hombres daneses, eran vistos por las mujeres groenlandesas como una autoridad, y por lo tanto, no se podían negar a ponerse el espiral”. 

El proyecto se cortó en 1974 después de una conferencia Internacional de Naciones Unidas, donde se criticó duramente los planes de planificación familiar en antiguas colonias como Groenlandia, y donde se pidió que todo el mundo pudiera decidir cuándo y cómo tener hijos. 

Derechos humanos de los inuits

El caso ha tensado las relaciones entre el Gobierno autónomo de Groenlandia y el Gobierno central de Dinamarca. El Consejo por los Derechos Humanos de Groenlandia y el Instituto Danés de los Derechos Humanos emitieron un comunicado denunciando que esta práctica “supuso una clara violación de los derechos humanos”. Desde Nuuk, la capital de Groenlandia, el partido socialdemócrata Siumut fue más allá calificando las políticas de planificación familiar destapadas por DR como “un método de despoblación” dirigido hacia el pueblo inuit, que actualmente supone alrededor del 86 por ciento del total de 57.000 habitantes de Groenlandia. 

Desde Copenhague, la oficina de la primera ministra emitió un comunicado en junio anunciando que tomaría cartas en el asunto “para investigar la relación histórica entre Dinamarca y Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad”. 

En la nota de prensa, la primera ministra, Mette Frederiksen, afirmó que “la relación danesa-groenlandesa es hoy en día fuerte y se basa en el respeto mutuo”, y aseguró que “este documento ayudará a la reconciliación histórica”. Sin embargo, no es la primera vez que se produce un escándalo alrededor de los capítulos más oscuros del pasado colonial de Dinamarca. Hace tan solo un año, Frederiksen pidió perdón públicamente y ofreció compensaciones por los casos de asimilación forzada de niños inuit durante los años 50. En ese caso, se trató de un “experimento social” que separó a decenas de niños groenlandeses de sus familias para ser trasladados a vivir a Dinamarca, donde sufrieron un proceso de desnaturalización para adoptar la lengua y las costumbres de la metrópolis. 

La demanda de agua embotellada ha crecido a un ritmo vertiginoso en todo el mundo desde que entramos en el siglo XXI. En 2004 se bebieron en todo el mundo unos 154.000 millones de litros de agua embotellada, un 57% más que cinco años antes.

Por países, los italianos son los que más agua embotellada bebieron, con 184 litros por persona, mientras que España fue el sexto país del mundo que más consumió esta modalidad, con 137 litros por año y persona.

En 2011, según la Asociación Nacional de Empresas de Agua Envasada (ANEABE), la tendencia se había invertido ligeramente y España, tercer consumidor europeo por detrás de Italia y Alemania, pasó a beber 107 litros de agua envasada al año por habitante.

Una bajada en el consumo que parece inducida por la crisis económica, en la que muchas familias se dijeron: “¿Qué gastos son prescindibles?”. Probablemente concluyeron que el agua en botella era uno de los primeros, ya que la del grifo “está igual de buena y sale casi gratis”.

¿Acertaron al hacer este razonamiento? Sí y no: veamos por qué a través de cuatro argumentos a favor de cada elección.

A favor del agua del grifo

1. Es casi gratis

Los españoles pagamos aproximadamente 1,57 euros (más IVA) por cada mil litros de agua suministrados, mientras que en los escoceses pagan algo más de cinco euros, los holandeses sobre 4,5 euros o los alemanes sobre los cuatro euros. Realmente el agua del grifo nos sale muy barata en comparación con otros países, por no hablar del precio de un litro de agua embotellada, que puede llegar a rondar el euro comprada, por ejemplo, en una gasolinera.

Pero este hecho tiene una contrapartida: según la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), algunas infraestructuras de transporte y potabilización no se renuevan desde los años ochenta del siglo pasado.

Esto se traduce en una gradual degradación de las canalizaciones por corrosiones y fugas, lo que puede dar lugar al asentamiento microbianos potencialmente patógenos en la red de agua potable doméstica. Según datos del INE, en el año 2000 a cada español se le abastecía de 168 litros de agua al día y había unas perdidas diarias por fugas en la red de distribución de 68 litros por habitante y día. De esto resulta un porcentaje del 21% de agua perdida por el mal estado de la red de distribución. 

En Suiza hay menos del 5% de fugas de agua; en España las mejores ciudades llegan a un 10 %, pero las hay que alcanzan el 40% de fugas, siempre según el INE. Es decir que, aunque barata, o precisamente por barata, el agua del grifo tiene peligro potencial de contaminaciones.

AEAS propuso hace un año un aumento de la tarifa que se paga por cada mil litros para permitir renovar con eficacia la red de tuberías y las instalaciones potabilizadoras. La tesis de esta asociación es que España tiene actualmente una buena red de abastecimiento y debe conservarla de cara al futuro.

También argumenta que un aumento de la tarifa a niveles más europeos seguiría haciendo el agua del grifo mucho más barata que la embotellada, pero garantizaría su calidad. Suponiendo que la tarifa de consumo ascendiera a cuatro euros por cada mil litros, el coste por litro sería de 0,4 céntimos de euro, mientas que una botella de litro y medio de agua en un supermercado cuesta alrededor de los 33 céntimos de euro. Es decir, 22 céntimos por litro. 

2. Es tan buena como la embotellada

En España, salvo en zonas donde no se recomienda su consumo, no hay diferencias apreciables entre el agua del grifo y la embotellada. De hecho, algunas aguas embotelladas conllevan un tratamiento potabilizador para adaptarlas al nivel del agua del grifo, algo que se paga en el precio final del producto.

Es el caso de las aguas potables preparadas, cuya denominación, obligatoria en el etiquetado, describe el proceso de potabilización, dado que el manantial de donde fueron captadas no reunía las condiciones de consumo humano. Un agua de este tipo es perfectamente consumible, pero debe dejar claro su origen y tratamiento.

Es famoso el caso de la planta embotelladora de Coca Cola en Londres que fue condenada en 2003 por vender agua potabilizada del Támesis sin el etiquetado correcto. Se trató de un caso de mal etiquetado, pero no de venta de agua no potable, aunque el agua que bebían los que la compraban era la misma que tenían en el grifo.

La diferencia entre un agua de planta embotellada y otra del grifo está en que las primeras se tratan con sistemas de filtrado por osmosis inversa y las segundas con cloro, que puede dar mal sabor al agua. 

Por otro lado, los manatiales asentados en zonas de tierras y rocas calizas contienen altos niveles de calcio y sodio y sus aguas se conocen como duras. Durante mucho tiempo se ha argumentado contra las aguas excesivamente duras que podían provocar cálculos renales, aunque este punto no ha sido demostrado.

Sí es cierto que la OMS recomienda a personas con tendencia a los cálculos evitar las aguas duras. También que las aguas duras pueden crear mayores calcificaciones en las tuberias, si bien las más blandas tienen a la acidez y pueden crear corrosiones en las mismas.

Pero para el resto de los humanos, los sucesivos estudios vienen indicando que no hay peligro en su consumo. Incluso existe uno que asegura que las aguas duras son beneficiosas para prevenir la osteoporosis y los problemas cardiovasculares, si bien este estudio no es suficiente para recomendarlas para tal fin. En todo caso, las aguas duras no implican ningún problema para la mayoría de consumidores.

3. Es más ecológica

Si se hace un balance ecológico de la elección, las aguas del grifo ganan por goleada. Para empezar, por el ahorro en el embotellado, hecho con plásticos derivados del petróleo que implican un gran coste en reciclaje cuando no van a contaminar vertederos, liberando con el tiempo metales pasados a los acuíferos.

Por otro lado, la destrucción de este plástico también libera numerosos gases tóxicos al medio. Podemos añadir los costes en consumo de energía de extraer el agua, tratarla con costosos procesos de osmosis inversa y trasportarla por carretera a los puntos de venta. 

4. Evitamos la ingesta de todo tipo de contaminantes procedentes de la botella

Se sabe que las aguas que permanecen largos periodos embotelladas a temperatura ambiente, toman un metal llamado antimonio liberado del plástico, aunque en niveles bajos y no peligrosos, así como un compuesto conocido como bisfenol A.

Por otro lado, un estudio del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada encontró en 2014 trazas de diversas sustancias contaminantes que pueden imitar el comportamiento de algunas hormonas y por tanto alterar sus funciones en el cuerpo.

En el estudio se analizaron tanto botellas de plástico como de cristal, si bien estas últimas presentaban una menor proporción de trazas. De todos modos, aunque los niveles liberados sean muy bajos, el antimonio es un metal que puede resultar letal en dosis altas y los miméticos hormonales podrían tal vez llegar alterar la fertilidad de una persona que consuma grandes cantidades de agua embotellada. Añadir que el antimonio se respira también procedente del asfalto caliente o en la polución urbana.

A favor del agua embotellada

1. Nos ahorramos el cloro

El agua embotellada no sabe a cloro como la del grifo porque se desinfecta por filtrado. Ahora bien, salvo por este detalle es exactamente igual. Pero el cloro no presenta solo el problema del sabor. Algunos expertos dudan de la calidad de los manantiales de origen del agua, ya que aseguran que están altamente contaminados por microorganismos procedentes de actividades ganaderas o fauna salvaje, así como por filtraciones de químicos procedentes de abonado de los campos.

Aseguran, además, que muchas infraestructuras están cada vez más degradadas y contienen mayor carga microbiana potencialmente nociva. A estos hechos suman la aparición de criptosporidios: bacterias resistentes al cloro caracterizadas por afectar a personas con bajas defensas -niños, ancianos y enfermos crónicos- con muy pocas unidades de patógeno. 

La solución contra estos problemas es aumentar la carga de desinfectante en el agua para potabilizarla, con lo que llega a nuestro grifo con peor sabor. Siempre según estos expertos, las aguas del grifo adicionalmente pueden provocar síntomas desaconsejables como acidez de estómago o cálculos renales gracias a la existencia de nitratos y fosfatos en el agua que puedan reaccionar con el calcio. 

2. Tenemos mayor garantía frente a contaminaciones bacterianas

El agua del grifo no es un medio inerme ni muerto: tiene numerosos microorganismos que son más o menos resistentes al cloro y que son inofensivos para nosotros. Ahora bien, y aunque la probabilidad en España es muy baja, existe cierto riesgo de sufrir contaminaciones por criptosporidio u otros patógenos si las infraestructuras de abastecimiento llevan tiempo sin renovarse, aunque las plantas potabilizadoras funcionen correctamente. En el agua embotellada, excepto que haya errores en la cadena de producción, la probabilidad de contaminación es mucho menor. 

3. Evitamos contaminantes vertidos a la red doméstica

Aunque hay mucha literatura interesada al respecto, pagada por las empresas embotelladoras, lo cierto es que también hay estudios científicos consistentes que avalan la presencia de compuestos químicos variados en las aguas de redes domésticas en los Estados Unidos, entre ellos trazas de anticonceptivos. Aunque se trate de cantidades pequeñas, abren el debate sobre sus efectos, sobre todo por posibles reacciones entre ellos que creen un compuesto altamente tóxico. 

En concreto, en 2008 el Servicio Nacional de Geología norteamericano estudió las aguas de varios estados y encontró hasta 85 compuestos orgánicos diferentes en las redes de suministro público. Hay dudas sobre como pudieron llegar los contaminantes a la red pero se cree que pudieron ser filtrados desde fosas sépticas cercanas a pantanos o bien desde granjas.

Los anticonceptivos son muy resistentes y de hecho en 2012 The Guardian se hacía eco de que Gran Bretaña debatía invertir 30.000 millones de libras para purificar las aguas de sus ríos por su alta carga en ellos y los efectos que tenían en los peces. 

4. En caso de emergencia es fundamental tener buen abastecimiento de agua embotellada

Afortunadamente son pocos los casos de terremotos u otras catástrofes naturales en nuestro país, pero cuando ocurren, las redes de abastecimiento se rompen y las aguas se contaminan con gran rapidez, por lo que la opción siempre debe ser disponer de las suficientes reservas de agua embotellada. 

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