La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) defiende revisar las condiciones de acceso al bono social eléctrico para que la renta sea el único criterio determinante para recibir la ayuda. En un informe elaborado por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado a la entidad Diego Rodríguez, el ‘think tank’ respalda la propuesta del Ejecutivo de eliminar el criterio de familia numerosa como condición suficiente para acceder a este descuento en la factura de la luz.

El estudio valora positivamente la orientación recogida en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 del Gobierno, que ya apunta en esa dirección. Según el análisis, el acceso al bono debería basarse exclusivamente en criterios de renta, aunque manteniendo ajustes por el tamaño del hogar mediante escalas de equivalencia.

Distorsiones en el diseño actual

Fedea defiende en su informe que existe “un problema de asequibilidad energética” que afecta al bienestar de determinados hogares, lo que justifica la existencia de mecanismos de transferencia de renta acompañados de medidas regulatorias que garanticen el acceso al suministro.

Sin embargo, el estudio subraya que el diseño actual combina criterios de renta con otros que no dependen directamente de los ingresos. Esta mezcla, sostiene, introduce “distorsiones relevantes” en la relación entre vulnerabilidad económica y acceso real a la ayuda.

Uno de los elementos más cuestionados es el criterio de familia numerosa. Al operar como condición suficiente para recibir el bono social, el informe considera que debilita el carácter redistributivo de la medida y genera patrones territoriales específicos, con una mayor concentración de beneficiarios por esta vía en determinadas comunidades autónomas.

Cobertura desigual según el nivel de renta

Las principales modificaciones del bono social eléctrico, creado en 2009, han girado en torno a los criterios para definir al consumidor vulnerable, a los porcentajes de descuento aplicados y al sistema de financiación del mecanismo.

El análisis de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que la cobertura del bono social eléctrico ha mejorado entre 2021 y 2025 en todos los niveles de renta, en parte por la ampliación de los requisitos de elegibilidad. No obstante, el informe señala que los problemas de baja cobertura se concentran en los dos primeros deciles de renta —los hogares con menos ingresos—, mientras que en los deciles superiores la cobertura es prácticamente completa.

Además, se ha registrado un aumento del porcentaje de beneficiarios en los niveles de renta más altos, algo que, según Fedea, refuerza la idea de que el diseño actual limita la capacidad redistributiva del instrumento.

Coste y financiación del bono social

El informe también analiza el coste y el sistema de financiación del bono social. Recuerda que la delimitación de los agentes obligados a financiarlo fue anulada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo por motivos relacionados con el principio de no discriminación.

Aunque el esquema vigente reparte el coste entre empresas de generación, transporte, distribución, comercialización y consumidores directos, el estudio concluye que en la práctica el gasto acaba trasladándose al conjunto de los consumidores.

Más allá de la reforma del bono social eléctrico, Fedea propone abrir una reflexión más amplia sobre la política de lucha contra la pobreza energética. El informe cuestiona el enfoque fragmentado actual y plantea avanzar hacia un instrumento integrado que cubra el conjunto de consumos energéticos de los hogares.

Un cheque energético o un complemento en el IMV

Entre las opciones, el estudio menciona la posibilidad de crear un complemento energético dentro del Ingreso Mínimo Vital, aunque advierte de que el número de beneficiarios de esta prestación es actualmente mucho menor que el de quienes reciben el bono social.

Otra alternativa sería establecer un cheque energético que cubra todos los consumos del hogar, incluidos aquellos que no dependen de un contrato de suministro, como los combustibles para calefacción o transporte. Este sistema debería determinarse en función de la renta, el tamaño del hogar, determinadas situaciones de vulnerabilidad y la localización geográfica.

El informe plantea además que la ayuda se conceda preferentemente de forma automática por parte de las administraciones públicas y que su financiación combine recursos presupuestarios, aportaciones del sector energético y fondos europeos vinculados al Fondo Social para el Clima.

Como alternativa adicional, el autor menciona la posibilidad de canalizar este apoyo a través del IRPF mediante un crédito fiscal reembolsable, configurado como un impuesto negativo sobre la renta similar a la deducción por maternidad.

El Gobierno ha dado luz verde a que el acceso al bono social eléctrico se determine por criterios de renta también en el caso de las familias numerosas, un cambio que articulará desde “el diálogo y el debate” y contando con las asociaciones.

Es una de las novedades que incorpora la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, aprobada este martes y que tiene como objetivo mejorar la protección de los consumidores más vulnerables, quienes, en muchos casos, “no están percibiendo el bono”, según ha explicado a los medios la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

“Evidentemente hemos incluido que la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores. Es lo justo”, ha respondido Aagesen, que ha recalcado que para determinar los criterios se contará con la participación de todas las asociaciones.

De acuerdo con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la clave es que “aquel que tenga necesidad de un apoyo como es el bono social, tenga acceso a él”. Ello implica, ha proseguido, reabrir la definición de qué significa vulnerable a efectos del bono social, y aplicar “con carácter general” criterios de renta para “poder focalizar mejor los esfuerzos” de esta ayuda.

Sobre cómo se articulará, la titular de Transición Ecológica ha explicado que este cambio requiere de un reglamento y no ha especificado cuáles serán las cifras de renta a partir de las cuales podrá concederse el bono.

“Existe ya un real decreto y, por lo tanto, lo que hay que hacer es actualizarlo”, ha señalado Aagesen, que ha avanzado que, este camino, “como siempre”, se hará “desde el diálogo y el debate”, contando con las asociaciones y con la propia mesa social de pobreza energética, con la que se reúne esta mañana. EFECOM

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para poner coto al 'spam' telefónico de las compañías energéticas y estas empresas solo podrán llamar a los potenciales consumidores que expresen su voluntad de recibir sus ofertas comerciales, tal y como avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista publicada este fin de semana en elDiario.es.

“Vamos a poner coto a las prácticas abusivas que hemos ido conociendo mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las asociaciones de usuarios para que los usuarios puedan tener máxima seguridad cuando miran a sus contratos eléctricos en un país que está virando y está apostando por una electricidad que sea más asequible, más competitiva y, por supuesto, segura. Se trata de protección a los consumidores y, especialmente, a los más vulnerables”, aseguró la responsable de Energía en conversación con este periódico.

La norma, que desarrolla el reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, también prohíbe la conocida como “contratación en caliente”, de tal manera que las compañías tendrán que remitir el contrato y un documento con información simple y cercana antes de cerrar en firme cualquier oferta que se les traslade.

“Hemos conocido que estas personas que reciben el bono eléctrico han tenido abusos desde el punto de vista de llamadas con ofertas que luego realmente no eran tales y que les situaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Con el real decreto, estas personas tendrán que recibir información sobre el hecho de que cambiar el tipo de contrato les saca de la percepción del bono. Información sobre cuál era la situación actual con esa protección y cuál sería la nueva situación en cuanto a la facturación o al precio. Y de forma muy clara para que realmente sepan qué supone dar el salto desde la salvaguarda del bono a una nueva contratación”, apuntó la ministra.

La vulneración de cualquier medida de protección al consumidor puede ser constitutiva de infracción grave, y se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a seis millones de euros, como recoge Europa Press.

La entidad competente para incoar y resolver este tipo infractor será la CNMC. Asimismo, dicho reglamento establece un prefijo específico para las llamadas comerciales, y, en caso de incumplimiento, bien por no utilizar el prefijo o por llamar a alguien que había solicitado que no se le llamase, los proveedores de telecomunicaciones deberán bloquear ese número.

Como ha detallado la vicepresidenta durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el nuevo reglamento pone fin a las barreras para el cambio de contrato o para las cláusulas de permanencia “abusivas”, en tanto que limita las penalizaciones que puedan imponer las comercializadoras a una serie de supuesto muy concretos. Por ejemplo, será de solo el 5% de la energía pendiente de suministro en el caso de que el cliente rescinda un contrato antes de que se cumpla el año de vigencia y siempre que la compañía justifique un perjuicio.

La refacturación también tendrá límites para proteger a los consumidores. En el caso de que sean a su favor, las cantidades que se han cobrado de más habrán de devolverse con intereses en la siguiente factura. Si es a favor de la compañía, podrán prorratearse en los siguientes pagos con un tope máximo de un año.

La norma también contempla que las compañías establezcan una nueva figura interna, el Defensor del Cliente, “que podrán o no desarrollar”, para solventar el problema estructural de las reclamaciones. Los clientes podrán reclamar por todos los canales y tendrán el derecho a recibir el escrito con la queja que se haya planteado por vía telefónica.

Las compañías no podrán cortar el suministro a hogares con consumidores electrodependientes

El nuevo reglamento prohíbe el corte de suministros a los consumidores en días festivos o en aquellos en los que no haya atención al cliente por parte de las comercializadoras y también crea una nueva figura de “suministro esencial” que no podrá interrumpirse en ninguna circunstancia, los hogares con consumidores electrodependientes.

También se prohíben las penalizaciones o permanencias que dificulten el acceso al bono social para los consumidores vulnerables que tengan derecho al mismo y se protege a sus beneficiarios “para evitar engaños o contratos ventajosos en el mercado libre que impliquen una renuncia al bono social” sin que lo sepan.

Por otra parte, cuando se produzca un cambio de precios derivado de una modificación de las condiciones del contrato, o de una nueva contratación, la empresa deberá presentar al consumidor, con carácter previo, un documento independiente del contrato que le resuma claramente los efectos del cambio sobre su factura final e incluya una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después.

Así, tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas (pymes) -con potencia contratada menor de 15 kilovatios (kW)- podrán rescindir sus contratos en cualquier momento, sin penalización, a menos que sea antes de la primera prórroga anual de un contrato a precio fijo en el mercado libre; y en este caso la penalización sólo podrá ser del 5% de la energía pendiente de facturar en ese ejercicio como máximo.

Si el cambio lo hace un consumidor vulnerable para acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ningún tipo de penalización, tampoco en los servicios adicionales contratados junto al suministro eléctrico.

Además, se agilizan los plazos para los cambios de suministrador, que durarán diez días como máximo, y en los arrendamientos de viviendas se permitirá que el PVPC se subrogue sólo con la petición de cambio de nombre del contrato por parte del usuario efectivo de la energía que así lo acredite, libre de las cargas que pudiera haber contraído el titular anterior.

Esta subrogación también se aplicará a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual que residan en la vivienda sin ser las titulares del contrato.

En el caso de que un consumidor con bono social quiera cambiar al mercado libre, el nuevo comercializador, además de presentarle la estimación anual de la diferencia entre el precio que paga y el que pagará tras el cambio deberá recabar su consentimiento expreso e informar mensualmente a la CNMC de estas renuncias por parte de los consumidores vulnerables, para que puedan comprobarse.

Hay ayudas públicas que se buscan porque se conocen. En el caso del bono social térmico es justo al contrario: se trata de una prestación que a veces llega a la cuenta sin hacer ruido y sin que el beneficiario tenga muy claro por qué le han ingresado ese dinero. Es una ayuda pensada para hogares vulnerables, pero sigue siendo una de las más invisibles del sistema.

El bono social térmico está diseñado para aliviar el gasto en calefacción, agua caliente o cocina durante los meses fríos. Aunque se le suele llamar 'la ayuda del gas', no es exclusivo del gas natural. De hecho, también beneficia a familias que se calientan con butano, gasóleo o incluso sistemas eléctricos, porque no se fija en el combustible exacto, sino en la situación del hogar y en un criterio muy concreto: tener reconocido el bono social eléctrico.

Lo primero que conviene saber es que el bono social térmico no se solicita como una ayuda independiente. No hay un formulario universal para pedirlo y no se tramita como un cheque. La gran condición para cobrarlo en 2026 es mucho más simple: tener el bono social eléctrico activo a 31 de diciembre de 2025.

Esto es lo que deja fuera a muchas personas sin que se den cuenta. Porque si una familia cumple requisitos económicos, pero no ha solicitado el bono eléctrico, o lo tenía y lo perdió por un cambio de tarifa, es muy posible que no reciba el ingreso del bono térmico al año siguiente. No es que le falte un papel para 'pedir el bono del gas'. Es que el sistema funciona como una puerta con doble cerradura: primero entra el bono eléctrico y, después, el térmico llega solo.

¿Qué hay que hacer para cobrar el bono social térmico en 2026?

En realidad, lo que hay que hacer es asegurarse de tener el bono social eléctrico, porque es el requisito que abre el resto. Para conseguirlo, hay dos condiciones.

La primera es técnica: hay que tener contratada la tarifa regulada de electricidad, la PVPC, y una potencia de hasta 10 kW. Esto, en la práctica, significa que muchas personas que están en el mercado libre —la mayoría— no pueden acceder al bono hasta que cambian a la tarifa regulada. No es una cuestión de ingresos: es que el tipo de contrato te deja dentro o fuera.

La segunda condición ya es económica: el bono social eléctrico se concede según ingresos y composición familiar. La administración distingue entre consumidor vulnerable y vulnerable severo, y aplica umbrales diferentes según si hay menores a cargo, familia numerosa, pensiones mínimas y otras situaciones. Lo importante no es memorizar cifras: lo importante es no descartarse sin comprobarlo, porque muchas personas entran en los requisitos y no lo saben.

El trámite se hace a través de una comercializadora de referencia, que son las compañías autorizadas a gestionar el bono social en tarifa regulada. Se pide con un formulario específico y documentación habitual: DNI, empadronamiento, unidad familiar y justificantes o autorizaciones para comprobar ingresos. Es una de esas gestiones que tiene un efecto inmediato y otro diferido que a veces se pasa por alto: el pago anual del térmico.

Cuánto se cobra en 2026

El importe del bono social térmico depende de dos variables. Por un lado, del grado de vulnerabilidad reconocido (vulnerable o vulnerable severo). Por otro, de la zona climática en la que está el domicilio, porque el sistema entiende que el gasto en calefacción no es el mismo en una provincia con inviernos suaves que en otra donde el frío dura medio año.

Eso explica que el bono no sea una cantidad estándar, sino un abanico. En la práctica, suele moverse en una horquilla amplia: desde alrededor de 40–50 euros en los casos más bajos hasta unos 350–375 euros en los más altos, cuando se combina una vulnerabilidad severa con una zona climática fría.

De hecho, es habitual que en lugares templados el ingreso sea moderado y en zonas frías el bono suba bastante. Esto puede generar una sensación extraña: hay familias que oyen hablar del bono térmico y esperan 200 euros, pero reciben bastante menos; y otras, en condiciones más duras y con inviernos más exigentes, reciben importes mucho más altos sin que sea una excepción.

Para que se entienda: el bono no calcula cuánto pagas de gas o cuánta calefacción usas; calcula quién eres a nivel socioeconómico y dónde vives en términos climáticos.

Cuándo se cobra el bono social térmico

El bono social térmico se cobra en un solo pago anual, mediante transferencia bancaria, normalmente en el primer trimestre de 2026. Lo gestionan las comunidades autónomas a partir del listado de beneficiarios del bono social eléctrico, así que no depende de que la familia lo pida, sino de que el sistema tenga bien sus datos.

Y aquí está el típico problema silencioso: los datos bancarios. Si hay un error de cuenta, si el titular ha cambiado, si la administración no puede verificar la información o si falta algún dato, el pago se puede retrasar o quedar pendiente. Si llega una notificación oficial relacionada con el bono térmico, conviene no dejarla en un cajón.

Aunque mucha gente lo desconoce, el bono social térmico tiene implicaciones fiscales. A efectos del IRPF se considera una ganancia patrimonial, así que si se presenta la declaración de la renta, debe aparecer reflejado. Esto no significa que cobrarlo obligue automáticamente a declarar, pero sí conviene saber que no es un ingreso invisible para Hacienda.

El Consejo de Gobierno ha informado de que el Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, gestionará 3.837.528,03 euros, de los cuales se financiarán 207.085,31 euros con remanentes de ejercicios anteriores y 3.630.442,72 euros con transferencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), correspondientes al Bono Social Térmico 2025. 

En cada ejercicio, son beneficiarios del Bono Social Térmico aquellos consumidores que sean beneficiarios del Bono Social de Electricidad, a 31 de diciembre del año anterior. En La Rioja, son 13.691 los beneficiarios previstos para este año 2025. La cuantía final a asignar se determinará atendiendo a su grado de vulnerabilidad, así como a la zona climática en la que se localice la vivienda de residencia. La asignación media a recibir en La Rioja es de 280,30 euros, pudiendo variar de 210,71 a 400,69 euros.

Los domicilios o familias vulnerables están integradas por personas en situación de pobreza energética y son definidos así en función de la zona climática de residencia y de la consideración de otros factores sociales. Por su parte, la pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía. 

El procedimiento es automático, con un pago único anual y con comunicación directa con los beneficiarios sobre la cantidad a ingresar y la solicitud de un número de cuenta en el que proceder al ingreso. El pago del Bono Social Térmico 2025 se iniciará, previsiblemente, durante los primeros meses de 2026.  

La cuantía de estas ayudas es financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en el presupuesto del Miteco, siendo gestionado el pago en nuestro territorio por la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esta ayuda, creada mediante el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, complementa la percibida en concepto de Bono Social Eléctrico, mediante ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.

Según ha informado la Junta de Extremadura, de los 81.650 beneficiarios asignados en esta anualidad, alrededor del 90 % ya recibió el ingreso durante el primer trimestre del año. AGENEX realizó más de 71.000 transferencias en febrero, lo que, según subrayan desde el Gobierno autonómico, “sitúa a la región como una de las comunidades más ágiles en la tramitación de esta ayuda”.

Desde entonces, la agencia ha seguido enviando pequeñas remesas a medida que los beneficiarios pendientes han ido aportando su información bancaria. En total, se han distribuido ya 15 millones de euros destinados a sufragar gastos energéticos relacionados con la calefacción y el agua caliente en hogares vulnerables.

Para completar el reparto, AGENEX ha comenzado a enviar cartas por correo postal a las personas que aún no han cobrado la ayuda, solicitándoles que comuniquen su IBAN para poder gestionar el pago.

La directora de la agencia, Lidia Calderón, ha recordado que “al ser una ayuda que se otorga automáticamente, sin necesidad de solicitarla, posiblemente haya personas que ni siquiera sepan que existe y que les pertenece”.

AGENEX ha actualizado el listado de beneficiarios con documentación pendiente en su página web, accesible a través de la dirección https://bonosocialtermico.agenex.net/bst2024.php. Las personas incluidas en este listado pueden remitir su información a través del formulario disponible en el portal. También es posible reclamar la ayuda si se es heredero de una persona beneficiaria ya fallecida.

El Gobierno de Cantabria ha ampliado hasta el 28 de julio el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven, para ofrecer un mayor margen de tiempo a los solicitantes de la segunda edición de esta ayuda estatal que tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 35 años en un contexto de burbuja de precios.

El bono está destinado a aquellos jóvenes que sean titulares de un contrato de alquiler, habitación o cesión de uso que constituya su domicilio habitual y permanente. También podrán solicitarlo los interesados que estén en condiciones de suscribir un contrato de alquiler en calidad de arrendatario y que tengan entre 18 y 35 años.

El importe de la subvención es de 250 euros, con el límite del importe mensual de la renta o del precio de cesión. Si hay más de un beneficiario del bono en una misma vivienda, la suma de subvenciones otorgadas no deberá superar el importe mensual del alquiler o del mismo precio de cesión.

Asimismo, la subvención se abonará de manera periódica: el primer pago se efectuará en el momento en que se conceda la ayuda, incluyendo las mensualidades justificadas presentadas junto a la solicitud; el segundo pago corresponde a las mensualidades abonadas después de la solicitud inicial y hasta el mes anterior a la nueva solicitud de pago, que debe presentarse entre los días uno y 10 del mes siguiente a la resolución. A partir de ese momento, los pagos se realizarán mensualmente.

¿Cómo presentar la solicitud?

La presentación de la solicitud se deberá realizar a través del formulario electrónico disponible en el Registro Electrónico General, accesible a través de la sede electrónica del Gobierno cántabro, y deberá ser acompañada por los siguientes documentos:

Asimismo, la Consejería de Vivienda dispone de una guía con todos los pasos a seguir.

¿Durante cuánto tiempo se concede el bono?

La ayuda se concederá máximo por 24 mensualidades y con la edad máxima de 36 años.

¿Cómo saber si la subvención ha sido reconocida?

Los solicitantes deberán estar pendientes de la página web de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, donde se publicarán las resoluciones dictadas por Roberto Media, el Consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territoro y Medio Ambiente.

Los cinco requisitos más importantes para solicitar la ayuda:

Por último, se debe tener en cuenta que la subvención es incompatible con el cobro de otras ayudas relacionadas con el pago de alquiler o cesión que la comunidad autónoma cántabra u otra entidad local o pública conceda, a excepción de la ayuda del “Programa de Ayudas a personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico” del Decreto 1/2025, de 9 de enero.

La Conserjería señala la importancia de presentar la documentación correspondiente a tiempo para que se pueda acceder a esta subvención, que busca facilitar el acceso a la vivienda a la juventud de Cantabria.

Cuando Rosa Fernández García se jubiló, hace ocho años, lo hizo cobrando la pensión mínima, que ahora, tras las subidas de estos años, le supone un ingreso mensual de 870 euros. A través de una amiga supo de la existencia del bono social térmico, y por ende, del bono social de electricidad. El segundo no va sin el primero.

Se trata de un programa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, es decir, para que familias necesitadas, numerosas o pensionistas con paga mínima puedan pagar la calefacción. El Estado es el encargado de aportar el dinero para que estas personas puedan compensar los gastos necesarios que les garanticen el suministro de energía para calefacción, agua caliente y cocina, pero son las comunidades autónomas las que gestionan esta ayuda.

El bono social térmico se cobra siempre a año vencido, es decir, en octubre de 2023 Rosa cobró la ayuda correspondiente al ejercicio de 2022. Fueron 135,65 euros y la última cantidad que esta mujer jubilada de 75 años ingresó por última vez.

Harta de las comisiones que le cobraba el que por entonces era su banco, en aquel caso fueron 40 euros, decidió cerrar esta cuenta y abrir otra en una nueva entidad bancaria. Era algo que llevaba tiempo pensando, pero nunca había llegado a ejecutar por las complicaciones que pudiera, barruntaba ella, generarle desde el punto de vista administrativo con el Principado, pues para lo único que Rosa utilizaba la cuenta era para el cobro de esta ayuda.

No se equivocaba en lo que había aventurado, pues desde que en octubre de 2023 Rosa Fernández cerró esa cuenta bancaria y, pese a haber realizado todos los trámites exigidos por la administración para seguir cobrando la ayuda en su nueva cuenta, esto nunca más volvió a producirse “y ya estamos en marzo de 2025”, lamenta enfadada.

Cuando Rosa se pone en contacto con la Consejería de Bienestar Social para informarse del procedimiento que debe seguir ante un cambio de entidad bancaria, allí le informan de que ya no es el Principado quien gestiona estas ayudas pues, ante el volumen ingente de solicitantes han decidido contratar a Tragsa, empresa con un 51 por ciento de propiedad pública, para que gestione los bonos, y es con ella con quien debe ponerse en contacto para trasladarles este cambio. Ahí empezó su pesadilla. Hasta en cuatro ocasiones llegó a registrar el fichero de acreedores, perfectamente cumplimentado, para que realizasen el cambio de número de cuenta, pero eso nunca llega a pasar y nadie sabe explicarle por qué.

Las versiones de Tragsa han diferido a lo largo de todo este tiempo, incluyendo que es la comercializadora, en este caso, Basercor, quien les tiene que informar de ese cambio. Rosa, que asegura comprobar cada cosa que le dicen, habló con la empresa y esta le asegura lo que ella ya imaginaba, que por la Ley de Protección de Datos no están autorizados a dar sus datos a nadie.

La última vez que Rosa Fernández registró la documentación fue el pasado lunes y muy enfadada asegura que “estoy harta de que me tomen por tonta”. Mientras la Consejería le confirma que tienen su solicitud de cambio de cuenta registrada correctamente, Tragsa sigue manteniendo su antiguo número de cuenta. La conclusión es la misma de siempre, sigue sin recibir la ayuda que le corresponde desde hace dos años.

“Esto pasa en una comunidad autónoma de un millón de habitantes, no quiero ni pensar qué sucedería si fuésemos más”, asegura Rosa, a quien le consta que no es ella la única damnificada por la “pésima” gestión de Tragsa, empresa que, a su juicio, no está preparada para ocuparse de este tipo de ayudas.

Cada vez que llama a la Consejería de Bienestar Social recibe un buen trato, no obstante desde allí aseguran no poder ayudarla, pues la gestión corresponde a Tragsa.

Esta semana, Rosa registrará una queja formal por una situación que se alarga en el tiempo y que, según parece, nadie tiene intención de solucionar. “No lo hago por mí, lo hago por los miles de personas que están teniendo problemas con este bono y a las que nadie ayuda”, concluye.

Un ayuda media de 281 euros para más de 13.300 beneficiarios en La Rioja. Son las cifras del Bono Social Térmico 2024. El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha asegurado este jueves que el Gobierno de La Rioja ha “iniciado las comunicaciones con los 13.354 beneficiarios riojanos en estado de vulnerabilidad, a los que se abonará 3.762.702,56 euros en el marco del Bono Social Térmico 2024, una ayuda que compensa los gastos ocasionados por el uso de calefacción, agua caliente y cocina en los hogares”. 

El importe medio que percibirán los 13.354 beneficiarios -11.799 en 2023- estimados en nuestra región en 2024 es de 281,77 euros. De ellos, 7.419 son considerados consumidores vulnerables severos y, por tanto, recibirán una ayuda de mayor cuantía (hasta 397,93 euros). En 2023, el presupuesto asignado para el Bono Social Térmico ascendió a 3.397.482,16 euros.

Los domicilios o familias vulnerables “están integradas por personas en situación de pobreza energética y son definidos así en función de la zona climática de residencia y de la consideración de otros factores sociales”. Por su parte, la pobreza energética es “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.

Este procedimiento es automático, con un pago único anual y con comunicación directa con los beneficiarios sobre la cantidad a ingresar y la solicitud de un número de cuenta en el que proceder al ingreso. El pago del Bono Social Térmico 2024 se realizará, previsiblemente, durante los meses de marzo y abril de este año 2025.  

La cuantía de estas ayudas es financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico, siendo gestionado el pago en nuestro territorio por la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El Bono Social Térmico fue creado en 2018 para complementar la ayuda percibida en concepto de Bono Social Eléctrico, financiando los gastos térmicos generados en hogares vulnerables, así definidos en función de la zona climática de residencia y de la consideración de otros factores sociales. 

Más información sobre el Bono Social Térmico

De lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

941 29 41 65 - 941 29 11 00 ext. 33224

bonosocialtermico@larioja.org

https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/ayudas-vigentes-transicion-energetica/bono-social-termico

Calcula tu Zona Climática

http://www.bonotermico.gob.es/#beneficios/pvpc

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

http://www.iprem.com.es

15.447 familias navarras se beneficiaron en 2024 del bono social térmico, la ayuda dirigida a personas vulnerables destinada a compensar los gastos de energía para los usos térmicos, como calefacción, agua caliente o cocina. En total, el Gobierno de Navarra destinó cuatro millones de euros en el último año para el pago de esta ayuda.

El pago del bono social térmico consiste en un único pago anual, generalmente en el mes de mayo. Si bien se trata de una ayuda financiada por los presupuestos generales del Estado, su gestión corresponde al Gobierno de Navarra. Este año 2025 el presupuesto recoge una partida de 5,2 millones de eurosdestinado al bono social térmico.

Además del bono social térmico, el Gobierno de Navarra cuenta con otras ayudas para combatir la llamada pobreza energética. Por un lado, las ayudas extraordinarias de inclusión social, que pueden ser solicitadas por personas cuyos recursos sean insuficientes para hacer frente a gastos extraordinarios o situaciones de emergencia y que, de no cubrirse, generarían riesgo de marginación social. Entre otras, pueden servir para hacer frente al pago de deudas generales, entre las que se encuentran las deudas por facturas eléctricas o de gas, así como la adquisición de estufas, calentadores y otros electrodomésticos. El año pasado se destinaron 900.000 euros a estas ayudas, que beneficiaron a 2.500 personas. El presupuesto de 2025 sigue recogiendo una partida para dar cobertura a esta convocatoria de ayudas. 

Por otra parte, las ayudas para procesos de inclusión o emergencia social, de competencia municipal, que los servicios sociales de base disponen para hacer frente a contingencias, entre las que se encuentran el pago de facturas de suministros energéticos sin necesidad de que se generen deudas. Los datos de 2024 remitidos desde los ayuntamientos estarán disponibles a partir del mes de marzo

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, ha destacado la importancia de “acompañar a estas personas con herramientas que sirven para aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables y que ayudan a garantizar el acceso a un recurso esencial como el gas, especialmente durante los meses más fríos del año”. 

La consejera ha recordado que el “Departamento de Derechos Sociales cuenta en 2025 con un presupuesto que crece para dar cobertura a las distintas medidas que configuran el escudo de protección y atención a las personas”. “En 2025 destinamos más de 233 millones a reforzar el escudo social con distintas políticas de inclusión que además del sistema de garantía de ingresos se destinan distintos servicios de atención: atención primaria, empleo social protegido, incorporación social a vivienda, ayudas para alimentos, subvención a colectivos y organizaciones que trabajan en inclusión, sinhogarismo, lucha contra la pobreza, etc”, ha indicado.

Bono social térmico 

La cuantía de la ayuda se calcula en función de la zona climática donde se ubica la vivienda de la persona beneficiaria y su grado de vulnerabilidad. Las zonas climáticas son una clasificación establecida por el Código Técnico de la Edificación (CTE) del territorio español en áreas con climas similares con el objeto de adaptar los requisitos de eficiencia energética de los edificios a las condiciones climáticas específicas de cada zona. La clasificación va desde la zona Alfa, con climas suaves, hasta la zona E, con climas extremadamente fríos. En el caso de Navarra, hay tres zonas climáticas: C, en Urdax, Lesaka y Unzué; D, en la mayor parte del territorio; y E, en la zona pirenaica, prepirenaica y algunos municipios de la zona centro y oeste. 

Así, los importes del bono social térmico se establecen teniendo como referencia esta clasificación, además del grado de vulnerabilidad de la persona beneficiaria. En 2024, las cuantías fueron las siguientes: en la zona climática C, 135,65 euros para personas vulnerables y 217,04 euros para personas vulnerables severas; en la zona D, 214,57 euros para personas vulnerables y 343,31 euros para grado severo de vulnerabilidad; y en la zona E, 258,68 euros para vulnerables y 413,88 para vulnerables severas. 

Para optar a esta subvención, las personas no deben tramitar ninguna solicitud. Son las comercializadoras quienes informan al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo de las y los consumidores vulnerables perceptores del bono social eléctrico que pueden optar también al bono social térmico, y es el propio departamento el que se pone en contacto con las personas beneficiarias para gestionar el abono. 

María, que prefiere no usar su verdadero nombre, trabaja a jornada partida. Sale a las ocho y media de la tarde. Su familia es monoparental: tiene un hijo de 28 años con una discapacidad reconocida del 99%. “Necesita estar 24 horas con alguien. Hay que hacerle todo”, explica. Es usuario de un centro de día, pero a las cinco de la tarde está en casa y una persona debe acompañarle. “Alguien a quien hay que pagar, evidentemente”, señala la madre. Su hijo recibe una pensión no contributiva de invalidez y, hasta ahora, eso suponía deducciones fiscales de unos 4.200 euros. Ya no. La subida de las pensiones ha hecho que superen el mínimo exento en el pago del IRPF y pierdan buena parte de esas ayudas.

“Normalmente, me devolvían unos 4.200 euros. Pero el pasado noviembre me llegó una declaración paralela según la cual debo pagar 90 euros”, explica María a elDiario.es. Lo ha recurrido, al tiempo que lo ponía en conocimiento de la Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (Apamp) de Vigo, de la que forma parte. “En Apamp me han explicado que están denegando las apelaciones, porque las personas con parálisis cerebral no tienen la consideración de grandes dependientes”, señala. El laberinto burocrático en el que se enreda la cuestión es denso. Todo parte de la actualización de las pensiones. En el caso de María, el aumento anual de la no contributiva que percibe su hijo es de en torno a los 600 euros. “Perdemos más de 4.000. Que nos dejen como estábamos”, dice.

La Federación Galega de Asociacións de Atención ás Persoas con Discapacidade (Aspace Galicia) hace meses que ha iniciado movimientos para, primero, entender qué sucedía y, segundo, proponer alternativas al Gobierno. El caso más extendido, indican a este periódico desde Aspace, es el de padres o madres de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo. Sus descendientes recibían una pensión no contributiva íntegra con complemento del 50% por tener una discapacidad igual o superior al 75% y necesidad de tercera persona cuyo importe era inferior a los 8.000 euros, el mínimo exento de IRPF. Hacienda aplicaba a estos casos una deducción por hijo a cargo con discapacidad de unos 1.200 euros, que podían figurar en la declaración de la renta o ser abonados anticipadamente a razón de 100 euros mensuales. Ya no.

35.681 pensionistas

Las pensiones no contributivas dependen del Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En contacto con elDiario.es, un portavoz del mismo confirma la situación. Según las cifras que manejan en el departamento de Pablo Bustinduy, a enero de 2025, eran 35.681 las personas que cobraban una pensión no contributiva y tienen el complemento por necesidad de tercera persona reconocido. “El importe máximo de estas pensiones es de 11.858 euros anuales”, expone el portavoz, “cifra superior a los 8.000 euros que se marcan como límite para poder ser beneficiario de esa deducción [por descendiente con discapacidad a cargo]”. Que se aplicaba en la declaración de sus familiares. El ministerio no dispone de información concreta sobre el particular, pero matiza que “es posible que no todos se vean afectados”, dado que los 11.858 euros anuales son el importe máximo y “puede ser inferior [el importe de la pensión que se recibe] al reducirse por ingresos personales o de las personas con las que convive el pensionista”.

A Manuela –también un nombre ficticio– le sucedió lo mismo que a María. Ella es madre de un hijo de 35 años con una discapacidad del 99%. Él es uno de los 35.681 beneficiarios de una pensión no contributiva con complemento por tercera persona. Manuela relata algunos de los gastos a los que se enfrenta la familia y que la deducción fiscal contribuía a sufragar. Su hijo acude a un centro de día, financiado parcialmente por la Xunta de Galicia, pero aun así sujeto a copago. Además, necesita una ayudante el resto del día. Las personas con parálisis cerebral, como es el caso, suelen sufrir problemas intestinales. Los médicos especialistas en proctología no entran por la Seguridad Social.

La actualización de las pensiones también dificulta, recuerda, el acceso a otras ayudas. Pone de ejemplo el bono social eléctrico. “Cuando tienes a cargo una persona con discapacidad, pones más lavadoras de lo normal. Las sillas de ruedas eléctricas también gastan. O los respiradores para hacer nebulizadoras”, dice. El bono eléctrico, un descuento en la factura de la luz, lo concede el Ministerio para la Transición Ecológica, pero lo hace consultando con Hacienda los ingresos de los solicitantes. “Estamos acostumbrados a los encontronazos con la administración, porque siempre somos los últimos de la fila”, lamenta Manuela, “pero no se pueden perder derechos, no se pueden dar pasos atrás. No entendemos esta discriminación”.

Consultado por este periódico, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se limitó a una respuesta genérica sobre la revalorización de las pensiones, aseguró que la misma ha reducido la tasa de pobreza en un 16,4% y, para el caso de las no contributivas, remitió al Imserso, dependiente de Derechos Sociales.

Reformar la ley del IRPF

Aspace Galicia, que agrupa a las asociaciones de familias de personas con parálisis cerebral, considera que una solución viable a esta problemática –un efecto colateral de la subida de las pensiones– pasa por el Ministerio de Hacienda. “La única vía pasa por conseguir un cambio normativo en la ley del IRPF”, aseguran: que las pensiones no contributivas por invalidez sean reconocidas como rentas exentas “en los mismos términos que las prestaciones de incapacidad permanente o gran invalidez y la prestación por hijo o hija a cargo”. María, la mujer cuyo hijo de 28 años, critica que esta equiparación no exista ya. “Nuestros hijos nunca trabajaron porque nunca pudieron trabajar, pero son grandes dependientes”, argumenta.

ElDiario.es pidió al Ministerio de Hacienda una valoración sobre la reclamación de Aspace, sin obtener respuesta.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Junts para sacar adelante las medidas que decayeron con el rechazo al decreto ómnibus en el Congreso la semana pasada. El decreto ley ha salido publicado en el BOE este miércoles y entrará en vigor al día siguiente, jueves. Ahora tendrá que volver a votarse en los próximos 30 días, como establece la ley, pero ya tendrá el respaldo de los siete diputados de Junts.

Además de la subida de las pensiones y la bonificación del transporte, el decreto incluye un amplio abanico de iniciativas sociales y económicas que estuvieron en vigor desde el pasado 23 de diciembre hasta el 23 de enero, y que ahora se recuperan. Según ha explicado Sánchez, en total serán 29 medidas. La “práctica totalidad” corresponden a las ya previstas y se añade una adicional en materia de vivienda que ya había adelantado hace unas semanas: un sistema público “de avales y garantías para propietarios e inquilinos”. Estas son las principales medidas:

Cómo quedarán las principales medidas del decreto

— Revalorización de las pensiones del 2,8%, conforme al incremento del IPC. Además, las pensiones mínimas se revalorizan un 6% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital un 9%. La subida puede suponer “cerca de 600 euros al año para una pensión media de jubilación y 500 para la pensión media del sistema”. Aquí, el detalle.

— Vuelven las bonificaciones de hasta el 50% al transporte público autonómico o la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes. En el caso de las ayudas al 50%, el Estado financia un 30%, siempre que las comunidades y ayuntamientos se hagan cargo del resto hasta alcanzar ese mínimo de rebaja del 50%.

Las ayudas se extienden hasta el mes de julio, cuando Transportes plantea cambiar el sistema para crear un abono único de Cercanías y Rodalies por hasta 20 euros al mes para todas las zonas y los núcleos de España, y descuentos de entre el 50% y el 70% en abonos para jóvenes, entre otras medidas.

— Ayudas para afectados por la DANA del 29 de octubre. Se contemplan fondos específicos para la reparación de infraestructuras o viviendas dañadas en las zonas de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía afectadas por la DANA. Las ayudas incluyen también subvenciones directas y préstamos con intereses inferiores a los del mercado.

— El llamado “escudo social” se recupera con el decreto, pero se introducen cambios por el acuerdo con Junts. Los desahucios a las familias más vulnerables volverán a estar prohibidos durante todo el año. Pero eso se “complementa” con “avales a propietarios e inquilinos”, en palabras de Sánchez. El Gobierno anunció esa medida hace unas semanas como parte de su paquete de vivienda y en ese momento lo describió como “avales para que los ciudadanos puedan alquilar y los propietarios lo hagan sin asumir riesgos”. Esto es lo que sabemos de la medida.

Como es habitual en la práctica parlamentaria en nuestro país, especialmente desde el fin de las mayorías absolutas en el Congreso, los últimos gobiernos se han visto obligados a aprobar distintas normas en forma de reales decretos-ley.

Estas medidas obligan después al Ejecutivo a recibir el apoyo de una mayoría simple en el Congreso en los 30 días posteriores a su aprobación para su convalidación. En este caso, el real decreto ha decaído después de que una mayoría de 177 diputados de PP, Vox y Junts haya votado en contra.

El decreto ómnibus de finales de 2024, aprobada en el último Consejo de Ministros del año, incluía un amplio abanico de medidas tanto económicas como tributarias que han estado en vigor desde el pasado 23 de diciembre.

Sin duda, las más relevantes son las de la revalorización de las pensiones conforme al IPC o la extensión hasta mitad de año de las bonificaciones al transporte público, aunque no son las únicas.

Qué medidas decaen tras el voto en contra del Congreso

— El real decreto ley preveía una revalorización de las pensiones del 2,8%, conforme al incremento del IPC. Además, las pensiones mínimas iban a revalorizarse un 6% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital un 9%. Todas estas subidas se percibirán en la nómina del mes de enero, pero en febrero volverán a las cantidades anteriores al decreto.

— La extensión hasta el mes de julio de las bonificaciones de hasta el 50% al transporte público autonómico o la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes. La caída del decreto pone fin a los descuentos en el transporte.

— La puesta en marcha de ayudas para los ayuntamientos que redujesen al menos a la mitad, durante todo el año 2025, los precios de servicios de alquiler de bicicletas urbanas.

— Cambios organizativos en los ayuntamientos, que iban a ver aumentada su autonomía fiscal y una mejora en la capacidad de gestión de los recursos municipales. También se planteaban medidas para simplificar distintos trámites burocráticos municipales.

— Ayudas para afectados por la DANA del 29 de octubre: Se contemplaban fondos específicos para la reparación de infraestructuras o viviendas dañadas en las zonas de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía afectadas por la DANA. Las ayudas incluían también subvenciones directas y préstamos con intereses inferiores a los del mercado.

— Extensión del “escudo social” hasta final de 2025. Los desahucios a las familias más vulnerables habían sido prohibidos durante todo el año, tras el pacto alcanzado entre el Ejecutivo y Podemos, y se prorrogaba la prohibición de cortar los suministros básicos de electricidad, gas y agua a los consumidores vulnerables.

— Actualización de los porcentajes de descuento del bono social eléctrico en su modalidad de vulnerables severos hasta el 80% en el precio de la luz.

— El decreto establecía incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos para impulsar la transición ecológica. Estas deducciones buscaban incentivar la compra de coches menos contaminantes a través de deducciones en el pago del IRPF que alcanzaban el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.

— Asimismo, se impulsaba un programa de subvenciones para la modernización tecnológica de las pymes. Esta medida estaba enfocada a la adopción de distintas herramientas digitales como el comercio electrónico, la ciberseguridad o aplicaciones de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas.

— La norma introducía también modificaciones en la gestión de la función pública e incluía medidas para agilizar la contratación de los funcionarios, mejorar las evaluaciones de su desempeño o fomentar la modernización de la Administración General del Estado. También incluía modificaciones a la normativa que regula el teletrabajo en las administraciones públicas.

— Se establecían nuevos incentivos fiscales para impulsar el mecenazgo en actividades culturales, conciertos musicales, exposiciones artísticas o actividades de restauración del patrimonio histórico. El objetivo era el de fomentar la participación privada en la financiación de la Cultura.

— El decreto-ley impulsaba distintas medidas tributarias destinadas a mejorar la eficiencia energética del parque de vivienda español. Entre ellas se incluían deducciones por la reducción del consumo energético, medidas para facilitar la instalación de paneles solares o promover el autoconsumo compartido e incluso ayudas económicas destinadas a comunidades de vecinos o pequeñas empresas para la instalación de paneles solares. La medida permitía a los contribuyentes alcanzar una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso del 60% de dichas obras.

— La industria también formaba parte del decreto-ley. En él se destinaban fondos a la modernización de la industria y para la adopción de procesos más sostenibles y eficientes. Para ello se incluían subvenciones para la digitalización de industrias o para la reducción de emisiones contaminantes.

— La norma permitía también la agilización de proyectos urbanísticos a través la simplificación de licencias y trámites administrativos, con el fin de reactivar la inversión en el sector de la construcción y facilitar la rehabilitación de viviendas.

— Además, se ampliaban las ayudas económicas a las familias en situación vulnerable. Entre estas ayudas se ofrecían descuentos en servicios públicos educativos, de transporte o en el acceso a la vivienda, además de incentivos fiscales.

Casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no disfruta de estos descuentos en el recibo de la luz, según advierte un estudio de EsadeEcPol publicado este jueves que mide “por primera vez” las tasas de cobertura del bono social. El informe subraya que “una buena parte de los que sí se benefician del bono social no son familias vulnerables: entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono”.

La investigación avisa de “problemas de diseño que limitan que la política tenga el alcance deseado”, que se explican porque los descuentos los tiene que pedir el usuario. Los autores, Natalia Collado Van-Baumberghen y Ángel Martínez Jorge, estiman que la tasa de cobertura del bono era en 2022 (último año analizado, y el del inicio de la crisis energética por la invasión rusa de Ucrania) del 24,5% de los hogares, lo que supuso un ligero incremento respecto al 23,2% de 2021 y el 22,6% de 2020.

Pero esa tasa es “especialmente alta” para las familias numerosas (45,5%), único colectivo que lo recibe independientemente de cuál es su renta. En este caso, lo tienen más del 60% de los hogares de ingreso-medio alto. Sin embargo, el 60% de las familias numerosas de ingresos bajos se queda fuera y no tiene el bono.

La tasa de cobertura del bono social es de apenas el 20% para los hogares de renta baja. “Y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima”, advierte el estudio, que se basa en un análisis estadístico multifactorial de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Su conclusión es que, aunque 2 de cada 3 beneficiarios son hogares de renta baja, un tercio del total no lo es. 

Para paliar esta situación, el informe recomienda “reducir en la medida de lo posible barreras de entrada” para que el bono lo reciba quien realmente lo necesita. ¿Cómo? desplazando “la responsabilidad hacia las Administraciones, que podrían coordinarse con las comercializadoras para identificar qué hogares son susceptibles de recibir el bono con base en los datos de Hacienda (para renta), Seguridad Social (para condiciones de pensión mínima) y otros organismos que disponen de la información necesaria”.

Un “ejemplo claro” de esto sería el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dado que “sobre el papel la recepción del IMV hace al hogar automáticamente beneficiario potencial del Bono”. “Lo óptimo sería que la Administración aprovechara esta información para agilizar las concesiones del Bono, alineando y armonizando más aún ambas concesiones”. La “automatización” de estos descuentos ya la planteó en 2019 la estrategia del Gobierno contra la pobreza energética, que cubre el periodo 2019-2024. La medida nunca se llevó a cabo, aunque el Gobierno tiene pendiente desde hace años una reforma de estos descuentos.

El estudio recuerda que, en un contexto marcado por la subida de precios energéticos, en 2023 el 20% de los hogares no pudo mantener una temperatura adecuada en su hogar, la cifra más alta de la UE junto a Portugal, y en uno de cada diez hubo retraso en el pago de facturas. La cantidad de hogares que consumen menos energía de la necesaria por no disponer de recursos económicos para afrontar el gasto se ha duplicado entre 2020 y 2022.

Este miércoles, un informe de la Comisión advertía, con datos de 2023, de que España duplica la pobreza energética de la UE: el 20,8% de los hogares no pueden mantenerse clientes en invierno, el mismo dato que en Portugal y por delante de Bulgaria (20,7%) o Lituania (20%). La media europea es del 10,6% y en Luxemburgo solo tiene ese problema el 2,1% de la población.

Para mejorar el diseño del bono social, los autores del estudio aconsejan “reconsiderar la definición de criterios, introduciendo un máximo de renta para las familias numerosas”. Esta propuesta la ha dejado caer en el pasado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pero no ha llegado a implantarse. La última vez que lo hizo fue en 2023, cuando trascendió el caso del entonces vicepresidente madrileño y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio.

El informe apuesta por “considerar en el largo plazo el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas (como impuestos negativos sobre la renta) que permitan abordar las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”.

Advierten de que “a día de hoy, el acceso a instrumentos y equipamiento para mejorar la eficiencia energética de los hogares, así como a la información necesaria para gestionar la instalación no es equitativo en España”. Para responder al reto de la pobreza energética y a los objetivos de descarbonización, reclaman estrategias mas activas de las administraciones para “salir a buscar” a hogares vulnerables que podrían beneficiarse especialmente de mejoras de eficiencia, en materia de rehabilitación, aislamiento, o instalación de renovables. Y piden focalizar los recursos disponibles para que se beneficien de ellos los hogares de renta más baja, “que son los que precisamente condicionarán más probablemente la eventual inversion en eficiencia a disponer de ayudas, pues sin ellas no podrán acometerla”.

Los autores advierten de que “la brecha de cobertura entre hogares monomarentales y con ambos progenitores se ha abierto en estos años”: si en 2020 había 3,5 puntos de diferencia, en 2022 había ya 12 puntos (20% - 32%).

En contraste, en 2022 la cobertura de hogares con todos los miembros nacidos en España duplicaba a la de hogares con alguna persona nacida en el extranjero (27% vs 13%). Para los hogares con vivienda en alquiler, la brecha se ha mantenido en 8-10 puntos durante estos tres años (19% de cobertura en 2022 frente al 27% para los hogares en propiedad).

La Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) remitirá cartas durante este mes de agosto a las 12.318 personas en la región a quienes no se ha podido ingresar las ayudas del bono social térmico, por no disponer de sus cuentas corrientes. El objeto de esta comunicación es agilizar las cantidades que les corresponden en función de su vulnerabilidad y hacer efectivo cuanto antes el pago.

Del mismo modo, se están enviando misivas a los ayuntamientos para solicitar la colaboración de los servicios sociales y asegurar así que la información llegue a sus destinatarios y que éstos cuenten con respaldo si tuvieran dificultades para proporcionar los datos que se precisan.

El Ejecutivo extremeño recuerda que se trata de una ayuda directa del Ministerio para la Transición Ecológica, regulada en el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Está destinada a compensar los gastos de personas consumidoras más vulnerables en calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.

Las personas receptoras de estas cartas son aquellas beneficiarias de las que no se dispone de referencia bancaria o bien los datos facilitados por su comercializadora no están activos actualmente.

Agenex es la entidad encargada de la gestión, resolución y el pago de estas ayudas en la región, que cuenta con 80.103 beneficiarios, de los que 67.785 ya la han recibido.

Así, quedan pendientes de cobro 12.318 personas de las convocatorias de 2021, 2022 y 2023, a quienes les corresponden una o varias transferencias en función de las convocatorias en las que aparezca como beneficiaria. En total, se han pagado más de 41.519.000 euros, de los casi 49.629.000 consignados por el Ministerio en las tres convocatorias ya señaladas.

Para la convocatoria de 2024, según la nota, el Gobierno central aún no ha destinado la cuantía. 

Los 150 euros anuales que la Xunta de Galicia aportaba al bono social térmico del Gobierno central han desaparecido. La Consellería de Economía e Industria confirma a elDiario.es una información adelantada por Faro de Vigo y según la que unos 82.000 hogares de familias vulnerables dejarán de recibir este año la ayuda destinada a cubrir gastos de calefacción, cocina o agua caliente. El Gobierno gallego destinó en 2023 11,2 millones de euros a sufragar este complemento. No lo hará más.

El Faro de Vigo cita fuentes del departamento que aseguran que se trataba de una “medida provisional” incluida en una serie de medidas contra la subida del precio de la luz y del gas. Ahora que este ha bajado, añaden, esta iniciativa “extraordinaria y temporal” ya no resulta necesaria. El bono del Gobierno central sigue, por el contrario, activo. Las políticas del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, ahora Sumar, en Madrid para rebajar los costes de la electricidad fueron criticadas por el Partido Popular en el Estado y en Galicia y por los gabinetes de Feijóo y Rueda.

La propia Xunta admitió hace unos meses retrasos de hasta tres mese en el pago del bono social térmico debido a enredos burocráticos y a la redistribución de departamentos posterior a las elecciones del 18 de febrero.

El Gobierno de La Rioja comenzará esta semana a abonar el Bono Social Térmico a los 11.799 consumidores riojanos más vulnerables para hacer frente a los gastos ocasionados por el uso de calefacción, agua caliente y cocina. Así ha informado este martes, al Consejo de Gobierno la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, que en total distribuirá en un pago único alrededor de 3,4 millones de euros.

La Dirección General de Empresa Energías e Internacionalización ya ha enviado las cartas a los beneficiarios informándoles de la ayuda y abonará este mismo mes el grueso de las ayudas. Además, se han resuelto todas las ayudas que había pendientes de ejercicios anteriores por el retraso del Estado en transferir el dinero a las comunidades autónomas -el Gobierno central financia esta subvención que es de gestión regional- y se ha acelerado la tramitación. En concreto, y a diferencia del Bono del 2022 que se abonó en cuatro pagos en el último cuatrimestre del año pasado, el de 2023 estará liquidado en menos de un mes este año.

El Bono Social Térmico, creado en 2018 con el fin de complementar la ayuda percibida en concepto de Bono Social Eléctrico, financia los gastos térmicos generados en hogares vulnerable, definidos en función de la zona climática de residencia y de la consideración de otros factores sociales. En concreto se trata de unidades familiares integradas por personas en situación de dependencia reconocida de grado II o III, así como viviendas en las que solo conviven un único progenitor y, al menos, un menor. También, hogares en los que sus residentes reciben ingresos o son pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente.

De los casi 12.000 beneficiarios estimados en nuestra región en 2023, 6.505 son considerados consumidores vulnerables severos y, por tanto, recibirán una ayuda de mayor cuantía (hasta 413,88 euros). El importe medio se sitúa en 287,95 euros. 

En 2022, el Bono Social Térmico dispuso 5,7 millones de euros -ampliaciones incluidas- para un total de 10.415 beneficiarios identificados en nuestra Comunidad, de los que 5.438 fueron considerados vulnerables severos, recibiendo hasta un máximo de 797,22 euros. Finalmente fueron tramitadas 9.967 ayudas. Cada riojano en situación de vulnerabilidad recibió por ese ejercicio 547,60 euros de ayuda media. En la comparación anual, el número de familias potencialmente beneficiarias en La Rioja creció el 13,3%, pero la subvención promedio se redujo el 47,4%.

Más información sobre el Bono Social Térmico

De lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

941 29 41 65 - 941 29 11 00 ext. 33224

bonosocialtermico@larioja.org

https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/ayudas-vigentes-transicion-energetica/bono-social-termico

Calcula tu Zona Climática

http://www.bonotermico.gob.es/#beneficios/pvpc

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

http://www.iprem.com.es

La propuesta del PP de eliminar la denominada solución ibérica posiblemente no tendrá consecuencias prácticas para el consumidor de electricidad. Eso, siempre que los precios del gas no vuelvan a descontrolarse. En ese caso, los hogares quedarían desprotegidos. Especialmente, los más vulnerables, para los que el PP además planea eliminar el actual bono social y sustituirlo por una ayuda directa inspirada en la que pide el think tank de la patronal de la CEOE.

El mecanismo ibérico lleva meses sin entrar en funcionamiento. De cumplirse las previsiones actuales de precios del gas, esta situación se va a mantener hasta final de año, cuando en principio expira. “La probabilidad de que tenga que aplicarse de aquí a fin de año parece muy baja”, indica el ingeniero eléctrico José Luis Sancha, especialista en el sector y autor del libro “Presume de entender (a fondo) las facturas de la luz y del gas”.

El programa electoral de los populares dice que “se evitarán las medidas excepcionales, eliminando las existentes, que intervengan el mercado mayorista eléctrico”. Aseguran que esta política “ha provocado inseguridad regulatoria y restado atractivo a España para la llegada de inversiones energéticas”. Esta afirmación contrasta con los informes de distintas consultoras especializadas como Aurora Energy: el pasado 22 de junio situó a España como el segundo país más atractivo de Europa para invertir en energía solar, solo por detrás de Alemania.

El tope al gas es un sistema ideado por el actual gobierno para que las subidas exponenciales del gas provocadas por la guerra en Ucrania dejaran de contaminar los precios de la electricidad. Estos se fijan por un sistema marginalista (la última tecnología que casa oferta y demanda fija el precio de la energía). Fue una forma de evitar que las tecnologías denominadas inframarginales (como la nuclear o las renovables) tuvieran beneficios extraordinarios por las disparatadas subidas del gas.

La solución ibérica, arrancada por los gobiernos de España y Portugal a la Comisión Europea tras duras negociaciones, inicialmente expiraba en mayo y se prorrogó hasta diciembre. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, era partidaria de mantenerla hasta 2024 si para entonces no estaba en vigor la reforma eléctrica a escala europea que actualmente se está negociando en Bruselas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es partidario de una reforma en la UE mucho menos agresiva que la que ha planteado el actual gobierno, y lleva meses reclamando la supresión del tope al gas, que llegó a calificar de “timo” y que las compañías eléctricas trataron de tumbar en Bruselas antes de que entrara en vigor.

5.000 millones de ahorro

El mecanismo, según distintas estimaciones, ha logrado reducir de media el precio en el mercado mayorista entre un 20% y un 30%, ha recortado hasta medio punto de inflación en 2022, según el Banco de España, y ha tenido especial incidencia entre las rentas más bajas. El Gobierno estima que ha ahorrado más de 5.000 millones de euros a los consumidores que se han beneficiado de él.

Esta salvaguarda lleva meses sin aplicarse, tras la moderación de los precios del gas. La prórroga hasta diciembre introdujo una nueva senda de precios del gas a partir de los cuales se activaría, algo más baja que la pactada inicialmente. Para este mes, el umbral es de 59,4 euros por megavatio hora (MWh). Este precio casi duplica los 34 euros en los que cotiza actualmente el gas en el mercado ibérico Mibgas.

De cara a final de año, cuando la demanda de gas aumenta y puede volver a haber sustos con su cotización, el tope se situaría en 65 euros/MWh en diciembre, por encima del precio al que apuntan actualmente los futuros del Mibgas para el invierno (45 euros) o los del mercado holandés TTF para el último mes del año. Como señala una nota de Tempos Energía publicada este miércoles, una de las claves de que no haya nuevas subidas es que Asia “no incremente su demanda más de lo esperado” en los próximos meses.

Una de las razones para que la solución ibérica no se esté activando desde febrero, además de la caída del consumo de gas y una climatología favorable, es que la UE ha hecho los deberes con el llenado de sus almacenes. Están al 78%, un nivel similar al de 2020. En el caso de España están al 98%, el nivel más elevado de todo el continente, según datos de Gas Infrastructure Europe (GIE).

Como resume el consultor Francisco Valverde, responsable de Renovables de Menta Energía, para que la solución ibérica volviera a entrar en funcionamiento “tendría que ponerse el gas al doble de lo que está ahora. Y dudo mucho que se llegue a esas cifras”. Entretanto, no deja de ser un escudo para proteger al consumidor de episodios extraordinarios que, a la vista de la experiencia de los últimos años, tampoco pueden descartarse de plano.

En un extenso informe que acaba de publicar Bank of America sobre la situación del gas en Europa, su responsable global de materias primas y derivados, Francisco Blanch, alerta sobre los riesgos del mercado del gas en Europa. “Sigue siendo barato, pero propenso a sufrir shocks”, explica. “En abril, Europa parecía destinada a alcanzar los inventarios completos 1-2 meses antes de lo previsto, a menos que la demanda comenzara a recuperarse o se produjeran más interrupciones en el suministro. En la actualidad, los inventarios gozan de muy buena salud desde una perspectiva estacional, aunque son ligeramente inferiores a lo previsto debido, en parte, a las interrupciones de la producción”.

La entidad advierte de que “la dinámica de la oferta y la demanda puede ser impredecible y tiene el potencial de dejar a Europa con un almacenamiento insuficiente antes del invierno”. “Los datos hasta junio sugieren que los patrones de consumo aún no se han normalizado, aunque los precios seguirán proporcionando alivio y la relación temperatura-demanda podría empezar a invertirse a medida que se acercan el otoño y el invierno, lo que crearía un equilibrio más ajustado en Europa y en otros lugares”, advierte Blanch, que apunta también a los impactos de la climatología: “Las temperaturas en Europa y el resto del mundo fueron suaves el pasado invierno, lo que evitó el peor escenario posible para el mercado del gas. Un clima más cálido de lo normal este verano aumentaría la presión sobre el sector eléctrico, pero la atonía general de la demanda de electricidad, probablemente derivada de la débil actividad económica, debería dar un respiro a los proveedores de electricidad si aumenta la demanda de refrigeración”.

“El invierno plantea un riesgo más grave, ya que el gas se utiliza directamente para calefacción en los sectores residencial, comercial e industrial. Un invierno normal podría aumentar la demanda de gas en más de 5 Bcm anuales, mientras que un clima más frío podría ejercer mucha más presión sobre los balances de gas. Además, si la demanda ajustada al clima vuelve a la relación observada durante 2017-1S22, Europa se quedaría corta de suministros de gas, lo que provocaría otro repunte de los precios”.

Por lo pronto, el gas está a años luz de los niveles récord de más de 300 euros/MWh que llegó a alcanzar tras la invasión de Ucrania. Aunque en las últimas semanas su cotización ha registrado subidas por la prolongación de los trabajos de mantenimiento de la red noruega y tras confirmar Países Bajos que cerrará este año el yacimiento de Groningen, el mayor de Europa. Por eso en junio el precio medio del mercado mayorista eléctrico en España subió un 25% respecto a mayo, hasta 93 euros/MWh, aunque un 57,5% por debajo del nivel de un año antes, cuando empezó a operar el tope al gas.

Francisco Valverde cree que el mecanismo ibérico ha sido “muy beneficioso para España y para los consumidores”. Y en el caso improbable de que llegara a aplicarse, “volvería a ser bueno” para ellos, si bien no es “la panacea” para evitar subidas de la factura eléctrica. La promesa del PP es, en su opinión, “postureo” para contentar a quienes han criticado esta medida en el último año.

Un cheque a los vulnerables

Cabe preguntarse qué ocurriría con los consumidores vulnerables si el gas se disparase, la solución ibérica fuera derogada y se materializara la idea del PP de suprimir el bono social, los descuentos para hogares desfavorecidos que costean las energéticas y contra los que las eléctricas llevan años pleiteando. Su programa plantea sustituirlo por “un Bono Social Único (BSU), como un pago directo al consumidor”, que aseguran mejoraría a los existentes, que podrá tenerse aunque no se está acogido a la tarifa de la luz.

El documento no detalla cómo se financiaría, un aspecto clave: el bono social nunca ha sido una cuestión pacífica y las eléctricas han pleiteado contra la obligación de costearlo desde su puesta en marcha en 2009. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de instar al Gobierno a que abone a Endesa, Naturgy e Iberdrola los más de 320 millones que se les adeuda por tras haber declarado ilegal el mecanismo de financiación de estas ayudas.

La del PP es una propuesta que recuerda a lo que acaba de proponer el think tank de la CEOE en un estudio con varias falsedades sobre estos descuentos. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) acaba de pedir una ayuda directa, costeada por los presupuestos, “en forma de un cheque anual/mensual, calculado para compensar un determinado nivel de consumo eléctrico acorde con las características de cada grupo familiar”.

Sobre esta propuesta, una reciente nota de la Fundación Isadora Duncan, entidad con un conocimiento directo de la pobreza energética, advierte de que un cheque único “no vinculado a la energía” conllevaría “la generación de deudas que podrían empeorar la efectividad de la medida”. Su cobro “podría estar vinculado a cuentas bancarias en las que se cobren comisiones, se exijan certificados o documentación por la que esas entidades financieras requieran un pago”, con el riesgo de que “no llegue de manera íntegra”.

En su programa, los populares también dicen que van a obligar a las comercializadoras “a estandarizar una amplia oferta de productos en el mercado libre (con precio estable, discriminación horaria, cuotas fijas, cuotas planas) para todos los clientes en baja tensión”. Y recogen su promesa ya anunciada de alargar las nucleares. Materializarla requeriría de una rebaja de los gravámenes que, según las propietarias de las centrales, les aboca a pérdidas. Esa prórroga nuclear dejaría menos hueco a la generación renovable. Esto multiplicaría las paradas de instalaciones de energía limpia si la demanda no acompaña.

Los populares dicen que quieren convertir a España en “superpotencia energética” y prometen desbloquear el atasco de permisos de renovables mediante una “tasa por hito” que, con cargo al promotor del proyecto, “financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático”. 

El Gobierno señala que esa tasa “ya existe” a través de la tasa conocida como 054 por servicios prestados por órganos del anterior Ministerio de Industria y Energía, creada por dos decretos franquistas, el 661/1960 y el 663/1960, firmados por Carrero Blanco, que se fusionaron en el RDL 26/77, y desde entonces no se ha actualizado.

Esta tasa grava los servicios prestados por la Administración en la tramitación de las instalaciones y se abona por la gestión de la Autorización Administrativa Previa (AAP), la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y la Autorización Administrativa de Explotación (AAE) de los proyectos, hitos clave de la tramitación, y se paga al presentar la solicitud.

El Ministerio de Administraciones Públicas tiene atribuida la competencia de gestión y recaudación, de acuerdo con un decreto de 1997. El importe de la tasa es proporcional al presupuesto del proyecto y se abona en cada una de las autorizaciones. Para un proyecto de 50 millones de euros, se eleva a unos 9.000 euros.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, “la tasa ha sido suficiente para tramitar los proyectos de renovables hasta ahora, en que ha habido problemas puntuales, para los que se han contratado los servicios externos de Tragsatec”.

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Debemos fomentar la natalidad. Hay que premiar, hay que cuidar, a quienes invierten su tiempo y su dinero en la crianza de los ciudadanos del futuro. Pero: ¿deben las familias numerosas recibir ayudas sociales aunque tengan mucho dinero?

Hablamos con Cristina Bolinches, redactora de Economía de elDiario.es para saber cómo son y qué requisitos son necesarios para cobrar este tipo de ayudas, y con César Rendueles, sociólogo, científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, respondemos a las preguntas de por qué la universalidad de estas ayudas es así y qué implicaciones tiene. 

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Los bonos sociales para rebajar la factura energética de los consumidores vulnerables no llegan ni a un tercio de las familias numerosas, pero sí alcanzan al 55% de las que tienen ingresos medios y altos.

Esta disparidad “sugiere que las familias con mayor disponibilidad de tiempo e información para lograr este tipo de bonos cuentan con una mayor probabilidad de poder conseguirlos”, según apunta un análisis de EsadeEcPol publicado este miércoles.

El estudio utiliza, entre otras fuentes, información de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2021. Analiza a quién llegan los bonos energéticos centrándose en el nivel de renta y los tipos de familia.

Un asunto de máxima actualidad, tras la reforma de estos descuentos que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado ahora que han aflorado casos de políticos madrileños con altos ingresos que los cobran por pertenecer a familias numerosas. Este colectivo es el único que recibe esos descuentos independientemente de su renta.

La conclusión de los expertos de EsadeEcPol Ángel Martínez, Natalia Collado y Jorge Galindo es que estos bonos “son insuficientes en su cobertura, algo especialmente grave para las familias estructuralmente vulnerables, y en su diseño actual se prestan a problemas de desajuste entre quién los necesita y quién los recibe”. Por eso reclaman revisarlos “buscando que sean más efectivos y progresivos”.

Según el estudio, solo un 8,3% de los hogares españoles reciben algún bono social energético, lejos del 14,3% de la población que declaró en 2021, último dato disponible, que tenía problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, lo que supone uno de los indicadores más claros de la existencia de pobreza energética.

Como recuerda el estudio, entre los receptores de esta ayuda son mayoría los hogares más pobres. Pero “la incidencia de la pobreza energética en este grupo apunta a que potenciales beneficiarios no la están recibiendo”. Los motivos son, fundamentalmente, la “complejidad” del procedimiento para pedirlo y el desconocimiento de muchos posibles receptores.

Desagregando por tramos de renta equivalente por unidad de consumo, los autores concluyen que solo tienen algún tipo de bono social el 17-18% de los hogares de renta más baja. Este porcentaje incluso cae hasta el 10% entre los hogares más pobres. Después, y a medida que la renta va aumentando (en concreto, a partir del tercer decil de renta), el porcentaje de hogares con estos descuentos baja con fuerza hasta situarse en apenas el 2% de los hogares en el penúltimo decil.

Pero hay una excepción: en el 2% de hogares con más capacidad económica, “se produce un incremento no lineal de las ayudas” que corresponde con familias numerosas que se aprovechan de ese bono pese a su desahogada posición. En este caso, la cobertura vuelve a subir y se sitúa en el 4%, “de forma que 1 de cada 25 familias del 2% que más gana del país tiene un bono social”.

“En la buena dirección”

Los expertos de EsadeEcPol recuerdan que el problema de la pobreza energética “puede haber aumentado” con la crisis energética, lo que “arroja ciertas dudas” sobre la efectividad de estas ayudas. Además, “tal y como están definidos los requisitos de acceso, especialmente en el caso del bono social eléctrico, podrían estar beneficiando a familias que no se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.

Por ello, “la propuesta de incorporar un umbral de renta a las familias numerosas en el acceso al bono social eléctrico es un paso en la buena dirección”. No obstante, es necesario “combinar mejor los criterios de renta con los de tipo de hogar, pero con el cuidado necesario para no eliminar a demasiados hogares de la concesión”.

Así, avisan de que un umbral en torno a los 26.000 euros anuales como el que ha dejado caer Ribera, “quitaría la ayuda a una de cada tres familias numerosas de renta media-baja”.

También recomiendan “reducir considerablemente las barreras” para obtenerlos, implantando “una solicitud ya rellenada a quien cumpla las condiciones, o incluso pasar a un sistema de concesión automática” como el que prometió el primer gobierno de Pedro Sánchez allá por 2019 con la Estrategia contra la Pobreza Energética, una medida que nunca se llegó a implantar.

En este caso, esa concesión por defecto “podría funcionar a través de la factura energética o como componente del Ingreso Mínimo Vital”. Para adoptar cualquiera de esas posibles, opciones, sería “enormemente conveniente” universalizar la presentación de una declaración de la renta “que recogiera ingresos reales de cada hogar año a año”, apuntan los expertos de EsadeEcPol.

Desde hace años, entidades tan diversas como el Defensor del Pueblo, el sindicato UGT, la Fundación Civio o el think tank Economics for Energy han reclamado que estas ayudas se vinculen siempre a la renta.

La propia Teresa Ribera ya deslizó a principios de 2021 en una comparecencia en el Congreso que reformaría el bono eléctrico para que lo disfrutaran “quienes más lo necesitan”: “Necesitamos consolidar y ampliar el bono social eléctrico concentrándonos en quienes más nos necesitan” y “entender si las categorías previamente establecidas en el año 2017 de consumidor vulnerable se corresponden realmente con quienes más lo necesitan”.

“A veces nos encontramos con que no necesariamente es así y si cruzamos información de renta y patrimonio podemos estar dando cobertura a personas que pueden manejarse mejor y dejando a un lado recursos que podrían destinarse a colectivos particularmente necesitados”, apuntó entonces Ribera.