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Feijóo muestra su rechazo a la excepción ibérica, en contra de lo defendido por Bruselas, y dice que nunca le llamó timo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

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El PP lo ha bautizado “timo ibérico”. Pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendía de nuevo este miércoles, en el pleno del Parlamento Europeo, la llamada “excepción ibérica”, que ha supuesto un ahorro de unos 3.000 millones de euros para los consumidores españoles y, además, que la inflación en España en septiembre sea un punto por debajo de la media de la eurozona.

“Yo nunca he usado esa expresión [la del timo ibérico]”, ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, vendiendo a su secretario general, Elías Bendodo, quien acuñó el término, para a renglón reiterar su rechazo al decir que “está suponiendo que los españoles estén subvencionando con 1.000 millones la luz en Francia”. Eso sí, sin referirse a la rebaja del precio en España, al tiempo que ha afirmado que ha supuesto un aumento del consumo... la excepción, claro, no la rebaja del IVA que tanto preconizó y que acabó aprobando el Gobierno.

El PP también calificó de “comunismo bilioso” la idea de gravar los súperbeneficios de las eléctricas aprobado, como la excepción ibérica, por la Comisión Europea y el Consejo, donde se reúnen los 27 Gobiernos de la UE. Pero sobre eso, aunque ha sido preguntado, no ha dado respuesta. Y no es lo único aprobado por la Comisión Europea y el Consejo Europeo que ha sido luego rechazado por el PP en España: también ha pasado con la reforma laboral, por ejemplo, que han supuesto 10.000 millones de euros en fondos europeos de recuperación. O los mismos fondos europeos, que son más de 150.000 millones para España, unos fondos sobre cuya gestión ha vuelto a sembrar dudas este jueves en Bruselas Feijóo.

“Nosotros respaldamos a la Comisión Europea”, ha dicho una y otra vez antes de la reunión del PP europeo en Bruselas, donde la familia conservadora tiene varios frentes abiertos, por el coqueteo de Silvio Berlusconi con Vladímir Putin, la alianza de su partido para formar Gobierno con la posfascista Giorgia Meloni, o lo que ha ocurrido en Suecia, que los conservadores van a gobernar el país con los liberales gracias a los votos del principal partido de la oposición, la extrema derecha de los Demócratas de Suecia.

Bloqueo del Poder Judicial

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido a las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que parecen estar en una fase decisiva, según fuentes conocedoras de las conversaciones. El CGPJ, que lleva cuatro años de bloqueo por la negativa del PP a pactar su renovación, se encuentra ahora en una situación aún más precaria por la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, lo que ha llevado a Bruselas a reiterar la “urgencia” por su renovación.

Núñez Feijóo ha insistido en Bruselas su alineamiento con “lo que dice el comisario [de Justicia, Didier Reynders]”. Sin embargo, lo que dice el comisario es que primero ha de producirse la renovación y luego la reforma de la ley, mientras que el PP está pidiendo que en la renovación se apliquen criterios de la ulterior reforma.

“Si pactamos unos requisitos para la actualización del CGPJ, habrá renovación”, ha dicho, sin tener en cuenta que el PP lleva dominando cuatro años el CGPJ sin aplicar esos requisitos que ahora quiere aplicar para la renovación actual. Y ha asegurado algo “no se está hablando de nombres”, si bien las fuentes señalan que sí que están circulando candidatos en las conversaciones.

“Nosotros suscribimos la propuesta que ha hecho el comisario europeo tanto al Gobierno como al Partido Popular”, ha dicho Feijóo.

“Tenemos que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, tenemos que avanzar en su independencia y tenemos que cambiar la legislación para que el siguiente Consejo General del Poder Judicial tenga un peso, como Europa plantea, de jueces y magistrados en la elección de los jueces y magistrados que conforman la mayor parte del Consejo General del Poder Judicial”, ha señalado el presidente del PP, obviando que ya 12 de los 20 miembros del CGPJ son votados por el Congreso de entre una terna seleccionada previamente por las asociaciones judiciales.

Según Feijóo, “el acuerdo para el CGPJ es posible si el Gobierno quiere. Es verdad que hasta el 11 de octubre hemos perdido varios meses en intentar desbloquear el acuerdo. Y es verdad, lamentablemente, que el CGPJ ha estado intervenido por el Gobierno desde hace un año y medio, o dos, cuando le usurpó las competencias constitucionales que le corresponden. Debería el Gobierno haber sido más cuidadoso y no provocar el problema que tiene en este momento el Tribunal Supremo en España con el 20% de las vacantes sin cubrir. Pero lo importante es decir que estamos de acuerdo en despolitizar el consejo. Si la respuesta es sí, puede haber actualización y renovación del Consejo. ¿Estamos de acuerdo en establecer una serie de requisitos para que los ministros no puedan ser fiscales generales del Estado o no puedan volver al Tribunal Supremo o no pueden ser nombrados miembros del Consejo General? Si estamos de acuerdo en eso, estaremos de acuerdo con los requisitos. ¿Y estamos de acuerdo en que el Consejo entrante haga una propuesta a las Cortes y al Gobierno de dar más peso a jueces y magistrados en la elección de jueces y magistrados? Pues entonces creo que eso es posible”. 

Rechazo a la ley trans: “Es una frivolidad”

“Es una frivolidad”, ha dicho el presidente del PP, pese a que el propio PP apoyó en 2019 la libre determinación de género y ha votado leyes similares en diferentes parlamentos autonómicos.

Alberto Núñez Feijóo, además, ha asegurado que el PP derogaría la ley, cuya tramitación se ha visto rechazada por parte del PSOE, si llega al Gobierno.

Sin embargo, en 2019 el informe de la ponencia sobre la ley trans contó con el respaldo del PP (aunque había votado en contra en dos puntos sobre personas no binarias e intersexuales), además del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís y PDeCAT, pero nunca llegó a debatirse en comisión.

Solo los populares habían intentando diluir la iniciativa durante la tramitación. Así, una de las enmiendas presentadas buscaba precisamente seguir manteniendo algún requisito médico. Y lo justificaba en que “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares”.

Los trabajos se alargaron hasta 2019, cuando el Boletín Oficial del Congreso publicaba el texto base de la norma, que recoge básicamente el punto que ahora el PSOE cuestiona de la ley trans: la libertad de cambiar el sexo y el nombre únicamente con “la declaración expresa” de la persona interesada.

“La ley trans es una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres”, ha dicho Feijóo, “que afecta a los derechos de la infancia y que se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana. Por tanto, la ley no debe de aprobarse en ningún caso. Y si la ley trans, con el borrador que aprobó el Gobierno, se aprobase en el Congreso de los Diputados, tenemos el compromiso de derogarla en el caso de que tengamos los votos suficientes en la siguiente legislatura”.

“Comprendo perfectamente los movimientos feministas que pretenden una igualdad, que yo suscribo, entre géneros”, ha dicho Feijóo: “Y lo que no puedo comprender es la frivolidad de que personas, adolescentes, personas incluso sin mayoría de edad, puedan simplemente tomar una decisión ni siquiera meditada, ni siquiera tutelada por los profesionales sanitarios, o proceder a intervenciones quirúrgicas irreversibles. Por tanto, comprendo el problema que tiene el Partido Socialista. Lo que no comprendo es cómo el primer ministro socialista español aprueba leyes en el Consejo de Ministros y después se crea el aparente cisma entre la coalición de gobierno. Es difícilmente comprensible”.

Feijóo ha añadido: “Ese proyecto de ley va en contra de los principios básicos y va en contra de los derechos de las mujeres y eso está constatado con las asociaciones de feministas con las que nos hemos entrevistado, con las asociaciones de madres y padres que tienen hijos en ese supuesto, y también con las asociaciones de profesores. Espero y deseo que ese proyecto simplemente se retire del Congreso de los Diputados y que volvamos otra vez a fijarnos en lo importante”.

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