La Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil mantiene que Marcos Benavent, exgerente de la extinta empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', desvió fondos procedentes de obras de campos de césped y cobró 79.963 euros en mordidas.

Así se desprende del informe que ha remitido la UCO al Juzgado de Instrucción número 18 de València, en el marco de la pieza principal del conocido como caso Imelsa. Se trata de un informe ampliatorio de las actuaciones relativas al Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de Césped Artificial.

La Guardia Civil apunta en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que tras estudiar los hechos se deduce que en una fecha muy temprana al desarrollo del Plan de Instalaciones Deportivas, por parte de una sociedad se mantuvo una serie de contactos y reuniones con diferentes miembros de la administración pública que, directa o indirectamente, participaban en la tramitación de los expedientes.

Fruto de estos contactos, se ha constatado cómo las especificaciones técnicas aportadas por esta sociedad fueron trasladadas a las bases técnicas que posteriormente rigieron las diferentes licitaciones, algo que, a juicio policial, podría haber supuesto una limitación a la concurrencia por parte de las empresas que podían servir a los licitadores el césped artificial a instalar.

Con respecto a la confección de los pliegos, se ha evidenciado por parte de la Guardia Civil ciertos paralelismos o similitudes con los que rigieron los procedimientos seguidos en la empresa pública Ciegsa, cuyo gerente en aquel momento era Máximo Caturla. Entre esas similitudes se encuentra la agrupación de las distintas obras en lotes, la limitación de las bajas económicas o el uso de criterios de adjudicación que constituyen criterios de solvencia.

En concreto, en el marco del Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas, promovido por la Diputación de Valencia y gestionado y ejecutado por Imelsa, se produjeron licitaciones en varias fases, en cada una de las cuales se licitaron, además, diferentes lotes. Estos lotes agrupaban, a su vez, un conjunto de obras a ejecutar en diferentes localidades, tratándose de campos de fútbol 11, fútbol 7 o pistas de pádel.

Tres de estos expedientes fueron adjudicados a dos empresas señaladas por Benavent como aquellas que le habrían entregado comisiones con motivo de las adjudicaciones enmarcadas en el Plan.

Además de la construcción y, en algunos casos, la redacción de los diferentes proyectos enmarcados en el Plan, por parte de Imelsa también se licitó la dirección de obra y la coordinación de la seguridad y salud de las mismas.

Precisamente en relación a estas contrataciones, el análisis de la Guardia Civil ha evidenciado la aparente existencia de una serie de servicios que habrían sido facturados y abonados doblemente por Imelsa: concretamente los relacionados con la dirección técnica de las obras de la pista de pádel de Beniarjó, los campos de fútbol 11 de Miramar y Benirredrá y, finalmente, las piscinas cubiertas de Canals y Enguera.

La dirección técnica de las obras habría sido desarrollada de forma efectiva por una empresa pero facturada por otras dos sociedades aparentemente sin haber prestado estos servicios. El importe de las facturas analizadas en este sentido ascienden a 108.785,97 euros.

Coetáneamente, estas dos últimas sociedades efectuaron pagos a la empresa de Benavent, Berceo Mantenimientos, por importe de 79.963,88 euros en el marco de una serie de negocios jurídicos vinculados con su expansión comercial en Polonia y Argelia que se presumen ficticios.

La defensa del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', estudia pedir cambios por la reforma de la malversación en el escrito de acusación formulado por la Fiscalía en relación al juicio por los presuntos 'zombies' en Imelsa y Ciegsa que arranca este mismo mes de enero.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la reforma de la malversación impulsada por PSOE y ERC podría afectar a la acusación formulada por el Ministerio Público contra Benavent, que se sentará en el banquillo de los acusados por utilizar presuntamente a Imelsa “en beneficio propio” y contratar a trabajadores “para responder a favores solicitados por terceras personas”.

Las mismas fuentes señalan que los cambios legislativos, que entran en vigor a finales de esta semana, también podrían afecta a la inminente sentencia por otra rama del caso Imelsa: la relativa a la pieza Thematica.

Anticorrupción mantuvo a finales del pasado mes de junio, en una de las últimas sesiones del juicio, su petición de ocho años y tres meses de prisión para Benavent por las supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events.

Primer juicio por Imelsa

Se trata de la primera pieza de Imelsa que llegó a juicio y en la misma se dictó auto de procesamiento por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

Anticorrupción enmarca estos hechos dentro de la “operativa criminal” diseñada para el presunto desvío de fondos públicos utilizando la empresa pública Imelsa --actual Divalterra--, por parte de sus dirigentes, entre ellos Marcos Benavent, gerente de dicha empresa por decisión del expresidente 'popular' de la Diputación de Valncia, Alfonso Rus.

Las citadas fuentes explican que la defensa de Benavent espera a la sentencia que ha de dictar la Audiencia Provincial de Valencia para solicitar una eventual revisión de condena en lo relativo al delito de malversación.

Cabe recordar que la reforma de la malversación dibuja tres supuestos distintos: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas anteriores (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación); y dos tipos nuevos: uno sin ánimo de lucro para “usos privados” (de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación).

El juicio del 'caso Alquería' encara sus últimas sesiones con las conclusiones de las acusaciones populares y las defensas. La letrada de la entidad 'Acción Cívica contra la Corrupción', Miriam Salmerón, ha señalado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez como el máximo responsable de los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra enjuiciados. Rodríguez, ha apostillado la abogada, “ocultó la contratación ilegal a los miembros del Consejo de Administración que no eran miembros del equipo de gobierno y ocultó los informes jurídicos negativos previos y posteriores”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en el juicio del 'caso Alquería' penas de hasta ocho años de prisión y dos décadas de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

La abogada ha trazado una panorámica sobre los cargos contratados en la firma, afines al PSPV-PSOE y a Compromís: “Fueron un engaño pues no se les otorgaban poderes ni facultad alguna; sus beneficiarios, todos ellos compañeros de partido político, no obligaban a la empresa ni dirigían su gestión, no formalizaban compras, no realizaban pago alguno, no tenían autonomía ni asumían responsabilidad alguna, algunos no tenían ni presupuesto, ni personal a cargo, otros ni siquiera acudían con regularidad al puesto de trabajo, alguno ni trabajó”.

La acusación popular ha recordado que, tras el cese de siete de los contratados de alta dirección, Divalterra “siguió funcionando sin cubrir dichos puestos”. La letrada, en la línea de la Fiscalía Anticorrupción en su exposición de conclusiones, ha destacado que el empleo público la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad “está fuera de toda duda”.

Las defensas sostienen que existe un debate jurídico sobre los contratos de alta dirección (el policía encargado de la investigación reconoció que desconocía este extremo). Sin embargo, la acusación popular argumenta que en los contratos del 'caso Alquería' “se seleccionó directamente a dedo sin ningún tipo de análisis de la capacidad de los contratados”. “Se maquinó” para “contratar a dedo” a los altos directivos “sin evaluar ningún tipo de mérito ni capacidad”, ha denunciado Miriam Salmerón.

La acusación popular ha pedido al tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia una sentencia condenatoria. Una absolución, ha dicho, “lesionaría gravemente la prevención general y específica del derecho penal para toda la clase política porque la impunidad de la corrupción es un crimen en sí misma”.

El letrado de la otra acusación popular, que ejerce el PP, también ha señalado a Jorge Rodríguez como el “principal instigador” de los contratos de alta dirección y ha aludido a una “intencionalidad directa” de saltarse la ley, según recoge Europa Press. “Se hizo una trama de contratación ilegal en perjuicio del erario público”, ha abundado el abogado Vicente Ibor.

La acusación popular del PP ha recordado que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración de Divalterra. “¿Por qué no se hizo, pese a que PSPV y Compromís tenían mayoría en el Consejo?”, se ha preguntado el letrado, y ha contestado: “Es evidente que no llevaron los contratos al Consejo porque no podían contar con los informes favorables preceptivos”.

“Todo se hizo de forma deliberada”, ha apuntado el abogado, quien ha añadido que había una “ilegalidad” en el modo de la elección de los contratados, un “clientelismo político”.

Jorge Rodríguez “no dio ningún nombre”

La defensa de Jorge Rodríguez, que ejerce la letrada Ángela Coquillat, ha dado una versión diametralmente distinta. “No participó en los contratos de altos directivos ni enchufó a nadie. Tampoco sabía nada de su presunta ilegalidad”, ha dicho. Su cliente tampoco participó en el acuerdo de Gobierno de 2015 entre el PSPV-PSOE, Compromís y València en Comunitat que repartió las áreas, según ha destacado la letrada. También ha negado que Rodríguez tuviese la intención de enchufar a afines a su antiguo partido (tras su detención por el 'caso Alquería' dejó de militar en las filas socialistas y creó La Vall Ens Uneix, formación con la que revalidó su mandato como alcalde de Ontinyent). “De haber sido así también hubiera nombrado a otros directivos en otras empresas públicas que gestionaba. Y no se hizo”, ha añadido.

Cuando Rodríguez llegó a Divalterra, ha proseguido, “se necesitaba control y había mucho que hacer”, lo que justificó, a su entender, el nombramiento de cogerentes. “Había que poner controles en la empresa y se pusieron. Y así lo decía el exjefe jurídico José Luis Vera en un informe”, ha manifestado.

“Era una empresa [Divalterra] muerta y sin futuro y tan solo utilizada para intereses espúreos de algunas personas. Se quiso trabajar y solucionar este problema y, para fomentar la transparencia, se buscó una empresa auditora externa”, ha dicho, y se ha preguntado: “¿Qué sentido tiene que vigilen tu legalidad si tu intención es hacer ilegalidades?”.

La letrada ha recordado que hubo dos informes favorables a las contrataciones de alta dirección. “Rodríguez no participó entregando ningún currículum ni en las entrevistas. Solo le informaron sobre las capacidades de ellos. No dio ningún nombre ni mandó ningún correo o WhatsApp enchufando a nadie. No participó en la redacción de contratos ni se le advirtió de ningún problema de forma inicial, ni por parte de los expertos ni de los técnicos jurídicos de Divalterra”, ha aseverado.

No fue hasta noviembre de 2015, una vez efectuados los contratos, cuando supo por parte del exgerente Víctor Sahuquillo que podía haber alguna irregularidad. Y a la vista de sus manifestaciones, fue cuando pidió a los gerentes que solicitaran a José Luis Vera un informe, en el que sólo se hablaba de “dudas” pero no de “ilegalidades”. “Salvo esos correos ninguna irregularidad se le hizo saber a Rodríguez”, ha dicho la letrada.

La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia ha reconocido que los contratos no pasaron por el Consejo de Administración: “No cabe duda de ello, pero tampoco hay duda de que no había ninguna reticencia ni nadie informó que la hubiera. Y de ahí a que no se conociera que se había contratado a siete personas, eso no. Se ha acreditado que estos nombramientos se hicieron a bombo y platillo y se les dio publicidad”, ha subrayado.

El fiscal anticorrupción Pablo Ponce ha desglosado las conclusiones de la acusación pública en el juicio del 'caso Alquería', por el que se sienta en el banquillo el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. “El empleo público no tiene que ser para las personas que designen los políticos, tiene que ser para las personas que reúnan la condición de mérito y capacidad”, ha remarcado Ponce ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, que juzga la contratación presuntamente irregular de una decena de altos directivos de la empresa pública Divalterra vinculados al PSPV-PSOE y a Compromís. 

El representante del Ministerio Público ha defendido la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargada de las pesquisas: no se ha probado “en absoluto” que la actuación policial haya tenido “halo de ilegalidad” alguno, como han deslizado las defensas de los acusados. El fiscal sostiene que los contratos de alta dirección tramitados en la empresa pública de la Diputación de Valenciana, que han supuesto un “quebranto para las arcas públicas” de 1,1 millones de euros según Anticorrupción, se efectuaron “al margen de la legalidad” y omitiendo el procedimiento y las normas estatutarias.

Junto a Jorge Rodríguez, en el banquillo de los acusados se sienta también la excogerente de Divalterra Agustina Brines, de Compromís, además de varios cargos en la institución provincial, para los que el Ministerio Público solicita penas de hasta ocho años de prisión y dos décadas de inhabilitación. Los hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, serían constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Los contratos de alta dirección “constituyen una argucia legal para evitar el procedimiento de la empresa”, todo con el objetivo de “colocar única y exclusivamente a determinados miembros de uno u otro partido político”, ha expuesto Pablo Ponce, que también ha desvinculado el 'fichaje' de los altos directivos del pacto político por el que los partidos progresistas, tras las elecciones del 2015, se hicieron con el control de la institución provincial. 

La “única cualificación de mérito o capacidad es la adscripción a determinado partido político”, ha recordado el fiscal, que ha remarcado que un pacto político “no puede justificar una contratación pública”. La empresa pública Imelsa (cuya marca se rebautizó como Divalterra) fue el foco principal de la corrupción investigada en el 'caso Taula', del que se encarga precisamente el fiscal Pablo Ponce. “Imelsa ya venía de un clientelismo político perfectamente conocido”, ha recordado.

“Ya veníamos del clientelismo, partidismo y enchufismo objeto de otro procedimiento [el 'caso Taula'] y es triste que los nuevos gestores de la sociedad realicen estas mismas actuaciones cuando se incorporan en 2015”, ha lamentado el fiscal, que incide en que los acusados realizaron los contratos de alta dirección a sabiendas de su ilegalidad, con decenas de informes en contra, además de la negativa del primer secretario de la empresa pública. “Se obvia al consejo de administración hasta que se consigue un secretario afín”, ha dicho.

Sahuquillo no era “el charcutero o el florista de enfrente”

El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha repasado pormenorizadamente los correos electrónicos intervenidos por la UDEF. Especialmente los de Agustina Brines, en los que muestra su preocupación por los contratos de alta dirección y anhela que “la mierda del PSOE” no salpique a Compromís. “Brines tenía perfecto conocimiento de la ilegalidad de esas contrataciones en 2015”, ha concluido.

Sin embargo, los correos que mejor apuntalan la tesis de Anticorrupción son los que envió Víctor Sahuquillo, excogerente socialista de la empresa pública, a Jorge Rodríguez, presidente de la institución provincial: “Son todos a cada cual más elocuente”. En su declaración, Jorge Rodríguez vino a decir que Sahuquillo no tenía precisamente el don de la síntesis y que ni siquiera leía sus informes. El fiscal, por el contrario, ha destacado que Víctor Sahuquillo era el cogerente de Divalterra, no “el charcutero o el florista de enfrente”. En sus proféticos correos “dice que son ilegales los contratos de alta dirección”.

Los investigadores de la UDEF también hallaron una conversación de WhatsApp entre Jorge Rodríguez y Manuel Reguart, también acusado, en el que discuten sobre el presunto reparto de los cargos de alta dirección y en el que el entonces presidente de la Diputación lamenta que los socialistas sólo se quedan “dos chorradas de medio ambiente”. El mensaje, además de “mostrar la importancia que le da a la alta dirección” (en referencia al concepto de “chorrada”), evidencia según el fiscal que la creación de las áreas era “única y exclusivamente” para repartirlas entre el PSPV-PSOE y Compromís.

El fiscal anticorrupción ha tildado de “impensable” que se hiciera una proceso de selección de altos directivos en una empresa pública sin publicidad. “Estoy acostumbrado a verlo, se simulan contrataciones para dar apariencia de legalidad. Si no, ¿cómo se va a pagar un sueldo público si no se hace este artificio?”, se ha preguntado.

Tras el disparatado cambio de estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Marcos Benavent, el juez instructor del 'caso Taula' ha dictado el cuarto auto de procesamiento contra el autodenominado 'yonqui del dinero', junto con cuatro empresarios, por los contratos millonarios que adjudicó la edil fallecida del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón. El auto retrata un sistema de cobro de comisiones sistemático durante la era de la fallecida alcaldesa Rita Barberá en el que Marcos Benavent actuaba como recaudador. Los audios, que ahora pretende tumbar el nuevo letrado de Benavent, inmortalizan incluso las entregas de dinero por comisiones de constructoras del 2%.

Antes de incorporarse como gerente de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia epicentro del 'caso Taula', Benavent compatibilizaba su trabajo en la Fundación Jaume II El Just con tareas para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y en el gabinete del entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, así como en la secretaría de comunicación. En ese contexto entra en contacto con Vicente Burgos, un íntimo de Francisco Camps casado con la edil María José Alcón, con el que el 'yonqui del dinero' compartía ciertas aficiones.

Las explosivas conversaciones con Alcón, registradas clandestinamente por Benavent, dieron pie a la pieza separada E del 'caso Taula', que investiga las millonarias adjudicaciones del área de Cultura que dirigía la fallecida edil. En el contrato para la limpieza y mantenimiento de la Lonja de Valencia, el emblemático edificio situado pleno centro de la ciudad, la firma de arquitectos Estudios y Métodos de la Restauración SL (EMR) se llevó un millón de euros, además de 448.056 euros como ampliación del contrato.

Uno de los audios graba una supuesta entrega de una comisión de 9.000 euros a Alcón: “Aquí sólo hay un 2%, 9.000 euros, millón y medio [de pesetas]”, le dice Benavent a la entonces esposa de su amigo Vicente Burgos. El dinero serviría, según el 'yonqui del dinero', para darse “dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas”. Según declaró Benavent, antes de cambiar de estrategia de defensa, la comisión se la entregó el empresario Carlos Vicente Gil, también procesado, quien durante su declaración negó haber abonado cantidad alguna. Sobre la ampliación del contrato, Benavent explicó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas que “los reformados” le permitían “que las comisiones a percibir fuesen superiores”, ya que de ese suplemento también sacaban tajada.

“Cleop apoya mucho al Partido”

El contrato de la limpieza de las Torres de Quart, otro monumento icónico de la ciudad, también está bajo sospecha. La adjudicación, de 1,4 millones de euros, fue para una UTE formada por la constructora Cleop del empresario Carlos Turró. En las conversaciones con Alcón, Benavent argumenta que Cleop es “mejor pagadera” que EMR, una firma con la que le había costado cobrar la presunta comisión del contrato de La Lonja. La edil refiere expresiones como “amaño” o “maniobra”, mientras deciden por cuál de las empresas se inclinará la balanza. Benavent insiste a favor de Cleop: “Había un compromiso desde arriba de que fueran ellos”.

La consiguiente comisión se cifra en 20.000 euros: 10.000 para Alcón, 5.000 supuestamente para “el Partido” y otros 5.000 para Benavent. Sin embargo, éste último confesó ante la Guardia Civil que se quedó los 5.000 euros para “el Partido” y engañó a Alcón. En el audio le dice a la edil: “Pim-pam (...) aquí tienes lo tuyo”. La edil se queja de que “entre los IVAs y los putas madres” se ha quedado con una recompensa que considera baja y su interlocutor alega que la constructora ha entregado rauda la comisión “a los tres días de estar adjudicado”. “Y eso siempre es bueno”, agrega Benavent. El 'yonqui del dinero' le recordaba a Alcón que “Cleop apoya mucho al Partido”. Ante la UCO declaró que fue el empresario Carlos Turró en persona quien le entregó la comisión del 2%.

“Hay que repartir un poco el pastel”

El siguiente contrato bajo sospecha es el de las obras de conservación y restauración de los puentes históricos de Serranos y Trinidad y le fue adjudicado a EMR por 2,3 millones de euros, con una ampliación de la adjudicación por valor de 320.000 euros adicionales. “Hay que repartir un poco el pastel”, le advierte Benavent a la edil. Aunque el 'yonqui del dinero' declara ante la Guardia Civil que no recordaba la cifra exacta de la comisión abonada, sostiene que se trataba de entre el 2% y el 3% del precio de adjudicación.

Los contratos de la Mostra de cine de Valencia, otorgados por el consistorio de Rita Barberá, también han estado bajo la pula de los investigadores. De las conversaciones grabadas se deduce, según el auto del juez instructor, que Benavent y Alcón repartían el pastel a las empresas de su conveniencia “aun antes de emitirse los respectivos informes técnicos de valoración” de las propuestas. “¿De aquí sacaremos alguna cosilla?”, le pregunta Alcón.

“La jefa” y “el Sobrinísimo”

Los audios permiten hacerse una idea del mapa de la presunta corrupción durante la era de Rita Barberá, cuyos extremos se investigan también en la pieza A del 'caso Taula' y en el 'caso Azud' sobre el urbanismo que protagoniza el cuñado de la fallecida alcaldesa, el abogado José María Corbin. En las conversaciones grabadas por Benavent, se hace referencia al “sobrinísimo” de Rita Barberá, que no está procesado en la causa. En uno de los diálogos Benavent afirma: “El argumento de peso es que ha llamado la Jefa y tiene que ser para Quique [en referencia Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la entonces alcaldesa]. Las empresas del ”sobrinísimo“ facturaron 440.000 euros al consistorio.

Las comisiones de estos contratos, relativos a servicios de producción y de azafatas, se las pagó, según declaró Benavent ante la UCO, Enrique Aleixandre, de la firma Universo Selección, también procesado. El empresario negó en su declaración haber pagado la comisión y sólo reconoció una “mayor relación” con Benavent a partir de su nombramiento como gerente de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia. También negó que la venta posterior de un vehículo de su propiedad al 'yonqui del dinero' fuera un trato de favor o una recompensa.

En resumen, el esquema de la asociación presuntamente corrupta entre la edil y el 'yonqui del dinero' era el siguiente, según el juez: “Siempre que María José Alcón le pedía que buscara alguna empresa para realizar alguna adjudicación, tenía que percibir algún tipo de comisión” que era gestionada por Benavent. Así, la mercantil en cuestión resultaba adjudicataria “gracias a la intervención de Alcón”.

Recados del juez

La pieza separada E del 'caso Taula' incluía como investigado al empresario José Adolfo Vedri, de la conocida firma Engloba, por su papel en la adjudicación del espacio cultural La Rambleta, que aparece retratada profusamente en los audios. Sin embargo, en las fechas en que Benavent y Alcón se repartían el pastel, los “hechos conspirativos” que supondrían los audios como valoración indiciaria no se contemplaban en el Código Penal. Vedri se ha salvado por los pelos.

El juez tampoco aprecia suficientes indicios contra el asesor del PP Pedro Aracil ni contra el exmarido de Alcón Vicente Burgos, un hombre que, además de haber sido jefe de gabinete del Consell Jurídic Consultiu, también ha pasado por la prisión de Picassent por otros asuntos turbios. Ambos “no aparecen en las conversaciones grabadas” y Aracil “no tuvo una participación activa y personal en los hechos”.

En su declaración ante la Guardia Civil, Benavent solo hizo referencias “vagas e imprecisas” al papel de su amigo Vicente Burgos. El magistrado instructor sí que procesa a Carlos Vicente Gil, de la firma Estudios y Métodos de la Restauración SL; Carlos Turró, responsable de Cleop; Enrique Aleixandre Chumillas, de Universo Selección, y Rafael García Barat, socio del 'yonki del dinero'.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia desliza una serie de recados en el auto dirigidos a Marcos Benavent tras su cambio de estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Sobre los trapicheos de los contratos de la Mostra, se pregunta “por qué no grabó, o no quiso grabar, las conversaciones en las que supuestamente hacía entrega de esas comisiones a la concejal”. El juez alude a la “singular perspectiva personal de la responsabilidad penal” del 'yonqui del dinero'.

El magistrado también duda del posible delito de cohecho (“dista de ser una apreciación de certidumbre en este caso”, dice) ya que no le parece “descabellado” pensar que Benavent estuviera “faroleando” ante Alcón sobre “la ascendencia o confianza” con determinados empresarios. Puede ser, afirma el auto, que “sencillamente confundiera sus deseos con la realidad”.

Así, los hechos investigados podrían revestir indiciariamente los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. Se trata de la cuarta pieza separada del 'caso Taula' en la que el 'yonqui del dinero' es procesado.

Los grupos de izquierda que gobiernan la Diputación de Valencia han decidido ahora lo que no decidieron al inicio del mandato: cerrar la antigua Imelsa, rebautizada como Divalterra. La Junta de Gobierno local celebrada este lunes ha acordado un “cierre ordenado”, según confirman desde la Corporación Provincial para la empresa pública a la que se acumulan escándalos de corrupción, desde el que lleva el nombre de la antigua empresa -Imelsa- hasta la última operación policial bautizada como Alquería. Ambas se han cobrado dos presidentes provinciales.

La Corporación provincial asegura que se velará por los derechos de los trabajadores y que el cierre no será precipitado “de la noche a la mañana” para que se haga con todas las garantías posibles. La Junta, presidida por Maria Josep Amigó en funciones, no ha puesto fecha para el cierre de la empresa pública y no se atreve a aventurar un plazo. “No podemos marcar plazos porque la hoja de ruta es vaciarla de competencias, pero dependerá de lo que jurídicamente podamos hacer; Necesitamos informes técnicos y jurídicos que nos digan cómo poder hacerlo”, ha señalado Amigó.

La presidenta en funciones ha explicado que esta idea, que durante las semanas anteriores se iba apartando, ha ido siempre en la hoja de ruta del equipo de Gobierno del ente como vaciar de competencias Divalterra. El resto de formaciones que firmaron el acuerdo de legislatura -PSPV, València en Comú (Podemos) y Esquerra Unida- habáin incrementado la presión desde la detención de Jorge Rodríguez para el cierre de la empresa pública y Compromís no parecía convencido para dar el golpe sobre la mesa.

“Seguimos nuestra hoja de ruta que acordamos en 2015: acabar con el clientelismo y los amiguismos”, insiste Amigó. Desde la Diputación señalan que se irán dejando acabar los contratos y buscando una salida para los trabajadores de entidad, desde brigadistas forestales -casi 600- hasta el personal administrativo.

La empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Divalterra, antes llamada Imelsa, arrastra en los últimos años y bajo mandatos políticos diferentes una historia judicial que la ha mantenido en el punto de mira.

Así, este organismo, con competencias en gestión forestal, se ha visto implicado en varios asuntos en los tribunales, desde las presuntas prácticas irregulares para financiar al PP valenciano confesadas por el exgerente Marcos Benavent -el autodenominado 'yonqui del dinero'- hasta la detención este miércoles del presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, por contratos de alta dirección que se están investigando. Y todo ello, pasando por la polémica dimisión de otro exgerente, el socialista Víctor Sahuquillo, tras un informe de un auditor que apuntaba a gastos en gin-tonics apuntados como dietas.

El origen del denominado caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa. En concreto, se acusaba a Marcos Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

Las diligencias abiertas dieron como resultado que en enero de 2016 se desarrollara una operación anticorrupción que sacudía de lleno al PP con la detención de 24 personas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus; la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, recientemente fallecida; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

“Dos milions de pelas”

Uno de los episodios más conocidos de esta supuesta trama son las grabaciones que se hicieron públicas en las que presuntamente se puede escuchar a Alfonso Rus y a otros dirigentes populares -entre ellos, Benavent- contando billetes del cobro de comisiones, extremo que este siempre ha negado. En concreto, se oye como uno de ellos dice: “Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas”.

Una de las ramas de esta causa es el caso Taula, por el que están investigadas 50 personas, entre ellas nueve de los diez concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València. Se trata del 'pitufeo', el presunto delito de blanqueo de dinero para costear campañas electorales de los populares.

Por otra parte, es llamativo que la diputada que denunció el caso Imelsa, actualmente vicepresidenta cuarta de la Diputación, Rosa Pérez Garijo, de EU, se encuentra investigada. La representante de Esquerra Unida ha mantenido que su citación como investigada fue “indignante”, ya que fue ella quien denunció los hechos. “Es una maniobra de despiste para poner en la palestra nombres que no tocan”, señaló cuando fue llamada a declarar por la Guardia Civil.

Ya en 2015, con el cambio político en las instituciones valencianas, un gobierno cuatripartito -integrado por PSPV, Compromís, València en Comú y EU- llega a la Diputación de Valencia. Unos meses después, en 2016, la empresa pública anuncia el cambio de nombre e imagen para dejar de ser Imelsa y convertirse en Divalterra.

“Déficit de reputación”

El objetivo, según se explicó entonces, era superar el “gran déficit de reputación corporativa” de Imelsa, cuya gestión investiga la justicia, y “comenzar una nueva etapa” en la que buscaba convertirse en “un referente de gestión pública eficiente”.

Sin embargo, se da la circunstancia de que aquel cambio fue anunciado por los que eran gerentes de la entidad: el socialista Víctor Sahuquillo (PSPV), que acabó dimitiendo tras conocerse un informe de un auditor interno que cuestionaba fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas, gin tonics, como dietas; y Agustina Brines, de Compromís, una de las personas contra las que este miércoles se ha dictado una orden de detención dentro de la 'operación Alquería'.

La historia 'negra' de esta empresa pública ha vivido este miércoles un nuevo acto con 'Alquería', la operación que coordina el Juzgado de Instrucción número 9 de València y en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de la localidad de Ontinyent y portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez.

La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Además de Rodríguez, se ha ordenado el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia, entre ellos el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego.

El Juzgado de Instrucción 18 de València que investiga el caso Imelsa y su derivado el conocido como Taula ha abierto una subpieza declarada secreta, dentro de la causa principal por un presunto delito de blanqueo y electoral del grupo municipal popular en el Ayuntamiento, según ha podido saber Europa Press.

El magistrado instructor abrió esta pieza recientemente a raíz de la recepción de un escrito anónimo, del que tienen conocimiento juez y fiscal.

En la pieza principal del caso Imelsa se investiga la donación organizada por parte de unas 50 personas de 1.000 euros para el Partido Popular durante las elecciones municipales, un importe que presuntamente les fue devuelto posteriormente en dos billetes de 500, en vísperas de las elecciones municipales de 2015.

L'exgerent d'Imelsa i autodenominat 'ionqui dels diners', Marcos Benavent, ha declarat aquest dimecres al jutge del Jutjat d'Instrucció número 18 de València que investiga el presumpte pagament de comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de Ciegsa, que es repartien “mossegades” en sobres en restaurants entre l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus; l'exsecretari autonòmic d'Educació, Màxim Caturla; l'expresident provincial del PP i diputat autonòmic, Vicente Betoret, i ell mateix.

Segons ha pogut saber Europa Press, Benavent, la compareixença del qual s'ha posposat en diverses ocasions, s'ha ratificat en anteriors declaracions, ha confirmat que es falsejaven contractes en l'empresa pública de construcció de centres educatius i que es cobraven comissions il·legals i “mossegades” a determinades empreses.

El 'ionqui dels diners' ha assenyalat que ell no estava dins de Ciegsa i, per tant, desconeixia el funcionament intern de l'empresa, però ha dit que era l'expresident de la Diputació qui li enviava a cobrar aqueixes comissions a les empreses. Personalment, ha admès que va cobrar de dos, entre elles, Cleop, i ha al·legat no saber res de la resta d'empreses.

Quant al cobrament d'aqueixes mossegades, ha relatat que es repartien posteriorment en menjars que se celebraven en restaurants, en sobres, entre Rus, Caturla, Betoret i ell mateix. I ha dit així mateix que ell portava diners a l'exsecretari autonòmic d'Educació al seu despatx.

Caturla va negar qualsevol irregularitat

Màxim Caturla, que va declarar la passada setmana davant el jutge, va negar qualsevol tipus d'irregularitat en les adjudicacions a empreses per a la construcció de col·legis i va descarregar en els tècnics la responsabilitat de les decisions i treballs realitzats.

Al costat de Caturla i Benavent, en aquesta peça d'Imelsa tenen la condició d'investigats per suborn, prevaricació i malversació Alfonso Rus; quatre tècnics de Ciegsa i els responsables de mercantils adjudicatàries Cleop, BM3 i Dragados.

En aquesta peça el jutge investiga l'adjudicació de contractes sense respectar els principis de legalitat, concurrència efectiva, imparcialitat i proscripció de l'arbitrarietat amb la finalitat d'afavorir contractualment a determinades empreses en l'adjudicació d'obra pública a canvi de comissió o obsequi.

Finalitat de lucre

Aqueixes irregularitats en la contractació entre 2003 i 2007 podrien tenir una “finalitat de lucre que podria tenir el seu origen o propòsit en el finançament d'un determinat partit polític o alternativa o conjuntament a açò, en el propi lucre personal, ja confessat pel principal investigat en aquesta causa”, Marcos Benavent, segons exposava el jutge en la seua interlocutòria.

Respecte dels tècnics, el jutge investiga si pogueren haver col·laborat donant una cobertura d'aparent legalitat a decisions que venien a estar establides arbitràriament i per endavant, i si van justificar sobrecostos sobre una base fictícia o freturoses de vertadera justificació per a obtenir més finançament o compensar econòmicament a les empreses que pagaven comissions amb el consegüent perjudici econòmic per a l'erari públic de la Generalitat.

L'informe policial arreplega indicis delictius respecte a les següents obres o adjudicacions: IES número 4 de Torrevella, adjudicat a Cleop; IES la Llosa de Ranes i IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicat a BM3; CEIP número 5 de Borriana, a la UTE BM3-Dragados; i CEIP 7 de Santa Pola a una altra UTE de les mateixes empreses.

Afirmacions “radicalment falses”

Betoret ha anunciat aquest dimecres la interposició d'una querella contra l'exgerent d'Imelsa per les seues afirmacions “tendencioses, intencionades i radicalment falses”. El diputat popular ha assegurat a través d'un comunicat que aquestes declaracions “solament persegueixen el dany personal i el desgast del Partit Popular” i que responen a la voluntat de l'exgerent d'Imelsa de “intoxicar” el procediment judicial.

També ha volgut deixar “molt clar” que “mai” ha participat ni ha sigut testimoni d'“actuació alguna fora de la llei”. Per tant, ha lamentat que l'exgerent d'Imelsa “no es guie per la veritat, sinó per qüestions mediàtiques per a poder desviar l'atenció de la seua responsabilitat en aquest procediment”.

El exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, ha declarado este miércoles al juez del Juzgado de Instrucción número 18 de València que investiga el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de Ciegsa, que se repartían “mordidas” en sobres en restaurantes entre el expresidente de la Diputación provincial, Alfonso Rus; el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el expresidente provincial del PP y diputado, Vicente Betoret, y él mismo.

Según ha podido saber Europa Press, Benavent, cuya comparecencia se ha pospuesto en varias ocasiones, se ha ratificado en anteriores declaraciones, ha confirmado que se amañaban contratos en la empresa pública de construcción de centros educativos y que se cobraban comisiones ilegales y “mordidas” a determinadas empresas.

El 'yonqui del dinero' ha señalado que él no estaba dentro de Ciegsa y, por lo tanto, desconocía el funcionamiento interno de la empresa, pero ha dicho que era el expresidente de la Diputación quien le enviaba a cobrar esas comisiones a las empresas. Personalmente, ha admitido que cobró de dos, entre ellas, Cleop, y ha alegado no saber nada del resto de empresas.

En cuanto al cobro de esas mordidas, ha relatado que se repartían posteriormente en comidas que se celebraban en restaurantes, en sobres, entre Rus, Caturla, Betoret y él mismo. Y ha dicho asimismo que él llevaba dinero al exsecretario autonómico de Educación a su despacho.

Caturla negó cualquier irregularidad

Máximo Caturla, que declaró la pasada semana ante el juez, negó cualquier tipo de irregularidad en las adjudicaciones a empresas para la construcción de colegios y descargó en los técnicos la responsabilidad de las decisiones y trabajos realizados.

Junto a Caturla y Benavent, en esta pieza de Imelsa tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación Alfonso Rus; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

En esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva.

Finalidad de lucro

Esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una “finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa”, Marcos Benavent, según exponía el juez en su auto.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano, y si justificaron sobrecostes sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente perjuicio económico para el erario público de la Generalitat.

El informe policial recoge indicios delictivos respecto a las siguientes obras o adjudicaciones: IES número 4 de Torrevieja, adjudicado a Cleop; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicado a BM3; CEIP número 5 de Burriana, a la UTE BM3-Dragados; y CEIP 7 de Santa Pola a otra UTE de las mismas empresas.

Afirmaciones “radicalmente falsas”

Betoret ha anunciado este miércoles la interposición de una querella contra el exgerente de Imelsa por sus afirmaciones “tendenciosas, intencionadas y radicalmente falsas”. El diputado popular ha asegurado a través de un comunicado que estas declaraciones “solo persiguen el daño personal y el desgaste del Partido Popular” y que responden a la voluntad del exgerente de Imelsa de “intoxicar” el procedimiento judicial.

También ha querido dejar “muy claro” que “nunca” ha participado ni ha sido testigo de “actuación alguna fuera de la ley”. Por tanto, ha lamentado que el exgerente de Imelsa “no se guíe por la verdad, sino por cuestiones mediáticas para poder desviar la atención de su responsabilidad en este procedimiento”.

El Juzgado de Instrucción 18 de València ha abierto una pieza separada en el caso Imelsa -conocido por la operación 'Taula'- para investigar el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la construcción de colegios e infraestructuras educativas en la Comunitat Valenciana.

El juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de “legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad” con la finalidad de “favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dávida”.

En su resolución, añade que esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una “finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa”, el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.

En esta pieza separada tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, Benavent, considerado el “recaudador”; el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de Educación y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla, cuatro técnicos de esta empresa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si “pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano” y si justificaron sobrecostes “sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación” para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente “perjuicio económico para el erario público de la Generalitat”.

El instructor rechaza dirigir la investigación contra otros exaltos cargos de la Administración Autonómica que aparecen mencionados en las conversaciones intervenidas por cuanto “constituyen referencias indirectas genéricas e imprecisas en un contexto conversacional de difícil interpretación” y, por tanto “no justifican en este momento dirigir la investigación contra las mismas”. Se trata del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps.

El juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, ha citado como investigado para el próximo 15 de febrero al exdirector general de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, para que explique hechos concernientes a su cargo en esta entidad durante los años 2007 y 2008.

La citación, a través de una providencia con fecha 5 de febrero facilitada por el Tribunal Superior de Justicia, se produce en el contexto de la investigación de los pagos a la empresa Laterne Product Council, consultora de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007 y tras un informe realizado por la dirección actual del organismo que revela que Turismo Valencia compró en abril de 2015 dos destructoras de papel y contrató a una empresa especialista en ese cometido en julio de ese año.

El pasado mes de diciembre, el instructor pidió a la Fundación Turismo Valencia que confirmara la destrucción en su día de documentación relativa a los servicios prestados por Laterne durante los años 2006, 2007 y 2008 y que se identificara a la persona que lo ordenó.

La petición se produjo tanto por la documentación aportada por la Fundación a la causa -a raíz de una personación de agentes de la UCO en un rastreo del presunto blanqueo del grupo municipal del PP en el consistorio en la etapa de la exalcaldesa Rita Barberá- y por la información que se manifestó en su día de que no se conservaba nada sobre trabajos, contratos o facturas de la relación con la consultora porque se habían destruido.

En un informe presentado por la actual dirección al juzgado se reveló la compra de esas destructoras de papel y que desde esa adquisición “se llevó a cabo una actividad intensa de triturado de documentación durante las semanas siguientes”. El actual subdirector general preguntó sobre Laterne a cinco personas con cargos anteriores y que siguen en la Fundación y que negaron relación con la consultora; aseguraron que no se les pidió participación o bien no la recordaban.

Asimismo, dijeron que las órdenes de pago de las facturas provenían de José Salinas o de la entonces subdirectora de Administración. El juez ha citado también para el 15 de febrero a tres testigos, dos de ellos trabajadores de la Fundación.

Documentación contable relacionada con Laterne

Por otra parte, el magistrado pide a la Fundación que informe de si en la documentación que se conserva en las instalaciones de CTM de Levante (40 carpetas bajo el concepto 'Documentación') se conservan extractos bancarios, procesos internos, facturas u otra documentación contable entre 2007 y 2008 relacionada con Laterne.

La petición surge a raíz de la declaración de la entonces subdirectora de Adminsitración en el informe realizado por la actual dirección, que afirmó que la contabilidad de esos años estaba en unos almacenes y en concreto en el stock de diciembre de 2015 constaban tres palés con carpetas en los almacenes de CAVE, en las instalaciones de logística de CTM de Levante, en Riba-roja.

En ese inventario de finales de 2015 aparecían relacionados los tres palés de documentados que, de acuerdo con los responsables de la empresa de logística, se ordenó su destrucción el 20 de octubre de 2016 por encargo de la jefa de Contabilidad.

En una comprobación reciente de enero de este año, se localizó un palé con once cajas y unas 40 carpetas bajo el concepto de 'Documentación' y que se trata de procesos internos de compra, facturas, entre otros, del año 2009.

La jefa de Contabilidad señaló que la orden de traslado de esos palés la dieron o bien Salinas o la subdirectora de Administración, que eran libros y no documentación contable o fiscal y que las órdenes de destrucción de la documentación contable-fiscal hasta 2015 incluido le venían dadas por el director general o la subdirectora de Administración.

El magistrado también ha requerido a una empresa que facilite a la UCO una copia de correos electrónicos y documentos asociados en las cuentas corporativas de dos usuarios en 2015.

El abogado de Alfonso Rus ha pedido al juez instructor del caso Imelsa que levante la intervención de veinticuatro propiedades, de un total de veintinueve, que fueron decomisadas en 2016 para garantizar una posible responsabilidad civil que pudiese derivarse de una eventual responsabilidad penal.

Su cliente es “completamente insolvente”, según consta en un escrito de la defensa de Rus al que ha tenido acceso EFE en el que el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial ofreció en febrero de hace dos años bienes cuyo valor, “acreditado mediante tasación”, resulta suficiente para garantizar la fianza de 2.008.179 euros que se le impuso.

Rus ofreció tres bienes que considera “suficientes”: el 50 % del edificio comercial Europa de Xàtiva, tasado en unos tres millones de euros; dos naves industriales valoradas en 466.000 euros y dos plazas de garaje por 40.000 euros, también en Xàtiva.

La defensa de Rus expone que su cliente es “completamente insolvente”, al haber cerrado sus empresas y tener “trabadas” todas sus propiedades.

Asimismo, se dirige al instructor al afirmar que “el decomiso debe responder a un principio de responsabilidad”, por lo que interesa el levantamiento del decomiso de las veinticuatro propiedades restantes.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita sis anys de presó per a Alfonso Grau, exvicealcalde de València, acusat d'acceptar rellotges de luxe d'un contractista de l'Ajuntament, canviar-los per uns altres més cars i pagar la diferència.

Així consta en la qualificació provisional del ministeri públic, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual s'atribueix Grau delictes de blanqueig de capitals i un delicte continuat de suborn. També se li reclama el pagament d'una multa de 75.000 euros.

Al costat de Grau, investigat en el conegut com a cas Imelsa, està també processat en aquesta causa, instruïda pel Jutjat nombre 19 de València, l'empresari Urbano Català, responsable de Transvia i Viatges Privilege, que gestionen el 'bus turístic' en la ciutat. Per a ell, el fiscal reclama una pena d'un any de presó per suborn.

Segons s'ha investigat en aquest procediment, Transvia regalava suposadament a canvi de contractes rellotges d'alta gamma a l'exvicealcalde, que l'exregidor del PP en el consistori presumptament canviava per uns altres de preu superior i abonava la diferència, sistema que constituiria un blanqueig.

Els investigadors han pogut rastrejar aquesta actuació perquè en els rellotges figura el nombre de sèrie, que han pogut acarar en l'establiment on es feien els canvis, i així comprovar el procés.

Les diligències es van obrir a la fi de 2015 quan el jutjat va rebre una denúncia de la Fiscalia contra tots dos investigats. Grau i l'empresari Urbano Català van ser detinguts el passat 22 de febrer i van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar davant la Guàrdia Civil, on tampoc van declarar.

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, acusado de aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia.

Así consta en la calificación provisional del ministerio público, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se atribuye a Grau delitos de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho. También se le reclama el pago de una multa de 75.000 euros.

Junto a Grau, investigado en el conocido como caso Imelsa, está así mismo procesado en esta causa, instruida por el Juzgado número 19 de Valencia, el empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia y Viajes Privilege, que gestionan el 'bus turístic' en la ciudad. Para él, el fiscal reclama una pena de un año de cárcel por cohecho.

Según se ha investigado en este procedimiento, Transvia regalaba supuestamente a cambio de contratos relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio presuntamente cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituiría un blanqueo.

Los investigadores han podido rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie, que han podido cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios, y así comprobar el proceso.

Las diligencias se abrieron a finales de 2015 cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos investigados -término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-. Grau y el empresario Urbano Catalán fueron detenidos el pasado 22 de febrero y quedaron en libertad con cargos tras pasar ante la Guardia Civil, donde tampoco declararon.

El horizonte peniteciario de Marcos Benavent Vicedo, el' yonki del dinero', comienza a concretarse. Los servicios jurídicos de la Diputació de Valéncia, que ejerce la acusación particular en la causa, han solicitado al juez que lleva uno de los casos de malversación de fondos en los que está implicado, penas que alcanzan los 6 años de cárcel para el que fue gerente de Imelsa desde el año 2007 y hasta su huída a sudamérica, a finales de 2014.

En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción n.9, los representantes legales de la Diputació de Valéncia -la principal perjudicada por el saqueo su empresa Imelsa (ahora Divalterra)-, entienden que Marcos Benavent es responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación y de fraude a la contratación pública. Junto a Benavent, la Diputación pide dos años y tres meses de prisión para el empresario Vicente Calvo Navarro, por haber sido cooperador necesario en los delitos que se les imputan en relación al cobro de 60.455,55 euros por unos trabajos de instalación eléctrica que la empresa de Calvo cobró y que nunca realizó ni tenía solvencia técnica para ejecutar.

Los hechos que se investigan sucedieron entre finalesde 2012 y principios de 2013 pero no se conocieron hasta que un año después, en enero de 2014, un requerimiento de la Agencia Tributaria, en la que solicitaba información relativa a la mercantil Flying Tigers, SL, permitió aflorar la estafa. Según las conclusiones provisionales, Benavent, Calvo y un primo de éste se pusieron de acuerdo para emitir tres  facturas para el cobro de supuestos trabajos en el entorno del monasterio del municipio de Llutxent aprovechando que en ese momento Imelsa tenía un taller de empleo en dicho complejo propiedad de la Diputación.

La investigación interna iniciada a raíz del requerimiento de la Agencia Tributaria llevó a descubrir la inexistencia de ningún documento de contratación de las obras ni ningún certificado de la ejecución de las mismas. En su declaración, el empresario encausado reconoció que Imelsa incluso le había adelantado el pago, algo prohibido por la legislación.

La reacción de Benavent al verse descubierto es exigir al empresario la devolución de los importes mediante la firma de un documento entre ambos que “lo que pretende es dar cobertura a un previo delito para el que se concertaron los acusados”, sostiene la acusación particular de la Diputació de Valéncia dirigida por José Antonio Ibars, Jefe del Servicio de Defensa en Juicio.

Entre tanto, lo que sí ha conseguido la Diputación hasta la fecha es ir recuperando el dinero estafado, mediante aportaciones del empresario encausado a una cuenta de la empresa pública Divalterra. La recuperación del dinero malversado estos años es una de las prioridades establecidas por el Presidente de la Diputación de València, el socialista Jorge Rodríguez, que determinó que fueron los juristas de la Diputació y no penalistas externos los que llevaron los casos de la Operación Taula que llevó a prisión a la anterior cúpula del gobierno de la Diputación, con su presidente Alfonso Rus a la cabeza, y de Imelsa.

La tresorera del PP Carmen Navarro ha sigut citada a declarar com imputada en la peça del cas Imelsa sobre el finançament de les campanyes electorals del PP de València. El jutge investiga el suposat cobrament de comissions il·legals, falsejament en contractes públics, blanqueig de capitals i delicte electoral.

La declaració de Navarro serà dilluns que ve i al costat d'ella atestaran tres persones més -entre elles un representant de JC Decaux- en el marc de la investigació del Jutjat d'Instrucció número 18 de València sobre el finançament de les campanyes electorals del PP en les municipals de 2007 i 2011 a través d'empresa Laterne.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia valencià han assenyalat a EFE que en la providència de l'instructor, datada aquest dilluns 16 d'octubre, se cita també com a testimonis a sis representants d'empreses o grups empresarials com Secopsa, Pavasal, Fovasa, Luis Batalla i Agricultors de la Vega de València perquè declaren el dia 27.

En les seues compareixences, aquests testimonis hauran d'aportar factures sobre pagaments o lliuraments dineràries a Laterne, City Management Council i Product Management Council entre els anys 2006 i 2008.

Així mateix, s'oficia a un banc perquè informe de les persones físiques autoritzades per a tenir accés a un compte a nom del Partit Popular.

Un milió d'euros de fiança a Alfonso Grau

El passat dia 6 l'exvicealcalde de València Alfonso Grau es va acollir al seu dret a no declarar pel finançament d'aqueixes campanyes electorals del PP després d'haver sigut citat com investigat per suborn, malversació i delicte electoral.

Precisament, aquest dilluns s'ha fet públic un acte d'aqueix jutjat on se li imposa una fiança d'un milió d'euros per a assegurar les seues responsabilitats pecuniàries que pogueren derivar-se de la seua imputació.

Segons l'acte pel qual se'l citava a declarar aqueix dia, l'informe elaborat per la Guàrdia Civil concloïa que en 2006 Grau i l'empresari Vicente Sáez Tormo, ja mort, “van convenir a utilitzar l'entramat empresarial” d'aquest últim per a “sufragar de forma irregular l'adquisició de béns i serveis de tercers amb motiu de les eleccions municipals de 2007”.

La tesorera del PP Carmen Navarro ha sido citada a declarar como imputada en la pieza del caso Imelsa sobre la financiación de las campañas electorales del PP de Valencia. El juez investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales, amaños en contratos públicos, blanqueo de capitales y delito electoral.

La declaración de Navarro será el próximo lunes y junto a ella testificarán tres personas más -entre ellas un representante de JC Decaux- en el marco de la investigación del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia sobre la financiación de las campañas electorales del PP en las municipales de 2007 y 2011 a través de empresa Laterne.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano han señalado a EFE que en la providencia del instructor, fechada este lunes 16 de octubre, se cita también como testigos a seis representantes de empresas o grupos empresariales como Secopsa, Pavasal, Fovasa, Luis Batalla y Agricultores de la Vega de Valencia para que declaren el día 27.

En sus comparecencias, estos testigos deberán aportar facturas sobre pagos o entregas dinerarias a Laterne, City Management Council y Product Management Council entre los años 2006 y 2008.

Asimismo, se oficia a un banco para que informe de las personas físicas autorizadas para tener acceso a una cuenta a nombre del Partido Popular.

Un millón de euros de fianza a Alfonso Grau

El pasado día 6 el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau se acogió a su derecho a no declarar por la financiación de esas campañas electorales del PP tras haber sido citado como investigado por cohecho, malversación y delito electoral.

Precisamente este lunes se ha hecho público un auto de ese juzgado donde se le impone una fianza de un millón de euros para asegurar sus responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su imputación.

Según el auto por el que se le citaba a declarar ese día, el informe elaborado por la Guardia Civil concluía que en 2006 Grau y el empresario Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, “convinieron en utilizar el entramado empresarial” de este último para “sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros con motivo de las elecciones municipales de 2007”.

Los portavoces del PSPV, Compromís y Podemos en la comisión de Ciegsa llevarán a la Fiscalía documentación sobre tres presuntos asesores 'zombis' de la empresa pública de construcción de colegios. Ana Barceló, Josep Nadal y Sandra Mínguez han comparecido este martes para explicar que durante el desarrollo de la investigación parlamentaria se han encontrado con tres nuevos casos de directivos que cobraban de la empresa investigada por sobrecostes millonarios sin ir a trabajar.

Estos tres nuevos asesores son, según los diputados, Emilio del Toro, concejal del PP imputado en la Operación Taula; Maria José Falcó Laullón, que según ha comprobado este diario figura en el boletín de las Corts como asistenta de Secretaría del Gabinete de Presidencia en 2007 -época de Francisco Camps- y Maria José Sánchez López, de quien los denunciantes no han aportado datos.

Los diputados trasladarán las sospechas a Fiscalía después de que la representante socialista recibiera una nota anónima en su casillero con seis nombres, tres de ellos correspondientes a personas que ya están siendo investigadas. También añadirán las declaraciones de dos responsables de recursos humanos de Ciegsa, que el lunes en la comisión aseguraron no conocer a los citados asesores. Las directivas aseguraron que no sabían si estas personas disponían de teléfono móvil, despacho o un lugar de trabajo en la empresa pública.

En el caso de Del Toro, exconcejal de Educación del Ayuntamiento de València imputado por presunto blanqueo de capitales en el caso Taula, Barceló ha explicado que han podido constatar que se le habría hecho un contrato de alta dirección.

Además, la Abogacía de la Generalitat informó en julio de 2011 sobre este contrato advirtiendo que un contrato de alta dirección no lo podía hacer el presidente del Consejo de Administración de Ciegsa si no contaba con la delegación del órgano, con lo que no cumplía la legalidad. Posteriormente, se subsanó esta deficiencia y terminó siendo contratado.

La socialista ha incidido en que tampoco figuran en el registro mercantil delegación de poderes o funciones como ocurre en estos contratos y no consta que tuviera ordenador, mesa o teléfono. Por ello, solicitarán a Fiscalía que amplíe la investigación del Caso Taula.

El Jutjat d’Instrucció número 14 de València ha arxivat la querella per injúries i calúmnies presentada per l’exgerent d’Imelsa Rafel Soler contra la diputada provincial d’Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo.

La diputada ha valorat molt positivament aquesta decisió judicial, amb la qual “es posa fi a una persecució contra la representant d’EU en la Diputació de València que va impulsar la major tasca de fiscalització de la història de la corporació provincial i que va acabar desembocant en el cas Taula, que s’ha convertit en la causa contra la corrupció més important del País Valencià”.

L’exgerent d’Imelsa, actual diputat provincial del Partit Popular en la Diputació de València, Rafael Soler, va interposar una querella criminal per un presumpte delicte d’injúries i calúmnies contra la denunciant de Taula i diputada provincial d’EU, Rosa Pérez Garijo.

En la querella, interposada arran de la roda de premsa que Pérez Garijo va donar el passat 22 d’abril de 2015, s’exigia a la diputada provincial la quantitat de 15.000 euros en concepte d’indemnització per la presumpta vulneració del dret a l’honor de Soler.

Informació “veraç” i “legítima”

Tal i com es relata a l’acte judicial, de data de 24 de març de 2017, la diputada d’Esquerra Unida es limità a lliurar als mitjans de comunicació uns documents que obren a la causa, fent referència al querellant com a gerent d’Imelsa en diversos anys de l’etapa anterior a la gerència de Marcos Benavent. La informació entregada era “veraç, el que significa que era legítima i, per tant, emparada per l’exercici de la llibertat d’expressió, tot això reforçat amb el criteri constitucional de la llibertat d’expressió i informació, arribant a l’extrem de la preferència per la llibertat d’expressió quan s’està en presència del tractament que es puga donar a assumptes polítics o, dit amb major precisió, relacionats amb l’organització i el funcionament dels poders públics, per tot això considerem que la Sra. Pérez Garijo no violà el dret a l’honor del querellant D. Rafael Soler Vert, el que determina l’arxiu de les actuacions”.

La diputada provincial d’EU ha recordat que aquesta era la darrera de les cinc querelles que s’han interposat contra ella com a conseqüència de la denúncia del cas Taula. Per a Pérez Garijo “durant tot aquest temps hem pogut veure què és el que realment tenia rellevància i recorregut penal. Així, mentre aquestes querelles s’han arxivat una per una, continua viva la denúncia que vaig presentar en juliol de 2014 davant la Fiscalia Anticorrupció i el procediment judicial que se n’ha derivat de la mateixa, que apunta cap al Partit Popular com una presumpta organització criminal”, ha conclòs.