Anticorrupción encara el final del juicio del 'caso Alquería': “El empleo público no es para los que designen los políticos”

El fiscal anticorrupción Pablo Ponce ha desglosado las conclusiones de la acusación pública en el juicio del 'caso Alquería', por el que se sienta en el banquillo el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. “El empleo público no tiene que ser para las personas que designen los políticos, tiene que ser para las personas que reúnan la condición de mérito y capacidad”, ha remarcado Ponce ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, que juzga la contratación presuntamente irregular de una decena de altos directivos de la empresa pública Divalterra vinculados al PSPV-PSOE y a Compromís. 

El representante del Ministerio Público ha defendido la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargada de las pesquisas: no se ha probado “en absoluto” que la actuación policial haya tenido “halo de ilegalidad” alguno, como han deslizado las defensas de los acusados. El fiscal sostiene que los contratos de alta dirección tramitados en la empresa pública de la Diputación de Valenciana, que han supuesto un “quebranto para las arcas públicas” de 1,1 millones de euros según Anticorrupción, se efectuaron “al margen de la legalidad” y omitiendo el procedimiento y las normas estatutarias.

Junto a Jorge Rodríguez, en el banquillo de los acusados se sienta también la excogerente de Divalterra Agustina Brines, de Compromís, además de varios cargos en la institución provincial, para los que el Ministerio Público solicita penas de hasta ocho años de prisión y dos décadas de inhabilitación. Los hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, serían constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Los contratos de alta dirección “constituyen una argucia legal para evitar el procedimiento de la empresa”, todo con el objetivo de “colocar única y exclusivamente a determinados miembros de uno u otro partido político”, ha expuesto Pablo Ponce, que también ha desvinculado el 'fichaje' de los altos directivos del pacto político por el que los partidos progresistas, tras las elecciones del 2015, se hicieron con el control de la institución provincial. 

La “única cualificación de mérito o capacidad es la adscripción a determinado partido político”, ha recordado el fiscal, que ha remarcado que un pacto político “no puede justificar una contratación pública”. La empresa pública Imelsa (cuya marca se rebautizó como Divalterra) fue el foco principal de la corrupción investigada en el 'caso Taula', del que se encarga precisamente el fiscal Pablo Ponce. “Imelsa ya venía de un clientelismo político perfectamente conocido”, ha recordado.

“Ya veníamos del clientelismo, partidismo y enchufismo objeto de otro procedimiento [el 'caso Taula'] y es triste que los nuevos gestores de la sociedad realicen estas mismas actuaciones cuando se incorporan en 2015”, ha lamentado el fiscal, que incide en que los acusados realizaron los contratos de alta dirección a sabiendas de su ilegalidad, con decenas de informes en contra, además de la negativa del primer secretario de la empresa pública. “Se obvia al consejo de administración hasta que se consigue un secretario afín”, ha dicho.

Sahuquillo no era “el charcutero o el florista de enfrente”

El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha repasado pormenorizadamente los correos electrónicos intervenidos por la UDEF. Especialmente los de Agustina Brines, en los que muestra su preocupación por los contratos de alta dirección y anhela que “la mierda del PSOE” no salpique a Compromís. “Brines tenía perfecto conocimiento de la ilegalidad de esas contrataciones en 2015”, ha concluido.

Sin embargo, los correos que mejor apuntalan la tesis de Anticorrupción son los que envió Víctor Sahuquillo, excogerente socialista de la empresa pública, a Jorge Rodríguez, presidente de la institución provincial: “Son todos a cada cual más elocuente”. En su declaración, Jorge Rodríguez vino a decir que Sahuquillo no tenía precisamente el don de la síntesis y que ni siquiera leía sus informes. El fiscal, por el contrario, ha destacado que Víctor Sahuquillo era el cogerente de Divalterra, no “el charcutero o el florista de enfrente”. En sus proféticos correos “dice que son ilegales los contratos de alta dirección”.

Los investigadores de la UDEF también hallaron una conversación de WhatsApp entre Jorge Rodríguez y Manuel Reguart, también acusado, en el que discuten sobre el presunto reparto de los cargos de alta dirección y en el que el entonces presidente de la Diputación lamenta que los socialistas sólo se quedan “dos chorradas de medio ambiente”. El mensaje, además de “mostrar la importancia que le da a la alta dirección” (en referencia al concepto de “chorrada”), evidencia según el fiscal que la creación de las áreas era “única y exclusivamente” para repartirlas entre el PSPV-PSOE y Compromís.

El fiscal anticorrupción ha tildado de “impensable” que se hiciera una proceso de selección de altos directivos en una empresa pública sin publicidad. “Estoy acostumbrado a verlo, se simulan contrataciones para dar apariencia de legalidad. Si no, ¿cómo se va a pagar un sueldo público si no se hace este artificio?”, se ha preguntado.