Etarras, miembros de los GRAPO o incluso el considerado como preso más peligroso de España. Internos en las cárceles de Alcalá de Henares, Ocaña, Villabona o Herrera de la Mancha. Todos han acudido sin éxito al Tribunal Constitucional para impedir que los directores de las prisiones intervinieran sus comunicaciones mientras cumplían condena. El último ha sido José Ramón Prado Bugallo, capo del narcotráfico gallego conocido como 'Sito Miñanco'. Se quejaba de la intervención de sus comunicaciones durante medio año mientras estaba preso en Estremera. En esta última sentencia no hubo unanimidad y un magistrado explicó que poder hacer esto sin autorización previa de un juez podía vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones de los presos. Es un asunto delicado sobre el que hay mucha jurisprudencia pero que pocas veces ha sido sentenciado de forma pacífica y unánime por el tribunal de garantías en las últimas tres décadas.

Sito Miñanco es uno de los nombres propios del contrabando y el narcotráfico en nuestro país. Pisó por primera vez la cárcel en 1983 y desde entonces ha recibido varias sentencias condenatorias por tráfico de drogas que suman decenas de años de cárcel. Hace un lustro volvió a estar bajo la lupa de la Audiencia Nacional, cuando los investigadores detectaron que podía estar monitorizando y dirigiendo la llegada de varias toneladas de cocaína a España, transportadas en varios buques. Poco después de obtener la semilibertad.

Preso en la cárcel madrileña de Estremera, el director del centro penitenciario decidió pocos días antes de la Nochevieja de 2020 que iba a mantener la intervención de sus comunicaciones durante seis meses, hasta el 28 de junio de 2021. Las razones eran la gravedad de los delitos de los que estaba acusado, la sospecha de que sus comunicaciones con familiares y amigos “puedan ser utilizadas de forma fraudulenta” y su “capacidad criminal”. En definitiva, que el narco cambadés pudiera seguir dirigiendo el tráfico de cocaína desde la celda e incluso poner en peligro la seguridad de la cárcel.

La decisión de controlar sus llamadas y cartas pasó por manos del juzgado de vigilancia penitenciaria, que dio el visto bueno a los 'pinchazos' el 18 de mayo de 2021, un mes y 10 días antes de que terminara la intervención. La Audiencia Nacional confirmó la justificación de la medida en el verano de ese año y puso un ejemplo práctico para sustentar su decisión: el 20 de diciembre de 2020 Sito Miñanco fue cazado con una libreta con apuntes entrando en el locutorio de la cárcel “para celebrar una comunicación que el interno conocía que iba a ser intervenida”, dijo la Audiencia Nacional.

Una de las secciones del Tribunal Constitucional formada por tres magistrados, aunque con uno de ellos en contra, entendió que la reclamación del histórico narco gallego no merecía ni pasar el primer filtro de la admisión a trámite. En primer lugar porque la misma Audiencia Nacional, posteriormente, anuló una prórroga posterior del control de las comunicaciones de Miñanco. En segundo lugar, porque las sentencias en ese sentido se amontonan en los archivos del Constitucional. “Esta sección no encuentra motivos para modificar una doctrina consolidada”, dijo la resolución.

Etarras, GRAPO y delincuentes comunes

El Tribunal Constitucional, efectivamente, tiene una colección muy variada de resoluciones dictadas desde la década de los noventa en las que da el visto bueno a que una cárcel intervenga las comunicaciones de un preso y que luego sea un juez de vigilancia penitenciaria el que supervise la medida. Lo hizo, por ejemplo, en 1994 cuando la cárcel de Alcalá pinchó las comunicaciones del GRAPO Jesús Cela Seoane. También en los años siguientes cuando la cárcel cántabra de El Dueso hizo lo mismo con el entonces considerado como el preso más peligroso del país, Juan Redondo Fernández. Y la misma decisión tomaron los jueces cuando la prisión de Herrera de la Mancha intervino las comunicaciones de los etarras José Manuel Arzallus y Mitxel Turrientes.

La sentencia del caso de Sito Miñanco no ha sido unánime y tampoco lo fueron algunas de las resoluciones en las que se apoya la mayoría de la sección para inadmitir los recursos de los presos. Varias de ellas cuentan con votos particulares que invitaban, en algunos casos, a revisar la doctrina del Constitucional sobre este asunto.

Los magistrados Julio González, Carles Viver y Tomás Vives pusieron reparos en el caso de un preso de la cárcel cántabra de El Dueso en 1997. Estos tres magistrados se hacían varias preguntas de forma explícita en su voto particular: “¿No se abre la posibilidad de que las vulneraciones de derechos por parte de la Administración no obtengan reparación alguna?”, razonaban en su fallo.

Este voto particular, por ejemplo, ponía el foco en que los jueces deben estudiar si la vulneración de los derechos del preso se produce, en caso de existir, desde la misma decisión de la cárcel de intervenir las comunicaciones, no a posteriori. También criticaban que en este caso se tratara de manera unitaria todas las decisiones de las distintas cárceles por las que había pasado el preso: “Esta doctrina debería haberse traído al caso, para confirmarla, para precisarla en virtud de las circunstancias concretas o incluso para modularla o revisarla planteando la cuestión al Pleno”, dijeron los votos discrepantes.

Hubo también polémica en el caso de un preso de la cárcel de Ocaña cuyas comunicaciones fueron intervenidas por su participación en un motín con toma de rehenes, por haberse fugado varias veces y haber generado varias alteraciones del orden dentro de la prisión. La mayor parte del Constitucional anuló la medida por falta de motivación y uno de los magistrados, Pedro Cruz, entendió que la cárcel conquense tenía motivos más que suficientes para intervenir sus comunicaciones. “Lo que fundamentalmente importa es que el motivo en sí mismo exista, así como que se encuentre suficientemente exteriorizado”, dijo este magistrado.

El derecho al secreto de las comunicaciones

Baltasar Garzón fue expulsado de la judicatura y condenado por prevaricación después de ordenar la intervención de las comunicaciones de varios cabecillas del caso Gürtel que, según sospechaba, seguían manejando la organización desde la cárcel madrileña de Soto del Real. En el auto que le costó la toga, Garzón esgrimió la Ley Penitenciaria para poder escuchar las conversaciones que Correa y los suyos mantenían con sus abogados defensores. En la sentencia que lo condenó por prevaricación y lo sacó de la carrera judicial, el Tribunal Supremo especificó que en su caso lo que había vulnerado “profundamente” es el derecho de defensa de los imputados por poner en marcha una diligencia injustificada ante la “inexistencia de indicios”.

La última polémica del Tribunal Constitucional en torno a esta posibilidad de intervenir las comunicaciones de un preso ha surgido en torno a otro derecho fundamental: el secreto de las comunicaciones. Uno de los magistrados llegados al pleno en la última renovación, el progresista Ramón Sáez, ha planteado un voto particular en el que critica que el recurso de Sito Miñanco ni siquiera haya pasado el primer filtro de la admisión a trámite.

Sáez reconoce que el Constitucional “se ha pronunciado en numerosas ocasiones” sobre este asunto pero no desde el punto de vista del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones que recoge la Carta Magna en el artículo 18.3 del texto. “Existen razones que avalan esa posible contradicción con el art. 18.3 CE” y habría sido necesario, dice este magistrado procedente de la Audiencia Nacional, al menos entrar a examinar el fondo del asunto.

Este artículo, recuerda Sáez, dice literalmente que el secreto de las comunicaciones está garantizado “salvo resolución judicial” y en estos casos el primer paso lo da la dirección de una cárcel, aunque luego el proceso pueda ser puesto en manos del juez de vigilancia penitenciaria. Sólo se puede hacer por parte de la administración en situaciones muy excepcionales y se acepta que el control judicial se haga después. Pero esto es la norma en el ámbito penitenciario, denuncia este magistrado.

“La excepción se convierte en regla, y lo hace sin ningún condicionante alusivo a la imposibilidad de esperar a una autorización judicial y con la mera exigencia de una dación de cuentas al juez, sin establecer siquiera un estricto e inmediato control judicial”, explica el magistrado. Existe, por tanto, una “incompatibilidad” entre la Ley Penitenciaria y la Constitución y reclama una intervención más temprana de la Justicia: “La razón de mi desacuerdo con la decisión de la mayoría es que ese análisis debiera ser objeto de deliberación y decisión en sentencia”. Haber admitido a trámite el recurso, lamenta, “hubiera permitido analizar la admisibilidad de la práctica penitenciaria de acordar la intromisión en el derecho de un preso preventivo durante largos periodos de tiempo sobre la base de imprecisos, y ni siquiera indiciariamente acreditados, riesgos”.

La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado inadmitir el recurso de amparo presentado por la defensa de José Ramón Prado Bugallo -Sito Miñanco- contra la intervención de sus comunicaciones en la prisión de Estremera al entender que la cuestión carece de especial trascendencia constitucional.

En el auto, los magistrados explican que el recurso encuentra origen en la decisión del director del centro penitenciario de intervenir por seis meses las comunicaciones del conocido narcotraficante gallego. Los pinchazos telefónicos fueron acordados en diciembre de 2020, y tras valorar que era necesario, el director informó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Según explica el auto del TC, Sito Miñanco alegaba que las resoluciones judiciales que impugna (el respaldo de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria a la decisión del director de la prisión) vulneraron sus derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a la igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, a la integridad física y moral, al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia. Asimismo destacaba que el artículo 51.5 de la Ley Orgánica de General Penitenciaria (LOGP), que permite la suspensión o intervención de las comunicaciones orales y escritas de los internos en un centro penitenciario por decisión del director, “entra en contradicción con la Constitución, porque sustituye la autorización judicial de la intervención por una mera dación de cuenta de la medida al juzgado a posteriori”.

Sin embargo, los magistrados del TC señalan que el asunto no reviste trascendencia constitucional porque ya existe doctrina consolidada “que no pone en discusión la legitimidad constitucional del control judicial ex post de la medida de intervención o suspensión de las comunicaciones de los presos prevista”.

Y recuerdan que, en el caso concreto de Sito Miñanco, la decisión de la intervención fue notificada al preso preventivo “inmediatamente” y se puso en conocimiento del juzgado de vigilancia penitenciaria, como exige la norma. “En definitiva, esta Sección no encuentra motivos para modificar una doctrina consolidada, cuya concreta aplicación al caso es el fundamento esencial del recurso de amparo”, resuelven.

Además, recuerdan que ya en diciembre de 2021 la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó dejar sin efecto la prórroga de la intervención de las comunicaciones “al entender que ya no concurrían las circunstancias que lo habían motivado”.

“La excepción se convierte en regla”

La resolución del TC cuenta con el voto particular, discrepante, de uno de los tres magistrados que vieron el asunto, Ramón Sáez Valcárcel. Indica que hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esa renuncia a la autorización judicial previa de la intervención de las comunicaciones.

Entiende así, dando la razón a la defensa de Miñanco, que hay una colisión entre el artículo 18.3 de la Carta Magna, que garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial, y el 51.5 de la ley general de prisiones.

Apunta que ese 51.5 contempla la injerencia en las comunicaciones por motivos penitenciarios y se acuerda por la autoridad penitenciaria con la sola exigencia legal de dar cuenta a la autoridad judicial competente.

“En otras palabras, la excepción se convierte en regla, y lo hace sin ningún condicionante alusivo a la imposibilidad de esperar a una autorización judicial y con la mera exigencia de una dación de cuentas al juez, sin establecer siquiera un estricto e inmediato control judicial ex post”, lamenta.

Concluye el magistrado que este recurso de Miñanco ofrecía al tribunal la oportunidad de examinar la compatibilidad entre la Carta Magna y la regulación de la intervención de las comunicaciones en el ámbito penitenciario. “Nos hubiera permitido -además- analizar la admisibilidad de la práctica penitenciaria de acordar la intromisión en el derecho de un preso preventivo durante largos periodos de tiempo sobre la base de imprecisos, y ni siquiera indiciariamente acreditados, riesgos”, sentencia.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de blanqueo de capitales agravado al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, si bien la Sala reduce la pena de cuatro años de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Pontevedra a tres años y nueve meses al apreciar dilaciones indebidas en la causa, que se inició en 2009.

Igualmente, se ratifica la condena, con reducciones de penas por el mismo motivo, a la primera esposa de Sito Miñanco, Rosa Pouso; a su hija mayor, Rosa Prado Pouso; y al empresario Jose Alberto Agüin. El tribunal absuelve del mismo delito a la excuñada del narcotraficante porque los hechos por los que se le condenó no son concluyentes y suscitan una duda razonable que obliga a la absolución por el principio de presunción de inocencia.

La Sala Segunda del Supremo impone a Prado Bugallo tres años y nueve meses de prisión y una multa de cinco millones de euros -la Audiencia Provincial fijaba seis millones-; así como tres años y seis meses y multa de cinco millones a su exesposa; tres años y tres meses y multa de cuatro millones a su hija; y tres años y seis meses y multa de cinco millones al empresario Jose Alberto Agüin. Todos había sido condenados inicialmente por la Audiencia Provincial a cuatro años de cárcel.

La sentencia ratifica el resto de pronunciamientos de la Audiencia, que incluyen la clausura definitiva de la Inmobiliaria San Saturnino S.L. y el comiso de la totalidad de los bienes reflejados en los hechos probados.

El tribunal considera acreditado que los condenados formaron una estructura organizada marcada por intensos vínculos personales de sus integrantes y que blanquearon dinero procedente del narcotráfico entre 1988 y 2012, a través de sociedades instrumentales “constituidas para la ocultación y retorno de las ganancias obtenidas o vinculadas con las actividades de una enorme magnitud cuantitativa y cualitativa de narcotráfico en las que participó Sito Miñanco.

A juicio de la Sala, los hechos objetivos acreditados conducen a la conclusión de que Prado Bugallo “creó un modelo de transformación de las ganancias ilícitas derivadas de su actividad criminal prolongado durante más de 20 años en el que participaron las personas más próximas de su círculo más íntimo personal y familiar”.

'¿Cloacas? Sí, claro' (Roca Editorial) es el tercer libro del abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965). El dietario repasa la actividad frenética del letrado durante el año pasado, incluso en pandemia. Además de relatar su defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, el abogado responde a su imputación y procesamiento por blanqueo de capitales; un dinero que, según la Audiencia Nacional, procede del narcotráfico de Sito Miñanco. Boye, asesor legal de este medio, niega los cargos y asegura que su causa judicial nació por los éxitos obtenidos en el frente exterior del procés y la demanda que interpuso contra el juez Llarena en Bélgica.

Está semana interrogó a José María Aznar en el juicio de la caja B del PP. Tanto él como Mariano Rajoy negaron la contabilidad B del PP. ¿Dijeron la verdad al tribunal?

No. Fueron a contar su versión de los hechos. Su situación es muy compleja: si bien están declarando como testigos, podrían terminar imputados por lo que digan. Como están en una condición mixta de testigo y posible imputado, creo que están dispensados de decir la verdad.

¿Imputados por falso testimonio en el juicio o por la corrupción del PP?

Por la situación del PP. Está demostrado que había una contabilidad B y se está estudiando si hubo un cohecho u otras cosas. Aznar y Rajoy están en su perfecto derecho de defenderse.

¿Su falta de memoria es, por tanto, una estrategia de defensa?

Estoy convencido de que sí y si yo fuera su abogado se lo hubiera aconsejado. Me ha sorprendido que no quisieran declarar acompañados de abogado.

¿A qué cree que se debe que los exresponsables del PP usaran mascarilla para declarar si estaban solos en una habitación?

Algunos usan pasamontañas y otros mascarilla. Estamos ante un nuevo concepto, el de las 'facharillas'.

Vayamos al procés. ¿La vuelta de Meritxell Serret facilita la extradición de Puigdemont?

No afecta en nada porque Meritxell Serret ni siquiera tenía una orden europea de detención. Lo único que se imputaba a Serret era un presunto delito de desobediencia y ella era libre de volver cuando quisiera.

Pero si una investigada en la causa que estaba en Bélgica vuelve para ponerse a disposición del Supremo, ¿no se debilita el argumento de que en el Supremo no tendrán un juicio justo y que no es el tribunal competente?

No. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo la Cámara de Apelación de Bruselas en el caso de Lluís Puig. Los jueces belgas ya han dicho que el Supremo no es el tribunal competente y que hay un riesgo evidente de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que es algo que venimos alegando desde 2017.

En el libro afirma que, más pronto o más tarde, el Supremo fracasará en la entrega de Puigdemont y los eurodiputados de Junts. ¿Son los precedentes en Alemania y Bélgica los que le hacen estar tan seguro?

Son los precedentes y que el derecho de la Unión Europea tiene una interpretación bastante previsible. Lo que ha venido haciendo el Supremo estos años es una interpretación imprevisible del derecho que genera inseguridad jurídica. En cambio en Europa hay una previsibilidad del derecho que hace que los operadores jurídicos podamos actuar previendo lo que va a pasar. En esto caso lo previsible es que el Supremo no prospere.

En el caso concreto de Puigdemont, el juez Llarena ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). ¿Le ha sorprendido?

Con el juez Llarena hemos perdido la capacidad de sorprendernos.

¿El Supremo intenta que el TJUE haga el trabajo de los tribunales belgas?

Es una apelación prejudicial más que una pregunta prejudicial. El Supremo intenta que el TJUE corrija el trabajo a los jueces belgas en el caso de Lluís Puig, pero este no es el sentido de una cuestión prejudicial. Llevamos dos años pidiendo al juez Llarena que plantee una serie de preguntas prejudiciales que son justamente las que no ha elevado. Ninguna de las siete preguntas que el juez Llarena ha elevado tiene carácter prejudicial. Las nuestras sí tenían que ver con normas y una interpretación adecuada del derecho que sería bueno que España conociese.

¿Cuánto tiempo puede tardar la resolución del caso en el TJUE?

Hay un cauce que si el TJUE cree que el tema está absolutamente claro, previo informe del Abogado General, las preguntas prejudiciales se devuelven. Si no, el procedimiento puede tardar de seis meses a un año. 

Sin inmunidad tras aceptar el Parlamento Europeo el suplicatorio, ¿como abogado recomendaría a Puigdemont salir de Bélgica?

Lo vamos a estudiar una vez que el juez Llarena tome su siguiente movimiento, pero de momento no le veo inconveniente. Aunque hay un concepto que hay que aclarar: al president Puigdemont no le han levantado la inmunidad en términos generales, sino exclusivamente para continuar con la tramitación de una euro-orden concreta. Que nadie se haga la ilusión de que va a poder salir a cazar al president Puigdemont por las calles de Bruselas ni de Europa porque no es así.

Otra de las tesis del libro es que Puigdemont y los independentistas son discriminados por formar parte de una “minoría nacional”. ¿Por qué vincula el independentismo a una minoría nacional de la que también forman parte miles de catalanes que no son independentistas?

A la minoría nacional catalana en general se la maltrata en el momento en que toma una decisión que no es del agrado de la mayoría nacional española. Así funciona el tema de las minorías nacionales. Aquí no se trata de que solo se persiga a los independentistas. Es más, cuando deponen al president Torra también afectan los derechos electorales de los que no le votaron. En democracia gana el que más votos tiene, y si se depone al que más votos tiene también afecta al que tenía menos votos. Con el tema del independentismo siempre se cae en la paradoja de que el problema es del otro. Pues no, el problema es de todos, es de calidad democrática.

En este libro, además del procés, también relata varios episodios de un calvario personal: dos entradas en su despacho sin que Securitas Direct logre conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad, insultos por la calle.... ¿Tiene alguna sospecha de quién estaba detrás de esas entradas en su despacho?

Alguien desactivó las alarmas e impidió que Securitas pudiera recuperar las imágenes. Quien hizo este trabajo conocía perfectamente este tipo de instalaciones y tenía los conocimientos técnicos. Estamos viendo en la operación Kitchen de lo que son capaces algunas cloacas del Estado.

¿Cree que detrás de la entrada de su despacho hay alguna unidad de la Policía?

Ladrones no eran porque no se llevaron nada.

¿Ha temido por su integridad física?

El temor no es por la integridad física porque con temor no se puede trabajar. Pero ser conscientes de que hay un riesgo evidente en mi integridad física, sin duda.

En el libro también aborda la causa por blanqueo en la que está procesado. La acusación se basa en las declaraciones de otros dos procesados en la causa, Puentes Saavedra y González Rubio, un antiguo cliente suyo al que intervinieron casi un millón de euros en efectivo en el aeropuerto y que usted defendió que, si bien sí era una infracción llevarlo en metálico, su origen procedía de unas letras de cambio. Por contra, según la jueza, el dinero era un intento de Sito Miñanco por blanquear dinero del narcotráfico. ¿Cómo ha pasado González Rubio de cliente a señalarlo por blanqueo?

Porque la prisión es muy dura, muy injusta y hay gente que la sabe encajar de una forma u otra. No es la primera vez que a un preso se le ofrecen beneficios. Los dos coprocesados en la causa han obtenido importantes beneficios a partir del momento en que declaran contra mí. Uno de ellos queda en libertad [Puentes Saavedra] seis días después de incriminarme. Eso fue la bandera de enganche para que el que quisiera se apuntara. El siguiente en apuntarse fue González Rubio, a quien no pueden poner en libertad porque tiene dos homicidios en grado de tentativa de dos policías nacionales. Pero a González Rubio no se le toca un céntimo de su patrimonio. Es más, se niegan sistemáticamente a investigar su patrimonio. El motivo es que no les interesa que aparezca como lo que es, una persona con capacidad económica. Están presentando como un 'correo humano' a un señor que tiene propiedades por valor de varios millones de euros.

La jueza dice que las letras con las que justifica el dinero en el aeropuerto son falsas porque algunas de esas letras son anteriores a la fecha de la hipoteca por las que se emitían y que otras ya estaban vencidas y canceladas un año antes.

Eso es falso. Quienes eran los titulares de esas letras de cambio lo han acreditado en la causa. Esas letras hipotecarias en algunos casos hasta se ejecutó la hipoteca a través de los juzgados. Pero además nosotros recurrimos [la intervención del dinero en efectivo a González Rubio] en la jurisdicción Contencioso–Administrativa. Cinco salas distintas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dicen que no hay blanqueo de capitales y ordenan la devolución del 50% del dinero, que es lo que siempre pensé yo como su abogado. Ya el primer día le dije a este cliente que le iban a poner una multa del 50% seguro. ¿A quién se le ocurre llevar casi un millón de euros en efectivo en el aeropuerto? A nadie. Pues a él se le ocurrió y esto tiene un precio, que es una sanción administrativa. Tampoco el SEPBLAC, la máxima autoridad española en materia de blanqueo capitales, ha visto blanqueo. Solo lo han visto la juez Tardón y el fiscal De Lucas.

¿González Rubio firmó en su despacho las letras de cambio que la jueza dice que son falsas?

En absoluto. Hay hasta testigos. González Rubio nos trajo esos contratos y una serie de documentación que nadie ha cuestionado. El día que se supone que González Rubio firmó eso en mi despacho con Sito Miñanco en realidad el primero está en Colombia y el segundo en Algeciras. Hemos hecho una prueba pericial de las escuchas telefónicas incorporadas a la causa que geocalizan a González Rubio en Brasil y en Colombia en esas fechas. Y hemos demostrado con prueba científica que Sito Miñanco no estuvo en mi despacho ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo ni en junio de 2017. Pero lo quieren situar en mi despacho porque el caramelo es hacer ver como que el dinero incautado en el aeropuerto procede del narcotráfico. Cualquier mínima lógica de cómo funciona el negocio del narcotráfico indica que ese dinero no es de Sito Miñanco. Y esto lo saben jueces, fiscales, policía y abogados.

El otro elemento para incriminarle es una anotación del contable de Sito Miñanco, en la que escribió ‘Gonzalo fondos aeropuerto salva’ y, según la jueza, un pago de 10.000 por recuperar el dinero incautado en el aeropuerto. ¿Es usted ese Gonzalo?

No, eso no es así. La jueza lo interpreta así. Además existen serias dudas sobre esta anotación. Ante la fe pública que levanta el secretario judicial en la entrada y registro solo se contabilizan siete folios, y en cambio en el informe policial aparecen siete folios más y esta anotación está en el folio catorce. ¿Y eso que prueba que a un tal Gonzalo le hayan dado 10.000 euros? A mí seguro que no. Resulta que si hice todo esto, soy el que menos he cobrado. Esto es absurdo y es tratarme por tonto, que es algo que me sienta fatal en la vida.

En el libro vincula esta investigación por blanqueo y se declara “objetivo” de “un sector de Estado que se sentía más cómodo en el régimen anterior y que se ha camuflado de demócrata” debido a los éxitos que ha obtenido con Puigdemont y los independentistas. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión?

Si el Estado estuviera detrás de esto como tal, como Estado, en mi casa hubieran encontrado una maleta con un millón de euros o un paquete de cocaína. Esto comienza con un director de un medio de comunicación diciendo en diciembre del 2017 que yo tendría que estar bajo el control permanente de los servicios de inteligencia del Estado. Meses después la mujer de ese director me presenta una querella por la demanda en Bélgica contra el juez Llarena que atiende la jueza Tardón, y resulta que ambas son íntimas amigas. El mismo día que la jueza Tardón se ve obligada a archivar la causa en mi contra está citando a Puentes Saavedra para que venga a declarar en mi contra. Hace tiempo que dejé de creer en las casualidades.

Pero se podría decir que en su relato hay una relación de casualidad, no de causalidad.

¿De verdad? Es obligación legal de un juez abstenerse cuando una de las partes es su amiga personal, y la jueza Tardón es amiga personal de la querellante. Todo esto surge a partir de que ponemos una demanda contra el juez Llarena en Bélgica. Nunca antes en todos mis años de ejercicio profesional había tenido problemas con los juzgados ni con las autoridades. Bastó que fuéramos exitosos en el caso del procés para que me aparecieran toda serie de problemas. Con todo esto, es difícil creer en las casualidades.

¿Confía en revertir su situación? ¿Si en el juicio no resulta condenado o la Audiencia Nacional revoca su procesamiento, el mal ya estará hecho?

Le voy a poner un ejemplo. ¿De qué sirve la anulación de la sentencia al presidente Lula de Silva si ya ha estado en prisión, se le impidió ser candidato, ganó Bolsonaro y terminó nombrando ministro al juez del caso de Lula? Las cosas se parecen: la jueza Tardón fue concejal del Partido Popular. El daño a mi reputación, a mi familia y a mi despacho ya está hecho. El mal está hecho desde que empezaron a disparar contra mí, pero voy a pelear hasta el final. Que no le quepa ninguna duda a nadie.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado dejar en libertad sin medidas cautelares al abogado Gonzalo Boye, que ha declarado como investigado en el marco de una operación por presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotraficante gallego Sito Miñanco, del que fue letrado hasta hace unas semanas. Actualmente es el abogado del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.

La jueza ha rechazado la petición formulada por la Fiscalía de que Boye compareciera en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. A la salida del juzgado ante los medios de comunicación, Boye ha defendido su inocencia y negado cualquier vinculación con el blanqueo de capitales. “La gente puede disparar lo que quiera contra mí pero lo que no van a encontrar es ningún indicio de criminalidad porque no lo hay”, ha asegurado. 

En la causa -que está bajo secreto de sumario-, Boye está imputado por blanqueo tras el testimonio de un supuesto miembro del clan de Sito Miñanco. En una declaración en la Audiencia Nacional vinculó al abogado con la realización falsos contratos de préstamos y pagarés para justificar el origen de 900.000 euros que el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo) le había intervenido en el aeropuerto de Barajas al supuesto colaborador de Sito Miñanco.

A este respecto, Boye ha asegurado que, en su día, el Sepblac consideró que estos hechos no eran constitutivos de delito aunque sí de una sanción administrativa a las personas que fueron descubiertas intentando sacar de España ese dinero. Según fuentes presentes en la declaración, Boye se ha remitido a un escrito que ya presentó en el juzgado respondiendo a las acusaciones y se ha negado a contestar al resto de preguntas hasta que no se levante el secreto de sumario. 

A preguntas de los periodistas, Boye ha dicho que confía en que esta investigación no está vinculada con su ejercicio profesional como abogado de Puigdemont. “Quiero creer que no. Creo que no debería ser así. La decisión de la jueza deja muy claro que ella no cree que haya ningún tipo de razón para limitar mi ejercicio profesional ni mis movimientos. Estamos muy contentos”, ha mantenido. 

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ordenó su comparecencia después de los registros practicados el pasado lunes en Madrid tanto en su domicilio como en su despacho, en los que la policía se incautó del contenido de su teléfono móvil y los correos electrónicos que almacenaba en su ordenador. Este miércoles también han comparecido ante la jueza dos supuestos testaferros. 

La investigación por la que ha declarado este miércoles no guarda relación con la defensa jurídica que presta a Puigdemont, contra quien se ha vuelto a emitir una orden europea de detención a consecuencia de la sentencia del procés y que ahora tiene que resolver la justicia belga. 

El despacho de Boye asesora legalmente a eldiario.es y también ha defendido al exanalista de la CIA Edward Snowden, ejerce la acusación popular en el caso de las muertes de El Tarajal o promovió una demanda contra EEUU por las torturas de Guantánamo. Boye fue fundador de la revista satírica Mongolia y, entre 2012 y 2017, fue secretario del consejo de este periódico.

La justicia avaló su legalidad urbanística y la justicia considera ahora que iba a ser impulsada con “fondos procedentes del narcotráfico”. Es la larga historia de la urbanización de 38 chalés aprobada en 2007 por el Ayuntamiento de Sanxenxo en terrenos adquiridos por una sociedad que la Audiencia de Pontevedra ordena decomisar en la sentencia con la que condena por blanqueo a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, su exmujer, una hija y dos colaboradores más. La urbanización, junto a la playa de Montalvo, nunca pasó de los planos, pero estos siguen estando en vigor después de que la justicia validase su aprobación por parte del Ayuntamiento gobernado por el PP frente al intento de paralizarla de la entonces Xunta bipartita de PSdeG y BNG.

Según indica la sentencia ahora emitida por la Audiencia de Pontevedra, el 4 de agosto de 1988 la empresa que el tribunal considera núcleo de la trama de blanqueo de Sito Miñanco, Inmobiliaria San Saturnino SL, “representada por José Ramón Prado Bugallo y por la entidad José Aguín Magdaleno SL”, de José Alberto Aguín, condenado tanto ahora como en la operación Nécora, constituyó otra sociedad, Jolva SL. “El mismo día de su constitución” y “empleando fondos procedentes del narcotráfico”, dice la sentencia, “Jolva SL adquirió un terreno de 12.906 metros cuadrados frente a la playa de Montalvo, Sanxenxo” sobre el que Aguín y la exmujer de Miñanco realizaron “una serie de actuaciones que determinaron que su valor se incrementase exponencialmente”.

En octubre de 2005, explica la sentencia, el primero “presentó un plan parcial de desarrollo del suelo urbanizable número 18” que abarcaba esos terrenos, documento que fue aprobado año y medio después por el Ayuntamiento de Sanxenxo.

A pesar de que entonces los terrenos estaban mayormente ocupados por árboles, ese plan urbanístico califica la zona como “núcleo urbano de Montalvo” y dice que dado ese emplazamiento la urbanización busca “facilitar una gradual transformación del continuo urbano en paisaje rural para que ambos se fundan de forma natural”. “Los campos, el arbolado del paisaje rural circundante existente en el interior de la ciudad se pretende convertir en parques, áreas de descanso y ocio”, explica el documento, aprobado por el Ayuntamiento e impulsado por propietarios de los terrenos, cuyas identidades consigna el propio plan ratificando así de manera pública la participación de Aguín y Jolva SL.

El documento contempla que una primera franja del ámbito urbanístico, la más próxima a la playa y afectada por la protección de costas, sea cedida como parte de los sistemas generales, zonas verdes y equipaciones municipales, mientras que la otra mitad del espacio se divide en parcelas en las que posteriormente se podrían levantar 38 chalés adosados. El plan reserva un 20% de las viviendas para protección autonómica.

La tramitación de esa urbanización se inició, según dice la sentencia ahora emitida, en octubre de 2005, siendo alcalde de Sanxenxo, paradigma del urbanismo desaforado en las Rías Baixas, el histórico popular Telmo Martín, también promotor inmobiliario, pero se aprobó en mayo de 2007, cinco meses después de que éste dejase el cargo para intentar conseguir la alcaldía de la ciudad de Pontevedra. No lo logró y, tras una etapa como diputado en el Congreso, Martín vuelve a ser alcalde de Sanxenxo desde hace año y medio.

Fue el 7 de mayo de 2007, veinte días antes de las elecciones municipales de aquel año, cuando el Ayuntamiento, con la sustituta de Martín, Catalina González, al frente de la alcaldía, aprobó aquel plan urbanístico. Esa aprobación fue comunicada mes y medio después a la Xunta y ésta, a los pocos días, a través de la Consellería de Medio Ambiente que dirigía el socialista Pachi Vázquez, requirió al Ayuntamiento su anulación por considerar que era precisa una evaluación ambiental de la urbanización antes de validarla, algo que no se había hecho.

A partir de ahí comenzó un proceso judicial en el que inicialmente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no aceptó en junio de 2008 la suspensión cautelar del plan urbanístico que había pedido la Xunta mientras no se resolvía sobre su legalidad de fondo. El Gobierno gallego recurrió y en enero de 2010 el Tribunal Supremo sí aceptó esa suspensión cautelar. Sin embargo, a los meses se pronunció sobre el fondo de la cuestión nuevamente el Tribunal Superior de Galicia considerando válida la aprobación de la urbanización por parte del Ayuntamiento.

Aquel plan urbanístico, avalado así por la justicia, sigue estando en vigor. Sin embargo, con el decomiso ahora decretado por la Audiencia de todas las empresas y propiedades involucradas en la trama de blanqueo de Sito Miñanco, queda en el aire quién lo desarrollará.

El tribunal que juzga a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, ha suspendido el juicio tras admitir a trámite los escritos de recusación de las defensas contra dos de sus integrantes, el presidente del propio tribunal, José Juan Barreiro, y otra magistrada, María Rosario Cimadevila.

Uno de los escritos ha sido presentado por la defensa del propio Sito Miñanco, que entiende que estos magistrados de la sección segunda de la Audiencia están “contaminados” por haber tomado decisiones sobre la causa en el pasado, ha indicado el abogado de Miñanco, Gonzalo Boye.

Al haber admitido a trámite este escrito el juicio ha quedado suspendido porque deberá ser otro magistrado de la Audiencia quien se pronuncie sobre el fondo, han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Sito Miñanco permanece con los protocolos de aislamiento en prisión al ser considerado dirigente de una organización criminal de carácter internacional, lo que podría facilitar que le hiciesen llegar objetos en prisión. El abogado ha explicado que él mismo informó a su llegada a prisión de que llevaba dinero encima, por lo que no se le “sancionó” por esta cuestión, según la versión dada por la defensa.

Miñanco, recientemente detenido en otra operación contra el narcotráfico y por la que se encuentra en prisión incondicional, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel y una multa de 10 millones de euros para los encausados por blanqueo de esa cantidad entre 1998 y 2007 mediante la compra de pisos a través de la inmobiliaria San Saturnino.

El abogado de Sito Miñanco ha confirmado a los medios que su cliente, de 62 años de edad, sigue con la huelga de hambre iniciada cuando fue trasladado a la prisión pontevedresa de A Lama y que comenzó por sus quejas por el trato recibido. Al respecto, ha indicado que tiene la tensión muy alta y ha recordado que hace unos años sufrió un ictus, por lo que le preocupa su estado de salud.

El narco fue detenido en una operación el pasado 5 de febrero. Según el auto por el cual la jueza Carmen Lamela acordó los registros de casi medio centenar de domicilios y oficinas vinculadas con la organización, la red que dirigía Sito Miñanco intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

'Fariña' se ha convertido en el libro más vendido en la plataforma de Amazon después de que una jueza acordara su secuestro cautelar. Según confirma la editorial, se han llegado a vender durante este miércoles hasta 10 ejemplares por minuto en algunos momentos del día.

La orden de retirar el libro cautelarmente ha sido tomada por una magistrada de Villalba tras una demanda por supuesta vulneración del derecho al honor de José Alfredo Bea, exalcalde de O Grove, que aparece citado en el libro tras una condena por narcotráfico que fue revocada por el Supremo.

El libro escrito por Nacho Carretero tendrá que ser retirado de las tiendas cuando Bea deposite 10.000 euros—para responder de los posibles daños y perjuicios que la medida cautelar suponga para el patrimonio del demandado—, algo que ocurre apenas unos días después de la impresión y distribución de los 10.000 ejemplares de una nueva edición. Sin embargo, la decisión judicial no ha podido frenar por ahora su distribución digital.

Lo que pretendía ser una medida para frenar la difusión de Fariña, solo ha acabado por alimentar la curiosidad de la gente, que lo han coronado en las ventas de Amazon.

La decisión judicial se produce tres años después de la publicación del libro, ya convertido en superventas, y con una serie de televisión basada en el texto de Nacho Carretero pendiente de estreno. En este caso, la jueza ha desestimado la pretensión del denunciante de paralizar la emisión, una medida que considera “desproporcionada” al desconocer si el exalcalde figura en el guión.

El efecto Barbra Streisand

Los intentos de censura a veces no consiguen lo que pretenden, sino más bien todo lo contrario. No es la primera vez que algo prohibido termina viralizándose en Internet y teniendo más importancia de la que habría conseguido por vías menos extraordinarias. Esto es popularmente llamado como efecto Barbra Streisand, que nació en 2003 a raíz de la actriz estadounidense que protagoniza el término.

Como explican en The Guardian, la intérprete denunció al fotógrafo Kenneth Adelman y a la página Pictopia.com exigiendo la retirada de una imagen donde aparecía su casa de Malibú (California). La instantánea no pretendía ilustrar la vida privada de la cantante, sino que formaba parte de un proyecto para mostrar la erosión de la costa. Aun así, esta se amparó en su derecho a la privacidad para imponer una multa de 50 millones de dólares.

No obstante, la denuncia encontró el resultado contrario al que buscaba. Antes de la acusación la imagen solo había sido descargada seis veces, dos de ellas por los abogados de Barbra. Pero, como indican en la BBC, después de toda la polémica el número de visualizaciones ascendió a más de 420.000 personas. De esta manera, una información que habría pasado desapercibida se convierte en trascendente.

Existen muchos casos similares, también agrupados bajo la etiqueta de “efecto Barbra Streisand”. Por ejemplo, cuando William Randolph Hearst intentó censurar la película Ciudadano Kane, el vídeo donde Tom Cruise hablaba de la Cienciología o incluso el intento de bloquear la página de descargas The Pirate Bay. Todos tienen algo en común: son ahora más importantes y accesibles que antes gracias a la represión.

Sito Miñanco ha estado entrando y saliendo de la cárcel desde principios de los años 90, lo que no le ha impedido mantener intactos sus métodos para meter cocaína procedente de Colombia a través de las costas gallegas. Desde los chivatos en la policía a las lanchas fabricadas a medida, pasando por un sistema que tenía siempre controlado al helicóptero de Aduanas. La jueza Carmen Lamela le ha enviado este miércoles a prisión provisional acusado de liderar, otra vez, una organización dedicada al “transporte, importación y distribución” de cocaína y al blanqueo de capitales.

Junto a Sito Miñanco han sido trasladado a la cárcel una veintena de los integrantes de su organización, que la jueza describe como “debidamente estructurada”. En su cumbre, José Ramón Prado Burgallo, al que además de como Sito Miñanco se referían con los motes de Mario y Míster. Era uno de los métodos para aumentar la seguridad de la compañía dedicada al narcotráfico: el uso de alias que se utilizaban siempre, nunca el nombre real.

El auto de prisión de la jueza Lamela, al que ha tenido acceso eldiario.es, bien podría haberse firmado tras la primera detención del narco gallego. Los métodos que describe para introducir la cocaína de forma segura en la costa gallega son los que su organización ha usado durante las últimas décadas, a pesar de las estancias de su jefe en prisión.

La organización contaba con una importante logística entre la que destaca un astillero en Cambados de nombre “O Facho”. Su gerente en el año 2000, José Benito Padín Viéites, tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por su relación con Sito Miñanco. Primero dijo que no le conocía de nada y luego le contó al juez que era empleado suyo. Una crónica periodística de esa época sobre el poder que mantenían los clanes gallegos de la droga menciona que todo el mundo en Cambados sabía que el astillero pertenecía al narco.

La jueza señala que ese negocio servía a la organización para fabricar las embarcaciones a medida que trasladaban la droga desde los “barcos nodriza” en alta mar a un lugar próximo a la costa. La cocaína era trasvasada entonces “a otra embarcación que llamara menos la atención, como puede ser una embarcación tipo pesquero” para que fuese descargada “sin levantar sospechas”.

La organización tenía diversos métodos para intentar que esos traslados de droga no fuesen interceptados por la Policía o la Guardia Civil. Si durante sus primeros años, el narco gallego controlaba las lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera, ahora hacía lo mismo con el helicóptero de este cuerpo, dice la jueza Lamela. Sabía las horas a las que salía a patrullar por la costa.

También como en sus años dorados, el narco ha contado para sus últimos negocios con la ayuda de soplones en los cuerpos policiales. Esos infiltrados le facilitaban información sobre operaciones contra su organización o contra él mismo. A esto la organización sumaba, para garantizar las entregas de droga, a numerosas personas distribuidas por toda la costa, “preparadas en los diferentes puntos por donde tenían la intención de ”alijar“ o introducir el estupefaciente” para controlar y detectar presencia policial.

Entre las medidas de seguridad con las que contaba la organización, además de los alias, estaba la contratación de especialistas telecomunicaciones para instalar servicios de comunicación en las lanchas y para proveer a los miembros de la organización de “terminales telefónicos con aplicaciones que encriptan sus comunicaciones”, sostiene la jueza.

El auto de Lamela contiene pocas novedades sobre la descripción de los métodos de Sito Miñanco. Tan solo menciona que, cómo vía para diversificar sus negocios optó por una alternativa a la entrada de droga a través de la costa gallega: financió importaciones de estupefacientes a través de un contenedor marítimo, “aprovechando la infraestructura de empresas que se dedican a la actividad comercial de importación-exportación de mercancía procedente de Sudamérica a Europa”. En concreto, la mercancía viajaba desde Holanda hasta nuestro país.

La jueza recuerda en el auto de prisión que durante la investigación se incautaron 3.800 kilos de cocaína en un mercante con tripulación turca que viajaba desde Colombia. De esa cantidad, 700 kilos eran para la organización de Sito Miñanco. A eso había que sumar los 616 kilos del contenedor que iba a viajar desde Holanda y 78 kilos de marihuana incautados en Madrid -que iban a viajar a Hamburgo-.

Además, los agentes han localizado importantes cantidades de dinero en efectivo y el empleo de dinero “de procedencia ilícita” para comprar inmuebles. La organización también usaba empresas en Algeciras -un concesionario- y en Marbella -un taller de Mercedes- para “para re-introducir dinero de sus actividades ilícitas, falseando facturas a nombre de terceros y usando testaferros que figuran en los contratos de compra venta de los vehículos”.

Además, los agentes detuvieron en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid a varios miembros de la organización del narco gallego cuando estaban a punto de coger un avión a Colombia. Entre sus pertenencias encontraron 889.470 euros en efectivo. Uno de los subordinados de Sito Miñanco, de origen colombiano, había organizado ese viaje con ayuda de su hija, que se dedicó a reclutar “mulas” que portasen el dinero escondido en sus maletas.

El capo gallego fue condenado a 20 años tras la primera detención y a 16 años en 2004. Durante su segunda estancia en prisión los investigadores detectaron otra trama de blanqueo de capitales por valor de 10 millones de euros, una causa en la que se enfrenta a seis años de prisión. La jueza Lamela señala en el auto que este nuevo caso, con sus paralelismos con la primera investigación de los años 90, puede depararle la misma condena: dos décadas de cárcel.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a prisión sin fianza al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y a otros 20 presuntos miembros de su banda detenidos el pasado lunes en la operación Mito.

La magistrada ha dejado en libertad a otras 9 arrestados con medidas cautelares, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, que han indicado que se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Los arrestos se produjeron en Madrid, Galicia y Málaga y en la operación resultaron heridos de bala un GEO y un presunto narco, a quien la juez tomará declaración esta tarde y se desplazará para ello al hospital.

Las investigaciones apuntan a que Miñanco, de 62 años, lideraba esta red que introducía cocaína en España desde 2016, meses después de que se otorgara la semilibertad al histórico narco, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz).

Tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo

La Fiscalía había pedido este miércoles prisión incondicional para el narcotraficante por los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), organización criminal y blanqueo de capitales, según han informado fuentes jurídicas.

Es la misma medida cautelar que el Ministerio Público había solicitado para la mayoría de los presuntos 29 miembros de la organización de Miñanco que han declarado desde primera hora de esta mañana ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha dirigido toda la operación.

Según el auto por el cual Lamela acordó los registros de casi medio centenar de domicilios y oficinas vinculadas con la organización, la red que dirigía Sito Miñanco intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que desde 2016 le seguían la pista.

La organización, según la magistrada, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en 'b', un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.

Las grabaciones telefónicas y las pesquisas de los investigadores permitieron saber que el movimiento de dinero de la red provenía directamente de las actividades del narcotráfico. En concreto, una de las escuchas realizadas permitió saber que una de las entregas de dinero a la trama era superior a 1,8 millones de euros.

Mucho más que un capo de la droga y el tabaco de batea, Sito Miñanco, el narco detenido a primera hora del lunes en Algeciras, representa toda una época en Galicia: aquellos tiempos en que los contrabandistas eran honorables hombres de negocios que se codeaban con políticos y traían riqueza al pueblo.

En su tierra se han escrito toneladas de papel sobre las sagas más conocidas: los Charlines, el matrimonio Laureano Oubiña-Esther Lago (el hijo de esta, David Pérez Lago, también figura en la lista de arrestados en la macrooperación del pasado lunes), o el fotogénico Marcial Dorado, que alternó durante los noventa en yates y mansiones, excursiones al mar y a la montaña, con un ambicioso alto funcionario de la Xunta de Galicia llamado Alberto Núñez Feijóo, entonces número dos de la Consellería de Sanidad.

De todos aquellos patriarcas de las Rías Baixas de los que se han contado vida milagros y también algunos infundios, José Ramón Prado Bugallo, Sito, era el más carismático. Nacido en una familia de mariscadores furtivos, escaló todos los peldaños del negocio: piloto de planeadoras en la era del Winston de batea, blanqueador de capitales en Panamá, y capo entre los capos cuando decidió dar el salto a la cocaína, que le permitió tratar de tú a tú con el cartel de Cali y el personal de confianza de Pablo Escobar.

Nacho Carretero, periodista, es autor de Fariña, Historias e indiscreciones del narcotráfico en Galicia (Libros del KO), un tratado sobre las familias de la droga que ha vendido diez ediciones e inspirado una serie que rueda Antena 3. Carretero atiende a eldiario.es por teléfono el día después de la detención del capo gallego: “Sito es el narco más importante que ha conocido Galicia y probablemente España en toda su historia. No es que haya vuelto, es que según los investigadores no llegó a irse. Viene del estraperlo, de toda una generación de contrabandistas de los años 70, y se distingue del resto por una gran inteligencia y su olfato para los negocios y las relaciones personales. A través de sus canales de lavado de dinero en Panamá, donde blanqueaba los beneficios del contrabando, hace contactos y se convierte en socio predilecto del cartel de Medellín y luego del de Cali. En los años 80 empieza a introducir miles de kilos de cocaína a través de la costa gallega. Cuando la Policía y la Guardia Civil estaba persiguiendo fardos de tabaco, el clan de Sito introducía ya toneladas de coca”.

Uno de los mandos policiales que ha participado en varios de sus arrestos, completa ese retrato: “Prado Bugallo es un hombre obsesionado por la seguridad, por evitarnos, a la Policía y a la Guardia Civil. Lleva años repitiendo que él no está ya en nada, igual que antes decía que nunca había tocado la droga. Los carteles colombianos siempre lo han visto como un hombre de fiar. En sus transportes no había robos, nunca faltaba mercancía, como sí sucedía con otros de los gallegos. Y además, los colombianos valoraban su conocimiento del mar. Todas las operaciones en las que se le ha pillado están relacionadas con alijos en barcos”.  

En el mar y en los negocios Sito siempre ha corrido más. El servicio de Aduanas no solo iba detrás de él en aquellas persecuciones a tiros por el interior de la Ría de Arousa, los cuerpos policiales tampoco eran capaces de seguirlo en la carrera tecnológica. Sus astilleros –el primero fue Sipra (acrónimo de Sito Prado) y ahora Facho- construyeron algunas de las lanchas más veloces de la península de O Salnés, el kilómetro cero del narcotráfico en Galicia.

“Disponía de más medios que Vigilancia Aduanera”

Habla la periodista Elisa Lois, premio Ortega y Gasset en 1990 por sus investigaciones en El Correo Gallego sobre el narcotráfico y hoy corresponsal de El País en las Rías Baixas: “Llegó un momento en el que Sito tenía más infraestructura y medios que el propio Servicio de Vigilancia Aduanera. En los 90, cuando ya estaba metido de lleno en la droga y el tabaco, los jefes de Aduanas andaban tras un ordenador con GPS que manejaba Sito cuando en España no se había visto nada parecido. Era un ordenador superpotente que, por lo que comentaron entonces quienes estaban en la investigación, usaban los servicios secretos israelíes. Le servía para detectar los posicionamientos de las lanchas de Aduanas sin necesidad de tener a gente con prismáticos vigilando. Y las planeadoras que sus astilleros preparaban siempre al gusto de Sito, que antes que nada fue piloto, también eran muy rápidas”. 

La Operación Nécora, un macrodespliegue comandado por el juez Baltasar Garzón -quien llegó a aterrizar en las Rías Baixas en helicóptero en medio de un operativo muy cinematográfico- supuso las detenciones simultáneas de los señores de la droga en Galicia. Cayeron, entre otros muchos, sus dos socios (Ramiro y Olegario, dos de las tres iniciales de la R.O.S., como se denominaba su organización) pero a Sito Miñanco la cadena de arrestos y la orden de detención de la Audiencia Nacional lo pilló ya en Ciudad de Panamá con su residencia custodiada, día y noche, por parejas de agentes de seguridad armados hasta los dientes.

Desde ese exilio de lujo fue capaz de concertar una reunión con el entonces jefe de la Unidad Fiscal de la Guardia Civil, el Coronel Ayuso, con el que llegó a entrevistarse en un hotel de Portugal para negociar su entrega. Cuando trascendió el encuentro, las notas de prensa oficiales tuvieron que destacar que el juez Garzón no estaba al tanto de la cita ni la había autorizado.

Finalmente, Miñanco cayó meses después, el 19 de enero de 1991, en un chalet de Pozuelo de Alarcón (a las afueras de Madrid) mientras dirigía una operación de un par de cientos de kilos de cocaína. La investigación la había instruido también Garzón, hiperactivo en aquellos años contra la narcodelincuencia gallega y motivó años más tarde una condena a España en el Tribunal de Derechos Humanos por la forma en que se le capturó: con micrófonos ocultos en todas partes. La sentencia dándole la razón en Estrasburgo le llegó al narco cuando ya cumplía una segunda condena por otro alijo de cinco toneladas de cocaína.

El narco que pagó el altar de la Iglesia

La periodista Elisa Lois nunca olvidará aquel primer arresto. Tres días después de producirse, el 22 de enero de 1991, tenía pactada una entrevista con el narco en Panamá. La conversación finalmente se celebró con Miñanco ya en prisión. “Me juró por sus hijas que nunca había tocado la droga y mira… Estaba muy ofendido y le mandó un mensaje en la entrevista al cura de Cambados, don José. Decía que a ver quién era él para lamentar desde el púlpito que la condena era pequeña. Que si no recordaba el sacerdote que había sido Sito quien había pagado el altar y otras obras en la iglesia”.

Ese es otro de los rasgos definitorios del personaje. Lo que Carretero llamó en su libro “marketing social”: “Él toma el ejemplo de los capos colombianos y su máximo referente es Pablo Escobar, al que llega a imitar hasta estéticamente con ese bigote… Todavía muchísima gente en Cambados y en la ría de Arousa habla bien de él. Pagaba tratamientos médicos a los vecinos que no tenían dinero en su época de contrabandista. Y cuando dio el salto al narcotráfico, supo mantener esa imagen. A diferencia de Oubiña y otros capos malencarados, él siempre cuidó mucho eso y su entorno y la sociedad de Cambados nunca fueron un obstáculo para su actividad”.

Lo cierto es que esa legitimidad que le dio el dinero y la supuesta filantropía alcanzó bastante más lejos del vecindario. Mientras las Fuerzas de Seguridad de los Gobiernos de Felipe González lo perseguían por tierra, mar y aire, dirigentes de Alianza Popular en Galicia acudían a los homenajes que se le dispensaban como benefactor social.

Célebre fue la foto del alcalde de Cambados, Santiago Tirado, aplaudiendo en la entrega de una placa que reconocía a Sito Miñanco la gesta de haber ascendido a Segunda División B al equipo de la localidad. Las nóminas millonarias que pagaba el hasta entonces modesto Juventud de Cambados asombraban en la categoría, casi tanto como las giras del equipo por América y la imponente grada del campo que pagó a tocateja el contrabandista y donde cabía prácticamente el pueblo entero.

Sito también supo cuidar de los suyos. Llegó a establecer un sistema de pensiones de su propio bolsillo para las familias de los pilotos de planeadoras que caían en las operaciones o de algún colaborador que acababa en prisión.

Carmen Avendaño ha sido durante años la cara más visible del colectivo Madres contra la Droga, que se enfrentó a la industria del narco tratando de erosionar su credibilidad y la imagen de intocables que tenían los capos como Sito que se paseaban en Ferrari Testarossa por las carreteras comarcales de las Rias Baixas.

Desde el último arresto el pasado lunes, Avendaño no ha parado de atender al teléfono, como si hubiera retrocedido 25 años: “Miñanco es una persona que sigue gozando del cariño de los vecinos. Él es muy listo. A nosotros nos llegó a decir que iba a poner una mesa de donaciones para los trabajos que hacíamos de la denuncia del narcotráfico. Yo no daba crédito. Todavía hoy no es una persona a la que se desprecie en el entorno en el que vivió. Se construyó esa imagen de tipo altruista. No sé cómo acabará su historia pero, de momento, la realidad en Cambados es esa. Seguro que estoy yo peor vista por allí que él. Lo que deben enseñarnos estas últimas noticias es que a la hora de dejarlos en libertad no hay que tener en cuenta solo su comportamiento en prisión, donde viven como reyes, sino la posibilidad de que estos delincuentes reincidan”.  

Si Narcos, la serie de Netflix, abriese más el foco y saliese de América, Sito sería el socio de fiar a este lado del Atlántico, con su acento gallego y su propia biografía de película. “Fue el primero que dio el salto internacional. A finales de los 80 estaba en Panamá haciendo negocios y contactos. En la alta sociedad de Panamá estaba muy bien introducido. Llegó a financiar campañas del dictador Manuel Antonio Noriega, existe abundante documentación sobre eso. Invirtió mucho dinero en comprar voluntades. En su vida hay muchas historias que no se aclararon. Se supo que había estado detenido por Aduanas una vez pero que se le dejó en libertad. Yo le pregunté por aquel episodio en una entrevista y me dijo que dejase estar esas cosas. Pero no me lo negó”, asegura Elisa Lois, probablemente la periodista que mejor lo conoce. 

El lunes de madrugada el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía despertó a Sito Miñanco cuando dormía, en compañía de su actual pareja, en un chalé de Algeciras. En la vivienda los agentes se encontraron cientos de miles de euros en metálico y numerosos teléfonos encriptados. Un equipaje sospechoso para el cobrador de una empresa de aparcamientos -el trabajo que declaró para poder disfrutar del régimen de semilibertad en 2015- que además hacía tareas comunitarias ayudando a una ONG de enfermos terminales. Los agentes también registraron la inmobiliaria de su exesposa Rosa en Cambados. 

Los investigadores que siguen sus pasos desde hace 30 años están convencidos de que el narcotráfico y los tratos con los carteles de la droga colombianos no es un trabajo temporal que pueda dejarse así como así. Menos si uno se llama Sito Miñanco y ha sido durante décadas el gran capo gallego.

“No se mostró violento, no es su estilo, pero estaba muy inquieto y quería saber por qué se le arrestaba. Tampoco opuso resistencia, sigue siendo el de siempre. La segunda vez que lo arrestamos nos llegó en bañador”, señala un mando policial que lleva décadas vigilando sus movimientos.

La Policía dio a su arresto el tratamiento de las grandes ocasiones. Facilitó a la prensa imágenes de la detención, de la residencia con piscina en la que vivía, de fajos de billetes de 50 euros hallados en el interior y del propio Sito en zapatillas y ropa náutica, esposado y escoltado por dos agentes encapuchados.

La juez de la Audiencia Nacional que ordenó su detención, Carmen Lamela, lo relaciona con dos alijos que suman 4.400 kilos de cocaína, uno a bordo del carguero Thoran entre Azores y Madeira interceptado el pasado octubre y otro en un contenedor en Holanda en noviembre. Algunas de esas causas estaban ya instruyéndose en otros juzgados, aseguran fuentes que conocen los entresijos del caso.

La juez tiene horas de conversaciones de Sito Miñanco hablando de esas operaciones y también de traer a España un millón de euros. El capo obsesionado con la tecnología para protegerse, que según los investigadores había invertido más de 700.000 euros en aparatos electrónicos y teléfonos encriptados, ha vuelto a caer porque le estaban grabando. Como la primera vez, hace ahora 27 años.

La Policía ha detenido esta mañana en Algeciras a José Ramón Prado Bugallo, alias 'Sito Miñanco', patriarca de uno de los clanes históricos del narcotráfico gallego, según fuentes próximas al caso. Sito Miñanco estaba pendiente de un nuevo juicio dentro de diez días en la Audiencia de Pontevedra, en el que se le acusa de haber blanqueado 10 millones de euros junto a su mujer, una de sus hijas y un empresario, al que la fiscalía sitúa como testaferro. En la operación que se ha desarollado esta mañana también está detenida su hija Rosa María, arrestada en Cambados, donde se registra su inmobiliaria San Saturnino.

El operativo está dirigido por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y es ejecutada por agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO Central). Los delitos investigados son tráfico de drogas y blanqueo.

En total se han practicado 40 detenciones y 47 registros en Andalucía, Madrid y Galicia. Por la UDYCO han participado los grupos 32 y 33 y en la operación también han participado los Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado (GRECO) de Costa del Sol y Galicia.

García Arango y Pérez Lago, entre los detenidos

El operativo se llama 'Mito' en alusión al histórico narcotraficante y se abrió en 2016. En el marco de la misma se ha producido esta mañana un tiroteo en una nave de tiro de Alpedrete (Madrid) con dos miembros del GEO heridos, así como uno de los investigados, que recibió a tiros a los agentes.

Entre los arrestados figura Luis Enrique García Arango, otro histórico del narcotráfico gallego y mano derecha de 'Sito Miñanco', y el hijastro del capo Laureano Oubiña, David Pérez Lago.

Uno de los policías de élite ha recibido un impacto en la clavícula. Según informan fuentes policiales, la operación contra el tráfico de drogas se ha desarrollado en un chalet de Alpedrete, municipio de la Comunidad de Madrid.

El presunto miembro de la banda de Miñanco también ha resultado herido en el tiroteo, aunque tampoco se teme por su vida. Un segundo agente ha sido herido, aunque de carácter leve, por impactos de bala en su chaleco.

De los 40 detenidos solo los que han sido por orden judicial pasarán a disposición judicial en la Audiencia Nacional a partir del miércoles.