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La juez envía a prisión a Sito Miñanco y a 20 presuntos miembros de su banda

José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", en la Audiencia Nacional en 2004

AGENCIAS

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a prisión sin fianza al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y a otros 20 presuntos miembros de su banda detenidos el pasado lunes en la operación Mito.

La magistrada ha dejado en libertad a otras 9 arrestados con medidas cautelares, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, que han indicado que se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Los arrestos se produjeron en Madrid, Galicia y Málaga y en la operación resultaron heridos de bala un GEO y un presunto narco, a quien la juez tomará declaración esta tarde y se desplazará para ello al hospital.

Las investigaciones apuntan a que Miñanco, de 62 años, lideraba esta red que introducía cocaína en España desde 2016, meses después de que se otorgara la semilibertad al histórico narco, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz).

Tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo

La Fiscalía había pedido este miércoles prisión incondicional para el narcotraficante por los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), organización criminal y blanqueo de capitales, según han informado fuentes jurídicas.

Es la misma medida cautelar que el Ministerio Público había solicitado para la mayoría de los presuntos 29 miembros de la organización de Miñanco que han declarado desde primera hora de esta mañana ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha dirigido toda la operación.

Según el auto por el cual Lamela acordó los registros de casi medio centenar de domicilios y oficinas vinculadas con la organización, la red que dirigía Sito Miñanco intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que desde 2016 le seguían la pista.

La organización, según la magistrada, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en 'b', un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.

Las grabaciones telefónicas y las pesquisas de los investigadores permitieron saber que el movimiento de dinero de la red provenía directamente de las actividades del narcotráfico. En concreto, una de las escuchas realizadas permitió saber que una de las entregas de dinero a la trama era superior a 1,8 millones de euros.

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