Los incidentes que se produjeron el pasado sábado, con cargas de la Policía Nacional, en el vomitorio del graderío sur del estadio de El Sadar tras el partido que enfrentó a Club Atlético Osasuna y al Real Madrid ha reavivado en Pamplona un debate sobre qué cuerpo de policía debe encargarse de la seguridad en el estadio del club navarro.

Los incidentes se iniciaron tras la finalización del encuentro. La seguridad privada del club trataba de identificar a un aficionado que había lanzado una botella vacía al césped durante el encuentro. En el transcurso de su identificación se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional contra aficionados que abandonaban el recinto. Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales la “desproporcionalidad” de las cargas, que terminaron con varios aficionados heridos y dos detenidos.

Las escenas de pánico en las que se vieron involucrados menores y ancianos que abandonaban el estadio tras la finalización del encuentro han sido objeto de críticas por parte de socios del club, así como cargos públicos. Los socios del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, Izquierda Unida y Batzarre) ya han solicitado que sean agentes de la Policía Foral y no de la Nacional los que custodien el estadio durante los partidos de Osasuna.

Según explican desde el Gobierno de Navarra, la gestión de la seguridad de los partidos que Osasuna juega como local en el esatdio de El Sadar corresponde al organizador de los partidos, es decir, La Liga y C.A. Osasuna. En los estadios vascos y catalanes son agentes de la Ertzaintza y de los Mossos d´Esquadra los que se encargan de estas labores. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha que la Policía Foral es capaz “de liderar” la seguridad en estos partidos, al igual que lo hace en otros eventos culturales y deportivos.

El club rojillo ha recogido el guante del Gobierno foral y su Junta directiva de Osasuna ha acordado solicitar “en cuanto sea posible” mantener una reunión con el Gobierno de Navarra “para abordar de forma conjunta el debate sobre quién debe liderar la seguridad en los eventos que se disputen en el estadio de El Sadar”.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reconocido recientemente a nueve víctimas de los Sanfermines de 1978, los conocidos como los Sanfermines rotos, que dejaron en Pamplona a un muerto y centenares de heridos, once de ellos de bala, tras las cargas de la Policía Armada en la plaza de toros de la capital navarra.

El ministro Ángel Víctor Torres ha enviado una carta a las nueve familias que solicitaron el reconocimiento, entre las que se encuentra la de Germán Rodríguez, el joven de 23 años que falleció tras recibir un disparo en la frente de un agente de la Policía. En la misiva se les reconoce su condición de víctima con base en la ley estatal de memoria democrática de 2022 y el Gobierno central asume que sufrieron una “violencia injusta” en la actuación policial, si bien no reconoce la “responsabilidad” del Estado en los crímenes.

Además de Germán Rodríguez, también ha sido reconocido Joseba Barandiarán, que falleció tras ser disparado por la Policía en una protesta convocada en Donostia el 11 de julio de 1978 por los sucesos de los Sanfermines. De igual manera, el Gobierno de España ha reconocido a otras siete personas heridas en los Sanfermines de aquel año, algunas de ellas de bala. El reconocimiento por parte del Estado es únicamente administrativo y no incluye el derecho a indemnizaciones, como sí lo hace la ley navarra de reconocimiento a víctimas de la violencia policial.

Desde la plataforma SF78 Gogoan consideran el reconocimiento una actuación “positiva” aunque “parcial”. Sostienen que el Estado todavía no se ha responsabilizado de esos sucesos y que no ha ha aportado datos sobre los victimarios. Denuncian que a las víctimas se les ha negado el acceso a documentos oficiales para esclarecer los hechos y que la familia de Germán Rodríguez todavía desconoce quién le disparó de muerte.

Los Sanfermines rotos es como se conoce a los sucesos del 8 de julio de 1978. Ese día en la plaza de toros de Pamplona 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos con material antidisturbios: pelotas de goma y gases lacrimógenos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas después, cuando las calles del centro de la capital navarra se llenaron deprotestas, un mando policial emitió por la radio interna la orden de cargar contra los manifestantes. “No os importe matar”, fue el mensaje al que siguieron las cargas que acabaron con la vida del joven activista navarro de 23 años de un disparo en la cabeza.

Este jueves ha declarado en los juzgados de Bilbao el agente de la Ertzaintza investigado por herir supuestamente durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde el pasado abril al joven Iker Arana que tuvo que ser hospitalizado y, según denuncia, “perdió un testículo por las cargas policiales”. El joven interpuso una denuncia ante la Justicia el pasado 23 de abril con el objetivo de que “se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial”. Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial, señaló tras lo ocurrido.

En su versión, el agente que ha declarado este jueves le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna. En una concentración frente a los juzgados con el apoyo de la plataforma creada para defenderle, Justizia Aranarentzat, ha indicado que pese al cambio de la Ertzaintza de las pelotas de goma al 'foam' se ha demostrado que estas últimas “son altamente lesivas”. En la actualidad está abierta también otra causa por las lesiones sufridas por una mujer, Amaya Zabarte, en otra carga ocurrida en Anoeta en marzo de 2024.

“Los protocolos de lesiones son inexistentes cuando los ertzainas son los culpables. Me cuesta creer que con todos los medios y herramientas que tiene la Ertzaintza hoy en día, no hayan podido conseguir ni una prueba visual y que todas las pruebas visuales que se han conseguido han sido por parte de mi entorno. Me gustaría saber si hubiera sido al revés cómo hubieran sido las cosas”, ha lamentado el joven, tras agradecer el apoyo de la gente que ha acudido a la concentración y asegurar que su caso demuestra que “los métodos que utiliza la Policía no son los más adecuados”.

Desde la plataforma Justizia Aranarentzat han señalado que su objetivo es “hacer frente a la impunidad y a la brutalidad policial”. “El de Iker Arana no es el primer caso. Debemos reivindicar el derecho a la protesta frente a las injusticias. No debemos olvidar que la carga que produjo la mutilación de Iker Arana se produjo en un contexto por el desalojo del gaztetxe de Rekalde y por el hecho de haberse acercado simplemente a mostrar solidaridad por ese espacio”, han detallado desde el colectivo.

Según han apuntado los representantes de la organización se debe “garantizar el derecho a la protesta que hoy en día no está garantizado”. “Es legítimo protestar y es legítimo desobedecer frente a las injusticias y hay que hacer frente a la criminalización de la protesta. Tanto este caso como otros similares de los últimos meses, ponen encima de la mesa la violencia policial y la impunidad de la Ertzaintza”, han reclamado tras exigir que “se esclarezcan los hechos y se asuman todas las responsabilidades”.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareció a petición propia en el Parlamento Vasco el pasado mayo para defender que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, reconoció que hay una denuncia interpuesta. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, destacó el consejero.

A pesar de ello, Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó Zupiria.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascendieron a más de 6.000 euros. Este periódico se puso en contacto con el Ayuntamiento, que aseguró que al tratarse de un edificio privado y de un desalojo ordenado por un juzgado, no realizarían comentarios al respecto.

Con el objetivo de apoyar a Iker Arana, el joven que denuncia que perdió un testículo por las cargas policiales de la Ertzaintza en los disturbios registrados el pasado mes de abril durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao, han creado una plataforma llamada Justizia Aranarentzat. “Justizia Aranarentzat no nace solo para Iker. Es una herramienta colectiva para frenar la violencia institucional, para visibilizar los abusos y para exigir justicia donde solo hay encubrimiento. No vamos a permitir que el caso de Iker quede silenciado. Vamos a seguir organizadas hasta que la verdad y la justicia prevalezcan”, han explicado durante la presentación de la plataforma en la que ha participado el joven herido.

Según han criticado, aquel día los vecinos de Rekalde sufrieron “brutalidad policial”, porque los agentes de la Ertzaintza actuaron “con total impunidad, ocultando pruebas y encubriendo al agente responsable”. “Existen indicios suficientes para afirmar que el proyectil que impactó en Iker fue disparado de forma directa, en un contexto en el que no se producía ningún tipo de altercado ni situación de riesgo”, han asegurado.

También han lamentado la “lentitud y opacidad” con la que se ha desarrollado el proceso de identificación del agente responsable, pese a la existencia de múltiples pruebas audiovisuales obtenidas desde el entorno vecinal ya que, fue identificado la semana pasada, tres meses después de lo ocurrido. En cuanto a las imágenes, la plataforma ha subrayado que tuvieron que ser “amistades y vecinos” quienes recopilaran imágenes “esenciales para la investigación”, sin la colaboración activa de las autoridades policiales, a las que han acusado de “falta de transparencia” en el uso de las cámaras corporales por parte de la Ertzaintza.

En este sentido, la investigación interna de la Ertzaintza sigue abierta, como lo aseguró el pasado consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a principios de mayo en el Parlamento Vasco en una comparecencia a petición propia y confirmaron hace unos días fuentes de su equipo. En su intervención Zupiria sostuvo que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, señaló estar “preocupado” por la denuncia que interpuso el joven tras lo ocurrido. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, señaló.

La plataforma ha denunciado que “pese a que había numerosos agentes presentes equipados con cámaras, no se ha podido extraer ninguna prueba concluyente de ellas lo que evidencia una actitud de encubrimiento y que la Ertzaintza dificulta deliberadamente la investigación de los hechos”. “En lugar de asumir responsabilidades, los agentes presentes se han limitado a protegerse entre sí, reforzando un muro de silencio que impide el acceso a la verdad y obstaculiza la justicia y es una muestra más de la brutalidad y de la impunidad con la que actúa la Ertzaintza, dentro de un patrón más amplio de represión policial”, han argumentado.

La plataforma ha asegurado que trabajará para que “el caso no quede enterrado en el silencio, se esclarezcan completamente los hechos y todos los responsables de la actuación policial comparezcan ante la justicia”. Entre las medidas “urgentes” que han solicitado para evitar que se produzcan casos como este está la prohibición del uso de escopetas y balas de 'foam', que se introdujeron precisamente para evitar el uso de pelotas de goma tras el fallecimiento en una carga de Íñigo Cabacas. También demandan la identificación “obligatoria” de los agentes y mandos policiales en cualquier intervención, como garantía de transparencia y rendición de cuentas, y, por último, la disolución de la Brigada Móvil, el grupo de antidisturbios, ya que entienden que esta unidad policial está “especializada en la represión de protestas y representa un riesgo constante para quienes ejercen su derecho a la movilización social y la protesta pacífica”.

Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. Las hay de dos tipos, las SIR y las SIRX, más duras. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Cabacas, en abril de 2012. “Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó.

Durante la presentación de la plataforma, Iker Arana ha asegurado que, durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, “de repente y sin venir a cuento”, la Ertzaintza les disparó un pelotazo y que, cuando algunos de ellos les reprocharon la actitud agresiva que habían tenido al dispararles sin motivo alguno, les volvieron a disparar, “siendo ese segundo disparo el que me impactó en los testículos”. “El pelotazo fue directo y de forma intencionada, como lo estoy demostrando a través de diferentes pruebas. No se pudo sacar ninguna evidencia de ninguna de las 35 cámaras analizadas, puesto que estaban apagadas, se veían borrosas o apuntaban hacia otro lado”, ha reprochado.

Tras el suceso el joven permaneció seis días ingresado en el hospital de Basurto. Él mismo convocó una rueda de prensa cuando le dieron el alta para informar de que procedería a denunciar a la Policía vasca. “La Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, denunció tras la salida del hospital.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, a las 10.20 se produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, según un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, no van a realizar comentarios al respecto.

El gaztetxe de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo, el Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

Tres años y medio después de la huelga histórica que paralizó los astilleros y llenó de barricadas las calles de Cádiz, los trabajadores del metal vuelven a la huelga. Esta vez lo hacen tras una negociación encallada y con el precedente de un convenio que, según los sindicatos, no ha resuelto los problemas estructurales del sector. La patronal del metal de Cádiz, FEMCA, defiende que su propuesta actual “mejora sustancialmente” las condiciones laborales, pero los sindicatos denuncian retrocesos, contratos precarios y un marco que “consolida la brecha salarial”. Estas son las claves de un nuevo conflicto que vuelve a calentar la Bahía.

Una huelga que arranca con fuerza en la calle

Los sindicatos han convocado esta semana dos jornadas de paros. El miércoles 18, y este jueves 19. Los manifestantes saben que la repercusión y fuerza que se muestre en estos dos días, la presión que puedan ejercer, es fundamental para obligar a cerrar un acuerdo el viernes que evite que la huelga adquiera carácter indefinido a partir del lunes, un extremo que no desea ninguna parte. Así que desde temprano las movilizaciones se han hecho sentir en toda la provincia, especialmente, en la bahía de Cádiz con barricadas en Puerto Real y Cádiz, que han colapsado el tráfico por carretera y también por tren durante tres horas, en plena hora punta. Una manifestación de operarios del astillero de Cádiz ha derivado en enfrentamientos con la Policía Nacional en el barrio de Loreto de la capital gaditana. El detonante ha sido el lanzamiento de objetos a la sede de la FEMCA.

Un sector con 30.000 trabajadores y 5.000 empresas

La industria del metal en Cádiz da empleo directo a casi 30.000 personas y agrupa unas 5.000 empresas, muchas de ellas subcontratas del sector naval y aeronáutico. Navantia, Dragados y Airbus son los principales motores de esta red que se extiende por Puerto Real, San Fernando, El Puerto de Santa María y la capital. La negociación afecta tanto a la industria principal como a las auxiliares, muchas de ellas con empleo temporal o fijo-discontinuo, figura que es clave en la negociación.

El plus de tóxico

Una de las concesiones más llamativas es la recuperación del complemento incondicionado por Penosidad, Peligrosidad, Toxicidad y Turnicidad (PPTP), eliminado en 2013. FEMCA acepta reintroducirlo con una subida progresiva hasta los 5,75 euros diarios en 2030. El coste estimado para las empresas sería de entre el 2,5 % y el 3 % adicional sobre los salarios.

Subidas salariales... pero con condiciones

FEMCA propone un aumento del 3 % en 2024 (con atrasos) y del 2,8 % en 2025. A partir de ahí, los sueldos se actualizarían con el IPC anualmente hasta 2030. El compromiso incluye una cláusula de prórroga automática si no se denuncia el convenio. La patronal defiende que esto garantiza el poder adquisitivo. Los sindicatos, en cambio, consideran que no se concreta una senda clara de reducción de la brecha salarial entre categorías.

Un nuevo contrato con salario recortado

Uno de los puntos más conflictivos es la creación del Salario de Nuevo Ingreso (SNI), que permitiría contratar a trabajadores sin experiencia en el sector durante 18 meses cobrando solo el 75 % del salario base, aunque con todos los complementos salvo el incondicionado. Para CCOO y UGT, este modelo precariza aún más el empleo y “abre la puerta a la dualidad salarial dentro del mismo tajo”.

El contrato fijo-discontinuo, otra piedra en el camino

El modelo de empleo fijo-discontinuo ha sido una constante en la industria auxiliar del metal. La nueva propuesta introduce censos de llamamiento, un orden objetivo de contratación, preaviso mínimo de cinco días y limitaciones a la inactividad de 12 meses en subcontratas y contratas. Sin embargo, los sindicatos denuncian que la redacción no se ajusta a lo pactado y temen que perpetúe la inestabilidad laboral.

Mejoras en dietas, pluses y vacaciones... insuficientes

La propuesta empresarial recoge otras mejoras: plus de transporte sin límite de días, paga extra de Navidad adelantada, equipación completa, bolsa de estudios, anticipos y la posibilidad de 23 días laborables de vacaciones. Aunque FEMCA defiende que estas condiciones “superan incluso lo pedido”, para los sindicatos son “gestos sin resolver lo estructural”.

Complementos por incapacidad temporal

FEMCA ofrece un 85 % del salario desde el octavo día de baja común y el mismo porcentaje en casos de accidente laboral. En enfermedades graves como el cáncer, se alcanzaría el 100 % desde el primer día. Sin embargo, CCOO advierte que la propuesta “empeora” la redacción actual del artículo de bajas.

Ganar el relato

El secretario general de FEMCA, José Muñoz, ha insistido en que las empresas “han cumplido su parte” y que “es muy difícil ganar el relato cuando hay una huelga”, pero que la ciudadanía debe saber “que no hay motivos objetivos para mantener el paro”. Desde los sindicatos, en cambio, se habla de “divagaciones constantes”, de promesas que cambian durante las reuniones y de una patronal “inflexible” que “no quiere firmar un convenio justo”. Los representantes, Antonio Montoro, de UGT; y Pedro Lloret, de CCOO, han introducido en las últimas horas un punto discordante en el seno de la patronal. Acusan a Dragados, que ahora mismo tiene una carga de trabajo desbordante, la que se opone a algunas reclamaciones básicas de los sindicatos, mientras que otras empresas sí estarían dispuestas a aceptarlas.

El precedente de 2021

El recuerdo de la huelga del metal de 2021 está muy presente. Aquel conflicto duró nueve días, con manifestaciones masivas, cargas policiales, el ya icónico uso de un vehículo blindado (la tanqueta) en las calles y un acuerdo que se logró tras la presión en la calle. Entonces se pactaron subidas vinculadas al IPC, pero la situación económica, la inflación y el deterioro del empleo han hecho que muchas de aquellas conquistas se sientan hoy insuficientes. Hay una diferencia con respeto a la anterior. En 2021 las factorías tenían pocos encargos. Ahora en Navantia, Airbus o Dragados hay muchos contratos. A las empresas no les interesa un conflicto largo que condicione los ajustados plazos que exigen sus clientes.

¿Y ahora qué?

Este viernes podría ser clave para la resolución del conflicto. Los sindicatos tienen previsto mantener la presión con dos paros, miércoles y jueves, que, como ha ocurrido hoy, tengan alta repercusión y condicionen la vida de las comarcas afectadas. Este miércoles, por ejemplo, ha sido casi imposible desplazarse por carretera y tren durante las primeras tres horas de la mañana. El viernes debe ser un día para retomar la negociación y evitar un conflicto que se alargue como indefinido a partir del lunes. Clave será también la imagen que dé la Policía y el Gobierno en este conflicto. Por el momento, hoy ya se han producido los primeros enfrentamientos entre antidisturbios y manifestantes con lanzamientos de pelotas de goma, botes de humo y piedras en el popular barrio de Loreto.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para aclarar las circunstancias en las que un joven pudo ser herido por la propia Policía vasca en los disturbios registrados el pasado mes de abril por el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao. El joven denunciante es Iker Arana, quien asegura haber perdido “un testículo por las cargas policiales” durante el desalojo debido a que uno de los agentes, según expone, le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna.

Según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha comparecido a petición propia en el Parlamento Vasco, la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Ahora bien, ha reconocido que hay una denuncia. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, ha destacado el consejero.

“Tal y como dijo el consejero Bingen Zupiria, la Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, aseguró Arana en una rueda de prensa realizada tras permanecer seis días ingresado en el hospital de Basurto.

El joven anunció en ese encuentro su intención de denunciar a la Ertzaintza, denuncia que fue interpuesta el 23 de abril y por la que se ha abierto un atestado. “Quiero informar de que interpondré las correspondientes denuncias para que se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial. Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial. Sé que será un camino largo y duro porque como he visto en casos similares las instituciones del Estado protegen a la Policía y dificultan el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de responsabilidades. Aun siendo consciente de la dificultad del proceso, estoy decidido a emprender la vía judicial. Quiero destacar la importancia de la activación social frente al abuso y la impunidad policial para que se haga justicia y casos como el mío no se vuelvan a repetir”, aseguró.

En este sentido, Zupiria ha mostrado en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, ha indicado.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, ha afirmado el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria ha confirmado que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, ha matizado. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, ha subrayado.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, ha informado de que no van a realizar comentarios al respecto.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de este viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad. Finalmente, este viernes a las 10.20 se ha producido el desalojo y se ha procedido a identificar a las cuatro personas que han pasado la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El 'gaztetxe' de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

La orden de desalojo se ha realizado debido a que los propietarios prevén la construcción de un bloque de viviendas. “Queremos denunciar el papel de los responsables de esta orden de desalojo. Los empresarios que se llenarán los bolsillos con el proyecto urbanístico elitista que se está planteando para la zona. A pesar de que tardarán unos años en construir, prefieren tener Etxarri vacío”, detallan tras explicar que “el Ayuntamiento de Bilbao no se ha comunicado con el gaztetxe, ni ha ofrecido ninguna alternativa”.

“Ante esta situación, nuestras únicas armas son la organización y la lucha. Aquellos que quieren desalojar Etxarri, son los mismos empresarios y políticos que eligen empeorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, imponiendo los beneficios privados de unos pocos por encima de las necesidades de las vecinas y jóvenes del barrio. Si desalojan Etxarri, nos robarán un espacio clave para la organización de la clase trabajadora en Errekalde. Si desalojan Etxarri, nos robarán otro de los cada vez más escasos espacios autogestionados en Bilbao, en favor de la especulación. Hagámosle frente, extendramos la solidaridad y defendamos el gaztetxe”, concluyen.

El Gobierno vasco, tras el dictamen favorable de la comisión de valoración, ha reconocido como víctima de violencia policial a Rosa Zarra. Esta mujer donostiarra murió en 1995 ocho días después de recibir en el vientre el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, según recoge Efe.

Zarra, de 58 años y que tenía un riñón trasplantado, se encontraba en las proximidades de la Paloma de la Paz, junto al estadio de Anoeta de Donostia, presenciando los incidentes registrados entre seguidores de Herri Batasuna (HB) y pacifistas que apoyaban a los trabajadores de Alditrans y que pedían la liberación del empresario entonces secuestrado por ETA José María Aldaya.

La Audiencia de Gipuzkoa archivó en su día la denuncia presentada contra la Ertzaintza por el abogado de la familia, Iñigo Iruin, después de que el informe de los forenses del propio tribunal considerara que la muerte se había producido de forma natural y no debido a un pelotazo de goma disparado por la Ertzaintza. El entonces consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, del PNV, también atribuyó el fallecimiento de Roza Zarra a causas naturales.

Sin embargo, tras estudiar su caso, la comisión de valoración ha considerado que Zarra murió como consecuencia de la actuación de la Ertzaintza, según han confirmado fuentes del Gobierno vasco. La familia de la mujer recibirá el dictamen de la comisión el lunes en un acto privado. Esta misma semana ha trascendido igualmente el reconocimiento a los tiroteados en 1984 en Pasaia.

Agentes antidisturbios de la Guàrdia Urbana de Barcelona han cargado con golpes de porra contra los manifestantes convocados frente el edificio ocupado de la Antiga Massana, en el barrio del Raval, mientras intentan impedir su desalojo. Los concentrados han denunciado que hay “decenas” de personas heridas y seis detenidas.

Este edificio, de titularidad municipal, albergó la escuela de arte Massana, pero desde hace algunos años está ocupado por diversos colectivos que lo mantienen como centro de atención para colectivos vulnerables del barrio y como sede de reunión. Algunas de las entidades que lo gestionan son el Sindicato de Vivienda del Raval o la Red de Apoyo Alimentario.

Hace meses que el Ayuntamiento está pendiente de ejecutar el desalojo y finalmente la fecha fijada ha sido este martes. Desde la Antiga Massana denuncian que se trata de un “desalojo ilegal”, ya que el operativo se ha llevado a cabo sin que los colectivos tuvieran conocimiento del mismo.

Según los portavoces, la Antigua Massana había formulado recursos que estaban pendientes de respuesta. “Ante esto, el Ayuntamiento ha decidido jugar sucio, abriendo un proceso exprés ignorándonos”. Fuentes municipales confirman a elDiario.es que la operación cuenta con la autorización del Juzgado Contencioso-Administrativo número 17 de Barcelona y aseguran que ha sido un proceso que ha contado “con todas las garantías legales”.

El operativo ha empezado sobre las 7 horas de la mañana y ha contado con agentes de la Guàrdia Urbana y de los Mossos d'Esquadra. En el momento en que los agentes se han personado en el inmueble no había nadie dentro, con lo que “no se trata de una desocupación, sino de una recuperación del espacio”, tal como ha asegurado Albert Batlle, teniente de alcaldía del Ayuntamiento, responsable del área de Prevención y Seguridad, y concejal del distrito de Ciutat Vella, en el que se encuentra la Antigua Massana.

Durante las primeras horas del día, han empezado a llegar manifestantes y, si bien la situación era tensa, las cargas policiales no han empezado hasta las 10 de la mañana, cuando se ha dado un forcejeo entre los concentrados y los agentes, que les han hecho retroceder. Según portavoces de la Antiga Massana, las cargas se han dado cuando los agentes, que ya habían podido entrar al edificio, estaban intentando sacar algunos materiales y objetos que estaban dentro.

La portavoz del edificio y miembro del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, Ariadna Garcia, ha criticado el desalojo de un espacio que define como “pieza clave de la organización de la clase trabajadora de la ciudad”. Asegura que se trata de un movimiento “capaz de ofrecer vivienda y cultura gratuitas universales”.

Por su parte, Batlle ha insistido en que la voluntad del consistorio es “reforzar” los usos públicos del espacio y “cambiar las dinámicas de su entorno”. Asimismo, ha definido la Antiga Massana como una “pieza clave” del proyecto de transformación urbanístico de la zona, con el que quieren “preservar sus usos académicos, culturales y académicos”. “Los intereses de unos pocos no pueden estar por encima de interés general”, ha asegurado.

Desde los colectivos que defienden el espacio insisten en que no se oponen a brindar un uso público a este equipamiento y, por eso, desde el primer momento en que se inició el expediente de recuperación del inmueble, en 2021, pidieron mediación con el Ayuntamiento. Pero la postura del consistorio era que “no habría mediación mientras prosiguiera la ocupación”, tal como ha apuntado Batlle. Ahora, tras el desalojo, el teniente de alcaldía ha asegurado que ya no hay espacio posible para el diálogo con los ocupantes.

Los concentrados han cargado contra la gestión del Ayuntamiento por “seguir ahogando a la clase trabajadora para mantener los beneficios de especuladores y empresarios”. Si bien la mayoría de cánticos han sido para el PSC, partido del alcalde Collboni, otras formaciones también han recibido críticas.

Un ejemplo han sido los abucheos que ha recibido Jordi Rabassa, concejal de los Comuns, que se ha acercado al desalojo para apoyar a los manifestantes, pero ha sido expulsado de la convocatoria. “No queremos aquí a ningún político profesional cuando son los responsables de este desahucio”, han dicho a través de X.

Sobre los materiales requisados, Batlle ha asegurado que, en todo momento, han estado en contacto con la escuela de arte que antes usaba el edificio y se les devolverá todo lo que fuera de su propiedad. El resto ha sido llevado a dependencias municipales y, según el teniente de alcalde, será devuelto a sus dueños siempre y cuando puedan acreditar la propiedad.

El Constitucional ha rechazado la petición de la familia de un represaliado de la Transición de reabrir la investigación de su muerte en una carga policial en Madrid en 1976. El pleno del tribunal de garantías, según ha podido saber elDiario.es, ha inadmitido el recurso de los familiares de Ángel Almazán contra el archivo de la causa judicial sobre su fallecimiento. Almazán, vecino de Vallecas que tenía entonces 18 años, murió bajo los golpes de los antidisturbios en una manifestación en 1976 en la Transición y el pleno ha inadmitido su recurso aplicando los mismos argumentos que los usados para inadmitir peticiones similares de represaliados por la dictadura franquista.

Ángel Almazán murió en diciembre de 1976. El joven madrileño había acudido a una manifestación convocada por el Partido del Trabajo de España para protestar en Santa Engracia contra el Referéndum de la Reforma Política. Los colectivos memorialistas destacan que fue trasladado a un facultativo por los propios antidisturbios que le habían pegado una paliza, pero asegurando en el atestado policial que “se había golpeado con una farola”. Murió pocos días después en el Hospital de La Paz.

Como ha sucedido con decenas de causas penales relacionadas con la dictadura, los jueces rechazaron investigar la muerte de Almazán cuando su familia acudió a los juzgados exigiendo responsabilidades penales. La querella de su hermano incluso identificaba con nombres y apellidos a varios policías que dispararon botes de humo y balas de goma contra Almazán para después inmovilizarle y golpearle. La autopsia determinó que murió por una fractura craneal.

En el caso de Almazán, los tribunales ya analizaron una primera denuncia de sus padres ese mismo año 1976, pero esa causa fue archivada por un juzgado militar. Ya en 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció su derecho a una “reparación y reconocimiento personal” en base a la ley de Memoria Histórica. Fue su hermano Javier quien volvió a los tribunales en 2021 solicitando la apertura de una investigación efectiva. El juzgado de Madrid que se hizo con el caso decretó el archivo reconociendo que su muerte fue un delito pero no existen “motivos para atribuir la perpetración del delito a persona alguna determinada”.

Su hermano llevó el caso de Ángel Almazán hasta el Tribunal Constitucional de la mano de las abogadas Ángeles López y Nieves Sanz, denunciando entre otras cosas que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva al no abrir una causa a pesar de no tener dudas sobre la existencia de un delito: “Se frustra esa confianza en la Justicia y en su labor de pacificación social.se frustra esa confianza en la Justicia y en su labor de pacificación social”, afirmaba el recurso, entre otros muchos argumentos.

El pleno del Tribunal Constitucional, según ha sabido elDiario.es, ha analizado hoy el recurso de la familia de Almazán y ha dictado una providencia que inadmite sus alegaciones, cerrando la puerta de forma definitiva a la investigación que reclamaba su hermano. Estas mismas fuentes explican que el criterio aplicado es el mismo que ha servido al Constitucional en los últimos meses para rechazar las investigaciones penales por los crímenes del franquismo.

Del caso de Ventura al de Almazán

El mismo pleno del Constitucional decidió el pasado mes de mayo que este tipo de reclamaciones de víctimas de la brutalidad policial o del régimen franquista durante la dictadura no podían prosperar. Los magistrados, con varios votos en contra, inadmitieron el recurso de Francisco Ventura contra la decisión de los tribunales de la Comunitat Valenciana de no reabrir la investigación sobre las torturas y la represión que sufrió en València en 1967. La inadmisión implicó que el caso ni siquiera llegó a ser resuelto por una sentencia sobre el fondo del asunto.

Se trata de una doctrina que el Constitucional ya había desplegado en varios casos en los últimos años, incluso con la nueva Ley de Memoria Democrática en vigor, destacando el caso de Gerardo Iglesias, fundador de Izquierda Unida que denunció a un policía por torturas durante el franquismo. El caso de Francisco Ventura terminó en la negativa del Constitucional con argumentos similares: la nueva ley no “sustituye” al criterio de los jueces y que las trabas siguen siendo las mismas: el paso del tiempo y la amnistía de 1977.

En el caso de Ángel Almazán, joven vallecano fallecido bajo los golpes de la Policía ya durante la Transición en 1976 en las calles de Madrid durante una manifestación, el pleno se remite a ese auto del caso de Ventura para reproducir sus argumentos y su negativa. Varios magistrados discrepantes mantienen la opinión ya mostrada entonces en sus votos particulares: que estos casos merecen, al menos, ser admitidos a trámite para recibir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto del Tribunal Constitucional.

La multitudinaria manifestación en solidaridad con Palestina que este domingo recorrió las calles de Santiago de Compostela acabó con cargas policiales y, en dos momentos distintos de la jornada, nueve detenidos, según la central sindical STEG. Los hechos sucedieron después de que un grupo de personas entrase en varios establecimientos de comida rápida para realizar una acción simbólica de denuncia de la connivencia de esas empresas y el Estado de Israel. “Los arrestados son gente muy joven y su complexión física no justifica la violencia de la Policía”, señalan desde el Sindicato Galego de Taballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG), que presta asesoría jurídica a los manifestantes. La Delegación del Gobierno no se ha manifestado sobre lo sucedido ni ha respondido a la petición de valoración por parte de elDiario.es.

La primera de las actuaciones policiales se produjo en torno a la una del mediodía en la céntrica Rua da Senra. El vídeo publicado el mismo domingo por elDiario.es muestra la acción de los agentes antidisturbios y cómo introducen en sus furgonetas a algunos de los manifestantes. “Siete de ellos necesitaron atención médica y varios estaban anímicamente muy afectados”, relata a elDiario.es un portavoz del STEG. Este sindicato educativo se encargó, a petición de personas cercanas a los arrestados, de prestarles asistencia jurídica. “Ya el desplegado durante la manifestación fue un dispositivo policial exagerado”, señala ese mismo portavoz, “sobre todo si lo comparamos con lo que pasaba en A Coruña casi a la misma hora”. Allí, ultras de extrema derecha del Málaga C.F. se enfrentaron a los hinchas del Dépor en el centro de la ciudad. Numerosos testigos denunciaron pasividad de las fuerzas del orden y la alcaldesa socialista, Inés Rey, criticó la falta de previsión policial. Hubo dos arrestados, deportivistas.

Los cinco detenidos en Santiago entre la una y las dos del mediodía fueron trasladados a comisaría, a escasos 200 metros del lugar de los altercados. “Hubo además una dilación innecesaria del tiempo que pasaron en comisaría”, dice el STEG. Los primeros cinco pasaron 12 horas en el calabazo: solo salieron pasadas las dos de la madrugada de este lunes. Pero es que además, durante la concentración en solidaridad con ellos que se desarrolló delante de la comisaría en la tarde del domingo, volvió a haber carga policial, y nuevos detenidos: cuatro. Los arrestados han sido acusados de atentado a la autoridad y desórdenes públicos.

“Fue una acción simbólica sin más trascendencia. En ninguno de los vídeos se ve violencia de los manifestantes, más allá de gritar en el interior de los locales y el lanzamiento de folletos”, concluye el STEG, “todas las movilizaciones gallegas en defensa de Palestina [habitualmente concurridas] han sido completamente pacíficas. Esta también”.

Un agente de policía encañona a un chaval con una escopeta; amaga un par de veces y termina disparando al suelo, a poca distancia de sus piernas. Dos calles más allá, una chica recibe un fuerte golpe en la cabeza con un escudo de antidisturbios y, muy cerca de ese lugar, otra marabunta agolpada de agentes que tratan, entre todos, de reducir a un menor de edad. Esta es la imagen que dejó el viernes una manifestación frente a la Consejería de Educación de la Región de Murcia; un par de miles de estudiantes se congregaban a las puertas de la institución educativa para reclamar por la incertidumbre y la falta de coordinación de la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad.

Marcos es uno de los estudiantes que ha participado en las protestas y ha explicado a elDiario.es que, en el momento de las cargas y a diferencia de la versión oficial, se produjo un lanzamiento de objetos -cítricos y huevos, principalmente- a la fachada de la Consejería en la avenida de la Fama de la capital murciana: “He leído en otros medios que se le han tirado a policías y a viandantes. Eso es mentira. En todos los vídeos que han aparecido no he visto una sola agresión a nadie por nuestra parte, a nadie”

Según el estudiante “de repente” empezaron a llegar antidisturbios y unidades profesionales de antidisturbios con escopetas de sonido, balas de goma, porras y escudos. “No sé, me ha parecido muy desproporcionado. Han llegado y automáticamente han empezado a reprimirnos de una manera muy agresiva; me ha dado bastante miedo ver actuar a esas personas que se supone que deben protegernos”.

Y es que en redes sociales se han viralizado decenas de imágenes de detenciones y agresiones a los manifestantes. “Se puede ver que, sin que nadie les provoque, empiezan a meter porrazos. Yo mismo me he llevado alguno. Y peor me parece todavía cómo ha actuado la prensa diciendo que han respondido a actos de vandalismo. Le estaba contando toda la movida a mi novia por teléfono y pude ver cómo agredían a un chaval dándole con la porra mientras estaba por el suelo; yo le dije a mi novia 'qué cabrones', y me ha cogido un señor por detrás, un policía, me ha llamado hijo de puta y me ha pedido el DNI”.

“Me parece que estábamos manifestándonos por una causa justa, ya que es nuestro futuro y tenemos derecho a saber cómo va a funcionar la EBAU, igual que lo supieron otros alumnos de segundo de Bachillerato. Este sistema nos machaca y nos agota. Y lo que estamos viviendo ahora mismo como estudiantes, lo viviremos posteriormente como trabajadores; estamos viendo cómo la policía es un actor de defensa para los sectores privilegiados de la sociedad”.

Mariola Guevara, Delegada de Gobierno en la Región, se ha desvinculado de la actuación policial y ha querido dejar claro que “desde la Delegación del Gobierno no se ha ordenado en ningún momento el uso de la fuerza contra los estudiantes”.

El Jefe Superior de Policía le aseguró a Guevara el dispositivo había sido “proporcional para establecer un perímetro que evitara que se produjeran situaciones más graves”.

Informe para depurar responsabilidades

“Entiendo que las imágenes que se han publicado puedan resultar sensibles y por eso le he pedido un informe para garantizar que en caso de que se detectara alguna actuación improcedente se depuren las responsabilidades oportunas. Quiero censurar expresamente la irresponsabilidad de determinadas personas que están afirmando, entre otras falsedades, que la Delegación del Gobierno ha ordenado lanzar balas contra los menores”.

Víctor Egio, diputado de Podemos en la Asamblea Regional, ha declarado que “lo que hemos vivido es una actuación totalmente desproporcionada por parte de la policía. La mayoría de los estudiantes han manifestado de forma pacífica, pero la respuesta de la policía ha sido carga, porrazos, empujones y disparos con una munición no letal que han herido al menos a un chico que estaba a mi lado. Lo sé a ciencia cierta, porque estaba en primera línea”.

Según Egío, la delegación del Gobierno tiene que dar muchas explicaciones. “Pero no me quiero olvidar tampoco de la responsabilidad de la Consejería de Educación del señor Víctor Marín y del presidente López Miras. Si esto se ha producido es porque en ningún momento ha habido una interlocución. Nadie, absolutamente nadie del del Gobierno regional ni de la Consejería de Educación ha salido a hablar con los estudiantes o a recoger sus reivindicaciones.

“Y, evidentemente, ante la falta de respuesta, los ánimos se han calentado. Por lo tanto, la responsabilidad última es del consejero de Educación, Víctor Marín, por la actuación verdaderamente lamentable de esta mañana (la de ayer) y por lo que está haciéndole pasar a los estudiantes de la EBAU que a día de hoy no saben todavía esos criterios que normalmente siempre están fijados en el mes de junio antes de que empiece el curso.

“Te hunden psicológicamente porque te hacen sentir que eres una basura, que no vales para nada, como un ser inservible. Psicológicamente te van destruyendo. Cuando sufres vejaciones, sea en cualquier lugar, psicológicamente te va afectando mental y personalmente”. “Todos los que hemos sufrido racismo tenemos un sentimiento de culpabilidad. Te culpas y te preguntas por qué naciste oscuro, indio, moro o africano”.

El primero es el testimonio de una mujer cubana a su llegada a Bizkaia. El segundo, el de un hombre colombiano. Ambos llevan tiempo viviendo en Euskadi y han sido víctimas de racismo, según recoge la asociación SOS Racismo en su informe anual 'Voces de la discriminación', relativa a los datos de 2023. “Este año se vuelve a evidenciar que la mayoría de denuncias que se reciben en la oficina son de víctimas de acciones racistas y xenófobas llevadas a cabo por fuerzas policiales”, reconoce el informe.

Los datos del informe arrojan que a lo largo del año pasado se realizaron en la asociación 35 denuncias por casos de racismo. Todas las víctimas, menos una, eran una personas migradas. Al igual que en años anteriores, gran parte de ellos denunciaron ser víctimas de la Policía. “Otro año más el racismo policial está en primer lugar como agente discriminador con un 46% de los casos denunciados. De los cuales un 83% provienen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de este porcentaje el 81% corresponde al racismo policial y frente a un 19% de otras instituciones públicas. Seguido de agresiones racistas cometidas por particulares, con un 14%. El racismo vecinal y laboral ocupan cada uno un 11% de las discriminaciones, seguido en un 6% de la seguridad privada y el racismo inmobiliario. En menor porcentaje el racismo escolar y la islamofobia con un 3% cada uno”, sostiene el informe.

Del total de denuncias con respecto a prácticas policiales racistas, el cuerpo de seguridad con mayor porcentaje de denuncias recogidas en SOS Racismo Bizkaia se le atribuye a la Ertzaintza, con el 54% del total. El 38% de los casos son denuncias contra la Policía Municipal de Bilbao y el 8% restante contra la Policía Local de Portugalete.

En cuanto al perfil denunciante, el 40% de los afectados fueron personas de origen marroquí, el 14% de ellos de origen argelino y un 6% de Cuba, Gambia, Mali y Colombia. “Las acciones o prácticas que se denuncian, realizadas por agentes de la Policía, son racistas, ya que se basan en múltiples indicadores que, por el contrario, en personas blancas no se dan. Estos indicadores se centran en el colorismo, etnia y raza, en relación con la edad, la pobreza y el género, afectando más a los varones”, explica el informe.

Insultos racistas, agresiones y multas injustificadas

En cuanto a tipo de ataque, desde SOS Racismo Bizkaia destacan que la mayoría de los casos se basan en “insultos racistas, agresiones físicas, multas injustificadas, paradas pasadas en el perfil étnico-racial, el abuso de poder o las prácticas ilegales”, siendo el 57% hombres y el 43% mujeres. “Es necesario recalcar que las mujeres migradas, racializadas y gitanas están atravesadas por diversas opresiones, concluyendo esta interseccionalidad en el atraso de la denuncia, ya que priorizan otras necesidades mayores como la supervivencia o los cuidados”, señala el informe.

Como conclusión, la asociación indica que el perfil general de las personas denunciantes por abusos policiales racistas son hombres de origen marroquí, con una media de edad de entre 29 y 48 años, cuya situación administrativa es regular. “Podemos afirmar que los jóvenes marroquís son la comunidad más violentada por los cuerpos policiales y de seguridad a través de cacheos en la vía pública, paradas por perfil étnico y prácticas ilegales”, asevera el documento.

“En este informe se identifica y reconoce, por cuarto año consecutivo, el racismo policial como principal obstáculo para la vida de las personas migradas, racializadas y gitanas en nuestro territorio. La criminalización de los cuerpos visiblemente racializados en los espacios públicos acaba con situaciones violentas de agresiones racistas, que sin razón de ser terminan en multas, denuncias o maltrato físico”, concluye.

Cientos de personas se han congregado este lunes junto a la estela ubicada en la avenida Roncesvalles de Pamplona en recuerdo de Germán Rodríguez, fallecido por disparos de la policía en los sucesos ocurridos en las fiestas de San Fermín de 1978, para participar en el tradicional homenaje que se realiza todos los 8 de julio en su memoria.

Fue el 8 de julio de 1978 cuando, tras las cargas de la Policía Armada en la plaza de toros de Pamplona que dejaron a cinco heridos de bala, cuando un mando policial emitió por la radio interna la orden de cargar contra los manifestantes que copaban las calles del centro de la ciudad en señal de protesta. “No os importe matar”, fue el mensaje al que siguieron las cargas que acabaron con la vida del joven activista navarro de 23 años de un disparo en la cabeza.

En el acto, que ha comenzado a las 13:00, se ha bailado un aurresku y se han interpretado varias canciones y unos 'bertsos'. Un homenaje que este año ha estado marcado por la protesta contra “el genocidio que está cometiendo en Palestina el Estado sionista de Israel”, con banderas de Palestina y mensajes como 'Boicot Israel' o 'Estado sionista, estado terrorista'.

Desde un escenario ubicado junto a la estela, jóvenes del Casco Viejo de Pamplona han dado lectura a un comunicado en el que se ha destacado que es “imprescindible una memoria que, lejos de estar anclada en el pasado, reivindique a su gente, a sus caídos, los verdaderos, los de su clase y su pueblo, que recuerde y rememore como ejercicio de presente, de actualidad, para que las generaciones presentes y futuras, desde el barrio hasta mucho más allá, conozcan y se sientan orgullosos de personas como tú”.

Asimimso, han indicado que “nuestras calles y plazas han cambiado y mucho” y han lamentado que “la centralidad marginal de lo viejo” ha “transitado hacia una turistificación incipiente”. “Las viejas tiendas de barrio son ahora casas de apuestas. En cambio, las paredes y esquinas, desde este monolito al nuevo mural de la calle Descalzos, siguen reivindicando tu memoria y tus sueños”, han resaltado.

Desde la plataforma SF78 Gogoan, han remarcado que “han pasado 46 años desde esos Sanfermines, 46 años en los que nos sigue negando el derecho a la justicia, verdad y reparación, pero aquí seguimos y seguiremos luchando contra la impunidad”.

Los 46 policías nacionales imputados por las cargas del 1-O de 2017 en Barcelona se han convertido este martes en los nuevos amnistiados del procés. El juez que durante más de seis años ha investigado la actuación policial desproporcionada contra los votantes de la capital catalana ha resuelto aplicar la ley de amnistía al conjunto de los uniformados investigados.

El juez Francisco Miralles sigue el criterio solicitado por algunos agentes y por la Fiscalía, que reclamaba amnistiar a todos los investigados. Por contra, algunos heridos y acusaciones populares ejercidas por el centro Irídia, Òmnium Cultural y la ANC reclamaban excluir a algunos policías al considerar que su actuación contra los votantes podía encajar en un delito de de torturas o en tratos inhumanos o degradantes, dos supuestos excluidos de la ley de amnistía.

El juez amnistía todos los 46 agentes investigados en la macrocausa al entender que los porrazos, tirones de pelo, patadas voladoras, golpes e incluso el uniformado que lanzó por las escaleras a una votante no superan el “umbral mínimo de gravedad” que marca su exclusión de la norma.

“Las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido [impedir el referéndum, tal y como había ordenado el TSJC] y no continuaron una vez conseguido el mismo”, argumenta el magistrado. En un auto, el juez también explica que las cargas “no se prolongaron en el tiempo más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales”.

El juez toma la decisión después de haber instruido el caso e indagado en la cadena de mando en el Ministerio del Interior del PP durante el referéndum del 1-O, en la que seguramente es la investigación reciente más exhaustiva de una intervención policial. La causa estaba lista desde hacía años para ir a juicio, para las sucesivas peticiones de las acusaciones para imputar a más uniformados postergaron el fin de la instrucción.

La ley de amnistía, pensada para dejar sin castigo penal el máximo de conductas posibles (tanto independentistas como actuaciones policiales contra el referéndum) continúa aplicándose con normalidad por parte de la mayoría de órganos judiciales en Catalunya, mientras solo el Tribunal Supremo ha rechazado poner en práctica la norma con Carles Puigdemont y el resto de exconsellers.

El pasado martes, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) fue el primer tribunal en España en aplicar la amnistía a un total de 18 personas, 16 de ellas manifestantes condenados por disturbios y agresiones a agentes policiales en protestas del procés. Los otros dos fueron el exconseller de Interior y el escolta condenados por proporcionar escolta a Carles Puigdemont en Bélgica. 

Con los 46 agentes de la Policía Nacional exonerados, ya son 64 las personas amnistiadas de un total de 486 potenciales beneficiarios de la ley de olvido penal del procés, según el cálculo de la Fiscalía. 

En el caso de los policías investigados por las cargas y las lesiones a los votantes del 1-O, el redactado de la ley les dejaba a todos dentro de la amnistía. La norma solo excluía las actuaciones policiales más graves, que pudieran considerarse torturas o trato degradante, o bien las que hubieran supuesto la pérdida de órganos, como el caso del votante del referéndum al que una bala de goma de la Policía Nacional reventó un ojo. El órgano encargado de decidir sobre la amnistía en este caso será la Audiencia de Barcelona y no el juzgado de instrucción 7 de Barcelona que ha amnistiado a los otros 46 uniformados investigados.

La decisión del juez es recurrible ante la Audiencia de Barcelona. En un comunicado, Irídia, Òmnium y la ANC han anunciado que recurrirán al considerar que los actos llevados a cabo por los policías superan el “umbral mínimo de gravedad” que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), marca la ley para excluir una actuación policial de la amnistía.

A juicio de las tres entidades, la ley de amnistía “no puede beneficiar en ningún caso a los responsables de la violencia policial”, y las cargas quedan excluidas de la norma “porque pueden representar delitos de torturas o tratos degradantes”.

Por contra, la Fiscalía había pedido amnistiar a los policías al concluir que su actuación no fue suficientemente grave como para quedar excluida de la ley, porque no buscaban humillar o provocar miedo a los votantes.

Primero fueron los políticos y ahora los policías. Los agentes investigados en Barcelona por las cargas del 1 de octubre de 2017 en distintos colegios de la capital catalana han empezado a pedir al juez que les amnistíe. En un escrito, adelantado por EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, nueve de los 45 policías imputados solicitan la amnistía para “aliviar” su situación procesal.

La ley de olvido penal del procés busca realizar un borrón de las causas judiciales que han saturado la política catalana los últimos años. La norma, que pretende un alcance global, incluye amnistiar tanto los preparativos del referéndum del 1-O que llevaron a cabo los independentistas como las actuaciones policiales para impedirlo, como las cargas contra votantes de la consulta.

El juez de Barcelona Francisco Miralles, que ha instruido la causa sobre las cargas del 1-O, tiene ahora que estudiar la aplicación de la amnistía sobre los agentes. Sobre el papel, la ley incluye todas las cargas investigadas en Barcelona, ya que solo excluye de la amnistía las torturas o tratos degradantes que superen un “umbral mínimo de gravedad” conforme a la normativa europea.

Los agentes investigados en Barcelona tienen una pluralidad de abogados defensores, que van desde letrados privados a abogados de sindicatos o la Abogacía del Estado, dada su condición de funcionarios públicos. El primero en pedir la amnistía ha sido el abogado Javier Aranda, que representa a nueve agentes que actuaron en seis colegios distintos de Barcelona el 1-O.

En su escrito, los agentes argumentan que “en ningún caso” se les puede dejar fuera de la amnistía, ya que su uso de la fuerza contra los votantes el 1-O no resultó un trato degradante o una tortura. Es más, los policías alegan que están imputados “por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa”.

Como el resto de jueces llamados a aplicar la norma, el magistrado pedirá antes la opinión de Fiscalía y el resto de partes del caso, tal y como indica la ley, antes de decidir si excluye de la norma a algunos agentes. Si amnistía a los 45 agentes investigados, es previsible que algunas víctimas de las cargas recurran para intentar que más agentes queden fuera de la amnistía.

El centro de Derechos Humanos Irídia, que representa a varios heridos el 1-O, ya ha avanzado que se opondrá a que se amnistíe a los agentes. A su juicio, los agentes ejercieron un trato inhumano o degradante a los votantes, por lo que no deberían ser amnistiados.

Será la Audiencia de Barcelona y no el juez la que tenga que decidir si amnistía a otros cuatro agentes acusados de dejar sin ojo a un independentista el 1-O con una bala de goma. Este caso sí parece más difícil que entre en la amnistía, ya que la norma excluye expresamente los actos dolosos que hayan producido la pérdida de un miembro, si bien la Fiscalía ya ha pedido que los agentes no sean juzgados porque, alega, cumplían órdenes de sus superiores.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido exculpar a los cuatro policías nacionales procesados por reventar el ojo con una bala de goma al independentista Roger Español el 1 de octubre de 2017 y, en cambio, ha solicitado juzgar al joven por lanzar una valla contra los uniformados antes de ser mutilado.

Así lo solicita el Ministerio Público en un escrito dirigido al tribunal que prevé juzgar a los agentes, en el que reclama que los uniformados no vayan a juicio ya que considera que obraron en cumplimiento de su deber de impedir el referéndum, tal y como había ordenado el TSJ catalán, y que su actuación fue “proporcional”.

Los cuatro policías procesados son los únicos que pueden quedar fuera de la amnistía, ya que la norma excluye expresamente el perdón a los actos dolosos que hayan provocado la pérdida o inutilidad de un órgano, como ocurrió con el ojo de Español. Sin que el debate jurídico sobre su inclusión en la amnistía se haya producido, la Fiscalía solicita que los agentes no vayan a juicio, al contrario de lo que reclaman el centro Irídia y otras acusaciones del caso.

La Audiencia de Barcelona no descartó intencionalidad en la actuación del escopetero de la Policía Nacional que disparó la bala de goma que el 1-O hirió en el ojo a Roger Español, excandidato de Junts al Senado. Los jueces ordenaron que el caso se juzgara por sumario y no por el procedimiento abreviado, como ocurrirá con el resto de las cargas policiales en la capital catalana, que previsiblmente sí resultarán amnistiadas al no haber provocado lesiones tan graves como la del joven.

Al contrario de la hipótesis planteada por los magistrados que repasado la instrucción del caso, la Fiscalía descarta que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y considera que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Para la fiscal, el disparo de la bala de goma que dejó sin ojo a Español cumple los requisitos para que los agentes puedan acogerse a la eximente de actuar en cumplimiento de un deber: obedeció a una orden dictada por un superior orgánico y la instrucción fue “debidamente controlada ”por los mandos intermedios“, sin que el escopetero incumpliera los protocolos de actuación.

Tras recordar que la normativa aplicable “autorizaba” a la Policía Nacional a utilizar balas de goma (pese a que el Parlament se lo prohibió a los Mossos dos años antes), el escrito fiscal sostiene que el lanzador de la escopeta cumplió los “requisitos técnicos” establecidos, ateniéndose a la “premisa básica de menor lesividad posible” y a una distancia no inferior a quince metros, en una situación de “peligrosidad extrema” para los agentes debido a los lanzamientos de los manifestantes.

La Fiscalía subraya también que entre el escopetero y Roger Español mediaba “una distancia aproximada de quince metros” y que el lanzamiento se produjo ante la “conducta de hostilidad y acometimiento a los policías” por parte del votante, que justo antes “había propinado una patada a un objeto en dirección a la línea policial”.

Más de 2.500 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona integran el dispositivo previsto para los próximos Sanfermines de 2023, que se mantiene en cifras similares al que se viene desarrollando en los últimos años. De los agentes que integran el dispositivo, unos 800 corresponden a Policía Nacional, 649, a Guardia Civil, en torno a 700, a Policía Foral, y 404, a Policía Municipal. A ellos hay que añadir los 179 auxiliares de Protección Civil que realizan labores de regulación y control de tráfico en puntos concretos, además de otras funciones de colaboración con Policía Municipal.

Así se ha acordado en la Junta de Seguridad celebrada este jueves en la Delegación del Gobierno en Navarra y a la que han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno, José Luis Arasti; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior en funciones, Javier Remírez; la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola; así como los mandos de los cuerpos policiales, según informa Europa Press.

Las intervenciones estarán coordinadas entre todos los cuerpos policiales, y en el Ayuntamiento de Pamplona se instalará el centro de coordinación interpolicial. El CECOR cuenta con responsables de las cuatro policías (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal) y en él se visionan tiempo real la totalidad de las cámaras de seguridad y tráfico que el Consistorio tiene instaladas en el núcleo urbano.

Según ha afirmado Arasti en una rueda de prensa posterior a la celebración de la junta, el objetivo del dispositivo organizado es “velar por la buena marcha de las fiestas y garantizar la seguridad de todas las personas que pasen por nuestra ciudad” durante los Sanfermines. Arasti ha confiado en que van a ser unas fiestas “tranquilas”, si bien “la experiencia nos hace estar alerta ante posibles casos de agresiones sexuales”. “Que nadie se piense que en los Sanfermines cabe todo, que todo vale. Pamplona ha demostrado con rotundidad que no tolera agresiones sexuales y que los cuerpos policiales han trabajado con enorme eficacia para que ningún caso quede impune”, ha dicho.

Por su parte, Remírez ha señalado que “ya está todo preparado”. “El engranaje de coordinación de todas las policías está listo para afrontar, un año más, el mayor dispositivo de seguridad que se celebra en Navarra y quizás uno de los mayores del conjunto de España”, ha remarcado, tras destacar que se trata de un trabajo “fruto de una gran labor de coordinación” y realizar un llamamiento al “respeto y la igualdad”.

Finalmente, Ibarrola ha destacado la “magnífica coordinación entre cuerpos policiales para garantizar la máxima seguridad de todos los ciudadanos y visitantes”. También ha mostrado su “firme propósito” de que “se erradique cualquier actitud violenta que altere la convivencia”, como los acontecidos el pasado año en la calle Curia durante la procesión del 7 de julio. “Son lamentables sucesos que no deberíamos de permitir que volvieran a repetirse, supone una vergüenza para nuestra ciudad, una mala imagen”, ha criticado. En este sentido, ha esperado que la “convivencia y la normalidad imperen” en estas fiestas, “también en la procesión”.

En respuesta a los medios de comunicación sobre cómo puede a interferir la campaña electoral en las fiestas, Ibarrola ha explicado que se ha recomendado no realizar actos “en ciertos horarios, coincidiendo con ciertos actos y en determinados lugares muy específicos”. “Se evaluará una a una cada una de las solicitudes que lleguen, intentando respetar lo máximo que se pueda compatibilizar el derecho a ejercer actos electorales pero manteniendo el equilibrio de garantizar que sea compatible con la seguridad que tiene que tener todo ciudadano”, ha señalado.

Perros, helicópteros y drones

La Policía Nacional movilizará a unos 800 agentes correspondientes a las unidades de caballería, desactivadores de explosivos TEDAX-NRBQ, subsuelo, la unidad de intervención policial, que se reforzará provenientes de distintas provincias de España, guías caninos o medios aéreos en sus modalidades de helicóptero y drones.

Además, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer incrementará su actividad para prevenir acciones contra la libertad e integridad sexual. También aumentan las medidas de seguridad en espectáculos y acontecimientos que supongan grandes concentraciones de personas, así como las medidas de prevención en materia antiterrorista.

Asimismo, la Brigada de Extranjería de Policía Nacional pondrá “especial atención” en el control de documentaciones para detectar falsedades documentales. En el marco del proyecto Comisarías Europeas, se realizarán patrullajes conjuntos con agentes de Alemania, Italia, Portugal y Francia.

La labor de Guardia Civil se centra en el control de los diferentes accesos a Pamplona, tanto para la detección de posibles elementos terroristas como para la incautación de sustancias estupefacientes o de procedencia ilegal. También se refuerzan los controles preventivos de tráfico para la detección de consumo de alcohol o drogas. Del mismo modo, se incidirá en la inspección y control de las zonas de acampada, en el transporte de mercancías perecederas para consumo humano; o en el control de los espectáculos pirotécnicos.

Guardia Civil moviliza para ello a 649 agentes procedentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, sección de Fiscal y Fronteras, Agrupación de Tráfico, Grupo de Acción Rápida, Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos y SEPRONA, entre otras unidades.

Por parte de Policía Foral, se prevén dispositivos específicos para los actos más multitudinarios, así como la vigilancia de la seguridad en la plaza de toros durante el encierro y las corridas de la Feria del Toro. Habrá, además, dispositivos dirigidos a prevenir robos en viviendas y a evitar la venta ambulante no autorizada.

También se incidirá en el ámbito de la seguridad vial mediante controles de tráfico en los accesos a la ciudad. Asimismo, el dispositivo recoge previsiones especificas dirigidas a evitar agresiones sexuales y otros delitos contra la libertad sexual durante el desarrollo de las fiestas como patrullajes específicos en parques y aparcamientos.

En el dispositivo, compuesto por más de 700 agentes, participarán efectivos de las áreas de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Seguridad Vial, Seguridad Interior y Policía Administrativa, Investigación Criminal, e Inspección General. Esto implica la movilización “de la práctica totalidad” de las especialidades de Policía Foral.

Policía Municipal de Pamplona movilizará a 404 agentes, a los que se unirán 36 alumnos de la Escuela de Seguridad de Navarra y 179 auxiliares de Protección Civil. Se mantendrán activos los servicios habituales operativos durante el resto del año, como el grupo de atestados, el grupo de ODAC (recepción de denuncias penales), grupos de investigación de ilícitos penales, grupos de menores, mayores y familia (en particular, delitos contra la libertad sexual), o grupo de seguridad vial (regulación del tráfico en el núcleo urbano).

También estará operativo el servicio de objetos perdidos, abierto las 24 horas, y se ha previsto un dispositivo especial para el 7 de julio, durante la procesión. Así, va a incrementar el número de cámaras que lleve la Policía Municipal para poder identificar, junto con las cámaras fijas de la ciudad, a “aquellos ciudadanos que rompan la convivencia y perturben la seguridad ciudadana”. Los pasados Sanfermines se interpusieron 19 denuncias de 12.000 euros cada una a ciudadanos por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya se han pagado. Estos Sanfermines se incrementará la cuantía de las sanciones al grado máximo que permite la ley y pasarán de 12.000 a 30.000 euros.

El conflicto de la mexilla (la semilla del mejillón) lleva activo desde finales de 2019 en Galicia y ha ido subiendo y bajando en intensidad en estos años. En las últimas semanas se ha recrudecido y quienes se dedican a la cría del bivalvo han llevado sus protestas en varias ocasiones ante la sede de la Xunta, en San Caetano, sin más alteraciones que atascos y desvíos de tráfico. La última concentración, sin embargo, terminó en cargas policiales, varios heridos atendidos en el hospital y dos manifestantes detenidos que se enfrentan a acusaciones de delitos (atentado contra la autoridad y desórdenes públicos) que pueden llegar a cuatro años de prisión.

Como ya habían hecho otros jueves, coincidiendo con la reunión semanal de Consello de la Xunta, productores de mejillón empezaron a reunirse pasadas las 8:00 horas en San Caetano. El problema empezó a gestarse con un decreto de la Xunta de 2019. Ahí, con las regulaciones para las zonas de percebe, los mejilloneros denuncian que la limitación de las rocas en las que pueden trabajar les dificulta su actividad. Percebes y crías de mejillón crecen en las mismas piedras. Para cultivar estos bivalvos, se extraen las crías y se colocan en largas cuerdas que cuelgan de las bateas (las estructuras de madera que flotan en las rías gallegas) bajo el mar. Los percebeiros hablan de que al extraer la mexilla la roca queda afectada y pasan incluso años antes de que vuelva a crecer ningún animal. El desencuentro se reaviva con cada temporada en la que quienes se dedican al mejillón se encuentran con lo que consideran insuficiente semilla.

Este jueves la protesta se preveía tranquila, según Iria Uzal, una de las integrantes de la Plataforma en Defensa da Cría. Asegura que un grupo de bateeiros que estaba en una zona ajardinada ante la Xunta a primera hora habló de manera distendida con los primeros agentes de la Policía Nacional que se desplazaron para vigilarlos. Uzal afirma que había un dispositivo más numeroso que en las ocasiones anteriores y dice que tiene la impresión de que había una intención de caldear el ambiente: “No hay quien nos quite de la cabeza que venían para que hubiera follón”. Su relato de lo ocurrido es que los agentes empezaron a golpear con las porras a algunos de los manifestantes. No querían, dice, que estuviesen en una de las aceras. “Le estaban pegando a una persona mayor”, explica, y otros salieron en su defensa.

La versión policial es otra. Según la Subdelegación del Gobierno en A Coruña la concentración no se había comunicado. Sobre las 9:10 horas calculan que eran en torno a 450 los bateeiros congregados en San Caetano. Fue entonces cuando los agentes aseguran que algunos de ellos intentaron trepar por la verja que cierra el edificio y los policías “impiden esta acción”. Como reacción, dicen, empezaron a lanzar piedras y ramas y a incendiar contenedores. Las cargas policiales, justifican, fueron la respuesta “al comportamiento violento”. Dos personas, una mujer y un hombre, fueron detenidas y llevadas a la comisaría de Santiago, adonde también se desplazaron el resto de manifestantes para protestar. Ocho horas después fueron puestos en libertad, acusados de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Por el primero de estos delitos las penas van de uno a cuatro años, mientras que en el segundo son de entre seis meses y tres años. Ambos están pendientes de pasar a disposición judicial, algo que no se prevé que ocurra este viernes.

La Subdelegación del Gobierno asegura que 16 de los agentes desplegados en la protesta tienen contusiones y quemaduras leves. La Policía Nacional indicó este viernes que cinco de los agentes están de baja y que alguno tiene heridas como un hueso roto o un esguince. En un comunicado en el que no ahorra calificativos para intentar justificar su actuación, el cuerpo asegura que hubo una “actuación conjunta y organizada por parte de los manifestantes”, coordinados para romper adoquines del suelo, repartirlos y lanzarlos “con gran virulencia”. La actitud de los presentes la define como “hostil y de gran agresividad” y hace una enumeración de los objetos que los bateeiros llevaban encima y les retiraron: “múltiples piedras de diferentes tamaños, enrejados, bolardos, papeleras, palos, tornillería, eslabones de cadenas, petardos de grandes dimensiones, etc”. El dispositivo especial desplegado estaba compuesto por antidisturbios (agentes de la unidad de prevención y reacción y de la unidad de intervención policial).

Por parte de los manifestantes, explican que una persona tuvo que ser trasladada en ambulancia desde San Caetano a un hospital, aunque fue dada de alta. Sin embargo, aseguran que hay muchos más con lesiones y que 20 de los presentes el jueves en la concentración han aportado fotografías de sus heridas.

Malestar acumulado

Iria Uzal señala que han llevado en las últimas semanas sus protestas ante la Xunta porque quieren darles visibilidad. El problema no es que este año haya menos mexilla, dice, sino que se va acumulando el malestar. Ella lleva 15 años trabajando en las bateas y asegura no recordar ninguna otra ocasión en la que tuviesen que extraer semilla tan cerca unos de los otros. La temporada este año empezó en enero (habitualmente es entre diciembre y mayo) y en estos meses la situación se ha repetido. También se queja de que, con las delimitaciones, se encuentra con que en una roca en la que puede trabajar hay percebe, pero del que no vale para quienes se dedican a este crustáceo, y en la siguiente, cerrada para su actividad, ve que hay mejillones. Carga contra el Gobierno gallego y su Consellería do Mar por las “promesas que no se cumplieron”.

En los últimos días las quejas arreciaron porque zonas que se habían abierto para la mexilla se cerraron el pasado lunes. El argumento de la Xunta fue que había habido un error técnico. Las organizaciones de bateeiros que estaban sentadas en las negociaciones con la Consellería do Mar para buscar una salida abandonaron la mesa y el conflicto se enquistó un poco más.

En la esfera política, los grupos de la oposición critican el papel de la Xunta. La líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, se dirigieron tras las cargas policiales del jueves directamente al presidente gallego, Alfonso Rueda, al que le piden que asuma la responsabilidad de encontrar una solución. Pontón aseguró que el problema “lo creó el Gobierno del PP donde no existía, con decisiones arbitrarias y hasta con chapuzas legislativas”. Formoso le ha reclamado que “ejerza” como jefe del Ejecutivo autonómico. De estos sectores, recordó, dependen 3.000 puestos de trabajo directos.

La reacción de la Xunta se ha limitado a lamentar lo ocurrido. El vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, que sustituye al presidente mientras este está de viaje institucional por Panamá, Venezuela y México, dijo ayer que el camino para resolver el conflicto “pasa necesariamente por el diálogo y el consenso” y que el Gobierno gallego, a pesar de que las negociaciones en las que intermedió no llegaron a buen puerto, sigue con la “mano tendida”.

El Ayuntamiento de A Illa de Arousa, en donde gobierna el PSOE, ha calificado lo ocurrido de “ataque a los bateeiros” y ha pedido al presidente de la Xunta que depure responsabilidades por un conflicto del que culpa a la Consellería do Mar. El sector, señala, tiene el “total apoyo” del Gobierno local y su “enérgica condena” a la “agresión brutal y descontrolada” de la que fueron “víctimas”.

El juez Francisco Miralles ha terminado, tras cinco años de complicada investigación, la instrucción de la causa por las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 en Barcelona. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado sienta en el banquillo a 45 policías nacionales por sus intervenciones contra votantes en las escuelas y deja la puerta abierta a que los heridos puedan acusarles no solo de lesiones sino también de torturas o un delito contra la integridad moral. El instructor archiva la causa contra otros 20 agentes.

La resolución del juez Miralles, de 73 páginas, es un pormenorizado análisis de lo ocurrido en decenas de escuelas de Barcelona el 1-O. La investigación se ha centrado en los agentes y sus mandos que actuaron sobre el terreno, sin llegar a inculpar a las altas cúpulas policiales y políticas del Ministerio del Interior al no demostrarse durante la instrucción que existiera una orden política para cargar contra los votantes.

Remarca el instructor que las instrucciones policiales establecen que los agentes deben actuar de forma proporcional e “impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o que entrañe violencia”. Estas directrices sí se cumplieron en 14 de los 27 colegios de Barcelona, donde el instructor describe “agarres y empujones”, pero no actuaciones “desproporcionadas” que fueran más allá de apartar a votantes para retirar las urnas y papeletas, tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En cambio, en 13 centros el instructor sí ve actuaciones de 45 agentes contra votantes donde “se aprecian claros déficits respecto a los protocolos” y un “uso innecesario de la fuerza”. Es el caso de la actuación “especialmente grave” del agente que dio varios golpes de porra a una mujer a las puertas del colegio Mediterrània, o del uniformado que propinó una patada voladora a una votante en el colegio Pau Claris.

“No resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes golpeen en la cara de las personas o que las lancen escaleras abajo, cayendo éstas sobre otras personas que están sentadas, con un grave riesgo para la integridad de los ciudadanos”, asevera el juez sobre lo ocurrido en el Pau Claris, uno de los colegios donde se registró una actuación más violenta de la Policía y que el juez Miralles califica de “claramente denigrante”.

En varios de los colegios, incide el juez, los agentes irrumpieron “sin negociación ninguna ni advertencia”, e inmediatamente emplearon la fuerza de forma “claramente innecesaria” para desalojar a los votantes, que no mostraban “actitudes agresivas,” y entre los que encontraban personas mayores.

“Especialmente violenta y desproporcionada”, a criterio del juez, fue la actuación de los uniformados en las Escoles Pies de Sant Antoni: “Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios”.

Turno de las acusaciones

Dado el volumen de la causa, el instructor da ahora 40 días a la Fiscalía y a las acusaciones de los heridos para que presenten sus respectivos escritos de acusación, aunque previsiblemente tardarán más tiempo ya que el auto del instructor será recurrido ante la Audiencia Barcelona por todas las partes; las acusaciones para imputar a más agentes y las defensas para archivar el caso.

La abogada del centro Irídia, Anaïs Franquesa, que representa a decenas de heridos, ha celebrado la decisión judicial, si bien ha denunciado la “falta de colaboración” de Interior en esclarecer la cadena de mando del operativo. “Gracias a la fuerza de la sociedad civil y pese a los obstáculos de la Fiscalía y de un Estado que vulnera los derechos fundamentales, 45 agentes se sentarán en el banquillo”, ha aseverado el presidente de Òmnium, Xavier Antich, que ejerce la acusación popular del caso.

A lo largo de la causa han sido el juez y las representaciones particulares de los heridos –y el Ayuntamiento de Barcelona, hasta su expulsión como acusación popular– los que han impulsado la investigación. La Fiscalía en cambio ya pidió en 2019 el archivo del caso para todos los agentes investigados salvo para seis uniformados, tesis que rechazó el instructor.

Los cinco años de investigación no han podido determinar que hubiera una orden directa del Ministerio del Interior, entonces en manos del PP, para actuar con violencia en los colegios. Pese a los intentos de las acusaciones de los heridos, ni los agentes investigados ni los mandos policiales y políticos que han testificado han permitido saber cuándo se decidió actuar en los colegios o por qué las cargas cesaron al mediodía. “Nunca se dijo 'intervención ya'”, dijo gráficamente el entonces secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, en su declaración como testigo.

Los sucesivos informes de Interior y de la Policía y el coordinador del dispositivo en 2017, Diego Pérez de los Cobos, han descargado la responsabilidad última de las cargas a los ocho inspectores jefe de los antidisturbios de la Policía que se distribuyeron por los distintos distritos de Barcelona el 1-O y que, sobre el terreno, decidieron en qué colegio actuar. Se trata de los denominados “jefes de unidad de intervención”.

Por otro lado, el juez ha expulsado a la acusación particular que ejercía el Sindicato Profesional de Policía (SPP), porque no se ha imputado a ningún votante del 1-O por atentado o desobediencia a la autoridad, así como a la Generalitat al descartar imputar a los agentes por los daños materiales causados en las escuelas.

En paralelo a la macrocausa que este miércoles enfila el camino del juicio, el juez ya procesó, en una causa aparte, a dos mandos policiales y un escopetero acusados de reventar el ojo a Roger Español por el impacto de una bala de goma, así como el propio activista y excandidato de Junts por atentado a la autoridad al haber lanzado una valla contra la línea policial.