El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha descubierto este lunes en Vitoria la placa que designa como “lugar de memoria” a la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, donde el 3 de marzo de 1976 la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea obrera con un saldo de cinco asesinados, una cuarentena de heridos de bala y decenas más de afectados. Martínez ha señalado la responsabilidad en los hechos del Gobierno “continuista” con el franquismo de Carlos Arias Navarro y Manuel Fraga, que era ministro del Interior y luego fundó el PP. Y ha adelantado, en conversación con representantes de las víctimas, concretamente con Juan Ibarrondo y Arturo Val del Olmo, que el Consejo de Ministros de este martes, justo en el quincuagésimo aniversario, tendrá algún tipo de “reconocimiento”.

Martínez, que ya había participado en dos aniversarios anteriores en nombre del Gobierno de España, se ha dicho “emocionado” por poder realizar oficialmente la designación de la iglesia de Zaramaga, a lo que se ha acompañado con un ramo de flores con los colores rojo y amarillo y el texto “Gobierno de España”. Es ya el cuarto punto en Euskadi que entra en esa lista después de la Eibar que declaró la II República en 1931, el puente Avenida de Irún, en la frontera con Francia, o la Gernika bombardeada por los nazis en 1937.

En una larga alocución sin papeles, ha señalado que el 3 de marzo de 1976 fue un hito en la historia de España que precipitó la llegada de un nuevo Gobierno frente al “continuismo” con la dictadura del primer gabinete de la parte “preconstitucional” del reinado de Juan Carlos I, al que ha llamado el Gobierno de “Arias-Fraga” en numerosas ocasiones. “Vitoria significó muchísimo. Al poco tiempo, cayó el Gobierno continuista de Arias-Fraga. Hizo posible que aquel Gobierno no continuara”, ha apuntado.

Ha contado, asimismo, que, siendo veinteañero, tuvo que organizar en su Almería natal actos en solidaridad con los obreros tiroteados en Zaramaga. Ha agregado que es esencial que las “nuevas generaciones” conozcan estos sucesos y que “la democracia no fue un regalo de las elites”, sino “una conquista de las clases populares”.

Como la iglesia, que será en el futuro un Memorial, no está reformada y acondicionada, el descubrimiento de la placa -que es de bronce y pesa 25 kilogramos- ha sido un mero acto simbólico. Ahora la custodiará el Ayuntamiento hasta que pueda tener un emplazamiento definitivo. En ella se alude a los “sucesos” de 1976. Las víctimas han insistido en que la terminología es importante. Ellas emplean términos como “masacre” o “matanza”.

Tras las palabras del secretario de Estado, Martínez ha tenido un breve encuentro con Val del Olmo e Ibarrondo, al que han asistido también la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, y la subdelegada en Álava, Mar Dabán. Ibarrondo, que había aplaudido el discurso, ha calificado de “interesante” lo sucedido, según ha trasladado a los medios de comunicación. En esa conversación, el representante del Estado ha señalado que “reconocimiento va a haber”. Se espera que el Consejo de Ministros de este mismo martes apruebe algún tipo de declaración. Las víctimas piden, igualmente, la desclasificación de todos los archivos, como sucedió recientemente con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Martínez les ha expuesto todos los pasos dados por el actual Gobierno de España, incluyendo una partida de 0,6 millones para el Memorial. Asimismo, recientemente 29 víctimas o familiares de 1976 han recibido cartas con un reconocimiento como víctimas en aplicación de la normativa estatal, al igual que los fallecidos en Basauri y Tarragona en días posteriores en el marco de la ola de solidaridad que se desató. El secretario de Estado también los ha mencionado.

En el acto, han tomado la palabra también las autoridades locales. Para la alcaldesa, Maider Etxebarria, el templo fue “escenario de uno de los escenarios más trágicos” de la Transición, una “carga sangrienta” de la Policía Armada “franquista” contra los trabajadores. El diputado general de Álava, Ramiro González, el único que ha hablado en euskera, ha indicado que la memoria de Zaramaga tiene que ser un “bien común”, que “no se divide ni se apropia”. “Estos muertos son nuestros, de todo el pueblo de Vitoria”, ha clamado, parafraseando lo que se dijo en el funeral hace medio siglo. Por error, el secretario de Estado se ha referido a él como “diputado regional”. El rey Felipe VI y Pedro Sánchez también se han equivocado con él en las últimas visitas que han realizado.

La consejera María Jesús San José, titular de Justicia y Derechos Humanos, ha avisado de la “corriente reaccionaria” que recorre Europa y de la relevancia de no olvidar conquistas laborales. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha asistido en silencio, como buena parte del Gobierno local de Vitoria, cargos de la Diputación y un puñado de vecinos curiosos de Zaramaga. El espacio estaba custodiado por varias furgonetas de la Ertzaintza.

Cada 3 de marzo, Vitoria-Gasteiz se detiene para recordar a Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, trabajadores asesinados en 1976 por parte de la Policía Armada, así como a las decenas de personas que resultaron heridas. No es una fecha más en nuestro calendario. Es una herida en nuestra memoria colectiva y, al mismo tiempo, un compromiso permanente con la verdad, la justicia y la reparación.

El comienzo de año de 1976 fue el inicio de un largo periodo de numerosas movilizaciones en toda España, con más de medio millón de trabajadores en huelga desde principios del mes de enero y que venían motivadas por dos reivindicaciones: la creación de un sindicato libre, independiente del sistema político franquista y la mejora de las condiciones laborales.

Y en Vitoria estas movilizaciones fueron especialmente activas, tanto por los propios trabajadores, como por las marchas organizadas y protagonizadas por sus mujeres, que recorrían diariamente las calles de la ciudad como muestra de apoyo a sus maridos.

Era un contexto en el que la libertad sindical y el derecho de huelga y reunión no estaban garantizados, ni se daban las garantías propias de un Estado de Derecho, alcanzadas en 1978 con la aprobación de la Constitución española.

Ese 3 de marzo de 1976, 5.000 trabajadores se encontraban dentro de la Iglesia de San Francisco de Asís celebrando la asamblea número 241 desde el día 1 de enero del mismo año, con el único objetivo de debatir y coordinar sus reivindicaciones laborales. En ese contexto de debate, de tertulias compartidas, de pensamiento colectivo, la Policía Armada decidió entrar a la iglesia lanzando gases lacrimógenos en su interior para desalojar a los trabajadores que se encontraban allí reunidos. Y cuando éstos intentaron salir y huir y, a pesar de estar completamente desprotegidos, la Policía decidió atacarles, produciéndose cargas y disparos con armas de fuego. El resultado ya es sabido por todos. 

Los hechos acaecidos en Vitoria ese día 3 de marzo de 1976 agitaron a todo el país, provocando un gran enfado social, reconociendo hasta el propio ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, que las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Armada fueron “lamentables”, aunque jamás asumiera ningún tipo de responsabilidad política, y justificando los actos en aras del mantenimiento del orden público. 

Hoy, medio siglo después, los derechos laborales forman parte del núcleo de nuestro Estado social y democrático de derecho. La negociación colectiva, la libertad sindical, el derecho de huelga y la protección frente a los riesgos laborales no son concesiones que nos hayan venido regaladas: son conquistas históricas. Conquistas que debemos cuidar cada día, desde el diálogo social, desde el cumplimiento de la ley y desde la responsabilidad compartida de empresas, trabajadores y administraciones.

Como subdelegada del Gobierno en Álava, y en nombre del Gobierno de España al que represento, quiero reafirmar nuestro compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento de las víctimas. 

Este compromiso con la memoria reciente y el respeto a los derechos humanos se materializa con iniciativas tales como la declaración de la Iglesia de San Francisco de Asís como Lugar de Memoria Democrática, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España y publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 23 de febrero de 2026. Esta declaración busca preservar la memoria de aquellos hechos y promover la educación ciudadana sobre los valores democráticos. En un contexto en el que apenas se reconocían derechos básicos como el de reunión o asociación, la Iglesia de San Francisco funcionó como un lugar clave para el intercambio y la organización colectiva: un punto de encuentro fundamental para los trabajadores de Vitoria en una etapa marcada por la ausencia de libertades políticas y sindicales. 

La declaración como Lugar de Memoria implica la puesta en marcha de diversas medidas destinadas a su protección y valorización. Entre ellas se incluyen su adecuada identificación y señalización, la preservación de los elementos conmemorativos ya existentes y la promoción de iniciativas orientadas a la divulgación y contextualización histórica de los acontecimientos.

La historia demuestra que muchos de los avances sociales actuales fueron fruto de la organización y el sacrificio de trabajadores y trabajadoras que defendieron, incluso con su vida, la justicia social.

La mejor manera de honrar a quienes perdieron la vida aquel 3 de marzo es seguir trabajando por una sociedad más justa, donde el conflicto laboral encuentre siempre cauces democráticos y donde ninguna reivindicación legítima sea respondida con violencia. Es consolidar una cultura del trabajo digno, seguro y con derechos. Es garantizar que nunca más luchar por las clases trabajadoras pueda costar la vida.

La memoria no es un ejercicio del pasado; es una guía para el presente. Que el recuerdo de aquellos trabajadores nos interpele, nos una y nos obligue a estar a la altura de lo que representan: la dignidad del trabajo como fundamento de la democracia.

En uno de sus libros de memorias ('En busca del tiempo servido') así lo recordaba Manuel Fraga y no es inhabitual escuchar algo similar de algunos de los que estuvieron en ese conflicto que acabó dramática y violentamente aquel 3 de marzo de 1976. Estos días, un grupúsculo comunista invita a asistir a una charla titulada '50 años del soviet de Vitoria'. ¿Existió eso alguna vez?

Un soviet es, en principio, una manera de organizarse los trabajadores desde la base, de manera autónoma y mediante la democracia directa. En ese sentido, lo de Vitoria fue lo más parecido a un soviet. Los huelguistas se organizaron mediante asambleas, voto a mano alzada y comisiones representativas negociadoras. Lo hicieron porque, desde un principio, prescindieron del Sindicato Vertical, tanto por verlo ineficaz y contrario a sus intereses, como por presionar en esa línea sus dirigentes, entre los que eran minoría los partidarios del entrismo en ese organismo (el PCE y sus Comisiones Obreras afines). A partir de ahí, no tuvieron otra que acudir a los mecanismos primarios de reunión, debate, toma de acuerdos y traslado y negociación de estos: la democracia directa. No eran convencidos de las tesis consejistas de Rosa Luxemburg o de Anton Pannekoek, sino que acudieron a esa fórmula de manera instintiva. Y de ahí salieron sus dos dirigentes principales, Tomás Echave y Jesús Fernández Naves, representando respectivamente esas dos líneas autonomistas: la vanguardista marxista y la autoorganizativa más libertaria. Naves, de hecho, reconoció que la primera vez que leyó a Pannekoek fue estando ya en la cárcel, después de marzo.

Las ocho semanas de huelga vitoriana a comienzos de 1976 fueron un ejemplo de autoorganización obrera, desarrollando un sistema muy sofisticado, a la vez que simple, para sus más de seis mil huelguistas, sus familias y el resto de la ciudad. El organigrama de asambleas diversas; el delicado papel de sus representantes, a caballo entre el impulso vanguardista y la simple representación; las cajas de resistencia y el reparto establecido de ayudas según las diferentes situaciones familiares; el protagonismo de las mujeres de los trabajadores en la difusión y denuncia en la calle del conflicto; la conexión con la disposición de los no huelguistas que les apoyaban; la capacidad para resistir juntos y no declinar ante procesos localizados de negociación en algunas empresas; o la manera de convertir un conflicto laboral en otro popular que alcanzase a buena parte de la ciudadanía local son expresiones de esa alta calidad organizativa que lograron. Además, a cargo de una clase obrera que se estaba constituyendo en ese momento a partir de la experiencia que vivía, y de unos dirigentes que tampoco venían bregados por situaciones anteriores. No extraña que uno de los puntos de tensión entre la dirección de la huelga fuera por la mayor o menor confianza en la capacidad de aprendizaje de la clase obrera en su experiencia de conflicto. Los resultados prácticos respaldaban a los más partidarios de la autoorganización, en perjuicio de los vanguardistas.

Las ocho semanas de huelga vitoriana a comienzos de 1976 fueron un ejemplo de autoorganización obrera, desarrollando un sistema muy sofisticado, a la vez que simple, para sus más de seis mil huelguistas, sus familias y el resto de la ciudad

Pero, además de ser una forma de organizarse en un conflicto, un soviet es un instrumento de intervención política revolucionaria. Así fue en la historia. En este punto es más complicado asignarle la denominación. El conflicto vitoriano fue laboral 'sensu stricto' y su politización fue posterior a él. Durante el franquismo, cualquier demanda social tornaba en política por la propia incapacidad e indisposición del régimen. Se pedía un paso de peatones, la policía disolvía la manifestación vecinal, detenía a algún portavoz y la cosa devenía en una impugnación de la dictadura. Así se politizaron también los obreros vitorianos, pero las demandas durante el conflicto no se salieron del marco laboral. No hay constancia de otras más políticas. Estas aparecen meses después, cuando la Transición arranca de verdad, cuando la calle se agita todavía más y cuando las vanguardias partidarias se manifiestan en su lenguaje sin limitaciones, cosa que sí respetaron durante la huelga para mantener la unidad.

En ese sentido, la radicalidad organizativa no tiene su correspondiente política porque no aspiró a transformar nada más allá que sus condiciones de trabajo, y las vanguardias tuvieron un tiempo limitado para incidir en esa experiencia. Fue después cuando esto comenzó. Los huelguistas impugnaron el Vertical e impusieron la lógica de la negociación directa. Así fue después de marzo, cuando se acordó empresa a empresa la tabla reivindicativa que llevaban. Pero no hubo ninguna propuesta revolucionaria y ni siquiera política, como, por otra parte, fue la tónica de la mayoría de los conflictos laborales de ese instante y en ese lugar. Después, se insiste, se añadieron otros ingredientes, y en otros lugares, como las provincias vascas del norte, ya aparecían con antelación estos en sus demandas, pero aquí y entonces no fue así.

De hecho, este tema lo reflexionan los libros de memorias políticas de protagonistas de la huelga (Echave, Val del Olmo) y lo comentaron otros en entrevistas o charlas (Naves, Olabarría). Los de partidos trotskistas o maoístas también le dieron vueltas (Iñaki Martín, Juanjo San Sebastián, Alberto Martínez de Lahidalga, los hermanos Ruiz, Subiés). Los del PCE (Lecuona, Otaegui) se vieron en minoría y se apartaron de ese debate, sin ni siquiera entablar o insistir en otro alternativo. En general, con la evidente excepción de los asamblearios estrictos y antipartido, se lamentaron de no haber dirigido más el conflicto, de no haberlo derivado a una mayor confrontación, y se reservaron la experiencia para traducirla políticamente en favor de sus demandas durante la Transición. Ahí se politiza fuertemente la situación vitoriana y el recuerdo de marzo, todavía en los términos del radicalismo sindical, que no de la nacionalización del mismo, muy posterior y con otros agentes casi por completo ausentes en su origen.

La historia y la memoria del Tres de Marzo son por eso complejas de conciliar. Se recuerda un proceso muy radical en sus formas, trágico en su resolución, antagónico del relato transicional. Pero lo hace en una construcción memorial donde, además de aparecer un nacionalismo vasco ajeno a aquello, se actualiza sobre la base de que aquel radicalismo persistió en el tiempo, cosa discutible. La experiencia vitoriana radicalizó y extremó después las relaciones laborales locales, pero no solo por ella, sino por el lugar donde se desarrollaban. Ahí, por ejemplo, ejerció más influencia el entorno de violencia terrorista y de violencia social mantenido en la segunda mitad de los años setenta y en los ochenta. O derivó en esa segunda década el protagonismo de una lucha sindical radicalizada a los trabajadores de Michelin, cuando estos no habían participado directamente de la experiencia de Marzo. 

Ahora, al cabo de cincuenta años, se plantea qué recordar de aquello: si solo ese radicalismo y el de quienes se atrincheraron en él después para impugnar ese tránsito a una democracia, con sus añadidos terroristas en la práctica y ultranacionalistas en el objetivo final, o si cabe incorporar la memoria de quienes lo tienen como una tragedia en el marco de esa transición de un régimen de dictadura a otro de democracia que defienden. La primera fórmula puede ser más ajustada a lo sucedido —aunque solo en parte, porque sobran los añadidos exóticos posteriores— y la segunda es más integradora y coherente con el tipo de sociedad en que todos vivimos (incluidos los resistentes).

No ha sido un camino fácil, durante años partidos mayoritarios e instituciones intentaron pasar página y silenciar la lucha y la matanza de Vitoria en 1976 porque contradecían su relato de una Transición que ni fue modélica ni pacífica. Hoy hay consenso en considerar que esa lucha, y la solidaridad que generó, fue determinante para hacer fracasar los intentos de reformar el franquismo e impulsó de forma decisiva las libertades. Sin embargo, los dirigentes obreros renunciaron a la ruptura democrática propiciando una Transición que mantuvo intactos resortes del poder franquista y legitimó la injusticia y la impunidad con las víctimas. 

Cien mil personas participamos en el funeral de los tres primeros asesinados aquel aciago día, la mayor manifestación contra la dictadura fascista que se resistía a morir matando. Durante el recorrido, miles de brazos se alzaban haciendo el signo de victoria. La brutal intervención policial no pudo empañar el éxito de una huelga general que consiguió el apoyo de todo el pueblo de Vitoria con una clase trabajadora que durante dos meses demostró su capacidad de lucha y sacrificio enfrentándose a una patronal intransigente enriquecida bajo la dictadura gracias a leyes criminales y una represión sistemática del movimiento obrero.

Pagamos un precio muy alto, pero los asesinatos de Pedro María, Francisco, Romualdo, José y Bienvenido, acribillados a quemarropa al disolver la Policía una asamblea obrera, concitaron la solidaridad de medio millón de personas en la huelga general más importante de Euskal Herria, y amplia contestación en el Estado y en el mundo, con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona.

Los asesinatos de Vitoria fueron terrorismo de Estado y no una “respuesta policial abusiva”, como ha declarado recientemente una dirigente del partido socialista. Esa sutil diferencia impide que se consideren delitos de lesa humanidad, que ni prescriben ni pueden ser amnistiados, y establece víctimas de primera y de segunda categoría. Sin órdenes o autorización del Gobierno franquista, el gobernador civil no hubiera violado el concordato de 1953 con la Santa Sede, que prohibía entrar en las iglesias, ni la Policía hubiera intervenido tan fría y premeditadamente.

Además, las instrucciones de “no os importe matar”, dadas cuando Manuel Fraga y Rodolfo Martin Villa eran ministros de Interior, avalan que fueron crímenes de Estado. No fueron los únicos. Hubo más de cien asesinatos de trabajadores y personas de izquierdas, como el de los Sanfermines de 1978, desde la muerte de Franco hasta que se aprobó la Constitución. Por eso, es necesario que el Gobierno de España reconozca, pública y políticamente, que existió violencia de Estado. 

Defendiendo lo más básico; poder elegir a nuestros representantes, un sueldo decente, y una jornada laboral digna, conquistamos las libertades ejerciéndolas, y nos enfrentamos al poder económico que tenía a su servicio el sindicato vertical, las instituciones, las leyes, los medios de comunicación y la Policía. Nos golpearon, nos despidieron, nos detuvieron, nos torturaron, nos balearon, nos asesinaron. Pero no pudieron doblegarnos.

No nos regalaron nada, todo hubo que conquistarlo. Conseguimos romper los topes salariales, mejoras laborales, reconocimiento de asambleas y Comisiones Representativas, readmisión de despedidos, garantizar el puesto de trabajo a los detenidos, que se potenciarán las asociaciones de vecinos y se pusiera en pie un movimiento propio de las mujeres, pero después hubo que seguir luchando porque bajo el capitalismo ninguna mejora es estable ni permanente. 

Hoy sobran razones para seguir peleando. El constante incremento de los ritmos de trabajo aumenta las bajas laborales por trastornos mentales, la subida de los precios adelgaza los salarios en favor de los beneficios del capital. Interminables cadenas de subcontrataciones recaen en las empresas con empleos más precarios, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, la jornada aumenta porque se obliga a meter horas extras que en muchos casos no se pagan, los precios de la vivienda están por las nubes debido a la especulación, la sanidad, la educación o la dependencia se deterioran y se privatizan, el fraude y la elusión fiscal de las grandes empresas son endémicos, y la desigualdad es creciente. 

La crisis del capitalismo y la disputa por la hegemonía imperialista incrementan el militarismo y la agresividad, las migraciones masivas, el negacionismo climático de la extrema derecha, la dictadura de las plataformas digitales, la degradación del planeta, o los planes para hacer negocios con los genocidios y el sufrimiento de millones de personas, mientras se aplican leyes, como la ley mordaza, que criminalizan la protesta y atacan de raíz derechos que han costado sangre, sudor, y lágrimas conseguir. Sin embargo, la clase trabajadora seguimos ocupando la centralidad social y económica, y la historia enseña que podemos ocupar también la centralidad política, impulsando cambios profundos en la sociedad.

Ahora mismo, en Euskadi, más de 50 empresas o sectores afectando a miles de trabajadores están en huelga. El movimiento pensionista lucha para mejorar las pensiones de miseria de miles de mujeres que no cotizaron lo suficiente por dedicarse a tareas de cuidados, de menores y personas dependientes, porque el PSE-EE y PNV ni siquiera permiten que se debata en el Parlamento Vasco, a pesar de haber recogido más de 145.000 firmas de apoyo.

El próximo día 17 de marzo hay una convocatoria de huelga general en Euskal Herria en favor de un salario mínimo de 1.500 euros, lo que beneficiará a mujeres, personas migradas y jóvenes, y reducirá la pobreza y la precariedad. Buen momento para recuperar lecciones del 3 de marzo. La organización, la solidaridad, la unidad de acción o la extensión y coordinación de las luchas, mientras seguimos defendiendo la verdad, la justicia, la reparación y un Memorial del 3 de marzo que contribuya a conseguir esos objetivos.

En 'Asesinato en el Oriente Express', el detective Hércules Poirot, creado por la imaginación de Agatha Christie, debe dilucidar la responsabilidad de un asesinato a bordo del célebre ferrocarril detenido por una tormenta de nieve. Los pasajeros del convoy se convierten en sospechosos porque, además, cada uno de ellos tenía motivos para asestar su puñalada. En noviembre de 1980, Adolfo Suárez era el Samuel Ratchett al que todos ansiaban ultimar. 

Uno de los documentos relativos al 23-F desclasificados por el gobierno describe la compleja urdimbre de tramas cuyo último objetivo era colocar una diana sobre él. Se trata de la unidad documental titulada “Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)”. Varios medios se han referido a ella como el bosquejo del plan diseñado por los golpistas. En mi opinión, son los apuntes de un agente de los servicios de información infiltrado entre los conspiradores. Su redacción sigue un patrón: descripción de la operación observada; identificación de los responsables; y evaluación de la viabilidad, no quedándose en un momento estático, sino aventurando la posible evolución acorde al potencial deterioro de la situación social y política. 

Las múltiples tramas anteriores al 23-F se analizan en las seis primeras páginas del documento bajo el rubro “Panorámica de las operaciones en marcha”, subdivididas en civiles, militares y protagonizadas por “expontáneos” (literal). Lo primero que llama la atención es que el informante otorgó idéntico rango a las conspiraciones militares que a las intrigas internas de la Unión de Centro Democrático (UCD), las entabladas por la corriente democristiana liderada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón -a quien Leopoldo Cavo Sotelo llamaría el buque insignia de los submarinos que estaban hundiendo al partido-, o la “azul” de los antiguos cuadros del Movimiento encabezados por Rodolfo Martín Villa. También metió en el mismo saco legítimos recursos de oposición como la moción de censura impulsada por el PSOE, la absorción por parte del partido de Felipe González del sector socialdemócrata de la UCD o el perfil bajo adoptado por el PCE. Era, sin duda, un reflejo del escaso rodaje de la cultura democrática que aquejaba aún a los funcionarios de los aparatos duros del Estado en transición. 

Las más interesantes de las descritas eran las operaciones con un componente militar: la “de los Tenientes Generales”, la “de los coroneles” y la de los citados “expontáneos”. A medida que se descendía por la escala de mando, los proyectos estaban más perfilados, los objetivos eran más definidos y los métodos se preveían más contundentes. El operativo de los Tenientes Generales era un golpe rectificador bajo forma de pronunciamiento clásico: dada la situación creada por la triple confluencia del terrorismo, la centrifugación territorial -la multiplicación de autonomías- y el deterioro del orden público, aspiraban a un gobierno cuyas cabezas visibles fueran un general en la reserva “con capacidad de arrastre” y un político reputado, todo bajo los auspicios de un rey “que actuaría constitucionalmente”. Se llegaba a manejar la posibilidad de que si el jefe militar era alguien de reconocido prestigio como Gutiérrez Mellado o Díez Alegría -el general al que a raíz de la revolución de los claveles le remitieron monóculos para que se convirtiera en un remedo de Antonio de Spínola-, la opción podía contar con el apoyo de dirigentes del PSOE. El éxito de esta opción estaba directamente relacionado con una rápida degradación del contexto sociopolítico.

“Los coroneles” no tenía prisa. Creían que la situación colapsaría en un plazo máximo de dos años y se preparaban para que fuese el “pueblo el que llamase a las Fuerzas Armadas”. No tenían inconveniente en que hubiese un gobierno de gran coalición UCD-PSOE, porque pensaban heredar sus cenizas y promulgar, sobre el solar achicharrado, una nueva constitución de talante doctrinario. Su principal hándicap era que carecían de una expresión política que les prestase sustento, pero el informador consideraba “imparable” su acción si las circunstancias evolucionaban como preveían.

Los “expontáneos” eran los incorregibles de la Operación Galaxia. Su concepto del golpe era vanguardista: conscientes de que no había consenso en el estamento militar, creían que, si un pelotón de audaces daba un paso al frente, el resto acabaría por seguirles. Políticamente contaban con el apoyo de “fuerzas nacionales” a las que pensaban atribuir una misión de colaboración paramilitar. Su apuesta programática era simple: reforma constitucional en sentido iliberal, reversión del proceso autonómico, nueva ley laboral y sindical -con orientación sin duda corporativista-, ley de orden público y combate contra el terrorismo. Estaban por la simplificación del mapa político: una derecha y unas “fuerzas nacionales” reorganizadas, un PSOE obligado a “desmarxistizarse”, la erradicación del comunismo y la ilegalización de los partidos separatistas. Una propuesta con ecos extrañamente actuales…

Ha pasado bastante desapercibido, dada la salida en tromba para exonerar al rey emérito de cualquier atisbo de complicidad, tolerancia o mera inacción respecto a estos planes el hecho de que los dos operativos militares (el de los Tenientes Generales y del de los coroneles) confluyeran en intereses y objetivos con una denominada “operación mixta” impulsada por Rodolfo Martín Villa. Partidario de un gobierno de coalición UCD-AP, no habría tenido inconveniente en que lo encabezase en un principio Manuel Fraga Iribarne. El hiperactivo Fraga jugaba en varias ligas: se le citaba como quien había “convocado a unos generales para un encuentro en la costa levantina” a fin de convencerles de que, faltos de “cobertura política de partido”, él podía postularse como “líder civil” junto al “general con arrastre”. Al mismo tiempo, se rumoreaba que el de Villalba buscaba el contacto con los coroneles. Se sabía, por otra parte, que los “expontáneos” apoyaban una unificación entre AP y los restos de la UCD para que hubiera una sola derecha y que estaban dispuestos a plegarse a las condiciones de la “mixta” si eso tenía mayores garantías de éxito que su golpe duro. Todas las opciones presumían contar, en mayor o menor medida con la cobertura institucional de la corona. Eran legión los que, desde Zarzuela a la sede de la Capitanía de la 3ª Región Militar, tenían la daga afilada y esperaban el momento propicio bajo la tormenta de nieve.

Vitoria fue la primera ciudad conquistada por los sublevados franquistas tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Y, casi cuarenta años después, el 3 de marzo de 1976, Vitoria fue escenario también del que quizás fue el último gran coletazo de represión de una dictadura sin dictador, ya que Francisco Franco había fallecido ya 104 días antes, el 20 de noviembre de 1975. Hacia las cinco de la tarde de ese miércoles de ceniza en la tradición católica, la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga. Tres huelguistas murieron ese día —Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente y Romualdo Barroso Chaparro—y otros dos —José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral— lo hicieron más tarde.

Hubo 41 heridos de bala en Vitoria y otro medio centenar de ingresados por diferentes tipos de lesiones. Las protestas por los sucesos de Vitoria dejaron más cargas y muertos en Tarragona, en Basauri y hasta en Roma, Juan Manuel Rodrigo, Vicente Antón Ferrero y Mario Marotta. En la víspera, el 2 de marzo de 1976, una nota del Gobierno Civil, a cuyo frente estaba desde unas pocas semanas antes el pontevedrés Rafael Landín, avisaba de que las fuerzas de orden público iban a reprimir “con todo rigor” las “antisociales conductas” que se pudieran producir. Hubo “mil tiros”, contaba uno de los 'grises' actuantes por radio. “Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. De verdad una masacre. Cambio”, se escuchó en la emisora policial aquella tarde.

Con motivo del quincuagésimo aniversario de estos hechos que se grabaron a sangre y fuego en la historia de Vitoria y que marcaron el devenir de la Transición hacia el nuevo marco democrático, elDiario.es/Euskadi ha accedido a documentación interna del Gobierno Civil de Álava, de la Brigada Político Social del Cuerpo General de Policía y de la Guardia Civil de 1975 a 1977 gracias a la colaboración del Archivo de Álava, que custodia los fondos tanto de la Diputación como de los organismos del Estado en la provincia. Varios de los documentos llevan el sello de “confidencial”.

Los informes dibujan un escenario de creciente oposición al régimen al menos desde septiembre de 1975, cuando se produjeron los fusilamientos de Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, pero también en muchos momentos se reconoce que eran movilizaciones “pacíficas”. También se han consultado los archivos de la CIA de Estados Unidos, de libre uso en aplicación de una ley inexistente en España, que mantiene en vigor una normativa de secretos oficiales de la dictadura. Y, finalmente, se ha repasado el material recopilado por la comisión sobre el 3 de marzo de 1976 celebrada en el Parlamento Vasco en 2008, buena parte procedente del Instituto Valentín de Foronda de la EHU, la Universidad pública vasca. Ello incluye que la propia Justicia militar española de la época calificó de “homicidio” las muertes causadas por la Policía Armada en Vitoria, aunque se archivaron las actuaciones al no hallarse responsables concretos de cada una de ellas.

Sugiere el historiador Antonio Rivera que detrás del 3 de marzo de 1976 veían un pulso de insurrección o revolución —“el soviet de Vitoria”— tanto los líderes de las organizaciones clandestinas que bullían en aquel final del franquismo como el propio Estado, con cada vez más dificultades para contener las ansias de libertad tras cuatro décadas de cerrojo. Sin embargo, el gran efecto movilizador de las huelgas que condujeron a la asamblea de San Francisco de Asís fueron las reclamaciones económicas y laborales de miles de trabajadores que veían injusta y precaria su situación familiar. Las fuerzas del orden decomisaron decenas y decenas de pasquines y publicaciones en ese sentido.

En España se había impuesto la congelación salarial, la inflación era galopante y aún se sentían los efectos de la crisis mundial de 1973, la del petróleo. El sindicato 'vertical' era una maquinaria inútil para mejorar los convenios y la muerte del dictador había generado expectativas de cambios que no terminaban de llegar con un Estado ahora con Juan Carlos I al frente que se comportaba exactamente igual que el anterior. Vitoria, por su parte, había casi cuadruplicado su población durante la dictadura, fundamentalmente por la llegada de trabajadores de otras zonas de España. Se asentaron en barrios humildes de ladrillos rojos de la periferia, incluido Zaramaga.

Las movilizaciones obreras en Vitoria arrancaron el 9 de enero en Forjas Alavesas, una gran industria en la propia Zaramaga. Y luego se sumaron otras como Mevosa (actual Mercedes-Benz, la mayor empresa privada de Euskadi), Aranzábal, Cablenor o también, en el resto de la provincia de Álava, fábricas de Salvatierra-Agurain, Amurrio y Llodio. Se crearon comisiones representativas autónomas en cada una de las empresas en huelga, aunque sí había una plataforma reivindicativa común y asambleas compartidas. Los templos de la Iglesia católica se empleaban como refugio en busca de una pretendida protección en aplicación del concordato entre España y el Vaticano de 1953, que impedía a la Policía acceder a ellas. La del 3 de marzo fue la tercera huelga general, ya que antes las hubo los días 16 y 23 de febrero. Pero constan actuaciones de la Policía Armada al menos desde el 2 de febrero. El 26 de enero eran ya 6.000 los trabajadores en huelga.

Los informes policiales

1976 se estrenó en Vitoria con una pancarta de siete metros de largo y uno y medio de alto colocada en la Virgen Blanca, la plaza principal. Rezaba “Libertad para todos los presos políticos”. La firmaba el PSOE, ilegal entonces, y las Juventudes Socialistas de Euzkadi (con 'zeta'). Ambas organizaciones habían realizado también pasquines. “Año nuevo en la lucha por la libertad [...]. Autodeterminación para Euzkadi y demás nacionalidades [...] ¡Abajo el sindicato vertical! Abajo la monarquía fascista”, se podía leer en ese papel. Las fuerzas del orden retiraron la pancarta socialista a las 00.30 horas de aquel Año Nuevo, según expusieron en un informe interno. Después, registraron el Círculo Vitoriano por un aviso de bomba que resultó ser una falsa alarma.

El 13 de enero, el comisario jefe del Cuerpo General de Policía de Vitoria remitía al gobernador civil un primer informe sobre las huelgas que habían arrancado cuatro días antes, el 9 de enero. Bajo el título “Situación laboral en el día de hoy”, se explicaba que “continúan parados los 1.500 obreros manuales” de Mevosa, que “permanece cerrada” Forjas Alavesas y que habían mantenido una reunión en la jornada anterior que, aparentemente, finalizó con algunos presentes gritando “¡Viva el Rey!” y “¡Viva la Policía!”, y que 800 “obreros de taller” de Aranzabal y 180 de Llama Gabilondo estaban igualmente en huelga.

Ese mismo 13 de enero, los servicios de Información de la Guardia Civil en Vitoria (la zona 512, como se denominaba entonces), en uno de los documentos con el sello de “Confidencial”, detectaron una asamblea de “unas 800 personas aproximadamente” en la iglesia de Belén, también en Zaramaga. Eran “obreros en paro” de Forjas Alavesas, huelguistas. Exponen los agentes que duró 30 minutos y que, luego, marcharon “pacíficamente” hasta la sede de la OSE, las siglas del sindicato franquista. Estaban en la plaza del Conde de Peñaflorida, la actual sede de Trabajo del Gobierno vasco. De nuevo de forma “pacífica”, terminaron su protesta allí.

Pero, dos horas después, la Guardia Civil alertó de que “respondiendo a la numerosa propaganda clandestina”, del orden de “3.000 individuos”, la mitad “alborotadores” y el resto “curiosos, observadores, etc.”, llevaron a cabo una protesta. Arrancó en un edificio municipal en Eduardo Dato, siguió en la OSE y volvió a Eduardo Dato, General Álava, Fueros y Portal del Rey, el ensanche de la ciudad. Cantaron “amnistía general”, “Policía asesina” o “Gora Euzkadi askatuta!”. Entonaron igualmente un “himno en vascuence”, relata el documento policial interno. La Policía Armada “en ningún momento efectuó carga alguna”, dice el otro cuerpo.

El 20 de enero, la Guardia Civil volvió a elaborar una “nota informativa” de carácter “confidencial”. En ella, exponía que un “confidente” había indicado cómo encontrar “en un vertedero de basuras situado en las proximidades del camino que conduce de Armentia a Berrosteguieta” un gran volumen de propaganda política que el Estado consideraba subversiva. En concreto eran 67 ejemplares de la revista 'Abenduak 11' de la delegación vasca de la ORT (Organización Revolucionaria de los Trabajadores, maoístas), dos lotes de 192 y 113 ejemplares de 'En lucha' (la revista nacional de la ORT) y 900 ejemplares -en castellano y en “vascuence”- de un “acuerdo” entre diferentes partidos y organizaciones con la ORT, incluidos “EHAS, ETA y LAB” y el Partido Carlista de Euzkadi. En 1936, el carlismo fue decisivo para el éxito de la sublevación en Álava, en Navarra y en el resto del territorio vasco.

Un reporte policial del 19 de febrero habla de varias fábricas “cerradas” y detalla el seguimiento de las huelgas. En los informes policiales, desde finales de 1975 y hasta el 3 de marzo de 1976, las fuerzas del orden hicieron constar también la existencia de presuntos grupúsculos de obreros de otras zonas de España que se sentían desplazados por las reivindicaciones nacionalistas vascas, algo que se usaba para legitimar al régimen. Lo llamaron “propaganda positiva” para el régimen. “Castellanos, andaluces, extremeños, gallegos, basta ya de hacer el juego a separatistas, vascos que reniegan de su condición de españoles, que de siempre han pretendido mantenernos como ciudadanos de ínfima categoría a los que, llegados de otras provincias, buscando el pan para nuestros hijos y un meritorio deseo de asegurarles un futuro mejor, estamos aquí nuestro sudor [...]. No, no estamos en casa ajena. Las provincias Vascongadas son España”, se podía leer en un folleto decomisado.

El propio régimen lo tilda de “especie propagandística clandestina de carácter españolista” en un documento “confidencial” del 10 de octubre de 1975, aún con Franco vivo. En aquel momento, el teniente coronel al frente de la comandancia de Vitoria, sita en la actual sede de la Cruz Roja del portal de Castilla, era Antonio Tejero. El promotor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, fallecido esta misma semana tras la desclasificación de algunos de los documentos de ese episodio, se convirtió en jefe de la zona 512 el 22 de febrero de 1975, procedente de Donostia. Estuvo en la plaza hasta el 5 de enero de 1976, cuando regresó a Gipuzkoa.

La víspera de la matanza

Del 2 de marzo, la jornada previa a la matanza, se han localizado dos informes. Uno venía firmado por el teniente coronel de la Guardia Civil, que ya no era Tejero. Arrancaba informando de que, de madrugada, un camión Pegaso con pescado y matrícula de Tarragona que iba a Bilbao vio pinchadas sus seis ruedas. Después, enumeraba el seguimiento de las protestas en Tubacex de Amurrio y en Villosa (Guardian) de Llodio. Mencionaba también una firma llamada “Embases metálicos”, con una flagrante falta de ortografía. Después, aludían a propaganda interceptada, buscando el “boicot” de “bares, cines, prensa, etc.” de cara a hacer exitosa la huelga general del día siguiente. También se hablaba de la “solidaridad” de parte del personal educativo y de una asamblea de 300 obreros “de ambos sexos” en una iglesia de Salvatierra-Agurain. Finalmente, describía que “sobre las 18.30 horas” del orden de “600 mujeres” salieron de la iglesia de Belén de Zaramaga e “iniciaron una marcha” hacia Forjas Alavesas. A las 19.00 horas, otras 150 mujeres se colocaron delante de la factoría de Gabilondo. No hubo “incidentes”, según la Guardia Civil.

El otro documento es del Gobierno Civil, que probablemente había recibido ya los reportes de las brigadas de Información, en los que aparece como destinatario. En una nota, se indica que es conocedor de que “mañana, miércoles, día 3” hay “grupos” que pretendían “organizar manifestaciones no autorizadas, por vías públicas de esta ciudad de Vitoria, atentatorias a las más elementales normas de libertad de circulación”. Y también que se preveía “la realización de otros actos que pueden engendrar conductas socialmente reprobables”. “Se advierte de la ilicitud de dichos actos, así como del criterio y propósito de este centro, velando por el mantenimiento del orden público y paz ciudadana, de adoptar las medidas reglamentarias oportunas para prevenir y, en su caso, reprimir, con todo rigor, las antisociales conductas de referencia, haciendo un llamamiento a los promotores e incitadores, de la gran responsabilidad que pesa sobre los mismos, a fin de que reconsideren sus instigadoras acciones en aras del buen sentido de que siempre ha hecho gala el pueblo alavés”, se puede leer en el papel, custodiado por el Archivo de Álava.

Miércoles de ceniza

Para la reconstrucción documental del día de autos, se ha recurrido al memorando elaborado por el Parlamento Vasco en 2008. Allí se expone, de entrada, que “la tercera jornada de huelga general convocada para el 3 de marzo tampoco se caracterizó por la violencia”. Fueron paros “de general seguimiento” en los diferentes sectores y de fuerte presencia policial. La “tensión social” venía acumulándose durante siete semanas y las “dificultades” económicas se empiezan a sentir en los bolsillos de los huelguistas. Había, eso sí, expresiones de solidaridad e incluso repreresentantes de fuera de Vitoria presentes en la ciudad. Las autoridades “reclamaron más fuerzas policiales” para controlar la situación. Y se pusieron en marcha desde Valladolid, a 240 kilómetros.

La jornada matinal fue muy movida. Hubo una asamblea obrera en la iglesia de Los Ángeles y la Policía Armada “instó al desalojo”. Los 'grises' entraron en otro templo, en el de Desamparadas, en el centro. “Intervino contra las columnas de manifestantes que desde los polígonos industriales del norte y del sur confluían hacia el centro de la ciudad”, se destaca también.

Hacia las 11.00 horas hubo cargas en la Avenida del Generalísimo (rebautizada después como Gasteiz). Los policías ya emplearon “fuego real” y se registraron “varios heridos de bala”. Una de ellas fue una mujer que estaba en su casa. Los huelguistas llenaron la ciudad de barricadas. “La ciudad se encontraba para después del mediodía totalmente colapsada en su tránsito rodado”, concluye el memorando.

Eso sí, hacia las 14.30 horas se produjo una tregua: “Obreros y policías se retiraron de las calles” y fueron a comer. La hora de retomar la actividad era las 17.00 horas, el momento de la asamblea en San Francisco de Asís, en Zaramaga. Era un singular templo católico diseñado por Luis Peña-Ganchegui de planta cuadrada y con un formato interior tal que permitía reuniones muy numerosas. Acumulaba 17 asambleas de trabajadores hasta ese día.

A las 16.45 horas, el recinto ya estaba lleno. No eran solamente huelguistas sino también personas mayores o jóvenes. Era un encuentro perfectamente pacífico. Muchas de las que quisieron participar se quedaron fuera sin poder hacerlo. “Se calcula que dentro de la iglesia habría unas 4.000 personas y otras tantas afuera”, estiman los expertos.

A las 16.45 horas ya se personó la Policía Armada. Y sobre las 17.10 horas, “después de haber establecido un cordón para impedir la llegada a la iglesia de más obreros, la Policía Armada recibió la orden de desalojar”. Muchas personas pudieron oír las conversaciones de la emisora policial por receptores ordinarios de FM. Uno de los mensajes que se escucharon fue el siguiente: o se hacía “por las buenas” o, de lo contrario, los uniformados lo harían “a palo limpio”. Un mando buscó que el párroco le ayudara a ejecutar la directriz, pero el religioso no veía ningún problema de seguridad que lo justificara. Al parecer, se le mostró una orden del Gobierno Civil.

La Policía no tuvo contemplaciones e inició el asalto lanzando botes de humo lacrimógenos. “Ello provocó el pánico” en un primer momento. Hubo una estampida en la salida y los antidisturbios esperaban allí para golpear a los asambleístas. Otros rompieron los ojos de buey que rodean todo el edificio para escapar por allí. Entonces ―y no antes― las personas que estaban fuera empezaron a arrojar objetos a los agentes para cambiar la dirección del ataque y que pudieran salir los miles atrapados dentro de San Francisco de Asís. “No se sostiene la versión de que los obreros fueran armados de ningún tipo de recurso previo. Sólo se puede acreditar que utilizaron improvisadamente lo existente en las inmediaciones”, indica el memorando sobre los hechos. Vecinos de la calle de Fermín Lasuen llegaron a tirar sus tiestos con los mismos fines.

Agotados los materiales antidisturbios, la Policía Armada recurrió a armas de fuego para continuar con las cargas. El saldo: cinco fallecidos, 41 heridos de bala ―se hablaba de 42 pero en los listados hay un nombre repetido―, unos 47 ingresados y otros 30 atendidos con heridas más leves. Los agentes llegaron a cargar en las Urgencias del hospital de Santiago mientras se hacía el triaje a los heridos. El personal elaboró una nota de protesta que apareció el 5 de marzo en el periódico local 'Norte Exprés'.

Hubo 150 detenidos esa tarde-noche. Un abogado laboralista que apoyaba a los huelguistas recuerda que un amigo suyo fue arrestado solamente por tener divisas extranjeras y sellos de diferentes países en su pasaporte. Se le creía un espía pero, en verdad, era una transportista. Fue “molido a palos”. Los líderes sindicales Jesús Fernández Naves e Imanol Olabarria fueron acusados de “sedición” y encarcelados Emilio Alonso, Juan José San Sebastián, Iñaki Martín Echezarra y Alberto Martínez de Lahidalga.

28 'grises' acabaron con lesiones, y tres fueron hospitalizados. A las 21.00 horas está acreditado que se lanzó un artefacto incendiario a la comisaría del Cuerpo General de Policía, con un inspector herido de gravedad. Es otro cuerpo diferente a la Policía Armada y sus dependencias estaban en Olaguíbel, las que ahora utiliza la Policía Nacional.

Las grabaciones en 'cassette'

Uno de los materiales más conocidos del 3 de marzo de 1976 son las conversaciones entre los agentes actuantes por la emisora interna. Varios testigos refieren que los transistores con FM pudieron captarlas. Hubo quien las grabó en 'cassette' y aquel material pasó a la historia como una prueba fehaciente de lo sucedido.

–Procedan a desalojar la iglesia. Cambio.

–Desalojen la iglesia como sea. Cambio.

–Está repleta de tíos. Por fuera estamos rodeados de personas. Vamos a tener que emplear las armas. Cambio.

–Sacarlos como sea. Cambio.

–A ver, ¿ese fuego qué ha sido? ¿Tiro al aire? Cambio.

–De momento de los nuestros no hay ninguno [herido]. Cambio.

–Bueno, está bien, está bien.

–¿Qué tal está el asunto por ahí? Cambio.

–Se puede figurar. Después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Franscisco, ya me contará cómo está toda la calle y cómo está todo. Cambio.

–Pero, vamos a ver, ¿en este momento seguís cargando y seguís con lío? Cambio.

–No, en este momento no. Cambio.

–Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio.

–Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.

–Aquí ha habido una masacre. Cambio.

–De acuerdo. De acuerdo. Cambio.

–Muy bien, pero de verdad una masacre.

El máximo mando policial responsable de la carga se llamaba Jesús Quintana Saracíbar, de 35 años. Tenía rango de capitán en la Policía Armada. Desde su residencia en Granada, no quiso responder a este periódico hace diez años. El gobernador civil era Rafael Landín. Dio la orden de movilizar a la compañía de Vitoria y a una unidad de reserva de Miranda de Ebro en Zaramaga. Después, a partir de las 18.00 horas, se les unió otra brigada de reserva de Valladolid. El ministro del Interior era Manuel Fraga, que antes había estado en Gobiernos de la dictadura y que luego fue fundador del PP y presidente de Galicia. El aún vivo Rodolfo Martín Villa era el ministro de Relaciones Sindicales. Carlos Arias Navarro era el presidente del Gobierno.

Los papeles desclasificados de la CIA

Los archivos de la CIA tienen dos informes referidos a los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976. El primero es el “National Inteligence Bulletin” del 5 de marzo, desclasificado ya en 2007. Dentro del apartado relativo a “Spain”, los espías estadounidenses apuntan a “manifestaciones y huelgas” en las provincias vascas “en protesta de los choques violentos del miércoles entre la Policía y los trabajadores en huelga de la ciudad de Vitoria”. Según la CIA, “la violencia en Vitoria” de aquel miércoles fue “la peor desde que Juan Carlos se convirtió en rey” de España.

“El Gobierno Civil de la provincia había avisado de que las protestas eran ilegales e insistió en que la Policía sólo abrió fuego en defensa propia. Tres manifestantes fueron asesinados ['killed', en el original] y de 50 a 100 personas heridas”, añade el reporte. “Las muertes pueden haber proporcionado los mártires buscados por parte de la oposición de izquierdas. Los grupos políticos y sindicales clandestinos vascos habían llamado el lunes a la huelga general, mientras en Madrid el ilegal Partido Socialista emitió un comunicado diciendo que nada ha cambiado en lo sustancial en la España después de Franco a pesar de las promesas reformistas del nuevo Gobierno”, agregaban.

Según la CIA, las autoridades de Vitoria (a las que se refiere como 'local officials') rechazaban la violencia de los huelguistas pero también expresaban dudas sobre los “métodos” empleados para “garantizar el orden público” por parte del Estado. “Decidieron pedir una audiencia urgente con el 'primer ministro' [Carlos] Arias [Navarro] y con el ministro del Interior [Manuel] Fraga”, sostiene Estados Unidos. Y concluyen sobre Fraga: “Madrid, indubitadamente, tratará de calmar la situación. Pero el ministro del Interior caminará sobre la cuerda floja entre su deseo de no retrasar las reformas prometidas y sus declaraciones de que no tolerará el desorden en las calles”.

La CIA sostuvo, igualmente, citando a “cuatro” fuentes “muy cercanas” al ministro Fraga, que iba a pagar “algún tipo de precio político por lo de Vitoria”. Esta referencia aparece en el segundo de los documentos. Está fechado el 12 de marzo de 1976. Tiene el sello de “secreto”.

La situación en Vitoria figura en la página séptima de este informe, bajo un epígrafe titulado “Spain: Government under pressure”. Arrancaba con la constatación de que se había rebajado sustancialmente el nivel de “violencia” registrado en las provincias vascas en las jornadas anteriores. Eso sí, se insiste en que fue el “más serio” episodio ocurrido en España “después de que el nuevo Gobierno se constituyera en diciembre” de 1975.

La CIA compró buena parte de las explicaciones del régimen español y sostenía que “pequeños grupos extremistas” se habían infiltrado entre los obreros locales y “fueron probablemente los principales instigadores de la violencia”. “La Policía, finalmente, restituyó el orden en Vitoria, pero la confrontación provocó manifestaciones y huelgas en toda la región vasca”, cree la agencia de espionaje, que cifró en 300.000 las personas que salieron a la calle esos días, las movilizaciones sociales más importantes “desde la Guerra Civil”.

El recorrido judicial

El 4 de marzo de 1976 el titular del juzgado de Instrucción 2 de Vitoria, José Antonio Jiménez-Alfaro y Giralt, incoó diligencias previas por el fallecimiento de Romualdo Barroso. En la autopsia se encontraron “orificios causados por proyectil”. Sin embargo, días después el magistrado se inhibió en favor de la jurisdicción militar, aunque con el criterio contrario de la Fiscalía. Alegaba que no se podía dar por hecho que los disparos hubiesen sido causados por funcionarios. Así, el 15 de mayo se reabrió el sumario en Vitoria, con citación al comisario-jefe del Cuerpo General de Policía y al capitán de la Policía Armada, Quintana Saracíbar. “No nos quedó más remedio que disparar”, se excusó el segundo.

Al lanzarse acusaciones de “sedición” a los sindicalistas, se derivó el asunto al denominado Tribunal de Orden Público, el equivalente a la Audiencia Nacional actual. Sin embargo, de allí saltó de nuevo a la jurisdicción militar por ser los autores de los disparos agentes del orden. Se designó como sala de Instrucción un juzgado militar “eventual” de Vitoria. La causa, con código 39/1977, quedó “sobreseída” por la “imposibilidad de identificar a los responsables”, aunque se asumió que habían cometido un delito de “lesiones” u “homicidio”, indica el memorando que aprobó el Parlamento Vasco.

Las víctimas, años después, interpusieron una querella criminal contra el gobernador civil y contra el capitán de la Policía Armada. La Audiencia Provincial de Álava la cerró por haber sido el asunto revisado en la vía militar. El asunto llegó al Tribunal Constitucional, aunque en 2003 inadmitió los recursos de amparo para abrir una causa. Se ha intentado también la opción de que, desde Argentina, se realizase un proceso con base en la jurisdicción internacional. Una magistrada de Buenos Aires, María Servini, llegó a dictar una orden de extradición del exministro Martín Villa.

En una conferencia ofrecida en 2022, el exministro calificó de “espectáculo” el proceso argentino, aunque admitió que “pudo” ser el “responsable político e incluso penal” del 3 de marzo de 1976 de Vitoria, pero niega que existiera un “plan” para “aterrorizar” a la ciudadanía. Martín Villa tiene comprometida una entrevista con Radio Vitoria que será emitida el mismo día del quincuagésimo aniversario.

GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) ha reivindicado el ataque vandálico cometido este sábado contra un busto del difunto Manuel Fraga sito en la localidad lucense de Vilalba, de la que era natural. En un vídeo difundido en redes sociales, se aprecia a tres miembros arrojando pintura roja contra la estatua del que fuera ministro con Franco y más adelante vicepresidente del Gobierno de España y presidente de la Xunta de Galicia.

GKS lo acusa de ser “uno de los principales responsables del asesinato de cinco trabajadores el 3 de marzo”. En 1976 -apenas faltan unos pocos días para que se cumpla el quincuagésimo aniversario-, la Policía Armada todavía franquista acribilló a tiros una asamblea obrera que se celebraba en una iglesia de Vitoria, sumida en una oleada de huelgas, con el resultado de cinco huelguistas muertos y decenas de heridos.

GKS se queja de que el busto en honor a Fraga se mantiene. “¡La lucha por el 3 de marzo no ha terminado!”, proclaman. En el momento de los hechos de 1976, Fraga era, además de vicepresidente, ministro de Gobernación. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha compartido a través de las redes sociales una imagen del busto vandalizado. “No respetan los símbolos. No respetan a un presidente que consiguió cuatro mayorías absolultas de todos los gallegos. No respetan más que a su propio sectarismo”, ha escrito, en gallego.

Sería maravilloso poder usar una ouija para invocar al espíritu de la Transición española. Estoy seguro de que su respuesta a la pregunta de si es democrático y conveniente pactar con EH Bildu, el vaso sobre nuestro tablero se iría primero a la ‘s’ y luego a la ‘i’: “Sí”. Ya sé que no es una opinión demasiado popular entre gente de orden, como Felipe González. “Ni de broma pactaría con Bildu”, dijo el otro día.  Las palabras de González son llamativas, y preocupantes, viniendo de alguien que vivió aquello. Él y muchos otros han olvidado qué fue el espíritu de la Transición: acoger en el redil democrático a quien en el pasado fue no solo rival, sino también enemigo. ¿Acaso Euskadi no merece su Transición?

La derecha y el 'extremo centro postsocialista' –o sea, la derecha– se llenan constantemente la boca con ‘la grandeza del espíritu de la Transición’ que permitió que España dejara atrás la dictadura. Ponen de ejemplo la generosidad del entonces presidente Adolfo Suárez legalizando el Partido Comunista (un trágala tan inconcebible entonces para algunos estamentos del poder como lo es ahora para González, y la derecha en general, pactar con EH Bildu).

Los del cordón sanitario a EH Bildu olvidan que en los años 70 se pudo pasar página de la dictadura gracias –entre otras cosas– a que la sociedad española transigió en que la derecha franquista se organizase políticamente para participar en la democracia. Ya sabemos qué fue la dictadura: asesinatos, torturas, detenciones ilegales y represión de todo tipo, religiosa, lingüística, cultural… Pero el país decidió –con grandeza– mirar al futuro y pasar por alto el pasado franquista de decenas de dirigentes, directivos y directores con las manos manchadas de sangre y bien asentados en las estructuras de poder. Esa ‘grandeza del espíritu de la Transición’, tan elogiada, es la que ahora el PP es incapaz de demostrar hacia la coalición EH Bildu.

Digamos algo provocativo. Algo como que Manuel Fraga, fundador del PP, fue ‘el Otegi del franquismo’. Veamos: en 1976, Fraga creó Alianza Popular, el partido del que nació el actual PP. Fraga tenía 53 años y venía de ser muchas cosas, entre otras, ministro de Franco durante siete años. Llevaba más de dos décadas al servicio de la dictadura cuando, también en 1976, prohibió las manifestaciones de la izquierda en el Primero de Mayo, dijo aquello de “la calle es mía”. Típica frase de demócrata de toda la vida, ya saben. En la dictadura, y en sus estertores, la policía mataba a manifestantes, había ejecuciones sin garantías judiciales y sucedían misteriosos fallecimientos entre detenidos. Incluso cuando Franco ya había muerto, el franquismo seguía vivo. 

EH Bildu es una coalición. Lo recalco porque el PP también lo fue. En el principal partido de la derecha española hubo herederos del régimen franquista, pero también se sumaron otras sensibilidades políticas democráticas y antifranquistas: liberales, democristianos, regionalistas.... Entre 1982 y 1987 existió la llamada ‘Coalición Popular’, integrada por Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular, el Partido Liberal, Unión Valenciana, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Aragonés Regionalista y los Centristas de Galicia.

Pasa lo mismo ahora con la coalición independentista EH Bildu. Fue fundada en 2012 por Sortu –el partido directamente heredero de Batasuna, el brazo político de la banda terrorista ETA– pero también por partidos socialdemócratas, ecofeministas y socialistas, como Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar. Estos tres últimos partidos siempre rechazaron la violencia de ETA y apostaron por vías exclusivamente políticas y pacíficas. Esto es algo que el PP y Vox intentan borrar con un brochazo gordo, llamándolo a todo “Bildu” y equiparándolo con ETA. Si es injusto decir que el PP es franquista, es injusto decir que EH Bildu es etarra.

Pero volvamos al ‘Otegi del franquismo’, a Manuel Fraga. Fue presidente de AP y luego del PP entre 1979 y 1990. En todos esos años siempre existió una minoría de extrema derecha en el PP, un grupúsculo que quedó difuminado y apaciguado al recuperar, ahora desde la democracia, espacios de poder que había ocupado durante la dictadura. Fraga consiguió que esa extrema derecha –que en 2013 se escindió formando Vox– pasara por el aro democrático: exactamente lo mismo se puede decir de Otegi respecto a Batasuna y Sortu. Ni Fraga ni Otegi, ambos conversos a la democracia –quizá por interés personal, sin duda por interés colectivo– son santos de la devoción de quienes siempre, y no solo cuando conviene, hemos defendido los derechos humanos. 

Pueden ser personajes molestos, pero fueron capaces de evolucionar y jugaron un papel clave en la historia. Hecha su labor, ambos deberían haber tenido la vergüenza, la cortesía y el sentido común de retirarse a un segundo plano. Pero Fraga gozó de una larga vida política en democracia. Lejos de esconderse, fue presidente de Galicia hasta 2006 –cuando fue sucedido por un tal Alberto Núñez Feijóo– y senador hasta septiembre de 2011, pocos meses antes de morir. Si al exministro de una dictadura bañada en sangre y sufrimiento se le permitió esa segunda vida política, a los demócratas no nos queda más remedio, por mucho que nos moleste, que permitir a Otegi –correa de trasmisión de una banda terrorista bañada en sangre y sufrimiento– el protagonismo que su partido, y sus votantes, decidan darle. ¡Es el espíritu de la Transición, amigos!

Los asesinatos, las torturas y las detenciones ilegales caracterizaron por igual, al franquismo y a ETA. Ninguno de esos crímenes, tampoco los que perpetró el GAL, tienen justificación. Esas atrocidades no merecen ni olvido ni perdón. Pero la sociedad sí merece mirar hacia adelante; sin olvidar el miedo, el dolor y el sufrimiento de las víctimas.

Suele decirse que ETA fue el último vestigio del franquismo. Por eso, hasta que ETA no dejó de matar –hace ya tres lustros– y decidió luego disolverse –hace ocho años– no comenzó la Transición en Euskadi. Una Transición para la que está siendo necesaria, por parte de los partidos políticos y de la sociedad vasca, la misma generosidad que reinó en el resto de España desde mediados de los años 70. Una generosidad y una grandeza de la que el PP, insisto, es incapaz. 

Cualquier demócrata prefiere que los herederos políticos de Franco y de ETA estén integrados en partidos legales, que acepten las reglas del juego democrático. ¡Vivan los demócratas conversos de última hora! Siempre es mejor eso que seguir matando, secuestrando y torturando. Si, en cambio, uno prefiere que esos herederos conversos estén en otro sitio –en la cárcel o muertos– entonces simplemente no es un demócrata.

“Un escaño de Bildu, Txeroki y ETA manda más que uno del PP”. Esta es una de tantas declaraciones de dirigentes del PP –esta en concreto es de Isabel Díaz Ayuso– sobre los acuerdos políticos entre el Gobierno de Sánchez y la coalición EH Bildu. Es un mantra de la derecha: al pactar con EH Bildu –o recibir su apoyo parlamentario– Sánchez y el PSOE están pactando con los herederos de la banda terrorista.  

Es llamativo cómo la derecha española (tanto la política como la mediática) ha conseguido que muchos ciudadanos asuman como normal y democrático que el PP pacte con Vox, un partido que no solo no condena la dictadura, sino que la ensalza en cuanto puede. Parece que nadie, entre los muy demócratas dirigentes del PP, se escandaliza cuando su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, llama a Vox “partido hermano”. ¿Qué pasaría si cualquier dirigente de la izquierda española llamase a EH Bildu “partido hermano”? Si el PSOE, Sumar o cualquier otro partido pacta con EH Bildu, o recibe su apoyo parlamentario, se convierten automáticamente –por contagio inmediato e irreversible– en apestados terroristas cómplices de ETA. Para la derecha, Euskadi no tiene derecho a pasar página. 

Lo cierto es que durante unos años, antes de existir el PP y EH Bildu, tanto el fundador del PP como el de EH Bildu apoyaron, justificaron y exculparon la violencia, franquista uno, etarra el otro. Lo cierto es que ETA y el franquismo fueron derrotados gracias a la lucha de la sociedad y del Estado de derecho. ETA, en particular, gracias también a la lucha de los concejales del PP y del PSOE asesinados vilmente por la banda terrorista. La memoria de esas víctimas nunca dejará de guiar nuestra democracia. 

Pero si el franquismo, primero, y ETA, después, fueron derrotados, fue también, aunque nos duela reconocerlo, gracias en parte al papel necesario jugado por Manuel Fraga y Arnaldo Otegi. Estuvo bien que los franquistas de origen entrasen en el juego democrático. Está bien que en el siglo XXI lo hayan hecho también los abertzales. Si al PP y a Vox de verdad les importara España, tendrían la altura de miras y la generosidad necesarias para pasar página en Euskadi. Entonces sí serían fieles a ese ‘espíritu de la Transición’ con el que se llenan la boca un día sí y otro también. 

Con ETA todavía activa, en 1999 el presidente del PP, José María Aznar, definió a la banda terrorista y su entorno como Movimiento Liberación Nacional Vasco. Tras el fin de los atentados, hubo un tiempo en que el PP defendía pactar con EH Bildu, aunque los crímenes de ETA estaban más recientes. “No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie [...]. Ojalá cundiese el ejemplo”, dijo en 2013 Javier Maroto, tras pactar con Bildu. El PP de Euskadi, que tiene algo más claro el nuevo tiempo que vive el país, todavía pacta de vez en cuando con los abertzales diferentes iniciativas políticas. Es algo que la derecha mediática y Génova silencian por sistema. No interesa que se sepa. 

Es descorazonador comprobar cómo, respecto a su postura sobre EH Bildu y en tantos otros temas, el PP de Feijóo y Ayuso ha involucionado y ha arrastrado en esa involución a votantes, periodistas y analistas que en el pasado fueron moderados. En realidad, la 'línea roja' del PP respecto a EH Bildu es pura hipocresía. Simplemente, el PP ha preferido usar a EH Bildu para desgastar a Sánchez antes que contribuir a normalizar la vida política en Euskadi. Eso es lo mucho que en Génova les importan el País Vasco y las víctimas. Porque hace falta grandeza y generosidad para aceptar a EH Bildu como un partido político más. Sí, es un partido democrático que nació con un pecado original; pero es el mismo pecado original con el que nacieron primero el PP y luego Vox.

Víctimas del franquismo de la comarca de A Coruña han presentado este miércoles un manifiesto en el que vuelven a exigir a la diputación provincial y a los ayuntamientos de la ciudad y de Betanzos la retirada de distinciones a Manuel Fraga Iribarne, exministro franquista y después presidente de la Xunta de Galicia. Lo hacen amparados en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, cuyo artículo 40 dice “las administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones a la entrada en vigor de esta ley que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”. Fue sin duda el caso de Fraga Iribarne en el momento en el que recibió las honras mencionadas.

La Deputación da Coruña lo nombró Hijo Adoptivo de la provincia en 1965. El Ayuntamiento de Betanzos le otorgó su Medalla de Plata en 1966 y puso su nombre a una avenida. El de A Coruña lo hizo Hijo Adoptivo en 1968. Durante esos años, Manuel Fraga ejercía como ministro de Información y Turismo de la dictadura de Francisco Franco. Entre otros actos ominosos, se encargó de recubrir de propaganda el fusilamiento en 1963 del dirigente comunista Julián Grimau. “Ningún ministro de Franco puede seguir manteniendo distinciones honoríficas por los servicios prestados a una dictadura criminal”, sostiene el manifiesto promovido por ex presos políticos, que la ONU definía así en 1946: “En naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.

El colectivo recuerda que otros consistorios -citan Ferrol, Cedeira, Cambados y Cariño- ya han retirado nombres de calles y distinciones a Fraga y asegura que pedirán a los grupos municipales de A Coruña y Betanzos -Partido Socialista, PP y BNG- y a los de la diputación -los mismos y Alternativa dos Veciños- que hagan lo propio. “El acuerdo político de PSOE y BNG para los presupuestos municipales de 2026 en A Coruña”, añade, “incluye la aplicación de la Ley de Memoria Democrática”.

El manifiesto lo firman 45 víctimas del franquismo de la comarca de A Coruña, unas 60 asociaciones y un centenar de profesionales, entre ellos los escritores Manuel Rivas y Antón Reixa, el exdiputado socialista Francisco Cerviño, la exdiputada del BNG Ana Luísa Bouza o la ex concejala de Marea Atlántica Rocío Fraga.

El Ayuntamiento de Fraga está investigando una denuncia presentada por un exagente de la Policía Local contra la concejala de esta área, Verónica Alins, por pedir supuestamente que quitaran una multa a su marido. El PSOE ya ha pedido la dimisión de la edil, que es también teniente de alcalde en el equipo de gobierno.

Los hechos, que han sido adelantados por el diario Segre, habrían sucedido el 31 de agosto de 2023, apenas dos meses después de que fuera investida la nueva corporación. En las elecciones celebradas en mayo de ese año, el PP obtuvo la mayoría absoluta y desde entonces es alcalde Ignacio Gramún.

El Consistorio confirma la información y asegura en un comunicado que abrió “una investigación” en el momento que “se tuvo conocimiento de estos supuestos hechos a primeros de este mes”, unas pesquisas con las que busca “esclarecer la naturaleza exacta de los hechos y sus eventuales impliaciones legales”. El equipo de gobierno no ha tomado por ahora ninguna medida provisional contra la edil.

Según la mencionada denuncia, presentada en el portal de transparencia del Consistorio este 8 de septiembre, el agente de la Policía Local recibió en su teléfono móvil una “solicitud” de la edil por mensaje de texto. En él le pedía hacer “caso omiso” de un procedimiento sancionador abierto a un camión que había incumplido una señalización de tráfico que prohíbe estacionar estos vehículos en el casco urbanos. Siempre según el escrito presentado por el profesional, Alins justificó su petición en que el vehículo pertenecía precisamente a su marido.

La concejala, de hecho, reclamaba que “dicha información fuera trasladada a los agentes del turno de noche para que también obviaran el realizar cualquier actuación relacionada con esa infracción”, publica el Segre. Como apunta el policía en el escrito, tiene “bajo custodia las pruebas de la manifestación”.

El agente indica en su denuncia que los hechos descritos “pueden constituir un supuesto ilícito penal”, puesto que la concejala de Policía Local “podría estar aprovechando su posición o relación para ejercer una influencia indebida sobre un funcionario público o una autoridad” con el objetivo de “obtener un beneficio económico o de otro tipo para sí misma o para un tercero”.

Ahora el Ayuntamiento tiene ante sí la posibilidad de abrir una vía administrativa o decantarse por la penal, para lo que tendría que dar traslado de la denuncia a los juzgados.

“Debe ser cesada”

La reacción de la oposición en el Ayuntamiento no se ha hecho esperar. El portavoz del PSOE, Ramón Salamó, ha exigido la “dimisión inmediata” de la teniente de alcalde. “De no ser así, el alcalde Ignacio Gramún debe cesarla. No podemos permitir que una persona manche, con su actitud, el trabajo que realizamos el resto de concejales del Consistorio”, indica Salamó.

Lo que aparece en la denuncia, valora el edil, apunta a un “presunto abuso de poder”. “La señora Alins no puede continuar ni un minuto más en el equipo de gobierno, debe ser cesada de todas sus responsabilidades. Es extremadamente preocupante que presuntamente haya intentado utilizar su posición para beneficiar a un familiar”, añade el portavoz socialista.

Salamó considera a su vez que “el alcalde también debe dar explicaciones”. “Como máximo responsable del equipo de gobierno, y tratándose de unos hechos que parece ser ocurrieron en 2023, tiene que aclarar si tenía o no conocimiento de ellos. Si no lo sabía, demuestra poco interés por el funcionamiento del ayuntamiento, y si lo sabía, ha mirado para otro lado y mantenido en el puesto durante dos años a una persona que presuntamente podría haber incurrido en delito según se desprende de la información que se ha hecho pública hoy”, manifiesta.

Han pasado 42 años, pero algunas ideas permanecen. Las derechas tumbaron esta semana el proyecto del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y usaron algunos de los mismos argumentos con los que el PP (entonces AP) intentó frenar en 1983 la jornada de 40 horas: el riesgo de desempleo, la destrucción de empresas o de la negociación colectiva también alimentaron entonces las excusas de la derecha para oponerse a mejorar los derechos de los trabajadores. 

A comienzos de 1983, el Partido Socialista de Felipe González acababa de llegar al poder por primera vez y con su holgada mayoría de 202 diputados en el Congreso empezaba a impulsar las primeras medidas de su programa electoral. En febrero, aprobó en Consejo de Ministros la fijación de la jornada laboral en 40 horas. Se trataba de una reducción respecto a las 43 horas semanales vigentes desde los 80 (42 horas en caso de jornadas continuas).

Como ahora, aquella medida también contó con una férrea oposición de la patronal, tal y como recogía ABC en aquellos días: “La filosofía de la CEOE en este sentido es que si los asalariados trabajan menos, cobren menos, para que así colaboren en el sacrificio que se pide a todos para crear empleos”.

Aquel espíritu de la patronal también se trasladó al Congreso de los Diputados. La Coalición Popular, liderada por el exministro franquista Manuel Fraga, impulsó una enmienda a la totalidad para devolver el proyecto al Gobierno, tal y como hicieron PP, Vox y Junts este año con la ley de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Aquel intento de tumbar la reforma fracasó frente a la infranqueable mayoría absoluta socialista, pero el debate quedó registrado en el diario de sesiones y permite comprobar que los argumentos que la derecha usaba en aquel momento apenas han variado cuatro décadas más tarde. 

“No somos contrarios a la reducción de la jornada”

“Que todo el mundo tenga claro que Junts per Catalunya no somos contrarios a la reducción de la jornada laboral. Estamos a favor de la mejora de los tiempos de trabajo, un concepto mucho más amplio”. La frase la pronunció durante el debate de totalidad este miércoles el diputado independentista Josep Maria Cervera. El PP, en voz de su portavoz económico, Juan Bravo, defendió una idea parecida. “Algunos intentarán utilizar nuestra posición y dirán que el Partido Popular está en contra de la reducción de la jornada. No, estamos en contra de su forma de hacer, de no trabajar para mejorar la vida”, dijo desde la tribuna. 

Un viaje en la máquina del tiempo al 8 de marzo de 1983. Quien había sido ministro franquista, Fernando Suárez González, defendió desde las filas de la Coalición Popular, en ese mismo hemiciclo la enmienda a la totalidad de su grupo contra la reducción de jornada a 40 horas: “Estamos negando que esta sea una batalla legislativa en la que unos pretenden conseguir mayor descanso para los trabajadores y otros se oponen a ello porque están contra el progreso o porque carecen de sensibilidad social. Ese sería un planteamiento anacrónico, correspondiente acaso a visiones de hace setenta u ochenta años, pero absolutamente ajeno a la realidad”.

“Un duro golpe para el empleo”

Tanto el PP, como Vox y Junts agitaron el miedo a los efectos que la reducción de la jornada puede tener en el empleo o en la economía. Así lo estableció en su intervención Bravo. “De aplicarse tal y como ustedes plantean, supondrá un duro golpe para el empleo, para los propios trabajadores y para las empresas”, dijo el diputado del PP. “Esta norma no afectará a aquellos empleados que tengan un convenio inferior a las 40 horas, pero sí afectará a muchos otros que, desgraciadamente, señora ministra, pasarán de trabajar 40 horas a trabajar cero. Y eso es lo que ustedes van a provocar: la destrucción de empleos en España y la precarización de los empleos actuales”, arguyó el diputado de extrema derecha José María Figaredo. 

En abril de 1983, la jornada de 40 horas avanzaba en el Congreso con paso firme. El grupo popular, en el debate del dictamen, en el Pleno, desconfiaba de las posibilidades de aquella ley para crear empleo tal y como argumentaba el PSOE, que consideraba que la reducción de horas fomentaría el empleo en un contexto de paro muy elevado. “Nuestro grupo entiende que no es este el mejor camino de crear puestos de trabajo: desconfiamos absolutamente de que esto se pueda producir. [...] En un momento de profunda preocupación -como es el que está sufriendo el colectivo económico y social por algo básico: porque estamos asolados por un profundo paro, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional-, éramos partidarios de no añadir nuevos criterios que aumentaran la incertidumbre”, sostenía el diputado Enrique González Vaello. 

“La destrucción del bienestar de los españoles”

La extrema derecha fue especialmente beligerante en el debate del pasado miércoles y llegó a vaticinar incluso la destrucción del bienestar de los españoles. “Los trabajadores españoles ya saben que ustedes solo traen humo, solo traen mentiras, solo traen engaños que al final son una pantomima que termina en la destrucción del bienestar de los españoles”, dijo. 

En 1983, según recogen los diarios de sesiones de aquella tramitación, el tono parlamentario era más sosegado, pero el contenido similar al del discurso de Vox. “Aquí se está proponiendo trabajar menos y ganar lo mismo o más, y eso incrementará inevitablemente los costes, repercutirá en los precios, disminuirá todavía más la competitividad, aumentará la crisis, y con la crisis, el desempleo que se está tratando de evitar”, vaticinaba el exministro franquista. En el debate del Senado, el diputado del grupo popular Ignacio Martín Amaro, sugería una mejora del proyecto con sus enmiendas para evitar “más cierres de empresas, más regulaciones de plantillas, nuevos despidos acogidos al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores…”. “Y sin querer ser agorero, más paro”, zanjaba. 

“Hacen creer que es la solución a las necesidades de los trabajadores”

Uno de los argumentos que ha esgrimido Junts en los últimos meses para oponerse a esta reforma es que los trabajadores no están pidiendo trabajar menos, más bien lo contrario para incrementar sus ganancias. “Estamos aquí porque ustedes han trasladado la necesidad de la reducción de la jornada a las calles, haciendo creer que es la solución a las necesidades de los trabajadores. Nada más lejos de la realidad, (...) las prioridades de los trabajadores que, por encima de todo, lo que quieren es estabilidad y sueldos dignos”, dijo el diputado Cervera en la tribuna el miércoles. 

Una música muy parecida a la de Fernando Suárez en su defensa de la enmienda a la totalidad al proyecto en marzo del 83: “No es verdad que esta Ley sea indispensable, lo sabe perfectamente el señor Chaves. Puede que lo fuera cuando el Gobierno, cumpliendo su promesa, la envió; puede ser. Pero como tardaron tanto en tramitarla, las partes, los interlocutores sociales se han adelantado al señor Ministro de Trabajo y ya han hecho innecesaria”. 

“Una de las jornadas europeas más bajas”

Un argumento que se mantiene inmutable en el tiempo, la comparación con Europa. El diputado de Junts recordó que solo Bélgica, con 38, y Francia, con 35, tienen jornadas máximas con menos de 40 horas por ley. “En el resto, es el resultado de la negociación colectiva y el acuerdo entre las partes”, lamentó Cervera el miércoles. 

El diputado de Coalición Popular Juan Molina Cabrera también se mostró preocupado por Europa cuando subió a la tribuna a defender su posición en el trámite final de la ley para la jornada de 40 horas. “Vamos a ir a una de las jornadas europeas más bajas de todo el mundo occidental. Precisamente cuando España se está debatiendo en una profunda crisis económica. (...) Vamos a pasar de 2.006 horas a 1.830 o 1.837, que viene a suponer entre un 7 y un 9 por ciento del coste del trabajo. (...) Los que estamos defendiendo que la economía española vaya adelante vamos a consagrar un derecho adquirido de solo una parte de los españoles, y vamos a olvidar a un colectivo muy importante que lo necesitamos para poder despertar a España de este profundo pozo económico en el que nos encontramos”, recoge el Diario de Sesiones.

La ley es clara. “Las administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones a la entrada en vigor de esta ley”, dice el artículo 40 de la sección segunda de la de Memoria Democrática, aprobada en 2022, “que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”. A ella se remiten los promotores del manifiesto Non queremos a Manuel Fraga como Fillo Adoptivo, un grupo de presos políticos y familiares de presos políticos de la dictadura que presentaron el texto este viernes en A Coruña. Según sus cálculos, dos diputaciones y diez ayuntamientos gallegos mantienen condecoraciones otorgadas durante el franquismo al que fuera ministro y otros cargos del régimen.

Manuel Fraga Iribarne, que nació en Vilalba (Lugo) en 1922 y murió en Madrid en 2012, fue declarado hijo adoptivo de Cervo (Lugo) en 1964; de Santiago de Compostela -donde también tiene la Medalla de Honor- en 1965; y de A Coruña, Verín (Ourense), Pontedeume (A Coruña) y Tui (Pontevedra) en 1968. Recibió además la Medalla de Plata de Betanzos (A Coruña) en 1966 y la de Oro de Lugo en 1970, fue nombrado Hijo Predilecto de Vilalba en 1949 y las provincias de A Coruña y Lugo, entonces regidas por gobernadores civiles, lo honraron en los 60. Además, un colegio de Cariño (A Coruña), lleva su nombre. Los autores del manifiesto mencionan otros honores, pero concedidos ya en democracia, a los que no afectaría la Ley de Memoria Democrática. A la caída la dictadura, Fraga Iribarne fundó, junto a otros exministros franquistas, Alianza Popular, partido antecesor del PP, por este fue presidente de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005.

“Ningún ministro de Franco puede mantener distinciones honoríficas por los servicios prestados a una dictadura criminal”, asegura el manifiesto, “así calificada en la resolución 96 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1946”. “En naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista”, decía el acta. Fraga Iribarne fue ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969 y vicepresidente y ministro de Gobernación en 1975 y 1976, a las órdenes de Arias Navarro y cuando Franco ya había muerto. También ejerció de embajador en Londres y dirigió el Instituto de Estudios Políticos. Los promotores del manifiesto que pide la aplicación de la Ley de Memoria Democrática citaron a José Bergamín, escritor madrileño de la Generación del 27, exiliado tras la Guerra Civil, para definir a Fraga: “En mi vida he visto mucha gente con fama de fascista o que quería profesar el fascismo, pero sólo he conocido dos de verdad: uno fue José Calvo Sotelo, la otra es Manuel Fraga”.

También recordaron varios acuerdos municipales para la retirada de honores a la polémica figura del derechista: en Ferrol en 2019, en Cedeira (A Coruña) en 2020 y en Cariño el pasado febrero -existe una avenida que lleva su nombre. También sucedió en Cambados (Pontevedra) en 1987. Y en A Coruña en 2019, Marea Atlántica, BNG y Partido Socialista pactaron iniciar el expediente para eliminar la declaración de Fraga como Hijo Adoptivo de la ciudad. De momento, la mantiene.

Los autores del manifiesto, al que se han sumado decenas de firmas, son Manuel Lourenzo, Celsa Díaz Cabanela, Nicanor Acosta, Gonzalo Porto, Luis Alonso, José Manuel González Gómez, Manuel Monge, Suso Díaz, Luis Moya Abian, Xosé Abad, Marisol García Juárez y Demetrio Vázquez. “La situación de Fraga, como servidor de una dictadura, es una anomalía en la Europa democrática”, afirmaron en la presentación de este viernes, “¿algún ministro de Hitler o Mussolini conserva calles y distinciones en Alemania o Italia”.

“No nos quieren, ministro, ahí fuera nunca nos han querido. El otro día lo hablaba con Carmen. Ella es aficionada al festival ése de canciones, el que lo dicen todo en francés y en inglés”. Francisco Franco (Luis G. Gámez) pasea con dos acompañantes por el monte tras una cacería que nos retrotrae a La escopeta nacional. “El festival de Eurovisión”, puntualiza el que va vestido como un militar de alta graduación. “¡Ése! ¿Cuántos años llevamos yendo y no ganamos ni con Rafael? Si nos quisieran, ganaríamos alguna vez. ¿O no, Sáez?”. Sáez, el militar, dirige su mirada al tercer interlocutor, el que había defendido con poco éxito que el año anterior España había recibido 15 millones de turistas extranjeros. “Seguro que el ministro lo arregla”. El rostro del ministro, que no es otro que Manuel Fraga, muestra cómo asume la tarea que le acaba de caer encima... y que no tardará en colocar.

Así arranca La canción, la miniserie de Movistar que cuenta cómo 1968 se convirtió en otro Año de la Victoria para el régimen de Franco gracias a Massiel y ese La, la, la compuesto por el Dúo Dinámico que Serrat se negó a cantar en castellano. Pero, tangencialmente, deja otro hito: la que seguramente sea la primera aparición de Fraga, una figura clave durante décadas en la política española —y en la de Galicia— como personaje de una ficción audiovisual. Lo más parecido hasta el momento, el acercamiento a su figura de Iribarne, la obra teatral que arrasó en los últimos premios María Casares, los Max gallegos, en la que todos los actores sobre el escenario llegan a interpretarlo en algún momento.

'Ésa era una de las cosas por las que me molaba el papel. Se han hecho muchas parodias de Fraga pero, que yo sepa, nunca ha aparecido en un drama o en una historia sobre él“. Antes de ser aquel presidente de la Xunta ”tan parodiable“ que recuerda Xosé Antonio Touriñán (Culleredo, A Coruña, 1980), el que abroncaba al cámara que grababa su mensaje de fin de año, presumía de decir verdades ”sin condón“ o mandaba pasar a los antidisturbios tras sufrir un abucheo en público, Manuel Fraga fue un ministro de Franco. Y no uno cualquiera: participó en la firma de sentencias de muerte, trató de convertir en suicidio el asesinato de Enrique Ruano o dirigió la cartera de Gobernación durante la matanza de obreros en Vitoria y la de carlistas en Montejurra. También fue, desde el Ministerio de Información y Turismo, el gran propagandista del régimen, responsable de lemas como los 25 años de paz o el Spain is different, el eslogan con el que abrió el país a esos millones de turistas de los que presumía ante Franco. La ley de prensa de 1966, que contribuía a ese lavado de cara con la eliminación de la censura previa, ha pasado a la historia con su nombre.

“Es un Fraga más joven que el que los gallegos tenemos en la cabeza”. El guionista Pepe Coira (Rábade, Lugo, 1963), recuerda que ésa fue una de las claves a la hora de escribir el personaje. Coira, cocreador de la serie junto a Fran Araújo, con el que ya compuso un galardonado tándem en Rapa o Hierro, se cuidó mucho de adjudicarle al ministro “tics” del presidente de la Xunta, cargo al que llegó con 67 años y abandonó con 82 tras perder la mayoría en las urnas. El Fraga de La canción tiene 45 años —los mismos que Touriñán—, por lo que aún no había desarrollado su característica y oscilante forma de andar.

Ni bamboleo ni campaneo

“El bamboleo no lo tenía, pero sí un caminar hacia delante, con energía”, apunta Coira. “Quise meterle un poco de campaneo, pero el director (Alejandro Marín, nominado al Goya por Te estoy amando locamente) me decía 'no hagas eso'. Intenté colarlo pero me decía 'no, no, no'”, recuerda entre risas Touriñán. Una de las líneas que les marcaron con claridad fue que todos los personajes reales tienen que recordar al original “pero no imitarlo”. Por eso no era tan importante un posible parecido físico como la actitud o la voz, donde el actor capta a la perfección el tono y el acento del ministro. “Lo hizo muy bien, porque conociendo su vis cómica, podía disparar hacia muchos sitios, pero hay un ejercicio de contención, sin perder esa comedia inevitable del factor humano”, sentencia el guionista.

Lo curioso es que esa vis cómica de la que habla Coira es patrimonio casi exclusivo del público gallego, donde Touriñán fue una estrella de la televisión autonómica y rompió todos los récords de taquilla en los teatros con las distintas versiones del espectáculo Somos criminais junto a Carlos Blanco (El caso Asunta, Los años nuevos), el otro gran humorista galaico que, sin embargo, tiene claro su rol de “actor serio” al otro lado del Telón de Grelos.

“Los directivos de las plataformas preguntan '¿cómo que Touriñán en comedia?' y en Galicia me dicen que, aunque haga de malo, les sigo haciendo gracia”. Desde Fariña —el gran escaparate estatal para actores gallegos como el propio Blanco o Antonio Durán, Morris—, su carrera está marcada por papeles de narcos o de “gente un poco trastornada, que no cae simpática”. Como Nilo, su personaje en Clanes, el éxito de Netflix para la que está rodando una segunda temporada.

Buscar documentos de la época para romper con el tópico de aquel Fraga anciano le permitió acercarse a un personaje “del que no tenía tanta información” y del que descubrió que —sobre todo durante el franquismo— sabía utilizar las cámaras para proyectar la imagen institucional que le interesaba. Sin embargo, Touriñan quería mostrar al hombre que permanecía oculto, el que vio Eurovisión cenando solo ante el televisor y celebró la victoria, al menos en la ficción, con un “¡Viva España, coño!”. Ése que “cuando se ponía de mala hostia, todo dios temblaba”. Un cáracter que permanece latente en todo momento y sale a relucir en la escena en la que, cuando no le contestan una llamada, golpea con saña el auricular del teléfono contra su base. (Era un teléfono fijo, claro).

Pese a ponerle rostro en su época más oscura, antes de que abrazase primero la democracia —fue uno de los padres de la Constitución, fundador de AP, la génesis del actual PP— y, después, el autonomismo, el actor finalizó su trabajo con una conclusión clara: “Acabas echando un poco en falta a ese tipo de políticos, como él o como [Santiago] Carrillo”. Y eso porque, en palabras de Coira, “la serie tiene una dimensión política que permite hablar de aquel país y de aquel tiempo”. Los viajes de los protagonistas a París o a Londres, donde se celebrará el Festival, permiten mostrar los enormes contrastes con la vida en España, pese a esa modernidad y aperturismo que tratan de vender una y otra vez los gerifaltes del régimen, empezando por el propio ministro de Información y Turismo.

Coira está satisfecho de un resultado que, a su entender, “refleja con veracidad la época sin ponerse solemne”. El relato está, además, plagado de guiños y de pistas. Sin ir más lejos, en la escena que abre tanto La Canción como este artículo. Ese Sáez (Klaus) que hace recaer en Fraga la responsabilidad de ganar Eurovisión es, en realidad —así lo dice el guionista—, un trasunto de Carrero Blanco, su gran rival dentro de aquel gobierno. En 1973, ambos competirían por presidir el ejecutivo. Ante la victoria de Carrero, el León de Vilalba encontró refugio en la embajada de España en Londres, un destino que tendría ecos en su devenir político más allá de la icónica foto con bombín y gabardina junto a la estatua de Churchill. Un capítulo que no podría faltar en una hipotética serie biográfica sobre don Manuel que Touriñán ya avanza que estaría “encantado” de protagonizar.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamenta que sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Cariño (A Coruña) se abstuviesen en una votación en la que salió adelante, con los votos de BNG y PSOE, la iniciativa de retirar el nombre de Manuel Fraga Iribarne a una calle del municipio. Y ha salido en defensa del que fue presidente del Gobierno gallego entre 1990 y 2005 y, antes, durante la dictadura, ministro de Información y Turismo, entre otros cargos del franquismo. Rueda afirmó que su figura “forma parte de la historia de Galicia, con sus fallos, como todas las personas, pero la parte positiva es inmensamente mayor”.

Después de la votación en Cariño, los responsables locales del PP recibieron la reprimenda del partido a nivel provincial y Rueda habló ya en contra de la decisión de abstenerse, que consideró una “equivocación”. La alcaldesa del municipio -en donde el PP gobierna en minoría-, Ana María López, tuvo que enviar un audio a los medios pidiendo perdón por la abstención y lamentando el “revuelo”: “En el PP de Cariño queremos pedir perdón por el error cometido. Somos plenamente conscientes de la figura trascendental que don Manuel Fraga supone para la historia de nuestro partido, para el pasado y el presente actual de Galicia y para la política en general, como uno de los padres fundadores de la Constitución”.

Este lunes, preguntado al respecto en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su gabinete, Rueda insistó en que no le gustó lo ocurrido. Sin embargo, dirigió sus críticas a “los de siempre”, es decir, BNG y PSOE, a los que acusó de actuar con la intención de “intentar destruir” la figura de Fraga años después de su fallecimiento porque “no fueron capaces nunca de ganarle en unas elecciones”. La iniciativa aprobada en Cariño la registró el BNG y recibió el respaldo de los socialistas en el Ayuntamiento. La motivación es cumplir la ley de memoria democrática y retirar el nombre de la calle por sus cargos durante el franquismo. Posteriormente, se presentó a las elecciones democráticas a la Xunta y las ganó en cuatro ocasiones, hasta que en las de 2005 perdió la mayoría absoluta y llegaron al Gobierno gallego PSdeG y BNG.

Rueda insistió en que respalda y reivindica “todo lo que Manuel Fraga hizo por Galicia”. No va a tomar medidas con respecto a la medida aprobada en Cariño. Se trata, argumentó, de un acuerdo municipal contra el que “la Xunta poco puede hacer”.

El concello de Cariño (A Coruña, 3.700 habitantes) borrará de su callejero a Manuel Fraga en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y propondrá al colegio de la localidad que haga lo mismo con su nombre. Tanto la avenida como el centro escolar llevan el nombre del que fue ministro y embajador del franquismo desde principios de los años 70, años antes de la llegada de la democracia y de que fuese fundador del PP y presidente de la Xunta de Galicia. La iniciativa del BNG salió adelante con el apoyo del PSOE y la abstención de los populares, que gobiernan el municipio en minoría.

La propuesta se aprobó a la segunda, casi un año después del primero intento. Entonces, la presentaron junto a otra que pedía la supresión de las dos cruces de los caídos que aún existían en Cariño. En esta asunto, el PP se abstuvo; en el referido a su presidente fundador, se opuso y ante la falta de una edil socialista, el voto de calidad de la alcaldesa fue suficiente para tumbar la propuesta. El BNG tuvo que esperar diez meses a que la corporación volviese a estar completa y fue entonces cuando llevó de nuevo su proposición a pleno. Esta vez, los populares, en minoría se abstuvieron.

“Fue sorprendente”, responde a elDiario.es el portavoz municipal del Bloque, Carlos Castro, quien esperaba encontrar de nuevo la oposición del Gobierno local “poniendo sobre la mesa al Fraga de la etapa democrática”. Sin embargo, los registros históricos eran claros: tanto la avenida como el colegio fueron bautizados “antes de la muerte del dictador”, lo que para los nacionalistas dejaba claro que lo que se estaba reconociendo era su papel como alto cargo del régimen franquista. Esta vez, no usaron esa “excusa”.

La iniciativa recoge también el cambio de nombre de la calle Prudencio Landín -alcalde y presidente de la Diputación de Pontevedra durante el franquismo, además de gobernador civil de tres provincias- y, a través de una enmienda del PSOE, crear el Consello de Memoria Democrática del Concello de Cariño.

Ahora, el BNG espera que las tres fuerzas con representación en el ayuntamiento se pongan de acuerdo para “consensuar” propuestas tanto para las dos vías como para el colegio. Las dos primeras son competencia municipal; en el centro educativo, esa iniciativa se trasladará al consejo escolar que será quien tome una decisión, que luego habrá de comunicar a la Xunta de Galicia.

Castro cuenta que ellos ya tienen una propuesta para la Avenida de Manuel Fraga: encontrar un nombre que sirva de homenaje a la figura de la mujer trabajadora de las fábricas de conserva “que aquí implicaban a una parte muy importante de la población”. En Cariño llegaron a existir más de una veintena de conserveras. Hoy, tan sólo queda una.

El PP provincial defiende “toda” la trayectoria de Fraga

Tras lo acontecido, el presidente del PP en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, ha calificado de “injustificable” la postura de la alcaldesa, Ana María López, y de su grupo, y que “no es compartida desde la dirección provincial”, detallando que “no es necesario recordar el papel fundamental que tuvo Manuel Fraga como político, como presidente de la Xunta de Galicia y como uno de los padres de la Constitución”.

Ante lo acontecido, Calvo ha asegurado que el PP “pedirá explicaciones a la regidora sobre su postura”. “Hablaremos con ella para saber que sucedió”, ha añadido, mostrando el orgullo “de quién fue Manuel Fraga y de todo su trabajo, dedicación y compromiso con Galicia”, por lo que el ex dirigente popular “merece ser reconocido por toda su trayectoria”, según recoge Europa Press.

Cuarto concello en retirar honores a Fraga

Con esta resolución del pleno, Cariño se convierte en el cuarto ayuntamiento gallego en retirarle distinciones a Manuel Fraga. Según recoge la moción nacionalista, el primero fue Cambados, en Pontevedra, durante la alcaldía de Unidade Galega, entre 1979 y 1987. La calle que llevaba su nombre pasó a llamarse Rúa do Vilariño. En 2017, la alcaldesa socialista retiraba una escultura del político mientras recordaba que “nunca repudió” los asesinatos del franquismo.

En Ferrol, en 2019, la ciudad le retiraba su reconocimiento como Hijo Adoptivo, concedida en 1965. Al año siguiente, en Cedeira -limítrofe con Cariño- la Avenida Manuel Fraga pasaba a llamarse Avenida da Fraternidade y unos meses después también les retiraba el título de Hijos Adoptivos tanto al responsable de Información y Turismo de Franco como a otros cuatro ministros de la dictadura, una distinción que databa del año 1967.

Jesús Pérez Varela, el que fue responsable de Cultura e Comunicación Social durante nueve años en los gobierno de Manuel Fraga, falleció a los 75 años de edad tras una larga enfermedad, según confirman a esta redacción fuentes de su entorno. Procedente de la ultraderecha y señalado por sus vínculos con la trama civil del golpe de Estado de Tejero, desde su puesto como superconselleiro diseñó una relación de control entre la Xunta y los medios que los sucesivos gobiernos del PP han mantenido hasta hoy. Por ella, el exlíder del BNG, Xosé Manuel Beiras, se refería a él como “el pequeño Goebbels”. Pérez Varela fue el encargado de revitalizar el Xacobeo, creado por su predecesor, Vázquez Portomeñe y de impulsar la Cidade da Cultura, el inmenso complejo levantado en las afueras de Santiago al que la oposición se refería como el mausoleo de Fraga. Esa mano de hierro se disimulaba tras un carácter campechano, que ha dejado para la posteridad numerosos gazapos lingüísticos; el más sonado, confundir la Carmina Burana de Carl Orff con la inexistente cantante gallega Carmiña Burana.

Nacido en Redondela en 1949, Pérez Varela estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y ejerció en varios medios antes de dirigir El Imparcial en la segunda mitad de 1979. Un artículo suyo en ese mismo periódico se consideró un anticipo al golpe de estado de Tejero. “Pérez Varela era un periodista que, partiendo de la escuela gallega de los Pedro Rodríguez, Fernando Ónega, etc. había alcanzado un notorio predicamento entre los militares”, decía de él su excompañero Joan Pla en el libro La Trama Civil, que fue esgrimido por Beiras en el Parlamento de Galicia. Años después, otro nacionalista, Carlos Aymerich, leería en la Cámara los artículos en los que el ya exconselleiro pedía un brindis por Tejero e Ynestrillas.

En 1990, poco después de la llegada de Manuel Fraga a la presidencia de la Xunta, fue nombrado director de su gabinete de comunicación y, al año siguiente, secretario xeral de Comunicación. Su labor en el cargo, caracterizada por el reparto de ayudas a los medios afines y el control de la radio y la televisión pública, marcó la línea que ha definido a los gobiernos del PP en Galicia y su relación con el periodismo a lo largo de los años. La imagen pública del fraguismo, en esa Baviera gallega casi idílica que se esforzó en dibujar, es en buena parte responsabilidad suya.

De las 'listas negras' a 'Carmiña Burana'

El primer gran escándalo de su época fue la aparición de una lista negra de periodistas de la RTVG en las que se recogía desde su “peligrosidad” hasta sus relaciones políticas y afectivas. La autoría del documento se atribuyó al PP, algo que Fraga tuvo que negar en una comparecencia.

En 1997, Pérez Varela es ascendido a conselleiro de Cultura, Comunicación Social y Turismo, cargo que no soltará hasta que el PP pierda el poder, en 2005. Desde allí, ejerce un poder casi absoluto en su campo, equivalente al del otro peso pesado de aquel gobierno, Xosé Cuíña, en el campo de las infraestructuras. Como discípulo aventajado de Fraga, convierte el turismo en uno de los ejes de su política, nucleado alrededor del camino de Santiago y el Xacobeo. El concepto, creado por su predecesor, Víctor Vázquez Portomeñe, para conmemorar por todo lo alto el Año Jacobeo de 1993, alcanzaría nuevos vuelos con Pérez Varela y su obsesión por contratar a artistas que “pudiesen meter 30.000 merluzos” en el auditorio del Monte do Gozo, donde hoy se celebra el Son do Camiño.

La presentación de los conciertos por parte de su gran promotor acabó convirtiéndose en uno de los grandes espectáculos del Xacobeo, tal y como ironizó una diputada socialista. Lo hizo después de que corriese como la pólvora —años antes del nacimiento de las redes sociales— una entrevista en la que Pérez Varela repasaba los nombres que quería traer a Galicia. Bandas “de poc-rock o rock poc” como Lenny Kragüit, Yans Addition, Massive Atrack o Seminal Brothers, además de “todo el que se ponga a tiro”.

Aquella entrevista sólo incrementó el mito creado años atrás por lo que pretendía ser una acción publicitaria que salió mal. El conselleiro convocó a la Radio Galega a la taquilla del Auditorio de Santiago para contar cómo compraba la entrada para uno de los espectáculos que impulsaba su departamento. Cuando tuvo que decir cuál era, respondió: “El de Carmiña Burana, una de las buenas cantantes de este país”, un lapsus que, tres décadas después, repetiría el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Tras la vergüenza inicial, que llevó incluso a tratar de hacer desaparecer aquella grabación, Pérez Varela acabaría despidiendo sus actos públicos al grito de “¡Viva Carmiña Burana!”.

“El mausoleo de Fraga”

Más allá de una forma de actuar y de relacionarse entre la administración autonómica y los medios, el mayor legado —en tamaño y en coste— de Pérez Varela se levanta en una ladera próxima a la capital de Galicia: la Cidade da Cultura, la obra faraónica con la que Manuel Fraga miraba al Guggenheim y otros grandes contenedores culturales y que ha quedado hoy, 25 años y 300 millones de euros después -el triple de lo previsto-, convertida en la combinación de complejo de oficinas con la sede de grandes exposiciones temporales. Aún así, su auténtico récord de visitantes lo alcanzó cuando funcionó como vacunódromo en la pandemia. Al bipartito —el gobierno de izquierdas que sucedió al fraguismo— primero y a Alberto Núñez Feijóo después les tocó finalizar ese trabajo monumental.

La inexistencia de proyecto tras tal creación megalómana quedaba patente en una conversación, recogida por un micrófono abierto y publicada por La Voz de Galicia, entre Pérez Varela y el arquitecto Peter Einsenmann —“esa eminencia”, como lo llamaba Fraga— en la que el conselleiro da instrucciones como la de crear en uno de los edificios “un museo hiperactivo”. “Nosotros estamos dando, si acaso, levadura; el pan lo tienen que hacer usted y su equipo”, se recogía en otro diálogo, desvelado éste por la Cadena SER. “Galicia ha sido un país pesquero, agrario y ganadero, y queremos transformarlo en un país con prepotencia en los sectores de servicios, en el turismo, en la industria y, sobre todo, en la tecnología”.

Hasta el mismo día que soltó su cartera de conselleiro, Pérez Varela siguió ejerciendo el poder como si no hubiese en mañana. Con el gobierno de Fraga ya en funciones tras la derrota en las urnas, se jactó de despedirse adjudicando las dos frecuencias pendientes para canales de televisión autonómicas privadas: se las llevaron La Voz de Galicia y la Cope, ante el enfado del grupo de empresarios mediáticos gallegos —en su mayoría, crecidos al amparo de las políticas de la propia Xunta— que habían presentado su propia propuesta. “El PP se olvida de quienes le han ayudado”, se lamentaba el dueño de Filmax, Julio Fernández. Hace años que ambas televisiones dejaron de emitir.

Con el bipartito en la Xunta, Pérez Varela fue designado por el PP como miembro del Consello de Administración de la CRTVG, donde permaneció hasta su jubilación. El mismo día que dejó de ser conselleiro, creó con su mujer una empresa de eventos por la que tuvo que dar explicaciones en la comisión de investigación del Parlamento sobre la Cidade da Cultura. El dictamen veía en esa actividad una clara incompatibilidad.

Para entonces, Pérez Varela había desaparecido ya de la vida pública. Vivió durante años entre Ecuador y Nueva York, mientras su legado se apagaba y el PP de Feijóo, pese a imitar sus métodos, lo dejaba en el olvido.

Cada vez que salen trapos sucios en el PP, el PSOE tiene motivos para alegrarse. Pero también para echarse a temblar. El último ejemplo es reciente. Tenemos un fraude fiscal confeso de la pareja de Ayuso. Pero la cosa se va enredando, la van enredando entre unos cuantos, hasta que el que acaba dimitiendo es el secretario general del PSOE en Madrid, preocupado porque vayan a por él como ya hicieron el Fiscal General del Estado. Hay precedentes de casos similares: el del Prestige, el de la Gürtel o, relacionado con la propia Ayuso, la dimisión del exlíder del PP Pablo Casado.

Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es José Precedo. 

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En 1963, a las afueras de Ourense, la finca de Benposta se convirtió en una especie de aldea gala en pleno franquismo. Una “república democrática e independiente”, como fue definida por sus creadores, que la llamaron 'La ciudad de los muchachos'. Entre ellos se encontraba la figura omnipotente del cura Jesús César Silva Méndez, verdadero ideólogo del proyecto, que logró unas tierras de más de 14 hectáreas de terreno hasta entonces abandonado para levantar un poblado que contó con sus propias leyes, su propia moneda, sus propias elecciones (mientras, fuera, la dictadura seguía a sus anchas), y hasta su propia televisión. 

La idea del Padre Silva era que su creación sirviera de refugio a niños y jóvenes abandonados a su suerte o sin posibilidades económicas. Eran ellos el motor de esta ciudad que también les dio un trabajo al crear una escuela de circo que se convirtió en un fenómeno internacional que llevó a aquellos críos a giras internacionales. El circo de los muchachos fue un absoluto éxito en España y fuera de las fronteras que hizo que aquella utopía incluso se intentara replicar en otros países. 

El sueño del padre Silva terminó en 2003. Fue, irónicamente, la democracia quien fue minando poco a poco el proyecto, que además cerró con acusaciones de malos tratos de varios de los niños hacia algunos de los alumnos más adultos. Acusaciones que llegaron, además, en medio del enfrentamiento que fue la estocada final, el de Silva y Manuel Fraga, ya presidente de Galicia, por los terrenos donde se asentaba y que quería utilizar para proyectos urbanísticos (de un campo de fútbol a edificios con los que explotar el bum de la especulación).

La historia de este circo es, de alguna forma, la de España, y eso era uno de los motivos que enamoró a Elías León Siminiani, cineasta ganador del Goya al Mejor cortometraje por Arquitectura emocional 1959 y responsable de true crimes como El caso Alcàsser. Para él, Benposta fue la “última utopía” conocida y a ella le dedica los cinco episodios que conforman El circo de los muchachos, su serie documental que ya se puede ver en Prime Video y donde analiza el auge y la posterior caída del sueño del Padre Silva. Para ello, habla con los chicos que siguen allí, los que abandonaron, los que acabaron en agria discusión con su creador y reconstruye ―con mucho material grabado por sus propios protagonistas― una historia tan inverosímil que solo la no ficción podía abordarla. 

El director conocía la historia de la ciudad de los muchachos por “su aspecto más pop”, y aporta un dato para muchos desconocido: la cabecera de Barrio Sésamo se rodó en una versión que hubo en Madrid entre 1981 y 1984. Pero fue cuando la productora Vaca Films se acercó a él con todo el material de archivo, que abarcaba 40 años en más de 800 horas que habían estado semiabandonadas en Benposta, cuando decide hacerlo al descubrir que detrás del circo estuvo ese proyecto de ciudad utópica. “Era muy arrebatador, muy exótico y muy extraño. Una república de niños independientes, autogestionada, en pleno franquismo, en un pueblo de una provincia rural gallega… ¿Eso pudo ser posible?”, recuerda sobre su primer acercamiento.  

Una república de niños independientes, autogestionada, en pleno franquismo, en un pueblo de una provincia rural gallega… ¿eso pudo ser posible?

Elías León Siminiani — Cineasta

No esconde que su intención era retratar a España “desde el franquismo casi autárquico, el tardofranquismo, la Transición y el comienzo de la España moderna”. “No deja de ser una especie de espejo o de microcosmos donde tú puedes ver ahí las dinámicas que suceden en la sociedad en grande. Pasa con la especulación inmobiliaria, toda la cultura del pelotazo de los 90 es la que hace que se precipite, entre otras cosas, el final de Benposta. Vemos hasta el cambio en los formatos de los archivos visuales. La serie empieza usando material en Super-8, sigue en 16 mm, pasa a 35 mm, aterriza el vídeo profesional y llega el digital”. Una “voluntad” que se hace patente “particularmente en algunos hitos muy concretos como es la muerte de Franco o el primer viaje que hacen los Reyes a Argentina, a la dictadura de Videla. El viaje de la vergüenza”.

Elías León Siminiani cree que el viaje vital de esta utopía es el mismo que se ha visto con otras “situaciones mucho más contemporáneas, como cuando surgió Podemos, o los nuevos partidos políticos, que empiezan siendo un ente completamente democrático que fomenta la construcción de miradas críticas y acaban siendo un orden bastante autocrático en el que esos espíritus críticos que han creado en algún momento quieren tener acceso a la gestión o al poder y no lo encuentran, por lo que tienen que irse o ser expulsados”.

Aunque pueda parecer un oxímoron que una utopía autogestionada nazca en el franquismo y muera en democracia, el director cree que tiene un sentido, y era la situación “en una España franquista en la cual hay unas carencias muy altas en lo educativo, particularmente en zonas remotas, y en un momento en que está saliendo mucha gente a emigrar. Cuando llega la democracia, con la implantación de la sociedad del bienestar, empieza a haber muchos más colegios e institutos y ya no tiene sentido”. 

El documental encuentra su villano en Manuel Fraga, cuya llegada al gobierno de Galicia se convierte en uno de los grandes obstáculos de la ciudad de los muchachos para sobrevivir. Fraga ve en aquel terreno un bien que explotar y comienza lo que Elías León define, entre risas, como “nuestro Frost contra Nixon”, dice en referencia a la dura entrevista que el periodista David Frost hizo a Richard Nixon como expresidente,que fue adaptada al cine en 2008. Ahí le surge una reflexión sobre cómo grandes acontecimientos políticos de la historia de España no tienen la película que merecen, y cita también el primer debate entre González y Aznar. “Creo que ha habido mucho miedo, pero también que eso está empezando a sacudirse”, opina.

Escoger esta historia es también una declaración de intenciones, la de reivindicar una utopía en tiempos de distopías constantes: “Yo lo que intento hacer cuando hago los documentales, aparte de hacer un contenido que encaje dentro de lo que necesita quien lo está pagando, es hacer un aporte a la sociedad. Una cosa que hace muy relevante esta historia es precisamente poner en valor el concepto de utopía. El mundo se está yendo a la mierda y hay mucho que aprender, no ya de la materialización de una utopía, sino del propio concepto de utopía. O simplemente del propio concepto de una educación que sirva para construir una sociedad mejor. Porque la sociedad hoy en día está claramente orientada hacia la consecución personal y el triunfo y el éxito personal, no necesariamente social”.

El PP vasco se ha arrogado este miércoles, en vísperas del cuadragésimo quinto aniversario del Estatuto vasco de 1979, su paternidad. Y eso que Alianza Popular, cuyo líder era el exministro franquista Manuel Fraga y que luego se refundó como Partido Popular, pidió expresamente el 'no' en el referéndum porque estaba en riesgo aparentemente la unidad de España.

El líder de los 'populares' vascos, Javier de Andrés, ha señalado que la ley de leyes vasca la “lideró” un “partido de centroderecha” que gobernaba en España, en referencia a la UCD centrista de Adolfo Suárez. “De aquella unión de fuerzas de centroderecha nos sentimos herederos los hombres y mujeres del Partido Popular. No en vano fue el centro derecha de España el que proyectó la España de las autonomías”, ha manifestado en un acto celebrado en el parque de Arriaga de Vitoria, al lado de una ermita simbólica de la foralidad alavesa y junto a un retoño del árbol de Gernika.

“Al cabo de los años, nuestra corriente política ha participado en la redacción de todos los Estatutos de autonomía de España, salvo uno, el de Catalunya [de 2006], que entendimos que no respondía a los criterios de servicio público y equidad entre los ciudadanos”, ha seguido De Andrés. El PP, con ese nombre, surgió en 1989. Aunque cuadros de UCD -o del CDS posterior- pasaron a las filas 'populares' -también acabaron en otros partidos-, el PP es la continuidad de la AP de Manuel Fraga. Hasta su fallecimiento hace justamente una década, el exministro de la dictadura y también presidente autonómico de Galicia en democracia tuvo el título de “presidente fundador”.

AP pidió el 'no' al Estatuto vasco. “Agrava los equívocos de la Constitución, en orden a la definición de España como nación única para todos los españoles; implica dejación de los poderes del Estado dentro del ámbito territorial del País Vasco, sin haber conseguido equilibrio de competencias; establece las bases de una dinámica cultural y política de distanciamiento y separación, y olvida las peculiaridades de cada una de las tres provincias vascas”, se argumentó entonces, tal y como recogió 'El País'. Años más tarde, en cambio, el PP sí ha hecho bandera de la defensa del Estatuto en Euskadi. En paralelo, y ante la no conmemoración de la efeméride desde las fuerzas nacionalistas vascas, el PSE-EE se arroga también ser la única familia que participó en el consenso estatutario y que se mantiene en él ahora.

De Andrés también ha hecho otras consideraciones sobre el Estatuto. Ha asegurado que más autogobierno no es sinónimo de más bienestar. También ha indicado que el PP podría sumarse a una reforma pero dejando claro que no para hacerlo en clave soberanista. “¿Por qué hemos dejado de ser una referencia en Sanidad o en servicios sociales? ¿Por qué son ahora nuestros jóvenes universitarios los que se van a otras comunidades en lugar de ser nosotros quienes captamos talento? No es por la falta de oportunidades que nos haya dado el Estatuto. Otros con menos capacidades han sabido usarlas mejor. Esto prueba que más autogobierno no significa más bienestar. Los fines para los que se ha empleado ese autogobierno no han sido los del bienestar, sino el de la separación, el de la fractura y el de la tensión social”, ha manifestado. También ha avisado que sería un riesgo la “fractura” de la caja única de la Seguridad Social, aunque ha reconocido que el Estatuto la impide ahora que se negocia esa transferencia pendiente desde 1979.

Y ha finalizado: “Claro que creemos que es necesario un nuevo Estatuto. Un Estatuto que nos saque de la parálisis en la que se encuentra Euskadi, que nos saque del clientelismo y el control político de cada gesto de nuestra sociedad. Un Estatuto que nos dé libertad a las personas y no nos someta a la manipulación constante de nuestras decisiones y al permanente condicionamiento de nuestra libertad. Claro que necesitamos un nuevo Estatuto, un Estatuto que ponga la familia en primer lugar, que tienda puentes, que garantice nuestra personalidad, que no nos fuerce. Necesitamos un Estatuto de libertad para los vascos frente a las pretensiones irrealizables”.

El Gobierno de Navarra ha reconocido al líder del Partido Carlista, Lázaro Ibáñez, como víctima de la violencia policial en virtud de una ley foral por la que ya se ha dado la condición de víctima a más de una treintena de personas que sufrieron violencia “por actos de motivación política provocados por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha.

Según ha podido saber elDiario.es/Navarra, la comisión de reconocimiento ha aprobado la declaración de víctima de Lázaro Ibáñez por haber sido detenido en más de una decena de ocasiones durante la década de 1970 por su vinculación a esta formación con un ideario socialista autogestionario, federalista y contrario a la figura de Juan Carlos I, y haber sufrido torturas por parte de agentes de la Policía Armada en la comisaría de Pamplona.

El líder del Partido Carlista tiene a partir de ahora reconocida la condición de víctima y, por tanto, el derecho a percibir una indemnización por el daño causado. El reconocimiento en todo caso es individual y no a la formación política —la ley navarra solo reconoce a personas y no a partidos—, como reclaman los miembros de este partido, que denuncian que en 1976 fueron víctimas de un ataque llevado a cabo por miembros de extrema derecha en colaboración con el Gobierno de Arias Navarro en Montejurra (Estella). De hecho, recientemente el Ejecutivo foral ha declarado como Lugar de Memoria el monolito en recuerdo de las dos víctimas mortales de esta masacre.

El Partido Carlista nació del cambio ideológico hacia posturas del socialismo autogestionario llevado a cabo por el entonces sucesor carlista y líder del movimiento, Carlos Hugo de Borbón-Parma, y contrario a las tesis de extrema derecha y ligadas al régimen del dictador Francisco Franco que representó Sixto de Borbón-Parma, hermano de Carlos Hugo. Es en este contexto en el que se produjo la matanza de Montejurra de 1976, en la que murieron dos personas y una treintena resultaron heridas tras un ataque de gente vinculada a grupos terroristas de ultraderecha contra la romería anual del carlismo en las laderas de esta montaña que es punto de referencia carlista por haber sido escenario bélico en las guerras carlistas.

La versión oficial sostiene que se trató de un enfrentamiento entre las dos facciones del carlismo, sin embargo una serie de cartas reveladas por el Partido Carlista en 2023 implican al Estado, que a través de Manuel Fraga, ministro de Gobernación, dio orden de ayudar a los “tradicionalistas”, ligados al franquismo, con el fin de evitar lo que consideraban una “concentración subversiva contra el Rey D. Juan Carlos”.

El objetivo del Gobierno de Arias Navarro era debilitar a la facción mayoritaria del carlismo liderada por el heredero Carlos Hugo de Borbón-Parma, contraria al ideario franquista y a Juan Carlos I, que cada año reunía el primer fin de semana de mayo a decenas de miles de personas en Montejurra para homenajear a los requetés que murieron en la Guerra Civil, y que fuera Sixto, cercano al régimen y que había prometido “lealtad” a Juan Carlos, quien liderara a este movimiento político.

Así, el 9 de mayo de 1976 atacantes ultraderechistas pertenecientes a grupos como los Guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco Español, así como de la Triple A argentina o fascistas italianos hicieron uso de las armas en la cima de Montejurra y en la zona del Monasterio de Irache, en la localidad de Ayegui, cercana a Estella, matando a los carlistas Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero y dejando heridas a más de 30 personas. Unos hechos que no se juzgaron por la ley de Amnistía de 1977. En 2003 la Audiencia Nacional reconoció a las dos personas asesinadas víctimas de terrorismo.