El impacto económico que genera el sistema portuario español asciende a más de 24.300 millones de euros y genera 250.000 empleos, lo que representa aproximadamente el 2,2% del PIB y el 1,4% del empleo total de la economía. Lo revela el 'Estudio del impacto económico de los puertos de interés general sobre el conjunto de la economía española', cuyos datos ha recordado este miércoles la jefa del departamento de Gobierno Corporativo de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Laura Molano, durante la jornada 'El puerto: motor económico de Baleares', una iniciativa impulsada por el organismo portuario y organizada por elDiario.es. “Si hiciéramos un ranking, seríamos los cuartos en facturación, con cerca de 112 millones de euros y 45 millones en inversiones durante 2024, una cantidad que ascenderá a unos 65 millones en 2025”, ha subrayado Molano.

Cómo el puerto contribuye a la generación de empleo directo e indirecto y cuál es su capacidad para atraer talento y diversificar la economía balear son los asuntos que han centrado la segunda mesa redonda de la jornada, que, bajo el título 'Ocupación y creación de valor: el puerto como generador de empleo', ha contado con la intervención, además de la representante de la APB, del responsable territorial del Sector del Mar de CCOO en Balears, Nacho Espada; el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora, y la responsable de SOIB Empreses y la Oficina Sectorial de Hoteleria, Turisme i Divisió Nàutica, Magdalena Pastor. La moderación ha ido a cargo de Angy Galvín, directora de elDiario.es en Balears.

Molano ha señalado que el año pasado la APB firmó 206 contratos. “No sé si conocéis cómo es contratar con la administración pública, pero es tremendamente farragoso. 206 contratos es un contrato por cada día laboral, y eso no es fácil de conseguir con un importe de, más o menos, 35 millones de euros”, ha comentado, especificando que el 75% de esos contratos fueron rubricados con pymes y el 35%, con empresas de mayor tamaño en Balears. En lo que va de 2025, el organismo ha suscrito 190 contratos con un importe de 36 millones de euros. “Yo me sumo a un colectivo de 400 orgullosos trabajadores de la Autoritat Portuària”, ha añadido, precisando que estos empleados se suman a los más de 17.500 vinculados en las islas a sectores que trabajan con las navieras, charters, náuticos, consignatarios, empresas de transporte terrestre. “Es un colectivo muy grande y son muchas familias las que viven de este sector”, ha dicho.

La responsable de Gobierno Corporativo de la APB ha destacado las inversiones del ente en proyectos que conectan las infraestructuras portuarias con la ciudad, como el reciente lanzamiento del Bus Náutico, además de otras iniciativas ambientales y portuarias para acercar el organismo “de una forma tangible a los ciudadanos, a la comunidad portuaria, para generar networking y generar estos momentos de debate y de transferencia de conocimiento”. También ha aludido a los proyectos relativos a las infraestructuras, como la reforma del Passeig Marítim de Palma, además de otros dirigidos a reducir la contaminación acústica del agua y del aire y a gestionar correctamente los residuos.

“Para nosotros, el crecimiento económico es importantísimo, pero la novedad llegará el día en que la Autoritat Portuària, además de ser gestora de infraestructuras, visibilice cómo vivimos, cómo convivimos y cómo trabajamos en las ciudades portuarias. Merece la pena hacer un paréntesis y entender que éstas tienen sus características. Al final, una instalación portuaria tiene que convivir en usos y en funcionalidad con los usos urbanos”, ha ahondado.

Por su parte, Mora ha destacado que desde las pequeñas empresas náuticas reclaman desde hace tiempo “muchísima capacitación y muchísima formación”, con una apuesta por la Formación Profesional, que, en su opinión, “socialmente aún no está suficientemente valorada”. “Tenemos que hacer un cambio de chip”, ha advertido. El presidente de PIMEM ha incidido en que en el sector náutico “faltan muchos perfiles técnicos”. “Tenemos uno de los mayores índices de fracaso escolar de España y Europa. Habría que hacer una apuesta muy clara en la formación profesional en el sector náutico. Ahí tenemos una oportunidad de crecimiento, de formar talento, de fidelizar trabajadores”, ha recalcado.

El responsable patronal ha apuntado, de acuerdo a los datos recabados por la Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA), a la carencia de mano de obra formada y especializada, lo que “no permite en muchas ocasiones explotar todo el potencial que tienen muchas pymes”. Durante su intervención, Mora ha anunciado, además, que en marzo Palma acogerá el Marítim Battery Forum, una iniciativa dirigida a promover tecnologías de almacenamiento de energía nuevas y eficientes en la industria marítima.

Por otro lado, ha destacado cómo, en los útimos años, el puerto de Palma ha hecho un esfuerzo “importantísimo para abrirse a la ciudadanía”. “Llegar a las pymes es un poco más complejo, y lo digo desde la realidad de las mismas”, ha apostillado, haciendo hincapié en la necesidad de que se emprendan acciones como la jornada de este miércoles, visitas y circuitos terrestres o marítimos para generar proximidad entre las pequeñas y mediadas empresas y el puerto, y realizarlas de forma conjunta con la Autoritat Portuària y la Administración. “Hay veces que hay que insistir, no hay que desanimarse. Y, si un evento no sale bien, hay que intentar volver a hacer otro”, ha dicho.

Apuesta por la formación y el talento

Mientras tanto, Espada ha aludido a las diferencias entre el empleo integrado en la función pública portuaria y el de las empresas privadas del sector. “Obviamente, la logística portuaria es transversal y abarca a todo tipo de profesionales, especialistas y modelos de contratación, que son los que permite la normativa laboral”, ha explicado el representante sindical, quien ha señalado que, tras la reforma laboral, se ha abierto “un abanico de posibilidades que van desde los contratos indefinidos, los fijos discontinuo, los trabajadores temporales necesarios para la productividad y, obviamente, según la rama logística de la que se encarguen, los perfiles más profesionales, con formación universitaria, los conductores de transporte terrestre y quienes no tienen una formación profesional específica, pero sí los conocimientos para poder trabajar en el entorno lógistico y portuario”.

“¿Qué quiere decir esto? Que, de acuerdo a lo que vemos en nuestras comisiones y estudios, así como por parte del Ministerio de Trabajo y de las propias empresas de contratación, el empleo en las instalaciones portuarias y en la logística es estable y creciente”, ha indicado.

La responsable de SOIB Empreses ha apuntado, por su parte, a la “falta de conocimiento” por parte de la ciudadanía en general acerca de qué oportunidades les puede ofrecer el sector. Pastor, quien ha dicho que su oficina sectorial gestiona las políticas activas y valora cuáles son las necesidades del territorio “para ofrecer talento y poder cubrir todas las demandas laborales”, ha destacado el impacto del sector náutico, principalmente en los últimos diez años: “Anteriormente, el conocimiento que tenía la ciudadanía era que los que trabajaban en los puertos eran profesionales de otros países y que no había oportunidades laborales para los locales. Es en ello en lo que estamos trabajando para que nuestros jóvenes e incluso personas no tan jóvenes que en estos momentos se están cualificando conozcan y se acerquen un poco al sector náutico”.

Pastor ha incidido en que Balears es la única comunidad autónoma en España y la única región de Europa en la que la administración trabaja a nivel sectorial en materia de hostelería, turismo y náutica. “En un momento determinado, vimos que era una oportunidad poder visibilizar este ámbito en conexión con los clúster y las empresas del sector náutico”, ha añadido la responsable de SOIB Empreses, quien, en esta línea, ha subrayado la importancia de “caminar conjuntamente, analizar cuáles son las necesidades e intentar darles respuesta”. Y todo ello a través de dos bloques como son la formación y el talento.

“La formación es básica porque nos encontramos, sobre todo en este sector, con gente que estaría muy interesada en trabajar. Después de esa formación, lo que intentamos es que todos ellos puedan quedarse luego a trabajar en una empresa”, ha señalado. En este sentido, ha precisado que el 90% de los jóvenes que pasan a través de esa formación trabajan directamente en las empresas locales.

El Gobierno de Navarra está estudiando si es “jurídicamente posible” romper los contratos que tiene firmados con empresas públicas israelíes o participadas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, después de que la presidenta María Chivite anunciase que revisaría las relaciones comerciales de su Ejecutivo con el de Israel para denunciar “el genocidio que se está cometiendo en la franja de Gaza” y “no mirar para otro lado”.

Tras un primer análisis el Gobierno foral ha acreditado que tiene contratos en vigor con empresas israelíes de los sectores farmacéutico, tecnológico y de ciberseguridad desde hace años y estudia ahora si es posible “jurídicamente” romperlos, o, por el contrario, si deberá esperar a que venzan. Así lo ha explicado la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, que ha asegurado que en el último año y medio no se han firmado nuevos convenios con empresas relacionadas con el régimen de Netanyahu.

López ha afirmado a su vez que se está analizando la forma de “conjugar” la posible finalización de los contratos con esas compañías con “no perjudicar a la ciudadanía con la falta de recursos”. Es el caso de varios contratos con una empresa del sector farmacéutico, que según ha apostillado el consejero de Salud, Fernando Domínguez, suministra a Osasunbidea fármacos “de uso exclusivo” como antitumorales o “tratamientos muy específicos” y que, “por el momento”, a falta de que se encuentren otros posibles suministradores, “hay que mantener” los contratos ya firmados.

Desde Salud aseguran que están trabajando en la búsqueda de otras empresas sin relaciones con Israel con las que poder alcanzar acuerdos para sustituir los fármacos de la compañía israelí, si bien avanzan que los de uso exclusivo “será complicado”.

Hace unos días la consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo de Chivite explicó que esta decisión supone un “gesto que responde a la sensibilidad” de la sociedad navarra, “que está profundamente dolida con todo el horror” que se vive en la franja de Gaza. “Los socios del Gobierno de Navarra entendemos que debe haber un escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos”, solemnizó.

La Inspección de Trabajo transformó en indefinidos a “167.746 contratos” temporales y fijos discontinuos fraudulentos el año pasado, un 18% más que en 2023, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo a elDiario.es. La Inspección de Trabajo acaba de lanzar una nueva campaña contra este fraude en la contratación, el primer Plan de Choque de este año, 2025, que alcanza a más de 30.000 empresas y alrededor de 54.000 puestos de trabajo.

La lucha contra la temporalidad fraudulenta y el abuso de la figura del fijo discontinuo por parte de la Inspección de Trabajo se ejecuta en varios planos. Por un lado, a través de la actuación ordinaria de los inspectores e inspectoras, en todas aquellas investigaciones que pueden afectar a la contratación y en las que detecten irregularidades, así como a través de los llamados “planes de choque”. Se trata de una estrategia que el Ministerio de Trabajo inició en 2018 y que ha intensificado en los últimos años, con abultados resultados ya desde la primera fase, que consiste en el envío masivo de cartas “informativas”.

Según los datos facilitados a elDiario.es, en total “en 2024 se transformaron en indefinidos un total de 167.746 contratos, de los que 77.787 eran contratos temporales y 89.959 fijos discontinuos”. Se trata de una cifra más elevada que la de 2023, un 18% superior, cuando la Inspección convirtió 141.949 contratos a indefinidos (81.933 temporales y 60.016 fijos discontinuos), según el último informe anual del organismo público.

En 2022, primer año de aplicación de la reforma laboral y cuando empezó a desplomarse por primera vez el uso del contrato temporal, el dato fue mucho más elevado: 257.124 contratos convertidos a indefinidos por la Inspección de Trabajo, la inmensa mayoría (229.984), temporales.

Nuevo plan de choque: alerta sobre 30.000 empresas

La Inspección de Trabajo anunció en los últimos días el lanzamiento de una nueva campaña, “el primer Plan de Choque del año contra el fraude en la contratación laboral”, apuntó el organismo vigilante de la legalidad laboral en su cuenta de Bluesky.

Los datos concretos contemplan “30.183 comunicaciones” enviadas a empresas en las que la Inspección de Trabajo ha detectado indicios de fraude, a través del cruce masivo de datos, y que afectan a “53.984 relaciones laborales”.

En estas campañas, el organismo público primero envía estas comunicaciones a las empresas, advirtiendo de la detección de un presunto fraude, y da un plazo a las compañías para la regularización “voluntaria”. Si la empresa no actúa, ni justifica la legalidad de los contratos temporales o fijos discontinuos, se despliega la segunda fase, en la que los trabajadores de la Inspección investigan a las empresas formalmente.

“La medida busca transformar en indefinidos los contratos temporales y fijos discontinuos que cumplan los requisitos para ello, velando así por los derechos de los trabajadores y la libre competencia entre las empresas”, indican desde la Inspección.

El pasado mes de marzo se alcanzó un nuevo mínimo histórico de empleo temporal en España, por debajo del 12%. En concreto, del 11,9%, según los datos de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. Tras décadas enquistado y como uno de los problemas más graves del mercado laboral en España, el trabajo temporal empezó a descender tras la reforma laboral y, por el momento, no ha tocado suelo. El Ministerio de Trabajo presentó hace unas semanas la Comisión que evaluará los efectos de la reforma laboral en la temporalidad, un compromiso que se reguló en la propia reforma laboral, comprometida con Bruselas. Esta prevé presentar sus resultados antes de final de año.

Navarra cierra el 2024 con malos datos de empleo. La comunidad foral ha sido el único territorio en España en la que el desempleo creció en el último año, alcanzando su cifra más alta desde finales del 2022. Al cierre del año hay en Navarra 30.355 personas en búsqueda de empleo, lo que son 367 más que hace un año.

Por otro lado, Navarra finalizó 2024 con una afiliación media de 310.336 personas, un 1,5% más que a finales de 2023, lo que supone 4.587 personas afiliadas más que hace 12 meses, de los que 1.008 proceden del sector industrial. No obstante, en términos mensuales, la afiliación media ha registrado un descenso de 2.285 personas respecto a noviembre, un 0,73%, menos, que desde el Gobierno foral achacan a la “ralentización de actividades en diversos sectores clave como es el de la industria”.

En cuanto a la contratación, el número de contratos realizados en todo el año ha sido de 284.224, un 1,3% menos que en 2023. En términos acumulados, los contratos indefinidos registrados en todo 2024 han ascendido hasta los 61.316, un 21,6% del total.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu ha destacado que el marcado labora en el último año ha presentado “aspectos divergentes”. Por un lado, ha resaltado que el pasado año se alcanzó el récord histórico de afiliación en Navarra, registrándose la cifra más alta de personas trabajando en la comunidad Foral, por lo que asegura que “se sigue creando empleo”.

Con todo, ha señalado que “persisten desafíos importantes”. “Las cifras de desempleo se han mantenido relativamente estables, con una media anual cercana a las 30.000 personas paradas, si bien es verdad que en el último año el desempleo se ha incrementado ligeramente y esto es negativo, lo que más allá de las fluctuaciones derivadas de la persistente incidencia estacional, pone de manifiesto la presencia de elementos estructurales que limitan una reducción más significativa del paro y en la que hay que seguir trabajando”, ha apuntado. 

“Aunque 2024 ha dejado logros importantes en el ámbito de la creación de empleo, los retos estructurales (paro de larga duración, paro femenino y joven, falta de formación en las personas que buscan empleo) junto con la incertidumbre global que puede impactar al tejido productivo de Navarra, nos llevan a mantener una actitud de prudencia y muestran la necesidad de seguir promoviendo políticas que impulsen un mercado laboral más equilibrado, inclusivo y sostenible. El nuevo Plan de Empleo de Navarra que esperamos firmar este año 2025 será una herramienta muy útil para ello”, ha apostillado.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha iniciado este lunes, 18 de noviembre, el periodo de solicitud para el Programa de Prevención de la Exclusión Social 2024. Este programa, conocido como PUM, tiene como objetivo “proporcionar apoyo a personas y familias en situación de vulnerabilidad a través de contrataciones temporales”.

La delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha destacado la importancia de este programa para la comunidad. “Hemos considerado fundamental priorizar la atención a los sectores más desfavorecidos, como menores y familias en riesgo”, ha afirmado.

Financiamiento y contrataciones

El programa cuenta con una financiación total de 1.062.317,27 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 96.574,30 euros y la Diputación de Sevilla contribuye con 965.742,97 euros. Se prevé la realización de más de un centenar de contrataciones temporales con una duración de tres meses durante el año 2025.

Bastida ha subrayado que el programa “ha cumplido con una doble función, ofreciendo tanto apoyo económico como experiencia laboral a las personas beneficiarias, lo que facilita su reintegración en el mercado laboral”.

Plazos y requisitos

El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 10 de diciembre y se pueden realizar de forma digital o presencial. Así, las solicitudes presenciales se atenderán en las Oficinas de Atención al Ciudadano y el Centro de Servicios Sociales, mientras que las digitales se gestionarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Entre los requisitos, se exige estar empadronado en Alcalá de Guadaíra desde el 1 de enero de 2024 y estar inscrito como demandante de empleo. Además, se concederá prioridad a quienes no hayan sido beneficiarios del programa en el año anterior.

La delegada de Servicios Sociales ha instado a la población a aprovechar esta oportunidad: “Hemos ofrecido diferentes opciones para facilitar la solicitud, evitando colas y esperas innecesarias”.

Para obtener más detalles sobre el proceso de solicitud y los requisitos completos, los ciudadanos pueden consultar la web municipal o dirigirse a los puntos de atención designados.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra busca reforzar su compromiso con el bienestar social y la inclusión de sus vecinos en situaciones de necesidad.

Navarra ha seguido creando empleo en el mes de octubre. Según los datos del último mes las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido en 2.916 con respcto a septiembre. Además, la comunidad foral ha vuelto a alcanzar así la cota máxima histórica de empleo con 312.744 personas afiliadas, 4.585 más que hace un año, lo que supone un 1,5% más. Con todo, las oficinas de empleo en Navarra han sumado 476 parados más en octubre, aunque el crecimiento interanual ha sido de 88 personas, un 0,3%. Así el número total de personas registradas en la oficina de empleo alcanza las 30.088.

Por otro lado, se han registrado 52.626 contratos indefinidos. Se trata de un 174,8% más que en el mismo periodo de 2021, año previo a la implantación de la reforma laboral. El número de contratos registrados en octubre ha sido de 27.892, de los cuales 6.752 han sido indefinidos (un 24,2%). Se ha producido un crecimiento anual del número total de contratos del 7,9%. 

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, ha celebrado que se siga “crando empleo en Navarra con un nuevo récord histórico de personas trabajando”. Al mismo tiempo, ha considerado que “el desempleo se mantiene estable”, teniendo en cuenta que octubre es un mes que “resulta habitualmente negativo en términos de desempleo”. “Desde 2007 únicamente en dos ocasiones se ha producido un descenso del paro en octubre (concretamente en 2016 y 2021)”, ha apuntado. 

Desglose de las cifras

La variación mensual del desempleo por sexo refleja que el aumento del desempleo ha sido algo superior en el caso de los hombres. Así, mientras que el número de desempleados aumenta un en 287 parados más (2,5%), el número de paradas crece en 189 (un 1% en un mes). Sin embargo, en términos anuales, la variación del desempleo resulta desfavorable para las mujeres, ya que el número de desempleadas asciende un 1,5% (266 mujeres paradas más) mientras que el de parados se reduce un 1,5% (178 desempleados menos). Además, la distribución final del desempleo sigue siendo claramente desigual. A último día del mes de octubre, el 61,5% de las personas registradas como paradas en Navarra han sido mujeres (18.516) frente al 38,5% de hombres (11.572).

Respecto a la edad, se produce un aumento del desempleo en todos los tramos de edad. Cabe destacar el incremento mensual del desempleo de jóvenes de menos de 25 años. En este caso, el número personas jóvenes desempleadas aumenta mensualmente un 5,3% (151 más). También hay que reseñar el incremento del 2,5% de personas desempleadas de 25 a 34 años (132 más). De esta forma, del total de personas desempleadas en Navarra, el 10% tiene menos de 25 años (2.994) y casi tres de cada diez (29,5%) tiene más de 54 años (8.876).

Por nacionalidad, el número de personas paradas con nacionalidad española aumenta respecto al mes de septiembre en 272 (un 1,2%), mientras que se produce un mayor incremento de personas desempleadas con nacionalidad extranjera de un 3,1% (204 más en un mes). En un año (de octubre de 2023 a octubre de 2024) el número de personas paradas con nacionalidad española se ha incrementado en un 0,1% (34 más) y el número de personas paradas extranjeras ha crecido un 0,8% (54 más en un año). Así, del total de personas registradas como paradas, el 22,4% tiene nacionalidad extranjera (6.746).

En cuanto al nivel de estudios, en un mes se produce un aumento de 397 personas paradas con estudios básicos (hasta primera etapa de secundaria), un 1,9%. Por su parte, desciende el número de personas paradas con estudios universitarios (60 menos en un mes, un 2%). Con estos datos, del total de personas paradas en Navarra, aquellas con un nivel de estudios hasta la primera etapa de secundaria suponen el 69,8% del total (se trata de 20.999 personas paradas con ese nivel de estudios).

En lo que se refiere a las agencias de empleo, en todas ellas aumenta mensualmente la cifra de paro, aunque es cierto que lo hace de manera diversa. En términos relativos, el mayor incremento mensual del desempleo se produce en la agencia de Aoiz / Agoitz con un 5,1% de aumento (35 personas paradas más), le sigue la agencia de Lodosa (3,8%, 45 más), Estella-Lizarra (3,5%, 59 más), Altsasu / Alsasua (2,8%, 20 más), Tafalla (1,9%, 35 más), Tudela (1,5%, 74 más), Doneztebe / Santesteban (1,5%, 8 más) y las agencias de Pamplona / Iruña (1,1%, 200 personas paradas más en un mes).

En un año, se observa un descenso del desempleo en las agencias de Tudela (2,4%, 122 personas paradas menos en un año), Lodosa (0,9%, 11 menos) y Aoiz (0,6%, 4 menos). En el resto se producen crecimientos del desempleo de diversa intensidad. Así, el paro aumenta anualmente en la agencia de Alsasua un 8% (55 personas paradas más), en la agencia de Estella lo hace un 2,1% (37 más), en la de Tafalla un 1,9% (36 más), en la de Doneztebe (1,9%, 10 más) y en las de Pamplona un 0,5% (87 personas paradas más en un año). 

Por otra parte, las actividades en las que se ha dado un mayor incremento mensual del número de personas paradas han sido las actividades sanitarias (98 personas paradas más en un mes), la industria de la alimentación (75 más), el sector primario (65 más), las actividades relacionadas con el empleo (65 más) y otras actividades profesionales, científicas y técnicas (56 más en un mes). En cuanto al principal descenso mensual, este se ha producido en el sector de la educación (72 personas paradas menos).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en administración pública (113 personas paradas menos), sector primario (101 menos), hostelería (77 menos) y actividades de servicios sociales sin alojamiento (49 menos). Por su parte, las actividades en las que se ha incrementado el desempleo han sido “Otras actividades profesionales” (240 más), “educación” (153 más) y “actividades sanitarias” (96 más).

Por último, respecto al desempleo de larga duración, se ha dado un leve descenso mensual de un 0,1%, lo que ha supuesto 18 personas paradas de larga duración menos en un mes. Sin embargo, en un año, se ha producido un aumento de 53 personas paradas de larga duración. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 40,9%, es decir, 12.291 personas, llevan en situación de paro continuado más de un año.

Contratación

En el mes de octubre se han registrado 27.892 contratos, un 13,6% menos que en el mes anterior (4.407 contratos menos). Sin embargo, en términos anuales, se ha producido un crecimiento de la contratación del 7,9% respecto al mes de octubre de 2023; se trata de un aumento de 2.034 contratos.

Según el tipo de contrato, se han formalizado 6.752 contratos indefinidos y 21.140 contratos temporales. Por lo tanto, del total de los contratos registrados en octubre, el 24,2% han sido indefinidos.

En términos acumulados (enero-octubre) se han registrado 52.626 contratos indefinidos. Se trata de un 174,8% más que en el mismo periodo de 2021, año previo a la implantación de la reforma laboral. Son exactamente 33.473 contratos indefinidos más.

Cabe añadir que, del total de los contratos indefinidos registrados en octubre (los señalados 6.752 contratos), el 43,9% se han registrado para menores de 29 años, el 46,2% han sido contratos indefinidos de mujeres y el 30,8% de los contratos indefinidos han sido para personas con nacionalidad extranjera.

Nueva campaña contra la contratación temporal y de fijos discontinuos en fraude. La Inspección de Trabajo ha enviado casi 40.000 cartas a empresas para que regularicen y hagan indefinidas a “86.903 personas trabajadoras” con contratos temporales y fijos discontinuos en los que el organismo ha detectado presuntas irregularidades, según ha informado este jueves el organismo.

Se trata de la puesta en marcha del segundo “Plan de Choque contra el fraude en la contratación temporal” de 2024. En lo que va de año, ya se han transfomado “95.000” contratos a indefinidos tras la actuación de la Inspección de Trabajo. De ellos, más de 43.000 eran contratos temporales y casi 52.000 eran fijos discontinuos fraudulentos, explican desde el organismo.

En concreto, la autoridad laboral ha mandado “39.116” comunicaciones a compañías en esta segunda fase del Plan de choque, en las que ha detectado presuntas irregularidades gracias al cruce masivo de datos.

La contratación temporal y la fija discontinua está asociada a necesidades específicamente temporales o permanentes pero intermitentes, respectivamente, “y no a cubrir puestos de trabajo estructurales y ordinarios”, recuerdan en Trabajo, “lo que puede derivar en una contratación injustificada y en fraude de ley”.

Cartas que destapan el fraude laboral

Los planes de choque de la Inspección de Trabajo contra la contratación temporal irregular son una estrategia que el Ministerio inició en 2018 y que ha intensificado en los últimos años, con abultados resultados ya desde la primera fase, que consiste en el envío masivo de cartas “informativas”.

El organismo primero envía estas comunicaciones a las empresas, advirtiendo de la detección de un presunto fraude, y da un plazo a las compañías para la regularización “voluntaria”. Si la empresa no actúa, ni justifica la legalidad de los contratos temporales o fijos discontinuos, se despliega la segunda fase, en la que los trabajadores de la Inspección actúan para investigar a las empresas formalmente.

El primer plan lanzado este año tuvo como consencuencia “alrededor de 50.000” conversiones de contratos temporales y fijos discontinuos a indefinidos, informa la Inspección de Trabajo. El resto –hasta los 95.000 anunciados– son fruto de otras actuaciones del organismo público.

Frenazo al empleo en el mes de septiembre en Navarra. El final del verano ha ido acompañado de un aumento del paro, así como de un descenso del número de contrataciones, si bien es cierto que en el conjunto del año la comunidad foral sigue creando empleo con 3.694 afiliadas a la Seguridad Social más que hace un año.

En septiembre el número de desempleados aumentó en 205 personas, un 0,7% más que en agosto y un 1% más que en el mismo mes del 2023. El número total de parados aumenta a 29.612 personas, unos niveles de desempleo similares “a los de finales de 2008”, resalta el Gobierno foral. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, por su parte, ha reconocido que los datos de septiembre “no son positivos”.

Respecto a la afiliación, septiembre cierra con 212 personas afiliadas menos, un 0,07% menos. Sin embargo, en un año se produce un incremento de la afiliación media del 1,21%, lo que supone 3.694 afiliaciones más. “En definitiva, continuamos en niveles históricos de empleo. De hecho, la afiliación media se sitúa en las 309.828 afiliaciones”, subrayan desde el Ejecutivo navarro.

Por su parte, el número de contratos registrados en septiembre ha sido de 32.299, de los cuales 6.766 han sido indefinidos (un 20,9%). En lo que llevamos de año (enero-septiembre) se han registrado 45.874 contratos indefinidos, un 172,4% más que en los primeros nueve meses de 2021.

En lo que se refiere a las agencias de empleo, se produce un descenso mensual del paro en las agencias de Lodosa (un 2,9%, 35 personas paradas menos) y en la de Tudela (un 1,2% mensual, 58 personas paradas menos). En cuanto a los aumentos del paro registrados, el mayor incremento en términos relativos se ha dado en la agencia de Aoiz ( 3,2%, 21 personas paradas más), le siguen la agencia de Estella (2,6%, 43 más), Alsasua (1,7%, 12 más), Pamplona (1,2%, 208 personas paradas más), Tafalla (0,7%, 13 más) y Santesteban (0,2%, una más en un mes).

En un año, se produce un aumento del desempleo en cinco de las ocho agencias. Los aumentos del paro han sido los siguientes: en la agencia de Alsasua se ha dado un incremento del paro del 8,7% respecto a septiembre de 2023, se trata de 58 personas paradas más. En la de Santesteban un 5% (25 más), en la de Tafalla un 4,2% (75 personas paradas más en un año), en la de Estella el aumento ha sido del 2,3% (38 más), la de Pamplona un 1% (171 personas más). Por el contrario, la agencia de Aoiz presento un descenso del paro del 4,7% (34 personas menos), la de Lodosa un 1,9% (23 menos), y la de Tudela prácticamente se mantuvo igual con cuatro personas paradas menos (0,1% menos).

Por otra parte, la actividad en la que se ha dado un mayor incremento mensual de personas paradas han sido actividades sanitarias (214 personas paradas más), servicios a empresas, banca y actividades profesionales (98 más) y administración Pública y defensa; Seguridad Social Obligatoria (48 más). En el lado opuesto, es destacable el descenso de personas paradas en educación con 80 personas menos.

En un año, las dos mayores subidas del número de personas desempleadas se han dado en servicios a empresas, banca y actividades profesionales (220 más) y en educación (145 más). Por el contrario, el sector primario registra el mayor descenso de personas paradas (101menos).

Por último, respecto al desempleo de larga duración, se ha producido un leve descenso mensual en septiembre (un 0,8% menos) lo que ha supuesto 100 personas paradas de larga duración menos en un mes. De manera anual se produce un incremento de 159 personas paradas de larga duración, un 1,3% más. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,6%, es decir, 12.309 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación de paro más de un año).

Mayor número de contratos

En septiembre se han registrado 32.299 contratos, un 58,6% más que en el mes anterior (11.936 contratos más). En términos anuales se ha producido un incremento del 2,6% más respecto al mes de septiembre de 2023.

Por tipo de contrato, se han formalizado 6.766 contratos indefinidos y 25.533 contratos temporales. De esta forma, del total de los contratos registrados en septiembre, el 20,9% han sido indefinidos. En términos agregados, durante los primeros nueve meses del año, el número de contratos indefinidos asciende a los 45.874. Suponen un 172,4% más que en el mismo periodo de 2021 (34.624 contratos indefinidos más).

Del total de los contratos indefinidos registrados en septiembre (6.766 contratos), el 42,8% se han registrado para menores de 29 años, el 47,3% han sido contratos indefinidos de mujeres y el 31,6% de los contratos indefinidos han sido para personas con nacionalidad extranjera.

Sindicatos, plataformas y asociaciones de toda España han convocado para este jueves una nueva concentración de protesta ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en Madrid, para exigir la estabilización del personal que se encuentra en “abuso de temporalidad”. Las organizaciones se apoyan en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han “estimado la estabilidad como una solución adecuada al abuso de temporalidad sufrido por este personal”.

Así lo señalan los organizadores, que resaltan que el porcentaje de temporalidad sigue siendo “muy alto” en “todas” las comunidades autónomas, ya que puede llegar incluso al “40%”. Pero, puntualizan, son “numerosos” los servicios en los que llega a “más del 90%”, especialmente en el sector sanitario o en atención a la dependencia.

De este modo, reclaman que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno, José Luis Escrivá los reciba y escuche. Si no, dicen que habrá un “otoño caliente” con movilizaciones. Y añaden que existen decenas de trabajadores y trabajadoras que se han “mantenido en precario” incluso hasta “dos y tres décadas”. “Las consecuencias de esta nefasta gestión se traducirán en indemnizaciones por cese y despido de más de 500.000 trabajadores/as temporales a cargo del erario público, y el deterioro cada vez mayor de los Servicios Públicos”.

19 años con plaza temporal

Lorenzo Flores, portavoz de Solidaridad Obrera , sindicato con representación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y una de las organizaciones convocantes, lleva 19 años trabajando con contrato temporal. “Nunca ha habido proceso selectivo en mi categoría”, asegura. Él trabaja en como técnico de gestión en tecnología de información (TIC). “Hasta la OPE especial que han puesto en marcha”, señala. Hace referencia a la oferta aprobada en 2022, en la que se contemplaban plazas de técnico superior de tecnologías de la información en tres categorías.

Flores resalta que el Estado español “no ha traspuesto todavía la legislación correspondiente al sector público” . “Además, con todas las medidas que se han tomado, tampoco son válidas para cumplir con la legislación europea”, recalca el trabajador.

Esto, explica, se debe a que funciona como una “tómbola” porque es un proceso selectivo “no restringido” y “abierto a toda la ciudadanía”. “Puede que me toque a mí que llevo muchos años, o puede que no”, recalca.

El portavoz señala que en el sector de la Sanidad se ve “muy claro”, y que el problema en este caso, afecta “fundamentalmente a las mujeres”. “Es un problema feminizado, porque el 75% de las personas con contrato temporal en sanidad son mujeres”, señala. Y, añade, “además de mucha edad”.

Son puestos estructurales que realmente se necesitan, pero que no se cubren de la manera legal

Por eso pone ejemplos del hospital en el que trabaja, en Ciudad Real. Concretamente, en el caso del personal de cocina. “Mujeres que están en los 60 o 50 y muchos años, que llevan 30 años trabajando en la cocina del hospital de manera temporal. Son puestos estructurales que realmente se necesitan, pero que no se cubren de la manera legal como establece nuestro propio ordenamiento y como, por supuesto, establece la ley europea de la que estamos hablando”, relata.

En el caso de estas mujeres, se trata, explica, de un colectivo vulnerable que si no logran permanecer en su puesto de trabajo a través de la estabilización, corren el riesgo de pasar los últimos días de su vida laboral en el paro. “Porque son personas a las que es muy difícil reincorporar laboralmente, pero que han aportado muchísimo al sistema público sanitario. Y esto ocurre, encima, al incumplir legislación nacional y europea”, añade Flores.

Pero esto no solo afecta al personal sanitario, sino de otros sectores, como el de educación. “Hay quien ha aprobado dos oposiciones, pero no consigue plaza porque no hay suficientes. Es el problema de la reposición”, afirma el portavoz de Solidaridad Obrera SESCAM.

Al final, todo se resume en la necesidad de acabar con la temporalidad. “¿Por qué la Unión Europea quiere terminar con la temporalidad? Porque quiere acabar con la precariedad. Temporalidad está asociada a precariedad. Incluso en temas salariales, como un profesor que vive con media o incluso con un tercio de jornada. Viven para trabajar”, afirma Flores.

La situación puede llegar a ser un “drama” porque “puede que tengas que trabajar a 50 o 60 kilómetros de tu casa y encima si tienes una media jornada”. En resumen, mucha incertidumbre.

Ante esto, el personal interino ha iniciado numerosos litigios judiciales. “Y así estamos, saturando todo el sistema judicial”. Por ejemplo, la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha inició este año los trámites para impugnar la oferta de empleo público de 2023.

Pero es también el día a día el que se ve afectado. “Te llaman para dos días, y piensan que tienen bocas que alimentar. En el caso de las enfermeras, cogen lo que sea, se van un día, o tres, buscando con quien dejar a sus hijos, tirando de abuelos...”, explica el trabajador. “Esto lo único que genera es precariedad”, concluye.

El sector agrario en Sevilla enfrenta un desafío crítico: la falta de mano de obra y los elevados costes de contratación. Esta situación ha sido destacada este jueves en unas jornadas organizadas por ASAJA Sevilla donde se ha abordado con preocupación el problema desde la perspectiva de los agricultores, buscando soluciones a la problemática. El encuentro contó con la participación de representantes del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Área de Trabajo e Inmigración del Ministerio de Trabajo.

Desajustes en el mercado laboral agrario

El mercado de trabajo en la provincia de Sevilla presenta desequilibrios significativos. Según ASAJA, la falta de mano de obra es un problema de primer orden, especialmente en períodos de recolección y concentración de trabajo, aunque se está extendiendo a todas las faenas agrícolas en general. Este déficit de trabajadores afecta no solo a las labores intensivas en mano de obra, como la recolección de aceitunas y frutas, sino también a las tareas que requieren mayor cualificación como el manejo de tractores.

Ricardo Serra, presidente de ASAJA, ha descrito, desde su experiencia, la dificultad que supone para los agricultores la dificultad para encontrar trabajadores suficientes para cubrir la demanda laboral en el campo. Las modificaciones laborales y el aumento de costos, incluyendo el incremento del salario mínimo interprofesional “en un 54%”, han agravado la situación. Según Serra, la rigidez de la legislación laboral actual “hace casi imposible la gestión eficiente de los picos de demanda laboral estacionales, necesarios en el sector agrario”.

Por otro lado, César Moreno, director de Área Territorial de Empleo del SAE, ha subrayado la importancia de mejorar la coordinación entre las administraciones y los empresarios para abordar la falta de mano de obra. Durante las jornadas, se presentó el Portal de Gestión de Empleo Agrario, una herramienta que pretende facilitar la contratación de trabajadores tanto nacionales como extranjeros, incluyendo opciones de arraigo por formación y contingentes de trabajadores extranjeros.

Soluciones propuestas y acciones en marcha

ASAJA Sevilla ha iniciado un Plan de Acción para analizar y abordar las opciones disponibles en el mercado de trabajo agrario. Las jornadas informativas de este jueves tuvieron como objetivo principal poner en la mesa todas las posibilidades de contratación, desde trabajadores nacionales hasta extranjeros, y buscar soluciones cooperativas y coordinadas con todas las partes implicadas.

Una de las propuestas discutidas ha sido la flexibilización de la contratación de contingentes extranjeros en provincias donde actualmente no es posible, como Sevilla. En esta línea, Ricardo Serra ha destacado la necesidad de un “diálogo claro con la administración” para ajustar la regulación laboral a las necesidades específicas del sector agrario, evitando así el riesgo de dejar cosechas sin recoger debido a la falta de mano de obra.

Un futuro incierto pero con esperanza

A pesar de los desafíos, el sector agrario sevillano busca adaptarse y encontrar soluciones efectivas. Desde ASAJA, Serra ha recalcado la importancia de la cooperación entre administraciones, empresarios y trabajadores, “crucial” para superar la crisis laboral actual. “El futuro de la agricultura depende de todos”, ha asegurado.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha detectado una “posible” inconstitucionalidad en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2024 al rescatar el extinto contrato por “obra y servicio” en uno de sus artículos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende que “la Ley de Presupuestos no favorece los contratos temporales. Simplemente, en alusión a una disposición de la Reforma Laboral de 2021, recoge que se podrán mantener prorrogados los contratos por obra y servicio que se firmaran en el mismo 2021”.

Por su parte, el Ministerio de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz denuncia en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es que el Ejecutivo regional estaría incumpliendo “la Constitución y la Ley en materia laboral con el único objetivo de precarizar el empleo”. La desaparición del contrato por obra y servicio fue uno de los cambios más importantes de la Reforma Laboral que entró en vigor a finales de 2021 y que ha favorecido una inédita reducción del trabajo temporal y un elevado ritmo de creación de empleo, hasta rozar actualmente los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Una evidencia ante la que se han rendido la Comisión Europea y la mayoría de instituciones y centros de análisis nacionales e internacionales.

La denuncia de Trabajo señala que la Comunidad de Madrid introdujo en el artículo 37 de su Ley de Presupuestos de 2024, que se publicó a finales de diciembre del año pasado, la facultad de formalizar contratos “de carácter temporal para la realización de obras o servicios en una serie de supuestos con cargo a los créditos de inversiones”.

“Este artículo no se ajusta a la legislación laboral, ya que el Estatuto de los Trabajadores (ET) no permite la celebración de contratos por obra o servicio, y circunscribe los contratos temporales a dos supuestos muy específicos (circunstancias de la producción o sustitución de persona trabajadora)”, incide el informe del Ministerio. “Por tanto, el legislador autonómico estaría intentando introducir una nueva modalidad de contrato de trabajo en la legislación laboral, cuando el Estado es el único que puede regular estas cuestiones. De ser así, la Comunidad de Madrid estaría incurriendo en una clara vulneración del orden constitucional de distribución de competencias”, continúa el mismo documento.

El Ministerio de Yolanda Díaz ha emitido este informe a solicitud del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ya dispone de él y que debe decidir ahora si eleva un recurso al Tribunal Constitucional. elDiario.es ha consultado al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre este asunto. Fuentes del Ejecutivo del Partido Popular (PP) justifican que “los contratos por obra y servicio” incluidos en sus Presupuestos de 2024 están en relación con la “disposición transitoria tercera” de la propia Reforma Laboral.

Esta disposición apunta a que “este tipo de contratos que se hayan firmado en 2021 se podrán prorrogar tres años más. Es a eso a lo que se refiere el artículo de la Ley de Presupuestos”, especifican desde la Comunidad de Madrid.

La redacción del artículo en cuestión de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid entra en una contradicción. Por un lado, recoge efectivamente que “las diferentes Consejerías y organismos autónomos y entes de derecho público [...] podrán formalizar durante el año 2024, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios”, según un par de requisitos. Por otra parte, el punto 4 del mismo texto traslada que estos “contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral”.

Esta redacción contradictoria del artículo alienta las dudas sobre su interpretación, aunque su espíritu general es “revertir aspectos fundamentales de la Reforma Laboral del Gobierno de coalición, introduciendo fórmulas de temporalidad en las contrataciones que lleva a cabo de forma ilegal”, recalca el Ministerio de Trabajo.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social va a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir que la Comunidad de Madrid intente volver a introducir contratos temporales y precarios, llegando hasta el Tribunal Constitucional si es necesario”, prosiguen desde el departamento de la vicepresidenta segunda.

En cuanto al procedimiento de impugnación de las normas autonómicas, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática es el competente de promover los recursos de inconstitucionalidad. Una vez recibido el informe de Trabajo, puede tomar dos vías. La primera consistiría en negociar con la Comunidad de Madrid hasta llegar a “un acuerdo interpretativo” o un acuerdo para modificar la Ley de Presupuestos. La segunda, la interposición directamente de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Para la modificación de la primera vía hay nueve meses de plazo. Para la segunda, solo tres meses. La Ley de Presupuestos de la Comunidad se publicó el 27 de diciembre de 2023, por lo que este último plazo se cumple el próximo miércoles. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla que, antes de esa fecha, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática debería haber recabado los informes pertinentes y propondría al Consejo de Ministros que instase al presidente del Gobierno a la interposición del recurso. Para que esto ocurra, solo queda un Consejo de Ministros, el del martes de Semana Santa.

La sentencia de la Justicia europea que ha puesto límites al abuso de la interinidad laboral en España ya tiene sus efectos en los tribunales. Un juzgado de Madrid ha decidido reconocer como fijo a un trabajador de Telemadrid que ha encadenado hasta cinco contratos temporales en los últimos años en la televisión pública madrileña. El propio juez reconoce en su sentencia ganada por el sindicato CGT que, hasta ahora, su criterio era diferente pero que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión son de aplicación obligada y que, en este caso, reconocerle como indefinido no fijo “no supondría suficiente sanción” para Telemadrid por hacerle encadenar años de contratos temporales.

Esta sentencia llegó apenas un día después de que el tribunal de Luxemburgo hiciera pública su resolución, un duro golpe al abuso de los interinos de larga duración en las administraciones públicas, explicando que la solución era convertir en fijos a miles de personas en esa situación. Unos días antes, un trabajador de Telemadrid había llevado al ente público madrileño a juicio con alegaciones similares.

Su caso, según ha podido saber este periódico, es el de uno de tantos trabajadores afectados por el ERE de Telemadrid que afectó a más de 860 trabajadores y que en 2014 fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo. Volvió a trabajar para la cadena, pero encadenando contratos temporales para cubrir determinados eventos: la Misa de San Isidro o la victoria del Real Madrid en la Champions League, entre otros. Desde 2018 trabajaba con uno de estos contratos temporales, a través de una bolsa de empleo, pero ya sin especificar una cobertura concreta.

Los sindicatos llevan años peleando para que estos trabajadores sean reconocidos al menos como indefinidos no fijos, una figura habitual con la que los tribunales convalidan casos de abuso de temporalidad o interinidad en las administraciones públicas. Este juzgado empieza por establecer que la cláusula de temporalidad de su último contrato era “fraudulenta”.

Y explica claramente que, “hasta el día de ayer”, su criterio hubiera sido reconocerle como indefinido no fijo, algo que ha hecho “en innumerables ocasiones”. Pero que la sentencia del TJUE conocida unas horas antes lo cambia todo.

Un “cambio trascendental”

Esta sentencia, reconoce el juzgado madrileño de lo social, “implica un cambio trascendental al respecto”. Las medidas tomadas en España para paliar el abuso de la interinidad, reconoce el juez, “no resultan suficientemente efectivas para castigar el abuso de las Administraciones Públicas y del Sector Público en general han realizado de la contratación temporal”. Y por primera vez reconoce la fijeza a un trabajador en estas circunstancias, en este caso de Telemadrid.

Las sentencias del TJUE como ésta, añade, son de obligada aplicación. “Debe prevalecer, incluso, frente a la jurisprudencia que interprete la normativa nacional, incluso con rango constitucional”. Por tanto, explica, “debemos cambiar nuestro criterio ya que el reconocimiento del actor como indefinido no fijo no supondría suficiente sanción” a Telemadrid. Se le reconoce de forma explícita la condición de “fijo” en Radio Televisión Madrid.

Es una sentencia recurrible ante el Tribunal Superior de Madrid y, después, todavía lo será ante el Tribunal Supremo. La decisión, la primera conocida tras la resolución del TJUE, va mucho más allá de lo dicho hasta ahora en casos similares por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Social, recuerda esta nueva sentencia, ha sido “taxativa” al entender que el carácter fraudulento de un contrato “no basta para que el trabajador tenga la consideración de fijo, debiendo declararse como indefinido no fijo”. Aunque, como en este caso, se haya accedido a través de una bolsa de empleo temporal.

Castilla-La Mancha registra casi 4.500 contratos para la campaña de rebajas, un 33% menos que en 2023. Así lo explica Randstad, que señala que solo hay un crecimiento en los contratos firmados en la provincia de Albacete, que crecen en apenas un 3,2%. Sin embargo, en Guadalajara se ha registrado un 50% menos de contrataciones, mientras que en Toledo un 33,6% menos, y en Ciudad Real los contratos han caído en un 13%. En Cuenca, sólo en un 6,7%.

“El clima de moderación en la contratación y leve desaceleración debido al recorte en el consumo de los hogares se refleja de nuevo en esta campaña de rebajas. De todas formas, podemos sacar conclusiones positivas, como la resistencia del sector comercial o las nuevas contrataciones en Comunidades Autónomas como Cantabria, Baleares y la Comunidad de Madrid”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research.

El sector comercial resiste la caída con un leve crecimiento

El sector comercial será el sector menos afectado por la actual situación. Esta industria, que en los últimos años ha registrado un buen comportamiento, continuará precisando perfiles como dependientes, promotores, azafatos, perfiles comerciales, y de atención al cliente, tanto a nivel físico como en e-commerce.

Principalmente, se valora el trato cercano con el cliente y las dotes comunicativas de los profesionales. Entre las habilidades más valoradas, en esta campaña destacará el dominio de las herramientas y plataformas tecnológicas y las competencias digitales.

En el sector logístico, se precisarán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros.

Castilla-La Mancha es la región donde más caen las contrataciones respecto al año pasado, seguida por Comunidad Valenciana, con un 29% menos y Asturias, con un 18%. Por el contrario, crecen en un 16% en Cantabria y un 14% en Baleares.

Randstad prevé que esta campaña generará en España alrededor de 113.330 contrataciones, un 8,5% inferior al año pasado, cuando se registraron cerca de 124.000 firmas.

Por sectores, el comercio agrupará el 65% de la oferta total, con más de 73.000 vacantes en 2024 (+2,5% respecto al año anterior, cuando se registraron cerca de 71.250). El transporte y la logística este año crearán más de 40.300 vacantes (-23,5% respecto a 2023, cuando se firmaron cerca de 52.650).

Navarra ha cerrado el 2023 con menos parados y más afiliados a la seguridad social que en 2022. En el mes de diciembre el número de desempleados descendió en 172 personas. Así, 2023 termina con 29.988 desempleados, 1.622 menos que los que había al cierre del año pasado.

El mes pasado el desempleo se redujo en Navarra en 66 personas en el sector servicios, 23 en agricultura y 114 en el colectivo de personas sin empleo anterior. Sin embargo, el paro ha crecido en industria en 20 personas, y en la construcción en 11. Del total de desempleados, 20.445 corresponden al sector servicios, mientras que 3.580 a industria, 1.365 a construcción y 1.300 a agricultura. El colectivo sin empleo anterior registra 3.298 parados. Por sexos, de los 29.988 desempleados registrados en 2023, 18.019 son mujeres y 11.969 hombres. De ellos, 2.680 son menores de 25 años (1.397 hombres y 1.283 mujeres).

En cuanto al empleo, 2023 termina con 305.338 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 6.390 personas con respecto al 2022. Solo en diciembre se firmaron 19.166 nuevos contratos, de los que 3.814 fueron indefinidos. Con todo, son 4.387 menos que el mes anterior (-18,63%), y 3.089 menos que hace un año (-13,88%). Del total de contratos, 15.352 fueron temporales (2.900 menos que en noviembre, un -15,89%, y 2.572 menos que en 2022, un -14,35%) y 3.814 fueron indefinidos (1.487 menos que el mes anterior, un -28,05%, y 517 menos que en 2022, un -11,94%).

En el conjunto nacional, se ha registrado en 2023 un descenso de 130.197 personas (-4,6%), hasta un total de 2.707.456 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007. Con el descenso registrado en 2023, el paro encadena tres años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia, y el registrado en 2022 (-268.252 parados).

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que Vox interpuso contra un decreto impulsado por el Gobierno en 2021 para combatir los altos niveles de temporalidad laboral en las administraciones públicas. La decisión, tomada por unanimidad del pleno, entiende que el ejecutivo central sí justificó la urgencia y necesidad de la medida para tramitarlo como real decreto-ley. Una norma que, entre otras cosas, limitó a tres años el tiempo que un interino podía estar ocupando una plaza vacante a la espera de que fuera obtenida por un funcionario en una oposición.

Según los cálculos del ejecutivo, las medidas del real decreto que ahora avala el Constitucional afectarán a más de 300.000 plazas públicas de aquí a finales de 2024.

La carrera del Gobierno para limitar la temporalidad en el espacio laboral de las administraciones públicas arrancó en 2021, después de que los tribunales empezaran a acotar el abuso. Primero fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que declaró abusivo en una sentencia que los contratos temporales se pudieran renovar durante años “por consideraciones de la crisis económica” y que se asimilara a estos trabajadores a la figura del indefinido no fijo.

Poco después fue el Tribunal Supremo el que corrigió su anterior doctrina y estableció que una interinidad en una plaza vacante que dure más de tres años es considerada como “injustificadamente larga” e implicará que un interino pasa a ser considerado indefinido no fijo.

El decreto que recurrió Vox y que acaba de avalar el Constitucional arrancó cuando Miquel Iceta todavía era ministro de Política Territorial salió adelante en el Congreso en julio de 2021 por un solo voto de diferencia y con medidas de calado para combatir el abuso de la temporalidad del sector público, que según los datos oficiales duplicaba a la presente en el sector privado.

Límites a la interinidad

El Constitucional, con ponencia de César Tolosa, explica que tanto la memoria con la exposición de motivos y los debates que dieron lugar a la norma han justificado “la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le llevó a dictar el Real Decreto-ley”. También existe una “adecuación” entre las medidas que adopta y la situación que pretendía combatir.

La norma ponía límites al tiempo que un trabajador de una administración pública podía pasar como interino: tres años ocupando una plaza vacante a la espera de que un funcionario la consiga por oposición o, por ejemplo, para trabajar en un programa de duración temporal. Esas plazas, dice el decreto, debían adjudicarse antes del último día de 2024.

Posteriormente el ejecutivo aprobo una ley para ampliar las medidas que entró en vigor en diciembre de 2021 y que tenía por objetivo bajar del 8% la temporalidad en el conjunto de las Administraciones, y no solo en la General del Estado que sí cumplía ese criterio.

Hasta cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en apenas año y medio y centenares de trabajadores despedidos. Son las cifras que cosecha a nivel estatal el grupo dedicado a la atención al cliente Webhelp, que vuelve a la carga con un nuevo proceso que prevé afectar a unos 220 empleados, 60 de ellos sólo en Mallorca, según el sindicato Fist.

Los nervios y el temor a la pérdida de ingresos se instala entre la plantilla, que, visiblemente indignada, ve cómo, en contra de lo que podría esperarse, la empresa goza de perfecta salud económica y cuenta con elevadas tasas de crecimiento, principalmente a partir de la pandemia de la COVID, que favoreció el teletrabajo, así como la facturación del sector del telemarketing y el call center. De hecho, Webhelp España cerró 2021 con una facturación de 235 millones de euros, un 15% más que el año anterior, según datos de la propia empresa.

“Es importante que la gente conozca la cara oculta de estas empresas que se venden como modernas y que explotan y se enriquecen como los señoritos de antaño”, asevera Enrique (nombre ficticio), quien trabaja como teleoperador para Webhelp desde su vivienda en Palma. En declaraciones a elDiario.es, lamenta la situación de profunda incertidumbre y ansiedad generalizada que atraviesan tanto sus compañeros como él: “Durante los últimos doce meses hemos tenido cuatro ERE. El último que nos han anunciado va a afectar a 60 familias sólo en Mallorca”, señala.

El empleado recrimina, asimismo, la ausencia de explicaciones por parte de la empresa, que, mientras tanto -como denuncian los trabajadores-, estaría trasladando los proyectos de sus clientes a otros países con legislaciones laborales más laxas como Grecia, Portugal o Perú. elDiario.es ha intentado recabar la versión de Webhelp acerca del conflicto laboral, pero la empresa se niega a hacer declaraciones al respecto. “No haremos comentarios”, se limitan a responder. Tampoco la patronal CEX, principal representante del sector, ha atendido a las peticiones de este medio al alegar que no puede opinar “sobre temas puntuales que atañen a empresas concretas”.

La presidenta de Webhelp, detractora de la reforma laboral

Fundada en 2020 y con sede en París, Webhelp es una empresa de subcontratación de procesos con el foco puesto en la atención al cliente. Cuenta con clientes como Vodafone, Valentino y La Redoute. En España está presidida por la mallorquina Helena Guardans, expresa detractora de la reforma laboral y de la jurisprudencia del Supremo que tumbó los contratos de obra y servicio en el sector del contact center con el objetivo de hacer frente al abuso de la temporalidad del que se han beneficiado numerosas empresas en los últimos años. Hasta el pronunciamiento del Alto Tribunal, y desde finales de los años noventa, la jurisprudencia había admitido que el contrato por obra o servicio determinado pudiera ajustar su duración a la de la propia contrata.

Guardans fundó en 1994 la empresa de call center Singular, que fue adquirida en el 2001 por la alemana Sellbytel. En 2018, ésta fue absorbida por Webhelp, liderada a nivel internacional por Olivier Duha, presidente y CEO de la compañía. El grupo cuenta con oficinas en Málaga, Mallorca, Madrid, Barcelona, València y Tenerife. Recientemente cerró su fusión con el proveedor de servicios y tecnologías Concentrix Corporation. El nombre de la mercantil saltó a la palestra el pasado mes de febrero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la condena por acoso a una trabajadora de Webhelp por parte de una jefa de manera directa y “de forma indolente” por parte de la empresa, “conocedora y consentidora de estas actitudes”. 

En España, Webhelp está presidida por la mallorquina Helena Guardans, expresa detractora de la reforma laboral y de la jurisprudencia del Supremo que tumbó los contratos de obra y servicio en el sector del 'contact center'

Enrique destaca, en este sentido, la labor de la entidad sindical, Fist, con base en Barcelona. Sus objetivos, entre otros, pasan por consolidar el teletrabajo como una forma normal y opcional de empleo, lograr la igualdad salarial y de condiciones para todos los trabajadores según grupo profesional y nivel retributivo, implementar políticas que reduzcan la carga de trabajo en aquellos proyectos donde se sobreexplota a los agentes e impedir que Webhelp utilice los ERE y los ERTE de forma sistémica.

“Los ERE están cayendo como si no hubiera un mañana”

Enrique lamenta que desde la empresa no se esté facilitando información a los empleados. Otros compañeros, como él, recriminan las condiciones laborales en las que se ven envueltos dentro de esta empresa de contact center.

La fórmula del ERE no está siendo infrecuente en el sector del call center. De hecho, es algo “bastante común”, como manifiesta a elDiario.es el secretario general de Fist, Miguel Ángel Bachs. “Tras la sentencia del Supremo, las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana”.

El sindicalista explica que antes de que el TS sentara jurisprudencia en materia de subcontratación, el sector estaba construido mayoritariamente por las contrataciones temporales, dado que el artículo 17 del anterior convenio colectivo facilitaba las reducciones de plantilla y la extinción del contrato de obra o servicio en aquellos supuestos en que el empleado resultara innecesario ante la disminución del volumen de la obra o servicio contratado. El nuevo convenio, suscrito el pasado mes de junio, elimina toda referencia a este tipo de contratos.

Precisamente, hasta 200 trabajadores que atendían las llamadas de la Seguridad Social, subcontratadas a través de la empresa Konecta BTO, se movilizaban el pasado lunes después de que la mercantil anunciase su subrogación a la Seguridad Social, una medida que el organismo público ha rechazado y que dejaba a los afectados sin empleo, sin despido formal y sin paro. Sin embargo, cuatro días después de las protestas, la empresa, la mayor en España del sector del contact center, informaba a los sindicatos de que asumirá a los empleados, enviándolos de momento a un ERTE o a la inactividad en el caso de los fijos discontinuos.

Tras la sentencia del Supremo [que anula los contratos por obra y servicio y los abusos de la temporalidad], las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana

Miguel Ángel Bachs — Secretario general del sindicato Fist

Batalla por la mejora de salarios

El nuevo convenio, que establece que al menos el 80% de los contratos de trabajo suscritos por las empresas deben ser indefinidos ordinarios y un máximo del 20% del resto de modalidades (ETT, temporales directos y fijos discontinuos), fue rubricado tras la batalla de los trabajadores del sector por la mejora de sus salarios y el reconocimiento de la obligación de subrogación de las plantillas, algo que hasta entonces no sucedía y dejaba a los trabajadores 'colgados' ante el cambio de subcontratas tan habituales en estos servicios.

El responsable del área del contact center en CCOO Catalunya, Erik Carrión, explica, por su parte, que antes de suscribirse el nuevo convenio, cuando finalizaba un servicio grande para el que hubieran trabajado “de 50 a 100, 200 ó 300 personas y se lo quedaba otra empresa en el Estado, automáticamente se hacía un ERE y la otra empresa contrataba a un número determinado de personas, con las condiciones que ellos querían y como ellos querían”. Con el nuevo acuerdo, señala, esta problemática se ha solventado mediante el artículo que fomenta la subrogación, “con lo cual si una empresa pierde un servicio, la otra empresa se lo tiene que dar y si no está en la zona, de momento tiene que ofrecer teletrabajo hasta que tenga una sede física allí”.

En el caso de Webhelp, Carrión indica que esta mercantil opera para numerosos clientes extranjeros y el problema se produce cuando el servicio finaliza o se traslada a otros países con unas normativas legales y una presión sindical inferior y con unos costes “mucho más baratos”. “Ahí no podemos utilizar la subrogación porque la normativa española no obliga a que cuando se acaba un trabajo aquí se tenga que contratar a los trabajadores en otro país que igual está a 3.000 kilómetros”, abunda. El sindicalista defiende que, al verse abocados a realizar expedientes de regulación de empleo, desde los sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y USOC “hemos luchado siempre para que las condiciones de los que se fueran y los que se quedaran fuesen las mejores”.

De hecho, recuerda que todos los expedientes han sido acordados con una indemnización de 30 días por año trabajado, “similar a lo que sería un despido improcedente de 33 días”, mientras que los tres primeros ERE se cerraron “prácticamente solo con voluntarios que querían salir de la empresa”. 

Mientras tanto, Bachs explica que, antes de la modificación de doctrina promulgada por el Supremo, las empresas podían “jugar rozando unos límites” para hacer “ERE continuados”. El sindicalista recuerda, de hecho, cómo una denuncia interpuesta por Fist en Inspección de Trabajo obligó a a regular mil contratos de trabajo que se encontraban en fraude de ley. “A partir de ahí, lo que hizo la empresa fue empezar a hacer expedientes de regulación de empleo”, comenta en relación a Webhelp.

Webhelp “va bien”

Respecto a la situación económica de Webhelp, Bachs señala que “si uno analiza el retorno de la inversión de la empresa en los últimos cuatro años o cinco años, se dará cuenta de que la empresa va bien”, sobre todo a partir de la pandemia, cuando se potenció el teletrabajo.

“A nuestro sector esto le afectó positivamente”, indica, no sólo porque las empresas estuvieron exentas de pagar gastos de teletrabajo, sino porque los proyectos que venden vía online se multiplicaron, sobre todo los relativos a los servicios tecnológicos. De hecho, los contact center españoles agrupados en la patronal CEX -un 88% del total- facturaron en 2020 hasta 1.884 millones de euros, frente a los 1.693,27 millones obtenidos el año anterior.

Bachs señala que otro de los aspectos a tener en cuenta es “la deriva económica que lleva España, sobre todo con una inflación galopante”, lo que ha provocado que la mano de obra “se haya encarecido”. El sindicalista estima que aproximadamente el 80% de la inversión anual de Webhelp se destina a recursos humanos. Y va más allá: “En el contact center los trabajadores no son simples trabajadores, son productos. Una empresa vende la fuerza del trabajo que produce y ese producto es con el que comercia, pero en el contact center lo que tú produces es un servicio. Ya sabemos que con el capitalismo el objetivo ya no solo no perder, sino que el no conseguir un aumento de beneficios anual ya implica que una empresa tiene un síntoma de debilidad. Y eso es lo que Webhelp quiere evitar”.

Cabe recordar que, en febrero, la Justicia condenó por daños a Webhelp y a una de sus jefas por una “clara” situación de acoso laboral o mobbing a una trabajadora después de que ésta se convirtiera en madre. La sentencia daba cuenta de un acoso prolongado durante más de cuatro años por parte una de las directivas de la compañía a la empleada desde que tuvo su primer hijo. “Me he comido a un hijo, no me voy a comer a dos” y “eres una hija de puta, a mí no me vas a hacer quedar tú mal, ¿eres retrasada?”, refería a la afectada.

La magistrada de primera instancia, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apuntaba a la existencia de una “conducta de hostigamiento a la víctima, intencionada y reiterada” por parte de la jefa, pero también “de forma indolente por la empresa, conocedora y consentidora de estas actitudes”. La jueza impuso una indemnización de 80.000 euros a la víctima, además de la extinción de su contrato con indemnización de 55.000 euros.

La ristra de infracciones laborales detectadas en China Red SL, almacenes proveedores de las perfumerías Primor, va mucho más allá de vulnerar la dignidad de sus trabajadores obligándoles a coserse los bolsillos para evitar “robos”. Tras más de dos años desde el inicio de las pesquisas de la Inspección de Trabajo, la autoridad laboral de la Junta de Andalucía ha impuesto a la compañía –en manos del imperio familiar de Primor– una multa de más de 1,7 millones de euros por numerosos abusos laborales, gran parte de ellos “muy graves”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Además de esa sanción de 100.006 euros por vulnerar la dignidad de los trabajadores, considerada muy grave y en su grado máximo, como adelantó este lunes elDiario.es, la lista total de irregularidades suma un total de 1.742.512 euros de multa.

Sobre todo, por abusos salariales y en las modalidades de contrato, como multitud de empleados temporales fraudulentos y una cesión ilegal de trabajadores generalizada a través de subcontratas.

“En cuanto te sale algo, te vas de ahí. Hay muchísima rotación de trabajadores por las condiciones y por el trato. Solo aguanta más la gente mayor, que tiene miedo a que no le salga otra cosa, o los jóvenes que están empezando, sobre todo sin estudios”, cuenta un trabajador que estuvo más de dos años empleado en distintas empresas que trabajan para Primor.

China Red va a recurrir la sanción ante los tribunales, ya que niega “rotundamente” las infracciones detectadas, ha explicado a elDiario.es un representante legal de Juan Ricardo Hidalgo Domínguez, consejero delegado de Primor y que respondió ante la Inspección como “apoderado” de la empresa, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio.

La empresa desmiente las irregularidades constatadas por la autoridad laboral, pero en cualquier caso –“de haberse hecho”– señalan a las múltiples empresas subcontradas que operan en el almacén, negando la responsabilidad de China Red y sobre todo de Primor. Más allá del activo papel del CEO de las perfumerías en el expediente sancionador, el administrador único y máximo accionista de China Red es su padre, Juan Ricardo Hidalgo Aguilera, anterior cabeza de la empresa familiar malagueña.

Los vínculos familiares y empresariales, que se comunican en una gran maraña de empresas tras las perfumerías Primor, queda reflejado en una “anécdota” de una de las visitas de los inspectores al almacén de Málaga. Dentro de la nave, en la zona cercana a la garita de control, observan a un hombre “realizando tareas de limpieza de un coche, marca Porsche”.

Preguntado por su categoría profesional, se trataba de un mozo de almacén, al que “le han indicado que proceda a la limpieza del coche propiedad” de Estefanía Salazar Ramírez, “actual cónyuge del Sr. Hidalgo Domínguez” y “administradora única de la mercantil LADY MACAN S.L. que posee una tienda que gira bajo la marca PRIMOR y de alta como empleada en diversas sociedades también poseedoras de tiendas que operan bajo dicha marca”.

En la empresa defienden que se trata de una “persecución” de un inspector, al que intentaron recusar sin éxito en varias ocasiones. La misma estrategia que repitieron contra otros dos empleados del organismo público vigilante de la legalidad laboral que participaron en las pesquisas y que también fueron respaldadas por la Inspección de Trabajo. Contra todos ellos, la empresa además emprendió acciones legales, dice la defensa de Juan Ricardo Hidalgo Domínguez.

Cesión ilegal de trabajadores

La multa más cuantiosa corresponde a 1,46 millones de euros de sanción por cesión ilegal de trabajadores con una docena de empresas, a través de las que China Red subcontrata a la mayoría de los empleados del almacén. Estos relataron a los inspectores que “periódicamente les cambian de la empresa enterándose, en ocasiones, con posterioridad al cambio”, por ejemplo, a través de SMS de la Tesorería de la Seguridad Social. Sus tareas no cambiaban, ni tampoco la organización del trabajo en la nave.

Uno de los trabajadores entrevistados afirmó a los inspectores desconocer la empresa en la que estaba contratado en ese momento y uno de los jefes de la nave dijo no conocer una compañía por la que le preguntaban los actuantes, la misma en la que estaba dado de alta, según el acta a la que ha tenido acceso este medio.

“Antes de la reforma laboral te hacían contratos por seis meses y cuando pasaba un tiempo te cambiaban de empresa, te van pasando de unas a otras, todas vinculadas a Primor”, dice a elDiario.es un exempleado en la nave de China Red en Málaga, que muestra su vida laboral en la que figuran cuatro compañías distintas en menos de tres años.

Los inspectores desgranaron una estrategia de subcontratación a varios niveles, con empresas intermediarias entre China Red y la docena de contratas finales (empleadoras en última instancia del personal), que “solo tiene como finalidad la de eludir responsabilidades de índole laboral”.

Concluyen que la compañía sancionada era la verdadera empleadora y organizadora de los trabajadores (al frente de las propias entrevistas de trabajo, la dirección de tareas, la organización de turnos y vacaciones, por ejemplo) mientras el resto de compañías cumplen la mera función de poner los empleados a disposición del almacén de Primor.

Se trata de una práctica irregular, como prevé el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que se denomina cesión ilegal de trabajadores y que los inspectores recuerdan que suele tener consecuencias como, “entre otras, la degradación de las condiciones de trabajo o la disminución de las garantías cuando aparecen empleadores ficticios insolventes”.

El acta de infracción destaca que la interposición de varias empresas buscaba que respondan estas –“con nula solvencia patrimonial– y no la empresa que realmente recibe los servicios de las doce cedentes, esto es, CHINA RED S.L.”. La sanción incluye una multa por cada una de las doce subcontratas irregulares, de entre 100.006 euros y 150.000 euros.

El abogado del CEO de Primor, Juan Ricardo Hidalgo Domínguez, afirma que “los Juzgados de lo Social vienen dando la razón sistemáticamente y sin excepción a China Red” respecto a supuestas denuncias de cesión ilegal, por lo que confían en que su recurso a la multa prospere.

Con el mismo argumento y una sentencia de ejemplo, la empresa alegó en contra de la propuesta de esta sanción laboral, que la Viceconsejería de Empleo andaluza rechazó. “La sentencia se pronuncia sobre si existe un grupo de empresas fraudulento, pero nada establece acerca de la posible cesión ilegal de los trabajadores”, apunta la resolución a la que ha tenido acceso este medio.

Salarios inferiores, finiquitos y horas extra sin pagar

Los abusos alcanzan también al bolsillo de los trabajadores, con múltiples incumplimientos en uno de los deberes básicos del empresario: el pago por el trabajo realizado. La Inspección constata sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional –en 2020, algunos trabajadores seguían recibiendo el de 2019– y de manera generalizada el abono de salarios inferiores a lo debido, fruto de aplicar el convenio del comercio minorista en el almacén, en lugar del comercio al por mayor que correspondería.

Los inspectores calculan las cantidades adeudadas a la plantilla, con nombres y apellidos, con casos en los que se alcanzan cientos de euros por persona.

También se sanciona el impago de las horas extraordinarias de trabajo, que no eran compensadas en salario ni tampoco con descanso. Aunque China Red impidió a los inspectores acceder al registro obligatorio de la jornada laboral, pese a las visitas al almacén de Málaga y los continuos requerimientos, los trabajadores declararon de forma mayoritaria realizar más de 40 horas a la semana, hecho que los inspectores constataron con los propios horarios del personal. Los turnos ponían horarios más amplios, hasta “41 horas y 30 minutos”.

En los interrogatorios a los trabajadores queda reflejado que, en general, los mozos del almacén de Primer descansaban un día completo a la semana excepto durante la campaña de Navidad, cuando declararon que trabajaban todos los días. Siete de siete, sin parar.

“Durante el mes de diciembre y hasta, al menos, el 5 de enero siguiente, periodo en el que, según declaran los trabajadores de manera abrumadora, se trabajan los siete días de la semana excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero”, recoge el acta de infracción. Una exempleada del almacén explica que el personal se ve forzado a hacer horas extra en la campaña más fuerte para las perfumerías: “Porque si no lo hacías, en enero ya no contaban contigo”.

China Red incumplía también de manera mayoritaria el pago de los finiquitos e indemnizaciones al término de los contratos de los trabajadores y, en algunos casos, un pago inferior al que correspondería. La Inspección cuenta como afectados a “127” personas en un periodo en el que la empresa tuvo en plantilla a “193” empleados. Cabe destacar que China Red ni siquiera negó los hechos ante la Junta de Andalucía y apuntó que las cantidades eran “pequeñas”.

Con agravantes por el alto número de trabajadores afectados por los abusos, así como por las cifras de negocio del almacén de Primor,  de 341 millones en 2020, la autoridad laboral impone 90.000 euros de multa por el pago de salarios inferiores a lo debido, otros 70.000 euros por las horas extra sin pagar ni compensar con descanso y 3.000 euros más por el impago de indemnizaciones. El almacén de Primor declaró beneficios de 5,3 millones de euros en 2021, según sus últimas cuentas anuales.

Temporales fraudulentos

La Junta de Andalucía también impone a China Red otros 6.000 euros de multa por “fraude en la contratación temporal”. Se constatan los contratos temporales mayoritarios en la nave, del “76,5%” en el periodo analizado, que no están justificados por ninguna tarea temporal específica y que llevan a la autoridad laboral a incorporar hasta cinco agravantes a la sanción.

Entre ellos, “la intencionalidad del sujeto infractor”, al incumplir la compañía requerimientos expresos sobre diez trabajadores, a los que se siguió contratando como temporales.

De nuevo, China Red no negó los hechos en el procedimiento administrativo, aunque intentó rebatir los agravantes para atenuar la multa. Por ejemplo, la empresa apuntó que “no se constata el perjuicio causado, ya que no se demuestra que los trabajadores hayan disfrutado de peores condiciones laborales que si hubiesen tenido la condición de indefinidos”. La Inspección indica que los trabajadores podían estar “durante años” ligando contratos temporales de supuestas campañas.

La autoridad laboral rechaza los argumentos de la empresa. Recuerda al almacén de Primor que ha privado a los empleados temporales “de los beneficios de otorgarles la condición de trabajadores fijos”, como las consecuencias de los contratos indefinidos “y su régimen indemnizatorio, netamente superior al de los contratos de trabajo temporales o, cuando se han producido varias contrataciones sucesivas, no computar la antigüedad en la empresa”, por ejemplo.

Hasta el total de 1,7 millones de multa, se incorporan otros 3.000 euros de sanción por no tener libro de subcontratación y 4.500 euros por no entregar a los trabajadores con contrato parcial su copia del registro de jornada. Además, en otro expediente, la Junta de Andalucía sanciona a China Red por “obstrucción a la labor inspectora”, infracción calificada como “muy grave” y que supone otros 65.000 euros de sanción económica a la compañía.

------------------------

Cómo frenar las mentiras

En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.

Por eso te pedimos tu apoyo. Necesitamos crecer. Contratar a más periodistas. Reforzar nuestras ediciones locales frente a las mentiras de los gobiernos locales y autonómicos de la extrema derecha. Fichar a más reporteros de investigación. Nos hace falta llegar a más gente, construir un periódico más grande, capaz de contrarrestar la brutal ola de propaganda conservadora a la que nos vamos a enfrentar. Y que dejará pequeña la que hemos vivido en esta sucia campaña electoral.

Si te preocupa el futuro de este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca porque nuestra labor es más necesaria que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

La contratación subió un 29,11 por ciento en Castilla y León en el mes de mayo de 2023, cuando se firmaron 62.099 contratos, 14.002 más en comparación con el mes anterior, mejor dato que la media donde la contratación creció un 22,01 por ciento, lo que supone 254.745 contratos más en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Castilla y León registró el séptimo mayor aumento porcentual de la contratación de las comunidades autónomas que subió en casi todos los territorios, salvo en Cantabria.

Sin embargo, en términos interanuales la contratación cayó un 7,10 por ciento en Castilla y León (4.743 contratos menos que en mayo de 2022), menos en este caso en comparación con la media que bajó un 13,93 por ciento. La Comunidad ha anotado en concreto la cuarta menor caída de las autonomías.

Por provincias, la contratación subió en todas con especial incidencia en Valladolid (48,98 por ciento y 5.086 contratos más), seguida de Burgos (35,47 por ciento y 2.485 contratos), León (30,28 por ciento y 2.154 nuevos contratos), Segovia (29,65 por ciento y 1.027 contratos), Salamanca (23,04 por ciento y 1.626 contratos más), Zamora (17,23 por ciento y 567 nuevos contratos) y Soria (16,02 por ciento y 311 contratos más).

Los menores incrementos, por debajo de los dos dígitos, se han registrado en Palencia (9,96 por ciento y 494 contratos más) y en Ávila (8,75 por ciento y 252 nuevos contratos).

Y en comparación con mayo de 2022 la contratación cayó en casi todas salvo en Palencia, donde subió un 6,07 por ciento (312 contratos más), y en Salamanca, que gana un 11,62 por ciento (904 contratos). El mayor descenso se ha anotado en Soria (-20,62 por ciento, 585 menos), seguida de Ávila (-17,10 por ciento, 646 menos), Burgos (-16,20 por ciento, 1.835 menos), Zamora (-14,49 por ciento y 654 menos), Segovia (-12,20 por ciento y 624 contratos menos), León (8,33 por ciento, 842 menos) y Valladolid (-4,76 por ciento y 773 contratos menos).

Evolución dispar de la contratación indefinida

En el caso de la contratación indefinida, con un total de 22.501 contratos de estas características, sube un 28,91 por ciento respecto a abril (5.046 más) pero cae un 13,45 por ciento en comparación con el mismo mes de 2022 (-3.498), por debajo en ambos casos de los datos nacionales (+17,78 por ciento y -14,45 por ciento, respectivamente).

Por provincias, la contratación indefinida en comparación con el mes anterior subió en todas salvo en Ávila (-4,60 por ciento) lideradas por Valladolid (47,03 por ciento) y por Segovia (43,51 por ciento), seguidas de Burgos (41,18 por ciento), Salamanca (23,23 por ciento), Zamora (20,04 por ciento), León (16,42 por ciento), Palencia (14,39 por ciento) y Soria (8,62 por ciento).

En comparación con mayo de 2022 se produce un descenso de la contratación de carácter indefinido en las nueve provincias de Castilla y León lideradas por Ávila (-28,16 por ciento) seguida de Soria (22,81 por ciento), Burgos (-20,98 por ciento), León (-17,81 por ciento), Palencia (-15,61 por ciento), Zamora (-11,92 por ciento), Salamanca (-8,70 por ciento), Segovia (-6,88 por ciento) y Valladolid (-4,21 por ciento).

Y en el caso de la contratación temporal, Castilla y León ha sumado un total de 39.598, un 29,23 por ciento más que el mes anterior respecto al que gana 8.956, por encima del aumento de España, donde crece un 25,60 por ciento, pero un 3,05 por ciento menos que en mayo de 2022 (-1.245 contratos en este caso), inferior que la media (-13,51 por ciento).

La contratación temporal ha subido especialmente en Valladolid, donde crece un 50,39 por ciento, seguida de León (41,43 por ciento), Burgos (32,10 por ciento), Salamanca (22,96 por ciento), Segovia (21,77 por ciento), Soria (21,61 por ciento), Ávila (17,39 por ciento), Zamora (15,91 por ciento) y Palencia (8,91 por ciento).

Y en comparación con mayo de 2022 la contratación temporal cae en siete y sube en Salamanca, 23,23 por ciento más, y en Palencia, 13,26 por ciento. La mayor bajada en este caso se anota en Soria (-19,07 por ciento), en Zamora (-15,70 por ciento) y en Segovia (-15,44 por ciento) seguida de Burgos (-12,88 por ciento), Ávila (-9,80 por ciento), Valladolid (-5,15 por ciento) y León (-0,75 por ciento).

Castilla-La Mancha cerró marzo con 4.193 parados menos que en el mes anterior y casi 7.500 menos que en el mismo mes en 2022. Así lo señalan los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, publicados este martes y que ya se habían avanzado iban a ser “la mayor bajada de los datos del paro de un mes de marzo de la serie histórica”, según anunció Emiliano García-Page. En total, en Castilla-La Mancha hay 142.389 personas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo.

En concreto, en la región se ha registrado una bajada del 2,86% con 4.193 parados menos que en el mes de febrero, y 7.453 parados menos que en marzo de 2022, lo que supone una variación interanual de un -4,97%.

La provincia donde más ha bajado el número de parados es Guadalajara, donde ha caído en un 5,27% respecto al mes anterior y en un 6,17 en relación a 2022. Por otro lado, es Toledo donde menos ha caído el paro en ambos casos: sólo un 1,98% en variación mensual y un 3,8 en relación a 2022. 

En Ciudad Real, por otro lado, hay 2.509 personas paradas menos que hace un año, con una caída del 6,13% en términos interanuales y un 1,99% en variación mensual. Albacete es la provincia donde se ha registrado la caída más pronunciada de personas registradas en las antiguas oficinas del Inem, ya que hay 1.107 personas menos en relación a febrero de este año.

Por sectores, ha sido el de Servicios el que ha registrado la mayor caída, ya que hay 3.665 personas menos en el paro, mientras que el sector que más ha perdido tras este es el de Construcción, con 279 personas menos. Sí crece el colectivo de personas registradas sin empleo anterior. Un mes más, las mujeres suponen la gran mayoría de las personas en paro: de un total de 142.389, 92.935 personas registradas en las oficinas públicas de búsqueda de empleo son mujeres, mientras que los 49.454 restantes son hombres. Entre los menores de 25 años la diferencia casi no se percibe, ya que hay 5.365 jóvenes inscritos en el paro y ellas son 5.501.

En cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social, la comunidad autónoma ha ganado 5.688 afiliados, lo que supone un aumento del 0,76% respecto al mes de febrero y un 1,27% más en relación al año pasado. El total de cotizantes llega así a los 750.783, lo que supone 9.385 más que en el mismo mes en 2022. Las afiliaciones crecieron en todas las provincias, especialmente en Guadalajara, en un 1,14% y en Toledo, con un 0,97%.

Contratos

Durante marzo se firmaron 6.834 contratos más que en el mes anterior, con una notoria subida de un 16,23%, que sin embargo, es de los más bajos en relación a otras comunidades autónomas. En cuanto al año anterior, se han firmado 9.819 contratos menos que en marzo de 2022, con una caída de un 16,71%. Del total de 48.930 contratos que se han firmado durante marzo de 2023 casi la mitad son indefinidos: 21.571. El resto, 37.616, han sido temporales. También crecen en hasta un 10% los contratos firmados por personas extranjeras.

La Inspección de Trabajo en Euskadi revisará un total de 1.766 contratos realizados a través de ETT ante la sospecha de que sean irregulares al estar cubriendo necesidades estructurales de las empresas. La Inspección va a enviar a lo largo de esta semana 340 cartas a otras tantas empresas vascas para revisar estos contratos, que, según la Herramienta de Lucha Contra el Fraude, podrían estar en una situación irregular.

En las cartas se explica a los empresarios que la utilización recurrente de la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para la cobertura de necesidades estructurales constituye “un fraude de ley, independientemente de que dicha contratación se formalice con contratos temporales, fijos discontinuos o fijos ordinarios”. Según han informado desde el Gobierno vasco, en estos 340 casos se ha detectado que se podrían estar cubriendo ciertos puestos de la plantilla de carácter permanente con contratos no adecuados a esta naturaleza.

De las 340 cartas 110 corresponden a empresas de Álava con 703 contratos afectados, 88 a Gipuzkoa (471 contratos) y 142 a Bizkaia (592 contratos). En total serían 1.766 los trabajadores que podrían estar afectados. También van recibir una comunicación las 12 ETT afectadas por esta situación, con la finalidad de que tengan constancia de la misma. No obstante, se les recuerda que, en caso de no proceder la empresa usuaria, en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación, a la conversión de los contratos en fijos ordinarios propios, podrán ser ellas objeto de actuación inspectora. De las 12 cartas, 3 corresponden a empresas de empleo temporal de Álava, 3 a Gipuzkoa y 6 a Bizkaia.

El posible fraude se ha detectado a través de la Herramienta de Lucha Contra el Fraude, un sistema informático que detecta situaciones irregulares que pudieran ser consideradas como infracciones en el orden social, y que permite cruzar datos y detectar situaciones en las que se pudieran producir irregularidades o incumplimientos normativos en materia de contratación. Esta herramienta se usa en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Estado.

El envío de estas cartas es el primer paso antes de pasar a imponer una sanción en el caso de que las empresas no corrijan las irregularidades, dentro de una labor de inspección que según defiende el Gobierno vasco pretende ser “más preventiva que punitiva”. De hecho, según el balance realizado por el Ejecutivo, el año pasado se realizaron un total de 18.742 actuaciones en Euskadi, pero solo un 8% de este total, 1.487, conllevó una infracción con la correspondiente multa. En total, se impusieron multas por 7,52 millones de euros, de las que la mayor parte están relacionadas con infracciones en el empleo, 3,36 millones, seguidas de las que tienen que ver con la Seguridad y Salud Laboral, 3,10 millones y las Relaciones Laborales, 1,05 millones de euros. En total se revisaron el año pasado 25.948 contratos, de los que se transformaron en indefinidos y a tiempo completo 8.760, es decir un 34%.