La Inspección de Trabajo ha avisado este mes a miles de empresas de la detección de unos 31.500 contratos temporales y fijos discontinuos en presunto fraude. Se trata del I Plan de Choque de 2026 contra la contratación irregular temporal y de fijos discontinuos, ha informado este viernes el Ministerio de Trabajo, que viene realizando estas campañas desde 2018.

“El objetivo de este Plan es evitar la utilización fraudulenta de contratos temporales, cuando los puestos de trabajo deberían estar cubiertos por relaciones laborales indefinidas, o de fijos discontinuos cuando deberían ser fijos ordinarios”, recuerda en una nota la Inspección de Trabajo.

En estas campañas, el organismo público vigilante de la legalidad laboral y en Seguridad Social detecta presuntas irregularidades gracias al cruce masivo de datos, e informa a las empresas de esta situación.

Las compañías afectadas reciben una comunicación en la que se les informa de que tienen un mes de plazo para regularizar los contratos, o justificar su legalidad, o de lo contrario se advierte de que se iniciarán las actuaciones inspectoras correspondientes.

14.000 temporales y 17.500 fijos discontinuos irregulares

En concreto, la Inspección de Trabajo ha enviado este mes de junio 20.049 comunicaciones, indica el organismo, que afectan a 31.545 contratos.

Respecto a los contratos temporales irregulares, se han remitido algo más de 9.000 avisos que afectan a un total de “14.071” relaciones laborales.

En cuanto a los fijos discontinuos, se analiza la situación de personas trabajadoras que hayan estado al menos 10 meses y medio en alta en una empresa en los últimos 12 meses, y se han remitido casi 11.000 avisos a empresas que afectan a “17.474 contratos”.

En 2024, el último año del que se tienen datos cerrados de la Inspección de Trabajo, el organismo público transformó en indefinidos más de 167.700 contratos temporales y fijos discontinuos fraudulentos, entre los planes de choque y las actuaciones ordinarias de la Inspección.

La Fundación ONCE del Perro Guía, que se dedica a criar y adiestrar perros guía para personas con ceguera o deficiencia visual grave, ha tenido que hacer indefinidos a seis trabajadores con contratos temporales irregulares por mandato de la Inspección de Trabajo. Además, ha exigido también que elabore un plan de igualdad, confirman fuentes de la propia fundación, medida que ya debería tener desde hace varios años al superar el umbral de 50 empleados.

La Fundación, creada por la ONCE en 1990, entrega cada año más de 120 perros guía de manera gratuita a personas afiliadas a esta entidad. Recibe la gran mayoría de sus fondos de ONCE (5,1 millones de los 5,2 millones de euros de ingresos fruto de su actividad en 2024), más 30.000 euros en una subvención de la Comunidad de Madrid y casi 148.000 euros en donaciones de empresas privadas y particulares, según sus últimas cuentas.

Fuentes de la Fundación ONCE del Perro Guía destacan que la Inspección de Trabajo ha emitido un requerimiento y “no un acta de infracción” contra la entidad, que supone la imposición de una sanción económica. En los requerimientos, los inspectores detectan ciertas irregularidades e instan a las empresas a que las solventen en un determinado plazo, pero sin imponer una multa de partida.

La fundación retrasa la estabilización de otros empleados

Tras una visita a las instalaciones de la fundación en Boadilla del Monte (Madrid), la Inspección de Trabajo consideró que los contratos de seis empleados temporales no se ajustaban a la legalidad vigente y obligó a convertirlos en indefinidos. La medida ha generado “un lío importante” dentro de la fundación, especialmente en las perreras en las que trabaja el personal al cuidado de los animales, explica Benedicto Cubillo, miembro del comité de empresa por el sindicato CCOO.

La regularización ha supuesto saltarse el sistema de mejora de turnos que la fundación tiene establecido por convenio colectivo, que funciona según la antigüedad y del que dependen muchas personas para mejorar sus condiciones. “Por ejemplo, hay gente que lleva cinco años en fin de semana, esperando que salga plaza entre semana y de repente hay contratos tres meses que se les ha hecho indefinidos” en este turno, explica Cubillo.

Fuentes de la plantilla que piden no ser identificadas confirman esta situación de malestar, que la propia directora gerente de la fundación reconoció en un correo electrónico a los trabajadores. En este, apuntaba que, “con carácter previo a esta inspección, desde la dirección ya se estaba trabajando en un plan para ir subsanando ciertas situaciones de temporalidad en los contratos”, pero alega que ahora tendrán que retrasarse.

“Ahora esta actuación supone un imprevisto más que nos obliga a modificar parte de la planificación inicial para regularizar y mejorar la estabilidad de los puestos”, informó la directora gerente a los trabajadores, como ha podido comprobar elDiario.es.

CCOO denuncia “un abuso brutal” de horas complementarias

Desde el comité de empresa, Benedicto Cubillo denuncia las “malas condiciones” de los contratos de los trabajadores en perreras, especialmente. “De los 22 trabajadores que hay hoy trabajando solo tres” tienen contrato indefinido para el turno de lunes a viernes, explica el representante de CCOO.

“El resto son trabajadores con contrato a tiempo parcial”, el contrato que se firma en la fundación para el fin de semana, “realizando horas complementarias, las cuales casi todos han superado”, o son “interinos, con contratos de sustitución en algunos casos”.

Cubillo denuncia “un abuso brutal” de las horas complementarias de los trabajadores a tiempo parcial, una medida que da flexibilidad a las empresas en detrimento de la estabilidad de horas de trabajo de los empleados, así como un convenio colectivo negociándose desde hace varios años, sin avances, y tras pasar una década de congelación salarial.

“Abusan porque trabajar con perros en España es muy difícil. O eres policía o guardia civil en la unidad canina, o entrar en una entidad grande para trabajar con perros es muy difícil. Así que hay mucha gente que, aunque cobre poco y sus condiciones laborales sean pocas, aguanta con el afán de poder trabajar en algo que les gusta y les motiva. Este es un trabajo muy vocacional”, explica el representante de CCOO.

Fuentes de la Fundación ONCE del Perro Guía sostienen que “no existe ninguna actuación que pueda considerarse precarización” del personal. Además, indican que la fundación ya ha dado los primeros pasos para elaborar el plan de igualdad, con el proceso de contratación de una consultora para ello.

La reforma laboral de 2021 elevó sustancialmente las probabilidades de los jóvenes de acceder a un contrato indefinido en España, que además se acompañó de un aumento de los días de trabajo de estos primeros empleos, así como de una mayor ganancia salarial, según un estudio presentado este martes por el think tank Fedea.

La reforma laboral de 2021 ha desplomado la tasa de trabajadores temporales en España a mínimos históricos, a algo menos del 12%, en una “auténtica transformación de la contratación”, ha señalado el economista Marcel Jansen, uno de los autores de la investigación.

Los autores indagan en este aumento de los contratos indefinidos, especialmente en el grupo de jóvenes, así como en indicadores de calidad de estos primeros empleos.

Mucha más probabilidad de ser indefinidos

Sus resultados indican que la reforma produjo un “cambio muy sustancial en la contratación”. Para el estudio, Marcel Jansen ha explicado que comparan el comportamiento en el empleo de aquellas provincias con mayores índices de empleo temporal antes de la reforma legislativa respecto a aquellas con menor tasa de temporales.

Con el cambio normativo, el acceso de los jóvenes a contratos indefinidos aumentó de forma intensa, especialmente en las provincias donde antes de la reforma existía un mayor exceso de temporalidad.

“Las estimaciones muestran que la reforma elevó en 6,4 puntos porcentuales adicionales la probabilidad de acceder a algún tipo de contrato indefinido en estas provincias, lo que supone eliminar aproximadamente el 87% de la brecha previa respecto a las provincias menos expuestas”, indican en Fedea.

“Está claro que la reforma ha reducido los márgenes de discrecionalidad que permitían a las empresas ofrecer contratos peores de lo que correspondería”, ha sostenido Marcel Jansen, también profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.

Mejora también la calidad del empleo, pero con menos intensidad

En cuanto al análisis de calidad de ese primer empleo de los jóvenes (centrado en su duración, la probabilidad de superar los seis meses y las ganancias salariales), el estudio recoge mejoras en todas las variables, pero con menor intensidad. “Los efectos sobre la duración del empleo y los ingresos son positivos, pero más modestos”, indica el think tank.

La duración del primer contrato aumentó en 8,2 días de media en los nuevos indefinidos de las provincias antes más expuestas a la temporalidad, lo que “redujo aproximadamente un 40% de la brecha previa en la duración del primer empleo” respecto a las otras regiones con empleos más estables.

Por otro lado, se redujo en “un 32% de la brecha en la probabilidad de que el primer empleo durase al menos seis meses” y “un 14% de la brecha en los ingresos acumulados durante ese primer empleo”. Este aumento de los ingresos salariales se atribuye principalmente al alza de los días trabajados tras la reforma, no a un incremento del salario por hora, han explicado los autores en la rueda de prensa de presentación del estudio.

Fedea también lanza una mirada a medio plazo, que abarca dos años y medio de reforma laboral (30 meses) y que compara nuevos trabajadores indefinidos justo antes del cambio normativo con los nuevos contratos firmados justo después. En este escenario, se detecta un “mayor impacto” en el aumento de días de trabajo de los indefinidos post reforma laboral, ha explicado Sergi Jiménez Martin, investigador de Fedea y de la Universitat Pompeu Fabra.

La investigación analiza un grupo de trabajadores jóvenes, con un aumento de 11,5 días adicionales, un 9% más que el grupo de control, y otro de los trabajadores mayores (de 52 a 60 años) que “es sustancialmente mayor”, ha subrayado Jiménez Martín, de 54,4 días adicionales, un 24% más que grupo de control.

Los nuevos contratos indefinidos son 100 días más cortos

Pese a estas mejoras, el estudio refleja que la duración media de los nuevos contratos indefinidos disminuyó en más de 100 días tras la reforma laboral. El principal motivo es justamente el trasvase de lo que antes eran empleados temporales a nuevos indefinidos. “La reforma te obliga a ofrecer un contrato indefinido en situaciones en las que antes no se hacía”, ha recordado Marcel Jansen, también en “tareas menos estables intrínsecamente, no todo es abuso”.

Por tanto, los nuevos contratos indefinidos son más cortos que antes de la reforma, “pero hay muchas más personas y muchos más jóvenes que ocupan estos contratos”, ha explicado el economista. Entre los motivos de cese de los contratos, Florentino Felgueroso –también autor del estudio– ha señalado que no se registra un aumento de los despidos, mientras que sí se ha producido un notable auge de las salidas voluntarias de trabajadores y de la no superación del periodo de prueba.

Acerca del debate sobre el coste del despido, Marcel Jansen ha apuntado que en contratos indefinidos de corta duración “es relativamente barato”, pero ha apostado por un sistema de incentivos bonus malus (que castigue a las empresas de más rotación y premie a las más estables) frente a una legislación que endurezca por ley el despido, como pretende el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

El Tribunal Supremo ha reconocido a una interina laboral como fija debido al abuso en la temporalidad en su puesto, en un importante fallo que llega tras la sentencia de la justicia europea del pasado 14 de abril que consideró que España no sanciona adecuadamente el abuso de contratos temporales en la Administración Pública. No obstante, los magistrados precisan que la fijeza no será la sanción propicia para todos los casos de abuso de temporales, sino solo para aquellos en los que las personas afectadas hayan superado un determinado proceso selectivo.

El alto tribunal ha adelantado en una nota el sentido del fallo del Pleno de la Sala de lo Social, de ayer 11 de mayo, pero el contenido íntegro de la sentencia “se conocerá próximamente”, apunta. Es importante destacar que su criterio se refiere al empleo público laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, no a los temporales interinos que se rigen por la regulación de Función Pública.

A falta de conocer el detalle de la sentencia, la nota traslada que los magistrados optan por articular varias posibles vías de sanción a la Administración Pública por el abuso de la temporalidad, dado que el TJUE consideró que los actuales son insuficientes.

Fuentes del Ministerio de Función Pública destacan que, con esta sentencia “el Supremo vuelve a aplicar la doctrina ya consolidada por el propio Tribunal”, sobre la imposibilidad de hacer fijos a aquellos trabajadores públicos que encadenen contratos temporales sin haber aprobado una oposición.

“Los principios de igualdad, mérito y capacidad son pilares constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en España basándose en la competencia profesional”, recuerdan en el Ministerio que dirige Óscar López.

Cuándo procede reconocer a la persona interina como “fija”

La nota del Supremo explica brevemente cuándo se puede sancionar el abuso en la temporalidad con la declaración de “fija” del trabajador y trabajadora temporal.

“Solamente cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta contra legem (contra ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija”.

En ese caso, “esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad” que exige la Constitución Española, recuerdan los magistrados. Dada la vulneración posterior de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada, “evidencia una necesidad estructural de trabajadores”, que “obliga a dicha conversión”, explica la nota.

En este caso concreto, el Supremo analiza el abuso en la temporalidad de una interina laboral del Ayuntamiento de Madrid, que aprobó un consurso oposición –consistente en un solo examen– para “Operario/a de instalaciones deportivas municipales”, y que no sacó la plaza, tras lo que encadenó varios contratos temporales con el consistorio de la capital.

“La aplicación de la citada doctrina al caso concreto, en el que la actora había superado dicho proceso selectivo y posteriormente se había producido un abuso en la temporalidad, conlleva que se declare que su relación laboral es fija”, indica la nota del Supremo.

Cuando no procede la fijeza: otras vías de sanción

Sin embargo, los magistrados precisan que esta declaración como persona trabajadora fija no procede en todos los casos. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, argumenta el Supremo.

En estos casos, “las medidas adecuadas para prevenir y reparar el abuso en la temporalidad” y garantizar la eficacia de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada son “el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados en la citada sentencia del TJUE y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador”, recoge la nota.

Así, estos dos mecanismos de sanción alternativos podrían acordarse para resarcir para aquellas personas que hayan sufrido un abuso en la contratación temporal, pero que no accedieran a su puesto tras superar un proceso selectivo, como una oposición. Una sentencia reciente reconoció precisamente una indemnización de 52.000 euros a una empleada pública por los años de abuso de temporalidad cuando era interina.

Fuentes de Función Pública subrayan que “el problema del exceso de trabajadores temporales afecta en especial a Comunidades Autónomas, con una tasa del 40% de empleados eventuales” y recuerdan que la Administración General del Estado solo tiene el 4,7% de sus trabajadores con un contrato temporal, por lo que “cumple los requisitos de temporalidad”.

Tras la sentencia europea del 14 de abril y el avance del procedimiento de sanción abierto por Bruselas contra España solo unos días después, el Ministerio de Óscar López constituyó un grupo de trabajo con las comunidades autónomas “para atajar el abuso de la figura de la temporalidad”, añaden en el Ministerio.

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RECTIFICACIÓN: En una versión anterior de este artículo se informaba de forma incorrecta del caso particular que había estudiado el Supremo( el de una interina de la Comunidad de Madrid), que es el que analizó la justicia europea, pero no el que analiza en esta sentencia el alto tribunal.

El impacto económico que genera el sistema portuario español asciende a más de 24.300 millones de euros y genera 250.000 empleos, lo que representa aproximadamente el 2,2% del PIB y el 1,4% del empleo total de la economía. Lo revela el 'Estudio del impacto económico de los puertos de interés general sobre el conjunto de la economía española', cuyos datos ha recordado este miércoles la jefa del departamento de Gobierno Corporativo de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Laura Molano, durante la jornada 'El puerto: motor económico de Baleares', una iniciativa impulsada por el organismo portuario y organizada por elDiario.es. “Si hiciéramos un ranking, seríamos los cuartos en facturación, con cerca de 112 millones de euros y 45 millones en inversiones durante 2024, una cantidad que ascenderá a unos 65 millones en 2025”, ha subrayado Molano.

Cómo el puerto contribuye a la generación de empleo directo e indirecto y cuál es su capacidad para atraer talento y diversificar la economía balear son los asuntos que han centrado la segunda mesa redonda de la jornada, que, bajo el título 'Ocupación y creación de valor: el puerto como generador de empleo', ha contado con la intervención, además de la representante de la APB, del responsable territorial del Sector del Mar de CCOO en Balears, Nacho Espada; el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora, y la responsable de SOIB Empreses y la Oficina Sectorial de Hoteleria, Turisme i Divisió Nàutica, Magdalena Pastor. La moderación ha ido a cargo de Angy Galvín, directora de elDiario.es en Balears.

Molano ha señalado que el año pasado la APB firmó 206 contratos. “No sé si conocéis cómo es contratar con la administración pública, pero es tremendamente farragoso. 206 contratos es un contrato por cada día laboral, y eso no es fácil de conseguir con un importe de, más o menos, 35 millones de euros”, ha comentado, especificando que el 75% de esos contratos fueron rubricados con pymes y el 35%, con empresas de mayor tamaño en Balears. En lo que va de 2025, el organismo ha suscrito 190 contratos con un importe de 36 millones de euros. “Yo me sumo a un colectivo de 400 orgullosos trabajadores de la Autoritat Portuària”, ha añadido, precisando que estos empleados se suman a los más de 17.500 vinculados en las islas a sectores que trabajan con las navieras, charters, náuticos, consignatarios, empresas de transporte terrestre. “Es un colectivo muy grande y son muchas familias las que viven de este sector”, ha dicho.

La responsable de Gobierno Corporativo de la APB ha destacado las inversiones del ente en proyectos que conectan las infraestructuras portuarias con la ciudad, como el reciente lanzamiento del Bus Náutico, además de otras iniciativas ambientales y portuarias para acercar el organismo “de una forma tangible a los ciudadanos, a la comunidad portuaria, para generar networking y generar estos momentos de debate y de transferencia de conocimiento”. También ha aludido a los proyectos relativos a las infraestructuras, como la reforma del Passeig Marítim de Palma, además de otros dirigidos a reducir la contaminación acústica del agua y del aire y a gestionar correctamente los residuos.

“Para nosotros, el crecimiento económico es importantísimo, pero la novedad llegará el día en que la Autoritat Portuària, además de ser gestora de infraestructuras, visibilice cómo vivimos, cómo convivimos y cómo trabajamos en las ciudades portuarias. Merece la pena hacer un paréntesis y entender que éstas tienen sus características. Al final, una instalación portuaria tiene que convivir en usos y en funcionalidad con los usos urbanos”, ha ahondado.

Por su parte, Mora ha destacado que desde las pequeñas empresas náuticas reclaman desde hace tiempo “muchísima capacitación y muchísima formación”, con una apuesta por la Formación Profesional, que, en su opinión, “socialmente aún no está suficientemente valorada”. “Tenemos que hacer un cambio de chip”, ha advertido. El presidente de PIMEM ha incidido en que en el sector náutico “faltan muchos perfiles técnicos”. “Tenemos uno de los mayores índices de fracaso escolar de España y Europa. Habría que hacer una apuesta muy clara en la formación profesional en el sector náutico. Ahí tenemos una oportunidad de crecimiento, de formar talento, de fidelizar trabajadores”, ha recalcado.

El responsable patronal ha apuntado, de acuerdo a los datos recabados por la Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA), a la carencia de mano de obra formada y especializada, lo que “no permite en muchas ocasiones explotar todo el potencial que tienen muchas pymes”. Durante su intervención, Mora ha anunciado, además, que en marzo Palma acogerá el Marítim Battery Forum, una iniciativa dirigida a promover tecnologías de almacenamiento de energía nuevas y eficientes en la industria marítima.

Por otro lado, ha destacado cómo, en los útimos años, el puerto de Palma ha hecho un esfuerzo “importantísimo para abrirse a la ciudadanía”. “Llegar a las pymes es un poco más complejo, y lo digo desde la realidad de las mismas”, ha apostillado, haciendo hincapié en la necesidad de que se emprendan acciones como la jornada de este miércoles, visitas y circuitos terrestres o marítimos para generar proximidad entre las pequeñas y mediadas empresas y el puerto, y realizarlas de forma conjunta con la Autoritat Portuària y la Administración. “Hay veces que hay que insistir, no hay que desanimarse. Y, si un evento no sale bien, hay que intentar volver a hacer otro”, ha dicho.

Apuesta por la formación y el talento

Mientras tanto, Espada ha aludido a las diferencias entre el empleo integrado en la función pública portuaria y el de las empresas privadas del sector. “Obviamente, la logística portuaria es transversal y abarca a todo tipo de profesionales, especialistas y modelos de contratación, que son los que permite la normativa laboral”, ha explicado el representante sindical, quien ha señalado que, tras la reforma laboral, se ha abierto “un abanico de posibilidades que van desde los contratos indefinidos, los fijos discontinuo, los trabajadores temporales necesarios para la productividad y, obviamente, según la rama logística de la que se encarguen, los perfiles más profesionales, con formación universitaria, los conductores de transporte terrestre y quienes no tienen una formación profesional específica, pero sí los conocimientos para poder trabajar en el entorno lógistico y portuario”.

“¿Qué quiere decir esto? Que, de acuerdo a lo que vemos en nuestras comisiones y estudios, así como por parte del Ministerio de Trabajo y de las propias empresas de contratación, el empleo en las instalaciones portuarias y en la logística es estable y creciente”, ha indicado.

La responsable de SOIB Empreses ha apuntado, por su parte, a la “falta de conocimiento” por parte de la ciudadanía en general acerca de qué oportunidades les puede ofrecer el sector. Pastor, quien ha dicho que su oficina sectorial gestiona las políticas activas y valora cuáles son las necesidades del territorio “para ofrecer talento y poder cubrir todas las demandas laborales”, ha destacado el impacto del sector náutico, principalmente en los últimos diez años: “Anteriormente, el conocimiento que tenía la ciudadanía era que los que trabajaban en los puertos eran profesionales de otros países y que no había oportunidades laborales para los locales. Es en ello en lo que estamos trabajando para que nuestros jóvenes e incluso personas no tan jóvenes que en estos momentos se están cualificando conozcan y se acerquen un poco al sector náutico”.

Pastor ha incidido en que Balears es la única comunidad autónoma en España y la única región de Europa en la que la administración trabaja a nivel sectorial en materia de hostelería, turismo y náutica. “En un momento determinado, vimos que era una oportunidad poder visibilizar este ámbito en conexión con los clúster y las empresas del sector náutico”, ha añadido la responsable de SOIB Empreses, quien, en esta línea, ha subrayado la importancia de “caminar conjuntamente, analizar cuáles son las necesidades e intentar darles respuesta”. Y todo ello a través de dos bloques como son la formación y el talento.

“La formación es básica porque nos encontramos, sobre todo en este sector, con gente que estaría muy interesada en trabajar. Después de esa formación, lo que intentamos es que todos ellos puedan quedarse luego a trabajar en una empresa”, ha señalado. En este sentido, ha precisado que el 90% de los jóvenes que pasan a través de esa formación trabajan directamente en las empresas locales.

El Gobierno de Navarra está estudiando si es “jurídicamente posible” romper los contratos que tiene firmados con empresas públicas israelíes o participadas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, después de que la presidenta María Chivite anunciase que revisaría las relaciones comerciales de su Ejecutivo con el de Israel para denunciar “el genocidio que se está cometiendo en la franja de Gaza” y “no mirar para otro lado”.

Tras un primer análisis el Gobierno foral ha acreditado que tiene contratos en vigor con empresas israelíes de los sectores farmacéutico, tecnológico y de ciberseguridad desde hace años y estudia ahora si es posible “jurídicamente” romperlos, o, por el contrario, si deberá esperar a que venzan. Así lo ha explicado la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, que ha asegurado que en el último año y medio no se han firmado nuevos convenios con empresas relacionadas con el régimen de Netanyahu.

López ha afirmado a su vez que se está analizando la forma de “conjugar” la posible finalización de los contratos con esas compañías con “no perjudicar a la ciudadanía con la falta de recursos”. Es el caso de varios contratos con una empresa del sector farmacéutico, que según ha apostillado el consejero de Salud, Fernando Domínguez, suministra a Osasunbidea fármacos “de uso exclusivo” como antitumorales o “tratamientos muy específicos” y que, “por el momento”, a falta de que se encuentren otros posibles suministradores, “hay que mantener” los contratos ya firmados.

Desde Salud aseguran que están trabajando en la búsqueda de otras empresas sin relaciones con Israel con las que poder alcanzar acuerdos para sustituir los fármacos de la compañía israelí, si bien avanzan que los de uso exclusivo “será complicado”.

Hace unos días la consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo de Chivite explicó que esta decisión supone un “gesto que responde a la sensibilidad” de la sociedad navarra, “que está profundamente dolida con todo el horror” que se vive en la franja de Gaza. “Los socios del Gobierno de Navarra entendemos que debe haber un escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos”, solemnizó.

La Inspección de Trabajo transformó en indefinidos a “167.746 contratos” temporales y fijos discontinuos fraudulentos el año pasado, un 18% más que en 2023, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo a elDiario.es. La Inspección de Trabajo acaba de lanzar una nueva campaña contra este fraude en la contratación, el primer Plan de Choque de este año, 2025, que alcanza a más de 30.000 empresas y alrededor de 54.000 puestos de trabajo.

La lucha contra la temporalidad fraudulenta y el abuso de la figura del fijo discontinuo por parte de la Inspección de Trabajo se ejecuta en varios planos. Por un lado, a través de la actuación ordinaria de los inspectores e inspectoras, en todas aquellas investigaciones que pueden afectar a la contratación y en las que detecten irregularidades, así como a través de los llamados “planes de choque”. Se trata de una estrategia que el Ministerio de Trabajo inició en 2018 y que ha intensificado en los últimos años, con abultados resultados ya desde la primera fase, que consiste en el envío masivo de cartas “informativas”.

Según los datos facilitados a elDiario.es, en total “en 2024 se transformaron en indefinidos un total de 167.746 contratos, de los que 77.787 eran contratos temporales y 89.959 fijos discontinuos”. Se trata de una cifra más elevada que la de 2023, un 18% superior, cuando la Inspección convirtió 141.949 contratos a indefinidos (81.933 temporales y 60.016 fijos discontinuos), según el último informe anual del organismo público.

En 2022, primer año de aplicación de la reforma laboral y cuando empezó a desplomarse por primera vez el uso del contrato temporal, el dato fue mucho más elevado: 257.124 contratos convertidos a indefinidos por la Inspección de Trabajo, la inmensa mayoría (229.984), temporales.

Nuevo plan de choque: alerta sobre 30.000 empresas

La Inspección de Trabajo anunció en los últimos días el lanzamiento de una nueva campaña, “el primer Plan de Choque del año contra el fraude en la contratación laboral”, apuntó el organismo vigilante de la legalidad laboral en su cuenta de Bluesky.

Los datos concretos contemplan “30.183 comunicaciones” enviadas a empresas en las que la Inspección de Trabajo ha detectado indicios de fraude, a través del cruce masivo de datos, y que afectan a “53.984 relaciones laborales”.

En estas campañas, el organismo público primero envía estas comunicaciones a las empresas, advirtiendo de la detección de un presunto fraude, y da un plazo a las compañías para la regularización “voluntaria”. Si la empresa no actúa, ni justifica la legalidad de los contratos temporales o fijos discontinuos, se despliega la segunda fase, en la que los trabajadores de la Inspección investigan a las empresas formalmente.

“La medida busca transformar en indefinidos los contratos temporales y fijos discontinuos que cumplan los requisitos para ello, velando así por los derechos de los trabajadores y la libre competencia entre las empresas”, indican desde la Inspección.

El pasado mes de marzo se alcanzó un nuevo mínimo histórico de empleo temporal en España, por debajo del 12%. En concreto, del 11,9%, según los datos de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. Tras décadas enquistado y como uno de los problemas más graves del mercado laboral en España, el trabajo temporal empezó a descender tras la reforma laboral y, por el momento, no ha tocado suelo. El Ministerio de Trabajo presentó hace unas semanas la Comisión que evaluará los efectos de la reforma laboral en la temporalidad, un compromiso que se reguló en la propia reforma laboral, comprometida con Bruselas. Esta prevé presentar sus resultados antes de final de año.

Navarra cierra el 2024 con malos datos de empleo. La comunidad foral ha sido el único territorio en España en la que el desempleo creció en el último año, alcanzando su cifra más alta desde finales del 2022. Al cierre del año hay en Navarra 30.355 personas en búsqueda de empleo, lo que son 367 más que hace un año.

Por otro lado, Navarra finalizó 2024 con una afiliación media de 310.336 personas, un 1,5% más que a finales de 2023, lo que supone 4.587 personas afiliadas más que hace 12 meses, de los que 1.008 proceden del sector industrial. No obstante, en términos mensuales, la afiliación media ha registrado un descenso de 2.285 personas respecto a noviembre, un 0,73%, menos, que desde el Gobierno foral achacan a la “ralentización de actividades en diversos sectores clave como es el de la industria”.

En cuanto a la contratación, el número de contratos realizados en todo el año ha sido de 284.224, un 1,3% menos que en 2023. En términos acumulados, los contratos indefinidos registrados en todo 2024 han ascendido hasta los 61.316, un 21,6% del total.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu ha destacado que el marcado labora en el último año ha presentado “aspectos divergentes”. Por un lado, ha resaltado que el pasado año se alcanzó el récord histórico de afiliación en Navarra, registrándose la cifra más alta de personas trabajando en la comunidad Foral, por lo que asegura que “se sigue creando empleo”.

Con todo, ha señalado que “persisten desafíos importantes”. “Las cifras de desempleo se han mantenido relativamente estables, con una media anual cercana a las 30.000 personas paradas, si bien es verdad que en el último año el desempleo se ha incrementado ligeramente y esto es negativo, lo que más allá de las fluctuaciones derivadas de la persistente incidencia estacional, pone de manifiesto la presencia de elementos estructurales que limitan una reducción más significativa del paro y en la que hay que seguir trabajando”, ha apuntado. 

“Aunque 2024 ha dejado logros importantes en el ámbito de la creación de empleo, los retos estructurales (paro de larga duración, paro femenino y joven, falta de formación en las personas que buscan empleo) junto con la incertidumbre global que puede impactar al tejido productivo de Navarra, nos llevan a mantener una actitud de prudencia y muestran la necesidad de seguir promoviendo políticas que impulsen un mercado laboral más equilibrado, inclusivo y sostenible. El nuevo Plan de Empleo de Navarra que esperamos firmar este año 2025 será una herramienta muy útil para ello”, ha apostillado.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha iniciado este lunes, 18 de noviembre, el periodo de solicitud para el Programa de Prevención de la Exclusión Social 2024. Este programa, conocido como PUM, tiene como objetivo “proporcionar apoyo a personas y familias en situación de vulnerabilidad a través de contrataciones temporales”.

La delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha destacado la importancia de este programa para la comunidad. “Hemos considerado fundamental priorizar la atención a los sectores más desfavorecidos, como menores y familias en riesgo”, ha afirmado.

Financiamiento y contrataciones

El programa cuenta con una financiación total de 1.062.317,27 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 96.574,30 euros y la Diputación de Sevilla contribuye con 965.742,97 euros. Se prevé la realización de más de un centenar de contrataciones temporales con una duración de tres meses durante el año 2025.

Bastida ha subrayado que el programa “ha cumplido con una doble función, ofreciendo tanto apoyo económico como experiencia laboral a las personas beneficiarias, lo que facilita su reintegración en el mercado laboral”.

Plazos y requisitos

El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 10 de diciembre y se pueden realizar de forma digital o presencial. Así, las solicitudes presenciales se atenderán en las Oficinas de Atención al Ciudadano y el Centro de Servicios Sociales, mientras que las digitales se gestionarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Entre los requisitos, se exige estar empadronado en Alcalá de Guadaíra desde el 1 de enero de 2024 y estar inscrito como demandante de empleo. Además, se concederá prioridad a quienes no hayan sido beneficiarios del programa en el año anterior.

La delegada de Servicios Sociales ha instado a la población a aprovechar esta oportunidad: “Hemos ofrecido diferentes opciones para facilitar la solicitud, evitando colas y esperas innecesarias”.

Para obtener más detalles sobre el proceso de solicitud y los requisitos completos, los ciudadanos pueden consultar la web municipal o dirigirse a los puntos de atención designados.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra busca reforzar su compromiso con el bienestar social y la inclusión de sus vecinos en situaciones de necesidad.

Navarra ha seguido creando empleo en el mes de octubre. Según los datos del último mes las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido en 2.916 con respcto a septiembre. Además, la comunidad foral ha vuelto a alcanzar así la cota máxima histórica de empleo con 312.744 personas afiliadas, 4.585 más que hace un año, lo que supone un 1,5% más. Con todo, las oficinas de empleo en Navarra han sumado 476 parados más en octubre, aunque el crecimiento interanual ha sido de 88 personas, un 0,3%. Así el número total de personas registradas en la oficina de empleo alcanza las 30.088.

Por otro lado, se han registrado 52.626 contratos indefinidos. Se trata de un 174,8% más que en el mismo periodo de 2021, año previo a la implantación de la reforma laboral. El número de contratos registrados en octubre ha sido de 27.892, de los cuales 6.752 han sido indefinidos (un 24,2%). Se ha producido un crecimiento anual del número total de contratos del 7,9%. 

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, ha celebrado que se siga “crando empleo en Navarra con un nuevo récord histórico de personas trabajando”. Al mismo tiempo, ha considerado que “el desempleo se mantiene estable”, teniendo en cuenta que octubre es un mes que “resulta habitualmente negativo en términos de desempleo”. “Desde 2007 únicamente en dos ocasiones se ha producido un descenso del paro en octubre (concretamente en 2016 y 2021)”, ha apuntado. 

Desglose de las cifras

La variación mensual del desempleo por sexo refleja que el aumento del desempleo ha sido algo superior en el caso de los hombres. Así, mientras que el número de desempleados aumenta un en 287 parados más (2,5%), el número de paradas crece en 189 (un 1% en un mes). Sin embargo, en términos anuales, la variación del desempleo resulta desfavorable para las mujeres, ya que el número de desempleadas asciende un 1,5% (266 mujeres paradas más) mientras que el de parados se reduce un 1,5% (178 desempleados menos). Además, la distribución final del desempleo sigue siendo claramente desigual. A último día del mes de octubre, el 61,5% de las personas registradas como paradas en Navarra han sido mujeres (18.516) frente al 38,5% de hombres (11.572).

Respecto a la edad, se produce un aumento del desempleo en todos los tramos de edad. Cabe destacar el incremento mensual del desempleo de jóvenes de menos de 25 años. En este caso, el número personas jóvenes desempleadas aumenta mensualmente un 5,3% (151 más). También hay que reseñar el incremento del 2,5% de personas desempleadas de 25 a 34 años (132 más). De esta forma, del total de personas desempleadas en Navarra, el 10% tiene menos de 25 años (2.994) y casi tres de cada diez (29,5%) tiene más de 54 años (8.876).

Por nacionalidad, el número de personas paradas con nacionalidad española aumenta respecto al mes de septiembre en 272 (un 1,2%), mientras que se produce un mayor incremento de personas desempleadas con nacionalidad extranjera de un 3,1% (204 más en un mes). En un año (de octubre de 2023 a octubre de 2024) el número de personas paradas con nacionalidad española se ha incrementado en un 0,1% (34 más) y el número de personas paradas extranjeras ha crecido un 0,8% (54 más en un año). Así, del total de personas registradas como paradas, el 22,4% tiene nacionalidad extranjera (6.746).

En cuanto al nivel de estudios, en un mes se produce un aumento de 397 personas paradas con estudios básicos (hasta primera etapa de secundaria), un 1,9%. Por su parte, desciende el número de personas paradas con estudios universitarios (60 menos en un mes, un 2%). Con estos datos, del total de personas paradas en Navarra, aquellas con un nivel de estudios hasta la primera etapa de secundaria suponen el 69,8% del total (se trata de 20.999 personas paradas con ese nivel de estudios).

En lo que se refiere a las agencias de empleo, en todas ellas aumenta mensualmente la cifra de paro, aunque es cierto que lo hace de manera diversa. En términos relativos, el mayor incremento mensual del desempleo se produce en la agencia de Aoiz / Agoitz con un 5,1% de aumento (35 personas paradas más), le sigue la agencia de Lodosa (3,8%, 45 más), Estella-Lizarra (3,5%, 59 más), Altsasu / Alsasua (2,8%, 20 más), Tafalla (1,9%, 35 más), Tudela (1,5%, 74 más), Doneztebe / Santesteban (1,5%, 8 más) y las agencias de Pamplona / Iruña (1,1%, 200 personas paradas más en un mes).

En un año, se observa un descenso del desempleo en las agencias de Tudela (2,4%, 122 personas paradas menos en un año), Lodosa (0,9%, 11 menos) y Aoiz (0,6%, 4 menos). En el resto se producen crecimientos del desempleo de diversa intensidad. Así, el paro aumenta anualmente en la agencia de Alsasua un 8% (55 personas paradas más), en la agencia de Estella lo hace un 2,1% (37 más), en la de Tafalla un 1,9% (36 más), en la de Doneztebe (1,9%, 10 más) y en las de Pamplona un 0,5% (87 personas paradas más en un año). 

Por otra parte, las actividades en las que se ha dado un mayor incremento mensual del número de personas paradas han sido las actividades sanitarias (98 personas paradas más en un mes), la industria de la alimentación (75 más), el sector primario (65 más), las actividades relacionadas con el empleo (65 más) y otras actividades profesionales, científicas y técnicas (56 más en un mes). En cuanto al principal descenso mensual, este se ha producido en el sector de la educación (72 personas paradas menos).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en administración pública (113 personas paradas menos), sector primario (101 menos), hostelería (77 menos) y actividades de servicios sociales sin alojamiento (49 menos). Por su parte, las actividades en las que se ha incrementado el desempleo han sido “Otras actividades profesionales” (240 más), “educación” (153 más) y “actividades sanitarias” (96 más).

Por último, respecto al desempleo de larga duración, se ha dado un leve descenso mensual de un 0,1%, lo que ha supuesto 18 personas paradas de larga duración menos en un mes. Sin embargo, en un año, se ha producido un aumento de 53 personas paradas de larga duración. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 40,9%, es decir, 12.291 personas, llevan en situación de paro continuado más de un año.

Contratación

En el mes de octubre se han registrado 27.892 contratos, un 13,6% menos que en el mes anterior (4.407 contratos menos). Sin embargo, en términos anuales, se ha producido un crecimiento de la contratación del 7,9% respecto al mes de octubre de 2023; se trata de un aumento de 2.034 contratos.

Según el tipo de contrato, se han formalizado 6.752 contratos indefinidos y 21.140 contratos temporales. Por lo tanto, del total de los contratos registrados en octubre, el 24,2% han sido indefinidos.

En términos acumulados (enero-octubre) se han registrado 52.626 contratos indefinidos. Se trata de un 174,8% más que en el mismo periodo de 2021, año previo a la implantación de la reforma laboral. Son exactamente 33.473 contratos indefinidos más.

Cabe añadir que, del total de los contratos indefinidos registrados en octubre (los señalados 6.752 contratos), el 43,9% se han registrado para menores de 29 años, el 46,2% han sido contratos indefinidos de mujeres y el 30,8% de los contratos indefinidos han sido para personas con nacionalidad extranjera.

Nueva campaña contra la contratación temporal y de fijos discontinuos en fraude. La Inspección de Trabajo ha enviado casi 40.000 cartas a empresas para que regularicen y hagan indefinidas a “86.903 personas trabajadoras” con contratos temporales y fijos discontinuos en los que el organismo ha detectado presuntas irregularidades, según ha informado este jueves el organismo.

Se trata de la puesta en marcha del segundo “Plan de Choque contra el fraude en la contratación temporal” de 2024. En lo que va de año, ya se han transfomado “95.000” contratos a indefinidos tras la actuación de la Inspección de Trabajo. De ellos, más de 43.000 eran contratos temporales y casi 52.000 eran fijos discontinuos fraudulentos, explican desde el organismo.

En concreto, la autoridad laboral ha mandado “39.116” comunicaciones a compañías en esta segunda fase del Plan de choque, en las que ha detectado presuntas irregularidades gracias al cruce masivo de datos.

La contratación temporal y la fija discontinua está asociada a necesidades específicamente temporales o permanentes pero intermitentes, respectivamente, “y no a cubrir puestos de trabajo estructurales y ordinarios”, recuerdan en Trabajo, “lo que puede derivar en una contratación injustificada y en fraude de ley”.

Cartas que destapan el fraude laboral

Los planes de choque de la Inspección de Trabajo contra la contratación temporal irregular son una estrategia que el Ministerio inició en 2018 y que ha intensificado en los últimos años, con abultados resultados ya desde la primera fase, que consiste en el envío masivo de cartas “informativas”.

El organismo primero envía estas comunicaciones a las empresas, advirtiendo de la detección de un presunto fraude, y da un plazo a las compañías para la regularización “voluntaria”. Si la empresa no actúa, ni justifica la legalidad de los contratos temporales o fijos discontinuos, se despliega la segunda fase, en la que los trabajadores de la Inspección actúan para investigar a las empresas formalmente.

El primer plan lanzado este año tuvo como consencuencia “alrededor de 50.000” conversiones de contratos temporales y fijos discontinuos a indefinidos, informa la Inspección de Trabajo. El resto –hasta los 95.000 anunciados– son fruto de otras actuaciones del organismo público.

Frenazo al empleo en el mes de septiembre en Navarra. El final del verano ha ido acompañado de un aumento del paro, así como de un descenso del número de contrataciones, si bien es cierto que en el conjunto del año la comunidad foral sigue creando empleo con 3.694 afiliadas a la Seguridad Social más que hace un año.

En septiembre el número de desempleados aumentó en 205 personas, un 0,7% más que en agosto y un 1% más que en el mismo mes del 2023. El número total de parados aumenta a 29.612 personas, unos niveles de desempleo similares “a los de finales de 2008”, resalta el Gobierno foral. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, por su parte, ha reconocido que los datos de septiembre “no son positivos”.

Respecto a la afiliación, septiembre cierra con 212 personas afiliadas menos, un 0,07% menos. Sin embargo, en un año se produce un incremento de la afiliación media del 1,21%, lo que supone 3.694 afiliaciones más. “En definitiva, continuamos en niveles históricos de empleo. De hecho, la afiliación media se sitúa en las 309.828 afiliaciones”, subrayan desde el Ejecutivo navarro.

Por su parte, el número de contratos registrados en septiembre ha sido de 32.299, de los cuales 6.766 han sido indefinidos (un 20,9%). En lo que llevamos de año (enero-septiembre) se han registrado 45.874 contratos indefinidos, un 172,4% más que en los primeros nueve meses de 2021.

En lo que se refiere a las agencias de empleo, se produce un descenso mensual del paro en las agencias de Lodosa (un 2,9%, 35 personas paradas menos) y en la de Tudela (un 1,2% mensual, 58 personas paradas menos). En cuanto a los aumentos del paro registrados, el mayor incremento en términos relativos se ha dado en la agencia de Aoiz ( 3,2%, 21 personas paradas más), le siguen la agencia de Estella (2,6%, 43 más), Alsasua (1,7%, 12 más), Pamplona (1,2%, 208 personas paradas más), Tafalla (0,7%, 13 más) y Santesteban (0,2%, una más en un mes).

En un año, se produce un aumento del desempleo en cinco de las ocho agencias. Los aumentos del paro han sido los siguientes: en la agencia de Alsasua se ha dado un incremento del paro del 8,7% respecto a septiembre de 2023, se trata de 58 personas paradas más. En la de Santesteban un 5% (25 más), en la de Tafalla un 4,2% (75 personas paradas más en un año), en la de Estella el aumento ha sido del 2,3% (38 más), la de Pamplona un 1% (171 personas más). Por el contrario, la agencia de Aoiz presento un descenso del paro del 4,7% (34 personas menos), la de Lodosa un 1,9% (23 menos), y la de Tudela prácticamente se mantuvo igual con cuatro personas paradas menos (0,1% menos).

Por otra parte, la actividad en la que se ha dado un mayor incremento mensual de personas paradas han sido actividades sanitarias (214 personas paradas más), servicios a empresas, banca y actividades profesionales (98 más) y administración Pública y defensa; Seguridad Social Obligatoria (48 más). En el lado opuesto, es destacable el descenso de personas paradas en educación con 80 personas menos.

En un año, las dos mayores subidas del número de personas desempleadas se han dado en servicios a empresas, banca y actividades profesionales (220 más) y en educación (145 más). Por el contrario, el sector primario registra el mayor descenso de personas paradas (101menos).

Por último, respecto al desempleo de larga duración, se ha producido un leve descenso mensual en septiembre (un 0,8% menos) lo que ha supuesto 100 personas paradas de larga duración menos en un mes. De manera anual se produce un incremento de 159 personas paradas de larga duración, un 1,3% más. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,6%, es decir, 12.309 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación de paro más de un año).

Mayor número de contratos

En septiembre se han registrado 32.299 contratos, un 58,6% más que en el mes anterior (11.936 contratos más). En términos anuales se ha producido un incremento del 2,6% más respecto al mes de septiembre de 2023.

Por tipo de contrato, se han formalizado 6.766 contratos indefinidos y 25.533 contratos temporales. De esta forma, del total de los contratos registrados en septiembre, el 20,9% han sido indefinidos. En términos agregados, durante los primeros nueve meses del año, el número de contratos indefinidos asciende a los 45.874. Suponen un 172,4% más que en el mismo periodo de 2021 (34.624 contratos indefinidos más).

Del total de los contratos indefinidos registrados en septiembre (6.766 contratos), el 42,8% se han registrado para menores de 29 años, el 47,3% han sido contratos indefinidos de mujeres y el 31,6% de los contratos indefinidos han sido para personas con nacionalidad extranjera.

Sindicatos, plataformas y asociaciones de toda España han convocado para este jueves una nueva concentración de protesta ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en Madrid, para exigir la estabilización del personal que se encuentra en “abuso de temporalidad”. Las organizaciones se apoyan en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han “estimado la estabilidad como una solución adecuada al abuso de temporalidad sufrido por este personal”.

Así lo señalan los organizadores, que resaltan que el porcentaje de temporalidad sigue siendo “muy alto” en “todas” las comunidades autónomas, ya que puede llegar incluso al “40%”. Pero, puntualizan, son “numerosos” los servicios en los que llega a “más del 90%”, especialmente en el sector sanitario o en atención a la dependencia.

De este modo, reclaman que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno, José Luis Escrivá los reciba y escuche. Si no, dicen que habrá un “otoño caliente” con movilizaciones. Y añaden que existen decenas de trabajadores y trabajadoras que se han “mantenido en precario” incluso hasta “dos y tres décadas”. “Las consecuencias de esta nefasta gestión se traducirán en indemnizaciones por cese y despido de más de 500.000 trabajadores/as temporales a cargo del erario público, y el deterioro cada vez mayor de los Servicios Públicos”.

19 años con plaza temporal

Lorenzo Flores, portavoz de Solidaridad Obrera , sindicato con representación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y una de las organizaciones convocantes, lleva 19 años trabajando con contrato temporal. “Nunca ha habido proceso selectivo en mi categoría”, asegura. Él trabaja en como técnico de gestión en tecnología de información (TIC). “Hasta la OPE especial que han puesto en marcha”, señala. Hace referencia a la oferta aprobada en 2022, en la que se contemplaban plazas de técnico superior de tecnologías de la información en tres categorías.

Flores resalta que el Estado español “no ha traspuesto todavía la legislación correspondiente al sector público” . “Además, con todas las medidas que se han tomado, tampoco son válidas para cumplir con la legislación europea”, recalca el trabajador.

Esto, explica, se debe a que funciona como una “tómbola” porque es un proceso selectivo “no restringido” y “abierto a toda la ciudadanía”. “Puede que me toque a mí que llevo muchos años, o puede que no”, recalca.

El portavoz señala que en el sector de la Sanidad se ve “muy claro”, y que el problema en este caso, afecta “fundamentalmente a las mujeres”. “Es un problema feminizado, porque el 75% de las personas con contrato temporal en sanidad son mujeres”, señala. Y, añade, “además de mucha edad”.

Son puestos estructurales que realmente se necesitan, pero que no se cubren de la manera legal

Por eso pone ejemplos del hospital en el que trabaja, en Ciudad Real. Concretamente, en el caso del personal de cocina. “Mujeres que están en los 60 o 50 y muchos años, que llevan 30 años trabajando en la cocina del hospital de manera temporal. Son puestos estructurales que realmente se necesitan, pero que no se cubren de la manera legal como establece nuestro propio ordenamiento y como, por supuesto, establece la ley europea de la que estamos hablando”, relata.

En el caso de estas mujeres, se trata, explica, de un colectivo vulnerable que si no logran permanecer en su puesto de trabajo a través de la estabilización, corren el riesgo de pasar los últimos días de su vida laboral en el paro. “Porque son personas a las que es muy difícil reincorporar laboralmente, pero que han aportado muchísimo al sistema público sanitario. Y esto ocurre, encima, al incumplir legislación nacional y europea”, añade Flores.

Pero esto no solo afecta al personal sanitario, sino de otros sectores, como el de educación. “Hay quien ha aprobado dos oposiciones, pero no consigue plaza porque no hay suficientes. Es el problema de la reposición”, afirma el portavoz de Solidaridad Obrera SESCAM.

Al final, todo se resume en la necesidad de acabar con la temporalidad. “¿Por qué la Unión Europea quiere terminar con la temporalidad? Porque quiere acabar con la precariedad. Temporalidad está asociada a precariedad. Incluso en temas salariales, como un profesor que vive con media o incluso con un tercio de jornada. Viven para trabajar”, afirma Flores.

La situación puede llegar a ser un “drama” porque “puede que tengas que trabajar a 50 o 60 kilómetros de tu casa y encima si tienes una media jornada”. En resumen, mucha incertidumbre.

Ante esto, el personal interino ha iniciado numerosos litigios judiciales. “Y así estamos, saturando todo el sistema judicial”. Por ejemplo, la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha inició este año los trámites para impugnar la oferta de empleo público de 2023.

Pero es también el día a día el que se ve afectado. “Te llaman para dos días, y piensan que tienen bocas que alimentar. En el caso de las enfermeras, cogen lo que sea, se van un día, o tres, buscando con quien dejar a sus hijos, tirando de abuelos...”, explica el trabajador. “Esto lo único que genera es precariedad”, concluye.

El sector agrario en Sevilla enfrenta un desafío crítico: la falta de mano de obra y los elevados costes de contratación. Esta situación ha sido destacada este jueves en unas jornadas organizadas por ASAJA Sevilla donde se ha abordado con preocupación el problema desde la perspectiva de los agricultores, buscando soluciones a la problemática. El encuentro contó con la participación de representantes del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Área de Trabajo e Inmigración del Ministerio de Trabajo.

Desajustes en el mercado laboral agrario

El mercado de trabajo en la provincia de Sevilla presenta desequilibrios significativos. Según ASAJA, la falta de mano de obra es un problema de primer orden, especialmente en períodos de recolección y concentración de trabajo, aunque se está extendiendo a todas las faenas agrícolas en general. Este déficit de trabajadores afecta no solo a las labores intensivas en mano de obra, como la recolección de aceitunas y frutas, sino también a las tareas que requieren mayor cualificación como el manejo de tractores.

Ricardo Serra, presidente de ASAJA, ha descrito, desde su experiencia, la dificultad que supone para los agricultores la dificultad para encontrar trabajadores suficientes para cubrir la demanda laboral en el campo. Las modificaciones laborales y el aumento de costos, incluyendo el incremento del salario mínimo interprofesional “en un 54%”, han agravado la situación. Según Serra, la rigidez de la legislación laboral actual “hace casi imposible la gestión eficiente de los picos de demanda laboral estacionales, necesarios en el sector agrario”.

Por otro lado, César Moreno, director de Área Territorial de Empleo del SAE, ha subrayado la importancia de mejorar la coordinación entre las administraciones y los empresarios para abordar la falta de mano de obra. Durante las jornadas, se presentó el Portal de Gestión de Empleo Agrario, una herramienta que pretende facilitar la contratación de trabajadores tanto nacionales como extranjeros, incluyendo opciones de arraigo por formación y contingentes de trabajadores extranjeros.

Soluciones propuestas y acciones en marcha

ASAJA Sevilla ha iniciado un Plan de Acción para analizar y abordar las opciones disponibles en el mercado de trabajo agrario. Las jornadas informativas de este jueves tuvieron como objetivo principal poner en la mesa todas las posibilidades de contratación, desde trabajadores nacionales hasta extranjeros, y buscar soluciones cooperativas y coordinadas con todas las partes implicadas.

Una de las propuestas discutidas ha sido la flexibilización de la contratación de contingentes extranjeros en provincias donde actualmente no es posible, como Sevilla. En esta línea, Ricardo Serra ha destacado la necesidad de un “diálogo claro con la administración” para ajustar la regulación laboral a las necesidades específicas del sector agrario, evitando así el riesgo de dejar cosechas sin recoger debido a la falta de mano de obra.

Un futuro incierto pero con esperanza

A pesar de los desafíos, el sector agrario sevillano busca adaptarse y encontrar soluciones efectivas. Desde ASAJA, Serra ha recalcado la importancia de la cooperación entre administraciones, empresarios y trabajadores, “crucial” para superar la crisis laboral actual. “El futuro de la agricultura depende de todos”, ha asegurado.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha detectado una “posible” inconstitucionalidad en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2024 al rescatar el extinto contrato por “obra y servicio” en uno de sus artículos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende que “la Ley de Presupuestos no favorece los contratos temporales. Simplemente, en alusión a una disposición de la Reforma Laboral de 2021, recoge que se podrán mantener prorrogados los contratos por obra y servicio que se firmaran en el mismo 2021”.

Por su parte, el Ministerio de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz denuncia en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es que el Ejecutivo regional estaría incumpliendo “la Constitución y la Ley en materia laboral con el único objetivo de precarizar el empleo”. La desaparición del contrato por obra y servicio fue uno de los cambios más importantes de la Reforma Laboral que entró en vigor a finales de 2021 y que ha favorecido una inédita reducción del trabajo temporal y un elevado ritmo de creación de empleo, hasta rozar actualmente los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Una evidencia ante la que se han rendido la Comisión Europea y la mayoría de instituciones y centros de análisis nacionales e internacionales.

La denuncia de Trabajo señala que la Comunidad de Madrid introdujo en el artículo 37 de su Ley de Presupuestos de 2024, que se publicó a finales de diciembre del año pasado, la facultad de formalizar contratos “de carácter temporal para la realización de obras o servicios en una serie de supuestos con cargo a los créditos de inversiones”.

“Este artículo no se ajusta a la legislación laboral, ya que el Estatuto de los Trabajadores (ET) no permite la celebración de contratos por obra o servicio, y circunscribe los contratos temporales a dos supuestos muy específicos (circunstancias de la producción o sustitución de persona trabajadora)”, incide el informe del Ministerio. “Por tanto, el legislador autonómico estaría intentando introducir una nueva modalidad de contrato de trabajo en la legislación laboral, cuando el Estado es el único que puede regular estas cuestiones. De ser así, la Comunidad de Madrid estaría incurriendo en una clara vulneración del orden constitucional de distribución de competencias”, continúa el mismo documento.

El Ministerio de Yolanda Díaz ha emitido este informe a solicitud del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ya dispone de él y que debe decidir ahora si eleva un recurso al Tribunal Constitucional. elDiario.es ha consultado al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre este asunto. Fuentes del Ejecutivo del Partido Popular (PP) justifican que “los contratos por obra y servicio” incluidos en sus Presupuestos de 2024 están en relación con la “disposición transitoria tercera” de la propia Reforma Laboral.

Esta disposición apunta a que “este tipo de contratos que se hayan firmado en 2021 se podrán prorrogar tres años más. Es a eso a lo que se refiere el artículo de la Ley de Presupuestos”, especifican desde la Comunidad de Madrid.

La redacción del artículo en cuestión de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid entra en una contradicción. Por un lado, recoge efectivamente que “las diferentes Consejerías y organismos autónomos y entes de derecho público [...] podrán formalizar durante el año 2024, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios”, según un par de requisitos. Por otra parte, el punto 4 del mismo texto traslada que estos “contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral”.

Esta redacción contradictoria del artículo alienta las dudas sobre su interpretación, aunque su espíritu general es “revertir aspectos fundamentales de la Reforma Laboral del Gobierno de coalición, introduciendo fórmulas de temporalidad en las contrataciones que lleva a cabo de forma ilegal”, recalca el Ministerio de Trabajo.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social va a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir que la Comunidad de Madrid intente volver a introducir contratos temporales y precarios, llegando hasta el Tribunal Constitucional si es necesario”, prosiguen desde el departamento de la vicepresidenta segunda.

En cuanto al procedimiento de impugnación de las normas autonómicas, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática es el competente de promover los recursos de inconstitucionalidad. Una vez recibido el informe de Trabajo, puede tomar dos vías. La primera consistiría en negociar con la Comunidad de Madrid hasta llegar a “un acuerdo interpretativo” o un acuerdo para modificar la Ley de Presupuestos. La segunda, la interposición directamente de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Para la modificación de la primera vía hay nueve meses de plazo. Para la segunda, solo tres meses. La Ley de Presupuestos de la Comunidad se publicó el 27 de diciembre de 2023, por lo que este último plazo se cumple el próximo miércoles. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla que, antes de esa fecha, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática debería haber recabado los informes pertinentes y propondría al Consejo de Ministros que instase al presidente del Gobierno a la interposición del recurso. Para que esto ocurra, solo queda un Consejo de Ministros, el del martes de Semana Santa.

La sentencia de la Justicia europea que ha puesto límites al abuso de la interinidad laboral en España ya tiene sus efectos en los tribunales. Un juzgado de Madrid ha decidido reconocer como fijo a un trabajador de Telemadrid que ha encadenado hasta cinco contratos temporales en los últimos años en la televisión pública madrileña. El propio juez reconoce en su sentencia ganada por el sindicato CGT que, hasta ahora, su criterio era diferente pero que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión son de aplicación obligada y que, en este caso, reconocerle como indefinido no fijo “no supondría suficiente sanción” para Telemadrid por hacerle encadenar años de contratos temporales.

Esta sentencia llegó apenas un día después de que el tribunal de Luxemburgo hiciera pública su resolución, un duro golpe al abuso de los interinos de larga duración en las administraciones públicas, explicando que la solución era convertir en fijos a miles de personas en esa situación. Unos días antes, un trabajador de Telemadrid había llevado al ente público madrileño a juicio con alegaciones similares.

Su caso, según ha podido saber este periódico, es el de uno de tantos trabajadores afectados por el ERE de Telemadrid que afectó a más de 860 trabajadores y que en 2014 fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo. Volvió a trabajar para la cadena, pero encadenando contratos temporales para cubrir determinados eventos: la Misa de San Isidro o la victoria del Real Madrid en la Champions League, entre otros. Desde 2018 trabajaba con uno de estos contratos temporales, a través de una bolsa de empleo, pero ya sin especificar una cobertura concreta.

Los sindicatos llevan años peleando para que estos trabajadores sean reconocidos al menos como indefinidos no fijos, una figura habitual con la que los tribunales convalidan casos de abuso de temporalidad o interinidad en las administraciones públicas. Este juzgado empieza por establecer que la cláusula de temporalidad de su último contrato era “fraudulenta”.

Y explica claramente que, “hasta el día de ayer”, su criterio hubiera sido reconocerle como indefinido no fijo, algo que ha hecho “en innumerables ocasiones”. Pero que la sentencia del TJUE conocida unas horas antes lo cambia todo.

Un “cambio trascendental”

Esta sentencia, reconoce el juzgado madrileño de lo social, “implica un cambio trascendental al respecto”. Las medidas tomadas en España para paliar el abuso de la interinidad, reconoce el juez, “no resultan suficientemente efectivas para castigar el abuso de las Administraciones Públicas y del Sector Público en general han realizado de la contratación temporal”. Y por primera vez reconoce la fijeza a un trabajador en estas circunstancias, en este caso de Telemadrid.

Las sentencias del TJUE como ésta, añade, son de obligada aplicación. “Debe prevalecer, incluso, frente a la jurisprudencia que interprete la normativa nacional, incluso con rango constitucional”. Por tanto, explica, “debemos cambiar nuestro criterio ya que el reconocimiento del actor como indefinido no fijo no supondría suficiente sanción” a Telemadrid. Se le reconoce de forma explícita la condición de “fijo” en Radio Televisión Madrid.

Es una sentencia recurrible ante el Tribunal Superior de Madrid y, después, todavía lo será ante el Tribunal Supremo. La decisión, la primera conocida tras la resolución del TJUE, va mucho más allá de lo dicho hasta ahora en casos similares por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Social, recuerda esta nueva sentencia, ha sido “taxativa” al entender que el carácter fraudulento de un contrato “no basta para que el trabajador tenga la consideración de fijo, debiendo declararse como indefinido no fijo”. Aunque, como en este caso, se haya accedido a través de una bolsa de empleo temporal.

Castilla-La Mancha registra casi 4.500 contratos para la campaña de rebajas, un 33% menos que en 2023. Así lo explica Randstad, que señala que solo hay un crecimiento en los contratos firmados en la provincia de Albacete, que crecen en apenas un 3,2%. Sin embargo, en Guadalajara se ha registrado un 50% menos de contrataciones, mientras que en Toledo un 33,6% menos, y en Ciudad Real los contratos han caído en un 13%. En Cuenca, sólo en un 6,7%.

“El clima de moderación en la contratación y leve desaceleración debido al recorte en el consumo de los hogares se refleja de nuevo en esta campaña de rebajas. De todas formas, podemos sacar conclusiones positivas, como la resistencia del sector comercial o las nuevas contrataciones en Comunidades Autónomas como Cantabria, Baleares y la Comunidad de Madrid”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research.

El sector comercial resiste la caída con un leve crecimiento

El sector comercial será el sector menos afectado por la actual situación. Esta industria, que en los últimos años ha registrado un buen comportamiento, continuará precisando perfiles como dependientes, promotores, azafatos, perfiles comerciales, y de atención al cliente, tanto a nivel físico como en e-commerce.

Principalmente, se valora el trato cercano con el cliente y las dotes comunicativas de los profesionales. Entre las habilidades más valoradas, en esta campaña destacará el dominio de las herramientas y plataformas tecnológicas y las competencias digitales.

En el sector logístico, se precisarán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros.

Castilla-La Mancha es la región donde más caen las contrataciones respecto al año pasado, seguida por Comunidad Valenciana, con un 29% menos y Asturias, con un 18%. Por el contrario, crecen en un 16% en Cantabria y un 14% en Baleares.

Randstad prevé que esta campaña generará en España alrededor de 113.330 contrataciones, un 8,5% inferior al año pasado, cuando se registraron cerca de 124.000 firmas.

Por sectores, el comercio agrupará el 65% de la oferta total, con más de 73.000 vacantes en 2024 (+2,5% respecto al año anterior, cuando se registraron cerca de 71.250). El transporte y la logística este año crearán más de 40.300 vacantes (-23,5% respecto a 2023, cuando se firmaron cerca de 52.650).

Navarra ha cerrado el 2023 con menos parados y más afiliados a la seguridad social que en 2022. En el mes de diciembre el número de desempleados descendió en 172 personas. Así, 2023 termina con 29.988 desempleados, 1.622 menos que los que había al cierre del año pasado.

El mes pasado el desempleo se redujo en Navarra en 66 personas en el sector servicios, 23 en agricultura y 114 en el colectivo de personas sin empleo anterior. Sin embargo, el paro ha crecido en industria en 20 personas, y en la construcción en 11. Del total de desempleados, 20.445 corresponden al sector servicios, mientras que 3.580 a industria, 1.365 a construcción y 1.300 a agricultura. El colectivo sin empleo anterior registra 3.298 parados. Por sexos, de los 29.988 desempleados registrados en 2023, 18.019 son mujeres y 11.969 hombres. De ellos, 2.680 son menores de 25 años (1.397 hombres y 1.283 mujeres).

En cuanto al empleo, 2023 termina con 305.338 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 6.390 personas con respecto al 2022. Solo en diciembre se firmaron 19.166 nuevos contratos, de los que 3.814 fueron indefinidos. Con todo, son 4.387 menos que el mes anterior (-18,63%), y 3.089 menos que hace un año (-13,88%). Del total de contratos, 15.352 fueron temporales (2.900 menos que en noviembre, un -15,89%, y 2.572 menos que en 2022, un -14,35%) y 3.814 fueron indefinidos (1.487 menos que el mes anterior, un -28,05%, y 517 menos que en 2022, un -11,94%).

En el conjunto nacional, se ha registrado en 2023 un descenso de 130.197 personas (-4,6%), hasta un total de 2.707.456 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007. Con el descenso registrado en 2023, el paro encadena tres años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia, y el registrado en 2022 (-268.252 parados).

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que Vox interpuso contra un decreto impulsado por el Gobierno en 2021 para combatir los altos niveles de temporalidad laboral en las administraciones públicas. La decisión, tomada por unanimidad del pleno, entiende que el ejecutivo central sí justificó la urgencia y necesidad de la medida para tramitarlo como real decreto-ley. Una norma que, entre otras cosas, limitó a tres años el tiempo que un interino podía estar ocupando una plaza vacante a la espera de que fuera obtenida por un funcionario en una oposición.

Según los cálculos del ejecutivo, las medidas del real decreto que ahora avala el Constitucional afectarán a más de 300.000 plazas públicas de aquí a finales de 2024.

La carrera del Gobierno para limitar la temporalidad en el espacio laboral de las administraciones públicas arrancó en 2021, después de que los tribunales empezaran a acotar el abuso. Primero fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que declaró abusivo en una sentencia que los contratos temporales se pudieran renovar durante años “por consideraciones de la crisis económica” y que se asimilara a estos trabajadores a la figura del indefinido no fijo.

Poco después fue el Tribunal Supremo el que corrigió su anterior doctrina y estableció que una interinidad en una plaza vacante que dure más de tres años es considerada como “injustificadamente larga” e implicará que un interino pasa a ser considerado indefinido no fijo.

El decreto que recurrió Vox y que acaba de avalar el Constitucional arrancó cuando Miquel Iceta todavía era ministro de Política Territorial salió adelante en el Congreso en julio de 2021 por un solo voto de diferencia y con medidas de calado para combatir el abuso de la temporalidad del sector público, que según los datos oficiales duplicaba a la presente en el sector privado.

Límites a la interinidad

El Constitucional, con ponencia de César Tolosa, explica que tanto la memoria con la exposición de motivos y los debates que dieron lugar a la norma han justificado “la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le llevó a dictar el Real Decreto-ley”. También existe una “adecuación” entre las medidas que adopta y la situación que pretendía combatir.

La norma ponía límites al tiempo que un trabajador de una administración pública podía pasar como interino: tres años ocupando una plaza vacante a la espera de que un funcionario la consiga por oposición o, por ejemplo, para trabajar en un programa de duración temporal. Esas plazas, dice el decreto, debían adjudicarse antes del último día de 2024.

Posteriormente el ejecutivo aprobo una ley para ampliar las medidas que entró en vigor en diciembre de 2021 y que tenía por objetivo bajar del 8% la temporalidad en el conjunto de las Administraciones, y no solo en la General del Estado que sí cumplía ese criterio.

Hasta cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en apenas año y medio y centenares de trabajadores despedidos. Son las cifras que cosecha a nivel estatal el grupo dedicado a la atención al cliente Webhelp, que vuelve a la carga con un nuevo proceso que prevé afectar a unos 220 empleados, 60 de ellos sólo en Mallorca, según el sindicato Fist.

Los nervios y el temor a la pérdida de ingresos se instala entre la plantilla, que, visiblemente indignada, ve cómo, en contra de lo que podría esperarse, la empresa goza de perfecta salud económica y cuenta con elevadas tasas de crecimiento, principalmente a partir de la pandemia de la COVID, que favoreció el teletrabajo, así como la facturación del sector del telemarketing y el call center. De hecho, Webhelp España cerró 2021 con una facturación de 235 millones de euros, un 15% más que el año anterior, según datos de la propia empresa.

“Es importante que la gente conozca la cara oculta de estas empresas que se venden como modernas y que explotan y se enriquecen como los señoritos de antaño”, asevera Enrique (nombre ficticio), quien trabaja como teleoperador para Webhelp desde su vivienda en Palma. En declaraciones a elDiario.es, lamenta la situación de profunda incertidumbre y ansiedad generalizada que atraviesan tanto sus compañeros como él: “Durante los últimos doce meses hemos tenido cuatro ERE. El último que nos han anunciado va a afectar a 60 familias sólo en Mallorca”, señala.

El empleado recrimina, asimismo, la ausencia de explicaciones por parte de la empresa, que, mientras tanto -como denuncian los trabajadores-, estaría trasladando los proyectos de sus clientes a otros países con legislaciones laborales más laxas como Grecia, Portugal o Perú. elDiario.es ha intentado recabar la versión de Webhelp acerca del conflicto laboral, pero la empresa se niega a hacer declaraciones al respecto. “No haremos comentarios”, se limitan a responder. Tampoco la patronal CEX, principal representante del sector, ha atendido a las peticiones de este medio al alegar que no puede opinar “sobre temas puntuales que atañen a empresas concretas”.

La presidenta de Webhelp, detractora de la reforma laboral

Fundada en 2020 y con sede en París, Webhelp es una empresa de subcontratación de procesos con el foco puesto en la atención al cliente. Cuenta con clientes como Vodafone, Valentino y La Redoute. En España está presidida por la mallorquina Helena Guardans, expresa detractora de la reforma laboral y de la jurisprudencia del Supremo que tumbó los contratos de obra y servicio en el sector del contact center con el objetivo de hacer frente al abuso de la temporalidad del que se han beneficiado numerosas empresas en los últimos años. Hasta el pronunciamiento del Alto Tribunal, y desde finales de los años noventa, la jurisprudencia había admitido que el contrato por obra o servicio determinado pudiera ajustar su duración a la de la propia contrata.

Guardans fundó en 1994 la empresa de call center Singular, que fue adquirida en el 2001 por la alemana Sellbytel. En 2018, ésta fue absorbida por Webhelp, liderada a nivel internacional por Olivier Duha, presidente y CEO de la compañía. El grupo cuenta con oficinas en Málaga, Mallorca, Madrid, Barcelona, València y Tenerife. Recientemente cerró su fusión con el proveedor de servicios y tecnologías Concentrix Corporation. El nombre de la mercantil saltó a la palestra el pasado mes de febrero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la condena por acoso a una trabajadora de Webhelp por parte de una jefa de manera directa y “de forma indolente” por parte de la empresa, “conocedora y consentidora de estas actitudes”. 

En España, Webhelp está presidida por la mallorquina Helena Guardans, expresa detractora de la reforma laboral y de la jurisprudencia del Supremo que tumbó los contratos de obra y servicio en el sector del 'contact center'

Enrique destaca, en este sentido, la labor de la entidad sindical, Fist, con base en Barcelona. Sus objetivos, entre otros, pasan por consolidar el teletrabajo como una forma normal y opcional de empleo, lograr la igualdad salarial y de condiciones para todos los trabajadores según grupo profesional y nivel retributivo, implementar políticas que reduzcan la carga de trabajo en aquellos proyectos donde se sobreexplota a los agentes e impedir que Webhelp utilice los ERE y los ERTE de forma sistémica.

“Los ERE están cayendo como si no hubiera un mañana”

Enrique lamenta que desde la empresa no se esté facilitando información a los empleados. Otros compañeros, como él, recriminan las condiciones laborales en las que se ven envueltos dentro de esta empresa de contact center.

La fórmula del ERE no está siendo infrecuente en el sector del call center. De hecho, es algo “bastante común”, como manifiesta a elDiario.es el secretario general de Fist, Miguel Ángel Bachs. “Tras la sentencia del Supremo, las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana”.

El sindicalista explica que antes de que el TS sentara jurisprudencia en materia de subcontratación, el sector estaba construido mayoritariamente por las contrataciones temporales, dado que el artículo 17 del anterior convenio colectivo facilitaba las reducciones de plantilla y la extinción del contrato de obra o servicio en aquellos supuestos en que el empleado resultara innecesario ante la disminución del volumen de la obra o servicio contratado. El nuevo convenio, suscrito el pasado mes de junio, elimina toda referencia a este tipo de contratos.

Precisamente, hasta 200 trabajadores que atendían las llamadas de la Seguridad Social, subcontratadas a través de la empresa Konecta BTO, se movilizaban el pasado lunes después de que la mercantil anunciase su subrogación a la Seguridad Social, una medida que el organismo público ha rechazado y que dejaba a los afectados sin empleo, sin despido formal y sin paro. Sin embargo, cuatro días después de las protestas, la empresa, la mayor en España del sector del contact center, informaba a los sindicatos de que asumirá a los empleados, enviándolos de momento a un ERTE o a la inactividad en el caso de los fijos discontinuos.

Tras la sentencia del Supremo [que anula los contratos por obra y servicio y los abusos de la temporalidad], las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana

Miguel Ángel Bachs — Secretario general del sindicato Fist

Batalla por la mejora de salarios

El nuevo convenio, que establece que al menos el 80% de los contratos de trabajo suscritos por las empresas deben ser indefinidos ordinarios y un máximo del 20% del resto de modalidades (ETT, temporales directos y fijos discontinuos), fue rubricado tras la batalla de los trabajadores del sector por la mejora de sus salarios y el reconocimiento de la obligación de subrogación de las plantillas, algo que hasta entonces no sucedía y dejaba a los trabajadores 'colgados' ante el cambio de subcontratas tan habituales en estos servicios.

El responsable del área del contact center en CCOO Catalunya, Erik Carrión, explica, por su parte, que antes de suscribirse el nuevo convenio, cuando finalizaba un servicio grande para el que hubieran trabajado “de 50 a 100, 200 ó 300 personas y se lo quedaba otra empresa en el Estado, automáticamente se hacía un ERE y la otra empresa contrataba a un número determinado de personas, con las condiciones que ellos querían y como ellos querían”. Con el nuevo acuerdo, señala, esta problemática se ha solventado mediante el artículo que fomenta la subrogación, “con lo cual si una empresa pierde un servicio, la otra empresa se lo tiene que dar y si no está en la zona, de momento tiene que ofrecer teletrabajo hasta que tenga una sede física allí”.

En el caso de Webhelp, Carrión indica que esta mercantil opera para numerosos clientes extranjeros y el problema se produce cuando el servicio finaliza o se traslada a otros países con unas normativas legales y una presión sindical inferior y con unos costes “mucho más baratos”. “Ahí no podemos utilizar la subrogación porque la normativa española no obliga a que cuando se acaba un trabajo aquí se tenga que contratar a los trabajadores en otro país que igual está a 3.000 kilómetros”, abunda. El sindicalista defiende que, al verse abocados a realizar expedientes de regulación de empleo, desde los sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y USOC “hemos luchado siempre para que las condiciones de los que se fueran y los que se quedaran fuesen las mejores”.

De hecho, recuerda que todos los expedientes han sido acordados con una indemnización de 30 días por año trabajado, “similar a lo que sería un despido improcedente de 33 días”, mientras que los tres primeros ERE se cerraron “prácticamente solo con voluntarios que querían salir de la empresa”. 

Mientras tanto, Bachs explica que, antes de la modificación de doctrina promulgada por el Supremo, las empresas podían “jugar rozando unos límites” para hacer “ERE continuados”. El sindicalista recuerda, de hecho, cómo una denuncia interpuesta por Fist en Inspección de Trabajo obligó a a regular mil contratos de trabajo que se encontraban en fraude de ley. “A partir de ahí, lo que hizo la empresa fue empezar a hacer expedientes de regulación de empleo”, comenta en relación a Webhelp.

Webhelp “va bien”

Respecto a la situación económica de Webhelp, Bachs señala que “si uno analiza el retorno de la inversión de la empresa en los últimos cuatro años o cinco años, se dará cuenta de que la empresa va bien”, sobre todo a partir de la pandemia, cuando se potenció el teletrabajo.

“A nuestro sector esto le afectó positivamente”, indica, no sólo porque las empresas estuvieron exentas de pagar gastos de teletrabajo, sino porque los proyectos que venden vía online se multiplicaron, sobre todo los relativos a los servicios tecnológicos. De hecho, los contact center españoles agrupados en la patronal CEX -un 88% del total- facturaron en 2020 hasta 1.884 millones de euros, frente a los 1.693,27 millones obtenidos el año anterior.

Bachs señala que otro de los aspectos a tener en cuenta es “la deriva económica que lleva España, sobre todo con una inflación galopante”, lo que ha provocado que la mano de obra “se haya encarecido”. El sindicalista estima que aproximadamente el 80% de la inversión anual de Webhelp se destina a recursos humanos. Y va más allá: “En el contact center los trabajadores no son simples trabajadores, son productos. Una empresa vende la fuerza del trabajo que produce y ese producto es con el que comercia, pero en el contact center lo que tú produces es un servicio. Ya sabemos que con el capitalismo el objetivo ya no solo no perder, sino que el no conseguir un aumento de beneficios anual ya implica que una empresa tiene un síntoma de debilidad. Y eso es lo que Webhelp quiere evitar”.

Cabe recordar que, en febrero, la Justicia condenó por daños a Webhelp y a una de sus jefas por una “clara” situación de acoso laboral o mobbing a una trabajadora después de que ésta se convirtiera en madre. La sentencia daba cuenta de un acoso prolongado durante más de cuatro años por parte una de las directivas de la compañía a la empleada desde que tuvo su primer hijo. “Me he comido a un hijo, no me voy a comer a dos” y “eres una hija de puta, a mí no me vas a hacer quedar tú mal, ¿eres retrasada?”, refería a la afectada.

La magistrada de primera instancia, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apuntaba a la existencia de una “conducta de hostigamiento a la víctima, intencionada y reiterada” por parte de la jefa, pero también “de forma indolente por la empresa, conocedora y consentidora de estas actitudes”. La jueza impuso una indemnización de 80.000 euros a la víctima, además de la extinción de su contrato con indemnización de 55.000 euros.