El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la autorización de la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos entre el 12 de diciembre y 6 de enero de 2026 con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

La ampliación del horario de cierre beneficiará al interior de todos los locales que operan en la región, pero no así a las terrazas de los mismos, que seguirán operando en el mismo régimen horario del resto del año, según cita la resolución de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil. Esta decisión se toma habida cuenta de las peculiaridades del régimen específico de las terrazas objeto de regulación en diferentes normas y resoluciones municipales, motivo por el cual no se interviene en su régimen horario.

De esta forma, los establecimientos podrán prorrogar en dos horas el horario de cierre fijado para cada caso particular, según el grupo en el que se encuadre conforme al artículo 4º de la Orden de la Consejería de Presidencia de 16 de septiembre de 1996. La ampliación afectará a las madrugadas que transcurren entre los días 12 y 13 de diciembre; 13 y 14 de diciembre; 19 y 20 de diciembre; 20 y 21 de diciembre; 26 y 27 de diciembre; y 27 y 28 de diciembre de 2025. También se ampliarán la madrugada del 3 al 4 de enero de 2026 y la del 5 al 6 de enero de 2026.

Esta ampliación será de una hora las madrugadas que transcurren entre los días 11 y 12 de diciembre, y 18 y 19 de diciembre de 2025.

Además, los establecimientos públicos podrán permanecer abiertos durante toda la noche, las madrugadas comprendidas entre el día 24 y 25 de diciembre de 2025; y la del 31 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

El Gobierno regional considera “conveniente” prolongar los horarios autorizados para permanecer abiertos los establecimientos públicos con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, conforme se ha realizado en años anteriores.

Asimismo, la Junta subraya que la citada autorización de horarios especiales no genera ni reconoce derechos para el futuro, estando sometidas en todo momento al cumplimiento de los requisitos establecidos para su concesión, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por la normativa existente en materia de contaminación ambiental y acústica.

Desde el lunes, cuando Junts confirmó que tumbaría la reducción de la jornada laboral, la “decepción” fue extendiéndose en muchos trabajadores, como Raúl Rodríguez y sus compañeros de una gran cadena de comida rápida. Se habían ilusionado con la jornada máxima de 37 horas y media a la semana. “Como tenemos muchas jornadas parciales, nos suponía un aumento de salario. Ha sido un bajón”, cuenta. En el lado opuesto, Patricia (nombre ficticio), que tiene una pequeña empresa de instalaciones eléctricas, reconoce que prefería que la ley no saliera adelante. “Habríamos tenido unas horas sin cubrir y no nos podemos permitir contratar otro trabajador. Creo que habríamos aumentado precios”, explica.

Son las dos caras de una misma moneda: la caída de la ley para reducir la jornada máxima de trabajo que tuvo lugar el miércoles en el Congreso, con los votos de la derecha de PP y Junts y la ultraderecha de Vox. El Ministerio de Trabajo, que tras la derrota parlamentaria ha defendido que volverá a presentar la medida en el futuro, estimó que la reducción de la jornada iba a alcanzar a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Sobre todo, el 55% del total, en los sectores del comercio, la industria manufacturera, la hostelería y la construcción.

Es el caso de Raúl Rodríguez, trabajador de la hostelería en una multinacional y representante de CCOO, que tiene un contrato parcial de 35 horas sobre un total de 40 horas a la semana. “Casi todos tenemos contratos parciales, salvo un 10% a tiempo completo, que son el equipo gerente”, explica. Con un salario de referencia cercano al mínimo, tiene un segundo trabajo para los dos días que libra a la semana. “Solo descanso dos días al mes. Con estos salarios y contratos parciales, no soy ni el primero ni el último que tiene dos trabajos”, sostiene el joven.

“Me iba a suponer un aumento de sueldo”

Como representante de la plantilla, Raúl Rodríguez había estado informando a sus compañeros de los efectos de la ley. Al tratarse de trabajadores a tiempo parcial, esperaban un aumento en la nómina que había generado ilusión en muchas personas, como él mismo. “Calculé que podía suponerme unos 110 euros al mes. A lo mejor con este incremento podría trabajar solo dos o tres días al mes extra, y descansar casi como todo el mundo”. “Yo lo daba un poco por hecho, hasta que oí a los partidos esta semana”, reconoce.

En cambio, Eugenia Sánchez, trabajadora de una residencia de mayores y representante de UGT, pensaba “que no iba a salir, era bastante escéptica”. La trabajadora considera que en su sector “es muy difícil reducir la jornada si no cambian un montón de cosas más”. “Media hora menos al día en una residencia es inviable, porque está todo tan cuadriculado con los turnos, somos tan poca gente, no encontramos gente que quiera trabajar… Aunque mantuviéramos horarios y nos dieran algún día libre más, tendríamos problemas. Ahora no encontramos gente para cubrir bajas, para días de asuntos propios o cubrirnos en una prueba médica. Esta es la situación”, argumenta Sánchez.

“No encontramos a gente, de verdad. Yo mismo he visto que no hay un CV en la bandeja de entrada. Pero, claro, ¿quién va a querer venir con lo que ganamos y con lo que se trabaja en una residencia de ancianos?”, dice Sánchez, que pone como ejemplo su salario. “Llevo 21 años en la empresa, voy a hacer mi séptimo trienio y mi sueldo es de unos 1.100 y poco”, afirma. Aunque ella no estaba esperanzada, sus compañeras más jóvenes sí. “La gente joven tenía ilusión, estaban ilusionados por el hecho de conciliar. Nos decían: qué bien, podré salir antes y recoger a la peque de la guarde... Las más mayores pensábamos que esto no salía”, relata Sánchez.

Mejorar la conciliación es otro de los puntos que más destacaban del proyecto de ley las compañeras a Gema Santos, educadora social en un piso tutelado en la Comunidad de Madrid y delegada de UGT. “Salir media hora, unos minutos antes a lo mejor, quiere decir que llegues a casa y puedas ver a tus hijos. Que puedas llegar al beso de buenas noches, por ejemplo, en los turnos de tarde. Parece que no es nada, pero para la gente sí que es mucho. O tener algo más de tiempo de descanso, de solventar otro tipo de situaciones. Este trabajo quema mucho”, indica la educadora.

Ángel García, vigilante de seguridad y responsable del sector de UGT, también destaca la “decepción” de muchos compañeros y la gran atención que había supuesto en el sector, con una jornada de 162 horas al mes (1.782 horas anuales, unas 39 horas si se dividieran en semanas). “Se había creado un ambiente de euforia. En nuestro sector habría supuesto trabajar un día menos al mes, aproximadamente. Para un sector en el que los salarios no son gran cosa y trabajamos mucho, imagínate, trabajar un día menos al mes es una bicoca”, explica.

García (UGT) considera que la reducción de jornada “es viable”, aunque haya algunas empresas que puedan tener algunas dificultades. “No podemos seguir con una jornada de otro siglo”, indica el sindicalista, que denuncia que muchas de las empresas que denuncian la medida, como el salario mínimo u otros avances, “luego ni siquiera los cumplen”. “Y hay algunos pequeños empresarios que dicen que no pueden contratar a un trabajador. Pues entonces, no son empresarios, es que son trabajadores autónomos, con problemas económicos en sus negocios que van mucho más allá de media hora de jornada”, opina.

“¿Cómo hacemos esto con los horarios comerciales?”

En el lado contrario, pequeños empresarios y empresarias contactadas reconocen su alivio ante la caída del proyecto de ley. Es el caso de Patricia (nombre ficticio), con 16 trabajadores contratados en una empresa de instalaciones eléctricas en proyectos de construcción, ahora con 40 horas semanales. “Son obras y tienes que acabarlas, así que si se trabajan menos horas, las acabaríamos más tarde. Tendríamos que contratar mano de obra auxiliar para cumplir plazos, pero es que no podemos contratar otro trabajador. Tendríamos que subir precios en nuevos contratos”, explica.

Patricia argumenta que, en su caso, la compañía no tiene grandes márgenes, por lo que contratar a una persona más a tiempo completo, “por unos 35.000 euros con Seguridad Social”, se llevaría algo más de la mitad de su beneficio anual. “Creo que tendríamos que subir los precios. Que ya lo estamos haciendo, porque están subiendo los salarios en el sector. No hay trabajadores, sobre todo con formación, y esto está subiendo los salarios, porque si no se te va la gente a otra empresa”, relata.

Carmen (nombre ficticio) tiene un pequeño comercio de ropa con su hermana y en estos momentos no tienen ningún empleado. La autónoma llama la atención sobre la contradicción de la reducción de jornada laboral con los horarios comerciales cada vez más amplios. “Los pequeños comerciantes, o tienes un trabajador, o estas ampliaciones de horario nos hacen polvo. Los que marcan las pautas son las grandes cadenas y sientes la presión de que tienes que abrir y cada vez más. Domingos, que no cierres al mediodía, festivos… Es horrible, no tienes vida, tiempo para tu familia. Si tienes empleados, algo más, pero si no, es horrible”, argumenta.

Antoni Torres, farmacéutico y presidente de Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (FEFAC), también destaca la “inviabilidad” de la reducción de la jornada laboral en el sector de las farmacias, con pautas comerciales y más particularidades. “Por ejemplo, no podemos repercutir el aumento de costes en los precios, porque los fija la administración pública”, indica el también vicepresidente de Pimec. “Tampoco podemos contratar a farmacéuticos a veces, aunque queramos, porque hay mucha falta de profesionales”, añade.

En el caso de la reducción de jornada a 37 horas y media, Torres explica que las horas que quedan sin cubrir tampoco generan jornadas atrayentes para ningún trabajador. “Una hora al día, cinco horas a la semana. 20 al mes. ¿Quién va a querer ese trabajo?”, sostiene el empresario, que considera que este debate debería encuadrarse en la negociación colectiva de cada sector, “porque cada uno sabemos lo que hay y podemos buscar una solución que vaya bien para todos”.

En la farmacia de la calle Santa Ana de Bolueta, Adriana no pudo bajar la persiana hasta pasadas las diez de la noche. El portón eléctrico dejó de funcionar algo antes de la una de la tarde y desde entonces la farmacéutica se quedó custodiando el local, pero sobre todo, los medicamentos. “Tuve que quedarme porque no podíamos dejar la farmacia sin vigilancia”, cuenta a este periódico desde el otro lado del mostrador. Durante las más de nueve horas que se quedó el local -y el barrio de Bolueta- sin luz, Adriana no abandonó su puesto de trabajo por miedo a saqueos, aunque su preocupación principal era que los medicamentos refrigerados no se descongelaran. “Hay algunos como la insulina que puede aguantar bastante tiempo, pero tenemos otros que solo aguantan 12 horas, hemos estado al límite de perder productos y tener que llamar al seguro”, asegura.

A pesar de la oscuridad, ocho personas se acercaron a la farmacia de urgencia durante el apagón a por productos que no podían esperar a tener. Entre ellos, los padres de un menor con conjuntivitis aguda y una mujer con problemas respiratorios. Adriana se los dio sin cobrarles y está a la espera de que vuelvan a la farmacia para pagarle. “El colirio para una conjuntivitis no costará más de dos euros, pero la medicación para los problemas respiratorios y otros medicamentos sí que tenían un precio más elevado. El problema era que no veíamos nada y a día de hoy no nos conocemos los precios de memoria. Es una pena, hace años teníamos un libro con los precios y con una calculadora podíamos cobrar sin necesidad de electricidad, pero a día de hoy todo va con el ordenador y está completamente registrado”, sostiene.

“Los que vinieron a la farmacia lo hicieron porque les urgía mucho y se lo di porque sentí que era lo que tenía que hacer. Alguno de ellos me dejó a modo de fianza su tarjeta de Osakidetza, pero sé que van a volver a pagar porque estaban todos muy agradecidos por la atención pese a las condiciones. Por suerte todo pasó y pude marcharme a dormir a casa”, reconoce la farmacéutica, que pensó en un momento tener que dormir en el local, ya que no tenía forma manual de cerrarlo.

En la Cooperativa Peñascal, un centro de formación profesional destinado a para menores extranjeros y en situación de exclusión social, pasado el medio día las clases se pararon. Los cerca de 800 alumnos que pasan por las aulas de los cursos de Hostelería, Carpintería, Moda y Programación se tuvieron que marchar a sus casas tras el apagón, muchos de ellos a centros de menores ubicados fuera de Bilbao. “Nos aseguramos de que todos llegaran a salvo a sus casas, en los casos de quienes vivían más lejos, les llevamos en nuestros coches privados. Otros pudieron volver en autobús, ya que reforzaron algunas líneas”, sostienen desde el centro.

Este martes los jóvenes entran al centro de formación con total normalidad, de la misma manera que el lunes lo tuvieron que desalojar. “Se lo tomaron bien, estuvieron tranquilos. Muchos de ellos habían vivido apagones en sus países y no les sorprendía tanto como a nosotros. Vienen aquí a aprender, pero muchas veces quienes nos enseñan de la vida son ellos”, reconoce uno de los trabajadores, de la cooperativa, que prefiere no decir su nombre.

Según declara, a raíz de la falta de luz han perdido algunos alimentos que ofrecen en el grado de Hostelería. “La peor parte fue la de hostelería, donde además del curso ofrecemos comidas al público. Ahí hemos tenido que tirar productos, pero no nos ha parecido tanto como para tener que reclamar al seguro. Bastante tendrán los seguros ahora como para pedirles por algo de comida echada a perder”, reconoce este trabajador a preguntas de elDiario.es/Euskadi.

En el caso de la empresa Ancore, cuyo local también se quedó sin luz e internet hasta pasadas las diez de la noche, aún no saben si tendrán que reclamar pérdidas al seguro. Se trata de un proveedor de servicios de internet, un intermediario entre las compañías de energía, seguridad, telefonía y renting y los clientes. “Nos afectó a la hora de tramitar nuevas contrataciones, de gestión de incidencias en instalaciones de clientes y los traslados se complicaron, además de los problemas y preocupaciones a nivel personal. Las principales incidencias de nuestros clientes fueron de telefonía, porque no había red, y de seguridad en el caso de las cámaras instaladas que dejaron de funcionar, al igual que todo lo demás, y temían que hubiera robos”, reconoce Aitor, uno de los empleados de la asesoría.

“El día de hoy todo son llamadas con incidencias y correos electrónicos con quejas por instalaciones que no hemos realizado. Hay clientes que esperaban a los instaladores y no aparecieron y otros que lo contrario, los instaladores aparecieron en sus casas sin avisar, pero porque no había línea para poder llamarles antes de llegar. A los clientes estamos trasladándoles que no hemos podido contactar con ellos porque nosotros tampoco teníamos cómo”, reconoce Aitor, que cuenta con clientes de todo el país, como una familia de una pequeña aldea de Galicia que ha recuperado la conexión sobre las siete de la mañana de este martes.

Ángel no cerró la carnicería Gurea de Txurdinaga aunque la luz se hubiese ido. Sus cámaras frigoríficas mantuvieron la temperatura de la carne y los clientes no dejaron de ir en todo el día, aunque lamenta que gran parte de ellos no pudieron hacer la compra por no llevar dinero en efectivo. “Despaché a 36 personas que solo traían tarjeta de crédito para pagar, de ellos por lo menos 20 me dijeron que ya no iban a volver a salir sin dinero en la mano. Creo que eso ha marcado a la gente y me parecío algo importante. Da miedo la dependencia que tenemos a las tarjetas de crédito, a los móviles y a toda la tecnología”, lamenta el carnicero mientras lo comenta con otros vecinos.

Para Ángel, la jornada de este lunes tuvo algo de positivo. En su caso, conoció a unos vecinos que durante todo el día vio en la calle. “Era un matrimonio joven con dos hijos. Mi mujer bajó de casa a la carnicería y le dije que les preguntaran si necesitaban algo, porque me extrañaba que estuvieran tanto tiempo en la calle. Al parecer, le dijeron que no tenían comida ni dinero para comprarla. Les dimos sobres de jamón y comimos todos. Parece de cuento, pero lloramos todos. Nosotros no perdimos mucho, pero ganamos un gran aprendizaje”, concluye.

El presidente de la patronal de la hostelería riojana, Francisco Martínez Bergés, ha pedido este miércoles “ser serios” a los grupos municipales de PSOE, Podemos y PR+ y les ha afeado “no haber hecho nada mientras ejercían el Gobierno del Ayuntamiento de Logroño”.

“Dejadme que me ría un poco (...) ahora vienen de salvadores: Vamos a ser serios”, ha espetado, en rueda de prensa sobre otro asunto, tras ser preguntado por la propuesta que los grupos de la oposición llevarán al próximo pleno del Ayuntamiento de Logroño para cerrar las puertas de los bares de La Laurel a las doce de la noche.

Ha pedido permiso a los medios de comunicación para reírse porque es “increíble”, ha visto, “que lo saquen los partidos políticos que han estado mandando hasta hace un año y que lo que han hecho es potenciar los botellones socializando la gente”.

Ha señalado cómo los bares de la Laurel “siempre han estado con la mano tendida para dar la menos guerra posible, para pedir que haya más policía” y siguen “buscando soluciones”. Una solución que la junta de la calle Laurel presentará cuando lo tenga “todo atado”.

Ha opinado que “el que tenga un horario podrá seguir abierto porque nadie puede obligar a cerrar la puerta a un negocio que paga sus impuestos, que está legalmente constituido”. “Eso sería una dictadura”, ha aseverado.

Preguntados por el hecho de que lo que proponen estos grupos municipales es modificar la instrucción técnica de la ordenanza de ruidos que afecta a esta zona, ha señalado: “Se lo hemos pedido por activa y por pasiva durante años; renovar la normativa de ruido, la normativa de terrazas, la normativa de horarios”.

Victor Riera, miembro de la Junta Directiva de Hostelería Riojana, ha añadido que “se les ha olvidado también poner que se podrían cerrar todas las tiendas que venden alcohol”.

En cuanto a retirar las barricas de la calle, como proponen estos grupos, ha indicado que contestarán “en tiempo y forma” porque la Asociación de La Laurel igual que la de San Juan “siempre están trabajando con normativas y proyectos para molestar lo menos posible a los vecinos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación San Juan, Sergio Palacios, ha explicado que los hosteleros entienden que “las cosas han cambiado” y Logroño “tiene una afluencia de público que a todos nos ha sobrellevado” y nos ha sobrepasado un poquito“.

Por eso, “está bien que se regulen ciertas cosas” y, en este sentido, las asociaciones de hosteleros llevan un tiempo moviéndose “internamente” y hablando con vecinos, asociados y comerciantes.

En este marco, “lo que han hecho” estos grupos municipales, ha afirmado, es “adelantarse” a lo que “sabían” que los hosteleres están haciendo, porque la semana pasada tuvieron un encuentro en la FER con alguno de ellos.

En ese encuentro, estuvieron “hablando” de las ideas que los hosteleros querían “promover” y lo que querían “pedir al Ayuntamiento”, así como lo que quieren “reforzar en cuanto a protección vecinal y a equilibrio entre vecinos, comercios, barrios de hostelería, hoteles, etcétera”.

“Entonces”, ha dicho, “yo creo que esto es un gol que han querido marcarse a su favor y a nosotros nos ha quedado un poco la cara de tontos”. En cualquier caso, han anunciado que “es la calle Laurel con su junta directiva, cuando se junte, quien contestará sobre ello” y, mientras tanto, han preferido, en palabras de Martínez Bergés “morderse la lengua”. “Nos tenemos que morder la lengua y será la calle Laurel la que conteste cuando sus asociados decidan”, ha aseverado.

Date una vuelta esta noche por los bares de tu barrio, acódate en la barra y comenta con los parroquianos la última polémica sobre los horarios de cierre de la hostelería. Hazlo en voz bien alta, que te oigan los camareros. Defiende como si fueran tuyos los argumentos que dan los empresarios, los tertulianos de derechas y la presidenta Ayuso, contrarios a adelantar la hora de cierre en bares y restaurantes, por no sé qué del clima y el carácter españoles, la libertad y la vida nocturna que es la envidia de Europa. Para asegurarte el efecto, hazlo después de medianoche, cuando ya estén fregando los baños y con las sillas volteadas sobre las mesas, pero tú pide otra cerveza y vuelve a contar lo del clima y la libertad y tal.

Puedes repetir el experimento a la mañana siguiente, que no será raro que te encuentres al mismo camarero a la hora del desayuno, y luego sirviendo comidas, que ya se sabe que los horarios españoles son la envidia de Europa. Hazlo, venga, igual así te enteras de lo que piensan los camareros, que en la tele casi siempre le acercan el micrófono a empresarios hosteleros y pequeños propietarios de negocios familiares; los mismos que graciosamente volverán a salir en la tele cuando llegue la semana santa o el verano quejándose de que no encuentran camareros, por qué será.

Pero mira, por una vez voy a estar de acuerdo con la patronal, los pequeños y grandes empresarios, los tertulianos de derechas y hasta la presidenta Ayuso: España es diferente. No se puede plantear que los bares cierren antes porque tenemos características propias que nos distinguen de otros países: un clima benigno, muchas horas de sol, carácter sociable, destino turístico, vida nocturna, gusto por la fiesta… y empresarios explotadores. Esta última característica no solemos incluirla en la idiosincrasia española, pero es tan decisiva como el buen clima o la socialización: sin empresarios explotadores no habría bares abiertos después de medianoche.

Porque el problema no son los horarios de cierre: que haya camareros a la una de la madrugada puede ser tan aceptable como que haya conductores de autobús, barrenderos o médicos trabajando a esas horas. Y sí, a mí también me gusta tomarme una cerveza a las tantas. El problema es que la cerveza me la sirvan los mismos camareros que ponen desayunos o sirven comidas a mediodía, sometidos a jornadas interminables, horas extra no reconocidas, sin plus de nocturnidad, con disponibilidad total, flexibilidad mal entendida y salarios de pena.

Hemos oído muchas veces eso de que España es un “país de camareros”, a veces con desprecio clasista, pero es cierto que señala una realidad: el peso que el turismo y los servicios, y particularmente la hostelería, tienen en España. Con más de un millón y medio de trabajadores, suele ser la hostelería quien más tira del empleo, sobre todo en temporada alta. Pero la frase está incompleta: España es un “país de camareros explotados”. No dudo de que hay empresarios honestos, pero seguramente es el sector con más abuso laboral junto a la agricultura, y todos lo sabemos aunque no lo decimos muy alto y nos hacemos todos un poco los tontos, no sea que nos cierren el bar.

Porque falta añadir otro elemento típicamente español para entender nuestros bares de horarios sin fin: somos el país con mejor clima y más ganas de fiesta, pero también uno de los países con menos inspectores de trabajo en proporción a la población trabajadora. Seguro que en eso también somos la envidia de Europa. Ahí debería poner el acento el Gobierno, en dotar de más recursos a la inspección como llevan años reclamando sus funcionarios. Sea de quien sea la responsabilidad. Y si luego quieren cerrar a las tantas, respetando los derechos laborales, estupendo, me pido la penúltima.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha despreciado la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre los horarios nocturnos en la hostelería: “Sinceramente, pienso que Yolanda Díaz anunció lo primero que se le pasó por la cabeza”. El jefe del Gobierno gallego ha atribuido los comentarios de Díaz sobre los efectos negativos sobre la salud de trabajar de noche a un intento de evitar hablar de otros temas. “Supongo que se le ocurrió eso”, dijo en su comparecencia tras la reunión semanal de su Gobierno.

Rueda añadió que Díaz; dijo que había hablado con todo el mundo, pero ahora todo el mundo está diciendo que con ellos no habló para nada“ y se sumó a las críticas de otros compañeros de su partido a la idea de la vicepresidenta del Gobierno sobre la racionalización de los horarios. La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder territorial del PP, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las primeras que criticó la propuesta.

El presidente gallego no ofreció argumentos para explicar su postura en contra, pero sí pidió a Yolanda Díaz “un poco más de seriedad”. “No sé si es mucho pedir de una vicepresidenta”, insistió.

Los sindicatos CCOO y UGT han rechazado un año más el calendario de los 10 domingos o festivos de apertura de los comercios decretado por el Gobierno de Cantabria para 2024 porque “vuelve a impedir la conciliación de la vida laboral y familiar de 30.000 personas trabajadoras del sector comercial” y su derecho al descanso.

Así lo han denunciado ambos sindicatos en sendos comunicados con motivo de la publicación este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de la orden de la Consejería de Industria por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante 2024, que serán el 28 de marzo, Jueves Santo; 15 de agosto, día de la Asunción; el 12 de octubre, día del Pilar, además de siete domingos: 7 de enero, 21 y 28 de julio, 4 de agosto y 1, 22 y 29 de diciembre.

Para la secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO), Marta Careaga, las aperturas dominicales “solamente se fijan a merced de los supuestos intereses económicos de los establecimientos comerciales” y “no hay ninguna consideración hacia las personas que trabajan en ellos y que también tienen derecho a descansar en festivo o en domingo”.

Careaga ha denunciado que el sindicato “siempre” intenta abordar las aperturas en festivos y domingos con la Consejería, a la que ha hecho “alguna propuesta concreta para 2024 que han ignorado totalmente”.

En este sentido, CCOO consideraba “posible” no abrir el día del Pilar, para así facilitar un fin de semana completo libre para los trabajadores del comercio, “que, quizás, para muchas personas, sea el único que puedan disfrutar completo en todo el año”, ha lamentado Careaga.

Por su parte, para UGT el calendario es “más de lo mismo”, porque como en años anteriores, las aperturas dominicales y en festivos de los comercios autorizadas para el próximo año “van a provocar que sus plantillas no puedan disfrutar con sus familias de domingos y puentes festivos como los demás”.

El sindicato ha reiterado su rechazo a “cualquier domingo o festivo comercial” porque “todos son innecesarios, nunca han demostrado que sean beneficiosos para la economía o la mayoría de los establecimientos comerciales de Cantabria y, además, perjudican a todos los trabajadores del sector”.

Además, ha lamentado que el Gobierno de Cantabria “vuelve a hacer especial daño” con las fechas señaladas porque “no solo se dinamita la conciliación de la vida laboral y familiar de miles de personas trabajadoras en Cantabria, además se las sobrecarga de trabajo con varios domingos en meses de especial actividad de por sí”.

Finalmente, el sindicato ha subrayado que el comercio es un sector “muy precarizado” donde muchos de sus trabajadores “no pueden negarse a realizar excesos de jornada u horas extraordinarias en su mayor parte no compensadas” porque su tipo de contrato o su situación familiar no se lo permiten, “lo que termina provocando una falta del descanso necesario y en algunos casos problemas de salud y de estrés laboral”.

Los comercios cántabros abrirán el próximo año el 15 de agosto y el 12 de octubre, días de la Asunción y el Pilar, respectivamente, así como el 28 de marzo, Jueves Santo, además de siete domingos.

Los domingos de apertura serán el 7 de enero, el 21 y 28 de julio, el 4 de agosto y el 1, 22 y 29 de diciembre.

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante 2024.

El departamento de Eduardo Arasti ha fijado diez días de apertura, que es el número al que está obligado desde el punto de vista normativo.

A efectos de lo dispuesto en la orden publicada este viernes, se considerarán días festivos los incluidos en el calendario de fiestas laborales para 2024, ya sean de carácter nacional, autonómico o local.

Para la determinación de estos domingos y días festivos de apertura comercial para el año 2024 se ha consultado previamente a los agentes socioeconómicos, Federación de Municipios de Cantabria, sindicatos, cámaras de comercio y organizaciones empresariales, eligiéndose entre las propuestas presentadas, la consensuada por el sector de la pequeña, mediana y gran distribución, cámara, etcétera, al entender desde la Dirección General de Comercio y Consumo, que son los más adecuados tanto para la actividad comercial como para el consumidor.

En este sentido, Arasti ha agradecido la participación en este proceso y ha destacado la postura consensuada del sector de la distribución, a fin de elegir los días más adecuados, tanto para la actividad comercial como para el consumidor, “atendiendo y respetando los criterios establecidos en la Ley del Comercio de Cantabria”, ha señalado en un comunicado.

La Consejería ha seguido los criterios de apertura establecidos en la Ley de Comercio de Cantabria, siendo uno de ellos el de al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos continuados, como ocurre el 12 de octubre que cae en sábado.

En lo que respecta a la apertura de domingos y festivos en periodos de campañas, se ha determinado el 1 de diciembre al coincidir con la campaña del Black Friday.

Por último, se ha optado como señala la norma, por señalar los festivos con gran afluencia turística en Cantabria y la apertura de los domingos o festivos durante la campaña de Navidad, cerrando así el calendario comercial para el 2024.

El fin de semana ya no es garantía de descanso para muchos trabajadores. Especialmente, en el sur de Europa. España es el cuarto Estado de la Unión Europea donde más se trabaja de manera habitual en sábados y/o domingos, según los datos de Eurostat que recopila un reciente informe Funcas. En total, el 28,9% de los trabajadores en nuestro país tienen estos horarios que abarcan los fines de semana, solo por detrás de Grecia (40%), Italia (34,5%) y Francia (29%), y a mucha distancia de la media de la UE, del 22%.

Los datos corresponden a 2021, los últimos publicados por Eurostat. El año pasado, España escaló puestos entre los países europeos, pasando del sexto al cuarto Estado de la UE con más trabajadores con ocupación en fin de semana de manera habitual.

“Trabajar los fines de semana es mucho más frecuente en el sur de Europa”, destacan en Funcas, que subraya no obstante que Portugal se desvía “de la pauta regional y registra un porcentaje (20,7%) inferior a la media de la UE (22,1%)”.  

Los últimos datos indican que el trabajo en fin de semana remontó el año pasado respecto al gran descenso de 2020, aunque en 2021 (aún marcado por la COVID) se mantuvo algo inferior a los registros del periodo prepandemia.

La Encuesta de Población Activa (EPA), que ofrece una mirada atrás más larga, desde 2006, muestra cómo el aumento del trabajo en fin de semana en España se centra sobre todo en el incremento del trabajo en domingo.

Hostelería, comercio y otras ocupaciones

Más allá de las guardias y las urgencias que no pueden desatenderse en fin de semana, por ejemplo si pensamos en la atención sanitaria, las trabajadoras de residencias de ancianos o el personal de policías y bomberos, entre otras ocupaciones, hay otras muchas personas que también trabajan durante este periodo de tradicional descanso, por ejemplo en la hostelería y, sobre todo desde hace unos años, el comercio.

Por ocupaciones, España supera los niveles promedios de la UE en casi todos los sectores analizados, especialmente en los servicios y ventas.

En el caso de España, José Varela (UGT) destaca que los datos se enmarcan en un país con una “herencia histórica” de un mercado laboral “con tendencia a las prolongaciones de jornada y donde la mitad de horas extra no se compensan”, recuerda. A este escenario desde hace años se sumó “el contexto presente de amplísima liberación de horarios comerciales”, que lideró la Comunidad de Madrid pero que “se ha ido extendiendo a otras comunidades autónomas”.

Por último, de manera más reciente, también se añade “la cuestión tecnológica”, considera el responsable de digitalización de UGT, que explica que la tecnología “difumina las fronteras” entre el trabajo y el tiempo de descanso, con problemas para la desconexión digital de muchos trabajadores.

“A la gente le llegan los correos del trabajo a sus teléfonos, que ahora se los llevan consigo a sus casas y al final acaban mirando cosas”, destaca. Las altas cargas de trabajo provocan también en muchas ocasiones que se alarguen las jornadas al fin de semana para poder sacar adelante las tareas, añade Varela.

Desde UGT destacan la necesidad del descanso de los trabajadores, clave para la salud. “Lo decimos habitualmente con las cargas elevadas de trabajo y la falta de desconexión, riesgos psicosociales que provocan bajas laborales mucho más largas y las empresas no toman nota”, explica José Varela. En cualquier caso, cuando el trabajo en fin de semana es inevitable, los sindicatos exigen que sea remunerado y compensado de manera excepcional ya que no se trata de días cualquiera, sino que generan más dificultades para la conciliación personal.

Los domingos 8 y 15 de enero de 2023 figuran entre los doce domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el próximo año.

Así consta en la Orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se determinan estos días de apertura en festivos, que publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Junto a esos dos domingos de enero, la lista la completan los días 6 (jueves) y 30 de abril, el 25 de junio, el 26 de noviembre, el 3 de diciembre, el 8 de diciembre (viernes) y los días 10, 17, 24 y 31 de diciembre.

Cierres anunciados con cuentagotas, pero de forma continua a lo largo de los últimos días. En menos de una semana, El Corte Inglés ha confirmado que va a cerrar establecimientos en ciudades como Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla, de diferentes características y foco comercial, en un paso que justifica por la necesidad de reordenar su oferta.

Uno de los cierres más significativos es el de uno de sus dos establecimientos en la calle Serrano de Madrid, una de las arterias comerciales de la capital, que estaba centrado en moda masculina y oferta de restauración y donde El Corte Inglés está en régimen de alquiler, que vence en los próximos meses. Se trata de un local, un antiguo Marks & Spencer, donde ya había cambiado el paso hace siete años para centrar la oferta en moda masculina de marca (enseñas de precios altos, como Dior Homme, Marc Jacobs Giorgio Armani o Tom Ford), y en el cual una parte sustancial de los clientes eran turistas de compras, actividad que cesó con la pandemia. Tras el cierre, trasladará la plantilla a la otra tienda que tienen en la calle Serrano. 

En este caso, deja un alquiler, como también sucede con uno de sus establecimientos en Bilbao, en el número 20 de la Gran Vía. Espacio que, según publica este viernes el diario Deia, será ocupado por un Lefties, la cadena del grupo Inditex. También cerrará y venderá locales: uno que ya no estaba operativo en Córdoba, que fue un Simago; una tienda de deportes en Sevilla, uno de sus establecimientos en la Calle Colón de Valencia y el cese de operaciones de otras dos tiendas en Madrid, en dos centros comerciales, en La Vaguada y en Parquesur.

La compañía de grandes almacenes, de momento, no ha dado detalles respecto a la plantilla afectada -que asegura reubicará- o al coste que puede tener esta reorganización, que explica por la necesidad de concentrar oferta en establecimientos más grandes. Una estrategia que no es única y que están llevando a cabo otras compañías, como Inditex, que también anunció hace meses el cierre de tiendas más pequeñas, para centrarse en locales con más superficie comercial.

Traslados de la plantilla

En el caso de El Corte Inglés, los sindicatos, al menos de momento, no entran a valorar este cambio de paso. Respecto a los cierres en Madrid, se remiten a un comunicado conjunto firmado por Fasga, Fetico, CCOO y UGT en el que indican que la compañía ha informado a los comités de empresa de los centros de Parquesur y La Vaguada, que va a proceder a la reordenación de su oferta comercial y que “va a reforzar la oferta comercial en centros cercanos” a los que echen el cierre. “La empresa ofrecerá a la plantilla afectada la reubicación en otros establecimientos de la organización teniendo en cuenta sus preferencias de destino, la proximidad de los centros a sus domicilios y sus habilidades profesionales”, apunta. 

“En el caso que sea necesario, en el proceso de reubicación se acudirá al procedimiento de modificación de condiciones de trabajo en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores”, agrega. Este hace referencia a que “la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción” y se consideran tales, aquellas que estén ligadas a  “la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”.

“De igual manera, si fuera necesario”, indica el comunicado firmado por los sindicatos, El Corte Inglés “procederá a aplicar el procedimiento de movilidad geográfica del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores de forma individual, en aquellos supuesto en los que se produzca un traslado que implique cambio de residencia”. En este caso, la legislación establece que “notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de 12 mensualidades”. 

En este sentido, fuentes de la plantilla sí indican que puede haber salidas en el caso de trabajadores contemplados en esos traslados, que percibirían el tope de 12 mensualidades. “Estos cierres no nos producen temor, porque hay un mantenimiento del empleo en el 100% de los casos. No son cierres traumáticos”, aseguran las citadas fuentes.

Ponen como referencia lo ocurrido a principios de 2021, con el gran almacén de Linares (Jaen), abierto en 2002. Una localidad golpeada por el paro, donde contaba con más de 200 trabajadores. “Si cierras en una provincia y el centro más cercano está a 200 kilómetros, es difícil reubicar a la plantilla pero en los cierres que se han hecho públicos hay posibilidad de reubicación. Hay gente que lleva mucho tiempo pidiendo traslados y también hay una parte de la plantilla de estos centros que puede pedir la cuenta”, matizan las citadas fuentes.

Hay que recordar que El Corte Inglés viene de un plan de bajas voluntarias pactado con los sindicatos a principios de 2021, cuando salieron de la empresa más de 3.000 personas, tanto de tienda como de los servicios centrales. En ese caso, se acordó una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades y una prima de compensación por tramos de antigüedad.

A puertas de un nuevo convenio

El grupo aún no ha desvelado su evolución al cierre del ejercicio 2021. Hace un año, hizo públicos sus resultados en 2020, cuando su plantilla superaba las 80.000 personas. En ese ejercicio marcado por la pandemia, el grupo se anotó unos números rojos de 2.945 millones de euros. Detrás de esas pérdidas, explicó, estaba una provisión de 2.500 millones para “cubrir deterioros de inmovilizado, existencias y créditos fiscales”. “La mayor parte de estas provisiones derivan de una actualización de activos como consecuencia de la transformación hacia un modelo de negocio más digital”, argumentó.

Una transformación digital que también influirá en la negociación del siguiente convenio colectivo del sector de las grandes superficies. “La compañía se plantea llegar a un 30% de facturación a través del negocio online. Eso conlleva que haya nuevas funciones, desempeños y tareas”, indican las citadas fuentes de la plantilla de cara a las prioridades en esas negociaciones, al margen de un alza salarial. “El actual convenio colectivo lo definimos como de transición. Solo tiene vigencia de dos años, en lugar de cuatro”, apuntan.

En marzo de 2021, la patronal de las grandes superficies Anged, de la que forma parte El Corte Inglés y otras empresas como Carrefour o Ikea, selló con CCOO, Fetico y Fasga el convenio sectorial, en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, que recoge una subida salarial del 2% durante el periodo. En el año transcurrido, la situación de El Corte Inglés ha cambiado laboral y financieramente. A finales de 2021, selló un nuevo modelo de incentivos para su plantilla dedicada a labores comerciales; también dio entrada a Mutua Madrileña en el accionariado, que compró un 8% del capital del grupo de distribución, procedente de la autocartera del grupo, por 555 millones. Además, adquirió el 50,01% de las dos aseguradoras de El Corte Inglés por otros 550 millones de euros.

La ampliación del horario del comercio minorista que acordó este miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura entrará en vigor finalmente este sábado y no el viernes, como se ha había anunciado en un principio, según se recoge en la resolución que ya se ha publicado el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La principal medida adoptada es que el comercio podrá abrir entre las 10 y las 18 horas de lunes a viernes y hasta las 14 horas los sábados, sin límites en función de la superficie del establecimiento.

Los centros comerciales continuarán cerrados, al igual que la hostelería o establecimientos como los gimnasios.

El DOE también ha publicado la prolongación de cierre perimetral de todos los municipios y el toque de queda a las diez de la noche.

La medida de los aislamientos municipales y del horario comercial serán revisables a los siete días, mientras que la prohibición de la movilidad nocturna entre las 22 y las 6 horas se prolonga durante 28 días.

El Ejecutivo regional decidió flexibilizar la actividad comercial debido a la mejora en la incidencia acumulada de la pandemia y de la presión hospitalaria, aunque la región sigue en nivel de alerta 4. 

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA Andalucía) ha pedido a la Junta que desarrolle un plan de revitalización del pequeño comercio que acompañe a la medida anunciada de permitir que los comercios de más de 300 metros cuadrados pueden abrir más festivos y domingos a lo largo del año, pasando de los diez actuales a 16.

“No somos muy partidarios de la ampliación de horarios, porque entendemos que es la única ventaja competitiva que tenemos los pequeños, pero debería ir acompañada de un plan de revitalización del pequeño comercio, sobre todo en los centros históricos, porque se está perdiendo mucho comercio tradicional”, comentan a este medio fuentes de la organización de autónomos.

“Se pretendía hacer como en Madrid”

Desde UPTA, a diferencia de los sindicatos, aseguran haber “participado” y “aportado” como agente económico en la elaboración del decreto ley presentado el lunes. “El tema del comercio es que el que más nos afecta”, reconocen desde UPTA, pero señalan que “se pretendía una ampliación mayor y se ha conseguido” que se quedara en una “ampliación progresiva”, esto es, hasta los 12 festivos este año, hasta los 14 en 2021 y hasta los 16 festivos al año en 2022.

“Teníamos bastantes reticencias. Se permitía que aquellos negocios con menos de 300 metros tuvieran libertad total de horarios y entendíamos que era la única ventaja competitiva que podrían tener los pequeños negocios con respecto a las grandes superficies”, apuntan desde UPTA, que aluden en todo caso al “efecto arrastre; cuando hay negocios que están alrededor de grandes superficies, la afluencia también les beneficia”. “Hay que compaginar las dos cosas”, sentencian. “Se pretendía hacer como en Madrid y la liberalización progresiva nos parece más razonable”, cocluyen.

Las medidas anunciadas el lunes por la Junta acercan el modelo económico andaluz al de Madrid, por ejemplo, con la flexibilización de los horarios comerciales, aunque no se termina de aprobar una liberalización total: las empresas de más de 300 metros cuadrados -grandes superficies comerciales, incluidos supermercados- “podrán abrir en más días festivos para competir contra Amazon y Google”, dice Velasco. Esto ejercerá más presión sobre el pequeño mercado de proximidad, que representa a nueve de cada diez negocios en Andalucía. Hasta ahora, la legislación andaluza permitía a estas pequeñas tiendas abrir cualquier día del año, sin limitaciones. Las grandes superficies estaban limitadas a diez festivos al año.

“Muy buena noticia”

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Autónomos en Andalucía (ATA-A) ha considerado una “muy buena noticia” la aprobación del decreto ley , cuya aprobación “supone avanzar un paso más en la eliminación de trabas y obstáculos con los que se encuentran los trabajadores autónomos y emprendedores en la realización de su actividad económica, ya que no sólo la sufren los que empiezan, sino que también están presentes en cualquier etapa de su actividad”.

Según manifiesta en un comunicado el presidente de ATA-A, Rafael Amor, desde su organización siempre han visto como “urgente necesidad la revisión, reducción y celeridad” en la resolución de los trámites administrativos. “En un mundo globalizado y que funciona a toda velocidad, que para obtener una licencia se tarden casi seis meses no es desde luego operativo, ni en la línea de facilitar la actividad económica y el emprendimiento”, añade.

Para concluir, Amor señala que este decreto “tan ambicioso” y que abarca tantas normas y procedimientos espera que se implante con la mayor celeridad posible, aunque “siempre garantizando la seguridad jurídica de los emprendedores y con iniciativas económicas”.

La Generalitat Valenciana endurece los requisitos para que los establecimientos comerciales, de cualquier tipo, puedan abrir en festivos. Así se interpreta del borrador del reglamento para los horarios que pretende dejar los mínimos resquicios posibles de la Ley de Comercio que empezó a aplicarse ya el último domingo de febrero.

Uno de los capítulos más destacables es el referido a las tiendas de conveniencia, las conocidas como '24 horas', que además de cadenas como Opencor, Seven Eleven o las tiendas de gasolineras, también incluyen los bazares y fruterías, que ahora verán más complicada su amplia apertura.

Legalmente las tiendas de conveniencia han de tener una superficie de venta igual o inferior a 500 metros cuadrados y superior a 300 metros, y abrir al menos 18 horas al día -según la ley estatal-; esta disponibilidad provocaba que los precios de los productos de las grandes cadenas fueran más caros que en los establecimientos ordinarios. Pero no es el caso de los mencionados bazares y fruterías, que entre los principales reclamos tienen los precios bajos,por lo que, pese a abrir más tiempo que las tiendas normales (el otro gran reclamo), a todas no les es rentable superar las 18 horas diarias marcadas por la ley por la baja rentabilidad de los horarios nocturnos.

El borrador que ahora redacta Economía también especifica más sobre contenidos a la venta. Así agrupa la relación de productos contemplados en la ley en cuatro categorías más amplias: libros, periódicos y revistas; artículos de alimentación; discos, vídeos, juguetes y regalos; y artículos diversos. Pero además impone cuotas: cada una de estas secciones deberán significar entre el 20 y el 40% del total de referencias a la venta, y ninguna podrá ocupar más de un 50% de superficie de exposición y venta al público.

Esto supone obligar a la variedad de ofertas, que sí tienen las grandes cadenas o que tendrían más fácil adaptarse, en contra de la especialización del producto, que es el caso de bazares (donde predomina juguetes y regalos además de artículos diversos), y fruterías, dedicadas casi exclusivamente a la alimentación

La ciudad de Alicante ha acogido este miércoles una manifestación ante la delegación del Consell contra el pacto autonómico de horarios comerciales al que llegaron la conselleria de Comercio y distintas patronales del sector en diciembre y cuya aprobación definitiva se votará en las Cortes Valencianas el próximo 7 de febrero.

Unas 200 personas entre trabajadores y pequeños empresarios han acudido a la llamada de UGT y CCOO, los convocantes de una concentración a la que se han sumado fuerzas políticas como Podemos, Esquerra Unida-Guanyar, PCPE y PCE.

Durante el acto de protesta, al que también se ha adherido la asociación de comerciantes FECOEMA, se ha leído el manifiesto 'Contra el Pacto Autonómico en la ciudad de Alicante' en el que las firmantes, Patricia Carrillo de CCOO y Abigail Vacas de UGT, han criticado que el acuerdo al que llegó la conselleria de Rafael Climent con la mayor parte de las patronales del sector “contraviene tanto los derechos de los trabajadores y trabajadoras a compatibilizar la vida familiar, personal y laboral”.

Los sindicatos critican que con el cambio que va a sufrir Alicante ciudad al pasar de 25 a 40 los domingos y festivos que van a poder abrir los comercios, “se ahonda en la máxima de generar empleo precario auspiciado por el gobierno autonómico”.

En un duro discurso, las representantes sindicales afirmaron que esta medida, que ha promovido la conselleria que encabeza Compromís, “además de no generar empleo de calidad en el sector está condenando a la desaparición del comercio tradicional de proximidad y especializado a favor de las grandes multinacionales” como El Corte Inglés.

Carrillo y Vacas han esgrimido que la liberalización de los horarios comerciales en realidad “no aumenta las ventas”. “Las familias siguen teniendo el mismo poder adquisitivo, y por lo tanto la venta sólo se reparte entre todos los días de la semana”, puntualizaron. Asimismo, entienden como “imposición” la calificación de ‘Zona de Gran Afluencia Turística’ para toda la ciudad de Alicante al preguntarse que si el criterio obedece al turismo, “el turista no va a los Centros Comerciales”.

Por todo ello, CCOO y UGT han exigido al Conseller Rafael Climent y al Director General de Comercio, Natxo Costa, que cumplan con el compromiso ante la ciudadanía de Alicante de “fomentar y apoyar la conciliación familiar, personal y laboral, crear un nuevo modelo económico en el que se rescate a las personas, a las trabajadoras y trabajadores del sector comercial en esta ciudad”.

El Observatorio de Comercio de la Comunitat Valenciana ha cerrado este lunes un pacto sobre los horarios comerciales que fija en 38 días los festivos aperturables en las cinco Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de València ciudad y en la totalidad de la ciudad de Alicante desde el 15 de junio y hasta el domingo de después de Reyes.

Además, se abrirá 40 días en el mismo periodo en Finestrat, Torrevieja, Alborache, L'Alfàs del Pi, Benissa, Orihuela costa y Pilar de la Horadada costa, mientras que para el resto del territorio de la Comunitat, se abrirían 11 días.

Por otro lado, los festivos aperturables en zonas que no son ZGAT para 2018 serán: 7 de enero, 18 de marzo, 1 de abril, 1 de julio, 25 de noviembre y 2, 8, 16, 23 y 30 de diciembre.

Al respecto, el conseller de Economía, Rafa Climent, ha destacado que se trata de un pacto “histórico” que ha tenido “el consenso de los agentes miembros del observatorio”.

El Observatorio de Comercio ha concluido este lunes con un preacuerdo para permitir la apertura de unos 40 festivos al año en València, Alicante, Finestrat y Torrevieja, declaradas en su totalidad Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que tienen total libertad de apertura con 63 festivos.

Así lo ha explicado el conseller de Economía, Rafa Climent, que ha detallado tras la reunión de este órgano que el preacuerdo contempla la apertura de festivos desde el 15 de junio hasta la primera semana de enero.

La dirección general de Comercio redactará el documento, que se presentará a todos los integrantes del Observatorio en una nueva reunión a principios de octubre, para precisar algunos “matices” y poder conseguir que salga adelante con unanimidad o, al menos, sin ningún voto en contra, ha indicado Climent.

Además de los 40 días en las ciudades que actualmente cuentan con libertad horaria, las ZGAT de costa mantendrían entre 25 y 26 festivos de apertura al año, del 15 de junio al 15 de septiembre y Pascua, básicamente, mientras que en el resto de poblaciones se autorizaría la apertura de 12 festivos anuales.

El conseller se ha mostrado “relativamente muy contento” por este preacuerdo en el que, ha remarcado, todas las partes han tenido que ceder y hacer concesiones hasta llegar a una solución desde el diálogo y la base de la eficiencia, sabiendo cuándo se compra en festivos.

Para Climent, era necesario buscar el equilibrio y, especialmente, la igualdad porque cuando uno no delimita una zona concreta de la ciudad para la libre apertura “da igualdad a todo el comercio”, al tiempo que también da seguridad a los consumidores, que sabrán qué festivos pueden ir a comprar.

Además, ha resaltado que este preacuerdo beneficia a los trabajadores del comercio, que “van a trabajar menos días” festivos al año y “van a mejorar respecto a lo que tenían, con más posibilidad de conciliación”.

Alicante durante la Volvo Ocean Race

Por otra parte, cuestionado sobre la apertura en Alicante durante la celebración de la Volvo Ocean Race, Rafa Climent ha indicado que si lo demanda el Ayuntamiento, su departamento cumplirá la legislación y, como se trata de un evento de ámbito internacional, “esos días podrá estar abierto el gran comercio sin ningún problema”.

“No hay problema porque cumpliríamos la legalidad, no estamos aquí para incumplirla”, ha dicho, para agregar que si hace falta se tramitará la cuestión de urgencia para hacer efectiva esa apertura.

El consell nacional del Bloc Nacionalista Valencià, máximo órgano de decisión del partido entre congresos, ha acordado este sábado solicitar a los diputados de la coalición Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví y Marta Sorlí, que trabajen por la reversión de la liberalización comercial horaria.

El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha sido el encargo de presentar esta propuesta de resolución, que pretende acabar con la “imposición” de la liberalización horaria en las ciudades valencianas, y garantizar los derechos de los trabajadores del pequeño y mediano comercio.

La diputada nacional Marta Sorlí, ha lamentado que el PP “utilice la libertad para esconder las privatizaciones”, y ha defendido la unión de la formación Compromís “para defender las personas y apoyar al comercio de proximidad frente a las grandes superficies”.

El concejal de Comercio en el ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha señalado que “tenemos una PNL, una moción en el consistorio de València, la sociedad sensibilizada y un partido al lado de los trabajadores del pequeño comercio”.

Por su parte, la coordinadora nacional del Bloc, Águeda Micó, Águeda Micó, ha defendido en su intervención la necesidad de un “posicionamiento central del Bloc y Compromís” que dé “estabilidad” al resto del Estado y garantice el éxito del cambio político en la Comunitat.

Necesidad de “cohesionar” el partido

Micó ha remarcado asimismo en su informe la necesidad de “cohesionar” el partido y la coalición de Compromís “impulsando” a los líderes de la formación mediáticos e institucionales, entre los que ha citado a Joan Baldoví, Rafael Climent, Vicent Marzà, Fran Ferri, Enric Morera o María Josep Amigó, entre otros.

Por su parte, el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha apelado también a la “unión de la militancia” y a “seguir adelante en el trabajo que se está haciendo con el plurilingüismo avalado por más del 54 % de las escuelas” de la Comunitat.

El alcalde de Sagunto, Quico Fernàndez, ha destacado la defensa de los servicios públicos como “estandarte” del Bloc, mientras que el diputado nacional Joan Baldoví ha remarcado que la coalición está en “un momento de las oportunidades” y ha animado a “seguir siendo la voz que defiende los intereses de los valencianos”.

El presidente del Bloc, Enric Morera, ha reivindicado asimismo la necesidad de “recuperar el espacio audiovisual en nuestra lengua”, e iniciar, desde las diferentes instituciones valencianas, todas las actuaciones técnicas necesarias que permitan a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación iniciar las emisiones “lo más pronto posible y con la calidad que merece”.

El consell nacional también ha ratificado el nuevo secretario de finanzas Xavier Martí, como miembro de la comisión ejecutiva nacional de Compromís.

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, ha abogado este miércoles por alcanzar en el próximo Observatorio de Comercio de la Comunitat Valenciana una solución “consensuada” para los horarios comerciales que “podría pasar por pactar un número de festivos abiertos en determinadas estaciones del año”.

Así lo ha planteado el conseller en una intervención en la 'Jornada de Debate sobre los Horarios Comerciales', organizada por CCOO PV, a la que han asistido representantes de las administraciones, patronales de Comercio, organizaciones ciudadanas y partidos políticos y en la que se ha debatido sobre los pros, contras y consecuencias de la apertura en domingo y festivos.

En su discurso, Climent ha lamentado la actual situación de “maremágnum jurídico” y la “indefensión” que padecen los pequeños comercios, por lo que ha subrayado que los horarios comerciales es una cuestión que “preocupa y ocupa” al Consell. A su juicio, se tiene que encontrar un consenso “global” entre todos los agentes del sector implicados que tienen que “ceder” para evitar resolver el problema por vía de los juzgados.

Tras recordar que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), rechazó la petición de la actual Conselleria de Economía de anular la resolución de 7 de enero de 2013 del PP por la que se declararon cinco Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Valencia al considerar que no procedía revisar de oficio por causa de nulidad de pleno derecho, pero daba la posibilidad de solicitar su anulabilidad porque la resolución del anterior gobierno del PP “se hizo de manera irregular”, Climent ha indicado que su departamento estudia esta posibilidad.

Asimismo, ha señalado que Compromís presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, como ya hiciera en la legislatura anterior, para modificar la ley estatal, que se dé “más autonomía” a las CCAA y acabar con el modelo “arbitrario” de las ZGAT que, a su juicio, están “mal hechas” y crean “desigualdades”.

Sin embargo, para Climent lo más importante es alcanzar un consenso “de la forma más rápida y lo antes posible” para arreglar la situación de incertidumbre actual. “Con este panorama la vía judicial no es ni la más fácil ni la más razonable, sino que tenemos que buscar un gran pacto entre el sector”, ha insistido el conseller para recordar que son los trabajadores los que están sufriendo “en primera persona las aperturas en domingos y festivos”.

Así, ha considerado que el próximo Observatorio de Comercio de la Comunitat será “un excelente momento” para plantearse “nuevas vías de negociación” que “podrían pasar por pactar un número de festivos abiertos en determinadas estaciones del año para nuestro territorio”, ha defendido.

“Vamos a continuar trabajando por la seguridad jurídica y resolver esta situación para poder atender las necesidades de los trabajadores y las políticas de Comercio. Nunca hemos intentado restringir nada, sino salvaguardar los derechos de todos los integrantes del mundo comercial”, ha zanjado.

El sector, “el protagonista”

El director general de Comercio de la Generalitat, Natxo Costa, ha comenzado su intervención pidiendo disculpas a los trabajadores y admitiendo que está “frustrado” con esta “difícil” situación. “Lo estamos intentado de todas las formas posibles”, ha insistido.

Costa ha explicado que el Consell estudia varias posibilidades para restringir la libertad horaria y ha destacado que el CJC “les da la razón” porque el dictamen indica que la resolución del anterior gobierno del PP “se hizo de manera irregular” y sería “anulable”, pero “no nula de pleno derecho” como había pedido su departamento.

Ha explicado que Comercio no solicitó con anterioridad la anulabilidad de las ZGAT porque desconocía que no estuvieran bien resueltas, pero ahora “están dispuestos a iniciar los trámites” para ello y ha pedido al sector que sea “protagonista” de este proceso porque cree que a veces da la impresión de que “esto es una lucha del Consell contra el Gobierno anterior del PP”.

“Movilizaciones”

Como representante del Ayuntamiento, el edil responsable del área de Comercio, Carlos Galiana, ha reconocido que “pecaron de entusiasmo” cuando llegaron al gobierno y se comprometieron a reducir las ZGAT en la ciudad, aunque ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en diciembre en el Observatorio de Comercio Local por el que se acordó establecer dos únicas áreas de apertura. “Era un buen punto de partida”, ha destacado.

Galiana ha subrayado que el consistorio seguirá “batallando” para restringir las aperturas, porque “no mejoran ni el empleo ni la actividad comercial”. De hecho, ha manifestado que puede que “haya llegado el momento de hacer movilizaciones”.

Para el secretario general de CCOO PV, Paco Molina, tampoco hay ninguna razón económica que pueda justificar que “se someta a un trabajador” a no disfrutar de su familia los festivos ya que ha subrayado que “la capacidad de consumo está limitada y el poder adquisitivo de las familias es el que es y no cambia” y las aperturas los domingos “no pueden aspirar a relevar a las plazas de pueblo o a las calles mayores”.

Desde la Confederación Valenciana de Comercio (Covaco), Amparo Barroso ha lamentado que se hayan hecho “muy mal las cosas en Valencia y Alicante” con el tema de los horarios comerciales y ha mostrado su “rotundo apoyo” al Consell para “rectificar una medida mal adoptada”. “Las ZGAT tienen que responder a criterios de demanda de turistas pero resulta curioso que ciudades como Barcelona o Sevilla no tengan una normativa tan amplía como la que tenemos nosotros”, ha puntualizado.

Por tanto, a su juicio, en esta cuestión subyace una transformación del modelo social promovido por las grandes superficies, por lo que ha abogado por establecer una única ZGAT porque no ve razones económicas que justifiquen la apertura en domingos y festivos.

“Desgaste” para las pymes

En similares términos se ha pronunciado la presidenta de la Confederación de Empresarios del Comercio y servicios de la Comunitat (Cecoval), Isabel Cosme, para quien el pequeño y mediano comercio es el que está sufriendo el “desgaste” en el conflicto. “Este tema va más allá de abrir un domingo; va directamente a nuestra yugular. Si no cambian el escenario lo tendremos crudo y muchos tendrán que cerrar”, ha advertido para remarcar que abrir festivos no significa generar mayor consumo.

Ha recriminado la “competencia desleal” que se ha generado y ha subrayado que, aunque no quieren judicializar el tema, si no se soluciona “por las buenas” y mediante un pacto “habrá que ir a malas y acudir a los tribunales”, ha afirmado.

Desde la Unión Gremial, Francesc Ferrer se ha mostrado “abierto al diálogo” y se ha sumado a la necesidad de alcanzar un acuerdo entre todos los agentes del sector, mientras que el presidente de la Asociación de Supermercados de la Comunitat (Asucova), Pedro Reig, ha mostrado su oposición al acuerdo del PP de 2013 porque considera que trabajar 90 horas semanales y 10 festivos al año, como marca la ley estatal, es “más que suficiente”.

10 festivos “es excesivo”

Sin embargo, en este punto, Costa ha mostrado su disconformidad con la norma estatal, que marca un mínimo de 10 festivos, al considerar que es “excesivo” y atiende a los intereses de las grandes empresas que buscan ganar más dinero y cuota de mercado. A su juicio, lo más razonable sería un mínimo de 6 días y un máximo de 10-12 días y que cada autonomía decidiese.

El Ministeri d’Hisenda i el Tribunal de Defensa de la Competència obstaculitzen dos dels projectes de la Conselleria d’Economia: les restriccions a les obertures en diumenge dels grans centres comercials i la imposició de disposar de personal a les gasolineres autoservei, aquelles que prometen preus baixos, però que a penes disposen de treballadors.

Hisenda, segons El País, ha imposat “reformes estructurals” a les comunitats autònomes, cas de la valenciana, que han incomplit els límits de dèficit i, per això, han presentat plans d’ajust. Entre aqueixes reformes està la del “augment de festius d’obertura i d’hores setmanals d’obertura per a tots els establiments”.

Aqueixa imposició xoca frontalment amb l’aspiració de la Conselleria d’Economia, que vol, com la majoria dels ajuntaments grans, restringir la llibertat horària de les grans superfícies per a protegir als treballadors dels centres comercials forçats a treballar en diumenge i, en el marc d’un nou model productiu, promoure el comerç menut i de proximitat.

Economia ja havia aprovat una nova normativa, finalment retirada arran del recurs d’unes quantes empreses afectades i enmig de notable embull legal, burocràtic i polític. Aquesta exigència d’Hisenda –el ministre de la qual és qualificat pel Consell com el seu enemic públic número 1– arriba quan els partits del Govern valencià clamen contra la discriminació de Madrid.

Competència, a favor de les gasolineres fantasma

L’altre front obert a Madrid ve de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), l’organisme elegit pel parlament que “regula tots els mercats i sectors productius de l’economia espanyola”. El seu últim informe dóna suport a la proliferació de gasolineres desateses. “Augmenten la competència efectiva en el mercat i pressionen a la baixa els preus dels carburants, i amb això augmenten el benestar dels consumidors finals”, diu.

La Generalitat té una opinió diferent. Economia, com ja han fet altres autonomies, ha pres mesures contra el model de negoci d’aquestes estacions de servei, que els detractors anomenen ‘fantasmes’ per l’absència de personal en la instal·lació. La Conselleria va imposar l’obligació que un empleat atenga el públic de 6 de la matinada a 10 de la nit.

El sector –que xifra en un centenar el nombre d’establiments d’aquest tipus– va anunciar que estudiava presentar recursos. La Generalitat, diuen, protegeix les grans companyies, que dominen la distribució de carburants, i va contra una iniciativa que abarateix “fins 17 cèntims el litre de combustible i funciona perfectament a França, Suïssa, Noruega o Dinamarca”. Caldrà veure si el Govern executa la recomanació de Competència.