Una pareja de jubilados con sendas pensiones por debajo de la media nacional a la que van a multiplicar por dos el alquiler de su casa. Es una situación que se repite en varias ciudades españolas y que desemboca en ocasiones en un desahucio. Maricarmen Abascal no es el único caso de estas características. Da la casualidad de que se trata de los padres de Jaime de los Santos, diputado del Partido Popular, según contó él mismo en un programa de Antena 3. También dijo que tienen cinco hijos que les ayudarán en lo que sea necesario. ¿Pero qué pasa con aquellos que no tienen hijos o que están solos porque ha fallecido un cónyuge?

“Ahora sus propietarios, claro, en abril les cumple el contrato. ¿Qué les han dicho? Que les van a doblar el precio”, dijo De los Santos. Los vulnerables no son solo los ancianos, como pueden atestiguar muchos jóvenes que han sido literalmente expulsados del mercado de la vivienda con precios abusivos. Ni pueden comprar ni pueden alquilar en las ciudades donde residen. Cualquiera diría que todos los partidos deberían tener como prioridad ayudar a esas personas. Hoy mejor que dentro de un mes. No pueden esperar a que se cumplan dentro de unos años las promesas de construir centenares de miles de pisos nuevos.

Si hay que medir el impacto causado por el desahucio a Maricarmen, la acampada de la Puerta del Sol en Madrid y la accidentada presentación de dos reales decretos por el Gobierno, el veredicto es inapelable: ha sido un éxito total. Pero si nos fijamos en lo realmente importante, cómo beneficiarán estos acontecimientos al acceso a la vivienda, todo está en el aire. El Gobierno aún no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacar adelante los dos decretos que se votarán el viernes.

El PP ya ha advertido de que votará en contra. Lo considera “una trampa”, en expresión de Alberto Núñez Feijóo. Los que viven de alquiler tendrán una opinión diferente. La trampa es vivir con la angustia de no saber, cuando se acerca el final del último contrato, a cuánto ascenderá la subida y si tendrán dinero para asumirla.

La iniciativa del Gobierno comenzó mal el martes. El Consejo de Ministros aprobó el contenido de los decretos, pero sin tener finalizado el texto. La rueda de prensa ofreció un espectáculo no muy alentador con la ministra de Vivienda buscando papeles para encontrar la última versión del decreto por el que le habían preguntado. “La congelación... ahora tengo que recurrir al texto, porque ahora ya tengo un cacao”. Después de eso, varios segundos de silencio mientras Isabel Rodríguez seguía sin encontrar el papel correcto. “Tengo que revisar la última versión que no la tengo aquí. Esto se lo aclaro después inmediatamente”.

Al día siguiente, se mencionó el tema de la vivienda en la sesión de control, pero el PP no estaba nada interesado en profundizar. Ni cree que los decretos sean necesarios, ni está de acuerdo con su contenido. Solo quería hablar de Ceuta y algo de corrupción. “Ustedes quieren cambiar de pantalla, pero no les vamos a dejar”, dijo Ester Muñoz. El cuchillo más largo lo enarboló otra diputada del PP, Miriam Guardiola: “Ustedes han utilizado a Maricarmen obscenamente para que no se hable de Ceuta”. Será que preocuparse por que una mujer de 87 años se quede sin casa es algo obsceno.

La crisis de Ceuta está en todos los medios de comunicación desde hace dos meses y no va a desaparecer. Pero al PP le molesta tener que hablar de vivienda porque no quiere aparecer como defensor de los fondos buitre ni de las medidas que impidan los desahucios de personas en situación vulnerable. Ahí Feijóo se limita a reiterar la promesa de un millón de viviendas, más las ayudas fiscales a caseros e inquilinos que hasta ahora no han surtido efecto.

En un intento de desacreditar las movilizaciones, Feijóo recurrió el lunes a otro caso de final más dramático: “Lo que ha ocurrido con un desahucio en Madrid es una desgracia personal, pero en Catalunya, una señora, creo que se llamaba Olga, fue desahuciada y se suicidó. Nadie acampó por ella”. Si alguien lo hubiera hecho, el PP también se habría opuesto. Ese desahucio fue posible, porque sus votos, junto a los de Vox y Junts, tumbaron la renovación del escudo social y la moratoria de los desahucios.

El decreto más extenso incluye la prórroga extraordinaria durante dos años a todos los alquileres vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 en los mismos términos que el contrato en vigor, siempre que se hayan hecho los últimos ocho pagos. En las renovaciones anuales que se hagan, solo se podrá subir un 2% en caso de que el precio del alquiler sea inferior a la media. Los desahucios de “personas vulnerables sin alternativa habitacional” se suspenderán hasta el 31 de diciembre de 2030.

Por lo que dijeron en público el miércoles, ni Podemos ni Junts estaban inicialmente satisfechos con los decretos. Estaba por ver si se atreverían a votar en contra o abstenerse y que no haya ningún cambio en vivienda en lo que queda de legislatura. “Ustedes lo que intentan hacer es trampa”, dijo Ione Belarra al Gobierno, porque “quieren frenar la movilización social”. La posición favorable del Sindicato de Inquilinas terminó por convencer a Podemos, que votará a favor. “Podemos no va a ser la excusa para que el Gobierno siga sin hacer nada”, anunció Belarra el jueves por la mañana.

Míriam Nogueras aseguró que los dirigentes de Junts se sienten “decepcionados y preocupados”. La portavoz de Junts volvió a expresar su pesar por los jubilados dueños de pisos que buscan “complementar” la pensión con los ingresos del alquiler. Para los que tienen diez viviendas, eso no es un complemento, sino un negocio.

El segundo decreto, el de la prórroga automática de alquileres sin límite de tiempo, es el que lo tiene más difícil por la oposición tradicional de Junts a esta medida.

Los decretos no cierran el paso por completo a los fondos buitre, pero limitan el alcance de su rentabilidad. La “prohibición de la compra especulativa” afecta a las compras de viviendas cuyo precio esté por debajo del 70% de la tasación –eso habría afectado al piso de Maricarmen–, lo que plantea dudas sobre la forma en que se hacen algunas tasaciones. Tampoco es un gran cambio que las empresas de pisos turísticos sigan teniendo el privilegio de estar gravadas, ahora con un 10% de IVA, muy por debajo de cualquier pequeño negocio que aporta mucho más valor económico y social a las ciudades.

Aun así, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido a los grupos parlamentarios que voten a favor de la ratificación de ambos decretos: “Más allá del contenido de la norma, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para cambiar de una vez por todas las políticas de vivienda”. El consejero vasco de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, lo explicó de otra manera. “Prefiero un escudo imperfecto aprobado a uno perfecto derrotado”.

Nota: artículo actualizado con el anuncio de Podemos de que votará a favor de la convalidación de los decretos.

Los diputados del Partido Popular están en el Congreso como en su casa. Bastante hacen con no aparecer en los escaños en bata y zapatillas. Cada miércoles, montan un cirio con gritos e imprecaciones no porque sean gente de natural irascible, sino porque quieren representar que el país entero se ha ido por el sumidero y el Gobierno está involucrado en todo tipo de desmanes. Es una mezcla de teatro kabuki y la batalla de El Somme en la Primera Guerra Mundial.

Este miércoles le tocó el turno a una sospechosa habitual, Ana Vázquez, siempre preparada para denunciar con sus gritos a Marlaska y con un pasado igualmente tumultuario en Galicia. Esta vez, se superó. Enseñó un spray de gas pimienta, como los que han empezado a llevar consigo algunas mujeres en Ceuta. No hay que ser Colombo o Sherlock Holmes para saber de quién era el spray de gas pimienta que se vació en los baños de uno de los edificios del Congreso unos minutos después. Varias personas tuvieron que ser atendidas y hubo que cerrar varias dependencias. Poco después, Vázquez daba entrevistas en televisión en las que dijo que el bote estaba vacío.

En un gesto que algunos calificarían de buenista, el Congreso no permite la entrada con armas en sus instalaciones. La presidenta, Francina Armengol, la llamó al orden y le ordenó salir del hemiciclo. Vázquez se negó y fue jaleada por los gritos de sus compañeros. “¡No sale!”, gritó un diputado. Segundo apercibimiento de Armengol que supone una amenaza de expulsión. “¡Pero de qué vas!”, fue otro grito que se escuchó con la bancada desatada. Vázquez aceptó finalmente salir y fue despedida por una ovación en pie del grupo del PP, excepto Alberto Núñez Feijóo, que prefirió no infringir eso que los políticos llaman decoro institucional.

Los demás diputados de su partido no estaban obligados a respetar tal cosa, por lo que se aplicaron con energía a engordar la crónica de sucesos. En las preguntas posteriores de la sesión, los portavoces del PP se turnaron para menospreciar a Armengol.

Feijóo en persona salió a los pasillos para mostrarse indignado. Muy indignado. “No es cierto que sea un arma”, empezó diciendo. “Entonces, hay que detener a todas las mujeres que lo llevan en Ceuta”, continuó, ignorando que las prohibiciones que existen dentro del Congreso no afectan a lo que pasa en la calle. “No se puede decir a una diputada del PP que ha metido un arma en el Congreso”, dijo, aunque eso era precisamente lo que había ocurrido. Por todo ello, Feijóo afirmó que la sesión de control había sido “bochornosa” y que Armengol había actuado como una “indocumentada”. Decoro institucional pero hasta cierto punto.

En el reglamento de armas vigente incluido en una orden ministerial publicada en el BOE aparece que está prohibida la publicidad, compra y tenencia de “los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas”. Algunos modelos homologados por el Ministerio de Sanidad sí están aceptados y pueden comprarse en armerías presentando el DNI. Pero siguen siendo armas y por eso, con perdón por la obviedad, se venden en armerías.

El PP prefirió negar la evidencia y lanzarse en tromba contra Armengol. Las televisiones hicieron cola para entrevistar a Vázquez, encantada con toda la atención. Era la protagonista del show, qué más podía pedir. Lleva en política desde los 20 años y es diputada desde hace 26. Todo lo que ha aprendido en el legislativo se puede resumir en el espectáculo que ofreció el miércoles. Con los periodistas en los pasillos volvió a utilizar la falacia de que se estaba acusando en realidad a las mujeres de Ceuta o a los niños que lo llevan en la mochila. Nadie había dicho algo parecido. Y se puso chula: “Lo volveré a traer (al Congreso) las veces que haga falta”.

Vázquez dijo que el bote estaba vacío cuando lo enseñó. “Obviamente, lo cerré por si olía algo cuando lo vacié en la calle”, lo que luego se vio que no era del todo cierto. Insistió en que “inmediatamente” lo iba a llevar a la comisaría del Congreso, pero resulta que no fue allí a entregarlo. Tuvo que ser un responsable policial el que se desplazara para que se lo diera.

Todo adquirió un cariz distinto cuando se detectó en otro edificio del Congreso que alguien había vaciado un spray de pimienta en un baño. El gas pasó por los circuitos de ventilación y dañó a varias personas de una delegación de Mauritania, que se llevó un recuerdo imperecedero de su visita a España. Una docena de personas fue atendida por los servicios médicos por mareos e irritación en ojos y garganta. Una trabajadora recibió la baja por intoxicación. Tres baños, el comedor y una cocina fueron acordonados para que nadie entrara en ellos.

Y no se vayan todavía que aún hay más. En otro giro no tan inesperado de la trama, un trabajador del grupo parlamentario del PP confesó a los periodistas que él había liberado el gas por accidente en un baño. Vázquez le pasó el recipiente para que “lo limpiara”, porque lo iban a tocar varias personas. En otras palabras, en vez de entregarlo de inmediato a la policía, le endosó el marrón a una persona obligada a obedecerla. Seguro que la diputada pretendía en ese momento pasarse por las televisiones con él en la mano. Un poco de atrezo nunca hace daño en las pantallas.

Según la versión del trabajador, que servía para exculpar a la diputada, debía de quedar algo de gas en el interior que terminó saliendo al manipularlo. Dijo que no notó ningún efecto. Otras personas no pudieron decir lo mismo.

Resulta muy cansino oír a políticos decir que una iniciativa o declaración se ha hecho para levantar una cortina de humo con el fin de que no se hable de un tema determinado. Por ejemplo, sobre Ceuta estos días. El PP lo consiguió casi sin pretenderlo gracias a la diputada que quiere hacer méritos para ocupar cargos en el futuro y a la reacción pavloviana de sus jefes de convertir cada pleno en una batalla a muerte contra el Gobierno. Diputados armados con gas pimienta es la última de sus innovaciones.

España ya se parece más a Marruecos. Grupos de militares españoles realizan las mismas funciones que los policías marroquíes al otro lado de la frontera. Intimidan y agreden a los extranjeros que están en una situación de evidente vulnerabilidad y que no se atreverán a denunciar. “Estos militares nos han golpeado y humillado. Nos han quitado los teléfonos y todo lo que teníamos. No han dejado a nadie sin golpear”, es uno de los testimonios recogidos por este diario. Les pegan, les roban los móviles, les someten a prácticas humillantes.

En el Congreso, se vivió una realidad paralela, casi una simulación, en la que el Partido Popular intentó criminalizar a los miles de extranjeros que aún siguen en la ciudad. Ellos son la amenaza. Para certificarlo, el diputado Juan Bravo enseñó dos fotos sacadas de un atestado policial. En una salían las armas incautadas a alguien, entre ellas un machete, y en la otra las heridas sufridas por una persona. Fue una forma de apuntar a todos los inmigrantes con una imagen rescatada de las redes sociales de la que no dio ningún dato más. Solo dijo: “Mire, esto es lo que llevan (por los machetes) y esto para lo que lo utilizan”.

Las fotos parecen proceder de un ataque con el objetivo de robarles sus móviles a tres inmigrantes por cinco personas, identificadas como cuatro ceutíes y un inmigrante marroquí, que fueron detenidas el 11 de septiembre. Bravo no creyó conveniente resaltar estos últimos datos no fuera que la gente pensara que aquellos que pasaron la frontera el 30 de julio pueden ser también víctimas.

Miguel Tellado superó a su compañero a la hora de lanzar la voz de alarma, lo que no es una sorpresa. Ni siquiera necesitó fotos para anunciar que Ceuta es “una ciudad sin ley” por culpa del Gobierno. Afirmó que “los allanamientos de morada han aumentado un 6.000%” por haber pasado de 10 a seiscientos. Hay motivos para creer que el secretario general del PP se inventó este último dato y que el PP haya denominado una vez más allanamiento de morada, que obliga a una intervención policial inmediata, a lo que es ocupación de locales que no son la vivienda de nadie.

Tellado no se dio cuenta de que si crees que la ciudad está sumida en el caos y la delincuencia, estás llamando incompetentes a las fuerzas policiales. El Gobierno ha llegado a desplegar 9.000 efectivos entre policías, guardias civiles y militares en una ciudad de 83.000 habitantes. Hay un agente uniformado por cada nueve ceutíes y es posible que haya uno por cada inmigrante que continúa en Ceuta. Con esta ratio, es difícil pensar que las fuerzas de seguridad se hayan visto sobrepasadas.

Alberto Núñez Feijóo prefirió centrar su intervención en levantar sospechas sobre una posible complicidad de Pedro Sánchez con el Gobierno marroquí en la línea apuntada la semana pasada en el pleno, cuando describió al presidente como alguien sometido a los deseos de Rabat por oscuras razones. “¿Cuándo fue la última vez que habló con las autoridades marroquíes?”, preguntó esta vez.

Feijóo ha pasado de decir que no necesitaba reclamar nada al país vecino (“no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos”) a acusarle de haber organizado y coordinado la llegada masiva de decenas de miles de personas.

Para fundamentar sus sospechas, Feijóo citó el mensaje enviado el martes por el Ministerio marroquí de Exteriores a los eurodiputados en el que se mostraba dispuesto a recibir de vuelta a todos los marroquíes que llegaron a la ciudad en julio.

Es una promesa que hay que poner entre interrogantes, porque Rabat ni siquiera ha aceptado los 82 cadáveres de los que se ahogaron y han sido enterrados temporalmente en Ceuta. También ha pedido información sobre la identidad de los fallecidos que las autoridades españolas no tienen. O lo ha condicionado a la devolución de los menores para la que el Gobierno de Sánchez debe cumplir la ley española en caso de una posible repatriación siempre que lo pidan sus padres. Es el mismo caso de los que hayan solicitado el asilo.

“La ley europea habilita el retorno inmediato”, alegó Feijóo, que prefirió no referirse a la ley española. Sánchez aprovechó la amenaza velada de eurodiputados del PP en Bruselas de pedir la suspensión del acuerdo de asociación UE-Marruecos para acusarles de pretender agravar la crisis: “¿Ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo?”. Por todo ello, les dijo que “su patriotismo es pura fachada”.

Cuando salía del Congreso, preguntaron a Sánchez por el millar de menores que sigue en la ciudad a los que hay que sumar los que están tutelados y alojados en condiciones seguras. “Eso pregúntenselo a Vivas”, dijo por el presidente de Ceuta. Las competencias sobre menores residen en las comunidades autónomas. Juan Jesús Vivas podría pedir a las demás regiones que le ayuden a atender a esos menores –de hecho, tiene un convenio con ese fin firmado con Andalucía–, pero se niega a hacerlo.

Su exigencia y la del PP es que todos regresen a Marruecos, incluidos los menores. Un dirigente del PP dijo en los pasillos del Congreso que la razón de esa actitud es que “si 5.000 menores van ahora a la península, mañana pasarían 50.000”.

En estos tiempos en que se exige carné de patriota para no ser presentado como siervo de Mohamed VI, se ha pasado también a reclamar lo mismo a los futbolistas extranjeros que juegan en España. En el partido jugado en Elche en la noche del martes, Vinícius, Mbappé y Konaté se pusieron sin ganas una camiseta de solidaridad con Ceuta, pero sin estirarla para que se viera el mensaje “todos somos caballas” (un apodo popular que tienen los ceutíes).

Ninguno de los jugadores del Real Madrid explicó inicialmente su actitud. Es muy posible que Mbappé, comprometido con la lucha contra el racismo y que se ha opuesto en público a la extrema derecha francesa, no estuviera muy convencido de las intenciones del mensaje, que se hable de los ceutíes como las únicas víctimas y se olvide a los 141 inmigrantes que murieron en el mar al intentar llegar a Ceuta. O que se criminalice a los africanos que buscan una vida mejor en Europa.

El jugador francés lo confirmó al final del día: “Yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y los que también están en condiciones duras”. Expresó su solidaridad con Ceuta, pero sin “priorizar sufrimientos”, es decir, afirmar que unas víctimas son más importantes que otras o que la vida de algunas de ellas no vale nada.

El promotor de la iniciativa de la camiseta es una asociación de empresarios de Valencia, cuyo presidente vendió una parte de las acciones de su naviera a una empresa marroquí, lo que hace sospechar de una estrategia de blanqueamiento. Van a surgir nuevos patriotas de debajo de las piedras.

Ester Muñoz dijo en los pasillos del Congreso que le dio “bastante vergüenza ajena” verlos: “Tendrán que explicar por qué no quieren defender a España”. Parece que esa es una misión que también deben adoptar los futbolistas.

Contó con el asentimiento de la brigada mediática de la derecha. “Si ahora reciben en el Bernabéu música de viento, que no se quejen”, dijeron en la COPE. “No existen diferentes sensibilidades en un club del calado del Madrid. Existe una sola: Ceuta y España. Lo que no sea eso, es traición. O sanchismo en vena”, bramó hiperexcitado el cronista taurino de El Mundo, que exigió el despido inmediato de los tres jugadores. Como siempre en el terreno de los insultos, Federico Jiménez Losantos les superó a todos llamando a Mbappé “niñato multimillonario, progre y agilipollado”.

El listón en la competición de españolidad a cuenta de Ceuta va a estar muy alto. Uno puede imaginar que en Marruecos está ocurriendo lo mismo, solo que al revés.

Centenares de niños y niñas solas siguen en las calles de Ceuta sin ser atendidos por las administraciones un mes y medio después de la crisis fronteriza. Y los que sí duermen bajo techo en alguna de las plazas de acogida temporal ni siquiera han podido comenzar la tramitación de su situación administrativa. Esa es la realidad que vive la ciudad autónoma y que no tiene visos de solucionarse a corto plazo en mitad, además, de un choque político que no deja de escalar. Y cuestionado por la prensa en el Congreso a la salida del Pleno sobre esa situación de los menores, Pedro Sánchez no ha dudado en señalar directamente al presidente ceutí: “Eso pregúntenselo a Vivas”, ha respondido el presidente.

Durante la sesión de control, Sánchez ha vuelto a afear al Partido Popular que no “deje de poner palos en las ruedas” a la gestión de la crisis. “¿Ustedes aspiran a solucionarla o a cronificarla, señor Feijóo?”, le ha preguntado el presidente al líder de la oposición, a quien ha reprochado que su grupo plantee en Bruselas la suspensión del acuerdo de cooperación bilateral con Marruecos.

Alberto Núñez Feijóo ha insistido este miércoles en la tesis de la devolución inmediata a Marruecos de todos los migrantes: hombres, mujeres, niños y niñas sin distinción alguna. “Solo hay tres opciones: o usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo. Despejemos la duda. Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlo, se lo dice de forma reiterada y la ley europea habilita al retorno inmediato. ¿Nos puede decir por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80 mil españoles y degradando la imagen de la nación?”, le ha preguntado Feijóo.

Ni el presidente del Gobierno ni ninguno de los parlamentarios, de la oposición o entre sus socios, que ha intervenido durante el pleno ha hecho mención alguna ni ha exigido u ofrecido explicaciones acerca de la violencia que sufren decenas de migrantes y que ha desvelado elDiario.es. Según ha podido acreditar este periódico, una veintena de testimonios recopilados de manera directa y un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describen un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio a Ceuta, incluidos menores de edad.

En una entrevista en Antena 3, el presidente de Ceuta aseguró esta semana que en el Gobierno de Sánchez “hay indolencia, irresponsabilidad y un manifiesto intento de no molestar a Marruecos”, dijo Vivas, que acusó al presidente de no haber estado “a la altura de sus obligaciones”.

Plato único en la sesión de control del Congreso. Diez de las preguntas de la oposición versaban en todo o en parte sobre la crisis de Ceuta. El Partido Popular se ha apuntado en esta legislatura al mensaje de que cada tema polémico o negativo para el Gobierno es la antesala de su defunción inminente. La pandemia, los indultos a los autores del procés, la ley de amnistía, la corrupción de Ábalos, la detención de Cerdán... Todos esos acontecimientos iban a suponer la sentencia de muerte para Pedro Sánchez. Lo del volcán de La Palma, no. A pesar de su increíble maldad, no se creía que fuera el responsable de la aparición de un nuevo volcán. No por falta de ganas, claro.

Lo ocurrido en Ceuta y las secuelas que aún persisten cuentan con un nivel de gravedad imposible de subestimar. El PP está aún más convencido de que será la bala mágica que acabe con el Gobierno de coalición. Es también una buena excusa para completar el giro hacia el rechazo total de la inmigración en su competición particular con Vox. La derecha confía en que ese Houdini que a veces parece Sánchez no tenga ya fuerzas para liberarse de las cadenas y salir a la superficie. Lo cierto es que se le ve cansado, repitiendo demasiadas veces frases y conceptos, por ejemplo sobre la vivienda, que no funcionaron antes y que ahora tampoco lo harán. Es indudable que el procesamiento de su mujer y la condena de su hermano han dejado huella.

Lo que pasó en agosto –cuando el Gobierno tardó 25 días en decretar un mando único para Ceuta– confirma que los reflejos de Sánchez van a menos y que le cuesta más enderezar el rumbo. Pero aún puede responder con el aguijón en el momento exacto de un debate parlamentario y volver a ser El Perro.

No es que Alberto Núñez Feijóo se lo haya puesto muy difícil en los últimos meses con su costumbre de acumular varios temas en los dos minutos y medio que le dan la sesión de control. Con Santiago Abascal, Sánchez lo tuvo aún más fácil el miércoles.

Como a los demás dirigentes de la extrema derecha europea, al líder de Vox le gusta tachar a los grupos de izquierda de traidores a la patria en un lenguaje de claras reminiscencias franquistas o autoritarias. La crisis de Ceuta le ha permitido afilar ese lenguaje y concretarlo en la petición de que el Tribunal Supremo investigue a Sánchez por traición. Además, para saber “cuántos diputados tiene Marruecos en la Cámara”.

Sánchez no lo tenía tan difícil para contraatacar, pero sólo si se quitaba de encima la melancolía y se decidía a sacar al Perro de dentro, el personaje que remontó en la campaña electoral de 2023 hasta un punto que sus votantes pensaban que ya no sería posible. “Tiene guasa que me haga esa acusación cuando si alguien va con una correa al cuello es precisamente usted. Por eso, aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otros”, le dijo a Abascal por su apoyo a Trump y Netanyahu.

Luego, vino la estocada. “Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Le digo una cosa. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo”.

Obescal, como le llamó Donald Trump en una ocasión, se limitó al truco que traía preparado de casa. Enseñó una cuartilla con la letra T, otra con la R, luego la A, y así hasta completar la palabra 'traidor'. Parecía un momento sacado de una versión ultra de 'Barrio Sésamo'. Quizá fuera un poco exigente para algunos de sus votantes.

Los diputados del PP llegaron al pleno con la misión de utilizar las palabras 'invasión' e 'invasores' de forma reiterada. El partido ha decidido que no va a permitir que Vox le supere en términos retóricos en relación a la llegada masiva de marroquíes a Ceuta hace cuarenta días. Nadie va a estar más a la derecha que ellos, en especial en el Parlamento. Se trata de que los indignados con lo sucedido en esa ciudad española se sientan representados por el PP.

No se sabe si les funcionará. Lo que sí es evidente es que la radicalización de la oposición solo ha beneficiado hasta ahora al partido de Abascal. La encuesta del ABC del lunes confirma lo previsto en otros sondeos. El PP no llega al porcentaje de votos que recibió en 2023 a pesar de una legislatura en la que ha elevado la temperatura ambiental al límite de lo que se ha visto en un Parlamento en España desde finales de los años setenta. Quien disfruta de un rotundo crecimiento de votos es Vox. Cuanto más se enfurece el PP, más engorda Vox.

“Las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de gas pimienta”, dijo Feijóo, un asunto de difícil comprobación que ha acaparado titulares de algunos medios. En su línea de dar cobijo a todas las conspiraciones originadas en la extrema derecha, dio por hecho que están chantajeando a Sánchez y que eso explica su actitud: “Si Marruecos canta, usted se va”. Está en contra de activar el mecanismo parlamentario para acusar de traición al presidente –porque perdería la votación en el Congreso–, pero no de plantear que Sánchez está al servicio de los enemigos de España.

Como se dice en las redes sociales, no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Lo primero ha pasado a ser prescindible en la política española.

Ester Muñoz marcó el camino definiendo lo que ha sufrido Ceuta como “una invasión”. “No es una crisis humanitaria. Es una invasión”, dijo Sofía Acedo cuanto le tocó el turno. Lo mismo Miriam Guardiola y Ana Belén Vázquez. “Las playas y el puerto están llenas de invasores”, bramó Miguel Tellado, que aportó un episodio más a toda la sucesión de locuras e invenciones de las últimas semanas. El portavoz parlamentario del PP dijo que la CIA había avisado al Gobierno español sobre lo que podía pasar en Ceuta. Lo había oído en un programa de Cuatro, Código 10, un programa de “crímenes y sucesos”. Ya solo faltaba la CIA en esta historia.

Las dimensiones masivas de lo sufrido en Ceuta el 30 y 31 de julio admiten muchas definiciones. La palabra 'invasión' permite presentar a todos los que llegaron a la ciudad como enemigos del país, gente con la que no hay que tener contemplaciones con independencia de lo que diga la ley. Es lo que permite a Pepa Millán, portavoz de Vox, decir que “España está en guerra”.

Nadie está obligado a contemplar con humanidad a unos invasores. Eso atiza el sentimiento de miedo en Ceuta y la incertidumbre sobre su futuro. Ni siquiera cuando el extranjero es la víctima pierde la condición de amenaza. “La muerte de un invasor con diabetes y la huida de otro con varicela, últimos síntomas de la crisis sanitaria en Ceuta”, títuló El Español hace unos días. Tenía 17 años. Ni aun así dejaba de ser un peligro. Si hasta se hace eso con los muertos, la deshumanización es completa.

No hay límites para la explotación política. “¿Por qué violan a las niñas?”, gritó la diputada Vázquez. Ha habido un intento deliberado de algunos partidos de presentar a los inmigrantes que permanecen en la ciudad como delincuentes sexuales, una generalización que nunca se hace cuando los agresores son españoles de raza blanca. Cómo reprochar a las madres que pongan gas pimienta en la mochila de sus hijas. Lo están escuchando todos los días.

Ante ese riesgo, la prioridad debería ser sacar cuanto antes a las menores de Ceuta en situación vulnerable, no menos de 500, y atenderlas en la península. En privado, los dirigentes autonómicos del PP admiten que no podrían negarse a acogerlas, según El Mundo. En público, es todo lo contrario.

Los gobiernos de Andalucía y Ceuta cuentan con un convenio desde 2022 por el que la primera se compromete a acoger a las menores que lleguen a la ciudad. Sería una excelente forma de protegerlas. Ceuta podría activar ese protocolo y no ha querido hacerlo. La excusa es el informe policial que acusaba a Marruecos de haber instigado el asalto. Por tanto, ya no lo ven como una crisis migratoria.

Es más fácil utilizar a las menores, españolas o extranjeras, como rehenes de una crisis política con la que acabar con el Gobierno.

El Consell d'Eivissa ha obert enguany 636 expedients per transport il·legal de passatgers i han estat immobilitzats 18 vehicles, fins al passat 9 de juliol.

El 2015, va obrir 630 expedients sancionadors contra vehicles per transport il·legal i es van immobilitzar 162 vehicles que operaven de forma irregular, recaptant 710.752 euros en sancions de transports.

El conseller insular de Lluita contra l'Intrusisme, Mariano Juan, ha visitat les instal·lacions on s'immobilitzen vehicles immobilitzats per transport il·legal. Durant la visita, ha destacat que les dades d'enguany “confirmen que la feina està donant resultats”.

A més, ha destacat que l'any passat van fer una feina “molt intensa”, immobilitzant més d'un centenar de taxis 'pirata'. Molts dels vehicles han acabat com ferralla.

Així, el conseller ha considerat que s'aconsegueix dissuadir els 'pirates' abans que cometin la infracció. També ha remarcat que el Pla d'Inspecció continuarà actiu tota la temporada turística.

El Consell d'Eivissa ha abierto este año 636 expedientes por transporte ilegal de pasajeros y han sido inmovilizados 18 vehículos, hasta el pasado 9 de julio.

En 2015, abrió 630 expedientes sancionadores contra vehículos por transporte ilegal y se inmovilizaron 162 vehículos que operaban de forma irregular, recaudando 710.752 euros en sanciones de transportes.

El conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha visitado las instalaciones donde se custodian vehículos inmovilizados por transporte ilegal. Durante la visita, ha destacado que los datos de este año “confirman que el trabajo está dando resultados”.

Además, ha destacado que el año pasado realizaron un trabajo “muy intenso”, inmovilizando a más de un centenar de taxis 'pirata'. Muchos de los vehículos han acabado como ferralla.

Así, el conseller ha considerado que se logra disuadir a los 'piratas' antes de que cometan la infracción. También ha remarcado que el Plan de Inspección seguirá activo toda la temporada turística.

Alberto Núñez Feijóo tiene prisa. En algunas semanas, parece tranquilo y a la espera de que el progresivo desgaste del PSOE le conceda una fácil victoria en las próximas elecciones. En otras, se revuelve rabioso y apuesta por el juego sucio. Estas últimas son ya las más frecuentes. “Las Cámaras no son una red social en la que competir con zascas y palabras gruesas”, dijo al llegar a Madrid en 2022. En un acto interno del PP en 2023 lamentó que el Parlamento se haya convertido en “un show del insulto permanente y la crispación constante”. Ese Feijóo no existe desde hace tiempo o quizá siempre estuvo ahí con un disfraz a la medida de las circunstancias.

El miércoles lo tenía muy fácil ante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, unos días después de conocerse la sentencia de José Luis Ábalos a 24 años de prisión por corrupto. Podía haber consumido su tiempo leyendo frases de la sentencia, unidas a otras relacionadas con la investigación a Zapatero, joyas incluidas. Pero eso ya no es suficiente para él. Cree que los votantes de derecha lo quieren envuelto en la rabia con espuma saliéndole por la boca al denunciar la maldad intrínseca de Sánchez. Sufre al pensar que le puedan tachar de blando, de político amanerado que no da la talla en la jungla del poder en Madrid.

Por tanto, no le vale con resaltar las lógicas diferencias ideológicas con la izquierda ni aprovechar las investigaciones por corrupción que implican a los socialistas. Tiene que convertir la política en algo personal, en destacar que su gran rival es alguien que lleva consigo el mal olor de la podredumbre, incluso desde antes de entrar en política. En su primera intervención, llamó a Sánchez “el yerno de las saunas” por los establecimientos propiedad del padre de Begoña Gómez, ya fallecido. Lo ha hecho en varias ocasiones en esta legislatura.

Después, siguió golpeando en el mismo clavo: “A mí no me ha financiado la carrera ningún magnate de la prostitución”. El PP pasó hace tiempo de no querer meterse en el tema hasta afirmar que el suegro había financiado las primarias que Sánchez ganó a pesar de que para entonces ya había abandonado el negocio.

Feijóo cayó aún más bajo cuando utilizó al padre de Patxi López con el fin de afear su intervención anterior al portavoz socialista: “Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”. Se desconoce cómo el líder del PP puede saber lo que pasaría por la cabeza de alguien que falleció en 1992 y a quien presumiblemente no conoció.

Eduardo López Albizu fue obrero de siderúrgica y sindicalista de UGT durante el franquismo, por lo que fue detenido y desterrado a Almería. Como dirigente del PSOE, participó en 1974 en el Congreso de Suresnes. A todo eso se refirió López en su respuesta: “Para que acepte que el señor Feijóo hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado, y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad”. Siguió hablando para referirse a Manuel Fraga y su etapa de ministro franquista: “El fundador de su partido, del que el señor Feijóo dice siempre que fue su heredero orgulloso, formaba parte del Gobierno de la dictadura que le torturó, que le encarceló, que le desterró y que fusilaba a la gente de este país”.

Los diputados del PSOE se pusieron en pie para aplaudir a su portavoz. Los del PP habían hecho lo mismo, algunos de ellos rugiendo con entusiasmo, cuando Feijóo se refirió al “magnate de la prostitución”.

Después del PP, fuentes de la dirección del partido quisieron explicar el ataque personal contra Patxi López. Su argumento es que aparentemente lo saben todo sobre López Albizu y conocen lo que diría si viviera ahora. Ciertamente, suena algo sobrenatural. “El padre de Patxi pertenecía a ese PSOE al que Pedro Sánchez desprecia”, dijeron, dando por hecho que hubiera estado en contra de negociar con Bildu. Y luego la amenaza: “Que se acostumbren. No les vamos a dejar pasar una”.

Está claro que no dejaron pasar las menciones de Sánchez a Marcial Dorado (“le recomiendo que beba agua y que se ponga crema si este verano utiliza también algún yate para dar una vuelta por las rías de Galicia”). A estas alturas, es dudoso que tenga mucho efecto político hablar de la antigua amistad de Feijóo con el que era un muy conocido contrabandista gallego de tabaco que terminó siendo condenado por una operación de blanqueo de dinero en favor de un grupo de narcotraficantes.

Cuando se supo de la relación entre ambos en 2013 parecía imposible que Feijóo pudiera sobrevivir como presidente de la Xunta. En países como Estados Unidos y Gran Bretaña, su carrera política habría acabado en ese mismo momento. Es obvio que Galicia no es lo mismo. Las fotos de Feijóo y Dorado en el yate del segundo en 1995 dieron lugar a explicaciones del líder del PP muy poco creíbles sobre sus vacaciones juntos –“creo que no fui a Andorra, no lo sé, recuerdo que había nieve”–, pero el control del PP de la política y los medios de comunicación gallegos fue suficiente para protegerle.

Sánchez podría haber aprovechado su comparecencia para pedir perdón por la confianza que tuvo en Ábalos durante tantos años y por haberle nombrado ministro. Fue cuando estaba en el Gobierno cuando Ábalos cometió los delitos por los que ha sido condenado. Excepto un breve comentario (“lo lamento, pido perdón”) al explicar a Gabriel Rufián las normas contra la corrupción que su Gobierno puso en marcha después, no se explayó ni dio ninguna solemnidad a la vergüenza por pasar por este trago. Lo máximo a lo que llegó fue a compartir con Rufián “su indignación y frustración” y a decir después que “tampoco somos infalibles”.

La comparecencia solo era un mal trago por el que tenía que pasar. El portavoz de Esquerra le dijo que parecía que se había presentado en el hemiciclo a dar explicaciones sobre la corrupción del PP, de la que había dado numerosos ejemplos. Pero no fue ningún dirigente del PP ni de otro partido los que nombraron a Ábalos y luego a Santos Cerdán.

Sánchez fracasó a la hora de convencer a sus socios. Rufián hizo su discurso más duro contra el Gobierno y dejó claro que resistir sólo porque la alternativa del PP y Vox es peor se ha convertido en un argumento inútil. “¿Qué diríamos si hubieran encontrado un millón y medio de euros en joyas en la casa de Aznar, de Feijóo o de Ayuso?”, preguntó, al referirse a Zapatero. Sánchez no tuvo respuesta para esa pregunta. No la tiene porque Zapatero aún no ha encontrado la manera de explicar cómo aparecieron en su caja fuerte.

Por lo que dicen el PNV y Junts, no tienen ninguna intención de apoyar una moción de censura. Eso no significa que crean que el Gobierno está vivo. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, definió su situación con estas palabras: “Está nadando su último largo si es que no le vacían antes la piscina”.

A Feijóo le encantaría llevarse toda el agua. De momento, se conforma con orinar en la piscina. Esa es su gran contribución al debate político.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto para la próxima semana, entre el 22 y 28 de junio, una campaña de control y vigilancia de obras en las vías interurbanas de circulación. Esta campaña de la DGT se inscribe en la frecuencia de los trabajos que se requieren ejecutar para su conservación y el incumplimiento de la señalización de obras por parte de los conductores, en particular, los límites de velocidad en dichos tramos, importante factor de siniestralidad mortal de los operarios que trabajan en las vías de circulación abiertas al tráfico.

Los trabajadores en las vías, durante su jornada laboral asumen un factor de riesgo adicional de atropello no originado por las propias características del trabajo de obra, sino asociado a las características de su emplazamiento en las vías de circulación abiertas al tráfico rodado. De esta manera, hay que tener en cuenta el papel importante de la actitud y condiciones de conducción de los usuarios de la vía. De hecho, casi todos los riesgos descritos asociados a la actividad de obras en las carreteras están vinculados a la extraordinaria proximidad del tráfico vial, mientras se realizan dichas labores.

No existen variables unívocas en las fuentes estadísticas de siniestralidad del tráfico, ni de siniestralidad laboral al respecto, pero existen algunos estudios técnicos y algunas investigaciones académicas que nos dejan algunas conclusiones básicas para trabajar en la prevención:

Recomendaciones para los conductores

Ninguna persona debería perder la vida en el desempeño de su puesto de trabajo. Por ello, la campaña de control y vigilancia de la DGT contribuirá a reducir los riesgos inherentes al factor humano, excesos de velocidad en dichos tramos, cambios de carril inadecuados y distracciones.

Entre las recomendaciones para los conductores se encuentran:

Muchas cosas pueden pasar en dos segundos en baloncesto. Se han ganado unos cuantos partidos y hasta campeonatos por menos que eso. Lo que no sabíamos es que en política hay margen en ese tiempo para dar un discurso, un grito desesperado o simplemente una patada en las partes blandas. En la sesión de control del miércoles, el Partido Popular sufrió un arrebato de furia porque la presidenta del Congreso birló a Alberto Núñez Feijóo ese espacio de tiempo que le quedaba para completar el tiempo asignado. Quién sabe, quizá esos dos segundos podrían haber cambiado la historia.

Como ha hecho en otras ocasiones, Feijóo consumió en su primera intervención casi todo el tiempo disponible, dos minutos y medio. Es una forma de soltar un discurso que llevas aprendido y anotado y mostrar que te da igual lo que te respondan. Pero aparentemente el reloj no había llegado a cero o eso pensaba el PP. Francina Armengol no le devolvió el turno de palabra y eso hizo estallar la tormenta. Cayetana Álvarez de Toledo comenzó a hacer aspavientos. “¡Quedan dos segundos!”, gritaron varios diputados. “¡Tongo!”, exclamó otro. “¡Manos arriba, esto es un atraco!”, dijo uno como en el fútbol.

Se vio a Feijóo hacer el gesto de dos con la mano, por lo que hay que deducir que estaba dispuesto a consumir ese tiempo. También es posible que tuviera previsto hacer una segunda intervención, pero que se le acabara el tiempo en la primera. Estas cosas hay que traerlas preparadas de casa.

A la hora de la sesión de control, José Luis Rodríguez Zapatero ya estaba en el interior de la Audiencia Nacional antes de prestar declaración por primera vez ante el juez Calama. Era un día para que los socialistas pusieran cara de circunstancias, lo que significa hacer lo posible para que no te vean cara de funeral. La procesión iba por dentro y se extendía durante muchos kilómetros. Esta es una de esas semanas donde el PSOE enseña la cara sabiendo que se la van a partir.

Feijóo no podía desaprovechar tal regalo. Mencionó al expresidente, “para el que usted es su faro moral”, dijo a Pedro Sánchez. El líder del PP afirmó que “siempre es el mismo guion” en cuanto a las explicaciones que da el Gobierno sobre las acusaciones de corrupción. Al final, “es alguien que actuaba por su cuenta”. Reservaba una ocurrencia para el tramo final. “Si fuera una mala persona –ahí se rieron varios socialistas–, solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro”. Es lo que le dijo Sánchez en un duelo de hace unos meses (“ánimo, Alberto”). Está claro que Feijóo se pica con facilidad, porque no lo ha olvidado.

Sánchez intentó demostrar que el Gobierno sigue gobernando –esto no es tan fácil como suena– con el anuncio de que a finales de junio aprobará un nuevo decreto de “protección del tejido productivo y de la ciudadanía” frente a las consecuencias de la guerra de Irán, que seguirán existiendo después de la firma del acuerdo de tregua de EEUU e Irán.

Feijóo dedicó tiempo a un tema que ha enfadado a su partido. El partido había presentado una moción para reclamar al Gobierno que convoque elecciones anticipadas. Lo hizo añadiéndole una enmienda idéntica a otra que había presentado Junts con la misma intención. La Mesa del Congreso las vetó porque la disolución de las cámaras es una competencia que solo corresponde al presidente del Gobierno, según la Constitución. Eso es cierto, pero la moción solo era una declaración política sin efectos prácticos inmediatos, como tantas otras que se aprueban en el Congreso. El Gobierno aprovechó su mayoría en la Mesa para quitarse el problema de encima.

La decisión estaba muy alejada de la realidad. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, se lo recordó a Sánchez: “Es evidente que usted ha perdido la mayoría de la investidura”. Sobre la intención del Gobierno de presentar un proyecto de presupuestos, que está condenado a salir derrotado, dijo que si no consigue que lo apruebe la Cámara, “disuélvala y convoque elecciones”. Fue otro ejemplo de que el PNV, al igual que Junts, da por terminada la legislatura.

La Constitución solo admite dos salidas a esta situación de empate estratégico en el legislativo, además de las elecciones anticipadas. Una moción de censura, que el PNV y Junts no están dispuestos a apoyar si la presenta el PP, y la cuestión de confianza, que Sánchez descarta porque el suicidio no tiene sentido en política.

Feijóo hizo su propia interpretación de la Constitución. “Tenemos derecho a votar la continuación de la legislatura”, dijo, aunque sabe que sería una votación sin ninguna fuerza jurídica. Después, añadió el insulto, que nunca falta en el Congreso: “Usted es un cobarde”. El día anterior, su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz dejó volar su imaginación y dijo que si Sánchez perdía esa votación, “va a tener que convocar elecciones generales”. Eso no es lo que dice la Constitución, pero a estas alturas ya da todo un poco igual.

Si los socialistas pensaban que el interrogatorio de Zapatero en la Audiencia Nacional podía suponer un cierre anticipado de la investigación judicial, se puede decir que también estaban soñando por encima de sus posibilidades. Negó haber intervenido en el rescate de Plus Ultra o haber recibido sobornos ni contar con alguna sociedad fuera de España. No quiso responder a las preguntas sobre las joyas encontradas en su despacho por estar recopilando documentación sobre esos regalos.

Fuentes cercanas a Zapatero han dicho a TVE que el collar más caro fue un regalo del rey saudí Abdalá en 2007, que había recibido antes el Toisón de Oro por decisión del Gobierno. Cabe la posibilidad de que eso le libere de responsabilidad penal en caso de que los hechos estén prescritos. Pero recibir regalos de la feudal monarquía saudí y quedárselos supondría el hundimiento de su reputación política y personal. Viene a ser algo parecido a lo que hizo Juan Carlos de Borbón.

En el auto del juez Calama con el que rechazó la imposición de medidas cautelares contra Zapatero, afirmó que “la investigación tiene un evidente carácter embrionario” y que no se han disipado las sospechas. El PP se quedó sin el beneficio político de que el expresidente tuviera que pasar por la humillación de entregar su pasaporte al juzgado. Al PSOE le toca asumir que esta agonía por la situación de su antiguo líder no ha hecho más que empezar. Con o sin joyas.

Un tuitero ultraderechista está a punto de blasfemar al comprobar los elogios que León XIV ha despertado en parte de la izquierda, en especial por su discurso en el que pide tratar a los inmigrantes con la dignidad que se merecen. Se dirige a los católicos para que despierten: “¿No os preocupa que esté toda la izquierda anticristiana y demoniaca alabando a este señor?”. Verás cómo se pone cuando descubra que el Gobierno es capaz de decidir quiénes irán al cielo (en el caso de que exista). A ver si resulta que Leire Díez se ha reunido con San Pedro y le ha convencido sobre las futuras normas de admisión. Lo que no está claro es qué le prometió a cambio.

Sea por un uso preconciliar de la ironía o porque el Gobierno se ha enamorado del Papa, Félix Bolaños utilizó la metáfora –a falta de una palabra mejor– en sus respuestas a la oposición en la sesión de control. Ante la indignación bíblica de Cayetana Álvarez de Toledo por las acusaciones de corrupción, el ministro demostró una sorprendente seguridad a cuenta del destino del alma de su contrincante: “Nosotros acabaremos en el cielo y ustedes ardiendo en el infierno”. Y se supone que allí sufrirán todo tipo de castigos terribles, como escuchar los discursos de Feijóo durante toda la eternidad.

No le pareció suficiente decirlo una vez al responder a su némesis particular. Lo mismo le dijo a Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. “Tenga cuidado que el infierno está cerca”. Aún más cerca que la fecha de las próximas elecciones, que el Gobierno insiste en que no se celebrarán hasta 2027, es decir, cuanto más tarde, mejor, porque ahora sería una escabechina.

Será que estamos asistiendo a un renacimiento religioso del Gobierno. Por la noche, León XIV asistió a la inauguración de la Torre de Jesús, el punto más elevado de la Sagrada Familia en Barcelona. Un momento importante para la sociedad catalana al que el Gabinete se unió con tal fervor que catorce ministros se desplazaron a la capital catalana allí, además de su presidente. Después de esto, a Sánchez ya sólo le falta pedir al Papa que convoque un concilio y que se celebre en España. Lo de ponerse a estudiar Teología ya le pilla un poco mayor.

León XIV abandonó Madrid y el PP llegó a la conclusión de que se había ido de España. Su siguiente etapa era Barcelona y Canarias vendrá después. Todo eso le pilla muy lejos al partido, que no se siente concernido por las palabras del Papa en su discurso en el Congreso cuando dijo que “la firmeza no exige desprecio” y que “la discrepancia no conlleva humillación”. La 'tregua vaticana' había llegado a su final y tocaba volver al martillazo en las partes nobles. Pero, oye, es por el bien de la democracia.

Las últimas revelaciones sobre las gestiones de Leire Díez para perjudicar a los jueces y fiscales que investigan al Gobierno fueron como un regalo de los cielos. El desprecio y la humillación fueron la carta elegida por Alberto Núñez Feijóo, que acusó a Pedro Sánchez de ser “financiador e inductor” de la trama corrupta. Hubo espacio para los hechos conocidos y los imaginados. Entre las frases que le prepararon para su intervención: “Zapatero parece que era la joya de la red internacional corrupta”. Con el 'parece' siempre se llega muy lejos en política.

Feijóo atacó a Sánchez con el “P.S.” que figura en las anotaciones del cuaderno de Leire Díez, tomado ya como si fuera una prueba irrefutable o el texto fundacional del sanchismo. Mencionó “la financiación de las primarias con dinero de la prostitución”, un golpe bajo para estar a la altura de los avisos planteados por el Papa. Sánchez respondió con el “M. Rajoy” y refiriéndose al “partido de Marcial Dorado”. Todo muy edificante, como para que ambos fueran a acabar en un infierno imaginado por El Bosco.

Sánchez presumió de que Ferraz tiene mejor reputación que Génova. “Yo me siento en una sede en la calle Ferraz que no está financiada con dinero negro”. Un diputado del PP –seguro que devoto católico– le llamó a gritos dos veces “¡¡gilipollas!!”.

Gabriel Rufián no intervino en la sesión de control, pero enseñó la patita en los pasillos y Twitter para enviar un mensaje a Sánchez. “El Gobierno debería entender que el 'y tú más' es 'y yo también'. No vale decir que el PP es peor y punto. La izquierda somos otra cosa”. Tanto el PSOE como el PP son muy dados a afirmar con voz tronante que no aceptan lecciones del rival y a enumerar sus oscuros antecedentes. No cabe duda de que ahí cuentan con un extenso catálogo de ejemplos, aunque eso raramente ha salvado a un Gobierno.

El portavoz de ERC también dio una opinión al afirmar que cree que Sánchez conocía las maniobras de Leire Díez, aunque de eso no ha aparecido ninguna prueba concreta. El PP lo da por hecho, como da por seguro que Sánchez lo sabía todo de todos los casos investigados, hasta de los chanchullos de Tito Berni. Rufián dijo que concede veracidad a la agenda de Díez, cuyas anotaciones han comenzado a aparecer en los medios esta semana, de la misma forma que dio veracidad a los papeles de Bárcenas. Pero como no hay pruebas de que el PSOE se financió ilegalmente, no cree que tenga que retirar su apoyo al Gobierno.

Fue otra sesión para ir matando el tiempo a la espera del Mundial de fútbol y las vacaciones de verano. El Gobierno no se inmutó porque siempre le quedarán casos de corrupción del PP para recordar. El PP pisó el acelerador, pero ya va en quinta desde 2023 y su motor no da más de sí. Hay un convencimiento generalizado de que la mayor oposición que sufre el PSOE reside en los tribunales. Al menos es el sitio donde recibe las peores noticias. El Congreso queda para comentar la jugada.

Bolaños enseñó un arma nueva más apropiada para los tiempos incendiarios que se viven en la política. De todas formas, si lo de amenazar a la gente con el fuego eterno es un truco que hace mucho tiempo que no le funciona a la Iglesia, menos le va a servir a un Gobierno, ese Gobierno “demoniaco” del que hablaba el ultra que no soporta a León XIV.

Estaba previsto un simulacro de evacuación por incendio en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control del miércoles. Muy apropiado para ese edificio, porque incendios, lo que se dice incendios, los hay todas las semanas. Sin fuego, eso sí, pero a estas alturas ya nadie descarta nada sobre nada, por lo que toda precaución es poca. Unos pocos momentos antes del inicio de la sesión, se oyó a una diputada decir: “Madre mía, qué día nos espera hoy”. Estaba la cosa como para tener preparado a un retén completo de bomberos.

La mayoría de diputados estaba tirando de móvil para enterarse de una noticia hecha pública por El Confidencial. La UCO se había personado en la sede socialista de Ferraz y estaba “registrando despachos y oficinas”, se decía. El motivo era un “operativo en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE”. La noticia no era cierta en los términos en que se contaba, pero era la información disponible en esos momentos. El Partido Popular creyó estar ante otro momento decisivo que pondría fin a la legislatura con la muerte súbita del Gobierno de Pedro Sánchez.

Poco antes de las nueve de la mañana, Alberto Núñez Feijóo no fue directamente a su escaño, sino que se paró ante los periodistas para lanzar su mensaje.

“La pregunta es, ¿cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? Oiga usted, estamos en una situación agónica”, dijo antes de entrar en el hemiciclo. No le tocaba actuar ese día, porque Sánchez se encontraba en Roma para reunirse con León XIV. Correspondía a sus escuderos lanzar el grito de alarma en sus preguntas dirigidas al Gobierno.

Quien se lo pasó mejor fue Miguel Tellado. El hombre vive para plenos como este y además tenía listos algunos comentarios sarcásticos que no estaban del todo mal. “Señores del partido socialista, en unos minutos escucharán ustedes unas sirenas. No se inquieten. No es la Policía Nacional. No es la Guardia Civil. Son los bomberos”. La presidenta Armengol no pudo evitar reírse. Tellado no cejaba en el intento de ganar la distinción del chiste del día. “Han convertido el Congreso en una auténtica barbacoa porque hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno”.

¿Estaba sobreactuando el PP? No exactamente. Solo estaba leyendo la noticia original. “Las pesquisas apuntan a la existencia de una operativa que permitió la inyección de fondos opacos” en el PSOE, decía El Confidencial. La investigación de la UCO “habría desvelado una contabilidad paralela” del partido. Para entendernos, una caja B. Un periodista de ese medio lo confirmaba en una intervención en la COPE: “El registro en Ferraz es una investigación nueva y que tiene por objeto determinar si ha habido financiación ilegal del PSOE”. Luego, el titular se cambió para dejarlo en que era una operación “por una trama del PSOE que financiaba ilegalmente sus cloacas”.

No era una investigación nueva. No tenía que ver con la financiación del partido. La aparición de la UCO en la sede de Ferraz estaba justificada por la investigación conocida de la Audiencia Nacional que implica a Leire Díez y otras personas en “una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido”, según un comunicado del Poder Judicial.

Los dirigentes del PSOE que emitieron un suspiro de alivio o que se enfurecieron por la primera noticia se habían precipitado. Horas después, se conocieron más datos y uno de ellos es muy nocivo para su reputación. La gerente del partido, Ana Fuentes, pasó a estar imputada como cómplice de varios delitos y como posible autora del delito de falsedad en documento mercantil a causa de la emisión de facturas falsas. El auto del juez Santiago Pedraz indica que el PSOE pudo pagar a la entonces militante Leire Díez 4.000 euros al mes por esas maniobras por orden de Santos Cerdán, el secretario de Organización en esos momentos.

La iniciativa fue de Cerdán y se produjo en los días posteriores al comunicado que publicó Sánchez después de la imputación de su mujer, Begoña Gómez, esa “carta a la ciudadanía” con la que inició un “periodo de reflexión” de cinco días. Para cumplir las órdenes del juez, los agentes registraron el despacho de la gerente del PSOE y se hicieron con sus correos electrónicos y los de Cerdán y otras personas, así como un “examen íntegro 'in situ' de los libros contables” del partido. Al final, pasaron casi todo el día en Ferraz.

Los pasos dados por el juez revelan que Cerdán y el PSOE no contaron la verdad cuando dijeron que todo había sido una operación particular de Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset, y que la única información que recibieron, por ejemplo sobre el caso de los ERE, no aportaba nada que no supieran antes. El hecho de que Díez fuera alguien que demostró en entrevistas y una rueda de prensa que no tenía muchas luces no resta gravedad a sus actuaciones presuntamente delictivas.

Si los socialistas confiaban en que la gestión de Cerdán no les iba a suponer más momentos embarazosos en la sede de Ferraz, está claro que estaban equivocados. “No tenemos nada que esconder”, dijo Pedro Sánchez después en Roma. El juez Pedraz sí contaba con encontrar información valiosa en Ferraz para su investigación.

En el Congreso, el PP intentó ir directamente contra los socios del Gobierno para echarles en cara su apoyo. “¿No se les cae la cara de vergüenza?”, les dijo Ester Muñoz. “Nadie ha votado a Sumar para esto”, comentó Tellado. Es la respuesta elegida para responder a todas las especulaciones sobre una moción de censura que el PP descarta al no tener los votos necesarios para que salga adelante.

Unos días antes, el líder del PNV, Aitor Esteban, había dicho que las elecciones no pueden esperar a 2027. Eso no quiere decir que los nacionalistas vayan a apoyar una moción de censura. La senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia dijo en un pleno que su partido está preocupado por “el descrédito y la desconfianza que genera este Gobierno”, pero no más. “Cuando les miramos a ustedes (al PP) y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos enjuiciados dan para empapelar todo este salón de plenos”, dijo la senadora.

Lo único que sacó Tellado en la sesión de control es que Yolanda Díaz dijera que no le gusta “nada” lo que está pasando en la política española: “No sé si lo que ha hecho Zapatero es legal o no. Eso le corresponde decidirlo a un juez”.

De momento, Sánchez no ha llegado a esa posición. En la rueda de prensa de Roma, el presidente reafirmó su colaboración con la Justicia y su respeto a la presunción de inocencia. Su tercer compromiso fue: “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”. En el plano personal, los votantes socialistas no pueden esperar otra cosa de Sánchez cuando Zapatero aún no ha tenido la oportunidad de explicarse ante un juez.

En términos políticos, la declaración de Sánchez puede tener consecuencias muy preocupantes para el Gobierno. Le coloca a merced de lo que la Audiencia Nacional descubra sobre los negocios personales de Zapatero. Ahí no estaríamos ante el simulacro de un incendio, sino ante un fuego muy real que puede quemar todo lo que se encuentre en su camino.

Después de mucho tiempo intentando evitarle, el Partido Popular tuvo que enviar a uno de sus delanteros titulares a hacer una pregunta a Carlos Cuerpo en la sesión de control. No es que estuvieran aterrorizados con la oratoria del nuevo vicepresidente. Lo que les pasaba es que no se atrevían a hablar de economía. Bah, a quién le interesan esas cosas. Es más divertido pegar gritos y hablar de Ábalos y sus chicas.

El marronazo cayó en manos de Ester Muñoz, que intentó ceñirse al manual de costumbre y hablar de la corrupción. A ver si colaba. “¿A usted le indigna que una empresaria haya acreditado que llevaba bolsas de dinero a Ferraz?”. Dijo “empresaria” como si fuera una integrante de la junta directiva de la CEOE, pero se refería a Carmen Pano, imputada en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en hidrocarburos y que ha declarado como testigo en el juicio de Ábalos, Koldo y Aldama. En realidad, Pano no acreditó nada. Reiteró una denuncia que ha sido desmentida por Aldama, la persona que supuestamente le ordenó llevar ese dinero. Es un testimonio que no tiene pruebas detrás. Ni siquiera sabe a quién entregó la bolsa. Era alguien que la esperaba a la salida de un ascensor.

Cuerpo no cayó en la trampa ni quiso aparentar lo que no es. Nada de gritos y golpes en el pecho. Con tono pausado, casi hablando al cuello de la camisa (hipertenso, no parece), quiso hablar de “los problemas de los ciudadanos”. Empezó recordando que lleva ya algún tiempo en el Gobierno sin que el PP se haya enterado: “No están preocupados por la economía. Dos preguntas al ministro de Economía en dos años y medio. No están preocupados por la vivienda. Menos del 3% de las preguntas de su grupo han ido sobre materia de vivienda”. Y para cerrar, y sin excitarse, una referencia a otro olvido: “Vemos que en el acuerdo con Vox en Extremadura la palabra ‘autónomos’ aparece cero veces”.

Muñoz no podía sacar la espada ante el evidente desinterés de Cuerpo por lanzarse al cuadrilátero. “Ser educado no es ser moderado”, le dijo, un reconocimiento implícito del hecho de que los diputados de la oposición no suelen ser muy educados en el hemiciclo. Probó con un argumento que le debió de parecerle muy bueno. “No puede decirse moderado y sentarse junto a Óscar Puente”.

Ella se sienta al lado de Miguel Tellado. Por otro lado, nadie ha cometido nunca el error de llamar ‘moderada’ a Muñoz, con lo que no se verá afectada.

La segunda pregunta a Cuerpo la hizo Juan Bravo, que es en teoría quien habla de economía en el grupo parlamentario, aunque antes tampoco hacía preguntas al ministro de Economía. La presión fiscal ha subido 2,1 puntos desde 2018 y el salario medio real ha caído 3,1 puntos, dijo. No se atrevió a repetir el mensaje de Feijóo del día anterior, cuando dijo que España “recauda como un país nórdico y no puede prestar servicios como un país tercermundista”. Las dos cosas son falsas, pero Feijóo piensa que la gente se las creerá si las repite con frecuencia.

Para acompañar la acusación de Feijóo, el PP publicó en Twitter un cartel que sostiene que el país necesita 300.000 millones de euros más en inversión en infraestructuras. Es una cifra gigantesca incluso para toda una legislatura y nadie sabe cómo podría financiarse si el partido también promete que bajará todos los impuestos. El PP maneja las cifras económicas como si fueran las pelotas que lanza al aire un malabarista del circo.

Bravo dijo que el 19,6% de los españoles se sitúa en la clase baja (15,6%) o pobre (4%), según la última encuesta del CIS. Hasta ahí, correcto. “Cuando ustedes llegaron (al poder), solamente eran el 3%. Se ha multiplicado por más de seis”, continuó. Es difícil pensar en una época reciente o lejana de la historia de España en que los ciudadanos pobres y de clase baja fueran el 3%. Probablemente porque nunca ocurrió.

Con tantos cambios en preguntas y respuestas que rompen la serie estadística, es difícil hacer comparaciones con las encuestas del CIS a lo largo de varios años. En el sondeo de septiembre de 2018, no se ofrece como opción identificarse como clase baja o pobre. Las dos opciones más abajo en la lista sobre “estatus socioeconómico” son obreros cualificados (27,5%) y obreros no cualificados (12,2%). Si nos atenemos a los ingresos netos mensuales, un 14,7% dice no recibir ninguno. Los que reciben entre 301 y 600 euros son el 7,8%. Entre 601 y 900 euros, son el 13,1%. Entre 901 y 1.200 euros, son el 14%. Estos tres porcentajes suman el 34,9%.

En resumidas cuentas, Juan Bravo se inventó la cifra del 3% de pobres en 2018. Pero no dudemos de la sensibilidad social del vicesecretario de Economía del PP. Es el mismo que dijo en 2023 que “es muy grave que tengamos tres millones de personas desempleadas y no se encuentre gente para cortar jamón”.

Los diputados socialistas dedicaron un largo aplauso a Cuerpo y salieron contentos con su estilo. Los del PP esperaron a que intervinieran los portavoces que tenían como misión disparar con artillería pesada. Tellado, pidiendo la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso por sus mensajes con Ábalos y Koldo, aunque nadie ha probado que haya cometido un delito. Jaime de Olano, llamando “Luca Brasi” a Óscar Puente. El mismo Tellado, diciendo que el Gobierno es “una organización criminal”. Ser educado no es lo mismo que ser moderado, había dicho antes Muñoz. No sólo eso, sino que ser educado está muy mal visto en el grupo parlamentario del PP.

Algunas voces en el Partido Popular han explicado de forma rigurosamente anónima a los medios que se encuentran inmersos en un dilema. Cuanto más duro golpean al Gobierno, más crece Vox en las encuestas y en el mundo real, el de las últimas elecciones en Extremadura y Aragón. Allí buscaron acercarse a la mayoría absoluta y se quedaron más o menos donde estaban. ¿Hay algo que están haciendo mal? No para Alberto Núñez Feijóo. En el primer duelo directo del año en el Congreso, el líder del PP retomó su estilo de 2025 sin la más pequeña variación. Su objetivo va más allá de ganar las elecciones. Quiere meter en la cárcel a Pedro Sánchez. Menos que eso le parece una moderación intolerable.

Sánchez habló más del accidente de tren de Adamuz, el motivo de su comparecencia, que su contrincante. También dedicó un espacio más breve a las crisis internacionales que preocupan a los países europeos. Esto último hizo que Feijóo sintiera hervir su sangre, era algo que hizo que “se le revolvieran las tripas”. Sus intestinos estaban a punto de estallar. Bajo ningún concepto podía permitir que Santiago Abascal fuera más duro que él. Esa era su prioridad.

Fuentes del PP dijeron a los periodistas en los pasillos que preferían contar con la abstención socialista en el debate de investidura de Extremadura antes que verse obligados a formar Gobierno con Vox. En plena confusión, tuvieron que matizar la declaración no mucho tiempo después, es decir, rectificarla, para afirmar que en todo caso aspiran a llegar a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal. María Guardiola se apresuró a decir que no negocia “con este PSOE ni con el sanchismo”. Ya tiene difícil pactar con Vox por el elevado precio que exige su probable socio como para que su partido se lo ponga más complicado desde Madrid.

En lo que no hay ninguna duda es en que Feijóo no va a cambiar de estilo por las dudas que pueda haber en su partido. El catastrofismo que todo el mundo asocia a Vox es también su estilo. “España está en un fallo multiorgánico”, dijo. Eso suele ocasionar la muerte inmediata a un paciente. Se pagan impuestos al nivel de los países nórdicos, dijo, lo que es falso, mientras los españoles reciben “unos servicios al nivel de un país tercermundista” (se nota que Feijóo ha viajado poco al Tercer Mundo).

Por todo ello y por la responsabilidad del Gobierno en el accidente de Adamuz, Feijóo dio por hecho que Sánchez, Óscar Puente y algunos más tendrán que dar cuenta de su actuación en los tribunales, y no como testigos precisamente. “Su Gobierno se sentará en el banquillo también por eso”, dijo en su primera intervención. No era suficiente, así que insistió después: “Esto también formará parte del sumario”. Sólo le faltó ponerse la toga y autoproclamarse juez instructor, aunque es costumbre en el PP esperar a que Manos Limpias y HazteOír den el primer paso.

Sánchez negó que el sistema ferroviario español sea “decadente e inseguro”. Al poco, dijo que es “uno de los mejores del mundo”. No es muy inteligente decir eso después de un accidente con 47 muertos en el que la principal hipótesis de la catástrofe se encuentra en el estado de la vía. Algunas cifras que dio podían confirmarlo, otras no. Los 15.700 kilómetros de red con la quinta más extensa del continente (España está entre los mayores países de Europa). El quinto país más puntual de la UE en 2025. El trayecto Madrid-Barcelona cuesta la mitad de precio y la mitad de tiempo que el que va de Londres a Edimburgo.

La inversión ferroviaria ha pasado de 1.700 millones con el Gobierno de Rajoy a 5.000 millones, siguió diciendo. Las inversiones en trenes y equipos se han multiplicado por diez. El mantenimiento por kilómetro de vía ha ido de 46.000 euros a 71.000. No son cifras propias de un país tercermundista.

Sánchez debería haber dedicado más tiempo a un comentario que ya hizo el ministro Puente antes, porque está en la raíz del accidente. Primero, lo explicó de forma muy genérica y luego precisó algo más. “La vía cumplía todos los requisitos de los protocolos de la red ferroviaria”, comentó. Más tarde, vino la explicación preocupante: “Si finalmente se confirma que la causa fue una rotura de una vía, debemos asumir una realidad compleja. Es posible que un fallo se haya producido cumpliéndose los protocolos vigentes. Si esto es así, el Gobierno no va a mirar para otro lado. Vamos a revisar todos los estándares”.

Los protocolos existen precisamente para impedir que haya accidentes graves. A diferencia del accidente de Rodalies causado por el derribo de un muro por las lluvias al paso de un tren, el de Adamuz tuvo que ver directamente con el estado de la infraestructura ferroviaria, según la primera hipótesis manejada por la comisión de investigación. Ahí es donde está la responsabilidad de Adif, cuyo presidente es elegido por el Gobierno. Costó 780 millones de euros la renovación de toda la línea Madrid-Sevilla. Esa obra no se hizo para que se produjera un accidente de estas dimensiones.

Feijóo reiteró algunas informaciones falsas o manipuladas aparecidas en algunos medios. Afirmó que el Gobierno puso de director de Seguridad de Adif a “un periodista sin formación técnica”. Sánchez le respondió que eso era un bulo aparecido en The Objective, porque el actual director de Seguridad fue nombrado por el Gobierno de Rajoy. “No voy a dar su nombre. Es un ingeniero industrial con veinte años de experiencia que no ha cambiado desde mayo de 2017”.

“Operan con el mismo registro que Iker Jiménez”, remachó Sánchez. Feijóo se llevó las manos a la cara, se supone que en un gesto de incredulidad.

Donde Sánchez manipuló los hechos fue al mencionar un estudio de la fundación Hay Derecho que había elogiado la profesionalidad de los nombramientos hechos en la cúpula de Adif, según dijo. La fundación lo negó más tarde. Se refería a los dos nombramientos hechos entre 2021 y 2024 y antes del actual presidente. En cuanto a este, afirman que es un paso atrás al ser “un perfil muy politizado”.

Sobre el accidente de Angrois en 2013, citado varias veces por Sánchez, Feijóo soltó una frase que nunca se había escuchado: “¿Quién diseñó la curva de Angrois? El partido socialista”. Se supone que el trazado concreto de una vía es elegido por un comité técnico, no que se elabora en Ferraz o Génova. Puente le respondió horas más tarde que todo ese trazado fue aprobado en los años del Gobierno de Aznar: “El estudio informativo definitivo —que aprobaba el trazado seleccionado, incluyendo el acceso por Angrois— se aprobó el 25 de abril de 2003”.

Todos se golpearon con saña y Sánchez no se quedó corto. A Abascal le preguntó por el sueldo millonario que recibe su principal asesor en Vox y dirigente en la sombra del partido, Kiko Méndez Monasterio. “26.000 euros al mes no es la España que madruga, señor Abascal”. Y después de golpear con el martillo lo envolvió en un paño de seda para recordar el concierto de Bad Bunny en la Superbowl y el mensaje que encabezó el espectáculo: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. El consejo de Sánchez al líder de Vox: “¿Vio usted la Superbowl? ¿Vio el espectáculo de Bad Bunny? Pues eso, menos odio y más amor”.

Quitas el odio de la política parlamentaria española y te quedas en los huesos.

Los escaños del Partido Popular recibieron con gritos y risas el comienzo de la intervención de Gabriel Rufián en la sesión de control. Había pedido “dos minutos de realidad más allá de Ábalos, Koldo, Cerdán y Salazar”. La oposición también quiere controlar los temas de los que hablan otros portavoces. El representante de Esquerra empezó con una pregunta, retórica si se quiere, porque la respuesta estaba contenida dentro: “¿De qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca si acaban siendo de facto pobres?”. Pasó revista al aumento del precio de alimentos básicos en los últimos tres años. “La carne, un 50%. La leche, un 60%. Los huevos, un 70%”.

La pregunta implícita es si la izquierda, o en concreto el PSOE, va a presentarse en la próxima campaña electoral con una lista de indicadores macroeconómicos positivos a la espera de que la gente dé más importancia a esos números que a su presupuesto familiar. Es poco probable que la gente compre ese mensaje. Y de ahí el aviso de Rufián, expresado de forma que entendería cualquier político: “A usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida”. No sería una sorpresa. Ha ocurrido también con otros gobiernos fuera de España y seguirá ocurriendo.

Mirando atrás, no es descabellado pensar que si no hubiera sido por el crecimiento del empleo, la derecha estaría gobernando en Moncloa desde el verano de 2023. Pero eso no quiere decir que la jugada se vuelva a repetir.

Como era de esperar, Pedro Sánchez respondió con lo que le había reprochado Rufián. Los datos macroeconómicos. Presumió de que España es la economía europea donde más ha crecido el empleo y es “la tercera en que más riqueza se ha generado”. La situación de España sería mucho peor si en vez de un crecimiento cercano al 3% este año y una previsión del 2% en 2026, se hubiera quedado por debajo del 1%, como sucede en Alemania. La repercusión en el empleo sería evidente y el número de afiliados a la Seguridad Social no habría llegado a 22,3 millones, un récord histórico.

Un editorial del Financial Times lo certificó en septiembre. Frente a la debilidad de las grandes economías de la UE, España destaca como un “raro punto brillante” en un contexto de cifras deprimentes. Sin embargo, los votantes españoles no leen el FT y se fijan más en el ticket del supermercado después de hacer la compra semanal.

“¿Se está trasladando el crecimiento económico a los hogares?”, se preguntaba un artículo reciente de este diario. A diferencia de lo que ocurrió en anteriores crisis, España ha logrado encajar sin venirse abajo los efectos de la pandemia, una guerra en Europa del Este, la mayor crisis inflacionaria en décadas y la guerra comercial impuesta por Donald Trump. Nunca hubo tanta gente trabajando, las pensiones y el salario mínimo han crecido de forma considerable y la tasa de paro está en el punto más bajo desde 2007. Cualquier Gobierno alardearía de esas cifras. Sería estúpido no hacerlo.

La renta disponible de los hogares ha crecido un 5,7% desde 2019. Pero el aumento de los precios ha hecho que la capacidad adquisitiva se haya resentido. El salario medio ha crecido junto a la inflación, pero el salario real, descontados los impuestos, no es muy diferente al de 2005. Midiendo el PIB, España mira por encima del hombro al resto de grandes economías europeas. En relación con el crecimiento de la renta familiar per cápita desde 2004, se encuentra en el vagón de cola, sólo por encima de Italia y Grecia.

El precio de los alimentos y de la vivienda están en la base del malestar ciudadano y aumenta la percepción de que el salario no da para lo mismo que permitía comprar antes. En el caso de la vivienda, la diferencia con respecto a hace diez años es gigantesca.

En los últimos años, las encuestas del CIS muestran que más del 60% de la gente dice que su situación económica personal es buena o muy buena, un 63,8% en el sondeo de noviembre de este año. No es el retrato de una sociedad en crisis, pero eso deja mucha gente fuera del escenario optimista. El estudio de confianza del consumidor en octubre ofrece datos complementarios. A un 18,1% le resulta difícil llegar a fin de mes y sólo lo consigue endeudándose o echando mano de los ahorros. Un 28% llega justo a fin de mes. Un 34,9% afirma que la situación económica de su hogar es peor que hace seis meses. El 59,5% de estos últimos lo achaca a la inflación.

“La gente realmente detesta la inflación y gran parte se produjo en los alimentos. Se han incrementado un 35% en tres años. La gente percibe que sus salarios no han crecido y que la cesta de la compra se ha incrementado, por lo que sus percepciones no han mejorado”, explicaba en ese artículo Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research en España.

Los precios matan gobiernos. Pueden afirmarlo los demócratas en EEUU, donde fueron el factor clave de la caída de la popularidad de Biden y la victoria de Trump. Las cifras macroeconómicas del país eran excelentes al llegar las elecciones de 2024. Eso no impidió la derrota de Kamala Harris. Ahora, los precios siguen sin dar tregua y están siendo la causa del hundimiento del apoyo a Trump. Su nivel de apoyo está en el 36% y el rechazo en el 60%, según Gallup, el punto más bajo de su segundo mandato. El diferencial entre opiniones positivas y negativas ha sufrido una caída de más de veinte puntos desde enero.

La denuncia de los precios abusivos en la cesta de la compra y de la vivienda fue uno de los reclamos más constantes y efectivos de la campaña de Zohran Mamdani, que le dio la alcaldía de Nueva York. Ha estado en el origen de otras victorias de candidatos demócratas en elecciones locales y estatales. En EEUU, la palabra 'affordability' (lo que viene a significar 'precios asequibles') aparece en múltiples titulares hasta el punto de que ha provocado la furia de Trump, que la considera una invención de los demócratas.

“Lo que le propongo, casi lo que le exijo”, dijo Rufián a Sánchez, “es que saque a la comida del mercado especulativo. Igual que la vivienda, el que quiera hacerse rico, que no lo haga, ni con casas ni con comida. Que tope precios, y por qué no, distribuidoras públicas de alimentación”.

Sánchez no entró en ese debate, porque probablemente ni quiere ni puede tomar medidas en esa línea. Que vayan a funcionar no está garantizado, como casi todo en economía, y el historial del control de precios no arroja resultados consistentes. No porque los gobiernos nunca lo utilicen. En el sector de la energía, lo han hecho con una cierta frecuencia, no siempre con éxito.

Lo único que es seguro es que los gobiernos que dicen a los votantes que no deben preocuparse por los precios suelen perder las elecciones.

Toda la semana con la sesión de control en mente. Esperando a ver cuál es la próxima noticia procedente de los juzgados que se puede utilizar para atacar al Gobierno. Con la vista puesta en las informaciones que sacan los medios, da igual que sean sólidas o llenas de agujeros. Adivinando con qué saldrá Pedro Sánchez para tener listo un contraataque rápido. Y pensando con qué golpe de humor o sarcasmo se puede cerrar la intervención y dejar al adversario noqueado en la lona.

La cuenta atrás del tiempo de intervención aprieta y puede ponerte nervioso. Ya se sabe que los políticos tienden a hablar demasiado. Cuentas con dos minutos y medio para dos intervenciones. Todo lo llevas escrito. Cerrar por todo lo alto exige tener tiempo para la frase final. Un orador torpe no es capaz de eliminar párrafos intermedios sobre la marcha para no pasarse de tiempo. Llega el momento cumbre. Te han preparado un broche final perfecto parodiando el nombre de una serie de televisión. No vas sobrado de tiempo, pero tampoco te va a faltar. Esto está hecho. Va a funcionar como un tiro. Con suerte, aparecerá en algunos titulares. Carlos Herrera la repetirá varias veces en la COPE. Todos elogiarán tu ingenio.

Alberto Núñez Feijóo va a dar el nombre de la serie de televisión que rodarán “sobre sus años de presidente”. A ver cómo sales de esta, PerroSanxe. Y el nombre de la serie es... (qué tensión, qué nervios): “¡Anotop!”.

¿Anotop? ¿Andor? ¿Anacardo? ¿Anafiláctico? ¿Un faraón egipcio? No, no hay que buscar una palabra similar para entender el error de Feijóo. Lo que tenía que decir era: “Anatomía de un farsante”. Le salió Anotop. Algún tornillo se aflojó. Las piernas flojearon. ¿Tan difícil era empezar con la palabra 'anatomía'? Cuando dio el nombre correcto, había acabado su tiempo y el micrófono estaba ya desconectado. Se sentó con un rictus tenso en la cara. Sus diputados le aplaudieron. La verdad es que le aplauden con ganas todo lo que dice. Es un público entregado, como el de los festivales de cine.

Era la primera sesión de control después del juicio y condena, casi simultáneos, del fiscal general. Un día para que el PP se pusiera las botas y recordara a Sánchez que había dicho que estaba seguro de la inocencia de Álvaro García Ortiz. Por eso, Feijóo le preguntó si iba a “pedir perdón a los españoles”, una frase un poco gastada por exceso de uso. El presidente tenía claro lo que debía responder. Se puso del lado de los periodistas que declararon en el juicio como testigos y contra Miguel Ángel Rodríguez por sus mentiras.

El aviso llegó después: “Hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio”. Para entendernos, veo tu Tribunal Supremo y subo con mi Tribunal Constitucional. Aquí hay tribunales para todos.

Como es habitual, Miguel Tellado fue más directo que su jefe. Todo es más fácil si puedes manejar los hechos conocidos a tu antojo y luego dar rienda suelta a tu imaginación. El fallo del Supremo le dio pie para un primer hecho: “El fiscal general es un delincuente”.

No era suficiente. Había que rodearlo de una escolta de cosas que no están probadas o que ni siquiera se tocaron en el juicio. “Y delinquió siguiendo instrucciones de Moncloa”, continuó. Eso es lo que aparecía en el auto de procesamiento confeccionado por el juez instructor, Ángel Hurtado, presa del entusiasmo por implicar al Gobierno. Tras un recurso, el Supremo dictaminó que esas palabras estaban fuera de lugar al no estar respaldadas por pruebas o indicios. Tellado no iba a dejar que esas curiosidades legales le privaran de una buena frase.

No importa cuántas veces tropiece Feijóo con el guion. En el PSOE, tienen motivos para estar más preocupados con José Luis Ábalos y Koldo García. Ambos comparecen el jueves en el Tribunal Supremo para la vistilla en la que la Fiscalía podría pedir su ingreso en prisión preventiva a causa de las elevadas penas que pide para ellos en el caso de las comisiones por la compra de mascarillas. Veinticuatro años de cárcel para el exministro y diecinueve para su antiguo chófer y luego asesor de asuntos poco claros.

Sólo hace unos días Koldo movió una de esas fichas con las que cree que puede poner nerviosos a los socialistas, aunque a estas alturas ya es tarde para que su antiguo partido haga algo por ellos. Si aspiran a que les ayuden a pagar el gasto en abogados, andan muy despistados. El PSOE se aleja de ambos como si fueran material radiactivo. Cada vez que les ponen cerca un contador Geiger, la aguja salta por los aires. “Usted es el único de la cuadrilla que está fuera de la cárcel”, dijo Feijóo a Sánchez para que no se le olvidara y adelantando acontecimientos.

Koldo se ocupó de contar a El Español que él conducía el coche que llevó a Sánchez y Santos Cerdán a una reunión con Arnaldo Otegi en Euskadi para pactar la moción de censura a Rajoy en 2018. Tanto el PSOE como Otegi lo negaron por completo. El líder de Bildu dijo que no hubiera tenido problema en confirmarlo si fuera cierto. EH Bildu tenía sólo dos diputados en ese Congreso. Era más decisivo el apoyo del PNV a la moción, que fue el último en llegar. En términos de imagen, era demasiado arriesgado un contacto directo con Otegi que al final no iba a resultar decisivo. Se supo entonces que Pablo Iglesias se ocupó de los contactos con los partidos nacionalistas para convencerles de que votaran a favor de la moción.

La noticia de una reunión de Sánchez y Otegi habría causado un gran impacto en esos momentos. Siete años de apoyo de EH Bildu al Gobierno de Sánchez le restan ahora mucho valor. A menos que uno crea lo que repite Isabel Díaz Ayuso con frecuencia, eso de que ETA aún existe, lo que ha vuelto a provocar el enfado de Consuelo Ordóñez, harta de que la presidenta madrileña utilice a las víctimas del terrorismo como si fueran las fichas del casino.

El caso es que, aunque nadie le había preguntado, Ábalos salió el miércoles a defender la versión de Koldo. “Sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió”, afirmó en Twitter. Esas fuentes podrían ser el propio Koldo, aunque él no intervino en las supuestas negociaciones. El exministro estaba caliente y pasó a cargar contra Yolanda Díaz por llamarle “golfo”. El PP celebró alborozado sus comentarios y el PSOE puso cara de no darles importancia.

Ni Feijóo ni Sánchez ni Ábalos llegaron al nivel de la mejor frase del día. Dos días antes de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo comunicara la condena de García Ortiz, su presidente, Andrés Martínez Arrieta, cerró la conferencia que estaba dando en un curso organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que fue una de las acusaciones en el juicio. “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”.

Hubo grandes risas en la sala. Habrían sido mayores si los asistentes hubieran deducido que si era Arrieta quien se ocupaba de la sentencia, era muy probable que el veredicto fuera de culpabilidad. La ponente original era la progresista Susana Polo, una de las dos integrantes del tribunal que apostaban por la absolución y que habían quedado en minoría.

Mientras los demás pensaban que el tribunal estaba deliberando sobre el juicio, resultaba que su máximo responsable estaba haciendo chistes sobre una sentencia que ya estaba decidida. Mucho más divertido que Feijóo. Para partirse de risa y decir a los jueces del Supremo que tienen un futuro en la comedia costumbrista.

Todos los partidos dicen que hay que dejar trabajar a la justicia, pero lo que les pone cachondos de verdad son los informes de la UCO. Allá por 2009, Alberto Núñez Feijóo dijo que “un informe policial no es una decisión judicial”. Qué tiempos aquellos de la Gürtel. Claro que entonces el PP creía que los informes policiales los escribía Rubalcaba en los ratos libres que le dejaba negociar con ETA. Todos éramos más jóvenes y más ingenuos. Ahora estamos un poco más tensos y resabiados.

La actividad parlamentaria de estos días está muy centrada en lo que podríamos llamar lanzamiento de informes de la UCO. Vuelan de lado a lado del Hemiciclo con la aviesa intención de acertar al rival en toda la cara. Los grandes expertos en esta disciplina no olímpica son el PP y el PSOE. Pueden servir para condenar a uno de los otros o para exonerar a uno de los tuyos. Están condimentados con distintas salsas mediáticas. Es posible que el político en cuestión no cite el informe, sino el titular a cuenta del informe, mucho más creativo.

Esperando a que los socialistas pronunciaran la palabra ‘Almería’, Feijóo demostró en su primera intervención en la sesión de control lo mucho que ha cambiado su opinión desde 2009. El informe policial va a misa, y además se le añade un extra de cosecha propia con el que enriquecerlo. “¿Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% para el PSOE?”, preguntó. Aun siendo una pregunta retórica, no hay que olvidar que el informe de la UCO no dice en ningún momento que las cantidades pagadas por empresas tuvieran como destino las cuentas del partido. Da la impresión de que Feijóo se inspiró sobre todo en la portada de ABC del miércoles.

Lo que en ese periódico aparece como “el triángulo delictivo” entre el PSOE y Acciona con Santos Cerdán en la posición destacada, en otros resulta ser la conexión de Acciona con el Gobierno. El asunto tiene menos impacto si se limita a lo que aparece en el informe, la acusación a Cerdán de actuar como enlace entre las empresas constructoras y el Ministerio de Transportes, lo que viene a ser José Luis Ábalos y Koldo García, que ya sabemos que están bastante pringados en todo esto. Había muchas amigas, familiares, viviendas y vacaciones que financiar.

El informe dice claramente que tanto Cerdán “como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil” Servinabar. No dice nada de financiación del PSOE. Si las conclusiones de la UCO son relevantes, y lo son aunque menos que lo que decida el juez instructor, vale para todo su contenido, no para lo que imaginas a partir de su contenido.

En el otro lado del ring parlamentario, también hubo una mención a otro informe policial, pero esta vez para acusar al PP de haber atacado a un ministro inocente. “¿Cuándo van a pedir perdón al ministro Víctor Torres cuando ya hay un informe de la UCO que pone de manifiesto que cero indicios de criminalidad en su persona?”, dijo Félix Bolaños. El PP ha pasado tanto tiempo dando por hecho que Torres estaba implicado en los negocios de Ábalos y Aldama que no entiende que no haya sido encarcelado.

El ministro de Política Territorial afirmó en una más de las muchas preguntas que le ha hecho el PP que ya ha dado explicaciones y que ha respondido a dos interpelaciones, cuarenta preguntas parlamentarias y seis sesiones en comisiones de investigación sobre el asunto: “Lo que está claro es que ustedes han practicado la difamación”.

De momento, Torres sólo ha sido imputado en los titulares de cierta prensa y en las palabras de Víctor Aldama, que va cambiando su testimonio en función de las circunstancias.

Sánchez hizo una referencia muy de pasada a la detención del presidente de la Diputación de Almería por corrupción en la compra de mascarillas. Javier Aureliano García ostenta uno de los cargos clave para entender el dominio electoral del PP en la provincia andaluza. Su vicepresidente y otras cuatro personas fueron también arrestados en una operación llevada a cabo por la UCO cumpliendo órdenes de un juzgado de Almería. Montero y Bolaños se extendieron algo más en el pleno. El PSOE no está para desaprovechar esos regalos y menos a unos meses de las elecciones andaluzas.

Estos son momentos en que los partidos implicados tienden a copiar sus argumentarios. Miguel Tellado casi no admitía que le preguntaran por el pelotazo de Almería. “Comparar ambos casos...”, empezó mientras se liaba con la respuesta hasta terminar con lo que quería decir: “Son radicalmente distintos”. Para establecer esas diferencias, afirmó que “ellos mantuvieron a Ábalos y nosotros actuamos el primer día”.

Es gracioso porque se trata del mismo argumento –también podría llamársele excusa– que emplea siempre Sánchez sobre la situación de Ábalos y Cerdán. La última en la rueda de prensa con Zelenski el martes: “El Gobierno de España y la organización que lidero, desde el primer minuto que se conocieron estas informaciones, hemos colaborado con la justicia y actuado con contundencia”.

Evidentemente, el presidente andaluz, Juanma Moreno, tampoco sabía nada de los presuntos delitos de Almería y afirma que ha reaccionado con rapidez con la suspensión de la militancia de los detenidos. En política, es más conveniente ser efectivo que ser original. Feijóo prefirió no decir nada. En redes sociales, le refrescaron la memoria con una foto suya con el detenido.

En los presuntos casos de corrupción política, es importante reaccionar con rapidez, pero no es un remedio infalible ni absuelve de responsabilidades. El desprestigio te cae encima como una losa, porque a los principales cargos de un partido o Gobierno se les supone un mínimo de honestidad. Al menos, estar en el lado bueno del Código Penal. A partir de ahí, la cantidad defraudada o robada cuenta a efectos de la investigación judicial, pero no es menos grave si el botín no asciende a millones ni está escondido en Suiza.

El PSOE tendrá que encajar, y aún no está claro cómo, que ese supuesto paradigma de la sobriedad que era Cerdán –persona de la total confianza de Sánchez– recibiera dinero de forma ilegal para pagarse el alquiler de un caro ático (casi 3.000 euros al mes durante 15 meses), las vacaciones en Ibiza y Tenerife y todas las comidas de él y su mujer, y probablemente otras personas, en un restaurante cercano a su domicilio. En números, son cincuenta cargos por 7.470 euros, lo que da una media de 152 euros por comida. Veamos la carta: paletilla de cabrito lechal, 30 euros. Solomillo al oporto, 29. Merluza a la plancha, 29. Rodaballo a la parrilla, 35. No era un problema. Pagaba Servinabar.

En el plano más fácil de caricaturizar, la esposa de Cerdán tenía la costumbre de desenfundar con frecuencia la tarjeta de crédito de la empresa navarra en sus compras. “La Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar”, según dijo Antxon Alonso, dueño de Servinabar, a su mujer en un mensaje enviado en 2021. El Cerdán, La Paqui y la Visa, que parece el título de una película de destape de los años 70.

Bien mirado, La Paqui puede ser un problema de reputación para el PSOE mucho mayor que lo que pueda decir Feijóo en las sesiones de control.

El PP convocó la comparecencia de Sánchez en el Senado para el día después del aniversario de la dana de Valencia y del funeral de Estado. Era un truco, la clase de trucos habituales en política. A ver si con el follón de Sánchez se dejaba de hablar cuanto antes de Valencia y de Carlos Mazón. Lo que es una misión imposible, porque es imposible dejar de hablar de Mazón, de sus mentiras, de los 229 muertos que no recibieron los avisos necesarios, de la reclamación de los valencianos para que dimita –como prueban las encuestas–, de sus planes para que su partido le elija como candidato a la reelección. Como también del intento constante del PP de acusar al Gobierno central de lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 cuando todas las competencias en una situación de emergencia corresponden a los gobiernos autonómicos.

El PSOE respondió el miércoles con otro truco en la sesión de control. Pedro Sánchez no quiso responder a los ataques lanzados por el Partido Popular con sus preguntas. “Hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas”, dijo. Era una forma de quitarse el problema de encima y sorprender a su rival. No tuvo problemas para responder a otros grupos, como el PNV o Podemos. Parece que “el día de las víctimas” aceptaba excepciones.

La paradoja se cuenta sola. Hace un año, el PP exigió que se suspendiera la sesión de control del día después de la catástrofe. El PSOE se opuso inicialmente, lo que en cierto modo fue un error político porque el pleno podía haberse trasladado a la semana posterior. El PP sufrió un ataque de apoplejía. Ya temía que se empezara a hablar de lo que había hecho o no el Gobierno valenciano. Este miércoles, volvió a recordarlo con el argumento de que el PSOE utilizó ese pleno para realizar “un asalto a RTVE”.

Alberto Núñez Feijóo tuvo un logro del que podrá presumir siempre. Se dedicó a politizar la dana mientras denunciaba la politización de la dana. Un doble salto mortal: “Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se utilizara para la reconstrucción”. Es como dar por hecho que los demás politizan la tragedia mientras el pobre Mazón se esfuerza por salvar a los pobres valencianos. Y olvidar que el PP politizó la dana desde el primer minuto de la sesión de control de hace un año para exigir su suspensión y no correr el riesgo de que se hablara de Mazón.

El líder del PP venía a hablar de su libro, es decir, de la comparecencia de Sánchez del jueves en el Senado. Pasó revista a diecisiete mentiras que adjudicó a Sánchez, algunas de dudosa veracidad al no estar probadas en los tribunales, como la que se refería a la “contabilidad B” del PSOE. El PP aspiraba a llegar a esta semana con el titular de que el Tribunal Supremo investiga la financiación de los socialistas. Su último intento a través de la acusación popular que dirige encalló ante el juez instructor, que se negó a pedir ahora todas las facturas del PSOE desde 2017.

El PP nunca ha tenido empacho en utilizar a las víctimas de ETA para atacar a los gobiernos de Zapatero y Sánchez. Con las víctimas de la dana es diferente. Si se las menciona, se está “politizando” la tragedia. Ester Muñoz se declaró escandalizada de que Sánchez “haya utilizado a las víctimas de la dana para no contestar a la oposición”. Por eso, llamó al presidente “indecente” y “farsante”. Ya se sabe que el Congreso es un sitio en el que vuelan los insultos todos los días. Acto seguido, dijo: “¿Sabe lo que es la inutilidad en la política?”. Un diputado socialista respondió desde el escaño: “¡Mazón!”. No se sabe qué escuchó Muñoz, porque dijo: “¿Por qué insultan?”. Puede que tenga razón y que no haya peor palabra con la que dirigirse a alguien que el apellido del líder del PP de la Comunidad Valenciana.

Al aludido no se le ocurrió otra cosa que sacar pecho, unos días después de que se supieran más datos sobre el tiempo que consumió el día de la dana en sus asuntos personales o de partido, mientras la comunidad que preside se acercaba al abismo.

En el día del funeral de Estado por las víctimas, Mazón convocó un acto por la mañana para leer una declaración. No le valía con que estuviera presente su Gobierno y reclamó la presencia de hasta 160 altos cargos de la comunidad y del PP. Todo para limitarse a decir que “hubo cosas que debieron funcionar mejor”. El mensaje era claro: si me hundo yo, os hundís también vosotros conmigo. Aunque parezca inaudito, los asistentes aplaudieron durante más de treinta segundos. Será que se vigilaban entre ellos para ver quién dejaba de aplaudir el primero. Estaban protegiendo 160 nóminas.

Era una demostración de fuerza no frente a la oposición, sino su propio partido. Encerrado en su burbuja, de la que forman parte tres asesores, quiere hacer creer a Génova que no tiene más alternativa que volver a presentarle como candidato. “El debate de que debía dimitir está superado”, han dicho fuentes de su Gobierno a El Mundo. Han visto tantas veces a Miguel Tellado acercarse a Valencia para confirmar el apoyo del PP a su presidente que no conciben otra alternativa.

Por la tarde, el funeral de Estado confirmó por qué las víctimas habían insistido en que Mazón no asistiera al acto. Un grupo de ellas se reunió con el rey y la reina en una sala cercana, estando presente también Sánchez. En la sala principal donde se iba a celebrar el funeral laico, muchas mujeres insultaron y gritaron a Mazón, impertérrito en su silla en la tercera fila de las autoridades.

Tuvo que escuchar que le llamaran rata y asesino. Y una frase que representa todo lo que piensan las víctimas de él: “Tú de comida y recogiendo premios y mi hermana ahogándose”. Eso es exactamente lo que ocurrió. Por la mañana del 29 de octubre, recibió un premio irrelevante y por la tarde pasó cuatro horas de comida matando el tiempo. Mientras la gente moría.

No hay presidente o alcalde en España con una imagen tan destrozada como la de Mazón. Cada auto de la jueza de Catarroja lo hunde más en la vergüenza. Las palabras “palmaria ausencia de avisos a la población” de uno de esos autos resumen lo que sucedió ese día. De momento, el PP continúa huyendo de esas siete palabras y finge que no sabe nada de ellas. Habrá un día en que tendrá que marcar el mensaje como recibido.

“El dinero (de los impuestos) va a pagar rescates de las estrellitas de la Flotilla (de Gaza), a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas o a pagar favores a algunos medios de comunicación”. El Partido Popular fue con todo en la sesión de control del miércoles. Eh, no tan rápido. No era un diputado de ese partido el que soltó la frase con la que atizar con dureza al Gobierno, sino la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Los socialistas se rieron con entusiasmo una semana más con los problemas de Alberto Núñez Feijóo para encajar un buen directo en el mentón de Pedro Sánchez. La sonrisa se heló de inmediato cuando Nogueras culminó en la siguiente intervención el giro de su partido de los últimos meses. Junts es ahora el principal partido de la oposición o, dicho de forma más correcta, el partido que más daño puede hacer al Gobierno desde la oposición.

Nogueras acabó con un juego de palabras fácil de interpretar: “Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio”. Sánchez fue sobre seguro y se limitó a defender la propuesta de no volver a realizar el cambio horario y a presumir de que se ha aumentado en un 63% “las viviendas de protección oficial que están en construcción”. No le convenía hurgar más en la herida a la espera de acontecimientos.

Es cierto que algunas de las quejas de Junts no son nuevas, como tampoco lo son los comentarios sobre el mal momento de sus relaciones con el PSOE. Fue su retórica, copiada del discurso del PP, lo que llamó la atención, además de la referencia al “cambio”.

Como ejemplo, denunció que están congeladas en el Congreso dos proposiciones de ley de su partido sobre multirreincidencia de extranjeros y de lucha contra la ocupación de viviendas. Lo están porque los socialistas no tienen margen para negociar asuntos que contarán con el rechazo de sus socios de izquierda y porque no tiene intención de unirse a los partidos de derecha para que salgan adelante.

En resumidas cuentas, Nogueras estaba exigiendo algo que sabe que el Gobierno no le puede conceder. Fuentes de Junts dejaron claro después que eso no les importa: “La afirmación de hoy no es gratuita. Esto va en serio. Nunca habíamos hablado de cambio”.

No era porque la portavoz de Junts se hubiera levantado con gran energía después de desayunar una butifarra. Un grupo de alcaldes del partido se reunió el lunes con Carles Puigdemont en Waterloo con la intención de pedirle más dureza en el mensaje contra la inmigración. Era una cita que habían reclamado sólo un mes después de verse con el secretario general, Jordi Turull. Están nerviosos porque Junts pierde terreno frente a la ultraderecha de Aliança Catalana en el debate sobre la seguridad, también en el ámbito local.

Sólo un día antes, Puigdemont había marcado doctrina con un breve discurso. Sin mencionar a Aliança, el líder del partido quiso calmar los ánimos. Llamó “modas”, “péndulos” y “ocurrencias” a los mensajes de la ultraderecha independentista: “A veces existe la tentación de sucumbir a las modas y hay gente que lo hace. Pero alguien debe quedar en el país que tenga esta mirada de Estado, esta mirada larga de la construcción de la nación, que nunca acaba y es permanente”.

Es un mensaje no muy distinto al que emplea el PP para hacer frente a Vox y que no le ha sido útil para detener el ascenso de la extrema derecha en los sondeos. Lo que está claro es que los alcaldes de Junts creen que no les sirve para nada. Quieren mano dura, no grandes palabras sobre la “mirada de Estado”.

La última encuesta de julio del CEO –organismo público de la Generalitat– prevé entre diez y once escaños para Aliança (ahora cuenta con dos) y de 28 a 30 para Junts (tuvo 35 en las últimas elecciones) con vistas a las próximas autonómicas. El índice de aprobación de Sílvia Orriols, líder de Aliança y alcaldesa de Ripoll, es casi idéntico al de Puigdemont.

Lo que no quitó el sueño a los socialistas fue la intervención de Feijóo en el Congreso. A falta de ideas nuevas, creyó que nada mejor que comenzar con el lapsus de Yolanda Díaz del día anterior (“queda Gobierno de corrupción para rato”). Muy osado, teniendo en cuenta que él puede presumir de una larga colección de lapsus a falta de mejor palabra para definirlos. El lunes, dijo que las horas trabajadas en España “han caído un 8,9% desde 2018” y que, por tanto, ha bajado la productividad. Si lo primero fuera cierto, que no lo es, la productividad habría subido de forma espectacular después de los últimos años de crecimiento del PIB.

Sánchez no nació ayer y venía preparado. La verdad es que lo tenía fácil: “Usted es un campeón del lapsus. ¿O cuando dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra '1984' en 1984 y no en 1949 no es un lapsus sino incultura?”. Otra jornada en que Sánchez no paraba de reírse y a Feijóo se le quedaba un rictus de perplejidad. En los pasillos, presumía de que había sido un gran acierto preguntar al presidente si el PSOE se ha financiado de forma ilegal. Sánchez dijo que no. ¿Qué esperaba que dijera?

Los ministros salieron del pleno con la intención de restar “dramatismo” a los avisos de Junts. El partido nacionalista descartó hablar de un posible apoyo a una moción de censura. Ese no es el territorio en el que se mueve en estos momentos ni le beneficia alimentar la teoría de que pueden llevar en brazos a Feijóo a La Moncloa, que es algo de lo que Gabriel Rufián lleva avisando desde hace tiempo.

“Como estamos ahora, no tiene sentido continuar y el chicle ya no da más de sí”, dijeron fuentes de Junts. Lo que sí pueden hacer es anunciar que no votarán a favor ni siquiera de un decreto a favor de la alimentación saludable de los niños. Eso convertiría a la legislatura en un muerto viviente, aunque, como se ve en el cine, no es tan sencillo matar a un zombi.

La sonrisa vuelve al rostro de Pedro Sánchez y los fans de PerroSanxe se sienten aliviados. Se acabó eso de ir por la vida con cara de perro apaleado, con aspecto de estar deprimido e inapetente. Tantas raciones de Ábalos y Cerdán le estaban dejando en los huesos. Así llegó arrastrándose al verano, lo que hizo creer al Partido Popular que su fin estaba cerca. Por entonces, lo único de lo que podía presumir Sánchez era de estar vivo. Tampoco es que le sobraran las pulsaciones por minuto.

En un escenario en el que cualquier informe de la UCO puede darte un susto de muerte, Sánchez llegó a la conclusión de que el último sobre el caso Koldo ni tan mal. Podría haber sido peor. El presidente se permitió el detalle de recomendar al PP que leyera la página 28 del informe. La Guardia Civil indica ahí que no procede seguir investigando las donaciones que José Luis Ábalos hizo al partido, al igual que los demás altos cargos, o las cantidades percibidas en concepto de dietas. Eso tiene que ver con las fotos de los sobres con el logo del PSOE que aparecen en el informe y que provocaron un orgasmo de placer en el PP.

“Sus acusaciones (sobre financiación ilegal) son totalmente falsas”, dijo Sánchez. “Para sobrecogedor, el Partido Popular”. De ahí pasó a lo que al PSOE le interesa que salga en el debate público, Gaza y aborto, con un mensaje específico para Díaz Ayuso: “En Portugal, el 70% de abortos se hace en la sanidad pública; en Suecia, el 99%; en Italia, el 94%; en Madrid, sólo el 1%. Eso es un atropello al derecho de las mujeres”.

Es difícil saber si Feijóo se picó, sufrió un sobresalto al escuchar la mención al Madrid de Ayuso o lo traía preparado de casa. El caso es que se decidió a anunciar una decisión que el PP tenía congelada desde febrero de 2024. Llamar a declarar este mes al presidente a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Ninguno de los altos cargos socialistas que han estado en esa comisión lo ha pasado muy mal ni las reuniones han generado titulares extraordinarios. Los senadores del PP que hacen las preguntas no son precisamente unos interrogadores muy astutos.

El PP se guardaba esa bala en la recámara sin tener claro que fuera a serle muy útil. Ahora parece que la necesita y que sea lo que Sánchez quiera.

La medida es en sí misma una muestra de la debilidad del PP y de Feijóo en las primeras semanas del curso político. Con Vox muy crecido en las encuestas y el PP parado en algunas de ellas, regresan los momentos propicios para el psicoanálisis en la sede de Génova. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué no estamos más altos en los sondeos?

En ese runrún de los que se creyeron la promesa de Feijóo de que ganará las elecciones y gobernará en solitario porque sí, porque lo dice él, algunos ya no se cortan. Un columnista de ABC desdeñó con dureza la capacidad del líder del PP de aparentar ser lo que no es con el deseo de complacer a todos los que no soportan a Sánchez: “No se puede ser Ayuso algunos días y otros Juanma Moreno; algún que otro sábado probar a ser incluso Santiago Abascal, y por momentos volver a ser el Feijóo de la Xunta de Galicia, aunque cada vez menos”.

'Yo no soy Sánchez' no es el mensaje ganador que Feijóo cree que es.

“Usted está tan pringado como ellos”, dijo Feijóo a Sánchez después de soltar lo de la comisión del Senado. Estaba rabioso y Sánchez acertó al no intentar competir en rabia. Además, le quedaban menos de diez segundos para la última réplica. Tampoco le daba para desarrollar un argumento. Se limitó al cachondeo: “Ánimo, Alberto”. Sus diputados se rieron con ganas, porque están soportando una legislatura que no les ha dado muchas alegrías.

Una de las misiones que tenían los diputados del PP en la sesión de control era salvar a Juanma Moreno, inmerso en un escándalo por el seguimiento de casos de cáncer de mama en la sanidad pública. Como es habitual en política, la técnica no consistía en defender a Moreno, sino en atacar a quien podía aprovecharse de sus problemas, en este caso, María Jesús Montero, candidata a la presidencia en las próximas elecciones andaluzas.

Ester Muñoz le enseñó una foto de pacientes de ELA recibidos en Moncloa y le acusó de haberlos abandonado. “¿Cuántos pacientes más tienen que fallecer para que ustedes cumplan y financien la ley ELA?”, preguntó la portavoz del PP por la falta de financiación prometida para su tratamiento. La ley se publicó en el BOE el 30 de octubre de 2024.

Montero optó por la solución de todos los plenos. No habló de los enfermos de ELA, pero sí del crecimiento del PIB, el empleo, el Ingreso Mínimo Vital y hasta el déficit público. Le faltó mencionar el arbitraje en la Liga de fútbol, un tema siempre polémico. Qué les importará a los enfermos cuánto ha subido el PIB. En una segunda intervención, se preguntó qué votará el PP cuando el Gobierno apruebe “la generación de créditos dentro de unos días” con la que financiar la atención a esos enfermos. Acto seguido, siguió a lo suyo y citó el derecho al aborto y la decisión del Ayuntamiento de Madrid de apelar a un inexistente síndrome posaborto.

En una pregunta posterior y para responder al PP, la vicepresidenta se refirió a las armas de destrucción masiva de Irak, el accidente del Yak-42 y el 11M. Cualquier día termina citando la carta de San Pablo a los corintios. No se sabe quién asesora a Montero sobre la sesión de control, pero de esta manera no va a ganar ningún duelo parlamentario.

Todas las risas de Sánchez eran también una cuestión de pretender que ahora todo va bien. La política es también un juego de las apariencias. Por la tarde, el Gobierno recibió en cascada varias buenas noticias. Algunas se las trabajó. Otras fueron un regalo del destino.

Como había anunciado unas horas antes, Podemos votó a favor del decreto de embargo de armas a Israel sin estar muy convencido de su valor. Después, se negoció la ley de movilidad sostenible y Podemos aceptó no votar en contra con el argumento de que había conseguido que la ampliación del aeropuerto de El Prat no se contemple hasta 2031. Por otro lado, no estaba previsto que empezara antes, pero el caso es que sirvió para arrancar la abstención del partido de Belarra.

Hubo ahí un déjà vu de los que hacen gracia. La reforma laboral salió adelante gracias a un diputado del PP que se equivocó al votar desde casa donde padecía una aguda gastroenteritis. La ley de movilidad sostenible iba a salir incluso sin la abstención de Podemos gracias a que otro diputado del PP estaba de luna de miel en el extranjero. Al menos, en este caso todo ocurría por una historia de amor, lo que es mucho más romántico, y no por una explosión intestinal.

El día finalizó con otro suceso que neutralizaba la versión del PP sobre la situación de la sanidad andaluza. Apoyados en un artículo de ABC, quisieron hacer ver que no había nada nuevo, que todo lo ocurrido procedía de los lejanos tiempos en que María Jesús Montero era consejera de Sanidad. Todo eso era propaganda y Juanma Moreno lo sabía. Por eso a última hora anunció la dimisión de su consejera de Salud en lo que era propiamente un cese, el de la misma persona que dijo a las mujeres afectadas que no era para tanto, que estaban viendo el vaso “medio vacío”. Después de la hora de comer, todo fue una cascada de malas noticias para el PP.

Veremos qué tipo de Feijóo decide ser el líder del PP la próxima semana. Puede elegir entre el traje de Ayuso o el de Moreno. El de Conan el Bárbaro o el de Mary Poppins. Tendrá que elegir. No puedes ser un asesino en serie y un estadista al mismo tiempo. Lo único que está claro es que si todas sus esperanzas están puestas en que sus senadores arrinconarán y noquearán a Sánchez a finales de mes, entonces sí que va a necesitar que le animen todos sus compañeros de partido. Con las palabras de Sánchez, no será suficiente.