La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

La investigación por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y Podemos en 2016 vuelve a encontrarse con dificultades pese a las evidencias de la manipulación y su interés en atacar al partido político. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de ratificar la negativa del juez del caso, Santiago Pedraz, a imputar al comisario José Luis Olivera, quien impulsó que se abriera un caso a Urbán y a la formación política pese al disparatado testimonio que sostenía la acusación de la venta de 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Los magistrados de la Sección Tercera asumen el criterio de Pedraz de que la operación policial estaba justificada porque había un confidente que había delatado unos hechos muy graves y que luego fue a la Fiscalía Antidroga a ratificarlos.

Esa confidencia incluía que Urbán había cargado con una bolsa de 40 kilos de cocaína hasta Malasaña y después de la venta había celebrado la misma a gritos en el bar, confesando que la droga era venezolana y serviría para financiar al partido. En ese momento, Urbán era eurodiputado, pero el confidente le situaba habitualmente en las esquinas del céntrico barrio madrileño trapicheando con drogas.

Los magistrados destacan que “la declaración fue ratificada por el testigo en la comparecencia que posteriormente efectuó ante el Ministerio Fiscal, lo que constituye un obstáculo insalvable –aunque finalmente no se obtuviesen resultados de la investigación y las diligencias fuesen archivadas– para acoger la inferencia realizada [por los abogados de Podemos] que conduce a la atribución de móviles espurios” a los policías que enviaron el testimonio a Antidroga.

El montaje se produjo en plena oleada de informaciones falsas sobre Podemos, salidas del Ministerio del Interior, para debilitar a la formación que había obtenido 69 escaños en diciembre de 2015 y amenazaba con integrar un gobierno de coalición tras los comicios que se celebrarían en junio del año siguiente.

La intención última de la brigada política era acceder a las cuentas de Podemos y atribuirle financiación irregular, como ya adelantaba una nota anónima remitida a la Fiscalía Antidroga y que vinculaba la venta de droga con el blanqueo de capitales por parte de la formación política.

Los magistrados de la Sala de lo Penal dejan, sin embargo, la puerta abierta a una posible imputación de Olivera en el futuro. Los abogados de Podemos se quejaban de que se rechazara investigarlo cuando Pedraz sí ha aceptado imputar a Villarejo por su posible autoría de la nota sobre el “pitufeo” (blanqueo de capitales). Razona la representación del partido que si el juez ha solicitado documentación antes de decidir si imputa a Villarejo, Olivera debería ser investigado también por el uso que hizo de esa información falsa.

Los magistrados aseguran que su compañero Pedraz, “al ordenar la investigación del hecho, tampoco descarta que en el curso de ella puedan aparecer otros responsables”, en referencia a Olivera. “Habrá de ser en el desarrollo de la investigación donde se adopten las decisiones que correspondan en función de los resultados que se alcancen”, recogen en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es. La Sala ha corregido en el pasado otras decisiones de Pedraz, por ejemplo su negativa a investigar el montaje de la cocaína y a conceder la condición de perjudicado a Miguel Urbán.

Podemos pide la imputación del delator

El confidente Hugo Chiquero declaró el pasado viernes en la Audiencia Nacional que no recordaba nada de su delación contra Urbán. Esto ha provocado que la representación de Podemos en la causa por la guerra sucia contra el partido haya solicitado que vuelva a declarar, pero ya con la condición de investigado.

“En su comparecencia ha exhibido una supuesta falta de memoria sobre los hechos que presuntamente presenció y denunció, llegando a afirmar que 'no recuerda nada', ni siquiera si, en orden a la realización de su inicial declaración, fue o no condicionado por agentes de policía”, reza en el escrito de Podemos.

Al mismo tiempo, la representación legal del partido solicita que se oficie a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que emita un informe sobre los antecedentes penales y policiales del confidente, si los hubiera, qué otras denuncias puso ante la Policía, así como que se identifique a los funcionarios policiales que han hecho búsquedas sobre él en las bases de datos. El partido también quiere saber si a Chiquero se le pagaron con fondos reservados.

Hugo Chiquero, quien firmó en 2016 dos declaraciones responsabilizando a Miguel Urbán de la venta de 40 kilos de cocaína venezolana en un pub de Malasaña, ha declarado este viernes en la Audiencia Nacional que no recuerda nada de sus confidencias a la Policía, según fuentes presentes en la comparecencia. Chiquero ha dicho no recordar los hechos que denunció y a duras penas ha reconocido que acudió a la Policía, aunque tampoco ha acertado a ofrecer ningún detalle de su colaboración.

El 'soplón' ha comparecido como testigo en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular. En la causa está imputado el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios miembros de la brigada política del PP.

En las notas que el comisario José Luis Olivera envió a la Fiscalía Antidroga, con el objetivo de investigar a Miguel Urbán y a Podemos, aparecía una declaración de Chiquero en la que el confidente escribía a bolígrafo en los márgenes que alguien había dejado alguien previamente entre frases impresas. Chiquero ha dicho que no acertaba a ver si era su letra cuando el abogado de Podemos ha pedido que se le mostrase aunque sí ha reconocido su firma al pie.

En esa declaración, el testigo aseguraba que Miguel Urbán entró a finales de 2015 en el pub en el que él supuestamente trabajaba, el Nueva Visión de Malasaña, y que junto con el dueño subieron al piso superior y vendió a un tercero 40 kilos de cocaína. Con las ganancias habría invitado a los presentes en el bar mientras esparcía cocaína en la barra para que esnifaran todos y gritaba que la operación era para financiar a Podemos, según Chiquero.

Con ese disparatado testimonio, Olivera, que estos días se sienta en el banquillo de la operación Kitchen, impulsó una operación contra Miguel Urbán, fundador de Podemos, que pretendía llegar a las cuentas del partido durante los meses en los que la formación aspiraba a alcanzar el Gobierno en coalición con el PSOE, en 2016. En esa época, Urbán era eurodiputado de Podemos. Chiquero también le acusó de trapichear con droga por las esquinas de Malasaña.

El fiscal del caso, Vicente González Mota, ha preguntado a Hugo Chiquero sobre lo que contó a la Policía o si esta le condicionó. Él ha respondido que no se acordaba. Lo que sí recordaba es que la Fiscalía Antidroga no le coaccionó cuando fue allí a ratificar su testimonio ante la Policía.

González Mota también le ha preguntado a Chiquero si ha tenido problemas con la justicia, a lo que ha respondido que no. También ha negado que cobrara por aquella colaboración. Chiquero ha dicho que ningún policía se ha puesto en contacto con él antes de su declaración. El testigo ha comparecido por videconferencia desde Toledo.

La representación del PSOE, que ejerce la acusación popular, ha requerido a Chiquero por si sabía si Miguel Urbán era “alto o bajo” y si tenía pelo o era calvo. El testigo ha contestado negativamente: no recordaba nada de eso. En su nota informativa, Olivera trasladaba a la Fiscalía que Urbán era amigo del 'soplón' y que este llevaba una foto de él en la cartera en la que también aparecía el dueño del Nueva Visión.

El montaje de la cocaína contra Miguel Urbán es una línea de investigación dentro de la causa de la guerra sucia contra Podemos. El juez Santiago Pedraz investiga el caso obligado por la Sala de lo Penal, que corrigió su decisión de archivar las actuaciones en este sentido.

Por ahora han prestado declaración tanto el perjudicado, Miguel Urbán, como Olivera y dos de sus subordinados, que intentaron enmarcar en la normalidad su actuación por la trascendencia de los hechos denunciados por Chiquero. “Era perfectamente creíble”, llegó a afirmar ante el juez Miguel Ángel Barrado, comisario jubilado que pasó décadas en la lucha contra el narcotráfico. Por ahora, Pedraz se ha negado a imputar al cerebro del montaje, José Luis Olivera.

La maniobra policial para atribuir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, la venta de 40 kilos de cocaína en 2016 será finalmente investigada por la Audiencia Nacional. Pese a los indicios acumulados en la causa abierta por la guerra sucia a Podemos durante el Gobierno de Rajoy, el juez Santiago Pedraz no apreció delito. Ahora, la instancia superior corrige al instructor y ordena que Urbán pase a tener la condición de perjudicado, así como indagar en el montaje de la cocaína que orquestó la brigada política del PP dentro de su ofensiva para que Podemos no llegara al Gobierno.

Los jueces de la Sección Tercera aprecian en la Operación Cardenal –como se denominó a la investigación por narcotráfico a Urbán–, similitudes con otros dos operativos de la Policía contra Podemos que ya se investigan en la causa de Pedraz. Se trata de las operaciones Venus, referente al informe sobre la supuesta financiación de Podemos por Venezuela e Irán, y Bolívar, sobre el viaje a Nueva York para intentar que un ex ministro de Hugo Chávez respaldara un supuesto pago de Caracas en un documento de dudosa fiabilidad. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sala de lo Penal recuerdan que, cuando la Policía atribuyó un delito de narcotráfico a Miguel Urbán, este ejercía “funciones públicas en el Parlamento europeo en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo”.

Igualmente, los magistrados recuerdan que la operación pudo afectar a “otras personas que ejercían o ejercen en la actualidad funciones de carácter político”. Un policía antidroga está imputado por haber rastreado a Pablo Iglesias, entonces líder del partido, con el argumento de que pertenecía al “círculo más cercano” a un investigado en tráfico de drogas, en referencia a Miguel Urbán. Un senador de Podemos entonces, Josu Arrieta, también fue objeto de estas búsquedas en el marco de la Operación Cardenal. 

Los tres jueces que firman el auto ofrecen a Pedraz la opción de investigar el montaje contra Miguel Urbán en el seno de su instrucción por otras maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno el Partido Popular o, si lo considera oportuno, hacerlo en el marco de una pieza separada de esa causa. 

Una investigación de elDiario.es

La investigación formal por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán llega diez meses después de que elDiario.es revelara el plan que desarrolló el comisario José Luis Olivera a partir del disparatado relato de un confidente. Desde entonces, el fundador de Podemos solo ha encontrado dificultades para que la Audiencia Nacional aclare lo sucedido. Primero, Urbán optó por personarse en la causa que ya había abierto el juez Pedraz a partir de una querella de Podemos, sobre las maniobras de la brigada política contra el partido. El juez consideró que no había relación entre unos hechos y otros y lo rechazó. 

El segundo intento de Urbán consistió en presentar su propia querella en la Audiencia Nacional, pero otro juzgado rechazó la admisión por, entre otros motivos, basarse “en noticias de prensa”. En octubre cambió la situación. Otra vez, la Sala de lo Penal corregía a Pedraz y le ordenaba incorporar la documentación del montaje de la cocaína a su causa por las maniobras contra Podemos, así como imputar al policía que había consultado en ese marco los datos de Iglesias.

Aquella decisión motivó que, a falta de Urbán personado en la causa, Podemos pudiera solicitar diligencias sobre el montaje de la cocaína. Entre otros, declaró el máximo artífice del mismo, el comisario José Luis Olivera, quien llegó a decir que no sabía quién era Urbán cuando le llegó el soplo y que tuvo que mirar “en Wikipedia”. Uno de sus subordinados, experto en la lucha antidroga, aseguró ante el juez que el relato de un confidente acerca de que vio a Urbán, siendo eurodiputado, celebrar a gritos la venta de 40 kilos de cocaína en medio del pub Nueva Visión e invitar a esnifar a todos los presentes, era “perfectamente creíble”.

Con todo, Pedraz arruinó las expectativas del fundador de Podemos y del propio partido político cuando rechazó por segunda vez su intento de personación en la causa. En un auto del pasado enero, el juez negó la existencia de un “montaje policial” porque hubo una declaración de un confidente y no hay pruebas de que los policías que la tomaron engañaran después a la Fiscalía Antidroga para iniciar las pesquisas. 

El juez ya tenía en su poder las diligencias de Antidroga, abiertas a partir de los informes que Olivera enviaba sobre el relato del confidente. Durante los meses que transcurrieron entre las elecciones de diciembre de 2015 –con un resultado récord para Podemos– y las de junio de 2016, Olivera consiguió que Antidroga implicara a la unidad antidroga de la Policía, a la que investiga los delitos económicos, y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. 

Se trataba de encontrar cualquier excusa en la actividad de Urbán para dar el salto a las cuentas de Podemos. Para ello, los policías aportaron un informe apócrifo, cuya autoría apunta al comisario Villarejo, sobre financiación de blanqueo de capitales en el partido por medio de pequeñas cantidades a través del método del “pitufeo”. Villarejo está siendo juzgado estos días por el caso Dina, la difusión de una copia del teléfono de una colaboradora de Iglesias, robado con anterioridad. Por su parte, el comisario Olivera se sentará en el banquillo del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Bárcenas, a partir del próximo 6 de abril, junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros.

Una grabación de audio de más de una hora de duración contiene el primer indicio de la participación del último presidente del Gobierno del Partido Popular en las maniobras parapoliciales contra Podemos. En el audio, según se publicó en 2019, un mando de la brigada política le dice a un exministro de Hugo Chávez que su oferta para que colabore tiene el aval del jefe del Ejecutivo entonces, Mariano Rajoy. Otro de los comisarios que estaban presentes en esa reunión, José Manuel García Catalán, declaró en diciembre de 2024 como testigo en la Audiencia Nacional y aseguró, según el vídeo de la declaración que hoy reproduce elDiario.es, que él no oyó esa relevante afirmación de su compañero porque había ido “al servicio” en ese momento.

El viaje de los tres mandos a Nueva York es objeto de la investigación que se sigue en el Juzgado de Santiago Pedraz contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos integrantes de la brigada política del PP. Uno de los participantes en la reunión, José Ángel Fuentes Gago, ya está imputado en la causa. De los otros dos, el entonces jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, y una subinspectora que les acompaña, Podemos acaba de solicitar su imputación, antes de que prescriban los presuntos delitos que cometieron. 

El juzgado de Pedraz trata de esclarecer las maniobras policiales contra Podemos, principalmente en el primer semestre de 2016, cuando el partido tenía posibilidades de llegar al Gobierno y las investigaciones prospectivas y presuntamente ilegales contra la formación política se dispararon desde el Ministerio del Interior. La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

Aquella reunión dejó una pista de relevancia que provocaron los propios policías al grabar subrepticiamente el encuentro. En 2019, moncloa.com reprodujo un extracto en el que Fuentes Gago trata de convencer a Isea de que haga una declaración formal, a la que en principio se había opuesto, y para ello asegura que él acude a la reunión con “un mandato” de Rajoy para que Podemos no llegue al Gobierno. Sus palabras están reflejadas en el audio completo que se ha incorporado a la causa de la guerra sucia contra el partido, pero aun así, el entonces jefe interino de la UDEF, García Catalán, declaró ante el juez que él no había oído eso y que la tercera de la Policía en la reunión, una agente a sus órdenes, le explicó después que esa afirmación se había hecho cuando él estaba en el baño.

García Catalán se enfrenta ahora a la posibilidad de cambiar su condición de testigo a investigado. En su declaración de testigo, con obligación de decir verdad, el ex jefe de la UDEF pronunció más de veinte veces la expresión “no lo recuerdo”. Alegaba que han pasado diez años de la reunión, pero al tiempo afirmó que podía recordar “con precisión” que el exministro Isea confirmó que la firma que aparecía en “una fotocopia” que le mostraron de una supuesta orden de pago de Hugo Chávez a una fundación de politólogos que años después fundarían Podemos era la suya.

En ese momento, el abogado de Podemos empieza a preguntarle por matices que cambian mucho esa afirmación de Isea. El exministro venezolano, según recoge la grabación, advierte que él no pudo estamparla porque no estaba físicamente en Caracas en ese momento, que sería un sello. También dijo que le extrañaba mucho que apareciera el segundo apellido de Hugo Chávez Frías cuando nunca se recogía en los “puntos de cuenta” ni en ningún otro documento oficial.

Isea expresó sus dudas de que se autorizara un pago en 2008 para años siguientes, práctica que no solía producirse y, finalmente, dejó claro a los policías que no tenía ningún conocimiento de que esos pagos hubieran llegado a realizarse. A todas estas afirmaciones de Isea, por las que pregunta durante su declaración el abogado de Podemos, el ex jefe de la UDEF contesta de la misma manera: “No lo recuerdo”.

García Catalán reconoció durante su declaración como testigo que hubo dos reuniones con Isea en días consecutivos y que finalmente, el exministro venezolano se avino a prestar declaración, siempre con la promesa de que las autoridades españolas le conferirían la condición de testigo protegido y que acogerían a su familia en España, principal preocupación de Isea.

La reunión de los policías españoles con Isea tuvo lugar en el Consulado español el 12 de abril de 2016. El encuentro en el Consulado se produjo después de que el diario Abc publicara el presunto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Caracas a CEPS. El informe que elabora García Catalán y su subordinada, a partir de la entrevista con Isea, es reproducido por ABC en portada el 13 de mayo siguiente, un mes después. Isea, que aspiraba a vivir con su familia en España, se consideró traicionado. No volvió a saber nada de los policías que le visitaron. Solo un cargo del Ministerio del Interior se puso en contacto posteriormente con él, pero no cumplió sus promesas para con él y su familia.

Durante el encuentro, Isea y su abogado están preocupados por las consecuencias de su colaboración con la Policía española. Isea explica que su madre y otros familiares siguen viviendo en Venezuela y que el régimen les acosa. Los policías españoles se afanan en convencer a Isea de que no tiene de qué preocuparse y de que la filtración del documento sobre los pagos a CEPS no ha procedido del Ministerio del Interior español. Los hechos les desmentirán poco después. 

Los policías españoles han fijado un supuesto delito fiscal cometido al menos ocho años antes porque sus posibles autores son una amenaza para el Partido Popular. Pero durante la conversación con Isea intentan hacer creer que están conjurados contra la corrupción y que investigan a todos los partidos por igual. El informe PISA se había encallado en los tribunales cuando se produce la reunión y alguna otra operación secreta, como el montaje de la cocaína a Miguel Urbán, no termina de dar resultados. Así que la opción es atribuir delitos fiscales a los líderes de Podemos. 

“A nosotros todo eso nos da igual: si el documento es bueno, si es malo, si es que la gente, mis compañeros que están aquí, ellos trabajan sobre otras realidades (…) Si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado y han cometido unos delitos es lo único que nos vale a nosotros… Si el documento es bueno o malo… ¡Si es que ellos no lo han negado!”, afirma Fuentes Gago. 

El montaje policial para atribuir a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína con los que financiar a Podemos tiene ya dos episodios rocambolescos. El primero, el propio relato del confidente que utilizó la Policía en 2016 para investigar al fundador del partido, con la intención de llegar a una supuesta financiación irregular del mismo. El segundo tiene lugar a día de hoy, con las explicaciones que dan en la Audiencia Nacional los policías implicados, con las que intentan justificar aquella operación. El pasado 27 de enero, un comisario de la Policía Nacional aseguró ante el juez Santiago Pedraz que la historia de un eurodiputado de Podemos en ese momento, Miguel Urbán, trasladando a pulso 40 kilos de cocaína a un pub de Malasaña, vendiendo la droga y celebrándolo a voces mientras invitaba a desconocidos a cocaína, fue “perfectamente creíble”.

elDiario.es ha tenido acceso a la declaración del comisario jubilado Miguel Ángel Barrado, un histórico de las unidades contra el narcotráfico de la Policía que en el momento de los hechos estaba destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). De ese organismo, que no tiene funciones operativas, salieron las notas policiales que obligaron a la Fiscalía Antidroga a abrir unas diligencias de investigación secretas sobre el supuesto narcotraficante Miguel Urbán. Barrado supervisó esas notas, según declaró su entonces jefe, el comisario que las firmó, José Luis Olivera. A raíz de la declaración de Olivera, Miguel Ángel Barrado fue citado como testigo.

Durante la comparecencia del policía, el abogado de Podemos le preguntó si antes de poner una información en conocimiento de la Fiscalía no establecían algún tipo de “filtro”, habida cuenta de lo inverosímil del relato sobre Urbán. “No, pero le puedo decir que era perfectamente creíble”, contestó. Pedraz intentó que el comisario no se prodigara en su explicación, pero ante la insistencia del letrado y el ofrecimiento del testigo, el juez dejó que continuara. “Mire usted, el inspector jefe originario de esta información, el primero, que no está aquí, es un funcionario altamente cualificado en el tratamiento de fuentes y captación de las mismas. Es un funcionario que ha hecho muchísimos servicios por este procedimiento en la Comisaría General. Lo que me viniera de él era altamente creíble. Luego, el contenido de la información, pues sí, perfectamente creíble”, afirmó el comisario.

Según este experto comisario, que Urbán compatibilizara su labor de eurodiputado con el menudeo de droga por las esquinas de Malasaña, como afirmó Hugo Ch., el confidente, era verosímil porque el mando policial al que se lo había contado el soplón tenía mucha experiencia. Cuando otra abogada le vuelve a preguntar por el hecho de que Urbán traficara con droga, Barrado remata: “Mire, yo me he tirado 25 años en la Brigada Central de Estupefacientes y sé lo que hace la droga. La droga lo contamina todo”.

El juez Pedraz acaba de negarse a imputar a José Luis Olivera, el entonces director del CITCO y artífice del montaje contra Urbán y Podemos. Pedraz considera que el testimonio del confidente justifica por sí solo la investigación secreta Urbán, a la que los agentes incorporaron una “nota de inteligencia” anónima sobre blanqueo de capitales en Podemos cuya autoría apunta al comisario Villarejo.

En el mismo auto en el que rechaza la imputación de Olivera, Pedraz abre la puerta a investigar a Villarejo y ni siquiera contesta a la solicitud de imputación de Miguel Ángel Barrado y de otro miembro del CITCO que también declaró como testigo el 27 de enero. Ese otro policía es el inspector jefe Federico Millán Maricalva. Él es el redactor de las notas que el CITCO envió sobre Urbán a la Fiscalía Antidroga, supervisadas por Barrado y enviadas por Olivera.

El testimonio de Millán Maricalva consistió en asegurar que a él le llega la información del confidente por un compañero de la Comisaría General de Policía Judicial, con el que había coincidido en el pasado. Ese mando –el funcionario “altamente cualificado”, según lo describe Barrado– decidió que el CITCO era el lugar indicado para enviar el testimonio de su colaborador. No hay explicación de por qué no investigó él las confidencias de su chivato, por qué no lo remitió a una unidad antidroga o por qué no lo hicieron sus superiores de acuerdo a los procedimientos reglados.

El inspector jefe Millán Maricalva presentó un relato en la Audiencia Nacional según el cual él mismo llegó a viajar a una reunión con el confidente a Talavera de la Reina (Toledo), pero solo en funciones de “observador”. Se quedó, dijo, en una mesa distinta del bar donde se produjo la reunión entre varios miembros de la Comisaría Judicial de Policía Judicial y Hugo Ch, el chivato. Ante la incredulidad de la acusación popular, el inspector jefe reconoció que habló con él un momento. La breve conversación, añadió, versó sobre “auriculares” [vídeo de la declaración a continuación]“.

Desde que arrancó la causa de la guerra sucia a Podemos se han sucedido en el juzgado de Pedraz continuas contradicciones entre los distintos policías que han sido llamados a declarar. El pasado 27 de enero se produjo una más. El tercer testigo fue un mando de la Policía antidroga, jefe del agente que está imputado por rastrear a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al “círculo más próximo” de Miguel Urbán, investigado por tráfico de drogas.

Este inspector jefe negó que diera instrucciones a su subordinado de rastrear a Iglesias y justificó que lo hiciera dentro de la praxis policial. El inspector jefe aseguró que el CITCO, el órgano desde el que salió hacia la Fiscalía el montaje contra Urbán, no trabaja con “fuentes”. La afirmación choca frontalmente con la que realizó el que fuera su director, José Luis Olivera, por el momento testigo en la causa de la guerra sucia a Podemos y que se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con fondos reservados. Olivera intentó justificar su actuación asegurando que el CITCO contaba con “multitud de fuentes”. La Fiscalía Antidroga terminó por archivar la investigación porque no había un solo indicio de delito, antes de que los policías lograran su objetivo de dar el salto de sus pesquisas hasta Podemos, por entonces aspirante a integrar el Gobierno de la Nación.

El magistrado Santiago Pedraz ha vuelto a rechazar que Miguel Urbán pase a ostentar la condición de perjudicado en la causa que se sigue en su juzgado por las maniobras policiales contra Podemos durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pese a los indicios recabados durante la instrucción, Pedraz concluye que la investigación contra Urbán por haber vendido supuestamente 40 kilos de cocaína en un bar de Malasaña no fue “un montaje policial”.

Urbán fue investigado en 2016 durante meses, mientras era eurodiputado, a partir del disparatado relato de un confidente. El colaborador policial aseguraba haberle visto intercambiar los 40 kilos de cocaína, que cargaba a pulso en una bolsa, por billetes para financiar a Podemos. El relato incluía que Urbán celebró a gritos la transacción mientras reconocía que era cocaína de Venezuela para financiar al partido y volcaba una bolsa encima de la barra del bar para que todos los clientes esnifaran. 

De un modo que aún se investiga, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en ese momento, José Luis Olivera, obtuvo el testimonio del confidente, supuestamente espontáneo, y comenzó a enviar escritos a la Fiscalía Antidroga para que esta abriera una investigación. Urbán era en ese momento miembro del Parlamento europeo y el confidente aseguraba que le veía trapichear por las esquinas de Malasaña. 

Con la excusa de la investigación a Urbán, la Policía empezó a apuntar a la supuesta financiación ilegal de Podemos en sus informes a la Fiscalía, tal y como reveló elDiario.es. En la investigación se implicaron las unidades antidroga y anticorrupción del Cuerpo y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. Las pesquisas se realizaron en secreto en medio de una cascada de informaciones policiales sobre Podemos que se han demostrado falsas y que publicaban medios afines al Partido Popular. 

Los hechos ocurrieron durante el semestre entre las elecciones de diciembre de 2015 y las siguientes, de junio de 2016, cuando Podemos apuntaba a gobernar en coalición con el PSOE. Antes de que la brigada política, a la que pertenecía Olivera, pudiera dar el salto de Urbán a Podemos, el fiscal jefe Antidroga decidió cerrar el caso. “No se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”, escribió José Ramón Noreña en el decreto de archivo.

En el auto por el que rechaza considerar perjudicado a Miguel Urbán, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Pedraz afirma que “no hay base alguna para concluir un montaje policial”. “La Fiscalía Antidroga inicia, por obvio, la investigación en base a recibir la noticia criminis en la que aparece implicado el señor Urbán”, asegura el juez en referencia al testimonio del confidente. 

Pedraz continúa: “Tras la práctica de diligencias concluye que no se acredita el delito y archiva al considerar que no existen indicios suficientes. Con ello, no puede decirse que la investigación policial se hiciera sin marco, pues estaba amparada por la Fiscalía; sin que además se aporte indicio alguno de que la misma fuera engañada”.

Santiago Pedraz se opone a considerar a Urbán, siquiera indiciariamente, víctima de “un montaje policial”. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adopta esta decisión por segunda vez. En las dos ocasiones lo ha hecho en contra de la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que aprecia intereses espurios en la maniobra policial. 

El fiscal informa a favor de considerar víctima a Urbán

El fiscal del caso, Vicente González Mota, considera que en el caso de Urbán y la Operación Cardenal se produjo “una investigación policial de personas aforadas sin marco para realizarla”, tal y como ocurrió con otras dos operaciones que sí son objeto de la investigación de Pedraz, denominadas Venus y Bolívar y que afectaron, entre otros, a Pablo Iglesias. 

Pedraz firmó el auto en el que rechaza considerar “perjudicado” a Urbán el pasado 23 de enero, dos días después de escuchar en declaración el testimonio del fundador de Podemos. Este martes, pese a haber decidido que no hay ‘caso Urbán’, Pedraz cumplió con el trámite de tomar declaración como testigos a dos mandos policiales a los que José Luis Olivera implicó en la investigación al entonces eurodiputado. 

La postura del juez supone dar por válidas las explicaciones del propio Olivera, quien intentó defender en el juzgado que nunca valora las informaciones que recibe, por muy disparatadas que fueran. El comisario, ya jubilado, tampoco convenció a las acusaciones de que un órgano como el CITCO, de inteligencia y coordinación entre cuerpos y sin competencias operativas, se encargara de gestionar la confesión de un confidente. Sus subordinados contribuyeron este martes a aumentar el cúmulo de confusas explicaciones recabadas hasta ahora por el juez. 

La Sala de lo Penal ya obligó a Pedraz a volver a imputar a otro policía que consultó las bases de datos para rastrear a Pablo Iglesias con la excusa de que pertenecía al círculo de un investigado por narcotráfico, Miguel Urbán. En aquel auto, la instancia superior a Pedraz obligó al magistrado a dar un impulso a la investigación acordando una batería de diligencias solicitadas por los abogados de Podemos. 

Pedraz admitió a trámite en febrero de 2024 una querella de Podemos contra la cúpula de Interior de Rajoy y varios mandos policiales por las maniobras contra la formación política. Desde ese momento, el juez ha delimitado la investigación a las tretas contra políticos aforados del partido. 

Los testimonios recabados en sede judicial y la documentación obtenida por Asuntos Internos ha permitido ir desgranando la estrategia político-policial contra el partido de Pablo Iglesias, pero el juez ha rechazado imputaciones y solicitudes de investigación de forma recurrente. A partir de una información de elDiario.es, la acusación particular y el propio Urbán han intentado sin éxito que el invento contra el fundador del partido sea una pieza más de la investigación de la guerra sucia contra Podemos. 

Las agendas del comisario Villarejo apuntan a la participación del policía en el montaje que atribuyó a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos. La Policía envió a la Fiscalía Antidroga varios documentos, entre ellos una nota anónima en la que se describe el supuesto blanqueo de dinero negro en pequeñas cantidades, actividad que también atribuyen a Urbán. Ese informe coincide en el tiempo con los comentarios que escribe en su agenda Villarejo aludiendo a una “nota de pitufeo” que él mismo ha escrito.

Los cuadernos incautados a Villarejo incluyen cuatro alusiones sobre las notas de supuesto blanqueo de Podemos que el comisario elaboró. Las anotaciones se ubican entre el 23 de febrero de 2015 y el 29 de marzo de 2016. El montaje contra Urbán arrancó en enero de 2016, pero las agendas del comisario revelan que el Gobierno del Partido Popular lanzó a la brigada política contra la formación de izquierdas desde prácticamente su creación, en 2014.

Con las notas anónimas de la Policía contra Miguel Urbán, el Ministerio Público abrió en enero de 2016 unas diligencias secretas que consiguieron el propósito de Olivera, amparar mandamientos a unidades antidroga y antiblanqueo de la Policía y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Economía. Ni Villarejo ni Olivera están imputados en la causa de la guerra sucia a Podemos que se sigue en la Audiencia Nacional. 

23 de febrero de 2015. “El ministro pide un borrador sobre Podemos”

La Fiscalía Anticorrupción ha dado credibilidad a las agendas de Villarejo en toda la macrocausa Tándem. Su incautación se produjo sorpresivamente, en una segunda fase de la operación contra el policía, y en ellas se constata que eran apuntes espontáneos del investigado sobre sus contactos profesionales y también sobre su vida privada. 

El 23 de febrero de 2015, Villarejo anota su conversación con José Luis Olivera: “Dice que habló muy positivamente con el ministro sobre los temas realizados. Dice que nos pide que hagamos un borrador sobre Podemos”. En esta conversación se implica al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las maniobras contra el partido de la oposición. Fernández Díaz no está imputado en la causa por la guerra sucia a Podemos porque, aunque el partido lo incluyó en la querella que originó el caso, el juez Santiago Pedraz consideró que no había indicios suficientes contra él. 

9 de febrero de 2016: “Oli dice que mi nota de pitufeo tiene errores”

El 21 de enero de 2016, el comisario José Luis Olivera, al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) dejó a un lado sus funciones de coordinación entre servicios de Información y envió a la Fiscalía Antidroga el relato de “una fuente conocida por el Centro” que señalaba a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña.

No habían transcurrido tres semanas desde el primer movimiento de la maniobra contra Urbán cuando Villarejo anota en su diario el contenido de una llamada que ha mantenido con Oli, el comisario Olivera. Es 9 de febrero de 2016. “Propone dar datos de POD a los cesis, poco a poco. Dice que mi nota de pitufeo tiene errores”. Villarejo utiliza “POD” para referirse a Podemos. Con los “cesis” podría aludir a los agentes del CNI. 

La Policía envió a la Fiscalía Antidroga, en primer lugar, el relato de un confidente sobre la caricaturesca venta de la droga. Con posterioridad, Olivera remite otra nota que da un impulso al caso. Se trata de una fuente anónima asegura que Urbán “habría transferido durante 2015 cantidades muy significativas, conducta que podría ser extrapolable al resto de miembros de Podemos”. Villarejo nunca firmaba sus “notas informativas”.

Las donaciones que especifica la fuente anónima son las siguientes: 2.000 euros al comité de huelga de técnicos de Movistar, otra a la asociación Debates y Solidaridad, y tres a Podemos, de 2.000 euros cada una. “Para eso no había hecho falta entrar en mis cuentas. Todas esas donaciones eran públicas y se podían consultar en la web de Podemos”, explica Miguel Urbán. 

El 12 de enero de 2016, dos medios de la derecha habían publicado el contenido de un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), dando el pistoletazo de salida a un semestre extraordinario por la cascada de informaciones falsas sobre Podemos. En diciembre, la formación liderada entonces por Iglesias había obtenido 69 escaños, un acontecimiento inédito para un partido a la izquierda del PSOE. La divulgación del pseudo informe PISA coincidió con el inicio de los contactos para la posible formación de un gobierno progresista. 

16 de febrero de 2016. “Datos de pitufeo dados a Chisco”

El 16 de febrero aparece la segunda anotación en las agendas que alude a los trabajos de Villarejo contra Podemos. Esta vez parece que se trata de anotaciones sobre un encuentro con su amigo Olivera. Se trata de dos comisarios en activo, destinados en la cúpula de la seguridad del Estado, hablando de “organizar gastos de oficina”. Olivera le ha informado de algo. Villarejo escribe: “Datos de pitufeo dados a Chisco”. 

El pitufeo es una práctica de blanqueo de dinero negro que consiste en fraccionarlo en pequeñas cantidades para introducirlas en el mercado legal sin que llame la atención de las autoridades. Quien recibe los datos del supuesto “pitufeo” de Podemos es el número dos del Ministerio del Interior en ese momento, Francisco Martínez, principal investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra el partido de Pablo Iglesias. 

La fecha de esta nota coincide con el principal logro de la maniobra de Olivera, poner el engranaje policial al servicio de una mentira. El 28 de enero y el 6, 12 y 15 de febrero, los policías de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) realizan vigilancias en el bar Nueva Visión y, sin llegar a entrar, escriben que hay gente que entra al bar y sale tras “un corto espacio de tiempo”. “Se puede inferir que el mismo se dedica a la venta a menor escala de sustancia estupefaciente cocaína”, añaden en sus informes entregados a Fiscalía. El motivo de ese trasiego lo explicó Johnny, el dueño del bar a elDiario.es: “Dábamos chupitos a un pavo”.

29 de marzo de 2016. “Boni no se fía de una carta de Chávez para Podemos”

La operación contra Podemos se extendió por la cúpula policial. Una vez inmersa la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), su jefe, el comisario José Manuel García Catalán, remitió el 1 de marzo otro informe a Antidroga sobre Urbán. Recoge sus donaciones a “proyectos sociales” y comienza a especular: “Puede concluirse que Miguel Urbán tiene gastos superiores a sus ingresos y, por tanto, podría tener una fuente de financiación no declarada”. 

“Si atendemos a las diferentes investigaciones policiales y judiciales realizadas a diferentes partidos políticos –continúa García Catalán–, podríamos encontrarnos ante una posible financiación irregular de forma que sus miembros realizan donaciones en nombre propio, recibiendo la cantidad donada en b por el partido, dinero obtenido por este irregularmente”. García Catalán ha declarado en la causa de la Audiencia Nacional como testigo por su viaje a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Chávez. 

El 29 de marzo de ese mismo mes, Villarejo anota en su agenda una conversación con otro miembro de la brigada política, este sí imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de Bonifacio Díez Sevillano. “Boni me pregunta por Aliste. Dice que no se fía de una carta que le ha traído de Chávez para Podemos. Alega que tiene 2 clientes venezolanos por blanqueo”.

¿Y quién es Aliste? En febrero de 2025, elDiario.es accedió a siete informes alojados en bases de datos de la Policía en los que el abogado José Aliste muestra su colaboración en la guerra sucia contra Podemos. Aliste es un letrado con antecedentes por estafa que tuvo como clientes a antiguos jerarcas venezolanos residentes en España y que responden por varios delitos graves. Aliste llegó a escribir en los informes que registró la Policía que Chávez había entregado a Podemos 30 millones de dólares.

El fundador de Podemos y militante de Anticapitalistas Miguel Urbán ha declarado este miércoles como testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las maniobras policialles contra Podemos durante el último Gobierno del PP. Urbán ha negado todas las acusaciones que orquestó la cúpula de la Policía de la época sobre su supuesta implicación en una venta de 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos. “Nunca he estado en el Nueva Visión”, ha dicho sobre el pub donde se organizó la transacción, según el testimonio de un confidente que fue utilizado para investigar a Urbán durante meses.

Uno de los principales mandos de la Policía con el PP, José Luis Olivera, remitió el delirante relato del confidente a la Fiscalía Antidroga en 2016 para que esta abriera unas diligencias previas y secretas que albergaran una investigación a todos los niveles a Urbán, con la intención después de dar el salto a Podemos. El montaje de la cocaína arrancó en enero, en los inicios del semestre que concentró las principales maniobras de la brigada política contra Podemos. El partido había obtenido un resultado inédito para una formación a la izquierda del PSOE el mes anterior, en diciembre de 2015, y en los comicios de junio de 2016 aspiraban a alcanzar el Gobierno.

El invento contra Urbán y Podemos hablaba del fundador del partido cargando 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela, vendiéndola en el piso del dueño del Nueva Visión, situado en el piso superior, en Malasaña, y celebrando la transacción a gritos, volcando cocaína en la barra. Todo mientras Urbán era eurodiputado de Podemos. Ante el juez Santiago Pedraz, el fundador del partido ha negado haber entrado en el Nueva Visión, conocer al dueño del bar ni al confidente que le señaló.

Un policía de la unidad antidroga, implicada en las investigaciones a Urbán, declaró que introdujo el nombre de Pablo Iglesias en las bases de datos restringidas con el argumento de que el anterior estaba investigado por narcotráfico y siempre se indaga en su entorno. La abogada del policía, que está imputado, ha preguntado este miércoles a Urbán si ejercía de portavoz de Podemos y de Pablo Iglesias. El militante de Anticapitalistas ha respondido que de Podemos sí pero que nunca hablaba por voz de Pablo Iglesias. Ha añadido que, en ocasiones, lo hacía “en contra” del entonces líder del partido. Con los años, Anticapitalistas abandonaría Podemos por la decisión del partido de integrar el Gobierno de coalición con el PSOE.

De otro lado, Urbán ha tenido que explicar que nunca ha estado en Venezuela o que trate con los Ángeles del Infierno, una organización criminal conocida por su relación con las motos. Según el confidente, el comprador de la droga pertenecía a ese grupo. Cuando la abogada del policía antidroga le ha preguntado si conocía a los Ángeles del Infierno, Urbán ha respondido que por la prensa y que sabe que son “de ultraderecha”. La letrada ha dicho que en las diligencias previas se le relacionó con ellos. El militante de Anticapitalistas ha respondido, incrédulo, con otra pregunta: “¿Porque me habían amenazado?”.

El comisario jubilado José Luis Olivera declaró como testigo el pasado 24 de noviembre en la Audiencia Nacional por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y Podemos en 2016. Durante su comparecencia, Olivera intentó justificar que el órgano de coordinación que él dirigía, sin competencias operativas, recibiera de no sabe quién una información sobre un político aforado y decidiera trasladarlo a la Fiscalía Antidroga, sin valorar que la historia revestía todos los ingredientes de una patraña. También dijo que no sabía que la persona a quien acusaba un supuesto confidente de vender 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña era cofundador de Podemos y eurodiputado. “Tuve que entrar en fuentes públicas, en Wikipedia, para saber quién era”, afirmó ante el juez.

elDiario.es ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Olivera, que se prolonga durante más de una hora. Las preguntas del fiscal, Vicente González Mota, evidencian las dificultades del representante Ministerio Público para creer la versión del comisario, que intenta enmarcar en todo momento su actuación, y la de sus subordinados, en casi un trámite rutinario.

Olivera repitió que a él, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le vino todo dado. Su historia se resume en que un policía sin identificar decide saltarse los cauces de relación entre unidades y le da a un amigo suyo, que trabaja en el CITCO, una información sobre la supuesta venta de droga por un destacado responsable de Podemos. Los subordinados de Olivera redactan una nota informativa, que no firman, acompañada del testimonio de un confidente. Según la versión del exdirector del CITCO, él se habría limitado a firmar los escritos que envió a la Fiscalía Antidroga. “¿Qué hago? ¿Lo rompo? ¿Lo tiro a la papelera? ¿Me llega el papel y no se lo doy a la Fiscalía?”, intentó justificarse ante el juez Santiago Pedraz. 

Un semestre de furia en las cloacas

El montaje de la cocaína arrancó en enero de 2016, en los inicios del semestre que concentró las principales maniobras de la brigada política contra Podemos. El partido había obtenido un resultado inédito para una formación a la izquierda del PSOE el mes anterior, en diciembre de 2015. Hasta junio, Podemos soñó con superar al PSOE y alcanzar triunfante la Moncloa. Los resultados de los comicios de invierno de 2015 y algunas proyecciones demoscópicas espoleaban esa aspiración. Fueron en esos meses cuando los resortes del Ministerio del Interior controlado por el PP se emplearon a fondo para evitarlo. 

José Luis Olivera es un personaje relevante en la historia reciente de la cloaca policial, la que fue heredada del franquismo o creció en la transición. De gran proyección durante la etapa del PSOE –fue el primer jefe de la UDEF y responsable de casos como Malaya o Gürtel–, el cambio de Gobierno y la llegada de Mariano Rajoy apenas hicieron mella en su carrera. Pegado a la cúpula del Ministerio, Olivera participó en las tres grandes maniobras de la Policía contra la oposición democrática durante el Gobierno de Rajoy: protagonizó el primer episodio conocido de la operación Cataluña, se sentará en el banquillo por la operación Kitchen y su rastro reaparece en las maniobras contra Podemos, incluido el montaje de la cocaína contra Urbán. 

El extracto que reproduce a continuación elDiario.es permite escuchar en boca de su principal protagonista la maniobra para sostener una investigación a Miguel Urbán y extenderla a Podemos y una supuesta financiación irregular. El comisario se presenta como un mero vehículo, accidental por el puesto que ocupaba, para investigar la historia supuestamente inventada por un confidente. 

Urbán fue investigado durante meses por unidades especializadas anticorrupción, contra el tráfico de estupefacientes, la Fiscalía Antidroga y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. El órgano que abrió diligencias, la Fiscalía Antidroga tuvo que cerrar sus diligencias ante la inexistencia del más mínimo indicio de delito. Los policías no llegaron donde pretendían y, a diferencia de otras maniobras contra Podemos, el Ministerio del Interior no filtró el montaje a la prensa afín.

José Luis Olivera acudió a la Audiencia Nacional como testigo a petición de Podemos, que ejerce la acusación particular junto a Pablo Iglesias. El PSOE actúa como acusación popular y había pedido que se imputara al policía, pero Pedraz no se enteró de la solicitud y ordenó continuar la declaración de Olivera en calidad de testigo. El comisario jubilado no podía negarse a responder. Hay episodios de la maniobra que dijo no recordar, pero de otros habló con detalle. Por ejemplo, dio el nombre del pub de Malasaña donde se habría producido la transacción de droga –Nueva Visión, cerrado desde la pandemia– o el nombre y el apodo de su dueño –Felipe, Johnny en el barrio–. 

Nuevos señalados y la sombra de Villarejo

Entre los datos que Olivera llevaba preparados figuran los números de carnet profesional de los dos subordinados que asegura que manejaron la información sobre el falso tráfico de drogas. Un inspector jefe, al que otro policía le habría regalado el soplo, y el comisario que tenía por encima y que estaba a las órdenes directas de Olivera. Ambos declararán como testigos el 22 de enero. El día antes lo hará la principal víctima del montaje, Miguel Urbán.  

El testimonio de Olivera salpica a otros habituales de la guerra sucia que investiga el juzgado de Pedraz. El comisario explicó que su jefe directo era el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, imputado en la causa de las maniobras contra Podemos, y que no recordaba bien, pero que lo lógico es que le hubiera comentado la investigación contra Urbán. 

Por otra parte, en la agenda incautada al comisario Villarejo aparecían alusiones a la confección por su parte de notas informativas sobre el “pitufeo” de Podemos. Una nota sin firmar que acusa al partido de utilizar ese método para blanquear a través de pequeñas cantidades fue remitida por Olivera a la Fiscalía Antidroga como un intento de extender la investigación desde Urbán al partido. “Con el señor Villarejo probablemente comentaría algo porque tenía fuentes, muchas fuentes, pero muchísimas fuentes en muchos sitios y de muchos temas”, afirmó en el juzgado Olivera a preguntas del abogado de Podemos.

Entre las preguntas del fiscal y las de las acusaciones van surgiendo las contradicciones en el testimonio de Olivera. En primer lugar, el comisario jubilado retuerce el Real Decreto de creación del CITCO para justificar la actuación con Urbán en el marco de sus competencias. Sin embargo, el CITCO es la evolución de un órgano que se creó a raíz del 11-M para evitar las duplicidades de investigaciones entre cuerpos policiales y que si dos servicios de Información están siguiendo un mismo objetivo salte una alarma y dirimir en su seno de quién es la competencia. 

Cuando el Real Decreto dice que debe “recibir, integrar y analizar informaciones” no se refiere a chivatazos disparatados de tráfico de drogas por parte de políticos en activo sino a aquellos que “sean relevantes o necesarios para la elaboración de la inteligencia criminal estratégica y de prospectiva” en relación con el terrorismo y el crimen organizado. 

Como reconoce el propio Olivera, el CITCO no tiene policías o guardias civiles en la calle trabajando con fuentes y pagando confidentes, ni un policía le debe decir a un amigo que tiene allí que se ha enterado de que Miguel Urbán trafica con drogas. El procedimiento de incorporación por las unidades operativas de la información que tienen a las bases de datos del CITCO está perfectamente tasado.

Olivera respondió al fiscal que no sabía quién era Miguel Urbán cuando recibió la primera información sobre su supuesta información en el tráfico de drogas. Pero llegado el turno del abogado de Iglesias, este le recordó que para cuando había dicho que miró en Wikipedia una nota en su poder, de fecha anterior, ya indicaba que era europarlamentario. Fue entonces cuando Olivera modificó su versión y dijo que lo que hizo fue confirmar en Internet la identidad del político.

En la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional están imputados, por ahora, el ex secretario de Estado de Seguridad Martínez y un grupo de mandos que integraron la brigada política del PP, en este caso contra Podemos, así como el inspector jefe Antidroga que rastreó a Pablo Iglesias con la justificación de que integraba el “círculo más cercano” del investigado por narcotráfico Miguel Urbán. Un exsenador de Podemos que militó en ETA durante el franquismo también fue rastreado con la misma excusa. 

Los testimonios y documentos recabados durante la instrucción, que arrancó en febrero de 2024, anticipan nuevas imputaciones en el ecosistema político y policial de la cloaca del Partido Popular. 

La escena tuvo lugar el pasado 3 de julio y ha permanecido inédita hasta ahora. En la Audiencia Nacional declara un inspector jefe de la Policía antidroga porque su clave figura en una búsqueda sobre Pablo Iglesias en marzo de 2016, en plena furia de la brigada política contra Podemos para evitar que alcance el Gobierno. El mando asegura que introdujo el nombre de Iglesias porque se estaba investigando a otro fundador de Podemos, Miguel Urbán, en un caso de narcotráfico –un burdo montaje cuyos detalles ofreció elDiario.es– y que “siempre” indaga en “el entorno más cercano” de los sospechosos. Es entonces cuando el fiscal del caso, Vicente González Mota, le pregunta si se actuó igual cuando el caso Gürtel. “¿Se investigó la ficha policial de don Mariano Rajoy?”. “Lo desconozco”, contesta el policía.

El vídeo de la declaración, que hoy reproduce elDiario.es, condensa en apenas unos segundos el espíritu de las maniobras policiales contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, ya fueran independentistas catalanes o miembros de Podemos. Los mandos policiales intentan enmarcarlas en la normalidad de su trabajo de investigación y niegan cualquier consigna política, pero los hechos les desmienten. En el primer semestre de 2016, entre las elecciones del diciembre anterior y las de junio de ese año, se concentraron la mayoría de informaciones periodísticas falsas sobre Podemos que recogían informes policiales sin firma, sello ni fundamento. 

Una de esas maniobras recibió el nombre de Operación Cardenal. A partir del supuesto testimonio de un confidente, uno de los miembros de la brigada política al servicio del Partido Popular, el comisario José Luis Olivera, convenció a la Fiscalía Antidroga de abrir unas diligencias de investigación por la venta de 40 kilos de cocaína por parte de Miguel Urbán en un pub de Malasaña con la confesa intención de financiar a Podemos. La cúpula policial consiguió implicar a la unidad especializada Antidroga, la Udyco. Uno de sus inspectores buscó información de Pablo Iglesias con el argumento de que el líder de Podemos era “el entorno más cercano” del “líder” de la organización de narcotráfico, el entonces eurodiputado Miguel Urbán. 

La investigación de la guerra sucia a Podemos a partir de una querella presentada por el partido permitió descubrir una larga lista de consultas policiales sobre miembros de la formación, la mayoría parlamentarios. La Unidad de Asuntos Internos obtuvo que una de esas búsquedas se produjo en el marco de la Operación Cardenal, la fantasiosa historia de la venta de cocaína por Urbán. El 3 de julio pasado, el entonces inspector que realizó la búsqueda de Pablo Iglesias acudió a declarar como imputado al juzgado que dirige Santiago Pedraz. 

El fiscal González Mota preguntó al policía si existe “un protocolo” que señale que si se investiga la financiación de un partido a través del narcotráfico hay que consultar las bases policiales en busca de antecedentes de su líder. “No, yo actué como actúo con el resto de actuaciones, se investiga el entorno más cercano a ver si están involucrados. Pero a mí nadie me dice 'tienes que mirar a esta persona' o a otra”, respondió el inspector jefe. 

El fiscal quiere saber qué le llevó a pensar que, de acuerdo a una supuesta venta de cocaína de Miguel Urbán, sería conveniente comprobar si Pablo Iglesias tenía antecedentes. “Yo consulto los datos de don Pablo Iglesias porque cuando yo veo que es Miguel Urbán el que supuestamente las diligencias de investigación señalan como el líder o el que realiza el pase de 40 kilos de cocaína, como se hace en el resto de investigaciones, se mira el entorno más cercano. Como es cofundador de Podemos, están Pablo Iglesias y otras personas. Se actúa de la misma manera con otras investigaciones y como he actuado durante nueve años”, contestó el policía. 

La defensa del agente pidió el archivo de la causa contra él tras la declaración y el juez Pedraz la acordó. Pero la acusación particular, que ejerce Podemos, recurrió la decisión y la Sala de lo Penal ordenó al magistrado que volviera a imputar al inspector jefe de la Udyco. De esta forma, el policía Antidroga se sumó al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y otros mandos que integraron la brigada política del PP.

Una de las conversaciones que dio origen a la causa en la Audiencia Nacional fue intervenida en el caso Kitchen entre Martínez y el comisario Enrique García Castaño cuando el político pide antecedentes de los parlamentarios de Podemos por WhatsApp y el policía le responde que la búsqueda ha dado resultado negativo. “¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? Me cagüen la puta”, escribió en Whatsapp Martínez. Otro de los investigados en las bases de datos a partir del montaje de la cocaína fue el senador Josetxo Arrieta, condenado por el franquismo en relación con su actividad en ETA y acogido a la amnistía de 1977.

Al descartar la existencia de un protocolo que justificara la búsqueda sobre Iglesias, el fiscal González Mota avanza por otra vía: confirmar si es una práctica habitual investigar a los líderes de los partidos cuando hay sospecha de delito en alguno de los miembros de la formación, en este caso desde una unidad contra el narcotráfico y el crimen organizado. Por eso pregunta al agente si sabía de la existencia del caso Gürtel en 2016. A continuación es cuando González Mota lanza: “¿Sabe usted si se investigó la ficha policial de Mariano Rajoy?”. “Lo desconozco”, responde el inspector jefe. 

En los últimos días, el juez Pedraz ha ordenado una batería de diligencias que impulsan el caso de la guerra sucia contra Podemos. El 21 de enero declarará en la Audiencia Nacional la víctima del montaje de la cocaína, Miguel Urbán. Un día después lo harán dos mandos policiales a los que José Luis Olivera, el artífice del montaje, señaló durante su declaración como testigo. Ambos eran subordinados suyos en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (CITCO) en 2016.

El fundador de Podemos Miguel Urbán Crespo ha conseguido por fin que un juez escuche su testimonio sobre el montaje urdido contra él desde la seguridad del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El juez Santiago Pedraz ha citado a Urbán como testigo en la causa que dirige en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos en la primera legislatura del Ejecutivo del PP, más intensas en 2016, cuando el partido estuvo cerca de gobernar. 

elDiario.es desveló en mayo de 2025 cómo Urbán fue investigado en aquel periodo por la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior a partir del testimonio de un confidente que aseguraba haberle visto vender 40 kilos de cocaína en el piso superior a un pub de Malasaña. 

El disparatado relato, monitorizado por uno de los mandos de la brigada política del PP, incluía cómo Urbán habría confesado a voces que la cocaína era de Venezuela y que su venta estaba destinada a financiar a Podemos. Antes de marcharse, el entonces eurodiputado habría volcado cocaína sobre la barra del bar e invitado a todos los clientes para celebrar la operación. Urbán, contaba el confidente, era un traficante de menudeo habitual de Malasaña.  

Ese mando policial es José Luis Olivera, hoy jubilado, procesado en el caso Kitchen y en el momento de los hechos director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Su firma está en los documentos que motivaron la apertura de las diligencias de la Fiscalía Antidroga que reveló este medio. El pasado 24 de noviembre, Olivera declaró en la Audiencia Nacional, como testigo, que él solo dio traslado de una fuente del CITCO y que ni siquiera sabía a ciencia cierta, en pleno apogeo de Podemos, quién era Urbán, por lo que tuvo que buscarlo en Wikipedia.

Durante su declaración, Olivera trasladó la responsabilidad de la Operación Cardenal –como se bautizó la investigación a Urbán– a dos subordinados en la etapa del CITCO, un comisario y un inspector jefe que el juez ha llamado a declarar el próximo 22 de enero como testigos a petición de la acusación particular, que ejerce Podemos. El día antes está prevista la declaración de la víctima del montaje, Miguel Urbán. 

La investigación a Urbán resultó un pretexto para dar el salto a las cuentas de Podemos y a su entonces líder, Pablo Iglesias. En la causa consta como investigado el policía Antidroga que utilizó la apertura de la Operación Cardenal para rastrear en las bases de datos al ex secretario general del partido. Cuando declaró en la Audiencia Nacional aseguró que siempre que se investiga a alguien por drogas se consulta a su entorno más cercano. 

De todas las personas que la Policía consideró cercanas a Urbán, la Policía escogió a Pablo Iglesias y a un senador de Podemos con apellido vasco y antigua militancia en la ETA que actuó durante el franquismo, Josetxo Arrieta. 

La primera querella

La querella que dio origen a la investigación de la guerra sucia contra Podemos incluía una conversación entre el número dos de Interior Francisco Martínez y uno de los comisarios de la brigada política. El 30 de enero de 2016, el secretario de Estado de Seguridad dice a través de WhatsApp: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”. Cuando el comisario Enrique García Castaño contesta “nada”, Martínez escribe: “¡Cagüenlaputa!”. La búsqueda sobre los antecedentes de Arrieta, que se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, se había realizado el 8 de enero anterior. 

Entre la documentación que la Audiencia Nacional solicita ahora a la Udyco de la Policía están las “fichas de los investigados” que se hubieran elaborado en el marco de la Operación Cardenal, así como “la totalidad de personas” a las que la unidad antidroga buscó en las bases de datos policiales con la excusa de la investigación por narcotráfico a Miguel Urbán. 

También a petición de Podemos, el juez Pedraz ha solicitado todos los “datos coordinables” que hubiera introducido la policía en esas bases de datos para realizar sus búsquedas y cualquier “documento interno de trabajo, notas o mensajes” que consten en los archivos policiales sobre la citada Operación Cardenal. El juez también se dirige al CITCO, el órgano que dirigía Olivera y de donde partió la declaración del confidente, al que se reclama cualquier documento relacionado con la investigación a Urbán. 

Urbán declarará como testigo en la causa por la guerra sucia a Podemos después de que una jueza de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, rechazara una querella que presentó en relación con el montaje. La Sala de lo Penal confirmó ese rechazo por una cuestión de competencia, pese a que en el momento de los hechos Urbán era europarlamentario. 

La causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente desde la admisión a trámite de la querella, en febrero de 2024, y gracias a las diligencias que va solicitando el partido, ante la inacción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y entre confesiones y documentación que van acreditando las maniobras policiales contra la formación política. 

El comisario jubilado José Luis Olivera, artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional. Olivera ha descargado la responsabilidad de la investigación sobre el entonces europarlamentario de Podemos en dos mandos a sus órdenes en el momento de los hechos, cuando él dirigía el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración, Olivera ha identificado a los dos subordinados, un comisario principal y un inspector jefe, y ha dicho que él ni siquiera sabía quien era Miguel Urbán y que tuvo que mirarlo “en Wikipedia”.

El 21 de enero de 2016, José Luis Olivera firmó en persona un informe del CITCO, alejado por su contenido de las funciones atribuidas al organismo de coordinación y que tenía como destino a la Fiscalía Antidroga. Se trata del relato de “una fuente conocida por el Centro” que señala a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Pese a lo inaudito del relato, con ese informe la Fiscalía Antidroga abriría una investigación que se prolongaría tres meses y que incluiría un rastreo completo de Urbán y la implicación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la unidad antidroga de la Policía.

Olivera ha declarado este lunes en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre investigaciones ilegales a miembros de Podemos. El comisario, ya jubilado, ha dicho que los confidentes que adornan el relato no eran suyos y ha descargado toda la responsabilidad en sus subordinados. De una nota que incluyó en la información que él mismo envió a la Fiscalía Antidroga, y que apuntaba a una supuesta actividad de blanqueo de capitales en Podemos según fuentes anónimas, Olivera ha dicho que es probable que le llegara de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el órgano de dirección del Cuerpo donde se fraguó la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

José Luis Olivera también ha mencionado al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el que ha dicho que es “probable” que abordara el asunto de Urbán, como el resto de temas que afectaban a Podemos. Martínez esta imputado en la pieza de la guerra sucia contra Podemos, cuyas principales maniobras tuvieron lugar en el primer semestre de 2016, después del resultado récord de la formación en los comicios de diciembre de 2015 y ante el temor del PP y el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy de que pudieran alcanzar el Gobierno en las elecciones de junio siguiente.

El relato de los confidentes es solo un trampolín. La disparatada historia de los 40 kilos de coca en una bolsa es la excusa para acceder a las cuentas de Urbán, para investigar a Pablo Iglesias y llegar a una supuesta financiación irregular de Podemos. Por eso, a diferencia de otros dosieres, la peripecia del pub Nueva Visión no es filtrada a la prensa afín, como ocurrió con la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas o el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es lo que sospechan en la formación política cuando conocen los primeros datos de aquella operación. 

El policía que buscó en una base de datos a Pablo Iglesias con la excusa de la investigación a Miguel Urbán también está imputado en la causa.

Las últimas cloacas del Estado, un grupo de mandos policiales a servicio del Gobierno del Partido Popular, organizaron el montaje de la droga contra Miguel Urbán y Podemos a partir del increíble relato de un confidente que hoy reproduce elDiario.es. Uno de esos mandos policiales, ubicado en la cúpula del Ministerio del Interior, trasladó a la Fiscalía Antidroga que un colaborador aseguraba haber visto al fundador de Podemos y europarlamentario desparramando cocaína en la barra de un bar de Malasaña para celebrar la venta de 40 kilos de esa sustancia. La transacción se habría producido en noviembre de 2015 y con ella, decía el confidente, se iba a financiar al partido que en ese momento tenía posibilidades de gobernar. 

elDiario.es reveló el pasado mayo los detalles de este montaje contra Podemos cuando el partido estaba liderado por Pablo Iglesias. Las maniobras aparecen recogidas en unas diligencias secretas que la Fiscalía Antidroga abrió, y cerró a los tres meses, consecuencia de los informes que la brigada política del PP le hacía llegar para intentar vincular a Podemos con el narcotráfico. Los documentos que prueban el montaje por fin se han incorporado a la investigación que sigue la Audiencia Nacional por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política durante el último Gobierno del PP. 

Dentro de esas diligencias está el testimonio que utilizó un destacado miembro de la brigada política del PP, el comisario José Luis Olivera, para atacar a Podemos. Se trata de apenas medio folio redactado por la Policía en el que el confidente, Hugo Ch., se limita a rellenar algunos espacios en blanco, a hacer una apreciación de su puño y letra al final, y a firmar el documento. Debajo aparecen otras dos firmas de otras personas relacionadas con Hugo que se sumaron al montaje.

El confidente cuenta que en noviembre de 2015 se presentó Miguel Urbán, por entonces europarlamentario de Podemos, en el pub donde él trabajaba, un local de Malasaña llamado Nueva Visión. Según su relato, Urbán subió, junto al dueño del pub, al domicilio de este, justo encima del local, y allí vendió 40 kilos de cocaína a un tercero. 

“Al cabo de aproximadamente 40 minutos, el citado Miguel Urbán volvió a bajar con otra mochila, llena de dinero y tiró una bolsa de cocaína en la barra invitando a todo el que quisiera. Por ello el dueño del bar me ordenó cerrar la puerta del pub”, relató supuestamente el confidente a la Policía el 9 de febrero de 2016. En diciembre de 2015, Podemos obtuvo un resultado histórico, abriéndose las posibilidades de un Gobierno de coalición con el PSOE. El acuerdo no llegó y las elecciones se repetirían en junio. 

En ese semestre que separaron los dos comicios generales, los pseudoinformes policiales contra la formación política se prodigaron en las portadas de los medios de comunicación afines al PP. El montaje de la droga quedaría en secreto porque a los tres meses la Fiscalía Antidroga decidió cerrar su investigación. El fiscal jefe entendió que, por muchos informes que aportara la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) e incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no había un solo indicio que hiciera creíble que Miguel Urbán había traficado con cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos.

La documentación incorporada a la causa de la guerra sucia a Podemos deja algún detalle novedoso. El confidente aseguró a la Policía, y luego al fiscal Antidroga, que el comprador de la cocaína podía ser un miembro de los Hell Angels (los Ángeles del Infierno), la organización criminal formada a partir del grupo internacional de moteros. 

Los agentes antidroga de la Policía no dejaron pasar la oportunidad para contextualizar el comentario del confidente en uno de los informes: “Hell Angels es conocida por ser una de las más activas en la comisión de múltiples actos delictivos a nivel europeo, teniendo bastante actividad delincuencial en nuestro país”. “Este Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes - seguía– llevó a cabo el pasado año una investigación sobre algunos miembros de la banda, logrando incautar la cantidad de 300 kilogramos de cocaína y la detención de cuatro personas (…) desplazadas a España desde Canadá para la recogida de la sustancia estupefaciente”.

El supuesto papel de traficante de Urbán era solo un pretexto para investigar a la formación política. Así lo demuestra el hecho de que, justo después de la confesión del camarero, la Policía introduce una nota informativa, sin encabezamiento, fecha o firma de funcionario policial alguno. En esta nota se enmarca la venta de droga en una actividad más amplia dentro de la financiación de Podemos.

“Los datos recibidos apuntan a ciertas actuaciones de blanqueo que miembros del partido político estarían haciendo por el método conocido como 'pitufeo', esto es, integrar en el circuito bancario dinero opaco, mediante pequeñas cifras que se ingresan y/o retiran, con objeto de que en conjunto, supongan una muy significativa cantidad, que no obstante pasaría desapercibida”, recoge la citada nota. 

Este nuevo y desconocido confidente, en el caso de existir, habría trasladado a la Policía que “la formación Podemos estaría recibiendo importantes cantidades de efectivo que blanquean, ordenando a sus miembros que ingresen periódicamente cantidades asumibles, como unos MIL o DOS MIL EUROS, con el concepto de donaciones a entidades vinculadas a dicho partido y la misma cifra es reintegrada en efectivo”.

Según la tesis policial, los dirigentes de Podemos conseguían un doble objetivo: introducir “en el circuito bancario todo el efectivo de dudoso origen y difícil justificación y al mismo tiempo, el aparente donante, ve reducido el pago de impuestos toda vez que puede deducir las cantidades que dona, a la hora de presentar su declaración ante Hacienda”. 

Se da la circunstancia de que los policías tenían un ejemplo de esas prácticas de “pitufeo”: Miguel Urbán. En realidad, trasladan información que han recogido de la propia web de Podemos sobre tres donaciones del eurodiputado, de 2.000 euros cada una, a distintas causas. Y ya lo tienen: el miembro de Podemos que trafica con droga luego blanquea el dinero, en cantidades, por otra parte, mucho menores de las que habría obtenido vendiendo 40 kilos de cocaína, 1,2 millones de euros a precio de la droga en el mercado.

Las diligencias de la Fiscalía Antidroga 4/2016 se cerraron el 20 de julio de 2016 con un decreto de archivo firmado por su jefe, José Ramón Noreña Salto. “Una vez verificadas todas las diligencias que fueron acordadas, no se ha procedido avance alguno de las investigaciones objeto del presente procedimiento, por lo que no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente la comisión de hechos delictivos para continuar con la instrucción de las presentes diligencias”.

Las cloacas del PP, en fase de investigación

Tras la publicación en mayo de elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa judicial de las maniobras del Gobierno del PP contra Podemos. El juez Santiago Pedraz lo rechazó por considerar que él investiga hechos distintos. Luego, Urbán presentó una querella que recayó en otro juzgado, el de María Tardón. La magistrada se apoyó en el informe de la Fiscalía para descartar que la querella reuniera los indicios suficientes para abrir una investigación que, por otra parte, no sería competencia de la Audiencia Nacional. Urbán recurrió a la Sala de lo Penal, pendiente aún de pronunciarse.

Entre tanto, la misma sección que decidirá sobre su querella ha atendido un recurso de la defensa de Pablo Iglesias en el caso que sigue Pedraz. Los magistrados aceptaban que se incorporaran las diligencias secretas de Antidroga sobre Urbán y que se volviera a imputar a un policía que, con la justificación de que se estaba investigando al fundador de Podemos, se puso a rastrear a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas de la Policía.

La investigación de las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular vuelve a dar un giro. La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que devuelva la condición de imputado a un policía antidroga que buscó a Pablo Iglesias en bases de datos reservadas con la excusa de que un compañero de la dirección de Podemos, Miguel Urbán, estaba supuestamente inmerso en unas pesquisas por presunto tráfico de cocaína. 

La diligencias de Antidroga contra Urbán había sido abierta a partir del disparatado testimonio de un confidente, colaborador de un comisario de la brigada política del PP. El policía imputado intentó argumentar en su declaración judicial que rastreó a Pablo Iglesias porque siempre se hace con el entorno de los investigados, en este caso Urbán. El fiscal le planteó si hubiera actuado igual de tratarse de Mariano Rajoy, pero Pedraz consideró improcedente la pregunta y la cortó. Tras la declaración, el juez archivó la causa contra el policía. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la instancia superior a Pedraz consideran “de indudable relevancia” que se esclarezca si el policía, además de a Pablo Iglesias, indagó en otras personas de su entorno “carentes de vinculación política, como las pertenecientes a su familia o a su círculo de amistades”. Los magistrados tratan de determinar si el argumento del policía antidroga de que siempre se rastrea el entorno de los investigados es auténtico o una excusa para perseguir al entonces líder de Podemos y diputado del Congreso.

La resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal incluye otro relevante impulso a la investigación. Los jueces de la instancia superior ordenan a Pedraz que incorpore a su causa por la guerra sucia a Podemos todo el expediente de la Fiscalía Antidroga sobre la investigación a Urbán. En él aparece incluido el relato del confidente y cómo este llegó a la Fiscalía de la mano de José Luis Olivera, comisario procesado por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados y uno de los policías más importantes de la época. 

El confidente, un camarero del pub Nueva Visión –en el barrio madrileño de Malasaña–, afirmó ante la Policía y el fiscal que Urbán vendió ante él 40 kilos de cocaína a un tercero, que dijo allí mismo que la droga procedía de Venezuela, que lo hacía para financiar a Podemos y que, antes de marcharse con más de un millón de euros en el bolsillo, invitó a droga y a bebida a todos los presentes. El confidente, que aparece identificado en los documentos que ahora se incorporan a la causa judicial, también aseguró que había visto en varias ocasiones a Urbán trapichear con droga en las esquinas de Malasaña mientras era eurodiputado. 

A partir de ese relato, el comisario Olivera, director entonces del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, convenció a la Fiscalía Antidroga de abrir una investigación a Urbán, en realidad un pretexto para acceder a las cuentas de Podemos. En los trabajos se implicó la unidad especializada en Delitos Económicos, UDEF, y la que lleva asuntos de droga a gran escala, Udyco. Incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) examinó al detalle las cuentas de Urbán.  

A los tres meses, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, se dio cuenta de que aquello no conducía a ningún sitio y archivó las actuaciones. En Podemos creen que las pesquisas no se filtraron, como ocurrió con otras investigaciones parapoliciales al partido, porque no alcanzaron el objetivo de alcanzar las cuentas de Podemos. Las maniobras tuvieron lugar entre las elecciones generales de diciembre de 2015 y las siguientes, de junio de 2016, mientras existía la expectativa de que Podemos sobrepasara al PSOE y que se diera un acuerdo de Gobierno progresista.  

La causa de la guerra sucia a Podemos

A partir de las revelaciones del montaje policial por elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa de Pedraz por la guerra sucia a Podemos, pero el juez lo rechazó alegando que se trataba de hechos distintos. El Juzgado de Pedraz indaga en las maniobras ilegales de la Policía contra los diputados de Podemos en tiempos de Mariano Rajoy a partir de una querella presentada por los abogados de la formación. 

Urbán optó por explorar una segunda vía. El fundador de Podemos presentó una querella en la Audiencia Nacional, pero tampoco prosperó. La jueza María Tardón rechazó recientemente su admisión con argumentos como que la denuncia se centraba en “noticias de prensa”. 

En la información de elDiario.es aparece el número de diligencias secretas abiertas por la Fiscalía Antidroga a partir del montaje policial, del que se aportan numerosos detalles, pero ni el fiscal ni la jueza pensaron que podían reclamarse para una eventual investigación. 

Los abogados de Podemos e Iglesias también habían intentado que el falso relato del confidente y las investigaciones policiales a Urbán a partir de él fueran incorporados a la causa de la guerra sucia. Pedraz se negó. Pero ahora su causa por la guerra sucia a Podemos contará con los documentos del montaje policial de la cocaína. 

Nuevo obstáculo para la investigación de la guerra sucia contra la oposición que se llevó a cabo durante el último Gobierno del Partido Popular. María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, ha rechazado la querella presentada por Miguel Urbán en relación con el montaje policial que intentó vincularle con el tráfico de cocaína para financiar a Podemos, partido del que fue fundador. 

Tardón ha asumido punto por punto el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al entender que la querella se basa “en meros recortes de artículos de prensa” y no debe ser admitida. La magistrada y el fiscal Julián Salto acuerdan que en este caso es aplicable la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual “no sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”. La decisión de la jueza es recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Dos de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, los que se siguen contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, se abrieron a partir de sendas querellas del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que se limitaba a adjuntar informaciones periodísticas, algunas de ellas demostradas falsas. 

Entre las noticias que recoge la querella de Miguel Urbán aparece una publicada por elDiario.es que detalla cómo las maniobras de mandos policiales contra Urbán y Podemos están reflejadas en unas diligencias de investigación secretas de la Fiscalía Antidroga que terminaron por archivarse. Tal y como consta en la querella, esas diligencias de Antidroga son identificadas con su número, el 4/2016 de la Fiscalía especializada, pero ni el fiscal ni la jueza han optado por reclamarlas. 

Este periódico reveló el pasado mayo un invento contra Podemos de la brigada política del PP que permanecía bajo secreto. La Fiscalía Antidroga mantuvo en 2016 abierta durante meses una investigación a partir del relato de un confidente que había asegurado ante la Policía que Miguel Urbán vendió 40 kilos de cocaína a un tercero, con la intermediación del dueño de un mítico pub del madrileño barrio de Malasaña. El confidente llegó a declarar que había visto al entonces europarlamentario trapicheando con droga en las esquinas en varias ocasiones. 

La querella de Urbán señalaba al protagonista del montaje, el comisario hoy jubilado José Luis Olivera. En el momento de los hechos, Olivera era director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Olivera se sentará en el banquillo por el intento de la brigada política de sabotear la causa de la caja B del PP, el caso Kitchen. La representación de Urbán solicitaba igualmente la imputación de otro comisario, José Manuel García Catalán, al frente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, UDEF, cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior.  

Un semestre de furia contra Podemos

El montaje contra Urbán tuvo lugar en el semestre más intenso de actividad para la brigada política, la primera mitad de 2016. Se trata del periodo de tiempo que transcurrió entre las elecciones de diciembre de 2015 y las siguientes, celebradas en junio de 2016 con la expectativa de que Podemos superara al PSOE en votos y ambos formasen un gobierno de coalición. 

El 12 de enero de 2016 había comenzado a fluir la cascada de intoxicaciones para frenar el ascenso de Podemos. Ese día, dos medios de la derecha publicaron un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos desde Irán y Venezuela. La divulgación del pseudoinforme PISA coincidió con el inicio de los contactos entre partidos para la posible formación de un gobierno progresista. 

Sin embargo, la jueza y el fiscal afirman ahora que la querella de Urbán “ni siquiera se concreta la fecha exacta en la que se habrían cometido los delitos”. Las informaciones que adjunta la querella detallan la fecha en la que se firmaron los informes policiales con los bulos sobre Urbán y los distintos escritos de la Fiscalía Antidroga en el marco de las diligencias abiertas. 

El auto de la jueza y el informe del fiscal defienden que los delitos de los que habría sido objeto Miguel Urbán habrían afectado a su “esfera privada” y no en el ejercicio de su cargo de europarlamentario, como si los mandos policiales hubieran elegido al fundador de Podemos por algún motivo que no fuera su actividad política y su pertenencia al partido que combatían con métodos irregulares. 

A partir de ahí, la jueza Tardón y el fiscal Julián Salto –el primer fiscal que tuvo el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ahora destinado en la Audiencia Nacional– se ponen de acuerdo en que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional. Ambos aseguran que Urbán no fue víctima en representación de “altas instituciones del Estado” o su “forma de Gobierno”. 

La representación legal de Urbán optó por calificar los hechos descritos en la querella como calumnias, intromisión en la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación. La jueza determina que no son delitos de los que entienda la Audiencia Nacional, destinada al tráfico de drogas, el fraude a gran escala o el terrorismo. Además, el tribunal especializado no podría reclamar su competencia porque se hubieran cometido en el extranjero, añaden. 

La Audiencia Nacional ya conocía el montaje de Urbán por otra vía. El Juzgado de Santiago Pedraz investiga las maniobras policiales contra Podemos en una causa propia. En el marco de esa investigación saltó una consulta en bases de datos restringidas que un policía hizo sobre Pablo Iglesias. Resultó que el policía, un agente antidroga, decidió indagar en el líder de Podemos en el marco de una investigación contra uno de sus compañeros de partido, Miguel Urbán, al que un confidente relacionaba con una disparatada venta de cocaína.

El fiscal del caso, Vicente González Mota, informó en contra de la petición de los abogados de Podemos de reclamar las diligencias de Antidroga en el caso de Urbán e incorporarlas al caso de la guerra sucia contra el partido. Pedraz asumió el criterio del fiscal y lo rechazó, pero citó como investigado al policía que dejó rastro con su consulta en las bases de datos.

En la declaración, el policía defendió su actuación, en el sentido de indagar siempre en el entorno de un investigado por tráfico de drogas. En ese punto el fiscal le preguntó si hubiera actuado igual si se tratara de un miembro del PP, introduciendo en las bases de datos el nombre del presidente de ese partido. Pedraz consideró improcedente la pregunta y no dejó contestar al policía. Tras la declaración, el juez archivó la causa contra el agente de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco).

La causa en el juzgado de Pedraz

Miguel Urbán también intentó que el montaje contra él fuera incorporado a la investigación sobre las maniobras que perjudicaron a Podemos, pero el fiscal y el juez Pedraz lo despacharon asegurando que no estaba relacionado con los hechos investigados en su juzgado. En esa causa está imputado el que fuera número dos de Interior con el PP Francisco Martínez y algunos mandos policiales. El comisario Olivera, origen del montaje a Urbán, ha declarado pero en calidad de testigo.

Las indagaciones posteriores a la declaración falsa del confidente sobre la transacción de la cocaína incluyeron consultas a las cuentas bancarias de Urbán. En Podemos creen que se trataba de un puente para acceder a Pablo Iglesias y al partido, pero que la decisión de Antidroga de no seguir adelante con algo tan endeble y sospechoso evitó que las pesquisas fueran filtradas a medios afines al PP, como ocurrió con otras maniobras contra el partido. 

La causa que instruye Pedraz avanza entre dificultades. En el marco de la misma, los abogados del partido han arrancado a algunos testigos confirmaciones de las investigaciones prospectivas contra el partido en tiempos del PP y han obtenido evidentes incongruencias en el testimonio de los investigados. 

Pese a ello, el juez ha rechazado que se incorporen los informes policiales que sustentaron dos de las maniobras contra el partido más relevantes, relacionadas con el informe PISA –falsa financiación irregular– y con el viaje de la cúpula de la UDEF a Nueva York a buscar datos que perjudicaran al partido. En ese viaje y en sus entrevistas participó uno de los denunciados por Urbán sin éxito, el comisario José Manuel García Catalán.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto diligencias previas a raíz de la denuncia de Miguel Urbán por el montaje policial que le atribuía tráfico de drogas con el supuesto objetivo de financiar a Podemos. La magistrada ha solicitado un informe a la Fiscalía antes de decidir si abre una investigación. 

El fundador de Podemos Miguel Urbán presentó una querella en la Audiencia Nacional el pasado mes de julio en el que acusaba de varios delitos a un grupo de mandos policiales destinados en el corazón de la seguridad del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La querella recaló por reparto en el Juzgado de Instrucción número 3, que ahora aguarda el informe del Ministerio Fiscal. 

El texto de la querella señala al hoy comisario jubilado José Luis Olivera, en su momento director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, y al que fuera jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, así como los funcionarios de esos organismos que “resulten acreditados después de la información pertinente”.

Urbán también apunta a aquellos miembros de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), esta última perteneciente a Hacienda que hubieran podido participar igualmente en el montaje. A todos ellos les atribuye de forma indiciaria los delitos de calumnias, intromisión en la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación. 

En la querella se reproduce la información de este diario según la cual el comisario Olivera trasladó el disparatado testimonio de un confidente que, de forma anónima, describía como Urbán, siendo eurodiputado, consumó la venta de 40 kilos de cocaína en un piso ubicado sobre el pub Nueva Visión, en el madrileño barrio de Malasaña. Urbán, según el relato que sirvió para abrir unas diligencias de investigación de la Fiscalía Antidroga, habría confesado allí mismo que se trataba de cocaína de Venezuela para financiar a Podemos.

“Los policías –recoge la querella– sin ninguna autorización judicial, actuando de forma ilegal y vulnerando los derechos del señor Urbán rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas”. Advierte, asimismo, en el hecho de que Urbán era eurodiputado en el momento del montaje y advierte de que los miembros del Parlamento Europeo “disfrutan de un régimen de inmunidad parlamentaria que les otorga ciertas protecciones legales para garantizar el ejercicio libre e independiente de su mandato”.

La representación legal de Urbán advierte de que el montaje contra su representado tenía “el fin espurio de perjudicar al partido político Podemos y a Anticapitalistas y, obviamente, al señor Urbán en su condición de miembro de los partidos referidos, teniendo en cuenta que era parlamentario europeo aforado y habiendo sido elegido en elecciones por el pueblo”.

La Fiscalía debe decidir, en primer lugar, sobre la competencia del caso, si corresponde a la Fiscalía Anticorrupción o a sus compañeros destinados en la Audiencia Nacional asumir la causa, en el caso de que aprecie indicios de delito. Otro juzgado de la Audiencia Nacional investiga las maniobras policiales contra Podemos en el mismo periodo del montaje a Urbán. 

La primera opción del exfundador del partido fue personarse como acusación en ese caso del Juzgado de Instrucción número 5, pero el juez Santiago Pedraz, de acuerdo con el fiscal del caso, rechazó esa posibilidad al considerar que se trata de hechos distintos.

El militante de Anticapitalistas y fundador de Podemos, Miguel Urbán, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra dos altos mandos policiales del último Gobierno del Partido Popular por el montaje que le intentó vincular con la venta de 40 kilos de cocaína para financiar al partido político que hoy dirige Ione Belarra. Urbán adopta esta iniciativa después de que el juez que investiga las maniobras policiales contra Podemos, Santiago Pedraz, se negara a que el denunciante formara parte de la acusación del caso.

En el texto de la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, señala al hoy comisario jubilado José Luis Olivera, en su momento director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, y al que fuera jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, así como los funcionarios de esos organismos que “resulten acreditados después de la información pertinente”.

Urbán también apunta a aquellos miembros de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), esta última perteneciente a Hacienda que hubieran podido participar igualmente en el montaje. A todos ellos les atribuye de forma indiciaria los delitos de calumnias, intromisión en la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación.

En la querella se reproduce la información de este diario según la cual el comisario Olivera trasladó el disparatado testimonio de un confidente que, de forma anónima, describía como Urbán, siendo eurodiputado, consumó la venta de 40 kilos de cocaína en un piso ubicado sobre el pub Nueva Visión, en el madrileño barrio de Malasaña. Urbán, según el relato que sirvió para abrir unas diligencias de investigación de la Fiscalía Antidroga, habría confesado allí mismo que se trataba de cocaína de Venezuela para financiar a Podemos.

“Los policías –recoge la querella– sin ninguna autorización judicial, actuando de forma ilegal y vulnerando los derechos del señor Urbán rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas”. Advierte, asimismo, en el hecho de que Urbán era eurodiputado en el momento del montaje y advierte de que los miembros del Parlamento Europeo “disfrutan de un régimen de inmunidad parlamentaria que les otorga ciertas protecciones legales para garantizar el ejercicio libre e independiente de su mandato.

La representación legal advierte de que el montaje contra su representado tenía “el fin espurio de perjudicar al partido político Podemos y a Anticapitalistas y, obviamente, al señor Urbán en su condición de miembro de los partidos referidos, teniendo en cuenta que era parlamentario europeo aforado y habiendo sido elegido en elecciones por el pueblo”.

En cuanto al presunto delito de intromisión en su intimidad, la querella destaca que se “rebuscó en su vida económica”, en alusión a la investigación de sus cuentas bancarias y productos financieros, “con la excusa de investigar una imputación a todas luces falsa”. Urbán considera también que los funcionarios señalados cometieron un delito de malversación al arrancar una investigación con “fondos públicos” a partir de “una supuesta declaración absolutamente inverosímil de un supuesto confidente”.

La representación de Urbán ha presentado la querella en el tribunal especializado para que la derive al juzgado que corresponda pero en la solicitud de diligencias de investigación que incluye aparece que se oficie al juzgado de Pedraz para que remita la documentación relativa a su caso. Cabe recordar que el magistrado tomó declaración como investigado a un policía que consultó las bases de datos para buscar información de Pablo Iglesias justificándolo en que el entonces líder de Podemos pertenecía al entorno de Urbán, investigado por narcotráfico. Tras la declaración, Pedraz archivó la causa contra el policía.

El fundador de Podemos Miguel Urbán ha denunciado en la Audiencia Nacional el montaje policial que sufrió durante el primer semestre de 2016 y que le vinculaba falsamente con la venta de 40 kilos de cocaína para financiar al partido político al que entonces pertenecía y del que era europarlamentario. Urbán se dirige al juzgado de Santiago Pedraz, que investiga la guerra sucia contra Podemos, y pide que se abra una pieza separada para indagar en las maniobras policiales en su contra.

En un escrito al juzgado, la representación legal de Urban señala la posible comisión de los delitos de caluminas, intromisión ilegítima en la intimidad y falsificación de documentos. El exeurodiputado menciona a dos de los comisarios que protagonizaron el montaje en su contra. Se trata del entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organización (CITCO), José Luis Olivera, y quien dirigía la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Manuel García Catalán.

Olivera se sentará en el banquillo por haber participado presuntamente en otra de las maniobras de la brigada política, el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, mientras que García Catalán ha declarado como testigo en la causa contra Podemos que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Antidroga abrió una investigación a partir de un informe firmado por el comisario Olivera en el que un confidente aseguraba haber presenciado cómo Urban, siendo europarlamentario, vendió 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela a un tercero, con la intermediación del dueño de un pub de Malasaña.

La cocaína, añadía el relato del confidente al que daba crédito el comisario, incluía que el destino del dinero era la financiación ilegal de Podemos. “Los policías –dice la denuncia–, sin ninguna autorización judicial, actuando de forma ilegal y vulnerando los derechos del señor Urban rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas”.

A partir del grotesco relato, la Policía lograba amparo para indagar en las cuentas de Urban y, según ha acreditado la Audiencia Nacional, rebuscar en las bases de datos policiales cuestiones relacionadas con Pablo Iglesias, entonces líder del partido.

Podemos ha intentado incorporar las diligencias de la Fiscalía Antidroga a la causa que se sigue en el juzgado de Pedraz, pero el juez lo ha rechazado siguiendo el criterio del fiscal del caso. Pedraz ha accedido a tomar declaración como investigado al policía que buscó en las bases de datos a Pablo Iglesias con la excusa del bulo de la droga.

El juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la causa por las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP, ha citado a declarar como investigado a un miembro de la Policía Nacional por haber consultado datos del entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, utilizando como argumento que uno de sus colaboradores, Miguel Urbán, estaba siendo investigado por tráfico de drogas. La investigación a Urbán por vender supuestamente 40 kilos de cocaína fue un montaje para sustentar una causa por financiación irregular a Podemos en plenas negociaciones con el PSOE para formar gobierno en 2016.

Podemos, que ejerce la acusación popular en la Audiencia Nacional por la guerra sucia contra el partido, pidió incorporar las diligencias secretas de investigación abiertas por la Fiscalía Antidroga –con falsedades facilitadas por la Policía– después de que elDiario.es desvelara el montaje. El fiscal del caso de la guerra sucia contra Podemos se opuso a la incorporación de esa información y Pedraz ha resuelto que no es necesario llevarlas a la causa de las maniobras que buscaban perjudicar al partido.

Pero el hecho de que no esté justificada la búsqueda a Pablo Iglesias a partir de una investigación contra Urbán ha motivado que el juez llame a declarar como investigado al policía que realizó las búsquedas sobre Iglesias, argumentando“ una presunta transacción de sustancia estupefaciente de otra persona del mismo partido”, según consta en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. La declaración como investigado del policía tendrá lugar el próximo 3 de julio. El policía tendrá que responder a la pregunta de quién le dio la orden de consultar a Iglesias en una base de datos restringida.

En el marco de la causa que instruye Pedraz, la propia Policía informó hace unos meses a la Audiencia Nacional de la existencia de las indagaciones sobre Urbán. Había aparecido una búsqueda sobre Pablo Iglesias y la Policía respondió que se habían hecho consultas a bases de datos policiales “sobre las personas del entorno de Urbán”. Lo bautizaron como la Operación Cardenal. Esa fue la primera pista para dar con el montaje sobre Miguel Urbán y la cocaína.

El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en 2016, el comisario José Luis Olivera, utilizó el supuesto relato de un confidente para informar a Antidroga de que Urbán habría vendido 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela en un pub de Malasaña para financiar a Podemos. El relato era disparatado, pero en la investigación acabaron involucradas las unidades centrales de la Policía contra el crimen organizado y Anticorrupción, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la propia Fiscalía Antidroga. Esta última archivó el caso seis meses después al no encontrar ningún indicio de delito en la información que le facilitaba la Policía.