El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto con el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha visitado este viernes el nuevo Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Primeros Pasos’ de Aldeanueva de Ebro, la primera escuela infantil de la localidad, que acaba de abrir sus puertas este curso 2026-2027 con 74 plazas. Capellán, acompañado de la la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el acalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández, ha destacado la trascendencia de esta etapa educativa, de 0 a 3 años, que resulta “clave en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje y en el desarrollo de la personalidad”.

En este sentido, ha recordado que está probado científicamente “los múltiples beneficios que tienen estos estímulos tempranos, especialmente en el desarrollo de las habilidades sensoriales y motores, también en ámbitos como la memoria, la atención y el desarrollo socioemocional. Así, los niños y niñas aprenden empatía, a compartir y cooperar”, ha destacado. Fruto de la convicción del Ejecutivo en los evidentes beneficios que ofrece este modelo, Capellán ha recordado el esfuerzo presupuestario para aumentar en 500.000 euros la partida consignada en 2027 para el bono infantil, que financia el coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil a más de 3.000 familias riojanas y que ronda los 12 millones de euros.

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Primeros Pasos’, de titularidad municipal, dispone de 74 puestos escolares distribuidos en cinco unidades: una unidad de 0-1 años, con 8 plazas; otras dos de 1-2 plazas, con un total de 26 plazas, 13 por aula; y dos unidades de 2-3 años, con 40 puestos escolares, 20 por aula. Hasta la fecha, ya hay matriculados 27 alumnos.

Así es la escuela Primeros Pasos en Aldeanueva de Ebro

La nueva escuela se ubica en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, con una superficie total de 1.590 metros cuadrados. El edificio dispone de planta principal de uso escolar y se organiza en tres volúmenes interconectados, que permiten diferenciar claramente los espacios educativos, administrativos y de servicios, a la vez que favorecen la iluminación natural y la relación con los espacios exteriores.

El espacio principal del centro ‘Primeros pasos’ se distribuye en cinco aulas, todas con acceso directo a los baños infantiles y con conexión directa al patio exterior, mediante un amplio porche cubierto. Además, dispone de una sala de usos múltiples, comedor (con capacidad para 66 plazas), cocina, sala de educadores, despacho de dirección, vestuario y botiquín, cuarto guarda-cochecitos, dos espacios de almacén didáctico (con posibilidad de ampliación de la zona de guarda-cochecitos, dos aseos adaptados, archivo, almacenes y cuarto de limpieza.

A estos espacios, hay que añadir un gran patio de juegos principal, otro patio interior que aporta iluminación natural al edificio y dos pequeños patios de acceso desde las calles Díaz de Rada y Frontón de Aldeanueva de Ebro.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo centro es la iluminación, con el aprovechamiento de la luz natural, mediante grandes ventanales, lucernarios y patios interiores que iluminan aulas, distribuidor principal y comedor. Por otra parte, se emplea el color como elemento pedagógico y de orientación espacial para favorecer la autonomía del alumnado. El blanco es el color predominante en todo el edificio y las fachadas combinan panel fenólico blanco y panel metálico gris, dando una imagen contemporánea y fácilmente reconocible.

Respecto a la sostenibilidad, se ha construido un edificio bioclimático, con una construcción de consumo energético casi nulo, con ventilación mediante recuperadores de calor de alta eficiencia, aprovechamiento de la energía solar, protección frente a la radiación en verano y máxima entrada de luz natural.

La inversión del Gobierno de La Rioja para la construcción y equipamiento del centro infantil ‘Primeros pasos’ de Aldeanueva de Ebro asciende a 2.842.257,50 euros y se enmarca dentro del ‘Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil, con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

Este comienzo de curso ha sido especialmente complicado para los centros de Educación Infantil de La Rioja. El motivo, la tardanza en el pago, por parte del Gobierno de La Rioja, de la última cuota del Bono Infantil. Una falta de liquidez que ha dificultado enormemente el pago de las nóminas del personal y de los alquileres de los locales. Las gerentes de varias escuelas infantiles de La Rioja se han puesto en contacto con este medio para denunciar públicamente la tardanza por lo que ha supuesto para el funcionamiento interno de los centros.

El Bono Infantil es un programa de ayudas públicas del Gobierno de La Rioja destinado a financiar la escolarización del alumnado de cero a tres años en el primer ciclo de Educación Infantil. Unas ayudas que cuyo objetivo es “garantizar la gratuidad de la enseñanza no obligatoria en esta etapa inicial y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral”, argumenta el Gobierno de La Rioja cada vez que se refiere a estas ayudas.

Los beneficiarios, tal y como recoge la página web del Gobierno regional, son niños y niñas de cero a tres años empadronados en La Rioja y matriculados en escuelas infantiles municipales o centros docentes privados autoizados por la Consejería de Educación. En cuanto a las coberturas y cuantías subvencionadas, el Bono Infantil cubre el coste mensual, de septiembre a junio, mediante dos modalidades: sin comedor (hasta 286 euros por alumno) y con comedor (hasta 385 euros por alumno). Y el mecanismo de abono, recoge igualmente la web del Gobierno de La Rioja, es un sistema de subvención directa en el que la administración abona el importe al centro/escuela infantil donde esté matriculado el menor, previa justificación. Y es aquí donde ha surgido el problema y el retraso. En el curso 2025-2026, unas 3.500 familias en La Rioja se han beneficiado del Bono Infantil.

“Hay centros que han andado muy mal para pagar las nóminas de agosto”

A principio de curso (septiembre-octubre), cuentan las afectadas, el Ejecutivo regional abona el 40 por ciento del total del bono, “la única cantidad que el Ejecutivo regional anticipa”. Su cuantía varía porque lo marca el número de menores matriculados en el centro. El 60 por ciento restante se paga en tres veces, febrero, mayo y junio. Y es este último pago, el de junio, el que se ha retrasado dos meses y se ha abonado a principios de septiembre. Un tiempo “excesivo” que ha dificultado enormemente la gestión de las escuelas infantiles. “Yo llevo sin cobrar mi sueldo desde mayo” cuenta una de las afectadas. Y es que este retraso en el abono del bono infantil de junio ha obligado a muchos centros a aplazar el pago de las nóminas de sus trabajadores y de los alquileres. “En mi caso, hemos tenido que pedir un préstamo para poder hacer frente a todas las nóminas y al resto de pagos”, confiesa otra de las afectadas que reconoce que en sus más de dos décadas de experiencia en el sector, “nunca había vivido un inicio de curso sin liquidez y con dificultades para cubrir gastos tan básicos como los alquileres y las nóminas”. Y es que las cantidades adeudadas, solo del mes de junio, oscilan entre una horquilla de entre 40.000 y 80.000 euros, dependiendo del centro y del número de alumnado matriculado. “En mi caso, un pequeño colchón me ha permitido estar un tiempo sufriendo. Pero nunca antes habían apurado tanto como hasta ahora hasta el 2 de septiembre. Sé que hay centros que han andado muy muy mal para poder pagar las nóminas de agosto”, cuenta una tercera afectada.

Y es que con esta fórmula de pago, las escuelas de Educación Infantil sienten que actúan como “financieras del Gobierno de La Rioja y de las propias familias” porque los tres pagos del 20 por ciento “se realizan una vez que ya han pasado los meses. Es decir, los centros tenemos que adelantar el dinero del comedor de los niños y niñas, del personal que atiene a esos niños (nóminas y seguridad social), luz , agua, calefacción, material... actuamos como financieras de la Comunidad Autónoma y de las familias y esto para pequeñas y medianas empresas, que es lo que somos, es costosísimo porque estamos hablando de mucho dinero”.

La denuncia pública ha sido el último recurso porque el Gobierno de La Rioja es conocedor del retraso y del malestar de estas profesionales. A través de escritos y llamadas han trasladado los responsables de la Administración también sus preocupaciones y la respuesta obtenida no les ha convencido. “Desde Consejería me explicaron que había centros que no habían aportado toda la documentación o la habían presentado mal y esas subsanaciones es lo que ha retrasado todo el proceso” explica una de las afectadas que recuerda que “durante julio y agosto no hay bono infantil y que las escuelas únicamente están abiertas si hay niños matriculados”. “Entiendo que la administración tenga que revisar la documentación y realizar las comprobaciones necesarias, lo que no es comprensible es que este proceso provoque una situación económica tan grave para los centros que sí hemos cumplido”. “No es justo que quienes cumplimos con nuestras obligaciones y presentemos todo en tiempo y forma”, insisten. “La respuesta siempre es la misma. Da igual el retraso, la culpa siempre es de los centros”, apostillan.

Desde los centros de Educación Infantil también plantean posibles soluciones para que esta situación no se vuelva a repetir: “Que se pague lo presupuestado inicialmente y ya se ajustará en el siguiente pago cualquier modificación”. “Establecer un calendario claro de presentación, revisión y subsanación de la documentación de manera que todos los trámites puedan realizarse con tiempo suficiente y los pagos lleguen también a tiempo”, sugiere otra afectada. Aunque desde la Consejería de Educación ya les han trasladado “que no van a hacer ingresos parciales porque tienen que ser generales, lo que genera problemas gravísimos para las que cumplimos fielmente todos los cursos y todos los meses”, apunta una tercera afectada.

Rioja2 también se ha puesto en contacto con el Gobierno de La Rioja para conocer los motivos de este retraso y, lo más importante, saber la fecha prevista del abono. “Por distintos motivos de gestión, ha habido un retraso en el último pago de la subvención del Bono Infantil, pero nos consta que le pago se va a realizar ya, de manera inmediata”. A pesar de insistir para conocer los motivos del retraso, la respuesta siguió siendo la misma: “El retraso se ha debido a temas de gestión, de forma inminente se realizará el pago”.

Al día siguiente de formular la pregunta en la Consejería de Educación para la realización esta información (1 de septiembre), las escuelas infantiles recibieron el abono del bono infantil correspondiente a junio de este año.

“Los niños necesitan profesores y conexión humana para aprender y crecer”. Con este simple principio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha justificado la decisión del Ayuntamiento de la gran manzana de prohibir el uso de la inteligencia artificial generativa entre los alumnos de escuelas públicas, desde el programa preescolar para niños de 2 y 3 años hasta octavo grado, que se corresponde en España con 2º de la ESO, es decir, a estudiantes de 13 y 14 años. El veto, que estará vigente durante un año, afectará a casi 600.000 alumnos y forma parte de una iniciativa más amplia para restringir la tecnología en las aulas neoyorquinas.

“La industria tecnológica quiere hacernos creer que la IA en la educación infantil no solo es inevitable, sino necesaria. Nosotros no lo vemos así”, ha explicado Mamdani en una rueda de prensa el miércoles junto al secretario de Educación de la ciudad de Nueva York, Kamar Samuels, en la que ha detallado que es vital que los más pequeños desarrollen “habilidades” con sus compañeros al tiempo que construyen “relaciones con sus profesores” y resuelven “problemas difíciles por sí mismos”. “Todavía no hemos visto ningún estudio que demuestre que la IA sea beneficiosa para los estudiantes de primaria y secundaria, con la excepción, por supuesto, de las investigaciones patrocinadas por las mismas corporaciones que se benefician de ello”, ha argumentado el regidor demócrata de Nueva York.

Para Mandami, “un niño de seis años es demasiado pequeño para cortar una cebolla, freír un huevo o usar una estufa de forma segura. Pero una vez que ese niño cumple 16 años, ese conocimiento se convierte en algo que ya está suficientemente maduro para aprender. Ese mismo principio se aplica a la IA”. El alcalde ha incidido en que “nuestros adolescentes están creciendo en un mundo saturado de IA” por lo que no se puede fingir que “ese mundo no existe”. “Sería irresponsable no preparar a nuestros hijos para el futuro tecnológico en constante evolución que les espera”, ha añadido para a renglón seguido detallar que en la escuela secundaria, a partir de 14 años, se enseñará a los alumnos las “oportunidad” y “riesgos” de la IA.

Como parte de la aplicación de la medida, Mamdani ha explicado que Nueva York “eliminará o desactivará los componentes de IA de más de 38 programas autorizados anteriormente que no cumplen con nuestros nuevos estándares de seguridad y supervisión”. Esto incluye todo el software que utiliza IA generativa orientada a estudiantes. Además, los chatbots de acompañamiento estarán prohibidos en todos los niveles educativos, aunque se concederán excepciones a estudiantes con discapacidades, multilingües o aquellos que estén en programas de preparación profesional, como informática.

Los estudiantes de secundaria, por su parte, estarán exentos de la prohibición total. La ciudad impartirá dos veces al año clases de alfabetización en IA para todos los alumnos de más de 14 años y promoverá programas piloto para usar plataformas de IA bajo la supervisión de un profesor.

Los profesores también se quedan al margen de esta nueva política y podrán seguir usando la IA para la planificación didáctica y las tareas operativas, siempre que todas las herramientas cumplan con las normas de seguridad de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York.

La decisión de Nueva York se produce en un momento en que los distritos escolares de EEUU están estudiando y analizando los beneficios y los riesgos de la IA en las aulas. Por ejemplo, en el caso de Los Ángeles también se está bloqueando temporalmente las herramientas de IA en los dispositivos de los alumnos de todos los grados educativos mientras se desarrolla una política formal para el curso escolar.

El nuevo plan de Nueva York también incluye límites recomendados de tiempo frente a las pantallas. Los estudiantes de menos de 7-8 años verán restringido su tiempo de uso individual de pantallas, mientras que los alumnos de 9 a 11 tendrán límites recomendados de 30 minutos, que se incrementarán hasta los 45 minutos para los alumnos 12 a 14 años.

Entrena ha inaugurado este jueves su primera escuela infantil de 0 a 3 años con 41 plazas. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado el curso escolar 2026-2027 de esta etapa educativa en este nuevo Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Santa Ana’.

Capellán, acompañado durante la visita a la nueva escuela del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el acalde de Entrena, José Jalón, ha destacado que esta nueva infraestructura responde a las necesidades de conciliación de las familias del municipio, que hasta la fecha no disponían de un centro de estas características en su localidad.

Además, ha recordado que La Rioja, junto con Galicia, es desde el año 2019 “pionera en facilitar la educación gratuita de esta etapa educativa y desde entonces, nuestra Comunidad se ha situado en función de los indicadores, entre las primeras con mayor índice de escolarización”, lo que significa que “las familias riojanas han confiado en este servicio y han apostado por él, de hecho, iniciamos este curso con cerca de 3.700 niños y niñas entre 0 y 3 años escolarizados en centros educativos de la región”.

En este sentido, Capellán ha detallado que la escolarización en La Rioja del alumnado de 0 a 1 años, según los últimos datos conocidos, se sitúa en el 15,7%, mientras que a partir de 1 y 2 años, ese porcentaje asciende al 60 por ciento y a partir de los 2 años, alcanza el 80 % del total de la escolarización, con una media de casi el 60 por ciento en la educación infantil de primer ciclo. “La Rioja tiene un magnífico nivel de escolarización de 0 a 3 años, con 8 puntos por encima de la media, y queremos seguir en esa línea, por eso apostamos por continuar potenciando esta importante etapa educativa y mantenernos a la cabeza del país”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Nuevo escuela infantil en Entrena

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Santa Ana’, de titularidad municipal, dispone de 41 puestos escolares y desde el pasado día 1 de septiembre, ya acoge a 22 alumnos matriculados para este curso. El nuevo edificio consta de tres aulas, una para niños de 0-1 año, con 8 plazas; otra de 1-2 años, con 13 puestos escolares; y una tercera unidad para 2-3 años, con 20 puestos escolares.

Además de estas tres aulas, la nueva escuela, construida en una superficie de 449,2 metros cuadros en una parcela ubicada entre las calles Escuelas y San Blas, próxima al colegio público, dispone de cocina, comedor-sala multiusos, guardacoches, un despacho de dirección, vestuarios, baños y aseos y en el exterior, un porche y un patio de juegos. Todo ello proyectado en planta baja, favoreciendo de esta forma la accesibilidad y funcionalidad, con salida directa al exterior y comunicación entre las aulas y el patio.

Capellán ha indicado que se trata de una “edificación moderna con espacios climatizados y con las mejores condiciones de uso, que dispone de grandes zonas luminosas e incluso un mobiliario adecuado a la edad del alumnado. El color elegido permite transmitir a los niños tranquilidad y darles todos los estímulos necesarios”, además de que el nuevo espacio también favorece a los trabajadores “desarrollar de la mejor manera posible su labor docente”.

La inversión del nuevo centro asciende a 1.025.944,14 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado el 90% y el Ayuntamiento de Entrena el 10% restante. Además, la Consejería de Educación y Empleo ha aportado otros 34.000 euros para el equipamiento del patio de juegos. La puesta en marcha de la nueva escuela infantil ‘Santa Ana’ de Entrena se enmarca dentro del ‘Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

400 nuevas plazas de la escuela infantil

Durante la visita a la nueva escuela de Entrena, el presidente del Gobierno regional también ha inaugurado el nuevo curso escolar cerca de 3.700 alumnos de 0 a 3 años que cursan Educación Infantil de Primer Ciclo y que continuará el próximo miércoles, día 9, con la incorporación de los estudiantes del Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP.

El curso 2026-2027 de 0 a 3 años comienza con 128 nuevas plazas de titularidad pública en los centros de Educación Infantil de Primer Ciclo que acaban de abrir sus puertas en las localidades de Entrena, Aldeanueva de Ebro y Ausejo. Además, la escuela infantil municipal de Cervera del río Alhama, tras las obras de reforma y ampliación, ofrece desde el pasado mes de abril otras 13 nuevas plazas. De esta manera, la Educación Infantil de 0 a 3 años en La Rioja oferta más de 2.500 plazas de titularidad pública.

La red de Educación Infantil de primer ciclo en La Rioja está conformada por 26 escuelas infantiles municipales, 6 autonómicas y unos 40 centros docentes privados. Además, en distintos Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y Centros Rurales Agrupados (CRA) de distintas localidades Comunidad disponen de un total de 12 unidades para acoger a alumnos de 0 a 3 años y ofrecer este servicio en distintos entornos rurales.

El Gobierno de La Rioja consolida la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, mediante la financiación del coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil a través del denominado Bono Infantil. Capellán ha anunciado que “el proyecto de presupuestos para 2027 incrementará la partida destinada a esta subvención para las familias en 500.000 euros”. Durante el pasado curso 2025-2026, se beneficiaron del Bono Infantil unos 3.000 alumnos de 0 a 3 años, para los que se destinaron un total de 11,9 millones de euros, 385 euros de por familia incluyendo el comedor.

Además, el programa de impulso a la escolarización del Primer Ciclo de Infantil ha permitido crear 485 plazas nuevas en los últimos cuatro años, 300 de ellas a partir del año 2023 con una inversión de 6,71 millones de euros, a cargo de fondos europeos y propios del Gobierno de La Rioja para asumir el coste de las nuevas infraestructuras, el mobiliario y el personal, entre otros gastos.

El PSOE ha alertado de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “encubierto” en la educación pública a la vista de los “alarmantes” datos facilitados por sindicatos, como UGT, que indican que el próximo curso va a comenzar con 176 docentes y 52 aulas menos.

En un comunicado, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha advertido que su partido “no va a aceptar que se disfrace de reorganización lo que en la práctica supone destruir empleo público y deteriorar la educación pública”.

“Lo que estamos viendo es un ERE encubierto en la educación pública: se eliminan plazas, se cierran aulas y, al mismo tiempo, se endurecen las condiciones de acceso a las vacantes para los interinos, expulsando a docentes que llevan años trabajando en nuestros centros”, ha afirmado.

A su juicio, se trata del “mayor golpe a la educación pública en la historia de Cantabria” y, en este sentido, ha indicado que, una vez más, los hechos demuestran, que el Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP) “a lo único que se ha dedicado estos tres años es a deteriorar las condiciones en las que se presta la enseñanza pública”.

Quiñones ha advertido de que “cada plaza que se elimina tiene como consecuencia más carga de trabajo para el resto del profesorado en cada centro educativo, menos atención individualizada para el alumnado y más precariedad” para quienes sostienen la educación pública, un servicio que, según ha defendido, es el “mayor instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial”.

Quiñones ha instado al Ejecutivo regional “que dé la cara” y explique a la ciudadanía “las razones por las que están desmantelando la educación pública” y exponga “su modelo educativo sin trampantojos”.

“Si su modelo pasa por recortar la educación pública, como están demostrando, lo mínimo que pueden hacer es decirles a los cántabros cual es su modelo educativo, que pasa por seguir fomentando la educación pública y concertada mientras deteriorar la enseñanza pública”, ha concluido.

La implantación estructural, pública y universal del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Región de Murcia es una medida de urgencia social y pedagógica que tendría que haberse iniciado de forma seria y contundente hace mucho tiempo. Mientras la evidencia científica y los expertos en desarrollo cognitivo no se cansan de repetir que los tres primeros años de vida son cruciales para el aprendizaje y la equidad social, la administración pública regional sigue arrastrando los pies. Lo que debió haber sido una red de protección para la infancia y una herramienta indispensable para garantizar la conciliación real de las familias murcianas se ha convertido, por culpa de la inacción y la falta de previsión política, en un laberinto burocrático y en un foco de precariedad laboral insostenible.

Durante décadas, el tramo de 0 a 3 años se ha tratado erróneamente desde las esferas institucionales como un servicio puramente asistencial o de “guardería”, un recurso secundario destinado simplemente a la custodia de menores. Despojar a esta etapa de su innegable carácter educativo ha sido el primer gran error histórico de la gestión autonómica. Cuando la necesidad de plazas públicas es acuciante y miles de familias de clase media y trabajadora se ven obligadas a hacer encajes de bolillos económicos para costear la escolarización temprana, la parálisis administrativa pasa de ser una ineficiencia para convertirse en una injusticia social. Llegar tarde a la regulación y financiación del ciclo 0-3 significa, lisa y llanamente, ensanchar la brecha de desigualdad desde la cuna.

En este complejo escenario, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se sitúa en el centro de todas las críticas legítimas de la comunidad educativa. Lejos de diseñar una hoja de ruta sólida, basada en presupuestos autonómicos propios y en la creación de infraestructuras públicas estables, la Consejería ha optado sistemáticamente por una política de parches y propaganda. La realidad que se vive en las escuelas infantiles dista mucho de los grandes anuncios institucionales de “gratuidad universal” que se lanzan a los medios de comunicación. CCOO llevan tiempo saliendo a la calle para denunciar la falta de planificación real, el retraso crónico en las aportaciones económicas y la asfixia generalizada que sufren los centros de la comunidad.

El reflejo más nítido y preocupante de este modelo de improvisación es, sin duda, el recurso sistemático a los llamados nombramientos por programas. En lugar de consolidar plazas fijas y estructurales dentro de la plantilla pública de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Educación fía la escolarización del tramo de 0 a 3 años a proyectos temporales y presupuestos con fecha de caducidad. Este perverso mecanismo contractual tiene consecuencias devastadoras en dos frentes diferenciados.

Por un lado, somete al personal interino a una inestabilidad laboral crónica, con contratos precarios que se extinguen al finalizar el programa de turno, destruyendo cualquier atisbo de carrera profesional digna para un sector tradicionalmente feminizado y maltratado. Por otro lado, esta falta de estabilidad de las plantillas dinamita por completo la continuidad pedagógica en las aulas. Los niños y niñas en edades tan tempranas necesitan referentes afectivos y educativos estables para su correcto desarrollo; cambiar de profesionales continuamente debido a las costuras de un contrato temporal es una falta de respeto al alumnado.

La Consejería de Educación utiliza los nombramientos por programas como un escudo administrativo para eludir su responsabilidad presupuestaria a largo plazo. Al no crear plazas estructurales, la administración regional evita comprometer fondos propios para el futuro, dejando la educación de los más pequeños supeditada a vaivenes económicos externos. No se puede construir el futuro educativo y el estado del bienestar de la Región de Murcia sobre los cimientos de la provisionalidad. Las familias murcianas no necesitan promesas electorales, ni las educadoras merecen ser tratadas como mano de obra de usar y tirar en programas con fecha de vencimiento.

Es hora de exigir un giro de 180 grados en la gestión educativa. La Consejería de Educación debe asumir de una vez por todas sus competencias, dotar al ciclo 0-3 de un presupuesto autonómico blindado y sustituir los parches de los programas temporales por plazas fijas y estables en la función pública. La educación de calidad de nuestros niños y niñas de cero a tres años no son un proyecto piloto ni un lujo financiable a plazos: son un derecho que ya ha esperado demasiado.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la concesión provisional de 725 ayudas económicas para Primer Ciclo de Educación Infantil, conocidas popularmente como 'chiquibecas'. Con el objetivo de apoyar a las familias en la conciliación durante el periodo estival, el Ayuntamiento de Logroño concede estas ayudas económicas para el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, referentes al mes de julio. Las ayudas concedidas oscilan entre los 200 y los 260 euros. El Ayuntamiento de Logroño destina una cuantía total de 156.600 euros a estas 'chiquibecas'.

El presente acuerdo de adjudicación provisional se expondrá al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la aprobación del acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local. Dentro de ese plazo podrán presentarse las alegaciones oportunas.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión definitiva de 865 ayudas económicas para la compra de libros y material didáctico de alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil durante el curso 2026-2027. El Ayuntamiento destinará una cuantía total a las ayudas de 86.500 euros.

El abono de estas ayudas se realiza mediante la entrega del correspondiente vale, que será canjeable en cualquier librería de la ciudad, por el importe de la ayuda concedida en cada caso a las personas beneficiarias. Los beneficiarios de estas ayudas están obligados a: Presentar de forma correcta, completa y veraz la documentación requerida en las presentes bases.

Dedicar el importe de la ayuda exclusivamente para la adquisición de libros y material didáctico para segundo ciclo de Educación Infantil. Comunicar al Departamento de Educación del Ayuntamiento de Logroño la obtención de otras ayudas o subvenciones para el mismo fin procedentes de otras administraciones o entidades públicas o privadas. En este caso, el beneficiario deberá optar por la que más le convenga.

El acuerdo de adjudicación definitiva de estas ayudas educativas se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Logroño durante un plazo de 10 días.

Goteras y filtraciones que provocan moho, deterioro de cubiertas que han acarreado la visita de los bomberos en diversas ocasiones, cascotes bajo el foso de arena, falta de limpieza, grietas, pintura deteriorada, baldosas rotas, pavimentos levantados, ausencia de aire acondicionado, problemas con la calefacción, ventanas y carpinterías ineficientes, rampas que no respetan la normativa. Y así hasta más de un centenar de deficiencias que el Defensor del Pueblo investigará en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, cuyas educadoras están en huelga desde el 7 de abril. La huelga no solo reclama una subida de salarios que dignifique su profesión, sino la mejora del entorno en el que la infancia se ve obligada a crecer y educarse sus primeros meses de vida.

“Vamos a intentar que no tenga que pasar una desgracia para que las cosas cambien”, adelanta Rosa Marín como portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de Madrid. Esta educadora en un colegio de Las Rozas de gestión directa por parte de la Comunidad de Madrid recuerda cómo este invierno dos aulas de su anterior escuela se inundaron por las lluvias. “He visto hasta cómo se caían los baldosines de un baño. Ahí deben funcionar cuatro retretes por aula, pero dos sistemáticamente estaban rotos, año tras años. Y había persianas que no se levantaban, así que hemos estado sin luz natural los meses que han tardado en arreglarlo”, ejemplifica.

Estos apenas son algunos ejemplos de la batería de deficiencias y necesidades que la PLEI entregó al Defensor del Pueblo. Ahora, el organismo que lidera Ángel Gabilondo les ha respondido que abrirá actuaciones de oficio con las administraciones titulares de los centros. En concreto, se han iniciado ya actuaciones con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda y Colmenar Viejo, informaron en un escrito.

Sin asumir sus competencias

Marín asegura que habla “de cosas que de verdad dificultan el día a día en las escuelas y sería hasta para cerrarlas, porque siguen abriendo en unas condiciones que no son las adecuadas ni para la infancia ni para mantener la calidad educativa que se merecen las criaturas”. A la espera de que la investigación por parte del Defensor del Pueblo colme las esperanzas de la plantilla, las administraciones se pasan la pelota unas a otras.

La portavoz explica a elDiario.es que las competencias de infraestructuras de las escuelas públicas, tengan gestión directa o privatizada, siempre recaen en la Comunidad, mientras que el mantenimiento es competencia de los ayuntamientos. “Les comentas una deficiencia y te dicen que es de la infraestructura, pero luego los otros te dicen que es por falta de mantenimiento, y mientras la escuela se cae a pedazos” denuncia.

El esfuerzo “titánico” –tal y como lo caracteriza esta educadora infantil– que han realizado sus compañeras para enumerar y documentar los desperfectos de sus escuelas una por una se ha materializado en un dosier de más de 40 páginas que también obra en poder de la Consejería de Educación, con Mercedes Zarzalejo al frente. “Cuando nos reunimos con ella se comprometió a comunicar al departamento de Obras e Infraestructuras estas deficiencias si se las mandábamos en un informe. Esto es de risa. Tendría que ser ella quien las tuviera registradas porque sabemos que las direcciones de las escuelas se las han hecho llegar”, se queja Marín. Desde el envío, meses mediante, no han obtenido respuesta alguna. “Somos conscientes del papel limitado del Defensor, pero creemos que sí puede presionar de alguna manera para que las cosas mejores”, añade.

Precinto de los bomberos

Alba, educadora infantil en la escuela La Almudena, de gestión directa por parte de la Comunidad, sostiene que “están dejando morir” a su centro: “Es de los más antiguos de la región y todos los años, en la época de lluvias, sufrimos humedades, filtraciones y goteras”. Situado en Hortaleza, en este centro peligra la cubierta. Tanto, que los bomberos han llegado a acordonar algunas zonas. A ello se suman aulas inhabilitadas por la presencia de moho. “Trabajamos con bebés y con niños muy pequeños y nos tememos que algún día pueda ocurrir alguna desgracia”, advierte.

A La Almudena acuden cerca de un centenar de alumnos todos los días. “Pensamos que no hacen reparaciones estructurales porque prefieren que llegue el día en que tengan que cerrar o tirar la escuela. Suponemos que para después hacer una nueva, pero de gestión indirecta”, indica la educadora infantil.

María es madre de una criatura que este curso ha acudido a La Almudena, al curso de 0 a 1 años. “La cubierta está destrozada. Yo no sé si la integridad de los niños está a salvo”, secunda. No es el único aspecto que le preocupa, pues la falta de aires acondicionados acarrea numerosas incomodidades para la plantilla y los propios bebés, que tienen que estar rodeados de pingüinos. “Eso no puede ser sano. A veces he recogido a mi hija a 38 grados. Es un centro muy grande y sus instalaciones podrían estar muchísimo mejor, porque ahora es lamentable”, se queja.

Desde su punto de vista, no se invierte más dinero en las infraestructuras de las escuelas infantiles “porque los niños pequeños no pueden hablar”. “No sé dónde irá ese dinero, pero no va a remediar los desperfectos de la escuela. No puede ser que empecemos el curso y durante tres semanas no se pueda utilizar el aseo por las humedades que tiene, como pasó el año pasado”, rememora.

Cascotes debajo de la arena

Las escuelas infantiles se suceden una tras otra en el informe que entregaron al Defensor del Pueblo. El centro Ori Ori de San Blas, gestionado también directamente por la Comunidad de Madrid, es otro. Ana Muñoz trabaja como educadora infantil en este chalet antiguo de dos plantas: “Se está cayendo el enfoscado de la fachada y tuvieron que intervenir los bomberos el curso pasado. La dirección hizo los informes pertinentes, lo elevó a la Consejería, han venido a verlo, pero no han hecho nada”.

Uno de los aspectos que más preocupa en esta escuela infantil es la presencia de cascotes bajo la arena del patio de los pequeños de 2 a 3 años. “Nuestro patio está hecho sobre residuos de obra”, expone. Entre las deficiencias también se encuentran grietas en diversos muros, humedades, desprendimiento de parte de la fachada, ventanas de hierro en mal estado y una claraboya en la cubierta que está rajada, lo que provoca goteras.

Sin embargo, la cuestión no va solo de si arreglar las escuelas infantiles o no, sino también del respeto a sus trabajadores. Jorge Abad, maestro de educación infantil en la escuela Tarabilla, centro ubicado en Ciudad Lineal propiedad del Ayuntamiento de la capital, pero de gestión privatizada, detalla las calamidades que ha sorteado la plantilla este último curso. “Aquí las trabajadoras y las familias hemos tenido que luchar para tener el aire acondicionado que llevaba tres años sin funcionar, se ha reformado el patio y se ha terminado con un problema de palomas que defecaban en él”, comenta.

En este caso, fueron tantas las quejas que la junta municipal del distrito de Ciudad Lineal determinó que la escuela necesitaba una reforma integral y se comprometieron a llevar a los alumnos y educadoras a otro centro durante la remodelación. Finalmente, el Ayuntamiento no encontró alternativa y optó por ofrecer a las familias más puntos por irse a otra escuela y hasta 600 euros por acudir a una privada. “Con las educadoras, como nuestro contrato terminaba este año, decidieron no renovarlo. Gracias al apoyo y la presión de las familias estamos aquí, un año más, pero no sabemos qué ocurrirá el curso 27-28”, finaliza Abad.

No han dejado de repetirlo desde el 7 de abril, cuando comenzaron esta huelga indefinida, la primera en su historia, mediante la que intentan forzar una subida salarial, pues las nóminas actualmente rozan el salario mínimo: con estas condiciones es imposible educar y cuidar a la infancia como se merece. Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid descansarán en agosto de unos meses repletos de movilizaciones y acciones de lucha y solidaridad. Septiembre será el mes más complicado hasta el momento, pues el inicio de curso se prevé en servicios mínimos, lo que redundará en la calidad asistencial que podrán brindar a las familias y las criaturas, sobre todo aquellas que pisan la escuela por primera vez.

Será la primera ocasión en la historia que un nuevo curso comienza en las escuelas infantiles madrileñas con las educadoras en huelga. Las repercusiones se dejarán notar gravemente en el periodo de adaptación y vinculación de los más pequeños, tal y como coinciden en alertar todas las trabajadoras consultadas para este reportaje. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), ha recalcado que el inicio en septiembre “va a ser duro, muy duro, sobre todo para aquellas criaturas pequeñas cuyas familias nunca han dejado a su hijo o hija con desconocidos”.

Este proceso, que requiere una “atención mínima y un estar presente”, tal y como concretiza la misma Marín, educadora infantil en un colegio público con etapa educativa de 0 a 3 años de Las Rozas, se verá afectado por la huelga. “Con las ratios que todavía tenemos y los servicios mínimos es muy difícil dar esa atención porque será imposible llevar a cabo el trabajo de vinculación tan necesario esos primeros meses”, ha comentado cuando la manifestación echaba a andar.

Si fuera un periodo de acogida normal, las aulas se llenarían de familias nuevas que acompañarían a los más pequeños durante algunas horas para conseguir que se aclimataran. Al igual que hasta ahora, la realidad que se vivirá en las escuelas de la Comunidad de Madrid será mucho más complicada que aquellas gestionadas por el Consistorio de la capital, pues en las primeras no existe la figura de pareja educativa. “Se mezclan bebés con otros pequeños de hasta tres años y se unen aulas, y cada día una de nosotras se encarga de una diferente. Va a ser muy complejo el inicio de curso”, reitera Marín.

Las educadoras infantiles se preparan emocionalmente para ello. “Hacemos terapia entre nosotras para resistir”, comenta metafóricamente la portavoz. Asimismo, admite que lo pasan “muy mal” cuando ven que no llegan a atender a las criaturas como se merecen.

Un salario para sobrevivir

La mayor parte de las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid reciben unos 1.080 euros por su trabajo a final de mes. Edu Vacas es uno de ellos. “Este salario afecta a todos los niveles, sobre todo en una ciudad tan poco amable como Madrid”, introduce. Este educador infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid de gestión indirecta ha estado más de una década dedicando el 60 % de sus ingresos, en torno a 1.350 euros brutos con las pagas extra prorrateadas, al pago del alquiler. “Es increíble que cobremos esta miseria cuando somos los responsables de cuidar y acompañar a criaturas en sus primeros meses de vida, cuando más conexiones neuronales se producen”, sostiene.

Vacas trabaja junto a una pareja educativa, así que la principal consecuencia de la huelga al comienzo del curso será la falta de una figura de referencia para los más pequeños. “Eso impedirá que podamos atender e individualizar las necesidades y deseos de la infancia, a quien le costará mucho más entender que la escuela no es un lugar hostil”, añade. Por último, enfatiza que serán las nuevas familias que accedan al centro las que peor lo pasarán: “Es un papelón muy gordo para ellas”.

Tamara González, también educadora infantil en una escuela gestionada por el Ayuntamiento capitalino, añade que viven “el inicio de curso con bastante incertidumbre. Ese acercamiento que siempre tenemos las primeras jornadas se verá truncado y no será posible la vinculación con la infancia”, asevera.

Por otro lado, esta profesional de la educación es una de las tantas que convive con una dualidad en su interior. Deja de ir a trabajar para hacer reaccionar a una Consejería que las tiene abandonadas, según expresa, pero a la vez admite que no puede ver sufrir o pasarlo más a las criaturas. En ese debate, incluso chantaje emocional, gana la lucha: “Estamos en las calles para poder mejorar el trato que les damos en el futuro. Si no seguimos con la huelga, todo irá a peor”.

María Álvarez, por su parte, asume que sobrevive más que vive con su salario de educadora infantil, por lo que se vale de la ayuda de sus padres. “Seguir con esta huelga ya es algo heroico. No solo estamos aquí por dinero, sino también por la infancia y para darle voz a aquellos que no la tienen” expresa por teléfono a elDiario.es.

Una Consejería inmóvil

Sobre el inicio de curso, esta educadora en una escuela de Parla dependiente de la Comunidad de Madrid con la gestión privatizada exclama que tanto los pequeños como ellas, las trabajadoras, lo pasarán mal. “Tiene que ser así para poder conseguir lo que reivindicamos. Es pasarlo mal un tiempo corto para poder hacer bien nuestro trabajo de una forma duradera en el futuro”, agrega.

Marín, la portavoz de PLEI, incide en que esto podría no ser así si la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, con Mercedes Zarzalejo al frente, aceptara una subida de salarios. “Yo creo que ella ni es consciente de lo importante que es este tiempo de acogida en las aulas. Desconoce el sufrimiento que va a producir en familias, infancia y educadoras”, sostiene. Del mismo modo que el resto de compañeras, esta educadora explica que “una criatura no podrá sentirse sostenida, ni va a poder aprender, ni jugar ni relacionarse ni explorar si no se siente segura, y para eso sus personas de referencia debemos poder trabajar con unos medios y condiciones dignas”.

Uno de los grandes logros de las trabajadoras madrileñas ha sido arrancar al Ministerio de Educación un real decreto que servirá para bajar las ratios en las aulas. Sin embargo, la Consejería dirigida por Zarzalejo no ha atendido nunca a sus demandas. “Le hemos mandado comunicaciones por registro para que firmara unas declaraciones que hizo a los medios de comunicación y nunca ha respondido. No creo que ahora, de repente, nos llame para decirnos que aumenta el salario”, reconoce Marín. Esa es su línea roja. Solo levantarán los paros cuando consigan un sueldo digno y acorde a su formación y responsabilidad.

El secretario general del PSOE de Torrelavega y portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Urraca, ha informado de una moción para debatir en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el 4 de agosto, en la que se insta al Gobierno de Cantabria (PP) a “rectificar las decisiones adoptadas en varios centros educativos del municipio que afectan a la etapa de Educación Infantil” y que, a juicio de los socialistas, suponen “un retroceso en la calidad de la educación pública”.

En un comunicado este lunes, Urraca ha explicado que la iniciativa nace tras “las preocupaciones” trasladadas por “numerosas familias y comunidades educativas” de distintos centros de la ciudad ante las modificaciones organizativas previstas para el próximo curso.

La moción recoge situaciones como “la no reapertura de una segunda aula de dos años en el CEIP Menéndez Pelayo, la propuesta de unificar alumnado de 2 y 3 años en el CEIP Pancho Cossío, la supresión de una de las dos unidades de 5 años en el CEIP Cervantes y la reorganización de las aulas de Educación Infantil en el CEIP Manuel Liaño mediante la creación de aulas mixtas, por un lado de 2 y 3 años y por otro de 4 y 5 años”, ha indicado el PSOE.

En opinión del dirigente socialista, estas decisiones deben analizarse desde un punto de vista pedagógico y no únicamente organizativo, y ha subrayado al respecto que Torrelavega escolariza un “elevado porcentaje” de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE).

“Reducir unidades educativas significa disponer de menos margen para ofrecer una atención individualizada, dificulta la organización de los centros, compromete la educación inclusiva y limita la capacidad de respuesta cuando se incorporan nuevos alumnos durante el curso escolar”, ha afirmado.

Asimismo, Urraca ha puesto en valor el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Torrelavega con la educación pública. En este sentido, ha recordado que el Consistorio financia dos Técnicos de Educación Infantil por cada aula de dos años, a pesar de tratarse de una competencia autonómica, “asumiendo un importante esfuerzo económico del que el Gobierno de Cantabria únicamente sufraga la mitad”.

A través de esta moción, el Grupo Municipal Socialista propone, entre otros acuerdos, instar al Gobierno de Cantabria a mantener las aulas de dos años implantadas en los centros educativos públicos de Torrelavega, garantizar las unidades de Educación Infantil necesarias y revisar las decisiones adoptadas en los centros afectados para que respondan a criterios pedagógicos, de calidad educativa e inclusión.

La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid no se cansan de repetirlo: no levantarán la huelga indefinida hasta conseguir un aumento de sus salarios, que a día de hoy rozan el mínimo interprofesional. Esta vez, sus demandas se han dejado ver más que escuchar por las calles del centro de la capital en una manifestación nocturna iniciada sobre las 22.00 horas en Atocha. Sus habituales cánticos y ruido de silbatos han dejado paso a las luces y llantos de bebés que han acompañado a la protesta hasta su final en la Puerta del Sol, donde han advertido que los paros continuarán en el inicio del nuevo curso en septiembre.

“Estamos aquí para hacer ver que seguimos en la lucha tras más de tres meses de huelga”, ha expresado Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) madrileña al inicio de la convocatoria. Mientras en la cabecera se desplegaba una pancarta que rezaba “educadoras en lucha. Por la dignidad del 0-3”, esta educadora ha recalcado que, por el momento, esperan el texto final redactado por el Ministerio de Educación mediante el cual han conseguido una drástica bajada de ratios por la vía de la pareja educativa.

La cartera dirigida por Milagros Tolón se ha comprometido con las educadoras infantiles a que la ley estatal obligue a comunidades y ayuntamientos que en sus escuelas, y en los pliegos de las licitaciones para las empresas que las gestionarán, se reduzca el número de criaturas a cuidar y educar por cada trabajadora. En estos momentos, las ratios para una educadora se sitúan en ocho bebés de 0 a 1 años, 14 criaturas de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años. El compromiso arrancado a Educación rebaja a más de la mitad estos números, que se quedan en cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Lucía Martínez, educadora infantil en una escuela pública del Ayuntamiento de Madrid gestionada por una empresa privada, ha visto en esta manifestación “la luz que marca el camino de las reivindicaciones entre tanta oscuridad”. Como si de una performance se tratara, la protesta simboliza los aspectos más duros de una huelga indefinida iniciada el 7 de abril y cuyos resultados llegan a cuentagotas. “Hay una deuda histórica con la educación del 0 a 3 y estamos aquí para cerrarla”, exclama.

La pareja educativa, síntoma de calidad

Contenta por la introducción de la pareja educativa, es decir, una educadora infantil más por aula, Martínez explica que ello supone “compartir con una compañera, hacer equipo, reflexionar juntas y tener miradas diferentes, además de que cuatro ojos siempre ven más que dos”. Cuando la protesta se acercaba a Antón Martín, Miriam Silva, que trabaja en una escuela dependiente del Ayuntamiento de Parla de gestión indirecta, ha añadido que trabajar junto con otra compañera significa “poder irte a tu casa habiendo mirado a todos los niños a los ojos en algún momento del día, sabiendo que has podido cuidar sus necesidades asistenciales, pero también educativas”.

Vanesa Campano ha recalcado que los lloros que no se han dejado de escuchar a lo largo de la manifestación es el sonido con el que ellas se ven obligadas a lidiar durante su jornada laboral. Del mismo modo, esta educadora infantil en un colegio de Aranjuez totalmente público ha explicado que una de las consecuencias de los paros es que el aprendizaje de los más pequeños se ha visto mermado. “Hay menos personal y el trabajo se centra en lo asistencial”, ha agregado.

La trabajadora arancetana ha acudido con su hija pequeña a la protesta. Tal y como ha apuntado cuando a la cabecera apenas le quedaban unos metros para girar ante las obras de la plaza de Jacinto Benavente, esta es una forma de hacerle ver que “ella ha tenido una educación de calidad en una escuela pública y quiero que le dé valor y que entienda que tenemos que luchar por ello, que es el futuro de todos”.

Hacia la subida de salario

Marín, la portavoz de PLEI, recalca que los paros continuarán hasta que las comunidades autónomas no aumenten la financiación para las plantillas de las escuelas. “Somos las personas que sostenemos a la infancia y necesitamos una remuneración acorde a la responsabilidad de nuestro trabajo y nuestra formación”, reivindica.

Tristemente para las educadoras infantiles, no parece este un extremo que concuerde con la idea que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, con Mercedes Zarzalejo al frente, tiene para las escuelas de su competencia. “Solo nos recibió tras siete semanas de huelga y se comprometió con nosotras a poner la pareja educativa y no prorrogar los pliegos ya vigentes, pero no nos ha dado el acuerdo por escrito ni responde a las comunicaciones que le hemos hecho llegar por registro”, desarrolla la portavoz.

Martínez, por su parte, añade que en torno al 80 % de las educadoras infantiles roza el salario mínimo en sus nóminas: “Queremos educar y lo queremos hacer bien, pero para eso tenemos que entrar en el aula sin el estrés de no poder pagar el alquiler”. Preguntada por los ánimos de las plantillas en huelga, desde su punto de vista, el departamento liderado por Zarzalejo “está jugando al desgaste”.

“Quieren que nos cansemos, pero somos un grupo de trabajadoras que de lo que nos hemos cansado es de sostener el sistema a costa de nuestro esfuerzo, nuestra salud mental y nuestras familias, a la que también queremos cuidar y mantener”, se explaya la huelguista. Como las demás, ella también ve la caja de resistencia como un pilar fundamental para aguantar esta huelga histórica en la región madrileña, pues nunca se habían llevado a cabo paros indefinidos en este sector.

La huelga continuará en septiembre

En cuanto a la asistencia a esta manifestación nocturna, desde PLEI cifran en 500 las personas que han secundado la convocatoria. Marín recuerda que se trata de un sector “muy feminizado” y que ya los colegios han terminado: “Muchas somos madres y tenemos que cuidar de nuestros pequeños, así que la conciliación también nos complica el venir a las movilizaciones”. En agosto pararán las protestas para descansar y en septiembre retomar la huelga “con las pilas cargadas” que solo desconvocarán cuando consigan unos salarios dignos, subraya la portavoz de la Plataforma.

No están solas. Las familias han creado una coordinadora de la que ya forman parte unas 500 y a través de la cual dan apoyo y soporte a las trabajadoras en lucha. “Nosotras vemos que están deseando que la huelga termine para que las criaturas puedan recibir la atención que se merecen y su figura de referencia vuelva a las aulas”, comenta Marín. En este sentido, septiembre se presenta como un mes complejo. Tal y como añade esta educadora infantil de una escuela gestionada de forma directa por la Comunidad de Madrid, “arrancar el curso con una huelga es difícil porque pasan de estar un mes entero con sus familias a estar en unas aulas con poco personal y sin la persona con la que deberían generar ese vínculo”.

Silva, por su parte, ha subrayado que al inicio de curso no habrá tiempo para el trabajo educativo: “No habrá reuniones de familia, así que quienes entren nuevos van a ver cómo sus hijos no reciben la educación que merecen porque seguirán los servicios mínimos”. Será un “descontrol”, asegura.

El silencio de la manifestación por las calles de Madrid ha explotado en torno a las 23.00 horas, cuando la protesta ha arribado al kilómetro cero madrileño, donde han dado una vuelta a la plaza. En su particular despedida de fin de curso, las educadoras infantiles han leído juntas algunos mensajes emotivos que les han hecho llegar a lo largo de estas jornadas de huelga indefinida que comenzaron el pasado 7 de abril.

Cuando se acercaba la media noche, las luces que llevaban en sus manos y colgadas no han dejado de lucir ante la mirada algo sorprendida de los viandantes nocturnos. Ellas, a lo suyo. Como si consiguieran hacer levitar las palabras con las que vehiculan sus justas demandas frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, las educadoras infantiles se han despedido de las calles hasta el próximo curso. “No nos vamos a cansar y a paciencia no nos gana nadie”, concluye Silva.

CCOO ha denunciado que la Consejería de Educación planea llevar a cabo el próximo curso 2026-2027 “el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012”, ante el que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de “medidas contundentes”, defendiendo incluso una huelga. Además, llama a las asociaciones de madres y padres de alumnos a sumarse a un “bloque común de rechazo”.

“Si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”, ha aseverado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

160 docentes y 30 unidades de Educación Infantil y Primaria menos

Y es que el sindicato ha avisado en un comunicado que, a falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva (PP), el borrador de cupos que ha enviado a la representación sindical confirma lo que la Federación de Enseñanza del sindicato “ya alertaba desde hace semanas”: una pérdida de más de 160 plazas docentes -55 de Educación Infantil, 80 de Primaria y otras 27 de Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)-.

Además, ha indicado que, según la información que han trasladado a la federación los equipos directivos y el profesorado de varios centros escolares de la región, la Consejería pretende también suprimir “más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria”.

“Ya veníamos avisando de nuestras sospechas. Intuíamos que la Consejería estaba preparando un gran recorte en Educación Infantil y Primaria”, ha lamentado Sánchez.

La sindicalista ha puesto como ejemplo el caso del colegio Pedro del Hoyo de Colindres, donde, según ha dicho, Educación tiene la intención de suprimir una de las aulas de 3 años cuando hay 21 alumnos y más pendientes de la matrícula extraordinaria.

“En otros centros no mandan apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y, en muchos casos, cuando el personal interino llegue a los centros por las especialidades de Música, Inglés o Educación Física se va a encontrar con la sorpresa de que su horario va a estar sobrecargado con otras tareas y esto sin contar con los centros que, al suprimir unidades, perderán horas de coordinación de planes y proyectos”, ha avisado.

Para CCOO, este “brutal recorte” de plazas puede provocar que haya personal interino que se vea fuera de la enseñanza a pesar de llevar toda la vida trabajando en Cantabria o que incluso funcionarios de carrera tengan que cambiarse de centro educativo porque su plaza ya no existe. “Es un absoluto desastre”, ha aseverado.

En cuanto a las variaciones de cupo, la federación ha señalado la pérdida de tres docentes en colegios como el Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña (Arenas de Iguña); Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Juan de Herrera de Maliaño (Camargo), Jesús Cancio de Santander o Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana.

Para Sánchez, “las cifras son de una gravedad extraordinaria porque es un recorte brutal de la educación pública y un atentado que afecta directamente al alumnado y a la calidad de la enseñanza”.

En este sentido, ha señalado que se van a unificar aulas y la pérdida de docentes acarreará una sobrecarga para los equipos directivos que tendrán que asumir tutorías.

Llamamiento a las AMPAS

La Federación de Enseñanza ha hecho un llamamiento a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) y a la federación que las engloba (FAPA) para hacer “un bloque común de rechazo y oposición”.

Ha asegurado que a la Federación le han llegado casos de familias que quieren llevar a sus hijos al mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y no se les está permitiendo la escolarización, ocasionando “un gran perjuicio para la organización y la conciliación de las familias”.

“La comunidad educativa tiene que ser consciente de la gravedad de estos recortes. No se trata únicamente de una cuestión laboral de los docentes sino que afecta a todo el alumnado y a la calidad de la enseñanza”, ha dicho.

CCOO ha afirmado que “si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”. “Vamos a plantear a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes. Seguimos defendiendo la convocatoria de una huelga porque esto es intolerable. No lo podemos dejar pasar”, ha concluido Sánchez.

La Junta de Castilla y León ha comprado equipos de aire acondicionado portátil (conocidos como 'pingüinos') para los colegios para evitar las altas temperaturas, según ha informado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Estos equipos cubrirán las 59 centros en los que imparten el primer ciclo de educación infantil (0-3 años) y las cuatro escuelas infantiles que pertenecen a la Junta.

El gobierno birregional ya ha empezado con la distribución de los equipos y tiene previsto completar las entregas durante la primera quincena de julio. A medio plazo, la Consejería de Educación está barajando la instalación de sistemas de climatización estructurales fijos en los centros si lo permiten las circunstancias.

Fernández Carriedo también ha instado a los ayuntamientos, corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro a que instalen sistemas de refrigeración similar y ha recordado que la Junta de Castilla y León ofrece ayuda en esa línea.

Calahorra ampliará su Escuela infantil municipal ‘Santos Mártires’ con 2 aulas más para niños de 1 a 2 años. La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha solicitado al Gobierno de La Rioja una subvención para ampliar la Escuela infantil municipal ‘Santos Mártires’. “Desde que conocimos que había lista de espera en las dos Escuelas infantiles de la ciudad para el próximo curso escolar, nos reunimos con los padres, visitamos las instalaciones con los técnicos municipales para estudiar las posibles soluciones y nos pusimos a trabajar con el Gobierno de La Rioja para atender la demanda de las familias calagurritanas”, ha explicado la alcaldesa.

Para ello, “hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno regional y vamos a ampliar la Escuela infantil municipal con dos aulas más y 36 nuevas plazas más, con una ratio de 13 alumnos por aula”, ha anunciado Mónica Arceiz. Esta ampliación incrementará la oferta de plazas disponibles, reducirá las listas de espera y mejorará la calidad del servicio prestado, así como favorecerá la conciliación familiar y laboral de las familias de Calahorra.

Está previsto que se construya un módulo anexo, que albergará dos clases para niños de 1 y 2 años y un aseo infantil compartido. La actuación incluirá también la adecuación del terreno, la ejecución de cimentación, las instalaciones necesarias, la conexión con infraestructuras existentes y el equipamiento, así como la dotación de un paso cubierto para el tránsito seguro del alumnado. Todas estas actuaciones tienen un presupuesto total de más de 265.000 euros, que serán financiados por el Gobierno de La Rioja.

Por su parte, el Ayuntamiento de Calahorra asumirá la modificación del contrato actual de gestión de la Escuela infantil ‘Santos Mártires’, que supondrá un incremento estimado de 136.000 euros, derivados de la contratación de más personal y más servicios. “Con esta ampliación cumplimos otro de nuestros principales compromisos con los calagurritanos”, ha destacado la alcaldesa. 

“El objetivo es acelerar al máximo los trámites administrativos para que las nuevas aulas puedan abrirse cuanto antes, preferiblemente durante los últimos meses de 2026, y en cualquier caso a la mayor brevedad. Nos gustaría que estuvieran para el inicio del curso, pero con los plazos de los procedimientos administrativos no será posible”, según Mónica Arceiz, quien ha recordado que “aunque las escuelas infantiles no son competencia municipal entre las dos administraciones hemos impulsado esta solución ante la creciente demanda”. El viernes pasado se celebró una Junta de Gobierno Local extraordinaria de urgencia para aprobar la solicitud de la subvención a la Consejería de Educación y Empleo para esta ampliación de la Escuela ‘Santos Mártires’ y agilizar los trámites.

Climatización de la Escuela infantil municipal

Todas las aulas y zonas comunes de la Escuela infantil municipal ‘Santos Mártires’ ya cuentan con climatización. Aun así, el Consistorio asegura que este lunes se colocarán unos nuevos aparatos, ya que los instalados el pasado viernes no funcionaron correctamente y por motivos técnicos se desinstalaron.

La empresa Servitec Calahorra S.L. es la encargada del suministro de estos 5 aparatos de refrigeración por un precio de 9.079,84 euros. Se van a colocar en el comedor y en las tres aulas de bebés, las únicas de la Escuela infantil que aún no disponían de estos sistemas para afrontar las altas temperaturas del verano.

La propuesta del Gobierno de reducir las ratios en Educación Infantil se ha recibido como un ataque en Galicia, donde la Xunta ha hecho bandera de la gratuidad en el tramo de 0 a 3 años con un modelo que prima a las empresas privadas. Tanto es así que, en 2024, llegó a devolver al ejecutivo 22 millones de euros destinados a crear 3.200 plazas públicas más porque consideraba que en la comunidad ya estaban cubiertas. Ahora teme por el futuro de este diseño y, junto a la patronal del sector, ha encontrado un nuevo frente de oposición a Madrid. 

Poco antes de dejar su despacho de la Xunta para convertirse en presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo dejaba comprometida una gratuidad que le tocó inaugurar ya a su sucesor, Alfonso Rueda. En octubre de 2024, ya en Génova, Feijóo se sacó de la manga una Ley de Conciliación que proponía la extensión a todo el Estado de su modelo, una propuesta a la que vuelve cada cierto tiempo. Dos meses más tarde, el PSOE gallego denunciaba la devolución de aquellos 22 millones de fondos europeos. 

Este miércoles, después de que trascendiesen los planes del Ministerio, la patronal Acade emitía un comunicado en el que advertía de que la medida podría suponer el cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas de España. A la conselleira de Política Social, Fabiola García –en Galicia, este tramo educativo no depende de Educación–, le faltó tiempo para recoger el guante y este mismo viernes recibía a los representantes del sector. 

“Corre riesgo la gratuidad de la educación infantil”; “se van a perder puestos de trabajo de muchas mujeres” o “van a cerrar muchas escuelas infantiles que llevan toda una vida dando el callo, cuidando, mimando y acompañando a muchas familias” fueron algunos de sus alarmantes mensajes.

Después, llegó el momento de sacar pecho: “Galicia tiene la mayor ratio de atención a todos los niños de 0 a 3 a nivel mundial” aseguró antes de erigir a la comunidad en “referencia en estos momentos a nivel europeo y nacional”. García tiene “muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar” con el modelo gallego, que llama a “replicar” en el resto de comunidades, financiado al 50% desde el Ministerio. 

Detrás de ese récord mundial estaba a finales de 2024 la argumentación para rechazar unos fondos europeos que, ahora, podrían estar evitando estos riesgos. Tres años antes, la Xunta recibió 34,8 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a crear 3.417 nuevas plazas públicas de Infantil. Supondría aumentar en más de un diez por ciento la oferta total de la comunidad, que en aquel curso 2024-25 fue de 32.000 matrículas, incluidas las más de 13.000 ofertadas por centros privados.

Un estudio realizado entonces por la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) elevaba la subvención media del gobierno gallego a las guarderías privadas por cada alumno hasta los 309,90 euros. Mientras, lo que recibían los matriculados en las escuelas infantiles que dependen de los ayuntamientos –sumando escolarización y mantenimiento– se quedaba en sólo 92,90. 

La Xunta utilizó un tercio de aquel presupuesto y sólo implementó 205 plazas. “Se penaliza a los líderes”, decía entonces Política Social, que intentó “insistentemente” que el Gobierno dejase que utilizasen la partida para “la mejora de las escuelas infantiles o la financiación de la gratuidad”, que cuesta al ejecutivo autonómico 65 millones al año que afronta “en solitario”.

La tasa de escolarización infantil en Galicia está “por encima del 60% y supera en 12 puntos la media española”, por eso “la necesidad de creación de nuevas plazas era inferior” a la de otras comunidades. Sin embargo, si se hubiesen creado esas plazas en lugar de apostar por un modelo “concertado” –el término es del PSdeG–, la situación hoy, ante esta “potente” reducción de ratios sería muy diferente.

Quien pone ese adjetivo al plan del Gobierno es Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino –el primer sindicato en Galicia–, quien respalda la iniciativa y las ratios propuestas por el Ministerio: bajar de ocho a cuatro bebés por docente en 0 años, de trece a seis en 1 y de veinte a ocho en 2 años. A Arroxo le gusta que se tome como referencia el profesional “y no el aula”. Eso permitiría crear grupos de ocho, doce o 16 alumnos atendidos por una pareja educativa, una antigua demanda de los profesionales.

La sindicalista ironiza por la alerta de la Xunta, contraponiéndola con la costumbre del PP de “el Gobierno invita y las comunidades pagan”. “Aquí se promueve un sistema privado, del que se están lucrando empresas, mientras se devuelve el dinero con el que se podría crear un sistema público de cuidados”. 

“Lo que trajo el sistema de la Xunta, el ‘todo pagado’, fue mucha más precariedad laboral” y falta de controles: “En las públicas, si el niño no va, te pueden quitar la plaza. En las privadas no se vigila y, si hay menos alumnado del que se matricula, se producen despidos o recortes de jornada”. Y concluye: “lo que se necesitan son más profesionales”.

Bajada sobre bajada, el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El departamento que dirige Milagros Tolón también propone reducir el estudiantado en las clases de Bachillerato, en una maniobra que, junto a la ley que se tramita para hacer lo mismo en Primaria y Secundaria, completaría una bajada de ratios histórica en toda la etapa educativa preuniversitaria, según ha adelantado El País.

En esta negociación que mantiene abierta con las organizaciones sindicales, Educación trata así de abordar el descontento docente, que se ha manifestado en los últimos meses, especialmente en la Comunitat Valenciana, en Catalunya y entre las trabajadoras de Infantil, que ya han protagonizado dos paros estatales. En Madrid están en huelga indefinida desde el pasado mes de abril.

Así, para Infantil, Educación propone que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora). En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) la cifra máxima sería 20, según la propuesta del ministerio (desde 25) y en Bachillerato 30 (35 en este momento).

CCOO ha valorado la propuesta positivamente. “El único pero es que plantean que [implantar las nuevas ratios] sea progresivo, iniciándose en el curso 27/28 y finalizando en el 29/30”, ha expresado el sindicato a través de un comunicado.

El descenso de las ratios es una de las principales reivindicaciones del profesorado en las protestas que ha protagonizado esta primavera y que amenazan con volver en septiembre si nada cambia. Estas reivindicaciones, en forma de huelgas, se dirigen contra los Gobiernos regionales, que tienen las competencias directas en educación, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco mínimo al que las comunidades deban atenerse.

Hasta ahora las diferentes ministras habían optado por no tocar las ratios —pese a que se le viene exigiendo al Gobierno desde que tramitó la Lomloe, en 2020—, pero finalmente Educación, que al menos a nivel de declaraciones se había mostrado comprensivo con las protestas de las educadoras de Infantil, ha entrado de lleno en la materia y bajará todas las ratios.

La situación era especialmente precaria en Infantil, donde además de las condiciones laborales —hay maestras y educadoras cobrando poco más del Salario Mínimo Interprofesional— las educadoras podían estar a cargo de hasta 20 niños por aula en algunos modelos.

“El 100% de las escuelas infantiles cerrarán”

La patronal de centros privados Acade ha emitido un comunicado un par de horas después de conocerse la oferta de Educación en el que expresa su “profunda preocupación” por la medida y advierte de que “podrían verse abocados al cierre los 5.345 centros privados de educación infantil existentes en España”. La organización lamenta que el anuncio del Ministerio se produce sin diálogo y señala que “más de 224.000 alumnos, cerca del 50% del total escolarizado en esta etapa en el conjunto de la red pública y privada, podrían quedarse sin plaza” porque “Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública”.

Según Acade, si se rebajan las ratios a la mitad se perderían “más de 60.000 puestos de trabajo” y “se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes”.

El sector privado de la educación infantil, en la que conviven modelos de gestión pública, privada y mixtos (públicos de gestión privada) es el que peores condiciones laborales ofrece a sus empleadas, con salarios apenas por encima del SMI.

Once semanas han pasado desde que las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid comenzaron su huelga indefinida. El pasado 7 de abril las profesionales de las escuelas infantiles se reunieron por primera vez ante el Ministerio de Educación para exigir a las instituciones unas mejores condiciones laborales después de mucho tiempo viviendo jornadas imposibles. Las educadoras llevan desde entonces trabajando con servicios mínimos en las escuelas, mientras desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) organizan movilizaciones cada semana.

Un mes después de que comenzara la huelga indefinida en Madrid, las educadoras de todo el país se sumaron a las movilizaciones de las madrileñas, y comenzó una huelga general en el sector de 0 a 3 años en toda España. El pasado 6 de mayo, la PLEI, de la mano del sindicato CGT y con el apoyo de CCOO, dieron el gran salto a las movilizaciones a nivel estatal, donde exigían, principalmente, una bajada de las ratios de niños y niñas por aula, subida de los salarios (que rozan el SMI) y la implementación de la pareja educativa en las jornadas laborales. Dos semanas después, el 23 de mayo, educadoras de todo el país se reunieron para su primera manifestación conjunta en Madrid, a la que acudieron unas 15.000 personas. Una activista catalana recordaba que “es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que su trabajo no es cuidar, es educar, e insisten en que se debe reconocer un trabajo que creen que está infravalorado. La PLEI sostiene que su sector necesita “ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”.

Las educadoras exigían el cese de las prórrogas de los contratos

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid denuncian la pasividad de las instituciones, especialmente desde la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y desde su Consejería de Educación, encabezada por Mercedes Zarzalejo, que no ofrecen soluciones a sus quejas. Las profesionales de las escuelas infantiles se han reunido en numerosas ocasiones frente a la Consejería para recordarle a Zarzalejo la situación en la que trabajan a diario las educadoras y lo que necesitan que se implemente para poder volver a las aulas. Desde la PLEI han exigido en más de una ocasión reunirse con la consejera de Educación, además de con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. 

Las escuelas, en un primer momento, consiguieron reunirse con José Fernández Sánchez, delegado del Área de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes [la Comunidad de Madrid] argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Desde la Plataforma denunciaban que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”.

Las educadoras critican que el número de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no habían sido formalizadas era indeterminado, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replicaron las educadoras. Según la Plataforma, José Fernández Sánchez insistió en la “imposibilidad” de la paralización de estos contratos, y sostenían que la reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

Coaccionadas por las empresas al filtrar el Ayuntamiento sus datos

Las profesionales del 0-3 presentaron un recurso administrativo en contra de las prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles. Según las educadoras, el alcalde madrileño había aprobado las prórrogas de cerca de 40 contratos, “que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras” del municipio de Madrid. “Las trabajadoras infantiles de las escuelas municipales deberían cobrar desde septiembre 1518 euros al mes, en vez del salario mínimo interprofesional (SMI). Almeida solo tenía que sacar pliegos nuevos, posteriores a junio de 2025, para que esa mejora salarial se hiciera efectiva”, denuncian las educadoras.

La presentación de este recurso supuso un episodio peor para algunas educadoras. Varias de las firmantes reconocían haber recibido coacciones por parte de las empresas encargadas de gestionar las escuelas infantiles en las que trabajan. Las educadoras denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid había filtrado sus datos personales (nombre, apellidos y DNI) y que, aunque reconocen que las empresas tienen derecho a conocer la presentación de ese recurso, no lo tienen para saber quiénes lo habrían firmado.

Las educadoras exigieron que terminara “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Sostenían que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explicaban que aplicarían “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

La Comunidad de Madrid ha “adelantado y acelerado” la firma de muchos contratos

Desde el sindicato CGT, denunciaban esta semana la publicación de numerosos acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y muchos municipios, blindando los acuerdos monetarios del curso anterior. Según CGT, durante los primeros días de la huelga que comenzó el 7 de abril se firmaron muchos convenios “como aperitivo de la firma con todos los municipios de la Comunidad de Madrid que se han publicado durante mayo y junio”.

“En el BOCM se han comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas adendas comenzaron en abril pocos días después del inicio de la huelga”, explicaban desde el sindicato, y denuncian que la Comunidad “ha adelantado y acelerado mediante dichas enmiendas la firma durante la huelga indefinida”, mientras que en el curso anterior “se firmaron a finales de junio”.

CGT critica que, entre la Comunidad de Madrid y distintos Ayuntamientos, se han firmado “hasta un total de 87 adendas a fecha 20 de junio, anulando así la capacidad negociadora del comité de huelga con la administración en cuanto a ratios, pareja educativa o mejora de los salarios”. Estos convenios afectan también a los precios-plaza de las escuelas infantiles. Según detallaban, “dichas adendas contemplan el precio plaza niño/a en 1760 euros y la plaza en extensión en 1460 euros. El año 2025 el precio plaza fue de 1669 euros”.

Zarzalejo cedió a implantar la pareja educativa

Las educadoras se reunieron con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el pasado 21 de mayo. En esta reunión las profesionales del 0-3 consiguieron un avance en su lucha: la implementación de la pareja educativa en las escuelas de gestión directa e indirecta de la Comunidad de Madrid. Esta medida reduciría el número de niños por educadora en las aulas a partir del próximo curso en todas las escuelas infantiles. Además, la consejera se comprometió a paralizar las prórrogas de los pliegos. Sin embargo, según la Plataforma, insistieron para que Zarzalejo firmara sus compromisos, pero la consejera de Educación afirmaba “que no sabe quién conforma la plataforma, que no tiene capacidad legítima y no tiene claro con quién firmar los acuerdos”.

Zarzalejo en un principio insistió en que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Casi dos meses después, a principios de junio, calificó como “incomprensible” la huelga de las educadoras infantiles, y que únicamente buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España: “Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece cuando menos una reflexión”.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, consiguió defender la lucha de las educadoras en una Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo. Además, junto a otras compañeras, acudió a la tribuna de invitados del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como iniciativa del grupo municipal de Más Madrid, de donde fueron expulsadas el 29 de abril. Miembros de algunos grupos municipales, como Rita Maestre o la concejala socialista María Caso, defendieron la lucha de las educadoras, que reaccionaron ante las palabras de José Sánchez Fernández, el cual definió la gestión de las peticiones de las 0-3 como “muy a lo sanchista”, por lo que fueron expulsadas del Pleno.

Familias y sindicatos apoyan las movilizaciones

Más de dos meses han pasado desde que comenzó la huelga en la capital. Durante este tiempo, las educadoras han conseguido también el apoyo de las familias. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recordaba Rosa Marín, portavoz de la Plataforma. Además, a finales de mayo, las familias madrileñas se concentraron ante la Consejería de Educación para exigir una reunión con Mercedes Zarzalejo. Las familias reconocían ser “parte de los afectados” por las malas condiciones en las que desarrollan su profesión las educadoras infantiles, e insistían en que los más pequeños “quieren volver a la escuela”. También criticaron la pasividad de las instituciones y pedían que “dejen de echar balones fuera” ante una situación educativa que “es insostenible”.

Las organizaciones sindicales con representación en el sector de Educación 0-3 de la Comunidad de Madrid (USO, CCOO, UGT, FSIE) se unieron también a la lucha de las educadoras infantiles para exigir mejoras en el sector cuando llevaban ocho semanas en huelga. Las educadoras y los sindicatos confesaron que la unión daba “más fuerza” a las movilizaciones.

De cara al próximo curso

“Seguiremos presionando e intentando que se quede resuelto antes de las vacaciones de verano y si no, pues seguiremos en septiembre”, reconocía la portavoz de la PLEI, Rosa Marín, hablando sobre la posibilidad de alargar la huelga durante el próximo curso. “Estamos cansadas porque además hace calor y es complicado, pero ahí seguimos”, sostiene.

Además, con la llegada del verano se han centrado en una nueva lucha: “Realizaremos la misma performance, pero sobre el calor que pasamos en las aulas en el mes de julio, que no entendemos por qué las criaturas tienen que ir a las escuelas”, reconoce Marín. Por ello, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país el jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

“Las familias de la escuela pública de Toledo han dicho basta de forma unánime”, con esta contundente afirmación, y coincidiendo con el último día del curso escolar, cientos de familias de la ciudad han protagonizado desde las 8:40 horas de la mañana lo que califican de “histórica movilización simultánea” para reclamar la climatización en las aulas de los centros escolares.

Lo que comenzó hace una semana como una protesta impulsada por el AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas, que logró reunión en la primera convocatoria a 13 centros, se ha transformado hoy en un frente común absoluto: el 100% de las 16 AMPA de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Toledo, junto con el AMPA del Conservatorio Profesional de Música ‘Jacinto Guerrero’, se han unido en una misma reclamación.

Las puertas de los centros educativos de la capital regional se han convertido a primera hora de este miércoles en el escenario de concentraciones pacíficas. El objetivo de esta inédita alianza vecinal y educativa es exigir a las administraciones competentes “un proyecto de climatización real, con plazos, presupuesto y fechas de ejecución, que garantice de forma urgente los derechos y el bienestar de los menores frente a un cambio climático que ofrece veranos cada vez más largos y extremos”.

Aulas a más de 30 grados antes de junio

Familias y profesores de los distintos centros públicos de la ciudad llevan semanas realizando mediciones diarias en el interior de las clases y de los comedores escolares, constatando que el termómetro supera con frecuencia los 30ºC mucho antes de llegar el mes de junio.

Esta situación de “estrés térmico”, señalan, “no solo pone en riesgo la salud de los menores, sino que incumple la normativa vigente del Estatuto de los Trabajadores” que, según recuerdan, fija el límite máximo de temperatura para trabajos de oficina y docencia en los 27ºC.

Asimismo, aducen que la propia Asociación Española de Pediatría alerta de que el calor extremo afecta de forma directa al rendimiento y la salud en la infancia.

Desde la Junta Directiva del AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas califican la situación de “insostenible”. Ponen como ejemplo las graves deficiencias de su propio centro, donde el alumnado sufre temperaturas extremas al principio y final de curso (ya que el comedor está ubicado en un edificio de chapa sin aislamiento), mientras que en los meses de invierno sufren el problema inverso y se ven obligados a comer con el abrigo puesto.

Soluciones “irreales” y bloqueo de las administraciones

La comunidad escolar de Toledo tacha de “parches irreales e ineficaces” las soluciones planteadas por los representantes de las administraciones con responsabilidad en la gestión de los centros educativos.

Las familias recuerdan que abrir las ventanas para generar corriente no funciona en el ambiente seco de Toledo y que, debido al impacto del sol en las fachadas de edificios antiguos y mal aislados o sin voladizos que ofrezcan sombra, se ven obligados a mantener las persianas bajadas, impidiendo el uso de la luz natural.

Tampoco consideran viable concentrar el calendario escolar en los meses más fríos, ya que eso obligaría a los niños a pasar más tiempo en campamentos de verano que se realizan, precisamente, en las mismas instalaciones escolares de la ciudad.

Las AMPA denuncian que las distintas administraciones implicadas “se pasan la pelota” de unos a otros para eludir responsabilidades mientras nadie asume el problema de fondo.

Por ello, advierten que “esta unión histórica de familias no terminará con las vacaciones de verano” y que “si las administraciones no se sientan a trabajar de manera conjunta y presentan un plan real de manera inmediata, las movilizaciones se reanudarán con mayor intensidad al inicio del próximo curso en septiembre”.

Ayer, el consejero de Educación Amador Pastor aseguró que el Gobierno de Castilla-La Mancha está “comprometido” con la climatización de los centros educativos y tras reconocer que ha habido “reproches” por parte de diferentes administraciones respecto a las competencias en esta materia, recordó que las convocatorias de ayudas para la climatización, hasta tres, han tenido una “alta respuesta” por parte de más de 300 ayuntamientos de la región “que no han cuestionado ni las competencias ni las titularidades, simplemente han aprovechado esta disposición de fondos”.

La propia ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, recordó que el Gobierno de España ha puesto fondos para esta finalidad a disposición de las comunidades autónomas.

El alcalde de Toledo Carlos Velázquez se abría ayer a hablar con el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque volvió a poner la pelota de las competencias en el tejado de la Junta de Comunidades.

CCOO pide puntos de agua y zonas de sombra en los patios

Los sindicatos llevan meses reclamando actuar. En los últimos días, CCOO había anunciado su intención de recurrir a la Inspección de Trabajo para que se tomasen cartas en el asunto. De hecho el sindicato se ha sumado hoy a la protesta.

En concreto, junto a las AMPA y profesores, se ha concentrado hoy frente a los CEIP Rosa Park y Gómez Manrique de la capital regional. Este último, junto al CEIP Alfonso VI, son dos de los centros que se van a climatizar, explica CCOO, “pero no se va a realizar de forma suficiente”, porque en el caso del Gómez Manrique solo se van a climatizar algunas aulas.

CCOO pide también que las zonas comunes, como los patios, cuenten con puntos de agua y suficiente sombra. “Ahora mismo la situación es que los patios están desertizados y faltan puntos de agua, según trasladan las AMPA al sindicato”. Además, “los niños y niñas tienen que hacer sus clases de educación física y jugar en condiciones de seguridad”, afirma el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo, Bernardino Mendoza.

En el caso del CEIP Rosa Park, el más antiguo y numeroso en cuanto a alumnado del barrio del Polígono, “no cuenta con zona de sombra alguna en todo el centro escolar ni tampoco en la entrada del mismo donde el paseo principal no tiene ni un solo árbol, una muestra de la desidia y el abandono por parte del Ayuntamiento de Toledo”, denuncian los padres y madres y el secretario general de CCOO en esta provincia, Federico Pérez.

El sindicato también insiste en emplazar a la administración local y regional a adoptar “de forma urgente” las medidas necesarias para garantizar aulas seguras, saludables y climatizadas.

“CCOO está acompañando y apoyando, de verdad, a las AMPAS de Toledo y de Talavera de la Reina para exigir la climatización de los centros educativos”, afirma el sindicato, que recuerda que la situación no es nueva y se viene denunciando “desde hace años”.

La situación que soportan alumnos y profesionales de la enseñanza durante los periodos de altas temperaturas, especialmente en los meses finales del curso escolar, “afectan directamente al bienestar, la salud y el rendimiento de toda la comunidad educativa, convirtiendo esta situación en un problema estructural que requiere soluciones definitivas”, zanja.

Las educadoras infantiles madrileñas han denunciado la firma de cerca de 40 prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles de la capital. Según explican desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), “Almeida comenzó a firmar prórrogas que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras de la red de escuelas municipales de Madrid”. Además, recuerdan que la existencia de unos nuevos pliegos para el próximo curso, en vez de la continuación de los vigentes hasta este verano, se traducirían en una mejora salarial a partir de septiembre para las educadoras infantiles que, según detalla la PLEI, ascendería a los 1518 euros al mes, en vez del SMI.

Cerca de veinte educadoras, junto a CGT, UGT y CCOO, firmaron el recurso que se presentó contra estas prórrogas. Según sostiene la PLEI, “desde el Ayuntamiento de Madrid no solo no han parado las prórrogas ya aprobadas a la fecha de presentación de los recursos, si no que han aprobado el gasto para otras 20 más”. La presentación de este recurso ha supuesto otra situación preocupante para las educadoras. Según han explicado en un comunicado, varias educadoras que firmaron el recurso “han sido coaccionadas” por las empresas que gestionan las escuelas donde trabajan. “Estas coacciones se han producido porque dichas empresas han tenido acceso a esta información facilitada por las Juntas de Distrito, concretamente, los datos personales de las trabajadoras firmantes”, reconoce la PLEI.

Las educadoras atacan al Ayuntamiento de Madrid por estos hechos: “Podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad”, desarrollan las educadoras. “Además, podría haber incurrido en desviación de poder, ya que estaría utilizando sus potestades -la tramitación de un recurso- para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, facilitando colateralmente herramientas de presión laboral a una empresa privada, con graves consecuencias para los derechos laborales de las trabajadoras”, añaden.

Almeida promete “estudiar lo ocurrido”

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido “estudiar” el reproche de las trabajadoras. “Lo que he pedido es a protección de datos del Ayuntamiento de Madrid, dado lo sensible del tema, que estudie la cuestión y que determine que es exactamente lo que ha pasado”, ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, añadiendo que investigarán lo sucedido a través de los “canales internos de protección de datos”. “Cada escuela depende de los distritos y queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así ha habido cualquier irregularidad inmediatamente solventarla y en el caso de que no la haya habido que tengamos todos la tranquilidad de que se ha actuado correctamente”, ha concluido Almeida.

Sin embargo, las denunciantes sostienen que los datos personales de las trabajadoras que firmaron el recurso (nombre, apellidos y DNI) “se recaban en el marco de un procedimiento administrativo [un recurso de reposición]. La finalidad de esos datos es tramitar y resolver dicho recurso”. Las educadoras entienden que las empresas que gestionan las escuelas pueden conocer la presentación del recurso, por estar implicadas, “pero siempre protegiendo los datos de las trabajadoras que no son necesarios para el hecho vinculante y deberían haber sido anonimizadas antes de haber sido trasladados”.

Las educadoras describen esta situación como “hechos muy graves”, y exigen que termine “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Desde la Plataforma recuerdan que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explican que aplicarán “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

Las movilizaciones de las educadoras continúan

Las escuelas siguen de huelga indefinida después de más de dos meses desde que comenzó. Ante las pocas soluciones que reciben por parte de las instituciones, las educadoras continúan sus movilizaciones, apoyadas también por las familias. Este miércoles, 17 de junio, la coordinadora de familias en defensa del 0-3 entregará en la Consejería de Educación 20.000 firmas en apoyo a la huelga durante la concentración semanal organizada por la Plataforma. Las familias demandan “la apertura inmediata de una negociación real y efectiva, una interlocución directa con las familias y un aumento de dotación de escuelas infantiles públicas que garantice que un elevado número de familias se quedan excluidas en las matriculaciones”.

Por otro lado, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país para este jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que “estudios de neuroeducación alertan de que las jornadas escolares excesivas en pleno verano cronifican el estrés biológico en la primera infancia”. Por ello, exigen “una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año”. Ante esta situación, han convocado concentraciones bajo el lema “El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar” en muchas comunidades autónomas de toda España. En Madrid, se reunirán en la Puerta del Sol, este jueves 18 de junio, a las 19:00 horas.