Este miércoles arranca una huelga “histórica” en la educación de la Comunidad de Madrid. Histórica porque la convocan prácticamente todas las organizaciones que tienen algo que decir en el sector –hasta el sindicato CSIF se unió este martes—, porque incluye a todas las etapas y además por el carácter indefinido del paro.

Ratios, horas lectivas, diversidad en las aulas, salarios, falta de recursos, de plazas públicas, de profesionales, precariedad, infrafinanciación con carácter general, privatización... desde Infantil hasta la Universidad, desde CGT hasta el CSIF pasando por las familias, todo el mundo tiene algún motivo para ir a una huelga que empezó siendo de la etapa obligatoria, pero a la que se ha sumado la universidad en las últimas semanas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llevaba meses avisando de un “otoño caliente” en la Comunidad de Madrid. Ya desde antes de verano denunciaban que todo era una suerte de complot de sindicatos y el Gobierno central, en un nuevo intento de poner el foco sobre el Ejecutivo regional. Ese otoño caliente ya está aquí, pero también podría considerarse simplemente la culminación de la primavera, que ya venía templada, con paros, protestas y manifestaciones en todas las etapas, con las plataformas en defensa de la universidad pública liderando la carga contra Ayuso.

Infantil abre el fuego

A finales de marzo, las educadoras infantiles de Madrid abrieron fuego y decidieron ir a la huelga indefinida por una situación que calificaron entonces de insostenible. “No se puede vivir con el salario mínimo”, decían, después de tres años de protestas parciales. Entre sus exigencias estaban las ratios más bajas y una mejora salarial para equipararlas a las de otras figuras clave educativas. Durante los meses siguientes tiñeron las calles de la capital de amarillo. Todavía siguen.

Las educadoras finalmente consiguieron reunirse con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. En este encuentro se firmó el primer avance: la implementación de la pareja educativa en las escuelas infantiles de la Comunidad. Sin embargo, las educadoras mantenían sus exigencias salariales y de ratio, con lo que la huelga continuó, una situación que Zarzalejo tildó de “incomprensible”. La consejera de Ayuso llegó entonces a decir que estas protestas buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo”.

“Muy grave”, replican los convocantes, es que la Comunidad sea casi el único gobierno regional que no ha revertido del todo los recortes que implementó el exministro José Ignacio Wert en 2012, aunque la consejera Zarzalejo no hablaba de eso. “Muy grave” es que siendo la región más rica de España en términos de PIB per cápita sea la que menos invierte por alumno de toda España. “Muy grave” es ser la región de Europa que más segrega a su alumnado en la escuela, insisten las más de 13 organizaciones que convocan el paro.

O que la universidad más grande de España, la Complutense, tenga que pedir un crédito al teórico encargado de financiarla, el Gobierno regional de Ayuso, porque no tiene ni para afrontar subidas de sueldo anuales. “Muy grave” es que el profesorado sea de los que menos cobra en España porque el complemento autonómico que cada comunidad autónoma paga es de los más bajos con la vivienda disparada. La lista de reivindicaciones que han motivado el paro es extensa.

El calor que “inspira”

Con las críticas del Gobierno de Ayuso de fondo y las administraciones sin atender sus exigencias, las educadoras continuaron sus protestas en verano, pero la tensión aumentó con la llegada del calor y las protestas se mezclaron con otras. Colegios, institutos y centros de educación infantil juntaron fuerzas para pedir una apuesta real para climatizar todas las aulas ante una temperatura global que no para de subir. En junio el calor era ya insoportable.

Las protestas de las educadoras frente a la Asamblea de Madrid se alternaban con las de las familias y plataformas que se manifestaban para exigir que el Gobierno de Ayuso atendiera sus peticiones y preparara los centros educativos autonómicos para el calor. Las críticas iban en aumento y, mientras, Zarzalejo aseguraba que este curso se había hecho una “inversión de casi 18 millones de euros solo en climatización”. “Pero, lógicamente, cuando hace calor, hace calor”, añadía la consejera madrileña durante su intervención. 

Esa frase causó tanto revuelo que su compañero en el gobierno, Mariano de Paco, consejero de Cultura, se sintió en la obligación de salir a defenderla en el pleno. En una sorprendente declaración, De Paco aseguró que él hizo la EGB en Murcia y que puede constatar que “cuando hace calor, hace calor”. Su intervención iba a más ante una sorprendida oposición, que no daba crédito a las palabras de De Paco. Y ahí fue cuando citó a Vicente Medina, poeta murciano, para asegurar que “el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración”.

Las palabras del consejero resonaron durante días y sirvieron a la oposición para cargar contra las políticas educativas regionales. “El calor en las aulas no es fuente de inspiración, es fuente de dolores de cabeza, de deshidratación y de desmayos”, dijo la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

El inicio del curso académico y el plantón de Ayuso

Tanto en primavera como en verano las plataformas en defensa de la universidad pública fueron la cara más visible de las reivindicaciones educativas, que iban cogiendo forma. Estos grupos de protesta tienen el bagaje que les dan dos años de oposición a las políticas educativas de Ayuso, con huelgas, paros académicos y manifestaciones que han logrado colocar en el debate público la situación de los campus madrileños y el papel del Gobierno regional en esa ruina. Dos universidades han tenido que ser rescatadas por su teórica financiadora: la Complutense y la Rey Juan Carlos. Precisamente las dos que este miércoles se unirán a los paros.

El rechazo que genera la figura de la presidenta en esos entornos es tal que Ayuso optó por no acudir este año al acto de inauguración del curso académico, un evento en el que era habitual, y mandó en su lugar a la consejera Zarzalejo, quien considera muchas de las demandas que exigen colectivos y sindicatos “inalcanzables” y que “solo se piden en Madrid”. “No tiene mucho sentido que esos sindicatos que están negociando con la administración pública estén en la calle fomentando ese conflicto”, dice, en declaraciones remitidas a los medios.

Ahora, la huelga por la educación complica a Ayuso su campaña electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre y amenaza, según se desarrolle, la de las autonómicas del próximo mayo. Unos paros que se suman además a la protesta que continúa en Sol con cientos de personas acampadas desde hace días por una vivienda digna. Dos protestas que de alguna manera se relacionan y que han juntado fuerzas: el pasado 27 de septiembre una Marea Verde tomó el centro de la capital para acabar frente a la sede de la Comunidad de Madrid con los acampados al grito de “tenemos los mismos enemigos, sin vivienda digna no hay educación”.

Ese “otoño caliente” que vaticinaba la presidenta autonómica y su equipo es real y amenaza con quitarle el foco a otros temas con los que Ayuso y su equipo están más cómodos, como Ceuta o el fantasma del bulo del pucherazo electoral, que la baronesa del PP ya ha sacado a pasear. La imagen de otra marea ciudadana que pelea desde las calles por una educación pública y de calidad sumará todavía más presión a un gobierno autonómico que lleva meses acumulando polémicas.

Rioja2 lo adelantó el pasado 28 de septiembre y ahora lo confirma el Ayuntamiento de Logroño: el plazo para la presentación de los justificantes de las chiquibecas se extenderá hasta el 2 de noviembre. Las chiquibecas se destinan a financiar los gastos del mes de julio y la cuantía presupuestaria que el Ayuntamiento de Logroño tiene consignada para estas ayudas es de 156.600 euros.

El importe de las ayudas va desde los 200 a los 260 euros, y para cobrarlas se requerirá justificar que se ha realizado el pago al centro educativo. 

Las personas interesadas tienen más información y las bases completas en la web municipal www.logroño.es.

Un juzgado investiga a una maestra de Educación Infantil y a dos directivas del colegio concertado Alborada, en Alcalá de Henares (Madrid), por presuntos malos tratos a bebés y una supuesta falta de actuación de las dos responsables del centro ante las advertencias recibidas por parte de otras trabajadoras. Según información publicada por El País, los hechos habrían ocurrido durante el pasado curso e incluyen presuntos golpes, zarandeos y prácticas agresivas durante la alimentación de los menores por parte de la docente.

La principal investigada, identificada como Elena F., habría golpeado a algunos menores en la cabeza y la boca, los habría zarandeado bruscamente y se habría burlado de ellos mientras lloraban. La denuncia contra la docente también recoge episodios en los que supuestamente les introducía grandes cantidades de comida en la boca y les tapaba la nariz para obligarlos a tragar, una práctica que, según los testimonios recogidos por El País, habría provocado vómitos y riesgo de atragantamiento a los niños. 

La denuncia contra la trabajadora se basa en un audio y un vídeo que fueron grabados a escondidas por otras docentes. Según esta información, el procedimiento judicial se inició después de que la policía detectara indicios de criminalidad y se ha abierto por presuntos delitos de torturas, contra la integridad moral y tratos degradantes hacia los menores. 

La investigación comenzó en agosto, cuando dos educadoras denunciaron a Elena F., en una comisaría de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz, en Madrid, por tratar a los bebés con violencia. 

Grabaciones y advertencias sin respuesta

El director del centro, David Arranz, ha asegurado a El País que, cuando el colegio tuvo conocimiento de la posibilidad de que se estuvieran produciendo malos tratos, se procedió al “inmediato despido” de la trabajadora “para proteger a los menores”. Sin embargo, esta versión difiere de las declaraciones recogidas en la denuncia, en las que se señala que la educadora continuó trabajando durante meses pese a las advertencias.

Una de las trabajadoras alertó en febrero a las responsables del área de Infantil y les entregó una grabación en la que se escuchaba un golpe seco seguido del llanto de un niño y una voz que parece imitar de forma burlona al menor decir “mamá, mamá”. Sin embargo, la docente denunciada continuó trabajando con los bebés hasta el verano y su cese fue presentado como una finalización de contrato. 

Aquella denuncia no dio lugar a medidas contra la maestra, pero la trabajadora que comunicó los hechos fue finalmente despedida debido al “descenso del alumnado por la caída de la natalidad”, tal como apunta el relato publicado por El País.

Posteriormente a estos hechos, se presentó una segunda denuncia de otra trabajadora que, a través de un vídeo corto, enseñaba imágenes en las que se observa a Elena F. golpear en la frente y agarrar bruscamente la cabeza a un bebé que llora mientras le están dando de comer.

Cambios en el comportamiento de los menores 

La denuncia presentada recoge también indicios sobre el posible impacto de estas conductas sobre los niños. Según varios testimonios recogidos por El País, los bebés del aula lloraban con mayor frecuencia que los de otras clases y los padres de una alumna habrían observado que la niña comenzó a mostrar en casa “terror a la cuchara”. Además, menores de otros grupos supuestamente manifestaban miedo cuando la educadora estaba en el patio y algunos incluso se agarraban a las piernas de sus tutoras o intentaban alejarse de ella gateando. Las denunciantes sostienen que, a medida que aumentaban las recriminaciones de sus compañeras, Elena F. comenzó a permanecer cada vez más tiempo a solas con los bebés en el aula.

La denuncia señala también a la directora de Infantil y la coordinadora del primer ciclo de esta etapa, ambas investigadas por no haber adoptado medidas internas ante los avisos ni haber informado de los hechos a las autoridades.  La causa ha sido abierta por un juzgado de Torrejón de Ardoz debido a las evidencias reunidas por la policía que, además de las grabaciones y las denuncias de las docentes, incluyen declaraciones de otros trabajadores del centro y de padres de los alumnos. 

Por el momento, no se conoce el grado de responsabilidades atribuidas a cada una de las tres investigadas. El País destaca que, en el caso de Elena F., serían las de autora, mientras que las directivas podrían ser consideradas cómplices, cooperadoras necesarias o encubridoras, aunque también cabe la posibilidad de que pudieran ser absueltas. 

La principal investigada ha rechazado ofrecer su versión de los hechos a ese diario y su abogada ha afirmado que las acusaciones “no son ciertas”. El País también ha solicitado la versión de las otras dos investigadas, pero señala que no ha obtenido respuesta. 

Las camisetas amarillas de las educadoras de 0 a 3 años en las escuelas infantil de la Comunidad de Madrid no dejan de hacerse notar en la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. Su último hito ha sido una concentración a primera hora de este miércoles frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A falta de una victoria sindical que persiguen con determinación, su visibilidad en la ciudad durante los últimos meses es ya un éxito rotundo que puede ser condición de posibilidad de alcanzar sus reclamaciones, que persiguen agrupadas en la Plataforma Laboral de Educación Infantil.

La lucha se ha prolongado ya casi seis meses (177 días en el momento de escribir este artículo) y, hoy, no tiene visos de estar a punto de llegar a su fin. “No se están sentando con nosotras, nos dan largas constantemente. Tanto Ayuso como Almeida evitan escuchar nuestras necesidades y se pasan la pelota diciendo que es algo que incumbe a patronal y sindicatos. También lo es, pero ellos tienen la potestad de hacer inmediata la subida salarial, que es lo que nos falta para bajar de la huelga. El Ministerio hizo su función, consiguió ajustar las ratios a través de un Real Decreto”, explica María, profesora de Educación Infantil de 0 a 3 años con la que hablamos, precisamente, cuando va camino de la acampada de la Puerta del Sol.

Las educadoras de las escuelas infantiles afrontan el nuevo curso, que prácticamente acaba de empezar, con fuerza y ánimo para continuar su huelga indefinida. Ya han llevado a cabo en septiembre una marcha nocturna desde Atocha hasta la Puerta del Sol, donde sus camisetas amarillas se han convertido en parte del paisaje habitual. El borrador del Real Decreto 132/2010 revisado por el Ministerio de Educación incluye una bajada de las ratios y otras mejoras, pero ellas miran hacia la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, administraciones responsables de los pliegos con las empresas concesionarias de las escuelas. El problema, se quejan, es que no las reconocen como comité de huelga y no se abre mesa de negociación. Las paredes de las escuelas infantiles seguirán tapizadas de reclamaciones y sus profesionales pretenden insistir en lucha hasta que todas las reivindicaciones sean satisfechas.

Pero la batalla hace mella en quienes la protagonizan. Desde Sol, Cristina cuenta su situación a Somos Madrid: “Mantener algo tan largo en el tiempo es muy complicado. Cada mes nos quitan una cantidad por hacer huelga y los sueldos son bajos de por sí. Este último mes he tenido 421 euros de merma en un salario de 1.082. Calcula con lo que tienes que sobrevivir”. Pese a ello, se ve con fuerzas para seguir peleando y para hacerlo de la mano de otros niveles educativos o de otros colectivos: “Es una lucha global, hay que intentar que entre todos logremos para todos un beneficio social simplemente”.

Vídeo: Adrián Torrano

Para nutrir la caja de resistencia han estado haciendo fiestas. El pasado fin de semana, por ejemplo, llevaron a cabo una en La Huerta de Tetuán, un espacio vecinal de dicho distrito en el que ya habían llevado a cabo antes del verano otro acto para era recaudar fondos y dar a conocer sus reivindicaciones entre el vecindario.

Otras formas de captar dinero, habituales en este tipo de procesos de lucha, son las donaciones, que ahora tienen invariablemente la forma de campañas de microfinanciación y códigos QR que animan a echar monedas digitalmente en la hucha de su caja de resistencia. O el merchandasing y el boca a boca. Marta, educadora en una escuela municipal de primer ciclo de Infantil lo explica así:

“Principalmente, lo sostenemos con la parte del merchan, con las camisetas y ahora las sudaderas de invierno. También nos invitan a muchos saraos de crear red con otros colectivos y movimientos. Por ejemplo, ayer estuvimos organizando un concierto solidario y ahí se mueve en la caja. Ahora también hemos empezado a poner en las concentraciones puntos de información con la hucha y alguna camiseta. Creemos que es importante explicar por qué estamos pidiendo el dinero”.

Las educadoras se han estrujado el cerebro con campañas novedosas, como la que han puesto en pie por iniciativa de Ecooo: Caracol col col , pon tus ahorros al sol. Es la nueva campaña que la cooperativa de renovables ha puesto en marcha junto con la Plataforma Laboral de Educación Infantil. Puedes invertir un mínimo de 100 euros en las plantas solares de la cooperativa y ellos destinan un 5% el total invertido a la caja de resistencia.

Ecooo es una cooperativa de renovables a la que no son ajenos el mundo de los movimientos y las causas sociales, con las que buscan encontrarse porque “está en nuestro ADN”, según explican desde la cooperativa, que recientemente ha tejido alianzas que han permitido donar 9200 euros a la Global Sumud Flotilla y 7288 a la Flotilla rumbo a Cuba.

Desde la empresa explican que tenían contacto con educadoras, por lo que eran muy conscientes de su precariedad y la injusticia de una situación que implica ratios que superan en dos veces y media las recomendadas, sueldos de subsistencia y ausencia de acompañantes en el trabajo.

“Tenemos una planta fotovoltaica que se llama Semilla, con la que se busca que saques los ahorros de la banca tradicional. Hacemos campañas de concienciación para hacer ver a la gente lo que se hace con sus ahorros. Cosas como financiar la industria armamentística, por ejemplo, o perpetuar las energías fósiles. Poner el dinero en nuestra planta, que son placas con primas aseguradas (régimen RECORE, de la época de Zapatero) hace que puedas obtener una rentabilidad de 4,9% TIR antes de impuestos. Con la propia venta de electricidad más las primas se van obteniendo los beneficios prácticamente asegurados. Hacemos un cálculo con la inversión y nuestro margen y llegamos a que la comunidad dona un 5%, que en este caso va a la caja de resistencia de las educadoras”. Ellos lo denominan “círculo virtuoso” porque todos ganan algo, incluyendo el planeta.

María remarca la importancia de la caja de resistencia e invita a las familias y ciudadanos que estén de acuerdo con su lucha a colaborar en ella. “La caja de resistencia es necesaria para poder seguir sosteniendo nuestra lucha en las calles. Necesitamos seguir visibilizándonos, hacer pequeños piquetes, presentarnos delante de la Consejería de Educación… Para ello, tenemos que pagar una parte de lo que están dejando de cobrar las compañeras. Cobramos 1080 euros y cada día que faltamos a nuestras escuelas suponen entre 50 y 60 euros menos en nuestras nóminas. Llegamos a tener salarios de 250 o 400 euros… qué mínimo que poder pagar las facturas, el alquiler y algo de comida. Lujos, nunca pudimos tener, pero no se puede cuidar si nadie nos cuida, no puedes entrar en un aula pensando que no llegas a fin de mes”.

Las energías de la Marea Verde confluyeron con las del movimiento por la vivienda, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos, el pasado 27 de septiembre. Entonces, la manifestación por la educación desembocó en Sol. “La acampada nos ha dado un chute de energía, porque hablas con otros colectivos y movimientos, que nos apoyan y dan ánimos. No estamos tan solas”, explica Marta, que espera que la movilización por la educación pública del próximo 14 de octubre también sea muy amarilla y “les dé un tirón”. La huelga de toda la educación madrileña supondrá una etapa más, esperemos que de las últimas, en un camino largo que solo es posible gracias a su tesón y a la solidaridad que se materializa en la caja de resistencia.

La plataforma 0-3 Extremadura, que representa a los técnicos de Educación Infantil (TEIs), ha trasladado este martes sus reivindicaciones a la Comisión de Educación de la Asamblea, donde han puesto de manifiesto que no quieren “más palabras ni promesas, sino compromisos sobre la mesa” y han explicado su día a día, “que no es fácil y tiene poca visibilidad”.

Su portavoz, Laura Gordón González, además de sus reivindicaciones, ha dibujado cómo es un día de trabajo, con centros en los que un solo profesional atiende a niños de 0 a 2 años, a los que hay que “priorizar muchas veces” en su atención cuando lloran a la vez o, por ejemplo, a la hora de dormirlos o darles de comer.

El error de no considerar esta etapa como educación

A su juicio, “el error es no considerar esta parte como educación”, cuyo reconocimiento es una de sus reivindicaciones, dejando claro que “no son guarderías” ni tampoco “ludotecas”, y que no quieren una equiparación profesional como los maestros, pero sin una categoría intermedia.

Ha recordado cómo en la última Ley de Educación se bajaron las ratios a todas las etapas educativas, incluida el segundo ciclo de Infantil, pero se ha excluido al de 0 a 3. Ha precisado que también hay niños con necesidades educativas especiales, que antiguamente contaban como dos plazas y ahora como una, y ha acusado a la Consejería de Educación de que “les importa la cantidad, no la calidad, cuanto más niños haya por metro cuadrado mejor”.

Reclamaciones sobre calendario, convenio y funciones

También ha incidido en la necesidad de igualar el calendario escolar con el resto de centros educativos, y se ha lamentado de que, en cuanto a la negociación del quinto convenio colectivo, que lleva desfasado desde 2018 y necesita reclasificar categorías, desde Educación se les derivó a Función Pública, de la que no tienen respuesta.

Además, ha denunciado que, pese a que no se les considera personal docente, se les reclaman funciones como a este colectivo, tales como evaluaciones de proyectos, programaciones o consejos escolares.

Por último, ha instado a la Junta a que se replantee en qué municipios pone en marcha las aulas experimentales para 2 a 3 años, ya que hay algunos en los que se ponen en marcha con cuatro alumnos y dos TEIs.

Las familias de Logroño tenían de plazo hasta el 1 de octubre para presentar la justificación que el Ayuntamiento de Logroño les exige para recibir las conocidas chiquibecas. El plazo era de diez días hábiles, incluida la semana de San Mateo. Y este era precisamente el problema. El jueves 17 de septiembre, los centros de Educación Infantil y las familias recibieron una carta del Ayuntamiento de Logroño.

En la misiva, desde el Consistorio informaban de la publicación de las listas definitivas de adjudicatarios y excluidos de las ayudas económicas del primer ciclo de infantil, Chiquibecas julio 2026. En la misma, también recordaban los trámites y los plazos previstos para poder recibir estas ayudas. Uno de los requisitos indispensable para el cobro de las chiquibecas es la presentación, por parte del beneficiario, del documento bancario del pago efectuado al centro de Educación Infantil o presentación del justificante de pago firmado por el propio centro. Para presentar esta documentación, las familias tiene diez días de hábiles de plazo. “La carta llegó el 17 de septiembre, así que el plazo real para las familias y centros es de cuatro días, viernes 18, lunes 28, martes 29 y miércoles 30 porque la semana de San Mateo es inhábil en Logroño”, relata uno de los centros afectados.

El mismo viernes 18 de septiembre, algunas de las escuelas de Educación infantil en Logroño comenzaron a emitir justificantes de pago. “Pocas porque muchas familias están de vacaciones y quizás ni se han enterado”. Razón por la que muchas escuelas optaron por publicitar la carta remitida desde el Ayuntamiento de Logroño a través de sus canales de difusión: WhatsApp, plataformas internas o redes sociales. “El mismo viernes 18 de septiembre empezamos a realizar justificantes para las familias, aun así, muchas tampoco los pudieron llevar porque trabajaban”. Y es que otra de las quejas de las familias es que no saben cómo ni dónde pueden presentar dicha documentación. “He llamado al 010 y me han comentado que me van a pedir el papel del centro del justificante de pago, nos lo podéis preparar?”, cuenta una de las familias afectadas.

Mensaje de tranquilidad del Ayuntamiento de Logroño

Y así, a algo más de dos días que venza el plazo, la solución llega desde el Consistorio de Logroño con un “mensaje de tranquilidad”. Y es que, tal y como han confirmado a este medio, “se va a dar un plazo adicional, al igual que el año pasado, para todo aquel que no haya podido presentar en tiempo y forma la documentación exigida”. Tal y como recogen las bases, el plazo adicional es de 15 días hábiles a partir del 1 de octubre. En cuanto a la documentación, esta también puede presentarse online.

Asimismo, fuentes municipales recuerdan que el plazo otorgado para presentar la documentación es la misma que la de otros años, al igual que la documentación exigida también es la misma que la de ediciones anteriores. Y además de insistir en que no han recibido quejas de las familias, también han reiterado que se va a habilitar un plazo adicional.

El primer día de clase se vive de forma distinta según el momento de la vida. En la infancia rural de los años sesenta, en la experiencia de la docencia y en la maternidad, septiembre adopta rostros muy diferentes, pero mantiene un mismo latido de fondo: el de los comienzos que vuelven a abrir la vida.

Para una niña humilde en la España castellana y rural de aquellos años, el inicio de curso no traía estrenos ni viajes que contar, sino el regreso a la rutina tras un verano de ayuda en casa, costura por las tardes y alguna tarea en el campo. Si cierro los ojos, todavía puedo percibir aquel aroma inconfundible: la mezcla de goma de borrar, lápices y libros usados. Septiembre no era un tiempo de abundancia, sino de retorno a lo esencial.

Lo más importante de aquel reencuentro era el entusiasmo de volver a ver a las amigas de otros barrios en una escuela segregada por sexos, donde los chicos vivían en otro mundo, ajeno al nuestro. Era un espacio tranquilo donde aquellas vidas femeninas coincidían. En los preparativos no se estrenaba nada: se ajustaba el bajo a los babis o ropas heredados, se ponían tapas nuevas a los zapatos y se borraban los libros usados de hermanas mayores o vecinas. Un cuaderno y unos lápices nuevos eran un auténtico tesoro. (Los estuches y las carteras nos los traían los Reyes Magos). El regreso nos devolvía a un aula presidida por el crucifijo y los retratos del régimen, entre rezos, filas y algún canto patriótico. Sin embargo, para nosotras significaba algo más sencillo y luminoso: recuperar nuestro espacio de juegos, confidencias, complicidad y aprendizaje.

Como maestra, el primer día de clase seguía despertando nervios, aunque de naturaleza muy distinta. El inicio del curso significaba el reencuentro con los compañeros y el conocimiento de otros nuevos; los primeros cafés compartidos, las anécdotas del verano y las ilusiones renovadas mientras revisábamos horarios, programaciones y proyectos

Entonces no era consciente, pero aquellos comienzos me enseñaron a encontrar luz incluso en la escasez. Y si hoy soy lo que soy, es en gran parte gracias a ellas, a mis maestras. En aquel entorno recio, aquellas mujeres nos guiaron con cariño y una ternura callada. Fueron mis primeros referentes, el espejo en el que, sin saberlo, un día querría mirarme.

Con los años crucé la misma puerta, pero me senté al otro lado de la mesa. Como maestra, el primer día de clase seguía despertando nervios, aunque de naturaleza muy distinta. El inicio del curso significaba el reencuentro con los compañeros y el conocimiento de otros nuevos; los primeros cafés compartidos, las anécdotas del verano y las ilusiones renovadas mientras revisábamos horarios, programaciones y proyectos. A todo ello se sumaba una burocracia que aumentaba con cada nueva ley. Había un inevitable cansancio de los preparativos, pero también esa energía especial que acompaña a quien sabe que su profesión puede cambiar vidas.

Ya no pensaba en mis cuadernos, sino en las mochilas invisibles que traía cada alumno: el miedo del que llegaba por primera vez, la timidez del que apenas levantaba la vista, la inquietud del que no conseguía estar quieto o la vulnerabilidad que algunos escondían tras una sonrisa.

Yo tenía una ventaja que pocas madres podían tener: sabía perfectamente qué estaba sintiendo la maestra que los recibía al otro lado de la puerta. Conocía sus nervios, la responsabilidad, el deseo de aprenderse cuanto antes el nombre de cada niño y la esperanza de comenzar bien el curso. Quizá por haber ocupado también ese lugar, me resultó más fácil confiar

Con los años comprendí también que no todas las mochilas pesaban lo mismo. Algunas escondían preocupaciones que iban más allá de la timidez o del miedo: el esfuerzo de familias que afrontaban con dificultad el coste de los libros, el material escolar o las actividades complementarias. Siempre me resultó doloroso que un niño pudiera quedarse al margen de una excursión o de una salida educativa por falta de recursos. Más de una vez, los maestros buscamos discretamente la manera de conseguir ayudas para que ninguno se sintiera excluido. Porque la escuela pública no solo enseña conocimientos; también debe garantizar que todos los niños puedan compartir las mismas oportunidades, sin que la situación económica de sus familias condicione su derecho a aprender, convivir y crecer junto a sus compañeros.

Mis herramientas también habían cambiado: los bolígrafos verdes y rojos, las listas de clase, las agendas y los proyectos que esperaba convertir en experiencias significativas. Esos bolígrafos se convirtieron en algo más que instrumentos: pequeñas brújulas del aprendizaje. Comprendí entonces que enseñar iba mucho más allá de explicar una lección. Consistía en ofrecer seguridad, escuchar sin prisas, despertar la curiosidad y hacer sentir a cada niño que el aula era un lugar donde podía crecer sin miedo. Mi mayor aspiración fue siempre ser un faro capaz de iluminar sus primeros pasos.

La vida todavía me regaló una tercera mirada, quizá la más intensa desde el punto de vista emocional: la de madre. Preparar la mochila con cuidado, revisar que no faltara nada, forrar los libros, pegar las etiquetas con sus nombres y caminar juntos hasta la puerta del colegio formaba parte de un pequeño ritual lleno de ternura. Con septiembre regresaba también el pulso cotidiano de la familia: los horarios, las prisas de la mañana, las mochilas junto a la puerta y las conversaciones con otros padres. Aquel primer día compartíamos el privilegio de cruzar el umbral los tres juntos; una hermosa excepción antes de que la rutina del curso me obligara, como maestra, a entrar mucho antes que mis hijos o a salir después. Después llegaba ese instante inevitable: soltar su mano y confiar.

Pero yo tenía una ventaja que pocas madres podían tener: sabía perfectamente qué estaba sintiendo la maestra que los recibía al otro lado de la puerta. Conocía sus nervios, la responsabilidad, el deseo de aprenderse cuanto antes el nombre de cada niño y la esperanza de comenzar bien el curso. Quizá por haber ocupado también ese lugar, me resultó más fácil confiar. Sabía que detrás de aquella sonrisa había una profesional que pondría el corazón en su trabajo. Y eso me permitió despedirme con más serenidad, aunque el corazón siguiera encogido. Como madre comprendí que educar también es aprender a dejar marchar poco a poco, celebrando cada paso hacia la autonomía mientras una parte de nosotros querría detener el tiempo.

Hoy la emoción del primer día sigue siendo la misma: las miradas nerviosas, las manos que aprietan mochilas nuevas, las sonrisas contenidas y el abrazo rápido en la puerta

La educación ha cambiado enormemente desde aquellos años. Las pizarras de tiza dieron paso a pantallas digitales, los pupitres en fila al trabajo cooperativo y la educación emocional ocupa hoy un espacio imprescindible. Han cambiado las metodologías y las herramientas; sin embargo, hay algo que permanece intacto: el asombro ante el conocimiento que yo sentía de niña gracias a mis maestras, el que procuré despertar en mis alumnos y el que siempre he deseado para mis hijos.

Hoy la emoción del primer día sigue siendo la misma: las miradas nerviosas, las manos que aprietan mochilas nuevas, las sonrisas contenidas y el abrazo rápido en la puerta. Cambian los tiempos, pero esa mezcla de temor y expectación permanece viva en los niños y niñas que cada septiembre vuelven a empezar.

Hoy, ya jubilada, septiembre sigue despertando en mí una emoción difícil de explicar. Ya no preparo clases ni mochilas, pero la jubilación no borra el pasado: lo ilumina con una luz distinta. Cada comienzo de curso me recuerda que una parte de mi vida permanecerá siempre entre los pasillos de un colegio. Quienes hemos amado la escuela pública desde sus tres orillas —como alumna, como maestra y como madre— sabemos que, aunque ya no crucemos cada mañana esa puerta, una parte de nuestro corazón seguirá entrando en un aula cada mes de septiembre. Allí continúan encendiéndose pequeños faros que iluminan el camino de otros.

Por eso septiembre sigue emocionándome. Porque cada comienzo de curso me recuerda que una parte de mí nunca dejó aquella escuela: la niña que soñaba, la maestra que enseñaba y la madre que aprendió, al fin, que educar también consiste en confiar.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto con el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha visitado este viernes el nuevo Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Primeros Pasos’ de Aldeanueva de Ebro, la primera escuela infantil de la localidad, que acaba de abrir sus puertas este curso 2026-2027 con 74 plazas. Capellán, acompañado de la la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el acalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández, ha destacado la trascendencia de esta etapa educativa, de 0 a 3 años, que resulta “clave en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje y en el desarrollo de la personalidad”.

En este sentido, ha recordado que está probado científicamente “los múltiples beneficios que tienen estos estímulos tempranos, especialmente en el desarrollo de las habilidades sensoriales y motores, también en ámbitos como la memoria, la atención y el desarrollo socioemocional. Así, los niños y niñas aprenden empatía, a compartir y cooperar”, ha destacado. Fruto de la convicción del Ejecutivo en los evidentes beneficios que ofrece este modelo, Capellán ha recordado el esfuerzo presupuestario para aumentar en 500.000 euros la partida consignada en 2027 para el bono infantil, que financia el coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil a más de 3.000 familias riojanas y que ronda los 12 millones de euros.

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Primeros Pasos’, de titularidad municipal, dispone de 74 puestos escolares distribuidos en cinco unidades: una unidad de 0-1 años, con 8 plazas; otras dos de 1-2 plazas, con un total de 26 plazas, 13 por aula; y dos unidades de 2-3 años, con 40 puestos escolares, 20 por aula. Hasta la fecha, ya hay matriculados 27 alumnos.

Así es la escuela Primeros Pasos en Aldeanueva de Ebro

La nueva escuela se ubica en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, con una superficie total de 1.590 metros cuadrados. El edificio dispone de planta principal de uso escolar y se organiza en tres volúmenes interconectados, que permiten diferenciar claramente los espacios educativos, administrativos y de servicios, a la vez que favorecen la iluminación natural y la relación con los espacios exteriores.

El espacio principal del centro ‘Primeros pasos’ se distribuye en cinco aulas, todas con acceso directo a los baños infantiles y con conexión directa al patio exterior, mediante un amplio porche cubierto. Además, dispone de una sala de usos múltiples, comedor (con capacidad para 66 plazas), cocina, sala de educadores, despacho de dirección, vestuario y botiquín, cuarto guarda-cochecitos, dos espacios de almacén didáctico (con posibilidad de ampliación de la zona de guarda-cochecitos, dos aseos adaptados, archivo, almacenes y cuarto de limpieza.

A estos espacios, hay que añadir un gran patio de juegos principal, otro patio interior que aporta iluminación natural al edificio y dos pequeños patios de acceso desde las calles Díaz de Rada y Frontón de Aldeanueva de Ebro.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo centro es la iluminación, con el aprovechamiento de la luz natural, mediante grandes ventanales, lucernarios y patios interiores que iluminan aulas, distribuidor principal y comedor. Por otra parte, se emplea el color como elemento pedagógico y de orientación espacial para favorecer la autonomía del alumnado. El blanco es el color predominante en todo el edificio y las fachadas combinan panel fenólico blanco y panel metálico gris, dando una imagen contemporánea y fácilmente reconocible.

Respecto a la sostenibilidad, se ha construido un edificio bioclimático, con una construcción de consumo energético casi nulo, con ventilación mediante recuperadores de calor de alta eficiencia, aprovechamiento de la energía solar, protección frente a la radiación en verano y máxima entrada de luz natural.

La inversión del Gobierno de La Rioja para la construcción y equipamiento del centro infantil ‘Primeros pasos’ de Aldeanueva de Ebro asciende a 2.842.257,50 euros y se enmarca dentro del ‘Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil, con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

Este comienzo de curso ha sido especialmente complicado para los centros de Educación Infantil de La Rioja. El motivo, la tardanza en el pago, por parte del Gobierno de La Rioja, de la última cuota del Bono Infantil. Una falta de liquidez que ha dificultado enormemente el pago de las nóminas del personal y de los alquileres de los locales. Las gerentes de varias escuelas infantiles de La Rioja se han puesto en contacto con este medio para denunciar públicamente la tardanza por lo que ha supuesto para el funcionamiento interno de los centros.

El Bono Infantil es un programa de ayudas públicas del Gobierno de La Rioja destinado a financiar la escolarización del alumnado de cero a tres años en el primer ciclo de Educación Infantil. Unas ayudas que cuyo objetivo es “garantizar la gratuidad de la enseñanza no obligatoria en esta etapa inicial y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral”, argumenta el Gobierno de La Rioja cada vez que se refiere a estas ayudas.

Los beneficiarios, tal y como recoge la página web del Gobierno regional, son niños y niñas de cero a tres años empadronados en La Rioja y matriculados en escuelas infantiles municipales o centros docentes privados autoizados por la Consejería de Educación. En cuanto a las coberturas y cuantías subvencionadas, el Bono Infantil cubre el coste mensual, de septiembre a junio, mediante dos modalidades: sin comedor (hasta 286 euros por alumno) y con comedor (hasta 385 euros por alumno). Y el mecanismo de abono, recoge igualmente la web del Gobierno de La Rioja, es un sistema de subvención directa en el que la administración abona el importe al centro/escuela infantil donde esté matriculado el menor, previa justificación. Y es aquí donde ha surgido el problema y el retraso. En el curso 2025-2026, unas 3.500 familias en La Rioja se han beneficiado del Bono Infantil.

“Hay centros que han andado muy mal para pagar las nóminas de agosto”

A principio de curso (septiembre-octubre), cuentan las afectadas, el Ejecutivo regional abona el 40 por ciento del total del bono, “la única cantidad que el Ejecutivo regional anticipa”. Su cuantía varía porque lo marca el número de menores matriculados en el centro. El 60 por ciento restante se paga en tres veces, febrero, mayo y junio. Y es este último pago, el de junio, el que se ha retrasado dos meses y se ha abonado a principios de septiembre. Un tiempo “excesivo” que ha dificultado enormemente la gestión de las escuelas infantiles. “Yo llevo sin cobrar mi sueldo desde mayo” cuenta una de las afectadas. Y es que este retraso en el abono del bono infantil de junio ha obligado a muchos centros a aplazar el pago de las nóminas de sus trabajadores y de los alquileres. “En mi caso, hemos tenido que pedir un préstamo para poder hacer frente a todas las nóminas y al resto de pagos”, confiesa otra de las afectadas que reconoce que en sus más de dos décadas de experiencia en el sector, “nunca había vivido un inicio de curso sin liquidez y con dificultades para cubrir gastos tan básicos como los alquileres y las nóminas”. Y es que las cantidades adeudadas, solo del mes de junio, oscilan entre una horquilla de entre 40.000 y 80.000 euros, dependiendo del centro y del número de alumnado matriculado. “En mi caso, un pequeño colchón me ha permitido estar un tiempo sufriendo. Pero nunca antes habían apurado tanto como hasta ahora hasta el 2 de septiembre. Sé que hay centros que han andado muy muy mal para poder pagar las nóminas de agosto”, cuenta una tercera afectada.

Y es que con esta fórmula de pago, las escuelas de Educación Infantil sienten que actúan como “financieras del Gobierno de La Rioja y de las propias familias” porque los tres pagos del 20 por ciento “se realizan una vez que ya han pasado los meses. Es decir, los centros tenemos que adelantar el dinero del comedor de los niños y niñas, del personal que atiene a esos niños (nóminas y seguridad social), luz , agua, calefacción, material... actuamos como financieras de la Comunidad Autónoma y de las familias y esto para pequeñas y medianas empresas, que es lo que somos, es costosísimo porque estamos hablando de mucho dinero”.

La denuncia pública ha sido el último recurso porque el Gobierno de La Rioja es conocedor del retraso y del malestar de estas profesionales. A través de escritos y llamadas han trasladado los responsables de la Administración también sus preocupaciones y la respuesta obtenida no les ha convencido. “Desde Consejería me explicaron que había centros que no habían aportado toda la documentación o la habían presentado mal y esas subsanaciones es lo que ha retrasado todo el proceso” explica una de las afectadas que recuerda que “durante julio y agosto no hay bono infantil y que las escuelas únicamente están abiertas si hay niños matriculados”. “Entiendo que la administración tenga que revisar la documentación y realizar las comprobaciones necesarias, lo que no es comprensible es que este proceso provoque una situación económica tan grave para los centros que sí hemos cumplido”. “No es justo que quienes cumplimos con nuestras obligaciones y presentemos todo en tiempo y forma”, insisten. “La respuesta siempre es la misma. Da igual el retraso, la culpa siempre es de los centros”, apostillan.

Desde los centros de Educación Infantil también plantean posibles soluciones para que esta situación no se vuelva a repetir: “Que se pague lo presupuestado inicialmente y ya se ajustará en el siguiente pago cualquier modificación”. “Establecer un calendario claro de presentación, revisión y subsanación de la documentación de manera que todos los trámites puedan realizarse con tiempo suficiente y los pagos lleguen también a tiempo”, sugiere otra afectada. Aunque desde la Consejería de Educación ya les han trasladado “que no van a hacer ingresos parciales porque tienen que ser generales, lo que genera problemas gravísimos para las que cumplimos fielmente todos los cursos y todos los meses”, apunta una tercera afectada.

Rioja2 también se ha puesto en contacto con el Gobierno de La Rioja para conocer los motivos de este retraso y, lo más importante, saber la fecha prevista del abono. “Por distintos motivos de gestión, ha habido un retraso en el último pago de la subvención del Bono Infantil, pero nos consta que le pago se va a realizar ya, de manera inmediata”. A pesar de insistir para conocer los motivos del retraso, la respuesta siguió siendo la misma: “El retraso se ha debido a temas de gestión, de forma inminente se realizará el pago”.

Al día siguiente de formular la pregunta en la Consejería de Educación para la realización esta información (1 de septiembre), las escuelas infantiles recibieron el abono del bono infantil correspondiente a junio de este año.

“Los niños necesitan profesores y conexión humana para aprender y crecer”. Con este simple principio, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha justificado la decisión del Ayuntamiento de la gran manzana de prohibir el uso de la inteligencia artificial generativa entre los alumnos de escuelas públicas, desde el programa preescolar para niños de 2 y 3 años hasta octavo grado, que se corresponde en España con 2º de la ESO, es decir, a estudiantes de 13 y 14 años. El veto, que estará vigente durante un año, afectará a casi 600.000 alumnos y forma parte de una iniciativa más amplia para restringir la tecnología en las aulas neoyorquinas.

“La industria tecnológica quiere hacernos creer que la IA en la educación infantil no solo es inevitable, sino necesaria. Nosotros no lo vemos así”, ha explicado Mamdani en una rueda de prensa el miércoles junto al secretario de Educación de la ciudad de Nueva York, Kamar Samuels, en la que ha detallado que es vital que los más pequeños desarrollen “habilidades” con sus compañeros al tiempo que construyen “relaciones con sus profesores” y resuelven “problemas difíciles por sí mismos”. “Todavía no hemos visto ningún estudio que demuestre que la IA sea beneficiosa para los estudiantes de primaria y secundaria, con la excepción, por supuesto, de las investigaciones patrocinadas por las mismas corporaciones que se benefician de ello”, ha argumentado el regidor demócrata de Nueva York.

Para Mandami, “un niño de seis años es demasiado pequeño para cortar una cebolla, freír un huevo o usar una estufa de forma segura. Pero una vez que ese niño cumple 16 años, ese conocimiento se convierte en algo que ya está suficientemente maduro para aprender. Ese mismo principio se aplica a la IA”. El alcalde ha incidido en que “nuestros adolescentes están creciendo en un mundo saturado de IA” por lo que no se puede fingir que “ese mundo no existe”. “Sería irresponsable no preparar a nuestros hijos para el futuro tecnológico en constante evolución que les espera”, ha añadido para a renglón seguido detallar que en la escuela secundaria, a partir de 14 años, se enseñará a los alumnos las “oportunidad” y “riesgos” de la IA.

Como parte de la aplicación de la medida, Mamdani ha explicado que Nueva York “eliminará o desactivará los componentes de IA de más de 38 programas autorizados anteriormente que no cumplen con nuestros nuevos estándares de seguridad y supervisión”. Esto incluye todo el software que utiliza IA generativa orientada a estudiantes. Además, los chatbots de acompañamiento estarán prohibidos en todos los niveles educativos, aunque se concederán excepciones a estudiantes con discapacidades, multilingües o aquellos que estén en programas de preparación profesional, como informática.

Los estudiantes de secundaria, por su parte, estarán exentos de la prohibición total. La ciudad impartirá dos veces al año clases de alfabetización en IA para todos los alumnos de más de 14 años y promoverá programas piloto para usar plataformas de IA bajo la supervisión de un profesor.

Los profesores también se quedan al margen de esta nueva política y podrán seguir usando la IA para la planificación didáctica y las tareas operativas, siempre que todas las herramientas cumplan con las normas de seguridad de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York.

La decisión de Nueva York se produce en un momento en que los distritos escolares de EEUU están estudiando y analizando los beneficios y los riesgos de la IA en las aulas. Por ejemplo, en el caso de Los Ángeles también se está bloqueando temporalmente las herramientas de IA en los dispositivos de los alumnos de todos los grados educativos mientras se desarrolla una política formal para el curso escolar.

El nuevo plan de Nueva York también incluye límites recomendados de tiempo frente a las pantallas. Los estudiantes de menos de 7-8 años verán restringido su tiempo de uso individual de pantallas, mientras que los alumnos de 9 a 11 tendrán límites recomendados de 30 minutos, que se incrementarán hasta los 45 minutos para los alumnos 12 a 14 años.

Entrena ha inaugurado este jueves su primera escuela infantil de 0 a 3 años con 41 plazas. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado el curso escolar 2026-2027 de esta etapa educativa en este nuevo Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Santa Ana’.

Capellán, acompañado durante la visita a la nueva escuela del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el acalde de Entrena, José Jalón, ha destacado que esta nueva infraestructura responde a las necesidades de conciliación de las familias del municipio, que hasta la fecha no disponían de un centro de estas características en su localidad.

Además, ha recordado que La Rioja, junto con Galicia, es desde el año 2019 “pionera en facilitar la educación gratuita de esta etapa educativa y desde entonces, nuestra Comunidad se ha situado en función de los indicadores, entre las primeras con mayor índice de escolarización”, lo que significa que “las familias riojanas han confiado en este servicio y han apostado por él, de hecho, iniciamos este curso con cerca de 3.700 niños y niñas entre 0 y 3 años escolarizados en centros educativos de la región”.

En este sentido, Capellán ha detallado que la escolarización en La Rioja del alumnado de 0 a 1 años, según los últimos datos conocidos, se sitúa en el 15,7%, mientras que a partir de 1 y 2 años, ese porcentaje asciende al 60 por ciento y a partir de los 2 años, alcanza el 80 % del total de la escolarización, con una media de casi el 60 por ciento en la educación infantil de primer ciclo. “La Rioja tiene un magnífico nivel de escolarización de 0 a 3 años, con 8 puntos por encima de la media, y queremos seguir en esa línea, por eso apostamos por continuar potenciando esta importante etapa educativa y mantenernos a la cabeza del país”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Nuevo escuela infantil en Entrena

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Santa Ana’, de titularidad municipal, dispone de 41 puestos escolares y desde el pasado día 1 de septiembre, ya acoge a 22 alumnos matriculados para este curso. El nuevo edificio consta de tres aulas, una para niños de 0-1 año, con 8 plazas; otra de 1-2 años, con 13 puestos escolares; y una tercera unidad para 2-3 años, con 20 puestos escolares.

Además de estas tres aulas, la nueva escuela, construida en una superficie de 449,2 metros cuadros en una parcela ubicada entre las calles Escuelas y San Blas, próxima al colegio público, dispone de cocina, comedor-sala multiusos, guardacoches, un despacho de dirección, vestuarios, baños y aseos y en el exterior, un porche y un patio de juegos. Todo ello proyectado en planta baja, favoreciendo de esta forma la accesibilidad y funcionalidad, con salida directa al exterior y comunicación entre las aulas y el patio.

Capellán ha indicado que se trata de una “edificación moderna con espacios climatizados y con las mejores condiciones de uso, que dispone de grandes zonas luminosas e incluso un mobiliario adecuado a la edad del alumnado. El color elegido permite transmitir a los niños tranquilidad y darles todos los estímulos necesarios”, además de que el nuevo espacio también favorece a los trabajadores “desarrollar de la mejor manera posible su labor docente”.

La inversión del nuevo centro asciende a 1.025.944,14 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado el 90% y el Ayuntamiento de Entrena el 10% restante. Además, la Consejería de Educación y Empleo ha aportado otros 34.000 euros para el equipamiento del patio de juegos. La puesta en marcha de la nueva escuela infantil ‘Santa Ana’ de Entrena se enmarca dentro del ‘Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

400 nuevas plazas de la escuela infantil

Durante la visita a la nueva escuela de Entrena, el presidente del Gobierno regional también ha inaugurado el nuevo curso escolar cerca de 3.700 alumnos de 0 a 3 años que cursan Educación Infantil de Primer Ciclo y que continuará el próximo miércoles, día 9, con la incorporación de los estudiantes del Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP.

El curso 2026-2027 de 0 a 3 años comienza con 128 nuevas plazas de titularidad pública en los centros de Educación Infantil de Primer Ciclo que acaban de abrir sus puertas en las localidades de Entrena, Aldeanueva de Ebro y Ausejo. Además, la escuela infantil municipal de Cervera del río Alhama, tras las obras de reforma y ampliación, ofrece desde el pasado mes de abril otras 13 nuevas plazas. De esta manera, la Educación Infantil de 0 a 3 años en La Rioja oferta más de 2.500 plazas de titularidad pública.

La red de Educación Infantil de primer ciclo en La Rioja está conformada por 26 escuelas infantiles municipales, 6 autonómicas y unos 40 centros docentes privados. Además, en distintos Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y Centros Rurales Agrupados (CRA) de distintas localidades Comunidad disponen de un total de 12 unidades para acoger a alumnos de 0 a 3 años y ofrecer este servicio en distintos entornos rurales.

El Gobierno de La Rioja consolida la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, mediante la financiación del coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil a través del denominado Bono Infantil. Capellán ha anunciado que “el proyecto de presupuestos para 2027 incrementará la partida destinada a esta subvención para las familias en 500.000 euros”. Durante el pasado curso 2025-2026, se beneficiaron del Bono Infantil unos 3.000 alumnos de 0 a 3 años, para los que se destinaron un total de 11,9 millones de euros, 385 euros de por familia incluyendo el comedor.

Además, el programa de impulso a la escolarización del Primer Ciclo de Infantil ha permitido crear 485 plazas nuevas en los últimos cuatro años, 300 de ellas a partir del año 2023 con una inversión de 6,71 millones de euros, a cargo de fondos europeos y propios del Gobierno de La Rioja para asumir el coste de las nuevas infraestructuras, el mobiliario y el personal, entre otros gastos.

El PSOE ha alertado de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “encubierto” en la educación pública a la vista de los “alarmantes” datos facilitados por sindicatos, como UGT, que indican que el próximo curso va a comenzar con 176 docentes y 52 aulas menos.

En un comunicado, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha advertido que su partido “no va a aceptar que se disfrace de reorganización lo que en la práctica supone destruir empleo público y deteriorar la educación pública”.

“Lo que estamos viendo es un ERE encubierto en la educación pública: se eliminan plazas, se cierran aulas y, al mismo tiempo, se endurecen las condiciones de acceso a las vacantes para los interinos, expulsando a docentes que llevan años trabajando en nuestros centros”, ha afirmado.

A su juicio, se trata del “mayor golpe a la educación pública en la historia de Cantabria” y, en este sentido, ha indicado que, una vez más, los hechos demuestran, que el Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP) “a lo único que se ha dedicado estos tres años es a deteriorar las condiciones en las que se presta la enseñanza pública”.

Quiñones ha advertido de que “cada plaza que se elimina tiene como consecuencia más carga de trabajo para el resto del profesorado en cada centro educativo, menos atención individualizada para el alumnado y más precariedad” para quienes sostienen la educación pública, un servicio que, según ha defendido, es el “mayor instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial”.

Quiñones ha instado al Ejecutivo regional “que dé la cara” y explique a la ciudadanía “las razones por las que están desmantelando la educación pública” y exponga “su modelo educativo sin trampantojos”.

“Si su modelo pasa por recortar la educación pública, como están demostrando, lo mínimo que pueden hacer es decirles a los cántabros cual es su modelo educativo, que pasa por seguir fomentando la educación pública y concertada mientras deteriorar la enseñanza pública”, ha concluido.

La implantación estructural, pública y universal del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Región de Murcia es una medida de urgencia social y pedagógica que tendría que haberse iniciado de forma seria y contundente hace mucho tiempo. Mientras la evidencia científica y los expertos en desarrollo cognitivo no se cansan de repetir que los tres primeros años de vida son cruciales para el aprendizaje y la equidad social, la administración pública regional sigue arrastrando los pies. Lo que debió haber sido una red de protección para la infancia y una herramienta indispensable para garantizar la conciliación real de las familias murcianas se ha convertido, por culpa de la inacción y la falta de previsión política, en un laberinto burocrático y en un foco de precariedad laboral insostenible.

Durante décadas, el tramo de 0 a 3 años se ha tratado erróneamente desde las esferas institucionales como un servicio puramente asistencial o de “guardería”, un recurso secundario destinado simplemente a la custodia de menores. Despojar a esta etapa de su innegable carácter educativo ha sido el primer gran error histórico de la gestión autonómica. Cuando la necesidad de plazas públicas es acuciante y miles de familias de clase media y trabajadora se ven obligadas a hacer encajes de bolillos económicos para costear la escolarización temprana, la parálisis administrativa pasa de ser una ineficiencia para convertirse en una injusticia social. Llegar tarde a la regulación y financiación del ciclo 0-3 significa, lisa y llanamente, ensanchar la brecha de desigualdad desde la cuna.

En este complejo escenario, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se sitúa en el centro de todas las críticas legítimas de la comunidad educativa. Lejos de diseñar una hoja de ruta sólida, basada en presupuestos autonómicos propios y en la creación de infraestructuras públicas estables, la Consejería ha optado sistemáticamente por una política de parches y propaganda. La realidad que se vive en las escuelas infantiles dista mucho de los grandes anuncios institucionales de “gratuidad universal” que se lanzan a los medios de comunicación. CCOO llevan tiempo saliendo a la calle para denunciar la falta de planificación real, el retraso crónico en las aportaciones económicas y la asfixia generalizada que sufren los centros de la comunidad.

El reflejo más nítido y preocupante de este modelo de improvisación es, sin duda, el recurso sistemático a los llamados nombramientos por programas. En lugar de consolidar plazas fijas y estructurales dentro de la plantilla pública de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Educación fía la escolarización del tramo de 0 a 3 años a proyectos temporales y presupuestos con fecha de caducidad. Este perverso mecanismo contractual tiene consecuencias devastadoras en dos frentes diferenciados.

Por un lado, somete al personal interino a una inestabilidad laboral crónica, con contratos precarios que se extinguen al finalizar el programa de turno, destruyendo cualquier atisbo de carrera profesional digna para un sector tradicionalmente feminizado y maltratado. Por otro lado, esta falta de estabilidad de las plantillas dinamita por completo la continuidad pedagógica en las aulas. Los niños y niñas en edades tan tempranas necesitan referentes afectivos y educativos estables para su correcto desarrollo; cambiar de profesionales continuamente debido a las costuras de un contrato temporal es una falta de respeto al alumnado.

La Consejería de Educación utiliza los nombramientos por programas como un escudo administrativo para eludir su responsabilidad presupuestaria a largo plazo. Al no crear plazas estructurales, la administración regional evita comprometer fondos propios para el futuro, dejando la educación de los más pequeños supeditada a vaivenes económicos externos. No se puede construir el futuro educativo y el estado del bienestar de la Región de Murcia sobre los cimientos de la provisionalidad. Las familias murcianas no necesitan promesas electorales, ni las educadoras merecen ser tratadas como mano de obra de usar y tirar en programas con fecha de vencimiento.

Es hora de exigir un giro de 180 grados en la gestión educativa. La Consejería de Educación debe asumir de una vez por todas sus competencias, dotar al ciclo 0-3 de un presupuesto autonómico blindado y sustituir los parches de los programas temporales por plazas fijas y estables en la función pública. La educación de calidad de nuestros niños y niñas de cero a tres años no son un proyecto piloto ni un lujo financiable a plazos: son un derecho que ya ha esperado demasiado.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la concesión provisional de 725 ayudas económicas para Primer Ciclo de Educación Infantil, conocidas popularmente como 'chiquibecas'. Con el objetivo de apoyar a las familias en la conciliación durante el periodo estival, el Ayuntamiento de Logroño concede estas ayudas económicas para el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, referentes al mes de julio. Las ayudas concedidas oscilan entre los 200 y los 260 euros. El Ayuntamiento de Logroño destina una cuantía total de 156.600 euros a estas 'chiquibecas'.

El presente acuerdo de adjudicación provisional se expondrá al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la aprobación del acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local. Dentro de ese plazo podrán presentarse las alegaciones oportunas.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión definitiva de 865 ayudas económicas para la compra de libros y material didáctico de alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil durante el curso 2026-2027. El Ayuntamiento destinará una cuantía total a las ayudas de 86.500 euros.

El abono de estas ayudas se realiza mediante la entrega del correspondiente vale, que será canjeable en cualquier librería de la ciudad, por el importe de la ayuda concedida en cada caso a las personas beneficiarias. Los beneficiarios de estas ayudas están obligados a: Presentar de forma correcta, completa y veraz la documentación requerida en las presentes bases.

Dedicar el importe de la ayuda exclusivamente para la adquisición de libros y material didáctico para segundo ciclo de Educación Infantil. Comunicar al Departamento de Educación del Ayuntamiento de Logroño la obtención de otras ayudas o subvenciones para el mismo fin procedentes de otras administraciones o entidades públicas o privadas. En este caso, el beneficiario deberá optar por la que más le convenga.

El acuerdo de adjudicación definitiva de estas ayudas educativas se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Logroño durante un plazo de 10 días.

Goteras y filtraciones que provocan moho, deterioro de cubiertas que han acarreado la visita de los bomberos en diversas ocasiones, cascotes bajo el foso de arena, falta de limpieza, grietas, pintura deteriorada, baldosas rotas, pavimentos levantados, ausencia de aire acondicionado, problemas con la calefacción, ventanas y carpinterías ineficientes, rampas que no respetan la normativa. Y así hasta más de un centenar de deficiencias que el Defensor del Pueblo investigará en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, cuyas educadoras están en huelga desde el 7 de abril. La huelga no solo reclama una subida de salarios que dignifique su profesión, sino la mejora del entorno en el que la infancia se ve obligada a crecer y educarse sus primeros meses de vida.

“Vamos a intentar que no tenga que pasar una desgracia para que las cosas cambien”, adelanta Rosa Marín como portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de Madrid. Esta educadora en un colegio de Las Rozas de gestión directa por parte de la Comunidad de Madrid recuerda cómo este invierno dos aulas de su anterior escuela se inundaron por las lluvias. “He visto hasta cómo se caían los baldosines de un baño. Ahí deben funcionar cuatro retretes por aula, pero dos sistemáticamente estaban rotos, año tras años. Y había persianas que no se levantaban, así que hemos estado sin luz natural los meses que han tardado en arreglarlo”, ejemplifica.

Estos apenas son algunos ejemplos de la batería de deficiencias y necesidades que la PLEI entregó al Defensor del Pueblo. Ahora, el organismo que lidera Ángel Gabilondo les ha respondido que abrirá actuaciones de oficio con las administraciones titulares de los centros. En concreto, se han iniciado ya actuaciones con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda y Colmenar Viejo, informaron en un escrito.

Sin asumir sus competencias

Marín asegura que habla “de cosas que de verdad dificultan el día a día en las escuelas y sería hasta para cerrarlas, porque siguen abriendo en unas condiciones que no son las adecuadas ni para la infancia ni para mantener la calidad educativa que se merecen las criaturas”. A la espera de que la investigación por parte del Defensor del Pueblo colme las esperanzas de la plantilla, las administraciones se pasan la pelota unas a otras.

La portavoz explica a elDiario.es que las competencias de infraestructuras de las escuelas públicas, tengan gestión directa o privatizada, siempre recaen en la Comunidad, mientras que el mantenimiento es competencia de los ayuntamientos. “Les comentas una deficiencia y te dicen que es de la infraestructura, pero luego los otros te dicen que es por falta de mantenimiento, y mientras la escuela se cae a pedazos” denuncia.

El esfuerzo “titánico” –tal y como lo caracteriza esta educadora infantil– que han realizado sus compañeras para enumerar y documentar los desperfectos de sus escuelas una por una se ha materializado en un dosier de más de 40 páginas que también obra en poder de la Consejería de Educación, con Mercedes Zarzalejo al frente. “Cuando nos reunimos con ella se comprometió a comunicar al departamento de Obras e Infraestructuras estas deficiencias si se las mandábamos en un informe. Esto es de risa. Tendría que ser ella quien las tuviera registradas porque sabemos que las direcciones de las escuelas se las han hecho llegar”, se queja Marín. Desde el envío, meses mediante, no han obtenido respuesta alguna. “Somos conscientes del papel limitado del Defensor, pero creemos que sí puede presionar de alguna manera para que las cosas mejores”, añade.

Precinto de los bomberos

Alba, educadora infantil en la escuela La Almudena, de gestión directa por parte de la Comunidad, sostiene que “están dejando morir” a su centro: “Es de los más antiguos de la región y todos los años, en la época de lluvias, sufrimos humedades, filtraciones y goteras”. Situado en Hortaleza, en este centro peligra la cubierta. Tanto, que los bomberos han llegado a acordonar algunas zonas. A ello se suman aulas inhabilitadas por la presencia de moho. “Trabajamos con bebés y con niños muy pequeños y nos tememos que algún día pueda ocurrir alguna desgracia”, advierte.

A La Almudena acuden cerca de un centenar de alumnos todos los días. “Pensamos que no hacen reparaciones estructurales porque prefieren que llegue el día en que tengan que cerrar o tirar la escuela. Suponemos que para después hacer una nueva, pero de gestión indirecta”, indica la educadora infantil.

María es madre de una criatura que este curso ha acudido a La Almudena, al curso de 0 a 1 años. “La cubierta está destrozada. Yo no sé si la integridad de los niños está a salvo”, secunda. No es el único aspecto que le preocupa, pues la falta de aires acondicionados acarrea numerosas incomodidades para la plantilla y los propios bebés, que tienen que estar rodeados de pingüinos. “Eso no puede ser sano. A veces he recogido a mi hija a 38 grados. Es un centro muy grande y sus instalaciones podrían estar muchísimo mejor, porque ahora es lamentable”, se queja.

Desde su punto de vista, no se invierte más dinero en las infraestructuras de las escuelas infantiles “porque los niños pequeños no pueden hablar”. “No sé dónde irá ese dinero, pero no va a remediar los desperfectos de la escuela. No puede ser que empecemos el curso y durante tres semanas no se pueda utilizar el aseo por las humedades que tiene, como pasó el año pasado”, rememora.

Cascotes debajo de la arena

Las escuelas infantiles se suceden una tras otra en el informe que entregaron al Defensor del Pueblo. El centro Ori Ori de San Blas, gestionado también directamente por la Comunidad de Madrid, es otro. Ana Muñoz trabaja como educadora infantil en este chalet antiguo de dos plantas: “Se está cayendo el enfoscado de la fachada y tuvieron que intervenir los bomberos el curso pasado. La dirección hizo los informes pertinentes, lo elevó a la Consejería, han venido a verlo, pero no han hecho nada”.

Uno de los aspectos que más preocupa en esta escuela infantil es la presencia de cascotes bajo la arena del patio de los pequeños de 2 a 3 años. “Nuestro patio está hecho sobre residuos de obra”, expone. Entre las deficiencias también se encuentran grietas en diversos muros, humedades, desprendimiento de parte de la fachada, ventanas de hierro en mal estado y una claraboya en la cubierta que está rajada, lo que provoca goteras.

Sin embargo, la cuestión no va solo de si arreglar las escuelas infantiles o no, sino también del respeto a sus trabajadores. Jorge Abad, maestro de educación infantil en la escuela Tarabilla, centro ubicado en Ciudad Lineal propiedad del Ayuntamiento de la capital, pero de gestión privatizada, detalla las calamidades que ha sorteado la plantilla este último curso. “Aquí las trabajadoras y las familias hemos tenido que luchar para tener el aire acondicionado que llevaba tres años sin funcionar, se ha reformado el patio y se ha terminado con un problema de palomas que defecaban en él”, comenta.

En este caso, fueron tantas las quejas que la junta municipal del distrito de Ciudad Lineal determinó que la escuela necesitaba una reforma integral y se comprometieron a llevar a los alumnos y educadoras a otro centro durante la remodelación. Finalmente, el Ayuntamiento no encontró alternativa y optó por ofrecer a las familias más puntos por irse a otra escuela y hasta 600 euros por acudir a una privada. “Con las educadoras, como nuestro contrato terminaba este año, decidieron no renovarlo. Gracias al apoyo y la presión de las familias estamos aquí, un año más, pero no sabemos qué ocurrirá el curso 27-28”, finaliza Abad.

No han dejado de repetirlo desde el 7 de abril, cuando comenzaron esta huelga indefinida, la primera en su historia, mediante la que intentan forzar una subida salarial, pues las nóminas actualmente rozan el salario mínimo: con estas condiciones es imposible educar y cuidar a la infancia como se merece. Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid descansarán en agosto de unos meses repletos de movilizaciones y acciones de lucha y solidaridad. Septiembre será el mes más complicado hasta el momento, pues el inicio de curso se prevé en servicios mínimos, lo que redundará en la calidad asistencial que podrán brindar a las familias y las criaturas, sobre todo aquellas que pisan la escuela por primera vez.

Será la primera ocasión en la historia que un nuevo curso comienza en las escuelas infantiles madrileñas con las educadoras en huelga. Las repercusiones se dejarán notar gravemente en el periodo de adaptación y vinculación de los más pequeños, tal y como coinciden en alertar todas las trabajadoras consultadas para este reportaje. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), ha recalcado que el inicio en septiembre “va a ser duro, muy duro, sobre todo para aquellas criaturas pequeñas cuyas familias nunca han dejado a su hijo o hija con desconocidos”.

Este proceso, que requiere una “atención mínima y un estar presente”, tal y como concretiza la misma Marín, educadora infantil en un colegio público con etapa educativa de 0 a 3 años de Las Rozas, se verá afectado por la huelga. “Con las ratios que todavía tenemos y los servicios mínimos es muy difícil dar esa atención porque será imposible llevar a cabo el trabajo de vinculación tan necesario esos primeros meses”, ha comentado cuando la manifestación echaba a andar.

Si fuera un periodo de acogida normal, las aulas se llenarían de familias nuevas que acompañarían a los más pequeños durante algunas horas para conseguir que se aclimataran. Al igual que hasta ahora, la realidad que se vivirá en las escuelas de la Comunidad de Madrid será mucho más complicada que aquellas gestionadas por el Consistorio de la capital, pues en las primeras no existe la figura de pareja educativa. “Se mezclan bebés con otros pequeños de hasta tres años y se unen aulas, y cada día una de nosotras se encarga de una diferente. Va a ser muy complejo el inicio de curso”, reitera Marín.

Las educadoras infantiles se preparan emocionalmente para ello. “Hacemos terapia entre nosotras para resistir”, comenta metafóricamente la portavoz. Asimismo, admite que lo pasan “muy mal” cuando ven que no llegan a atender a las criaturas como se merecen.

Un salario para sobrevivir

La mayor parte de las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid reciben unos 1.080 euros por su trabajo a final de mes. Edu Vacas es uno de ellos. “Este salario afecta a todos los niveles, sobre todo en una ciudad tan poco amable como Madrid”, introduce. Este educador infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid de gestión indirecta ha estado más de una década dedicando el 60 % de sus ingresos, en torno a 1.350 euros brutos con las pagas extra prorrateadas, al pago del alquiler. “Es increíble que cobremos esta miseria cuando somos los responsables de cuidar y acompañar a criaturas en sus primeros meses de vida, cuando más conexiones neuronales se producen”, sostiene.

Vacas trabaja junto a una pareja educativa, así que la principal consecuencia de la huelga al comienzo del curso será la falta de una figura de referencia para los más pequeños. “Eso impedirá que podamos atender e individualizar las necesidades y deseos de la infancia, a quien le costará mucho más entender que la escuela no es un lugar hostil”, añade. Por último, enfatiza que serán las nuevas familias que accedan al centro las que peor lo pasarán: “Es un papelón muy gordo para ellas”.

Tamara González, también educadora infantil en una escuela gestionada por el Ayuntamiento capitalino, añade que viven “el inicio de curso con bastante incertidumbre. Ese acercamiento que siempre tenemos las primeras jornadas se verá truncado y no será posible la vinculación con la infancia”, asevera.

Por otro lado, esta profesional de la educación es una de las tantas que convive con una dualidad en su interior. Deja de ir a trabajar para hacer reaccionar a una Consejería que las tiene abandonadas, según expresa, pero a la vez admite que no puede ver sufrir o pasarlo más a las criaturas. En ese debate, incluso chantaje emocional, gana la lucha: “Estamos en las calles para poder mejorar el trato que les damos en el futuro. Si no seguimos con la huelga, todo irá a peor”.

María Álvarez, por su parte, asume que sobrevive más que vive con su salario de educadora infantil, por lo que se vale de la ayuda de sus padres. “Seguir con esta huelga ya es algo heroico. No solo estamos aquí por dinero, sino también por la infancia y para darle voz a aquellos que no la tienen” expresa por teléfono a elDiario.es.

Una Consejería inmóvil

Sobre el inicio de curso, esta educadora en una escuela de Parla dependiente de la Comunidad de Madrid con la gestión privatizada exclama que tanto los pequeños como ellas, las trabajadoras, lo pasarán mal. “Tiene que ser así para poder conseguir lo que reivindicamos. Es pasarlo mal un tiempo corto para poder hacer bien nuestro trabajo de una forma duradera en el futuro”, agrega.

Marín, la portavoz de PLEI, incide en que esto podría no ser así si la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, con Mercedes Zarzalejo al frente, aceptara una subida de salarios. “Yo creo que ella ni es consciente de lo importante que es este tiempo de acogida en las aulas. Desconoce el sufrimiento que va a producir en familias, infancia y educadoras”, sostiene. Del mismo modo que el resto de compañeras, esta educadora explica que “una criatura no podrá sentirse sostenida, ni va a poder aprender, ni jugar ni relacionarse ni explorar si no se siente segura, y para eso sus personas de referencia debemos poder trabajar con unos medios y condiciones dignas”.

Uno de los grandes logros de las trabajadoras madrileñas ha sido arrancar al Ministerio de Educación un real decreto que servirá para bajar las ratios en las aulas. Sin embargo, la Consejería dirigida por Zarzalejo no ha atendido nunca a sus demandas. “Le hemos mandado comunicaciones por registro para que firmara unas declaraciones que hizo a los medios de comunicación y nunca ha respondido. No creo que ahora, de repente, nos llame para decirnos que aumenta el salario”, reconoce Marín. Esa es su línea roja. Solo levantarán los paros cuando consigan un sueldo digno y acorde a su formación y responsabilidad.

El secretario general del PSOE de Torrelavega y portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Urraca, ha informado de una moción para debatir en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el 4 de agosto, en la que se insta al Gobierno de Cantabria (PP) a “rectificar las decisiones adoptadas en varios centros educativos del municipio que afectan a la etapa de Educación Infantil” y que, a juicio de los socialistas, suponen “un retroceso en la calidad de la educación pública”.

En un comunicado este lunes, Urraca ha explicado que la iniciativa nace tras “las preocupaciones” trasladadas por “numerosas familias y comunidades educativas” de distintos centros de la ciudad ante las modificaciones organizativas previstas para el próximo curso.

La moción recoge situaciones como “la no reapertura de una segunda aula de dos años en el CEIP Menéndez Pelayo, la propuesta de unificar alumnado de 2 y 3 años en el CEIP Pancho Cossío, la supresión de una de las dos unidades de 5 años en el CEIP Cervantes y la reorganización de las aulas de Educación Infantil en el CEIP Manuel Liaño mediante la creación de aulas mixtas, por un lado de 2 y 3 años y por otro de 4 y 5 años”, ha indicado el PSOE.

En opinión del dirigente socialista, estas decisiones deben analizarse desde un punto de vista pedagógico y no únicamente organizativo, y ha subrayado al respecto que Torrelavega escolariza un “elevado porcentaje” de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE).

“Reducir unidades educativas significa disponer de menos margen para ofrecer una atención individualizada, dificulta la organización de los centros, compromete la educación inclusiva y limita la capacidad de respuesta cuando se incorporan nuevos alumnos durante el curso escolar”, ha afirmado.

Asimismo, Urraca ha puesto en valor el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Torrelavega con la educación pública. En este sentido, ha recordado que el Consistorio financia dos Técnicos de Educación Infantil por cada aula de dos años, a pesar de tratarse de una competencia autonómica, “asumiendo un importante esfuerzo económico del que el Gobierno de Cantabria únicamente sufraga la mitad”.

A través de esta moción, el Grupo Municipal Socialista propone, entre otros acuerdos, instar al Gobierno de Cantabria a mantener las aulas de dos años implantadas en los centros educativos públicos de Torrelavega, garantizar las unidades de Educación Infantil necesarias y revisar las decisiones adoptadas en los centros afectados para que respondan a criterios pedagógicos, de calidad educativa e inclusión.

La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid no se cansan de repetirlo: no levantarán la huelga indefinida hasta conseguir un aumento de sus salarios, que a día de hoy rozan el mínimo interprofesional. Esta vez, sus demandas se han dejado ver más que escuchar por las calles del centro de la capital en una manifestación nocturna iniciada sobre las 22.00 horas en Atocha. Sus habituales cánticos y ruido de silbatos han dejado paso a las luces y llantos de bebés que han acompañado a la protesta hasta su final en la Puerta del Sol, donde han advertido que los paros continuarán en el inicio del nuevo curso en septiembre.

“Estamos aquí para hacer ver que seguimos en la lucha tras más de tres meses de huelga”, ha expresado Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) madrileña al inicio de la convocatoria. Mientras en la cabecera se desplegaba una pancarta que rezaba “educadoras en lucha. Por la dignidad del 0-3”, esta educadora ha recalcado que, por el momento, esperan el texto final redactado por el Ministerio de Educación mediante el cual han conseguido una drástica bajada de ratios por la vía de la pareja educativa.

La cartera dirigida por Milagros Tolón se ha comprometido con las educadoras infantiles a que la ley estatal obligue a comunidades y ayuntamientos que en sus escuelas, y en los pliegos de las licitaciones para las empresas que las gestionarán, se reduzca el número de criaturas a cuidar y educar por cada trabajadora. En estos momentos, las ratios para una educadora se sitúan en ocho bebés de 0 a 1 años, 14 criaturas de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años. El compromiso arrancado a Educación rebaja a más de la mitad estos números, que se quedan en cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Lucía Martínez, educadora infantil en una escuela pública del Ayuntamiento de Madrid gestionada por una empresa privada, ha visto en esta manifestación “la luz que marca el camino de las reivindicaciones entre tanta oscuridad”. Como si de una performance se tratara, la protesta simboliza los aspectos más duros de una huelga indefinida iniciada el 7 de abril y cuyos resultados llegan a cuentagotas. “Hay una deuda histórica con la educación del 0 a 3 y estamos aquí para cerrarla”, exclama.

La pareja educativa, síntoma de calidad

Contenta por la introducción de la pareja educativa, es decir, una educadora infantil más por aula, Martínez explica que ello supone “compartir con una compañera, hacer equipo, reflexionar juntas y tener miradas diferentes, además de que cuatro ojos siempre ven más que dos”. Cuando la protesta se acercaba a Antón Martín, Miriam Silva, que trabaja en una escuela dependiente del Ayuntamiento de Parla de gestión indirecta, ha añadido que trabajar junto con otra compañera significa “poder irte a tu casa habiendo mirado a todos los niños a los ojos en algún momento del día, sabiendo que has podido cuidar sus necesidades asistenciales, pero también educativas”.

Vanesa Campano ha recalcado que los lloros que no se han dejado de escuchar a lo largo de la manifestación es el sonido con el que ellas se ven obligadas a lidiar durante su jornada laboral. Del mismo modo, esta educadora infantil en un colegio de Aranjuez totalmente público ha explicado que una de las consecuencias de los paros es que el aprendizaje de los más pequeños se ha visto mermado. “Hay menos personal y el trabajo se centra en lo asistencial”, ha agregado.

La trabajadora arancetana ha acudido con su hija pequeña a la protesta. Tal y como ha apuntado cuando a la cabecera apenas le quedaban unos metros para girar ante las obras de la plaza de Jacinto Benavente, esta es una forma de hacerle ver que “ella ha tenido una educación de calidad en una escuela pública y quiero que le dé valor y que entienda que tenemos que luchar por ello, que es el futuro de todos”.

Hacia la subida de salario

Marín, la portavoz de PLEI, recalca que los paros continuarán hasta que las comunidades autónomas no aumenten la financiación para las plantillas de las escuelas. “Somos las personas que sostenemos a la infancia y necesitamos una remuneración acorde a la responsabilidad de nuestro trabajo y nuestra formación”, reivindica.

Tristemente para las educadoras infantiles, no parece este un extremo que concuerde con la idea que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, con Mercedes Zarzalejo al frente, tiene para las escuelas de su competencia. “Solo nos recibió tras siete semanas de huelga y se comprometió con nosotras a poner la pareja educativa y no prorrogar los pliegos ya vigentes, pero no nos ha dado el acuerdo por escrito ni responde a las comunicaciones que le hemos hecho llegar por registro”, desarrolla la portavoz.

Martínez, por su parte, añade que en torno al 80 % de las educadoras infantiles roza el salario mínimo en sus nóminas: “Queremos educar y lo queremos hacer bien, pero para eso tenemos que entrar en el aula sin el estrés de no poder pagar el alquiler”. Preguntada por los ánimos de las plantillas en huelga, desde su punto de vista, el departamento liderado por Zarzalejo “está jugando al desgaste”.

“Quieren que nos cansemos, pero somos un grupo de trabajadoras que de lo que nos hemos cansado es de sostener el sistema a costa de nuestro esfuerzo, nuestra salud mental y nuestras familias, a la que también queremos cuidar y mantener”, se explaya la huelguista. Como las demás, ella también ve la caja de resistencia como un pilar fundamental para aguantar esta huelga histórica en la región madrileña, pues nunca se habían llevado a cabo paros indefinidos en este sector.

La huelga continuará en septiembre

En cuanto a la asistencia a esta manifestación nocturna, desde PLEI cifran en 500 las personas que han secundado la convocatoria. Marín recuerda que se trata de un sector “muy feminizado” y que ya los colegios han terminado: “Muchas somos madres y tenemos que cuidar de nuestros pequeños, así que la conciliación también nos complica el venir a las movilizaciones”. En agosto pararán las protestas para descansar y en septiembre retomar la huelga “con las pilas cargadas” que solo desconvocarán cuando consigan unos salarios dignos, subraya la portavoz de la Plataforma.

No están solas. Las familias han creado una coordinadora de la que ya forman parte unas 500 y a través de la cual dan apoyo y soporte a las trabajadoras en lucha. “Nosotras vemos que están deseando que la huelga termine para que las criaturas puedan recibir la atención que se merecen y su figura de referencia vuelva a las aulas”, comenta Marín. En este sentido, septiembre se presenta como un mes complejo. Tal y como añade esta educadora infantil de una escuela gestionada de forma directa por la Comunidad de Madrid, “arrancar el curso con una huelga es difícil porque pasan de estar un mes entero con sus familias a estar en unas aulas con poco personal y sin la persona con la que deberían generar ese vínculo”.

Silva, por su parte, ha subrayado que al inicio de curso no habrá tiempo para el trabajo educativo: “No habrá reuniones de familia, así que quienes entren nuevos van a ver cómo sus hijos no reciben la educación que merecen porque seguirán los servicios mínimos”. Será un “descontrol”, asegura.

El silencio de la manifestación por las calles de Madrid ha explotado en torno a las 23.00 horas, cuando la protesta ha arribado al kilómetro cero madrileño, donde han dado una vuelta a la plaza. En su particular despedida de fin de curso, las educadoras infantiles han leído juntas algunos mensajes emotivos que les han hecho llegar a lo largo de estas jornadas de huelga indefinida que comenzaron el pasado 7 de abril.

Cuando se acercaba la media noche, las luces que llevaban en sus manos y colgadas no han dejado de lucir ante la mirada algo sorprendida de los viandantes nocturnos. Ellas, a lo suyo. Como si consiguieran hacer levitar las palabras con las que vehiculan sus justas demandas frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, las educadoras infantiles se han despedido de las calles hasta el próximo curso. “No nos vamos a cansar y a paciencia no nos gana nadie”, concluye Silva.

CCOO ha denunciado que la Consejería de Educación planea llevar a cabo el próximo curso 2026-2027 “el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012”, ante el que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de “medidas contundentes”, defendiendo incluso una huelga. Además, llama a las asociaciones de madres y padres de alumnos a sumarse a un “bloque común de rechazo”.

“Si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”, ha aseverado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

160 docentes y 30 unidades de Educación Infantil y Primaria menos

Y es que el sindicato ha avisado en un comunicado que, a falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva (PP), el borrador de cupos que ha enviado a la representación sindical confirma lo que la Federación de Enseñanza del sindicato “ya alertaba desde hace semanas”: una pérdida de más de 160 plazas docentes -55 de Educación Infantil, 80 de Primaria y otras 27 de Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)-.

Además, ha indicado que, según la información que han trasladado a la federación los equipos directivos y el profesorado de varios centros escolares de la región, la Consejería pretende también suprimir “más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria”.

“Ya veníamos avisando de nuestras sospechas. Intuíamos que la Consejería estaba preparando un gran recorte en Educación Infantil y Primaria”, ha lamentado Sánchez.

La sindicalista ha puesto como ejemplo el caso del colegio Pedro del Hoyo de Colindres, donde, según ha dicho, Educación tiene la intención de suprimir una de las aulas de 3 años cuando hay 21 alumnos y más pendientes de la matrícula extraordinaria.

“En otros centros no mandan apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y, en muchos casos, cuando el personal interino llegue a los centros por las especialidades de Música, Inglés o Educación Física se va a encontrar con la sorpresa de que su horario va a estar sobrecargado con otras tareas y esto sin contar con los centros que, al suprimir unidades, perderán horas de coordinación de planes y proyectos”, ha avisado.

Para CCOO, este “brutal recorte” de plazas puede provocar que haya personal interino que se vea fuera de la enseñanza a pesar de llevar toda la vida trabajando en Cantabria o que incluso funcionarios de carrera tengan que cambiarse de centro educativo porque su plaza ya no existe. “Es un absoluto desastre”, ha aseverado.

En cuanto a las variaciones de cupo, la federación ha señalado la pérdida de tres docentes en colegios como el Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña (Arenas de Iguña); Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Juan de Herrera de Maliaño (Camargo), Jesús Cancio de Santander o Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana.

Para Sánchez, “las cifras son de una gravedad extraordinaria porque es un recorte brutal de la educación pública y un atentado que afecta directamente al alumnado y a la calidad de la enseñanza”.

En este sentido, ha señalado que se van a unificar aulas y la pérdida de docentes acarreará una sobrecarga para los equipos directivos que tendrán que asumir tutorías.

Llamamiento a las AMPAS

La Federación de Enseñanza ha hecho un llamamiento a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) y a la federación que las engloba (FAPA) para hacer “un bloque común de rechazo y oposición”.

Ha asegurado que a la Federación le han llegado casos de familias que quieren llevar a sus hijos al mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y no se les está permitiendo la escolarización, ocasionando “un gran perjuicio para la organización y la conciliación de las familias”.

“La comunidad educativa tiene que ser consciente de la gravedad de estos recortes. No se trata únicamente de una cuestión laboral de los docentes sino que afecta a todo el alumnado y a la calidad de la enseñanza”, ha dicho.

CCOO ha afirmado que “si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”. “Vamos a plantear a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes. Seguimos defendiendo la convocatoria de una huelga porque esto es intolerable. No lo podemos dejar pasar”, ha concluido Sánchez.