La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid no se cansan de repetirlo: no levantarán la huelga indefinida hasta conseguir un aumento de sus salarios, que a día de hoy rozan el mínimo interprofesional. Esta vez, sus demandas se han dejado ver más que escuchar por las calles del centro de la capital en una manifestación nocturna iniciada sobre las 22.00 horas en Atocha. Sus habituales cánticos y ruido de silbatos han dejado paso a las luces y llantos de bebés que han acompañado a la protesta hasta su final en la Puerta del Sol, donde han advertido que los paros continuarán en el inicio del nuevo curso en septiembre.

“Estamos aquí para hacer ver que seguimos en la lucha tras más de tres meses de huelga”, ha expresado Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) madrileña al inicio de la convocatoria. Mientras en la cabecera se desplegaba una pancarta que rezaba “educadoras en lucha. Por la dignidad del 0-3”, esta educadora ha recalcado que, por el momento, esperan el texto final redactado por el Ministerio de Educación mediante el cual han conseguido una drástica bajada de ratios por la vía de la pareja educativa.

La cartera dirigida por Milagros Tolón se ha comprometido con las educadoras infantiles a que la ley estatal obligue a comunidades y ayuntamientos que en sus escuelas, y en los pliegos de las licitaciones para las empresas que las gestionarán, se reduzca el número de criaturas a cuidar y educar por cada trabajadora. En estos momentos, las ratios para una educadora se sitúan en ocho bebés de 0 a 1 años, 14 criaturas de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años. El compromiso arrancado a Educación rebaja a más de la mitad estos números, que se quedan en cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Lucía Martínez, educadora infantil en una escuela pública del Ayuntamiento de Madrid gestionada por una empresa privada, ha visto en esta manifestación “la luz que marca el camino de las reivindicaciones entre tanta oscuridad”. Como si de una performance se tratara, la protesta simboliza los aspectos más duros de una huelga indefinida iniciada el 7 de abril y cuyos resultados llegan a cuentagotas. “Hay una deuda histórica con la educación del 0 a 3 y estamos aquí para cerrarla”, exclama.

La pareja educativa, síntoma de calidad

Contenta por la introducción de la pareja educativa, es decir, una educadora infantil más por aula, Martínez explica que ello supone “compartir con una compañera, hacer equipo, reflexionar juntas y tener miradas diferentes, además de que cuatro ojos siempre ven más que dos”. Cuando la protesta se acercaba a Antón Martín, Miriam Silva, que trabaja en una escuela dependiente del Ayuntamiento de Parla de gestión indirecta, ha añadido que trabajar junto con otra compañera significa “poder irte a tu casa habiendo mirado a todos los niños a los ojos en algún momento del día, sabiendo que has podido cuidar sus necesidades asistenciales, pero también educativas”.

Vanesa Campano ha recalcado que los lloros que no se han dejado de escuchar a lo largo de la manifestación es el sonido con el que ellas se ven obligadas a lidiar durante su jornada laboral. Del mismo modo, esta educadora infantil en un colegio de Aranjuez totalmente público ha explicado que una de las consecuencias de los paros es que el aprendizaje de los más pequeños se ha visto mermado. “Hay menos personal y el trabajo se centra en lo asistencial”, ha agregado.

La trabajadora arancetana ha acudido con su hija pequeña a la protesta. Tal y como ha apuntado cuando a la cabecera apenas le quedaban unos metros para girar ante las obras de la plaza de Jacinto Benavente, esta es una forma de hacerle ver que “ella ha tenido una educación de calidad en una escuela pública y quiero que le dé valor y que entienda que tenemos que luchar por ello, que es el futuro de todos”.

Hacia la subida de salario

Marín, la portavoz de PLEI, recalca que los paros continuarán hasta que las comunidades autónomas no aumenten la financiación para las plantillas de las escuelas. “Somos las personas que sostenemos a la infancia y necesitamos una remuneración acorde a la responsabilidad de nuestro trabajo y nuestra formación”, reivindica.

Tristemente para las educadoras infantiles, no parece este un extremo que concuerde con la idea que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, con Mercedes Zarzalejo al frente, tiene para las escuelas de su competencia. “Solo nos recibió tras siete semanas de huelga y se comprometió con nosotras a poner la pareja educativa y no prorrogar los pliegos ya vigentes, pero no nos ha dado el acuerdo por escrito ni responde a las comunicaciones que le hemos hecho llegar por registro”, desarrolla la portavoz.

Martínez, por su parte, añade que en torno al 80 % de las educadoras infantiles roza el salario mínimo en sus nóminas: “Queremos educar y lo queremos hacer bien, pero para eso tenemos que entrar en el aula sin el estrés de no poder pagar el alquiler”. Preguntada por los ánimos de las plantillas en huelga, desde su punto de vista, el departamento liderado por Zarzalejo “está jugando al desgaste”.

“Quieren que nos cansemos, pero somos un grupo de trabajadoras que de lo que nos hemos cansado es de sostener el sistema a costa de nuestro esfuerzo, nuestra salud mental y nuestras familias, a la que también queremos cuidar y mantener”, se explaya la huelguista. Como las demás, ella también ve la caja de resistencia como un pilar fundamental para aguantar esta huelga histórica en la región madrileña, pues nunca se habían llevado a cabo paros indefinidos en este sector.

La huelga continuará en septiembre

En cuanto a la asistencia a esta manifestación nocturna, desde PLEI cifran en 500 las personas que han secundado la convocatoria. Marín recuerda que se trata de un sector “muy feminizado” y que ya los colegios han terminado: “Muchas somos madres y tenemos que cuidar de nuestros pequeños, así que la conciliación también nos complica el venir a las movilizaciones”. En agosto pararán las protestas para descansar y en septiembre retomar la huelga “con las pilas cargadas” que solo desconvocarán cuando consigan unos salarios dignos, subraya la portavoz de la Plataforma.

No están solas. Las familias han creado una coordinadora de la que ya forman parte unas 500 y a través de la cual dan apoyo y soporte a las trabajadoras en lucha. “Nosotras vemos que están deseando que la huelga termine para que las criaturas puedan recibir la atención que se merecen y su figura de referencia vuelva a las aulas”, comenta Marín. En este sentido, septiembre se presenta como un mes complejo. Tal y como añade esta educadora infantil de una escuela gestionada de forma directa por la Comunidad de Madrid, “arrancar el curso con una huelga es difícil porque pasan de estar un mes entero con sus familias a estar en unas aulas con poco personal y sin la persona con la que deberían generar ese vínculo”.

Silva, por su parte, ha subrayado que al inicio de curso no habrá tiempo para el trabajo educativo: “No habrá reuniones de familia, así que quienes entren nuevos van a ver cómo sus hijos no reciben la educación que merecen porque seguirán los servicios mínimos”. Será un “descontrol”, asegura.

El silencio de la manifestación por las calles de Madrid ha explotado en torno a las 23.00 horas, cuando la protesta ha arribado al kilómetro cero madrileño, donde han dado una vuelta a la plaza. En su particular despedida de fin de curso, las educadoras infantiles han leído juntas algunos mensajes emotivos que les han hecho llegar a lo largo de estas jornadas de huelga indefinida que comenzaron el pasado 7 de abril.

Cuando se acercaba la media noche, las luces que llevaban en sus manos y colgadas no han dejado de lucir ante la mirada algo sorprendida de los viandantes nocturnos. Ellas, a lo suyo. Como si consiguieran hacer levitar las palabras con las que vehiculan sus justas demandas frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, las educadoras infantiles se han despedido de las calles hasta el próximo curso. “No nos vamos a cansar y a paciencia no nos gana nadie”, concluye Silva.

CCOO ha denunciado que la Consejería de Educación planea llevar a cabo el próximo curso 2026-2027 “el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012”, ante el que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de “medidas contundentes”, defendiendo incluso una huelga. Además, llama a las asociaciones de madres y padres de alumnos a sumarse a un “bloque común de rechazo”.

“Si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”, ha aseverado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

160 docentes y 30 unidades de Educación Infantil y Primaria menos

Y es que el sindicato ha avisado en un comunicado que, a falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva (PP), el borrador de cupos que ha enviado a la representación sindical confirma lo que la Federación de Enseñanza del sindicato “ya alertaba desde hace semanas”: una pérdida de más de 160 plazas docentes -55 de Educación Infantil, 80 de Primaria y otras 27 de Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)-.

Además, ha indicado que, según la información que han trasladado a la federación los equipos directivos y el profesorado de varios centros escolares de la región, la Consejería pretende también suprimir “más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria”.

“Ya veníamos avisando de nuestras sospechas. Intuíamos que la Consejería estaba preparando un gran recorte en Educación Infantil y Primaria”, ha lamentado Sánchez.

La sindicalista ha puesto como ejemplo el caso del colegio Pedro del Hoyo de Colindres, donde, según ha dicho, Educación tiene la intención de suprimir una de las aulas de 3 años cuando hay 21 alumnos y más pendientes de la matrícula extraordinaria.

“En otros centros no mandan apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y, en muchos casos, cuando el personal interino llegue a los centros por las especialidades de Música, Inglés o Educación Física se va a encontrar con la sorpresa de que su horario va a estar sobrecargado con otras tareas y esto sin contar con los centros que, al suprimir unidades, perderán horas de coordinación de planes y proyectos”, ha avisado.

Para CCOO, este “brutal recorte” de plazas puede provocar que haya personal interino que se vea fuera de la enseñanza a pesar de llevar toda la vida trabajando en Cantabria o que incluso funcionarios de carrera tengan que cambiarse de centro educativo porque su plaza ya no existe. “Es un absoluto desastre”, ha aseverado.

En cuanto a las variaciones de cupo, la federación ha señalado la pérdida de tres docentes en colegios como el Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña (Arenas de Iguña); Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Juan de Herrera de Maliaño (Camargo), Jesús Cancio de Santander o Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana.

Para Sánchez, “las cifras son de una gravedad extraordinaria porque es un recorte brutal de la educación pública y un atentado que afecta directamente al alumnado y a la calidad de la enseñanza”.

En este sentido, ha señalado que se van a unificar aulas y la pérdida de docentes acarreará una sobrecarga para los equipos directivos que tendrán que asumir tutorías.

Llamamiento a las AMPAS

La Federación de Enseñanza ha hecho un llamamiento a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) y a la federación que las engloba (FAPA) para hacer “un bloque común de rechazo y oposición”.

Ha asegurado que a la Federación le han llegado casos de familias que quieren llevar a sus hijos al mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y no se les está permitiendo la escolarización, ocasionando “un gran perjuicio para la organización y la conciliación de las familias”.

“La comunidad educativa tiene que ser consciente de la gravedad de estos recortes. No se trata únicamente de una cuestión laboral de los docentes sino que afecta a todo el alumnado y a la calidad de la enseñanza”, ha dicho.

CCOO ha afirmado que “si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”. “Vamos a plantear a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes. Seguimos defendiendo la convocatoria de una huelga porque esto es intolerable. No lo podemos dejar pasar”, ha concluido Sánchez.

La Junta de Castilla y León ha comprado equipos de aire acondicionado portátil (conocidos como 'pingüinos') para los colegios para evitar las altas temperaturas, según ha informado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Estos equipos cubrirán las 59 centros en los que imparten el primer ciclo de educación infantil (0-3 años) y las cuatro escuelas infantiles que pertenecen a la Junta.

El gobierno birregional ya ha empezado con la distribución de los equipos y tiene previsto completar las entregas durante la primera quincena de julio. A medio plazo, la Consejería de Educación está barajando la instalación de sistemas de climatización estructurales fijos en los centros si lo permiten las circunstancias.

Fernández Carriedo también ha instado a los ayuntamientos, corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro a que instalen sistemas de refrigeración similar y ha recordado que la Junta de Castilla y León ofrece ayuda en esa línea.

Calahorra ampliará su Escuela infantil municipal ‘Santos Mártires’ con 2 aulas más para niños de 1 a 2 años. La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha solicitado al Gobierno de La Rioja una subvención para ampliar la Escuela infantil municipal ‘Santos Mártires’. “Desde que conocimos que había lista de espera en las dos Escuelas infantiles de la ciudad para el próximo curso escolar, nos reunimos con los padres, visitamos las instalaciones con los técnicos municipales para estudiar las posibles soluciones y nos pusimos a trabajar con el Gobierno de La Rioja para atender la demanda de las familias calagurritanas”, ha explicado la alcaldesa.

Para ello, “hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno regional y vamos a ampliar la Escuela infantil municipal con dos aulas más y 36 nuevas plazas más, con una ratio de 13 alumnos por aula”, ha anunciado Mónica Arceiz. Esta ampliación incrementará la oferta de plazas disponibles, reducirá las listas de espera y mejorará la calidad del servicio prestado, así como favorecerá la conciliación familiar y laboral de las familias de Calahorra.

Está previsto que se construya un módulo anexo, que albergará dos clases para niños de 1 y 2 años y un aseo infantil compartido. La actuación incluirá también la adecuación del terreno, la ejecución de cimentación, las instalaciones necesarias, la conexión con infraestructuras existentes y el equipamiento, así como la dotación de un paso cubierto para el tránsito seguro del alumnado. Todas estas actuaciones tienen un presupuesto total de más de 265.000 euros, que serán financiados por el Gobierno de La Rioja.

Por su parte, el Ayuntamiento de Calahorra asumirá la modificación del contrato actual de gestión de la Escuela infantil ‘Santos Mártires’, que supondrá un incremento estimado de 136.000 euros, derivados de la contratación de más personal y más servicios. “Con esta ampliación cumplimos otro de nuestros principales compromisos con los calagurritanos”, ha destacado la alcaldesa. 

“El objetivo es acelerar al máximo los trámites administrativos para que las nuevas aulas puedan abrirse cuanto antes, preferiblemente durante los últimos meses de 2026, y en cualquier caso a la mayor brevedad. Nos gustaría que estuvieran para el inicio del curso, pero con los plazos de los procedimientos administrativos no será posible”, según Mónica Arceiz, quien ha recordado que “aunque las escuelas infantiles no son competencia municipal entre las dos administraciones hemos impulsado esta solución ante la creciente demanda”. El viernes pasado se celebró una Junta de Gobierno Local extraordinaria de urgencia para aprobar la solicitud de la subvención a la Consejería de Educación y Empleo para esta ampliación de la Escuela ‘Santos Mártires’ y agilizar los trámites.

Climatización de la Escuela infantil municipal

Todas las aulas y zonas comunes de la Escuela infantil municipal ‘Santos Mártires’ ya cuentan con climatización. Aun así, el Consistorio asegura que este lunes se colocarán unos nuevos aparatos, ya que los instalados el pasado viernes no funcionaron correctamente y por motivos técnicos se desinstalaron.

La empresa Servitec Calahorra S.L. es la encargada del suministro de estos 5 aparatos de refrigeración por un precio de 9.079,84 euros. Se van a colocar en el comedor y en las tres aulas de bebés, las únicas de la Escuela infantil que aún no disponían de estos sistemas para afrontar las altas temperaturas del verano.

La propuesta del Gobierno de reducir las ratios en Educación Infantil se ha recibido como un ataque en Galicia, donde la Xunta ha hecho bandera de la gratuidad en el tramo de 0 a 3 años con un modelo que prima a las empresas privadas. Tanto es así que, en 2024, llegó a devolver al ejecutivo 22 millones de euros destinados a crear 3.200 plazas públicas más porque consideraba que en la comunidad ya estaban cubiertas. Ahora teme por el futuro de este diseño y, junto a la patronal del sector, ha encontrado un nuevo frente de oposición a Madrid. 

Poco antes de dejar su despacho de la Xunta para convertirse en presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo dejaba comprometida una gratuidad que le tocó inaugurar ya a su sucesor, Alfonso Rueda. En octubre de 2024, ya en Génova, Feijóo se sacó de la manga una Ley de Conciliación que proponía la extensión a todo el Estado de su modelo, una propuesta a la que vuelve cada cierto tiempo. Dos meses más tarde, el PSOE gallego denunciaba la devolución de aquellos 22 millones de fondos europeos. 

Este miércoles, después de que trascendiesen los planes del Ministerio, la patronal Acade emitía un comunicado en el que advertía de que la medida podría suponer el cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas de España. A la conselleira de Política Social, Fabiola García –en Galicia, este tramo educativo no depende de Educación–, le faltó tiempo para recoger el guante y este mismo viernes recibía a los representantes del sector. 

“Corre riesgo la gratuidad de la educación infantil”; “se van a perder puestos de trabajo de muchas mujeres” o “van a cerrar muchas escuelas infantiles que llevan toda una vida dando el callo, cuidando, mimando y acompañando a muchas familias” fueron algunos de sus alarmantes mensajes.

Después, llegó el momento de sacar pecho: “Galicia tiene la mayor ratio de atención a todos los niños de 0 a 3 a nivel mundial” aseguró antes de erigir a la comunidad en “referencia en estos momentos a nivel europeo y nacional”. García tiene “muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar” con el modelo gallego, que llama a “replicar” en el resto de comunidades, financiado al 50% desde el Ministerio. 

Detrás de ese récord mundial estaba a finales de 2024 la argumentación para rechazar unos fondos europeos que, ahora, podrían estar evitando estos riesgos. Tres años antes, la Xunta recibió 34,8 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a crear 3.417 nuevas plazas públicas de Infantil. Supondría aumentar en más de un diez por ciento la oferta total de la comunidad, que en aquel curso 2024-25 fue de 32.000 matrículas, incluidas las más de 13.000 ofertadas por centros privados.

Un estudio realizado entonces por la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) elevaba la subvención media del gobierno gallego a las guarderías privadas por cada alumno hasta los 309,90 euros. Mientras, lo que recibían los matriculados en las escuelas infantiles que dependen de los ayuntamientos –sumando escolarización y mantenimiento– se quedaba en sólo 92,90. 

La Xunta utilizó un tercio de aquel presupuesto y sólo implementó 205 plazas. “Se penaliza a los líderes”, decía entonces Política Social, que intentó “insistentemente” que el Gobierno dejase que utilizasen la partida para “la mejora de las escuelas infantiles o la financiación de la gratuidad”, que cuesta al ejecutivo autonómico 65 millones al año que afronta “en solitario”.

La tasa de escolarización infantil en Galicia está “por encima del 60% y supera en 12 puntos la media española”, por eso “la necesidad de creación de nuevas plazas era inferior” a la de otras comunidades. Sin embargo, si se hubiesen creado esas plazas en lugar de apostar por un modelo “concertado” –el término es del PSdeG–, la situación hoy, ante esta “potente” reducción de ratios sería muy diferente.

Quien pone ese adjetivo al plan del Gobierno es Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino –el primer sindicato en Galicia–, quien respalda la iniciativa y las ratios propuestas por el Ministerio: bajar de ocho a cuatro bebés por docente en 0 años, de trece a seis en 1 y de veinte a ocho en 2 años. A Arroxo le gusta que se tome como referencia el profesional “y no el aula”. Eso permitiría crear grupos de ocho, doce o 16 alumnos atendidos por una pareja educativa, una antigua demanda de los profesionales.

La sindicalista ironiza por la alerta de la Xunta, contraponiéndola con la costumbre del PP de “el Gobierno invita y las comunidades pagan”. “Aquí se promueve un sistema privado, del que se están lucrando empresas, mientras se devuelve el dinero con el que se podría crear un sistema público de cuidados”. 

“Lo que trajo el sistema de la Xunta, el ‘todo pagado’, fue mucha más precariedad laboral” y falta de controles: “En las públicas, si el niño no va, te pueden quitar la plaza. En las privadas no se vigila y, si hay menos alumnado del que se matricula, se producen despidos o recortes de jornada”. Y concluye: “lo que se necesitan son más profesionales”.

Bajada sobre bajada, el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El departamento que dirige Milagros Tolón también propone reducir el estudiantado en las clases de Bachillerato, en una maniobra que, junto a la ley que se tramita para hacer lo mismo en Primaria y Secundaria, completaría una bajada de ratios histórica en toda la etapa educativa preuniversitaria, según ha adelantado El País.

En esta negociación que mantiene abierta con las organizaciones sindicales, Educación trata así de abordar el descontento docente, que se ha manifestado en los últimos meses, especialmente en la Comunitat Valenciana, en Catalunya y entre las trabajadoras de Infantil, que ya han protagonizado dos paros estatales. En Madrid están en huelga indefinida desde el pasado mes de abril.

Así, para Infantil, Educación propone que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora). En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) la cifra máxima sería 20, según la propuesta del ministerio (desde 25) y en Bachillerato 30 (35 en este momento).

CCOO ha valorado la propuesta positivamente. “El único pero es que plantean que [implantar las nuevas ratios] sea progresivo, iniciándose en el curso 27/28 y finalizando en el 29/30”, ha expresado el sindicato a través de un comunicado.

El descenso de las ratios es una de las principales reivindicaciones del profesorado en las protestas que ha protagonizado esta primavera y que amenazan con volver en septiembre si nada cambia. Estas reivindicaciones, en forma de huelgas, se dirigen contra los Gobiernos regionales, que tienen las competencias directas en educación, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco mínimo al que las comunidades deban atenerse.

Hasta ahora las diferentes ministras habían optado por no tocar las ratios —pese a que se le viene exigiendo al Gobierno desde que tramitó la Lomloe, en 2020—, pero finalmente Educación, que al menos a nivel de declaraciones se había mostrado comprensivo con las protestas de las educadoras de Infantil, ha entrado de lleno en la materia y bajará todas las ratios.

La situación era especialmente precaria en Infantil, donde además de las condiciones laborales —hay maestras y educadoras cobrando poco más del Salario Mínimo Interprofesional— las educadoras podían estar a cargo de hasta 20 niños por aula en algunos modelos.

“El 100% de las escuelas infantiles cerrarán”

La patronal de centros privados Acade ha emitido un comunicado un par de horas después de conocerse la oferta de Educación en el que expresa su “profunda preocupación” por la medida y advierte de que “podrían verse abocados al cierre los 5.345 centros privados de educación infantil existentes en España”. La organización lamenta que el anuncio del Ministerio se produce sin diálogo y señala que “más de 224.000 alumnos, cerca del 50% del total escolarizado en esta etapa en el conjunto de la red pública y privada, podrían quedarse sin plaza” porque “Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública”.

Según Acade, si se rebajan las ratios a la mitad se perderían “más de 60.000 puestos de trabajo” y “se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes”.

El sector privado de la educación infantil, en la que conviven modelos de gestión pública, privada y mixtos (públicos de gestión privada) es el que peores condiciones laborales ofrece a sus empleadas, con salarios apenas por encima del SMI.

Once semanas han pasado desde que las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid comenzaron su huelga indefinida. El pasado 7 de abril las profesionales de las escuelas infantiles se reunieron por primera vez ante el Ministerio de Educación para exigir a las instituciones unas mejores condiciones laborales después de mucho tiempo viviendo jornadas imposibles. Las educadoras llevan desde entonces trabajando con servicios mínimos en las escuelas, mientras desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) organizan movilizaciones cada semana.

Un mes después de que comenzara la huelga indefinida en Madrid, las educadoras de todo el país se sumaron a las movilizaciones de las madrileñas, y comenzó una huelga general en el sector de 0 a 3 años en toda España. El pasado 6 de mayo, la PLEI, de la mano del sindicato CGT y con el apoyo de CCOO, dieron el gran salto a las movilizaciones a nivel estatal, donde exigían, principalmente, una bajada de las ratios de niños y niñas por aula, subida de los salarios (que rozan el SMI) y la implementación de la pareja educativa en las jornadas laborales. Dos semanas después, el 23 de mayo, educadoras de todo el país se reunieron para su primera manifestación conjunta en Madrid, a la que acudieron unas 15.000 personas. Una activista catalana recordaba que “es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que su trabajo no es cuidar, es educar, e insisten en que se debe reconocer un trabajo que creen que está infravalorado. La PLEI sostiene que su sector necesita “ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”.

Las educadoras exigían el cese de las prórrogas de los contratos

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid denuncian la pasividad de las instituciones, especialmente desde la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y desde su Consejería de Educación, encabezada por Mercedes Zarzalejo, que no ofrecen soluciones a sus quejas. Las profesionales de las escuelas infantiles se han reunido en numerosas ocasiones frente a la Consejería para recordarle a Zarzalejo la situación en la que trabajan a diario las educadoras y lo que necesitan que se implemente para poder volver a las aulas. Desde la PLEI han exigido en más de una ocasión reunirse con la consejera de Educación, además de con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. 

Las escuelas, en un primer momento, consiguieron reunirse con José Fernández Sánchez, delegado del Área de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes [la Comunidad de Madrid] argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Desde la Plataforma denunciaban que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”.

Las educadoras critican que el número de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no habían sido formalizadas era indeterminado, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replicaron las educadoras. Según la Plataforma, José Fernández Sánchez insistió en la “imposibilidad” de la paralización de estos contratos, y sostenían que la reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

Coaccionadas por las empresas al filtrar el Ayuntamiento sus datos

Las profesionales del 0-3 presentaron un recurso administrativo en contra de las prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles. Según las educadoras, el alcalde madrileño había aprobado las prórrogas de cerca de 40 contratos, “que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras” del municipio de Madrid. “Las trabajadoras infantiles de las escuelas municipales deberían cobrar desde septiembre 1518 euros al mes, en vez del salario mínimo interprofesional (SMI). Almeida solo tenía que sacar pliegos nuevos, posteriores a junio de 2025, para que esa mejora salarial se hiciera efectiva”, denuncian las educadoras.

La presentación de este recurso supuso un episodio peor para algunas educadoras. Varias de las firmantes reconocían haber recibido coacciones por parte de las empresas encargadas de gestionar las escuelas infantiles en las que trabajan. Las educadoras denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid había filtrado sus datos personales (nombre, apellidos y DNI) y que, aunque reconocen que las empresas tienen derecho a conocer la presentación de ese recurso, no lo tienen para saber quiénes lo habrían firmado.

Las educadoras exigieron que terminara “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Sostenían que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explicaban que aplicarían “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

La Comunidad de Madrid ha “adelantado y acelerado” la firma de muchos contratos

Desde el sindicato CGT, denunciaban esta semana la publicación de numerosos acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y muchos municipios, blindando los acuerdos monetarios del curso anterior. Según CGT, durante los primeros días de la huelga que comenzó el 7 de abril se firmaron muchos convenios “como aperitivo de la firma con todos los municipios de la Comunidad de Madrid que se han publicado durante mayo y junio”.

“En el BOCM se han comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas adendas comenzaron en abril pocos días después del inicio de la huelga”, explicaban desde el sindicato, y denuncian que la Comunidad “ha adelantado y acelerado mediante dichas enmiendas la firma durante la huelga indefinida”, mientras que en el curso anterior “se firmaron a finales de junio”.

CGT critica que, entre la Comunidad de Madrid y distintos Ayuntamientos, se han firmado “hasta un total de 87 adendas a fecha 20 de junio, anulando así la capacidad negociadora del comité de huelga con la administración en cuanto a ratios, pareja educativa o mejora de los salarios”. Estos convenios afectan también a los precios-plaza de las escuelas infantiles. Según detallaban, “dichas adendas contemplan el precio plaza niño/a en 1760 euros y la plaza en extensión en 1460 euros. El año 2025 el precio plaza fue de 1669 euros”.

Zarzalejo cedió a implantar la pareja educativa

Las educadoras se reunieron con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el pasado 21 de mayo. En esta reunión las profesionales del 0-3 consiguieron un avance en su lucha: la implementación de la pareja educativa en las escuelas de gestión directa e indirecta de la Comunidad de Madrid. Esta medida reduciría el número de niños por educadora en las aulas a partir del próximo curso en todas las escuelas infantiles. Además, la consejera se comprometió a paralizar las prórrogas de los pliegos. Sin embargo, según la Plataforma, insistieron para que Zarzalejo firmara sus compromisos, pero la consejera de Educación afirmaba “que no sabe quién conforma la plataforma, que no tiene capacidad legítima y no tiene claro con quién firmar los acuerdos”.

Zarzalejo en un principio insistió en que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Casi dos meses después, a principios de junio, calificó como “incomprensible” la huelga de las educadoras infantiles, y que únicamente buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España: “Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece cuando menos una reflexión”.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, consiguió defender la lucha de las educadoras en una Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo. Además, junto a otras compañeras, acudió a la tribuna de invitados del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como iniciativa del grupo municipal de Más Madrid, de donde fueron expulsadas el 29 de abril. Miembros de algunos grupos municipales, como Rita Maestre o la concejala socialista María Caso, defendieron la lucha de las educadoras, que reaccionaron ante las palabras de José Sánchez Fernández, el cual definió la gestión de las peticiones de las 0-3 como “muy a lo sanchista”, por lo que fueron expulsadas del Pleno.

Familias y sindicatos apoyan las movilizaciones

Más de dos meses han pasado desde que comenzó la huelga en la capital. Durante este tiempo, las educadoras han conseguido también el apoyo de las familias. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recordaba Rosa Marín, portavoz de la Plataforma. Además, a finales de mayo, las familias madrileñas se concentraron ante la Consejería de Educación para exigir una reunión con Mercedes Zarzalejo. Las familias reconocían ser “parte de los afectados” por las malas condiciones en las que desarrollan su profesión las educadoras infantiles, e insistían en que los más pequeños “quieren volver a la escuela”. También criticaron la pasividad de las instituciones y pedían que “dejen de echar balones fuera” ante una situación educativa que “es insostenible”.

Las organizaciones sindicales con representación en el sector de Educación 0-3 de la Comunidad de Madrid (USO, CCOO, UGT, FSIE) se unieron también a la lucha de las educadoras infantiles para exigir mejoras en el sector cuando llevaban ocho semanas en huelga. Las educadoras y los sindicatos confesaron que la unión daba “más fuerza” a las movilizaciones.

De cara al próximo curso

“Seguiremos presionando e intentando que se quede resuelto antes de las vacaciones de verano y si no, pues seguiremos en septiembre”, reconocía la portavoz de la PLEI, Rosa Marín, hablando sobre la posibilidad de alargar la huelga durante el próximo curso. “Estamos cansadas porque además hace calor y es complicado, pero ahí seguimos”, sostiene.

Además, con la llegada del verano se han centrado en una nueva lucha: “Realizaremos la misma performance, pero sobre el calor que pasamos en las aulas en el mes de julio, que no entendemos por qué las criaturas tienen que ir a las escuelas”, reconoce Marín. Por ello, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país el jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

“Las familias de la escuela pública de Toledo han dicho basta de forma unánime”, con esta contundente afirmación, y coincidiendo con el último día del curso escolar, cientos de familias de la ciudad han protagonizado desde las 8:40 horas de la mañana lo que califican de “histórica movilización simultánea” para reclamar la climatización en las aulas de los centros escolares.

Lo que comenzó hace una semana como una protesta impulsada por el AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas, que logró reunión en la primera convocatoria a 13 centros, se ha transformado hoy en un frente común absoluto: el 100% de las 16 AMPA de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Toledo, junto con el AMPA del Conservatorio Profesional de Música ‘Jacinto Guerrero’, se han unido en una misma reclamación.

Las puertas de los centros educativos de la capital regional se han convertido a primera hora de este miércoles en el escenario de concentraciones pacíficas. El objetivo de esta inédita alianza vecinal y educativa es exigir a las administraciones competentes “un proyecto de climatización real, con plazos, presupuesto y fechas de ejecución, que garantice de forma urgente los derechos y el bienestar de los menores frente a un cambio climático que ofrece veranos cada vez más largos y extremos”.

Aulas a más de 30 grados antes de junio

Familias y profesores de los distintos centros públicos de la ciudad llevan semanas realizando mediciones diarias en el interior de las clases y de los comedores escolares, constatando que el termómetro supera con frecuencia los 30ºC mucho antes de llegar el mes de junio.

Esta situación de “estrés térmico”, señalan, “no solo pone en riesgo la salud de los menores, sino que incumple la normativa vigente del Estatuto de los Trabajadores” que, según recuerdan, fija el límite máximo de temperatura para trabajos de oficina y docencia en los 27ºC.

Asimismo, aducen que la propia Asociación Española de Pediatría alerta de que el calor extremo afecta de forma directa al rendimiento y la salud en la infancia.

Desde la Junta Directiva del AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas califican la situación de “insostenible”. Ponen como ejemplo las graves deficiencias de su propio centro, donde el alumnado sufre temperaturas extremas al principio y final de curso (ya que el comedor está ubicado en un edificio de chapa sin aislamiento), mientras que en los meses de invierno sufren el problema inverso y se ven obligados a comer con el abrigo puesto.

Soluciones “irreales” y bloqueo de las administraciones

La comunidad escolar de Toledo tacha de “parches irreales e ineficaces” las soluciones planteadas por los representantes de las administraciones con responsabilidad en la gestión de los centros educativos.

Las familias recuerdan que abrir las ventanas para generar corriente no funciona en el ambiente seco de Toledo y que, debido al impacto del sol en las fachadas de edificios antiguos y mal aislados o sin voladizos que ofrezcan sombra, se ven obligados a mantener las persianas bajadas, impidiendo el uso de la luz natural.

Tampoco consideran viable concentrar el calendario escolar en los meses más fríos, ya que eso obligaría a los niños a pasar más tiempo en campamentos de verano que se realizan, precisamente, en las mismas instalaciones escolares de la ciudad.

Las AMPA denuncian que las distintas administraciones implicadas “se pasan la pelota” de unos a otros para eludir responsabilidades mientras nadie asume el problema de fondo.

Por ello, advierten que “esta unión histórica de familias no terminará con las vacaciones de verano” y que “si las administraciones no se sientan a trabajar de manera conjunta y presentan un plan real de manera inmediata, las movilizaciones se reanudarán con mayor intensidad al inicio del próximo curso en septiembre”.

Ayer, el consejero de Educación Amador Pastor aseguró que el Gobierno de Castilla-La Mancha está “comprometido” con la climatización de los centros educativos y tras reconocer que ha habido “reproches” por parte de diferentes administraciones respecto a las competencias en esta materia, recordó que las convocatorias de ayudas para la climatización, hasta tres, han tenido una “alta respuesta” por parte de más de 300 ayuntamientos de la región “que no han cuestionado ni las competencias ni las titularidades, simplemente han aprovechado esta disposición de fondos”.

La propia ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, recordó que el Gobierno de España ha puesto fondos para esta finalidad a disposición de las comunidades autónomas.

El alcalde de Toledo Carlos Velázquez se abría ayer a hablar con el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque volvió a poner la pelota de las competencias en el tejado de la Junta de Comunidades.

CCOO pide puntos de agua y zonas de sombra en los patios

Los sindicatos llevan meses reclamando actuar. En los últimos días, CCOO había anunciado su intención de recurrir a la Inspección de Trabajo para que se tomasen cartas en el asunto. De hecho el sindicato se ha sumado hoy a la protesta.

En concreto, junto a las AMPA y profesores, se ha concentrado hoy frente a los CEIP Rosa Park y Gómez Manrique de la capital regional. Este último, junto al CEIP Alfonso VI, son dos de los centros que se van a climatizar, explica CCOO, “pero no se va a realizar de forma suficiente”, porque en el caso del Gómez Manrique solo se van a climatizar algunas aulas.

CCOO pide también que las zonas comunes, como los patios, cuenten con puntos de agua y suficiente sombra. “Ahora mismo la situación es que los patios están desertizados y faltan puntos de agua, según trasladan las AMPA al sindicato”. Además, “los niños y niñas tienen que hacer sus clases de educación física y jugar en condiciones de seguridad”, afirma el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo, Bernardino Mendoza.

En el caso del CEIP Rosa Park, el más antiguo y numeroso en cuanto a alumnado del barrio del Polígono, “no cuenta con zona de sombra alguna en todo el centro escolar ni tampoco en la entrada del mismo donde el paseo principal no tiene ni un solo árbol, una muestra de la desidia y el abandono por parte del Ayuntamiento de Toledo”, denuncian los padres y madres y el secretario general de CCOO en esta provincia, Federico Pérez.

El sindicato también insiste en emplazar a la administración local y regional a adoptar “de forma urgente” las medidas necesarias para garantizar aulas seguras, saludables y climatizadas.

“CCOO está acompañando y apoyando, de verdad, a las AMPAS de Toledo y de Talavera de la Reina para exigir la climatización de los centros educativos”, afirma el sindicato, que recuerda que la situación no es nueva y se viene denunciando “desde hace años”.

La situación que soportan alumnos y profesionales de la enseñanza durante los periodos de altas temperaturas, especialmente en los meses finales del curso escolar, “afectan directamente al bienestar, la salud y el rendimiento de toda la comunidad educativa, convirtiendo esta situación en un problema estructural que requiere soluciones definitivas”, zanja.

Las educadoras infantiles madrileñas han denunciado la firma de cerca de 40 prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles de la capital. Según explican desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), “Almeida comenzó a firmar prórrogas que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras de la red de escuelas municipales de Madrid”. Además, recuerdan que la existencia de unos nuevos pliegos para el próximo curso, en vez de la continuación de los vigentes hasta este verano, se traducirían en una mejora salarial a partir de septiembre para las educadoras infantiles que, según detalla la PLEI, ascendería a los 1518 euros al mes, en vez del SMI.

Cerca de veinte educadoras, junto a CGT, UGT y CCOO, firmaron el recurso que se presentó contra estas prórrogas. Según sostiene la PLEI, “desde el Ayuntamiento de Madrid no solo no han parado las prórrogas ya aprobadas a la fecha de presentación de los recursos, si no que han aprobado el gasto para otras 20 más”. La presentación de este recurso ha supuesto otra situación preocupante para las educadoras. Según han explicado en un comunicado, varias educadoras que firmaron el recurso “han sido coaccionadas” por las empresas que gestionan las escuelas donde trabajan. “Estas coacciones se han producido porque dichas empresas han tenido acceso a esta información facilitada por las Juntas de Distrito, concretamente, los datos personales de las trabajadoras firmantes”, reconoce la PLEI.

Las educadoras atacan al Ayuntamiento de Madrid por estos hechos: “Podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad”, desarrollan las educadoras. “Además, podría haber incurrido en desviación de poder, ya que estaría utilizando sus potestades -la tramitación de un recurso- para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, facilitando colateralmente herramientas de presión laboral a una empresa privada, con graves consecuencias para los derechos laborales de las trabajadoras”, añaden.

Almeida promete “estudiar lo ocurrido”

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido “estudiar” el reproche de las trabajadoras. “Lo que he pedido es a protección de datos del Ayuntamiento de Madrid, dado lo sensible del tema, que estudie la cuestión y que determine que es exactamente lo que ha pasado”, ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, añadiendo que investigarán lo sucedido a través de los “canales internos de protección de datos”. “Cada escuela depende de los distritos y queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así ha habido cualquier irregularidad inmediatamente solventarla y en el caso de que no la haya habido que tengamos todos la tranquilidad de que se ha actuado correctamente”, ha concluido Almeida.

Sin embargo, las denunciantes sostienen que los datos personales de las trabajadoras que firmaron el recurso (nombre, apellidos y DNI) “se recaban en el marco de un procedimiento administrativo [un recurso de reposición]. La finalidad de esos datos es tramitar y resolver dicho recurso”. Las educadoras entienden que las empresas que gestionan las escuelas pueden conocer la presentación del recurso, por estar implicadas, “pero siempre protegiendo los datos de las trabajadoras que no son necesarios para el hecho vinculante y deberían haber sido anonimizadas antes de haber sido trasladados”.

Las educadoras describen esta situación como “hechos muy graves”, y exigen que termine “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Desde la Plataforma recuerdan que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explican que aplicarán “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

Las movilizaciones de las educadoras continúan

Las escuelas siguen de huelga indefinida después de más de dos meses desde que comenzó. Ante las pocas soluciones que reciben por parte de las instituciones, las educadoras continúan sus movilizaciones, apoyadas también por las familias. Este miércoles, 17 de junio, la coordinadora de familias en defensa del 0-3 entregará en la Consejería de Educación 20.000 firmas en apoyo a la huelga durante la concentración semanal organizada por la Plataforma. Las familias demandan “la apertura inmediata de una negociación real y efectiva, una interlocución directa con las familias y un aumento de dotación de escuelas infantiles públicas que garantice que un elevado número de familias se quedan excluidas en las matriculaciones”.

Por otro lado, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país para este jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que “estudios de neuroeducación alertan de que las jornadas escolares excesivas en pleno verano cronifican el estrés biológico en la primera infancia”. Por ello, exigen “una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año”. Ante esta situación, han convocado concentraciones bajo el lema “El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar” en muchas comunidades autónomas de toda España. En Madrid, se reunirán en la Puerta del Sol, este jueves 18 de junio, a las 19:00 horas.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha informado que tras la publicación este viernes de las listas definitivas del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 se estima una bajada de aproximadamente mil solicitudes respecto al mismo proceso del año pasado.

Silva ha señalado que esto supone un 15% menos, lo que conllevará la pérdida de unas 50 clases, sobre todo en las zonas rurales, y ha achacado esta circunstancia a la baja demografía.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la mesa sectorial del ámbito, en la que ha pedido coger estas cifras “con cautela” puesto que se trata de una estimación.

Al respecto, ha afirmado que “normalmente” estos números “van mejorando” en función de las escolarizaciones extraordinarias o incorporaciones tardías al sistema educativo.

“En contra de lo que piensa mucha gente, el proceso de escolarización no es cerrado, sino que se mantiene vivo durante todo el año”, ha defendido.

Según ha detallado el consejero, con estos datos -de alumnos de nuevo ingreso o que cambian de centro-, y dentro del escenario “más desfavorable”, del total de 3.000 clases que hay entre las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, se perderán en torno a 50, un 1,8%.

Y ha destacado que desde su departamento creen “necesario” abordar este tema con las organizaciones sindicales porque “pone de relieve algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo, que es ese reto de la pérdida demográfica y, por lo tanto, de la pérdida de alumnos”, ha resumido.

En este sentido, el titular de Educación se ha referido a que la bajada “progresiva” de ratios en las aulas y que su Consejería sea “sensible” a esta realidad ha llevado a que “no se hayan tenido que tomar decisiones importantes en cuanto a la viabilidad de los centros”.

Aunque ha insistido en que si hay en torno a 3.000 nacimientos anuales, es “innegable” que eso “se está trasladando al sistema educativo”.

Al respecto, Silva se ha referido a estudios del Consejo Escolar o de fundaciones como la de Ramón Areces, que hablan que “de aquí al 2035 el sistema educativo de Cantabria puede perder aproximadamente entre un 20 y un 25% del alumnado que tiene en el tramo Infantil-Secundaria”.

A finales de abril de este año entró en vigor el Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que aseguraba que colegios e institutos públicos y concertados dejaran de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de asegurar menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos.

El Ministerio de Consumo ha informado este lunes que estas pautas y obligaciones de los centros se extenderán también a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, promoviendo las dietas saludables y la seguridad alimentaria de niños y niñas. La norma asegurará el consumo de fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados.

Las medidas adaptan aquellas del Real Decreto, que ya se han puesto en marcha en colegios e institutos, a las necesidades de los más pequeños en el primer ciclo de educación infantil. 

En concreto, se garantizará el consumo diario de fruta y verdura fresca (al menos un 45% de temporada), junto con una frecuencia mínima de pescado y legumbres. Estos alimentos básicos de la dieta mediterránea se servían de forma “muy desigual” en muchos centros, según el Ministerio, afectando a la calidad de las dietas de niños y niñas. También se priorizarán los cereales integrales frente a las versiones refinadas, excepto en el caso del arroz. 

Respecto a las bebidas, se limitarán únicamente al agua y la leche, eliminando refrescos, bebidas azucaradas y edulcoradas. Al mismo tiempo, se limitará la presencia de alimentos precocinados como pizzas o croquetas a máximo una vez al mes; y las frituras solo se podrán servir una vez por semana como máximo, priorizando técnicas de cocción más saludables como al horno o al vapor. 

Los menús ofertados contarán con la supervisión de profesionales en nutrición humana y dietética, que a su vez proporcionarán información mensual y detallada a las familias para adecuar las dietas a las necesidades de cada alumno. Se prestará especial atención a la sostenibilidad, con un mínimo del 5% de alimentos ecológicos o dos platos principales ecológicos al mes, fomentando canales cortos de distribución.

Al mismo tiempo, el Ministerio establece que los centros deberán facilitar espacios y condiciones para la lactancia presencial y diferida, debido a su importancia durante los primeros años del desarrollo de los niños y niñas. La regulación incorpora también pautas de seguridad alimentaria específicas de los primeros años de vida, por la vulnerabilidad durante estas edades. Así, no se ofrecerán alimentos no introducidos previamente en el entorno familiar, y el arroz presente en las dietas será blanco hasta los tres años. 

Los alimentos con riesgo de atragantamiento como frutos secos o uvas se ofrecerán ya molidos o partidos de forma segura, y se reducirá la cantidad de sal yodada de los platos, sin sal añadida para menores de un año. 

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se ha visto obligado a ampliar el calendario del proceso de admisión para el curso 2026/2027 de alumnado del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, niños y niñas de 3 años, tras la aprobación en de la ley de UPN con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu para blindar los conciertos educativos. Así, el nuevo plazo de matrícula será entre los días 4 y 10 de junio. La lista definitiva se publicará el próximo 3 de junio. 

En un comunicado, el Gobierno foral ha afirmado que la aprobación por el Parlamento de Navarra el pasado 14 de mayo de la ley foral de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar en centros sostenidos por fondos públicos, impulsada por UPN, votada favorablemente por UPN, PP y Vox y aprobada con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu, “ha obligado al Departamento a establecer, en una nueva resolución del director general de Educación, la actualización de las admisiones del alumnado de 3 años a la nueva oferta de vacantes para conseguir así una correcta organización y despliegue del correspondiente proceso de admisión del alumnado”.

“La medida adoptada es esencial para la protección del interés general y para el correcto y eficaz funcionamiento del servicio público educativo”, defienden desde el Ejecutivo foral. La modificación del calendario del proceso de admisión se ha trasladado ya a los centros y a las familias mediante una notificación con la información al respecto.

Silbatos, cacerolas, bocinas. Cánticos y soflamas. Rabia, emoción y hermandad. Todo eso ha cabido esta mañana entre las 15.000 personas, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), convocante de la manifestación, que han recorrido el centro de la capital en una protesta que ha logrado reunir trabajadoras de diversos puntos del país. Pronto han formado una gran marea amarilla, arropada por las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. Mantienen así un pulso contra todas las administraciones competentes. “Cuidamos y educamos a las criaturas más pequeñas. O mejora nuestra situación, o serán ellas las que se verán afectadas también”, ha comentado Rosa Marín.

Ella es una educadora infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid, además de portavoz de la PLEI: “La manifestación de hoy supone otro hito histórico en nuestra lucha. Compañeras de toda España han querido mostrar su descontento, porque esto ya es inaguantable”. Alrededor de Marín, trabajadoras llegadas desde Castilla–La Mancha, La Rioja, Barcelona, Navarra, Andalucía, Canarias, Asturias, Galicia, Extremadura, Aragón, València y Castilla y León. Al unísono, cánticos como “aquí está, aquí se ve, la fuerza del 0-3” y “no cuidamos, educamos”.

Por el momento, los mayores avances de su lucha se han materializado en reuniones con el Ministerio de Educación y la Consejería madrileña. “El problema es que entran en juego muchas administraciones diferentes”, ha admitido la portavoz. La principal reivindicación que hacen a la cartera dirigida por Milagros Tolón se centra en las ratios: “Queremos unas ratios respetuosas con la infancia. Si las acepta el Ministerio, a las comunidades autónomas no les quedará otra que aplicarlas”.

En su batalla por que la educación de 0 a 3 años esté igualmente regulada que el resto de etapas educativas, la cuestión del número de niños y niñas por aula es fundamental. Según recalcan, lo único que piden es que las cifras sean las mismas que proponen desde la Unión Europea. Mientras que en la actualidad una educadora debe hacerse cargo de ocho bebés de 0 a 1 año, 14 de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años, las recomendaciones reducen el número a cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Otro gran escollo que intentan superar las educadoras infantiles es la falta de financiación, tanto para elevar sus salarios como para incrementar la contratación. “Lo ideal es trabajar con una pareja educativa, ser dos en el aula. Si estás haciendo alguna actividad y surge un imprevisto, como algún conflicto o tener que limpiar a algún niño, la clase no se para”, ha explicado Marín.

Conscientes de que las mejoras deben aprobarse en diferentes organismos hasta que se hagan realidad, las trabajadoras reclaman un plan de trabajo que, paulatinamente, colme sus exigencias. “Queremos que haya intención política, que se firmen los compromisos. Nos hemos reunido con la consejera madrileña siete semanas después de comenzar la huelga. Por el momento, vemos falta de voluntad”, ha denunciado la portavoz.

Juntas son más fuertes

El sol no daba tregua en la calle Atocha, donde algunas manifestantes lanzaban agua pulverizada al aire y otras buscaban la sombra de los árboles. Júlia Capdevila ha sido una de las activistas que ha llegado a la capital desde Barcelona, miembro de La Bressol en Lluita: “Es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”. En su caso concreto y según ha denunciado a elDiario.es esta trabajadora de una escuela pública del Ayuntamiento barcelonés, el Consistorio pretende estabilizar sus puestos de trabajo obligándoles a firmar media jornada.

Unos metros por delante de ella estaban África Martínez, Cristina Dorado y Sheila Domaica, llegadas desde La Rioja. “Ya era hora de que el ciclo de 0 a 3 años saliera a la calle”, han expresado. Además, estas trabajadoras de una escuela infantil pública dependiente del Gobierno regional han señalado a la vocación como esa trampa que les hace “tragar con todo”. “Ya vale. Teníamos que salir a la calle y es lo que estamos haciendo”, han incidido.

Plan de acción para desconvocar la huelga

Manifestaciones como la de hoy, a la que según Delegación del Gobierno han acudido 7.000 personas, también sirven para explicar a la sociedad la labor que realizan las educadoras infantiles en su día a día. Son estas profesionales las que tienen un conocimiento profundo del desarrollo de la criatura, cómo fomentarlo, qué debería hacer y qué no hace, cómo preparar el material para favorecer el juego libre. “Es un trabajo muy exigente a nivel físico y emocional. Si lo hacemos estresadas, desbordadas, ese será el ejemplo que absorban los pequeños, porque aprenden por imitación”, ha añadido la portavoz de PLEI.

Asimismo, sostiene que esta huelga ha llevado “muchísimas horas” de preparación como para desconvocarla sin un reconocimiento explícito de sus necesidades y un plan de acción para atajarlas. “No nos bajamos de aquí a no ser que haya un compromiso político a corto y largo plazo. No se puede ser esenciales para una cosa y las grandes olvidadas y prescindibles para otras”, ha zanjado la propia Marín.

La solidaridad como arma

Camelia Galán es otra de las miles de personas que esta mañana se ha decantado por luchar por sus derechos, que son los de toda la sociedad. “Es imposible que dos manos puedan cuidar de 20 criaturas. Hay días que la realidad te desborda y te ves obligada a dejar de lado la calidad educativa”, ha admitido esta educadora de una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Acompañada de Oliver, de ocho años, Galán ha exclamado que “estamos aquí para reivindicar una educación digna que el día de mañana les permita ser mejores personas”.

La fraternidad es una de las armas de la clase obrera que hoy también han enarbolado los estibadores del puerto de Avilés. Estos asturianos, acostumbrados a manifestaciones donde el ruido lo ponen petardos y tracas, han sacado varios botes de humo a lo largo de la marcha, lo que les ha granjeado un toque de atención por parte de la Policía. “Venimos de una huelga de 60 días y sabemos lo que revitaliza este apoyo entre luchas. Las educadoras están en la calle por una causa justa. Hay que defender su lucha si queremos una sociedad justa y equilibrada”, ha comentado Manuel Pravia, uno de estos estibadores.

“Gobierne quien gobierne, la infancia se defiende” y “menos ratio y más salario” han sido los cánticos con los que la cabecera ha colmado la Puerta del Sol. La marabunta de manifestantes ha hecho gala al nombre del kilómetro cero madrileño y luciera más amarillo que nunca. Poco antes de las 14.00 horas y a pesar del calor intenso que ha acompañado a la movilización, los ánimos de lucha y reivindicación seguían por las nubes. Tras la lectura del comunicado final, la céntrica plaza bullía de solidaridad y fuerza. Sus gargantas, sabedoras de participar de algo histórico, todavía guardaban algo de fuerza. Por la lucha que siempre se avecina.

Cuatro familias del CEIP Francisca Romero, en Sevilla, se han visto obligadas a escolarizar a sus hijos en dos centros distintos por falta de plazas en Infantil. Este colegio público ubicado en el distrito Macarena cuenta con una sola línea de tres años desde que la Junta de Andalucía suprimió la otra que tenían debido a la baja matriculación. Pese a que la tendencia ha cambiado y las solicitudes de admisión ya superan al número de plazas disponibles, el aula sigue cerrada.

En los últimos tres cursos, el centro ha registrado un aumento constante de solicitudes: 28, 35 y 29, respectivamente, según datos facilitados por la dirección, sin contar las peticiones fuera de plazo que llegan entre marzo y junio. La consecuencia la sufren las familias: con una ratio de 22 alumnos en Infantil de 3 años, y de 25 en el resto de niveles, el próximo curso se quedarán fuera al menos 14 menores que han elegido este colegio como primera opción.

El caso de este centro refleja una de las tensiones recurrentes en la planificación educativa andaluza. Desde la llegada del Partido Popular a la Junta en 2019, se han suprimido 2.758 aulas de Infantil y Primaria, según datos recopilados por el sindicato USTEA a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La administración autonómica justifica estos cierres en la caída de la natalidad, mientras que colegios como el Francisca Romero sostienen que existe demanda suficiente para ampliar la oferta educativa, pero no se está atendiendo.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo consultadas por este periódico confirman que el CEIP Francisca Romero ha recibido para el próximo curso seis solicitudes por encima de la ratio. Sin embargo, apuntan a que en esa zona constan 52 plazas vacantes en nueve colegios, “así que podrán tener plaza con seguridad en alguno de los colegios elegidos”.

Un centro con alta complejidad social

La comunidad educativa del centro insiste en recuperar el aula de tres años suprimida para poder responder a una demanda que, lejos de desaparecer, ha seguido creciendo en los últimos cursos. Desde el AMPA denuncian que la situación atenta contra el derecho de libre elección de las familias y afecta a los niños que sí están matriculados. “Nos obligan a trabajar con más de 20 alumnos con una diversidad enorme, pudiendo dividirlos en dos clases de 15”, lamentan desde el centro.

El Francisca Romero está catalogado como centro de compensatoria, una figura reservada a colegios con alta complejidad social, que atienden a alumnado en situación de vulnerabilidad. De sus 300 alumnos, 70 presentan necesidades educativas especiales y una parte significativa pertenece a familias migrantes. La comunidad educativa lo define como un colegio inclusivo, con un proyecto pedagógico orientado a atender esa diversidad.

Desde la dirección aseguran que el progresivo aumento de la demanda responde precisamente a ese modelo educativo en el que se han ido especializando a través de formaciones durante los últimos años. “A base de mucho trabajo, implicación del claustro y proyectos innovadores hemos generado interés en las familias”, concluyen los responsables del centro.

En su momento entendieron que la Consejería suprimiera la línea porque no alcanzaban a cubrir las plazas, pero recuerdan que les comunicaron que era “reversible” y “si volvíamos a tener demanda nos la devolverían”. La presidenta del AMPA, Alba Carrasco, denuncia que la administración “está negando de forma reiterada” la apertura de una segunda línea incluso cuando la necesidad es “evidente”. También critican que en la zona haya centros concertados con menor demanda que mantienen más unidades, según la información que han podido obtener las familias.

Alumnado con necesidades en un aula saturada

La falta de plazas obliga a separar hermanos en distintos colegios y complica la conciliación de las familias que escogen este centro como primera opción por cercanía o logística. Pero el recorte de aulas también afecta a los menores que permanecen escolarizados, pues “al perder unidades, perdemos recursos”, como señala la presidenta del AMPA en el CEIP Francisca Romero.

Desde el área de Pedagogía Terapéutica (PT) del centro reconocen que los tutores están “desbordados” porque tienen que atender a más de 20 niños en un aula que reúne cada vez a más alumnado con necesidades específicas. “Con una ratio tan elevada no es posible atenderlos a todos con la atención que necesitan”, traslada el profesorado, que recuerda que Infantil es una etapa vital en el desarrollo del alumnado.

Las familias se muestran preocupadas ante grupos de 25 menores con una sola docente. “La situación es insostenible tanto para el alumnado como para la maestra”, denuncian desde el AMPA. Su presidenta explica que “son niños muy pequeños que requieren atención constante”. “Algunos se hacen pipí encima, requieren ayuda para vestirse, apoyo emocional, acompañamiento en la adaptación escolar y una supervisión continua, y muchos con necesidades especiales educativas y de otros países, que no conocen el idioma”, añade Alba Carrasco en nombre del resto de familias.

“No es solo una cuestión de números, es la imposibilidad de atender adecuadamente sus necesidades”, resume la representante de las familias, que han solicitado a la administración en varias ocasiones que las aulas de infantil se desdoblen. A esta petición se suma el profesorado, convencido de que “con dos aulas se podría garantizar una educación más individualizada, más personalizada y adaptada a las necesidades que tienen”.

La nueva consejera extremeña de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, se ha estrenado con un enfrentamiento con PSOE y Unidas, a los que ha dicho: “sois la peor oposición que ha tenido Extremadura”. Ha reaccionado así al ser preguntada por la diputada de la coalición de izquierdas, Nerea Fernández, sobre las medidas que va a adoptar la Junta para atender las reclamaciones de mejora en las condiciones laborales de las Técnicas de Educación Infantil (TEI).

Fernández ha recordado a Valencia que se reunió con ellas en noviembre de 2024, entonces como portavoz del PP en la Comisión de Educación, y “estamos a mayo de 2026 y no han hecho absolutamente nada”.

La diputada de Unidas por Extremadura ha indicado que estas profesionales solo quieren que su trabajo sea dignificado con una bajada de las ratios, ya que es “humanamente imposible” que cada una de ellas se haga cargo de ocho bebés de 0 a 1 año; de 13, en el caso de los niños y niñas de 1 a 2 años; o de 18, cuando tienen entre 2 y 3 años.

Pero la consejera se ha defendido atacando y haciendo un guiño a la red de centros privados de Educación Infantil, cuya patronal se ha posicionado en contra de los intereses de las trabajadores de las guarderías públicas. Valencia ha acusado a la formación política que lidera Irene de Miguel de vivir “instalados permanentemente en el ruido y en el enfrentamiento” y de seguir “anclados en el discurso del miedo y la crispación”.

La consejera dicho que el Gobierno de PP y Vox “viene a gobernar para todos” y que “escuchará” esas reivindicaciones, que, por otro lado, ya conoce. Además, ha criticado que Unidas que solo apoye a los centros infantiles públicos. “Ustedes solo están con algunos”, ha dicho, al tiempo que ha defendido “la libertad de las familias” para elegir la guardaría que quieren para sus hijos.

Valencia ha expuesto distintas medidas llevadas a cabo en la anterior legislatura por la Junta, como que desde 2024 la educación de 1 a 3 años es gratuita y que a partir de septiembre se incorporará la etapa de etapa de 0 a 1 año; o la estabilización de 67 Técnicos de Educación Infantil.

Sandra Valencia ha afeado también a la oposición que ella llevara en el cargo 4 días y aprovecharan una huelga nacional de este colectivo para “atacarnos”.

Tras su intervención, una representante del colectivo que se encontraba presente el la tribuna de invitados del hemiciclo de la Asamblea ha gritado la consigna “no guardamos, educamos”, por lo que ha sido invitada por el presidente de la Cámara a abandonar el recinto, lo que ha hecho junto a sus compañeras. 

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

Apoyo familiar, mercadillos solidarios, venta de camisetas, ahorros propios, caja de resistencia. Resistir una huelga indefinida en un sector hiperfeminizado y precarizado en el que las nóminas apenas alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI) no es fácil. Aun así, las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid resisten los paros convocados desde el pasado 7 de abril aupadas por la solidaridad de la ciudadanía y otros colectivos. La lucha de esta marea amarilla, el color que elegido sobre el que plasmar sus demandas, pasa por que sus empleadores, la Administración pública, reconozca la responsabilidad que tienen para el día a día de miles de niños y niñas de 0 a 3 años, una bajada de ratios y la adaptación de las escuelas infantiles al clima, sobre todo al calor, pues julio es lectivo en esta etapa educativa.

Rosa Marín, portavoz de la Plataforma de Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, asegura que la caja de resistencia que han creado a nivel regional supondrá un alivio a estas trabajadoras en huelga por sus derechos y el bienestar de los más pequeños. “Ahora estoy con los miles de peticiones de las compañeras que apenas cobraron el mes pasado”, asegura afónica de tanto protestar en la calle. Esta profesora de una escuela infantil municipal de la capital de gestión indirecta comenta que, “aunque a mí no es una cosa que me guste, es momento de dejarse ayudar, de que la familia nos apoye económicamente, para poder seguir resistiendo en las calles”.

Esa humilde entrada de dinero en las ya de por sí tiritantes cuentas bancarias de las profesoras de infantil es un empujón para continuar la lucha, pero quizá no suficiente. “Se agolpa el pago del alquiler, las facturas, la comida… Mi padre murió hace tres años y ya estoy utilizando parte de la herencia para resistir”, añade Marín, quien admite que el “abandono y maltrato institucional” que sufre su sector es “tan brutal que ya no podíamos seguir paradas”. Han decidido moverse. Prueba de ello es la concentración del pasado jueves en la Puerta del Sol de Madrid, a la que acudieron más de 2.000 personas y en las que se escucharon cánticos como “con esta ratio, no entramos ni en el patio” y “no guardamos, educamos”.

Un mercadillo para el apoyo de las familias

Este mes de huelga, que por primera vez en la historia se ha extendido a nivel estatal, ha hecho mella en la cuenta bancaria de María, una profesora infantil en Vicálvaro, también de gestión indirecta. “Vamos por la quinta semana de huelga y sobrevivo gracias a la ayuda de mi pareja. Luego tengo a mi madre, que si te compra esto o aquello, o me ayuda con la comida en táperes”, ilustra. Todo apoyo, por nimio que sea, será un granito para esta montaña con la que las trabajadoras intentar aplacar el paso del tiempo, de la protesta, y con ella el dejar de cobrar cada jornada de reivindicación y de generar días de vacaciones y paga extra.

Muchas escuelas infantiles se están organizando para no perder fuerza. En la de María, por ejemplo, la dirección les ha permitido organizar un mercadillo en la zona de entrada, en un patio pequeño. Ahí venden cosas hechas a mano y algunos alimentos, como empanadillas caseras, bizcocho y galletas. Otras compañeras han hecho marionetas, broches y marcapáginas, y también han llevado cuentos y juguetes de sus hijos por si pudieran tener una segunda vida. “Las familias responden dentro de sus posibilidades”, enfatiza la vilcalvareña. También colaboran junto a la asociación de familiares de alumnado (AFA) para llevar a cabo un mercadillo en el barrio.

En el caso de María, su nómina está en los 1.090 euros al mes. En abril ha cobrado 500 euros, por la primera semana de abril que fue previa a la huelga y las jornadas de servicios mínimos que sí ha realizado. En total, ha secundado los paros 12 días. “Yo no sé cuánto se podrá sostener esto en el tiempo”, duda.

En la escuela infantil de Sandra Padilla, ubicada en Alcalá de Henares y de gestión indirecta, venden pulseras y camisetas que hace una compañera con una máquina de coser en su casa. “Nos están descontando entre 50 y 60 euros por día. Vivo sola y pago una hipoteca de 480 euros, y normalmente gano 1.140. Sobrevivir siempre es un encaje de bolillos, mucho más ahora”, relata. Desde su punto de vista, la ayuda de las AFA se torna crucial para poder mantener esta lucha también orientada al bienestar y correcto desarrollo y atención de las criaturas.

Tal y como añade esta educadora, el apoyo de los progenitores ha sido tal que hasta algunos de ellos se han pedido vacaciones en sus trabajos para no llevar a los pequeños a la escuela y así reducir el trabajo de las compañeras en servicios mínimos.

Cuadrar los servicios mínimos

El encaje de bolillos también ha llegado a la hora de realizar los servicios mínimos para que no siempre tengan que acudir de manera obligatoria al trabajo las mismas profesionales. Lucía Martínez, educadora en una escuela municipal de gestión indirecta en Madrid, señala que “hacemos todo lo que podemos para rotar entre nosotras y que no siempre tengan que trabajar las mismas”. Este abril, ella ha hecho 13 días de huelga, lo que se ha traducido en cobrar unos 600 euros. “Mi salario líquido se queda en 1.100 euros, habitualmente. Tengo claro que me voy a buscar la vida para aguantar lo que haga falta”, recalca.

Y en ese buscar la vida, las aportaciones económicas a la caja de resistencia por parte de numerosos colectivos sociales lo intentan hacer todo más fácil. “Pensaba que iba a ir bien, pero es que va fenomenal. No nos esperábamos tanto apoyo de otras organizaciones”, esgrime Martínez. En este sentido, la huelga está dando sus frutos, pues han estrechado lazos con luchas como las de los bomberos forestales, las kellys y las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria. Según comenta esta educadora, la solidaridad les ha ayudado a darse cuenta de que “solo juntos podremos salir de esta”.

Marín, la portavoz de la Plataforma madrileña, incide en la importancia de que las condiciones laborales y el estado de las escuelas mejore, unas demandas que tildan de “urgentes”: “Nuestra precariedad en las aulas afecta al vínculo con las criaturas, a su regulación emocional. Es imprescindible que nuestras condiciones nos permitan estar tranquilas y calmadas, porque los más pequeños se sentirán seguros, atendidos, observados y queridos”, se explaya. Para ello, la Administración debe realizar los cambios necesarios para colmar sus demandas. Tras años de exigencias sin respuesta, la educación 0-3 está en pie de huelga.

El malestar docente del que veníamos hablando estas semanas ha explotado y España vive en este momento una situación que me atrevo a llamar histórica: hay dos huelgas docentes indefinidas simultaneas. Por un lado están las educadoras de Infantil, que en Madrid llevan cinco semanas (y sumando) y que el pasado jueves consiguieron el apoyo de todo el país para convertir su paro en nacional; por otro, el profesorado de la Comunitat Valenciana comenzó este lunes también una huelga general indefinida.

Empiezo por esta última, que es la más reciente y era algo que no se veía en la comunidad desde hace 38 años. Es histórica en sí misma y no responde a la ocurrencia de un sindicato: la convocan STEPV, CCOO, UGT y CSIF, la la secunda ANPE y la respaldan las familias agrupadas en Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya, así como del Sindicat d'Estudiants. Ayer lunes, primer día, hubo un seguimiento “masivo” y miles de docentes se manifestaron contra el presidente Pérez-Llorca.

Los docentes valencianos exigen la derogación inmediata de la Ley Rovira, que pone en peligro el valenciano como lengua educativa en la escuela, ratios más bajas y recursos suficientes, menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado, infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados; también mejoras salariales y condiciones laborales dignas para el profesorado y dignidad, reconocimiento y condiciones laborales justas para todo el personal educativo.

Más allá de la particularidad del idioma, sus reivindicaciones son un pequeño compendio de las cuestiones que tienen en pie de guerra a media profesión por todo el país.

Algunas de ellas, como las ratios o los salarios, son compartidas con las educadoras de infantil, que de largo son el colectivo peor tratado de todo el sistema educativo. Os hemos contado otras veces las condiciones en las que ejercen, aquí os dejo una pieza desgranando los motivos de este paro, que so riesgo de repetirme es histórico: por indefinido en Madrid y porque la huelga general estatal del pasado jueves fue pionera, nunca antes se había hecho en esta etapa.

La situación en Madrid, origen de la protesta, es mala. Probablemente peor que en otros territorios, pero en todas partes cuecen habas en Infantil. Se manifestaron en Andalucía, en Aragón, en Galicia, en Asturias y en Catalunya, entre otros lugares. El día 23 todas esas manifestaciones convergen en Madrid, donde se espera una gran marcha para llamar la atención de la realidad de un sector básico. Es una huelga, además, con la que es fácil empatizar; cuando se conocen las condiciones en las que trabajan estas profesionales solo se les puede dar la razón.

No me extiendo más con este tema, que quiero contaros otras cosas de interés como la increíblemente torpe maniobra de la Generalitat con sus profes. Sí os animo a entrar en los detalles a través de los enlaces que os dejo, sobre todo en el caso de Infantil, donde el desconocimiento de la mayor parte de la sociedad de las condiciones de trabajo de estas maestras y educadoras es la mejor baza de las administraciones para que nada cambie.

Esta semana hemos hablado de...

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Las familias del alumnado del CEIP Eloy Villanueva de Monte han trasladado su preocupación por la falta de condiciones adecuadas para garantizar caminos escolares seguros para los niños y niñas de la zona.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha organizando una marcha este sábado en la que han participado cerca de dos centenares de personas en bici, patines, patinete y a pie, en un recorrido que ha partido del centro escolar y ha concluido en el parque Ateca.

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro escolar público han recordado que, en los últimos años, Monte ha experimentado un crecimiento significativo en población, incluyendo un notable aumento de menores en edad escolar.

Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de una adecuada inversión en infraestructuras peatonales, lo que obliga a muchos niños a desplazarse al colegio por calzadas sin aceras, compartiendo espacio con vehículos y asumiendo riesgos innecesarios.

Así, consideran prioritario que el Ayuntamiento de Santander impulse medidas específicas orientadas a garantizar la seguridad de los menores en sus desplazamientos diarios.

Para ello, su propuesta pasa por actuar tanto en las⁠ zonas aún no desarrolladas (actualmente prados o suelos sin urbanizar), acometiendo la construcción de aceras y recorridos peatonales seguros sin supeditar estas actuaciones al desarrollo por parte de promotores privados, como también en las zonas ya construidas. En estas últimas proponen medidas como reordenación del tráfico en calles estrechas sin aceras, priorizando la conversión a sentido único para liberar espacio peatonal; la implantación de plataformas compartidas con prioridad peatonal o de semáforos que reduzcan el riesgo para los peatones.

Estas actuaciones no solo mejorarán la seguridad de los menores, sino que fomentarán la autonomía infantil, la movilidad sostenible y una mayor calidad de vida para todo el barrio, han considerado.

Por todo ello, han solicitado la elaboración de un estudio específico de caminos escolares seguros en el barrio de Monte y la inclusión de estas actuaciones como prioridad en los planes de inversión municipal.