El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que finalmente, pese a la caída de la natalidad y del número de alumnos, no se cerrarán las 19 aulas de 3 años en Infantil en la red pública que el propio consejero había anunciado para el curso 2026-2027. Educación sí mantendrá el cierre de 14 líneas de la red privada financiada con fondos públicos a las que no se les renovará el concierto educativo.

“En algunos centros sí se van a reducir unidades y en otros centros que estaban infraestimados se van a sobreestimar y han aparecido nuevas unidades en el global no se van a cerrar unidades en la escuela pública”, ha informado el consejero Carlos Gimeno tras la brecha abierta entre el PSN y Geroa Bai (socio del gobierno de los socialistas) y EH Bildu (socio presupuestario) tras el anuncio de cierre de aulas por el descenso de la natalidad.

Según ha añadido, han aparecido nuevas unidades en la organización de “centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares”. “A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años”, ha indicado. Además, ha dicho, “todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más”.

Geroa Bai y EH Bildu se unieron a UPN, PP y Vox y aprobaron en el Parlamento foral una moción para instar a Educación a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y no cerrar ningún aula, tanto en la pública como en la privada, en el curso que viene. Finalmente Educación ha rectificado y mantendrá todas las aulas en la pública, pero sí retirará el concierto a 14 líneas en la concertada, siete de ellas en ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Educación no está para financiar aulas vacías o semivacías”, ha defendido Gimeno.

“No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-”, ha dicho, para precisar que “la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa”, ha señalado el consejero de Educación.

Ante las críticas de la Federación navarra de Ikastolas y de EH Bildu y Geroa Bai por el cierre de aulas en estos centros, el consejero ha asegurado “se puede estudiar en modelo D -en euskera- en toda la comunidad foral, también en la zona no vascófona”.

“Es palmario que se han ido aumentando unidades del modelo D en toda la comunidad”, ha dicho, para exponer que en el acuerdo presupuestario de este año se recoge que se van a introducir unidades de modelo D en Falces y en Aibar. “Si se introduce el modelo D en Ancín, si se hace un centro público para modelo D en Ancín, si se modifica el mapa escolar en Ancín, si se amplía un colegio público como el de Abárzuza, si se introduce más oferta de modelo D en Abárzuza, repercute en determinadas ikastolas del ámbito de influencia educativa”, ha apuntado.

Según ha comentado, además, se ha reducido la matrícula por una bajada demográfica por lo que “la ecuación afecta no solo al ámbito público sino al ámbito de modelo D concertado”.

Ha negado así Gimeno que “haya un ataque al euskera por parte del Departamento”. “Se han exceptuado de los criterios que ha aplicado el departamento tres ikastolas, se han incrementado recursos en una ikastola y se ha ofrecido la prórroga del concierto”, ha defendido, para exponer que “a la ikastola de Sangüesa se le aplican los criterios de la escuela pública por estar en una zona de riesgo de despoblación”.

La Consejería de Educación prevé 6.600 solicitudes de plaza para el curso 2026/ 2027 en el proceso ordinario de escolarización que ha abierto este miércoles, una cifra similar a la del año pasado.

El proceso ha comenzado con la apertura del plazo de entrega de solicitudes para Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que se extenderá hasta el 29 de abril. La tramitación se podrá realizar vía presencial en el centro de primera opción, o a través de la plataforma educativa www.cantabria.es/yedra, para quienes ya estén dados de alta.

El proceso ordinario de admisión está dirigido al alumnado que se matricula por primera vez en enseñanzas sostenidas con fondos públicos, los alumnos que voluntariamente deseen cambiar de centro, y los que, habiendo obtenido reserva de plaza en un centro en el proceso previo de adscripción, quieran optar por uno distinto.

La solicitud de plaza tiene carácter gratuito, puede recogerse en cualquier centro educativo sostenido con fondos públicos y debe ser entregada, exclusivamente, en el centro educativo elegido como primera opción, explica el Gobierno de Cantabria en un comunicado. Todos los centros están obligados a tramitar las solicitudes, aunque no tengan vacantes, siempre que se presenten dentro del plazo señalado.

Por cada alumno se podrá presentar una única solicitud de admisión y se pueden pedir varios centros, ya que la solicitud permite ordenar por preferencia hasta un máximo de 6 centros, aumentando con ello las posibilidades de obtener un puesto escolar de interés para la familia.

Si el alumno es menor de edad, el solicitante deberá aportar la documentación acreditativa de la filiación, custodia o guardia legal.

En caso de existir menos plazas que solicitudes para un centro, los criterios de baremación son que haya hermanos ya matriculados, la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de uno de los padres o tutores legales y una renta per cápita de la unidad familiar inferior o igual a 2.750 euros y superior a 2.750 euros e inferior o igual a 4.500 euros.

El sorteo para dilucidar los casos de empate se realizará el 12 de mayo.

La publicación de las listas provisionales del proceso ordinario de escolarización se efectuará en el tablón de anuncios del centro solicitado y en el apartado de escolarización del portal www.educantabria el 21 de mayo y las definitivas saldrán el 5 de junio, tras el plazo de reclamaciones.

El plazo de matrícula para el próximo curso en Infantil y Primaria será del 10 al 19 de junio, y en ESO y Bachillerato se podrá realizar entre los días 29 de junio y 10 de julio.

Para la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo el procedimiento se rige por los mismos trámites, aunque los plazos se amplían hasta el 8 de mayo para la presentación de solicitudes, en la sede de la Consejería.

Novedades respecto al curso anterior

Como novedad, en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato se adelantan un poco las fechas este curso con respecto al año pasado para facilitar las adjudicaciones y la matrícula antes del periodo estival, lo que facilita realizar la planificación del curso.

Además, los Deportistas de Alto Nivel y los Deportistas de Alta Rendimiento que opten por Bachillerato dispondrán de prioridad en la adjudicación de plazas en institutos seleccionados para este tipo de reservas de plaza.

También, según el Gobierno, se abre un capítulo propio para la Educación Especial en la que la Comisión de Escolarización específica analiza caso por caso antes de efectuar las adjudicaciones, “conscientes de las necesidades y recursos que este colectivo requiere”.

La Consejería de Educación insiste “en trasladar certidumbre y seguridad a las familias, ya que se cuenta con los recursos y plazas necesarias para escolarizar a todos los demandantes de plaza”, destaca.

Calendario escolar

La Consejería de Educación publicó esta martes en el Boletín Oficial de Cantabria el calendario escolar del próximo curso, tras ser respaldado por el Consejo Escolar.

Los centros docentes comenzarán sus actividades el 1 de septiembre de 2026 y finalizarán el 30 de junio de 2027

En las etapas de educación infantil y educación primaria, y en los centros de educación especial, las actividades lectivas se desarrollarán desde el 8 de septiembre de 2026 hasta el 23 de junio de 2027, ambos inclusive.

En educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional las actividades lectivas se desarrollarán desde el 9 de septiembre de 2026 hasta el 24 de junio de 2027, ambos inclusive.

En las enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza, las actividades lectivas se desarrollarán desde el 16 de septiembre de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, ambos inclusive.

Los periodos no lectivos serán del 2 al 6 de noviembre de 2026, del 24 de diciembre al 8 de enero de 2027, del 10 al 12 de febrero, del 22 al 24 de marzo y el 3 y 4 de mayo.

La Plataforma riojana de 0 a 3 años de Escuelas Infantiles piden que se bajen las ratios. Una petición que han manfiestado en las últimas horas con una concentración en Logroño porque las ratios actuales “son muy elevadas para una sola profesional en cada aula”, aseguran. Además, estas profesionales también reivindican “un sueldo digno” y exigen “apoyo educativo en el aula”.

La concentración ha tenido lugar en las últimas horas y, a pesar de la lluvia, numerosas profesionales se acercaron a la Plaza del Mercado de Logroño. Vestidas con camisetas amarillas, utilizaron silbatos y carteles con lemas como 'Con estas ratios no cabemos en el patio', 'Dos manos no sostienen 20 niños' o 'No guardamos, educamos', estas peticiones que, como han indicado, “no son nuevas, llevamos muchos años intentando conseguirlas”.

La portavoz de la Plataforma, Marta López, justificó la concentreación en la que insistió en que “somos educación, no somos conciliación” por eso pidieron además que se desarrolle también un calendario laboral justo. Aunque la Plataforma se ha creado recientemente, López indicó que dentro del grupo riojano ya se encuentran unas 350 educadoras.

Por su parte, la trabajadora de la Escuela Infantil Carrusel, Susana Rabanal, explicó que con las ratios actuales “no podemos dar la calidad que se merecen nuestros alumnos”. En estos momentos, entre los bebés de cero a un año cada educadora trabaja con ocho niños. En la etapa de uno a dos años, con trece, y de dos a tres años, con veinte niños. “En todas ellas hay un educador por aula, y éste es el verdadero problema”. Por eso reivindican la figura de la pareja educativa porque “sería mucho más fácil atender a los niños y llevar a cabo la programación”. Una situación que reconoce, afecta a todos los centros tanto públicos como privados.

Desde la Plataforma valoran el respaldo de la concentración de ayer porque esta es una “de las edades más fundamentales de la vida de una persona, según dice la psicología, es la etapa infantil pero parece que es a la que menos importancia se le da. No se nos considera personal docente, muchas cobran el salario mínimo interprofesional y todo es una injusticia”. “Para muchas de nosotras, este trabajo es una vocación y lamentamos que no se nos valore”. Por todo advierten de que, “si siguen sin escucharnos, seguiremos reivindicando en la calle”.

La huelga indefinida de la educación infantil en Madrid escala a todo el Estado. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha convocado, con el respaldo jurídico de CGT, un paro nacional el próximo 7 de mayo, seguido de una gran marcha de todos el día 23 en Madrid, para denunciar en todo el país las condiciones en que se da (y recibe) clase en el primer ciclo de Educación Infantil, para bebés de entre 0 y 3 años. CCOO se ha sumado a la convocatoria este martes.

Las trabajadoras de infantil son las profesionales con peores condiciones de toda la educación. El 0-3 es un sector atomizado, con diferentes modelos (hay públicos, privados y públicos de gestión privada) y responsables: hay escuelas municipales y las hay autonómicas e incluso hay diferentes figuras profesionales (educadoras y maestras) atendiendo a los bebés.

Pero hay un elemento transversal a todo el sector: la precariedad. Aunque en los centros públicos las condiciones son mejores que en los privados, hay mujeres (el 95% de las profesionales lo son en esta etapa) cobrando poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a cambio de ocuparse de varios bebés.

Con esta situación, y ante la evidencia de que la única mejora que han visto en los últimos años ha sido la derivada de la subida del SMI, el sector ha dicho basta. PLEI prendió una mecha con la convocatoria de un paro indefinido hace dos semanas que ahora se traslada a todo el estado.

PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

También exige la plataforma la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

La plataforma se reunió hace unos días con la ministra de Educación, Milagros Tolón, y le ha arrancado a la responsable un compromiso para “empezar” los trabajos destinados a revisar las ratios en la etapa “antes del verano”. España tiene uno de los números de alumnado por aula más altos de Europa en la etapa del 0-3. Salvo alguna excepción, lo normal son ocho niños por clase entre 0 y 1 año, 12 entre uno y dos y 18 entre dos y tres. Y la normativa ni siquiera obliga a que haya una maestra por aula, solo una por cada tres, según los sindicatos, por lo que es posible (y pasa) que una educadora esté sola con hasta 18 bebés.

En los últimos años, el Gobierno ha invertido cientos de millones de euros (la mayoría, de fondos europeos) en financiar la creación de plazas de infantil en las comunidades autónomas (que tienen las competencias), pero apenas ha mejorado las condiciones laborales de sus trabajadoras.

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*Este artículo ha sido modificado para señalar que la huelga la convoca CGT junto a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). CCOO se ha sumado a la convocatoria.

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid... En los últimos meses ha habido huelgas, paros y/o manifestaciones docentes en media España porque el profesorado, desde Infantil hasta el Bachillerato, está harto de las condiciones en las que ejerce la profesión y lo que recibe a cambio. Cuentan los educadores que perciben que la sociedad no valora su labor, un intangible que puede que no saque a nadie a la calle, pero mina el ánimo, y no poco. “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias”, pide Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid, “a fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

Profesores y maestros salen a la calle o se encierran en centros para protestar por las condiciones materiales e inmateriales en que trabajan por todo el país. Hay problemas generales y problemas particulares en algunos territorios o etapas, pero todos llevan a la misma conclusión: la docencia se ejerce en condiciones cada vez peores y, en los últimos años, Lomloe mediante, la situación se ha vuelto más complicada porque la ley exige una atención individual al alumnado difícil de cumplir.

El exceso de estudiantes por aula, las horas lectivas semanales, los salarios, la temporalidad de buena parte de las plantillas, que además tiene peores condiciones, o la interminable burocracia aparecen en todas las encuestas como los principales problemas del día a día del colectivo; las familias contestatarias o incluso que acuden a las reuniones con tutores con abogados, la gestión emocional del alumnado, controlar las crecientes conductas autolíticas en los centros, el acoso, los móviles y las redes sociales, junto a una sensación de abandono de la educación pública en algunas comunidades autónomas completan un frente de batalla demasiado grande para gestionar.

Y los docentes, cansados, salen a protestar. El descontento es tan generalizado que ha conseguido que sindicatos de ideologías contrarias se pongan de acuerdo para cerrar acciones reivindicativas. Desde las mareas verdes, que inundaron las calles contras los recortes la década pasada, no se manifestaba tanto hartazgo. En un sector que ya tiene problemas para atraer a profesionales, sobre todo en determinados perfiles técnicos, uno de cada cinco profesores de Secundaria se plantea dejarlo, según una macroencuesta a docentes. Uno de cada seis sufre altos niveles de estrés.

De Catalunya a Galicia

En Catalunya hubo hace un mes una manifestación histórica bajo el lema ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia; miles de personas salieron a la calle en Zaragoza en defensa de la educación pública a principios de año tras tres días de huelga; hace un año el profesorado vasco le echó un pulso de cinco días al Gobierno autonómico y lo ganó; Galicia va a por el sexto día de huelga en lo que va de curso para reivindicar mejoras de las ratios, atención a la diversidad o la recuperación de derechos perdidos la década pasada; los docentes cántabros también sacaron rédito de una huelga en octubre seguida de paros este 2026; sus colegas asturianos exigieron mejoras con una huelga el pasado verano. En Extremadura el profesorado salió a la calle para pedir una equiparación salarial con otras comunidades en un aspecto que provoca gran fricción según dónde: las diferencias en las nóminas entre regiones pueden llegar hasta los 700 euros al mes.

Este mismo viernes los principales sindicatos valencianos amenazan con darle continuidad a la huelga del pasado 31 de marzo con más paros. En Madrid la comunidad educativa lleva como mínimo un par de años protestando por cuestiones varias y estos días las educadoras de infantil, las trabajadoras más precarias de todo el sector educativo, están llevando a cabo una huelga indefinida porque no pueden más. Y eso sin contar al sector universitario, en guerra abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Todos ellos, de infantil a la universidad, salen a la calle este domingo en la capital a decirle a la mandataria lo que piensan de su política educativa. En Castilla-La Mancha también ha habido protestas recientes.

El Ministerio de Educación tiene un margen de actuación limitado porque las competencias son autonómicas, pero sí está en su mano sacar adelante el estatuto docente, una norma que regule la carrera (ahora mismo no existe nada), la formación inicial, continua, el acceso y otras condiciones como las horas lectivas o las ratios (luego los Ejecutivos autonómicos pueden mejorar esos mínimos).

El anterior equipo ministerial, liderado por Pilar Alegría, abrió ese melón (tampoco era voluntario, estaba establecido en la ley) que continúa la actual responsable, Milagros Tolón, y está tramitando en el parlamento una bajada de las ratios y las horas lectivas, aunque aprobó el primer borrador en noviembre y no se ha vuelto a saber. Todo va muy despacio. Las negociaciones empezaron en enero de 2025 y los docentes aún no tienen nada que echarse a la boca, recuerda García. “La legislatura del profesorado”, como la definió el Gobierno, amenaza con concluir a medias.

¿Qué está pasando?

¿Se ha deteriorado tanto la situación o simplemente el goteo de agravios sentidos ha acabado por desbordar el vaso? En los últimos meses se suceden los estudios y encuestas que tratan de dar respuesta a la cuestión. CCOO habla de aulas más complejas y menos recursos; STES de burocracia, aulas masificadas y faltas de respeto, el think tank EsadeEcPol añade un peor clima de aprendizaje, salarios estancados o falta de políticas públicas específicas. Además, según avanza el curso más se nota el agotamiento.

“Está pasando que la complejidad en las aulas ha aumentado”, resume Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Educación de CCOO. “En los últimos seis años el alumnado con necesidades educativas especiales ha subido un 75%, pero los recursos un 25%. Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, opina.

Su homóloga Beatriz García, de UGT, habla de “maltrato” a los docentes y recuerda que son el único grupo de funcionarios que no ha visto una reversión total de los recortes que empezaron en 2010 a raíz de la crisis de hipotecas. “Pasa el tiempo y no se avanza en nada. Hay mucha voluntad de poner en marcha nuevas normas y decretos que avancen en nuevas y mejores condiciones para el profesorado, la gratuidad del 0-3, etc., pero los pasos que se dan son muy pequeños. Dos para delante y tres para atrás”, sostiene.

La directora Rocha hace especial hincapié en la burocracia, y señala directamente a la Lomloe. La ley educativa, aprobada en 2021 como respuesta a la segregadora Lomce del PP, propone una atención individualizada que, según Rocha, “ha cambiado la realidad del profesorado”. “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... que hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Faltan recursos para atender todo lo que la ley pide, coincide Esperabé. “Falta personal de apoyo educativo, orientador, de enfermería”, sostiene. En Madrid, por ejemplo, no hay un solo centro que tenga la plantilla completa, según denunciaron los directores hace unos meses.

Esta falta de personal no es óbice para que las tareas de los docentes se multipliquen, recuerda Rocha, y los docentes sienten que les caen “todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”.

Y sienten que a cambio no reciben lo que merecen, desde un cierto reconocimiento social hasta un salario acorde. “No es medible”, concede Esperabé, “pero ese papel y reconocimiento docente que antes estaba ahí ahora ya no”, asegura. Rocha coincide en que las familias –no todas, sí muchas– han perdido el respeto al profesorado y lo que antes era un apoyo incondicional ahora es defender al hijo sí o sí, cuando no se presentan con un abogado, casos no muy habituales, pero que se empiezan a dar, asegura. “Cuestionan nuestro trabajo, cuestionan las sanciones, se pone en duda la palabra del profesor... Esas actitudes socavan mucho el ánimo y el bienestar emocional del profesorado. Y hablamos mucho del bienestar del alumnado, pero ¿y los profesores? De eso no se habla, pero cada vez hay más bajas por esta cuestión”, sostiene. Raro es el docente que no conoce a algún compañero que haya estado de baja por estas razones. “Tienen que cuidarnos un poco más, hacemos muy buen trabajo para la sociedad”, cierra Rocha.

La huelga indefinida en la educación base sigue diez días después. Centenares de trabajadoras de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid se han congregado este jueves en la plaza de Callao de la capital para protestar por sus condiciones laborales tras la convocatoria de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

El paro lleva en marcha desde el 7 de abril y tiene como principales demandas las mejoras salariales y la bajada de ratios, para igualar las condiciones con las que regula la ley educativa (la LOMLOE) para el resto de etapas educativas. “Necesitamos un poco de dignidad para nuestro sector. Estamos desesperadas, institucionalmente abandonadas. Llevamos muchísimo tiempo luchando por por un poco de dignidad, por unos salarios justos, por unas ratios que son inasumibles. Estamos agotadas y la infancia necesita unas mejores condiciones y dejar a tu hijo en las mejores manos”, reivindica Beatriz, una de las educadoras presentes en la concentración.

Maricarmen, trabajadora de esta etapa educativa, ahonda en los altos ratios: “Hay muchísimos niños por aula, no se les puede atender adecuadamente”. La crítica a las infraestructuras es una reclama común: “No apoyan las infraestructuras en las escuelas ni en los coles. Seguimos con muy pocos recursos en unas escuelas muy antiguas y no nos aporta nada la Administración. Hay goteras, hay techos que están que se caen, falta pintura, aparte de otras muchas necesidades que no son cubiertas, comocuando hay personal que de baja: tardan muchísimo en sustituirlas”.

“Somos invisibles a la a efectos de la Administración, porque no nos consideran personal docente, aunque por el decreto ya sí que lo somos”, reclama Sonia, también presente en la manifestación convocada este jueves.

Críticas al Gobierno de Ayuso

Este jueves, la consejera de Educación del Gobierno de Ayuso, Mercedes Zarzalejo, ha cuestionado que la izquierda esté “azuzando” a las trabajadoras para llevar a cabo una huelga “que les lleva a la ruina”. Según Zarzalejo, los partidos de izquierda únicamente están “sacando su rédito y su tajada política a costa de las espaldas de estas profesionales”, solo apostando por “mantras”.

“Que si el cole tenga [sic] el nombre de Segunda República, que si el descubrimiento del sexo a los dos años, matemáticas emocionales con perspectiva de género, nada de fútbol en el patio, que es machista, nada de exámenes que fomentan la desigualdad, fuera el cuento de Blancanieves, porque es sexista. Esta es su idea de calidad educativa”, ha defendido la responsable de Educación del Ejecutivo autonómico. Zarzalejo lleva en el cargo desde el pasado mes de febrero, en sustitución del cesado Emilio Viciana.

Las manifestantes, en cambio, han negado estas afirmaciones. “La señora Ayuso lo que hace es apoyar a las escuelas de gestión privada y a las públicas las está abandonando por completo”, critica Maricarmen, mientras que Beatriz ha valorado la bajada de ratios y la implantación de la pareja educativa por parte del consistorio dirigido por Manuela Carmena. “Si no llega a ser por ella, seguiríamos en la misma situación”, añade. Sonia, por su parte, ha criticado los sueldos “irrisorios” de las escuelas privadas.

Las profesoras de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid comienzan este martes 7 de abril una huelga indefinida con la que quieren denunciar la falta de atención institucional y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) defienden que quieren dignificar un sector que se siente abandonado por la nueva ley de educación, que no incluía ninguna mejora en las escuelas de niños de 0 a 3. La plataforma exige, principalmente, una reducción de las ratios que establecen la cantidad de niños y niñas por profesora, y unas condiciones que se asemejen a las que se regularon para el resto de etapas educativas en la LOMLOE.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, explicaba en una conversación con elDiario.es que las movilizaciones empezaron “cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la nueva ley educativa a las puertas de una escuela infantil”. Marín pensó que esta ley incluiría modificaciones para este sector, y se sorprendió cuando “simplemente lo dejaron en la gratuidad de las familias”.

Desde la Plataforma defienden que el malestar de las profesoras del 0-3 no es algo nuevo, pero “ya empieza a ser insostenible”. Las profesoras llevan ya tres años organizándose desde todas las comunidades autónomas, recogiendo las quejas de todas las compañeras, para conseguir legislar estas mejores condiciones laborales a nivel estatal. Marín, además, reconoce que incluso presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Las educadoras más organizadas, según explican desde la PLEI, son las de la capital. Saldrán a las calles desde este martes 7 de abril, donde reclamarán, además, la implementación de la pareja educativa como recurso de organización pedagógica, la atención temprana dentro del sistema educativo, salarios que se asemejen a los de los educadores del segundo ciclo (de 3 a 6 años), mejoras en las instalaciones educativas (calefacción, goteras, sombra en los patios...), mayor descanso para los niños durante el calendario escolar, mayores inversiones y, en general, una mejor calidad para los más pequeños durante su estancia en las escuelas.

Las trabajadoras del PLEI denunciaban que, en la capital, se creó la Red Pública de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, que prometía mejoras como subida de salarios e implementación de la pareja educativa, pero que “actualmente nada de eso existe, se lo han cargado”.

Un conflicto de las trabajadoras con las instituciones públicas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, aseguraba el pasado viernes 27 de marzo que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Zarzalejo confiaba en que todo se resolvería mediante negociaciones entre ambas partes antes de recurrir a la huelga indefinida que comienza este martes. “Lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio”, añadió la consejera.

Desde la Plataforma Laboral de Educación Infantil subrayan que Mercedes Zarzalejo “está muy equivocada”. “Este conflicto es de las trabajadoras con las instituciones públicas”, explica Rosa Marín a elDiario.es. Rosa añade que estas instituciones “son las responsables de dotar de medios, de recursos y de dignidad al 0-3, y ya es hora de que se dejen de pasar la pelota de unos a otros y que hagan su trabajo”. Frente a los escasos recursos que reciben las escuelas en esta etapa educativa, Marín sostiene que “las empresas no pueden más”. A través de un comunicado de la PLEI, insisten en que las profesoras viven un “marco de precariedad impuesto por las instituciones públicas, a través de su falta de responsabilidad e inversión”.

Rosa lo tiene claro: “El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, ni nos recibe. Es como si la cosa no fuera con él. Es el que gestiona las escuelas del Ayuntamiento. Este conflicto va contra el Ministerio. No intenten desvirtuar con que vamos contra la patronal ni contra las empresas. No. Es que queremos más financiación y queremos normativas, inspecciones y queremos de verdad poder ejercer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

La PLEI recuerda que las reivindicaciones van dirigidas a la Comunidad de Madrid, “por el mantenimiento de una financiación insuficiente que asfixia a los centros y condena al personal a salarios que rozan el mínimo profesional”; al Ayuntamiento de Madrid, “por la falta de una apuesta decidida que blinde la calidad educativa por encima del ahorro presupuestario y de igual manera que el Ayuntamiento condena al personal a salarios muy precarios”; y a los agentes institucionales, “por perpetuar un modelo que trata la etapa 0-3 como un servicio de 'guardería' o conciliación laboral, en lugar de reconocer su valor pedagógico fundamental. Sin ser capaces de regular a nivel estatal la calidad educativa que se le ofrece a la primera infancia”.

Por su parte, el PSOE registró el pasado 18 de febrero una proposición no de ley “para reforzar y blindar con una reforma de la actual normativa estatal el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)”, que pretendía que “se garantizaran estándares homogéneos de ratios, equidad territorial y que las aulas cuenten con dos educadores para garantizar una atención a los menores de manera más individualizada”. La Plataforma Estatal de Escuelas fue la encargada de esta iniciativa, que fue apoyada por Sumar y Podemos, y que reconocía que “el sistema público no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas. La financiación insuficiente o la proliferación de modelos de gestión externalizada han provocado una situación de precariedad estructural en el sector”.

La portavoz de la Plataforma recuerda que las concentraciones comenzarán este mismo martes a las 12.00 horas frente al Ministerio de Educación; los miércoles a las 12.00 horas se agruparán frente de la Consejería de Educación, y los jueves a las 18.00 horas, “para las compas que no puedan ejercer su derecho a huelga y que económicamente no puedan”, se reunirán en la Plaza de Callao. Marín defiende que “es un sector muy feminizado, y con el salario mínimo interprofesional es muy difícil sostener una huelga indefinida”. “Estamos muy motivadas”, explica la portavoz, que insiste en que van a ejercer toda la presión que puedan para resolver el conflicto y conseguir “compromisos por parte de la Administración de unos cambios tangibles en breve”.

“Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices”

Las escuelas infantiles trabajan con distintos modelos de gestión (gestión directa e indirecta, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid), por lo que no todas tienen las mismas condiciones laborales, algo que la PLEI define como “segregador”. Sin embargo, la gran mayoría de escuelas son gestionadas de forma indirecta, es decir, por una empresa privada que accede a ello a través de unos pliegos de condiciones que marca la administración pública.

La baja inversión para las escuelas infantiles ha hecho que muchas profesoras tengan que aportar dinero de su bolsillo para financiar material y recursos que les permitan continuar con sus jornadas y con un pleno desarrollo escolar para los niños de 0 a 3 años. “Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices. Generalmente, en la dotación que llega, no hay dinero suficiente”, explica Rosa Marín en la misma conversación telefónica. Según la portavoz, en las escuelas que reciben la gestión directa de las instituciones públicas, el material está obsoleto y tienen que recurrir a carros propios para transportarlo entre aulas. En las escuelas de gestión indirecta, la Comunidad “no desglosa un presupuesto para material, entonces depende de la empresa, de la buena voluntad que tenga”.

Las madres y padres también apoyan la huelga que empieza este martes 7 de abril. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recuerda Marín, que sostiene que gran parte de la sociedad “no sabe lo mal valoradas y lo precarias que estamos a nivel laboral”. La portavoz de la PLEI defiende que lo difícil es gestionar una huelga indefinida para quedarse con los niños en casa y apoyar: “Es complicado. Para eso están los servicios mínimos y ellas (las familias) nos apoyarán poniendo quejas y ayudándonos en todo lo que podamos. Eso lo tenemos claro”.

Un sector feminizado

El ratio de niños por profesora es una de las razones principales que animaron a las educadoras a movilizarse, y reclaman una cantidad “acorde a las necesidades de la primera infancia” (tres bebés, cinco niños de 1-2 años y seis niños de 2-3 años), que coinciden con las que establece la Unión Europea. Rosa Marín insiste en que las profesoras de educación infantil viven sus jornadas “con mucho agobio, con mucho estrés”, y que estas condiciones acaban incluso repercutiendo en su salud. Muchas educadoras sufren de hernias discales, problemas de hombros y tendinitis en relación a las grandes cargas y posturas, además de diferentes virus, que en muchas ocasiones les obligan a recurrir a bajas médicas, lo que conlleva a la sobrecarga de trabajo de otras compañeras. En España, se dan las mayores ratios de Europa, lo que se traduce en menor atención individualizada a los más pequeños.

Desde la Plataforma sostienen que no se trata solo de un problema de infraestructuras y material, sino de la educación de los niños y niñas en una etapa vital de su desarrollo: “El problema de todo es la privatización y la externalización de los servicios. Tú no puedes dar un servicio de calidad con una infrafinanciación, que es lo que pretenden. Si hablamos de tornillos vale, pero es que estamos hablando de criaturas”. En un comunicado de la PLEI, aseguran que “la excelencia educativa que tanto prometen solo es posible si se respeta a quienes la hacen realidad cada día en el aula”.

La Plataforma Laboral de Educación Infantil explicó que un 97,4% de las trabajadoras de las escuelas infantiles son mujeres. La organización cree que los sectores dedicados al cuidado siempre han estado enfocados a las mujeres, y estos trabajos más feminizados, ¿por qué deberían tener mejores salarios, si siempre se dedicaron a ello de manera desinteresada? Marín cree que la profesionalización total de los sectores más femeninos queda lejos aún de su reconocimiento social, como ocurre con la limpieza, la cocina, el cuidado de mayores, la enfermería, etc., donde las mujeres trabajan en condiciones laborales muy deficientes, con salarios bajos.

No pueden más. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, según ha comunicado este martes. La protesta comenzará el próximo martes 7 de abril, tras la Semana Santa, y se mantendrá “el tiempo necesario hasta que se produzcan mejoras que permitan garantizar una educación de calidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)”.

Desde la plataforma explican sus reivindicaciones básicas, que pasan con carácter general por darle a la etapa de facto la consideración educativa que ya tiene sobre el papel –y no meramente asistencial–, pero no acaba de aplicarse, y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras (el 97% del sector son mujeres).

Para ello, PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

En lo laboral, las trabajadoras de las escuelas infantiles son el colectivo docente más precario del Estado y además es una etapa en la que conviven diferentes figuras laborales y modelos de gestión, desde lo público a lo privado pasando por modelos mixtos, por lo que hay varias realidades aunque cumplan la misma función. Y todas tienen en común unos salarios bajos, cercanos al SMI (las docentes de los centros de gestión directa de las administraciones tienen mejores condiciones). Las profesoras de esta etapa viven instaladas en una especie de huelga intermitente en los últimos años, en los que han sido convocadas a parar en varias ocasiones.

Equiparación salarial

Por ello, PLEI exige la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

El grueso de las reivindicaciones concluye con el espacio de trabajo, otro elemento a mejorar. “Queremos trabajar en escuelas seguras, espacios sin goteras, con una climatización adecuada, donde la calefacción funcione, no haya moho por todas partes y las paredes y techos no se caigan a pedazos. Con patios con sombra o toldos, persianas que funcionen y espacios exteriores pensados para vivir y no solares sin apenas naturaleza que sentir y explorar. Trabajamos con criaturas de 0-3 años, las condiciones donde permanecen la mayor parte del día son vitales para su desarrollo y salud física y emocional”, alegan.

La plataforma, que convoca los paros con el respaldo de CGT, explica que les bastaría con ser escuchadas. “Solo necesitamos que las instituciones políticas nos escuchen y hagan su trabajo, que es responsabilizarse del primer ciclo de educación infantil, creando un marco normativo a nivel estatal que unifique nuestras condiciones y garantice los recursos, tanto materiales como humanos, para poder ofrecer una educación de calidad acorde a las necesidades de estos primeros años de vida, tan importantes para el desarrollo humano. Queremos dejar de ejercer violencia institucional a la infancia por la falta de recursos y medios”, explica la plataforma en una nota.

“Hemos hecho de todo”, argumenta Rosa Marín las razones que llevan a un colectivo ya precarizado a convocar una huelga indefinida. “Parones, huelgas de un día, nos hemos unido con otras etapas para protestar, nos hemos manifestado, hemos ido a las juntas del distrito, nos hemos reunido con los partidos políticos, hemos ido al ministerio (¡y tardamos tres años en que nos recibieran!). Se acabó, es el último cartucho. Si con esto no conseguimos nada tendremos que dejar la profesión, porque no hay diálogo. Todo son buenas palabras de la administración: 'qué injusto, qué duro, qué bien lo estáis haciendo…' Pero no hay ningún compromiso de cambio ni de responsabilidad política. Así que vamos a intentarlo duremos lo que duremos”.

Una etapa en progreso... al menos parcial

Sin obviar lo expuesto, el primer ciclo de educación infantil también ofrece datos positivos. España está entre los diez países europeos con una mayor tasa de escolarización (un 55,8%, según datos del Ministerio de Educación, por encima del objetivo europeo del 45% para 2030) y ha registrado una subida de 20 puntos en una década. La apuesta del Gobierno central y las comunidades autónomas por esta etapa parece estar surtiendo efecto.

Pero ese dato medio, sin contexto, esconde diferencias regionales, no explica el efecto Mateo que se está dando y tampoco habla de los diferentes modelos que tienen las comunidades autónomas: algunas –sobre todo las 12 en las que gobierna el PP– están apostando por la gratuidad para las familias independientemente de en qué escuelas se matriculen los niños, otras por impulsar exclusivamente el sistema público. Los últimos datos del Ministerio de Educación, del curso 2023-24, muestran que el reparto entre las redes es más o menos equilibrado: un 53% acude a un centro público, un 47% a uno privado.

CCOO ha entregado este miércoles en la Delegación Provincial de Educación un total de 156 firmas de familias del Colegio de Infantil y Primaria 'Martínez Parras' de Hellín, solicitando que se dote al centro de personal especializado para poder atender las necesidades especiales de la mayoría del alumnado, a nivel lingüístico y cultural.

Ante la situación “crítica” a la que se enfrenta el personal docente del colegio debido al “elevado porcentaje de alumnos y alumnas que desconoce el idioma español”, la Federación de Enseñanza de CCOO ha registrado una solicitud a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, respaldada por 156 firmas de la comunidad educativa de dicho centro, según ha informado el sindicato.

Esta campaña de recogida de firmas, que ha tenido una “excelente respuesta” entre las familias, ha sido promovida por CCOO después de haber denunciado la situación en varias ocasiones “sin que la Administración haya resuelto el problema”.

Clases con “un 85% de alumnos” que no conoce la lengua española

El secretario general de CCOO, Paco Gómez, ha explicado que los maestros y maestras de este centro cada día se enfrentan a unas clases “en las que más del 85% del alumnado desconoce la lengua española”, lo que “no solo dificulta el aprendizaje sino también la comunicación con las familias”.

En este sentido, Paco Gómez ha advertido de la repercusión que esto tiene en la salud laboral de los maestros y maestras y los riesgos psicosociales asociados a “la sobrecarga de trabajo, el esfuerzo y también la frustración que sufren a diario”.

“Esto a su vez está afectando a la calidad de la enseñanza, porque el desconocimiento de la lengua afecta al rendimiento académico y a la integración lingüística y cultural de los alumnos y alumnas”, ha manifestado.

Paco Gómez ha dicho que CCOO va a estar al lado de los maestros y las maestras, y también de las familias, reivindicando “una educación de calidad para todos y todas”.

Ahondando en el origen de la situación que se ha generado en el colegio 'Martínez Parras', la secretaria general de la Federación de Enseñanza en Albacete, Rosana Clemente, ha señalado que lo que se pide es una mayor dotación presupuestaria para poder cumplir el Decreto 85/2018 que establece una serie de medidas para dar respuesta a la aparición de nuevas necesidades y poder atender la diversidad cada vez más presente en las aulas.

Rosana Clemente ha indicado que “el decreto está muy bien sobre papel, pero si no hay presupuesto para implementar las medidas, en la práctica nos encontramos con que el personal docente no dispone de personal de apoyo y eso se traduce en estrés laboral”. “Y por otro lado, tampoco se están derribando las barreras que impiden la inclusión educativa de colectivos vulnerables”, ha añadido.

Carencias similares en Caudete

La responsable de Enseñanza ha precisado que estas carencias no son exclusivas del colegio 'Martínez Parras', sino que se dan en otros centros como por ejemplo el CEIP 'Alcázar y Serrano' de Caudete.

Por lo tanto, CCOO exige a la Consejería el aumento de la dotación presupuestaria para poder contar con más recursos humanos y que se tenga en cuenta las peculiaridades de cada centro, ya que, de no hacerlo, “la visión integradora e inclusiva que inspiró el decreto queda en papel mojado y en una mera declaración de intenciones”.

Para los niños que nacieron entre la década de los 90 y principios de los 2000, los Teletubbies son unos personajes de lo más conocidos y con los que crecieron viéndolos a través de la televisión. Y es que la serie, creada por la BBC, fue todo un fenómeno internacional que también llegó a España y a cientos de países más.

A pesar de su éxito, fue una serie de televisión muy controvertida, no solo porque adultos y expertos aseguraban que no ayudaba en el aprendizaje por su lenguaje simple, sino también por la estética inusual, llevando a distintas teorías de la conspiración.

Sin embargo, los Teletubbies son personajes icónicos para la infancia de toda una generación, que dijeron adiós con el último episodio de a serie original en febrero de 2001, hace 25 años, a pesar de que han tenido una segunda vida con las plataformas y un reboot incluido.

El final de la casa de los Teletubbies: bajo el agua para no ser destino turístico

La ficción creada por Anne Wood y Andrew Davenport para BBC en 1997 y que contó con un total de 365 episodios creó de forma real el escenario en el que vivían los cuatro personajes: Tinky Winky (violeta), Dipsy (verde), Laa-Laa (amarilla) y Po (roja). Un hogar, el llamado Valle Tubby o Tubbytronic Superdome, que existió en verdad.

El Valle Tubby o Tubbytronic Superdome era una especie de cabaña semi-subterránea ubicada en el mundo Teletubbylandia, con un potente verde y ondulaciones que la hacían toda una localización emblemática, que se construyó en Wimpstone, Warwickshire, al sur de Birmingham. Un hogar de los Teletubbies fue construido aposta para la serie, que tenía como objetivo que parecieran pequeños a pesar de que los trajes de los personajes, en los que dentro iban actores, era enorme, lo que hizo que el set fuera más grande de lo habitual para logar la proporción deseada.

El hogar de los protagonistas fue construido de manera tal que los teletubbies parecieran pequeños. El traje de los personajes era enorme, por lo que el sitio debía ser más grande de lo normal para que las proporciones fueran las deseadas.

Un lugar que ya no existe, porque el set ha quedado bajo el agua. El propietario de las tierras, Rex Harding, inundó el sitio para evitar que estuviera lleno de turistas y lo reconvirtió en un hábitat natural porque ya después del estreno de la serie vio como personas acudían a visitar la famosa localización.

Un cambio que pudo realizar gracias al dinero de la productora Ragdoll Productions, que también pagó al propietario mil libras mensuales mientras rodaban en el terreno, a tan solo tres campos de la granja donde Harding vive con su esposa, siendo así testigos del rodaje de los Teletubbies y otras series de la compañía.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha apostado este viernes por “la convivencia y la socialización” como “valores” asociados al sistema educativo. Y en este sentido cargaba contra el presidente de EEUU. “A lo mejor Trump tenía que pasar por la Educación Infantil para aprender a convivir”.

Lo decía durante el acto de inauguración de la primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria número 34 de Albacete. “Aquí se enseñan valores. Me interesa como presidente y como padre que se enseñen valores de convivencia y de socialización”, ha insistido.

Page se ha referido también a la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. “Creo que el papel de los docentes y de las familias en la educación de los hijos cobrará dimensión especial con la IA”, pero fijando posición: “ No soy partidario de que haya menos docentes”.

El presidente castellanomanchego aprovechaba para asegurar que “habrá más plazas” (para docentes), de acuerdo a las negociaciones con los sindicatos y también “más infraestructuras”. Después ha avanzado que la próxima semana su gobierno dará luz verde al tercer plan de climatización de los centros educativos. “Hay ya 150 adaptados al calor extremo de la forma más sostenible posible”, comentaba, para pedir la implicación de los ayuntamientos. “Es muy rentable y una magnífica inversión para quienes mantienen los centros educativos”.

De hecho, el alcalde de Albacete Manuel Serrano, que ha participado en el acto de inauguración del centro, ha destacado “el esfuerzo inversor” para climatizar 12 colegios de educación Infantil y Primaria de la capital y pedanías, como son el Ana Soto, Benjamín Palencia, Cristóbal Valera, Feria-Isabel Bonal, Virgen de Los Llanos, Pedro Simón Abril, Reina Sofía, María Llanos Martínez, Cristóbal Colón, José Salustiano Serna, Simón Abril de Santa Ana y Príncipe Felipe de El Salobral, de la mano de la Junta y en el marco del Programa Feder Castilla-La Mancha 2021-2027, con una inversión total de tres millones y medio de euros.

García-Page también ha anunciado que “en muy pocas fechas se presentará la ampliación del campus de Talavera, a principios de febrero”.

El triunfo del ‘Alba’: “No seamos roñosos en los objetivos”

Page se ha referido también a la victoria del Albacete sobre el Real Madrid esta semana en la Copa del Rey de fútbol. No ha mencionado el episodio racista con Vinicius que en las últimas horas ha denunciado el club, y ha optado por comentar sus sensaciones, pese a reconocer que no es un gran seguidor del deporte. “Me resultó hasta el último minuto muy emocionante”.

Lo ha calificado como “un hito que quedará en la historia de una ciudad y de una provincia muy emprendedora” y ha dejado además un mensaje aplicado a toda la comunidad autónoma: “No seamos roñosos con nosotros mismos en los objetivos. A veces pensamos que no podemos conseguir cosas, no debemos ser temerarios, pero sí ambiciosos. Se puede”.

Cuando un niño empieza a hablar, su capacidad para pronunciar distintos sonidos se desarrolla de forma gradual. No pueden decir todos los sonidos a la vez y algunos tardan más en desarrollarse que otros. Para los padres, sin embargo, a menudo puede ser difícil saber si los errores de sonido del habla de su hijo son motivo de preocupación o forman parte normal de su desarrollo. 

Es importante comprender cuáles son los errores de pronunciación comunes en cada etapa del desarrollo del habla. Esto alivia las expectativas que podríamos depositar, inconscientemente, en el niño y, además, le permite desarrollar sus habilidades de pronunciación y articulación al ritmo esperado.

Para conocer un poco más cómo es el proceso y de qué manera podemos ayudarlos, hemos hablado con Cristina Martínez Carrero, maestra especializada en audición y lenguaje. 

Los fonemas que más cuestan

“Los más conocidos y los que los padres notan más son el típico [sonido] de la r fuerte”, reconoce la especialista. Pero no es el único. Hay otros, como la s o la z, a veces la l, la ñ o la c, sobre los que también suele haber dificultades. Un niño puede tener un fonema adquirido, es decir, sabe dónde tiene que colocar la lengua para producir un sonido y hacerlo de una manera limpia. Pero otras veces no hay ese punto de articulación adquirido y se tiene que enseñar.

Incluso hay ciertas ocasiones en las que “el fonema está distorsionado”, es decir, que “a la hora de pronunciar una s hay una mala colocación y, pese a decir una s, no suena limpia. Es lo que nosotros llamamos distorsionadas”.

Cuando un niño no sabe decir una letra entran en juego “procesos de simplificación”, es decir, el niño “genera sus propias estrategias para sustituirlo: ‘¿No tengo la r?, pues lo sustituyo por una l’ que no se nota tanto, o directamente lo omiten”, reconoce Martínez. 

“Nosotros tenemos que ir trabajando con esas dificultades: ver por qué no tienen fonema y, a la vez, qué estrategias de simplificación hace para poder corregirlas”, aclara Martínez.

¿A partir de qué edad adquieren los distintos fonemas?

Aunque cada niño tiene su propio ritmo, es importante tener en cuenta que “los fonemas son evolutivos”. Así, lo habitual es que se cumplan estas premisas:

¿Por qué un niño tiene dificultades para hablar? 

Las dificultades a la hora de emitir el sonido de ciertos fonemas son frecuentes en las primeras etapas del desarrollo, pero suelen superarse con el tiempo. Hay varias razones por las que esto puede pasar. Las palabras que se pronuncian mal suelen tener sonidos que son más difíciles de pronunciar. Sin embargo, puede haber otros motivos.

También puede ocurrir que haya problemas auditivos, que le dificulten distinguir ciertos sonidos y, por tanto, se vea afectada su capacidad para reproducir sonidos. O algunos factores físicos, como un frenillo lingual corto (esto puede dificultar la producción de sonidos como la l, la t, la n o la d) o el paladar hendido. En estos casos, es posible que sea necesaria una intervención médica o terapia del habla. 

Qué papel juega el lenguaje en todo esto

Otra de las posibles causas que explicarían la dificultad para emitir ciertos sonidos podemos encontrarla en un cierto retraso en el desarrollo del habla. Martínez es clara en este punto: “La mayor parte del lenguaje se adquiere de intercambios comunicativos, incluida la parte fonética”. Por tanto, no solo estamos frente a una herramienta comunicativa, sino que el lenguaje también nos permite construir oraciones, tener un buen vocabulario y, además, producir fonemas. “El lenguaje es una herramienta muy potente sobre la que después se construyen el resto de procesos cognitivos”, reconoce la especialista. 

Un niño de dos años, por ejemplo, debería tener “unas 50 palabras, de las cuales al menos un 10% tienen que ser verbos; si un niño de esta edad no hace combinaciones de dos palabras básicas, como ‘coche mío’, es importante consultar con un profesional”, advierte Martínez.

Si bien el cerebro sigue evolucionado pasados los seis años de edad, “hay una ventana que es muy importante, que es la de los 0 a los 6 años”, explica Martínez. Por tanto, frente un niño de dos años que no tiene ese mínimo repertorio de vocabulario, es aconsejable consultar con un especialista.

Cómo podemos ayudar a un niño con problemas para pronunciar ciertos sonidos

Ante un problema de pronunciación, Martínez asegura que “lo primero que debe hacerse es una valoración inicial y, en función de la necesidad, trabajar de una manera u otra”. Si bien durante mucho tiempo se han trabajado las praxias, es decir, los movimientos con la lengua y con la boca, estudios recientes dicen que son “prácticas que no funcionan”, reconoce la especialista.

Para Martínez, en la mayoría de los casos será muy simple de corregir. “Con una buena reeducación, son niños que generalmente lo adquieren rápido cuando solo es la articulación del fonema, un vocabulario bajo o una mala organización a la hora de realizar oraciones, o por un mal uso del lenguaje”. En estos casos, es clave “hacer un buen análisis que nos permita ver por qué esos niños no están produciendo bien esos fonemas”, matiza Martínez. En función de la causa que haya detrás, “se tarda un poquito más o menos en reeducar, pero generalmente la mayoría de los niños adquieren los fonemas sin problemas”, reconoce Martínez.

A pesar de que pueda ser tentador, corregir en el sentido literal y repetir las palabras al niño y hacer que nos las repitan puede llegar a ser menos efectivo de lo que podríamos pensar. En cambio, usar un enfoque más conversacional funciona mejor, es decir, repetir la palabra de una pregunta para ayudarlo con los problemas de articulación. Enfatizar el sonido mal pronunciado, exagerarlo a la hora de pronunciar, mientras hablamos permite continuar con la conversación. “Y esto permite que el niño se fije más”, afirma Martínez.

“Cuanto antes se actúe, mejor, porque hay unas ventanas de intervención que siempre nos favorecen”, enfatiza Martínez. Así, “si un niño de tres años tiene un habla muy ininteligible, no está de más consultar a un especialista; si tiene que intervenir lo hará y, si no, pues no pasa nada”.

En Tarifa (Cádiz) una olla pequeña se convirtió en el único refuerzo para atender a 30 alumnos más. Así arrancó allí el nuevo modelo de la Junta de Andalucía: más alumnado, pero las mismas manos para atenderlos. Ni más personal ni más medios, salvo esa cazuela para hacer más comida. Lo que para la administración es una solución a la falta de plazas, para trabajadoras y familias es el inicio de un deterioro silencioso: más niños en las mismas aulas, con los mismos recursos.

El pasado curso se matricularon en las escuelas y centros de Educación Infantil de Andalucía 89.382 menores (6.110 en cero años; 34.749 en un año; y 48.253 en dos), lo que supuso un aumento de 923 escolares con respecto al anterior curso. En muchas ciudades existe lista de espera para entrar.

Tarifa es uno de ellos, con el problema de que su única escuela infantil pública no tiene alternativa privada ni concertada. Cuando creció la demanda, la administración optó por ampliar el número de niños matriculados: de 80 a 110. Desde fuera, la medida parecía razonable. Suponía reducir considerablemente la lista de espera. Desde dentro, supuso un cambio drástico: más alumnado de entre 0 y 3 años en las mismas aulas, con las mismas profesionales y sin apoyos adicionales.

“En ningún caso se incumplen las ratios fijadas por normativa”, explican fuentes del Gobierno andaluz en Cádiz. Es decir, que en ninguna de las clases se ha excedido los ocho matriculados de entre cero a un año; ni los 13 de uno a dos años; ni los 20, de entre dos y tres años.

Educación defiende que aumentar el número de estudiantes “da la posibilidad a más familias para escolarizar a sus hijos, sin superar la ratio máxima, y sin generar necesidad de más recursos, porque las escuelas infantiles de la Junta tienen más recursos que las privadas o adheridas”.

Las mismas fuentes aseguran que esos recursos son suficientes porque, aunque haya subido el número de niños, en estas escuelas públicas ya se trabajaba con los medios de un aula con más alumnado. “Es decir, que si la clase de un año pasa de 10 a 13 niños, el número de monitores que ya tenían con 10 era el que correspondía a una clase de 13”, detallan.

“No hay ojos para ver a todos los niños”

Pero, tal y como recuerdan los sindicatos, en la educación infantil, cada gesto cuenta: una caída que se evita, una rabieta que se acompaña, una comida que llega a tiempo. Ese equilibrio frágil ha empezado a romperse en Cádiz. “Lo que trajeron para asumir el aumento fue una olla más”, explica Francisco Carrascal, responsable de Comisiones Obreras en el Campo de Gibraltar. “Una ollita. Nada más. Ni personal, ni apoyo educativo, ni refuerzo en limpieza o cocina. Una olla”. Para Carrascal, esa escena condensa el problema: se reconoce una necesidad real de plazas, pero se responde sin evaluar qué implica atenderla en condiciones dignas.

Hasta ahora, cualquier incremento llevaba aparejado un refuerzo de plantilla. Así se hacía desde 1991, cuando se firmó un acuerdo que regulaba las ratios en las escuelas infantiles públicas. Ese marco garantizaba una atención adecuada en una etapa educativa especialmente sensible, donde la vigilancia constante no es un añadido, sino una necesidad básica. La aprobación este año de un nuevo decreto autonómico ha permitido aumentar el número de niñas y niños sin que el refuerzo de personal sea obligatorio, rompiendo ese equilibrio histórico.

Lo ocurrido en Tarifa ha encendido todas las alarmas. En otros municipios, como La Línea, las direcciones de los centros han sido advertidas de que el mismo modelo podría aplicarse a partir del próximo curso. Esa posibilidad ha puesto en alerta a toda la red de escuelas infantiles públicas de Cádiz: 33 centros en total, con alrededor de 650 trabajadoras y trabajadores. Son 170 escuelas de la Junta en toda la comunidad.

Para quienes están cada día en las aulas, el debate sobre ratios no es técnico ni abstracto. Es físico. “No hay ojos para ver a todos los niños, no hay manos para atenderlos”, explica Carmen Marcos, educadora infantil. “Estamos hablando de aulas con 20 escolares y una sola persona. Ante cualquier situación de riesgo no puedes reaccionar como deberías”.

Necesidades específicas, problemas agravados

La educación infantil, recuerdan las trabajadoras, no es solo un servicio asistencial ni un recurso de conciliación, aunque también cumpla esa función. Es educación desde el primer momento. Cada rutina, cada juego, cada comida forma parte del aprendizaje emocional, social y cognitivo del niño. Cuando se incrementa el número de alumnos sin refuerzos, ese acompañamiento se convierte en una carrera contra el tiempo.

El problema se agrava cuando hay niños con necesidades específicas. “Cuando te meten a algún nuevo estudiante con dificultades sin apoyos, eso no es inclusión”, denuncian. “Eso es abandono disfrazado de derechos”. La inclusión real, insisten, requiere tiempo, atención individualizada y personal suficiente. Sin ello, la sobrecarga recae sobre profesionales que ya trabajan al límite.

Los sindicatos y los trabajadores vienen protagonizando protestas desde el inicio del curso. Hasta ahora la respuesta de la Junta ha sido que estas movilizaciones no están justificadas. Los sindicatos insisten en la olla comprada en Tarifa como símbolo. “No hablamos de números ni de muebles, no estamos hablando de tornillos de Ikea”, resumen las educadoras. “Hablamos de niños muy pequeños, con ritmos y necesidades que no se pueden comprimir”. Creen que el aumento se está gestionando desde un despacho, sin evaluar lo que implica en el día a día.

A este conflicto se suman reivindicaciones históricas nunca resueltas. Las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años no disfrutan de los mismos festivos locales que el resto de centros educativos, lo que dificulta la conciliación familiar y refuerza la sensación de que este ciclo sigue siendo tratado como una etapa menor. Pese a que la ley reconoce su carácter educativo pleno, la equiparación con el resto del sistema sigue siendo incompleta.

El temor ahora es que lo ocurrido en Tarifa sea solo el primer paso. Si este modelo se consolida, advierten los sindicatos, se extenderá allí donde haya listas de espera, sin reforzar plantillas ni adaptar espacios. Por eso, aunque el calendario de movilizaciones tuvo su última escenificación el 3 de diciembre, con una concentración frente a la delegación de Educación en Cádiz, se anuncian más protestas, con carácter regional, en enero. Para evitar que la olla en ebullición de Tarifa se extienda por toda Andalucía.

La mesa sectorial de Educación, que se ha reunido este lunes, ha aprobado una oferta de 305 plazas distribuidas en diferentes especialidades de docentes del cuerpo de maestros de Aragón que se publicarán mediante convocatoria, y cuyos exámenes se celebrarán en verano de 2026. Las pruebas se convocarán de las especialidades de Educación Infantil, Primaria, Educación Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y lenguaje, Música y las lenguas extranjeras de Inglés y Francés.

Este proceso selectivo únicamente incorpora plazas de reposición, que corresponden a la oferta de empleo del año 2024. Como en anteriores convocatorias, los procesos de reposición son ordinarios y la estructura de las pruebas será la habitual, constando de una fase escrita y una exposición oral con la programación y la unidad didáctica.

La oferta presentada inicialmente a las organizaciones sindicales abarcaba un total de 225 plazas, si bien finalmente, tras el proceso de negociación, se ofertarán 305 plazas de las diferentes especialidades del cuerpo de maestros. Ha salido adelante sin acuerdo con las organizaciones sindicales.

Así, se convocarán 70 plazas de Educación Infantil; 30 de Primaria; 50 de Educación Física; 15 de Música; 45 de Pedagogía Terapéutica; 20 de Audición y Lenguaje; 70 de Inglés y cinco de Francés.

Las sedes y las fechas de las pruebas están aún por decidir, a lo largo del mes de noviembre se constituirá la comisión, en la que participan personal del Departamento de Educación y de los tres Servicios Provinciales, que se encargará de la organización de todo el proceso selectivo.

Próximamente, se celebrará una mesa sectorial para negociar especialidades de Conservatorios y Escuelas Oficiales de Idiomas, y Enseñanzas Artísticas. Con ello, se pretende dar seguridad a los aspirantes de aquellos cuerpos docentes que no se convocan de forma más o menos habitual.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y del alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, han visitado este miércoles el nuevo edificio de Infantil del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Jerónimo Hermosilla de la localidad riojalteña, un nuevo espacio “moderno y funcional”, que se ubica en el mismo recinto que el edificio de Primaria. 

Capellán ha destacado que “esta obra ha hecho posible que desde el mes de septiembre todo el alumnado del centro, tanto Infantil como Primaria, puedan desarrollar su labor educativa agrupados en un mismo entorno”, ya que hasta el curso pasado se encontraban separados en dos edificaciones situadas a una distancia de 800 metros, la de Primaria en Carretera de Gallinero y la de Infantil, en la Plaza de España de la localidad calceatense. 

De esta forma, el nuevo edificio para Educación Infantil ha supuesto una “concepción integral” del colegio, con nuevos espacios que “han mejorado de manera sustancial” el complejo del CEIP Beato Jerónimo Hermosilla, que da servicio “no solo a las familias de Santo Domingo de la Calzada, sino a las de toda la comarca”, ha afirmado.

Además del nuevo edificio, ha subrayado que “lo más importante es lo que pasa dentro, la labor que desarrollan los docentes con los niños y con las niñas, intentando dar la mejor dedicación, todo su desarrollo personal y todo lo que en el fondo hacen también junto con la comunidad educativa, con padres y madres y con familias, que son igualmente importantes”. 

El presidente del Gobierno también ha avanzado que, junto con la inversión de 2,6 millones de euros que se ha realizado para la construcción del nuevo edificio, se van a destinar unos 300.000 euros para la instalación de una cubierta en el patio de Infantil, donde se encuentran las pistas de fútbol, de manera que “todo el proceso educativo se pueda desarrollar con total normalidad”, ha incidido. 

La nueva construcción, que ha supuesto una inversión de 2,6 millones de euros financiado en parte a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha permitido disponer de un nuevo edificio, acorde a las necesidades del municipio en cuanto a la evolución de la población infantil, ya que el anterior era muy antiguo y con espacios insuficientes para atender al alumnado con la calidad que se requiere. 

Mil metros cuadrados

El nuevo edificio, con una superficie construida de unos 1.000 metros cuadrados, se encuentra alineado de forma paralela al resto de edificaciones que conforman la parcela. En una única planta, la nueva construcción se estructura en un corredor central con espacios docentes a ambos lados y se comunica con el inmueble de Educación Primaria a través de un jardín.

De esta forma, el nuevo edificio de Educación Infantil responde a la necesidad del alumnado, de 3 a 6 años, de moverse libremente en el interior, así como de facilitar la entrada y la salida al mismo, a través de dos porches diferenciados. Del mismo modo, cuenta con nueve aulas, tres aseos infantiles, una sala de profesores, aseos de adultos, almacén, un cuarto de limpieza, dos porches y diferentes vestíbulos, así como un cuarto de telecomunicaciones y otro de climatización, entre otros. En este sentido, Capellán ha recalcado que el nuevo centro “dispone de tres aulas de apoyo para los refuerzos o atender, de manera personalizada e individualizada, las necesidades especiales que pueda tener el alumnado”. 

El diseño de la nueva instalación incluye una serie de estrategias medioambientales comprometidas con la sostenibilidad y con el entorno, como son una óptima orientación, un elevado aislamiento térmico y la utilización de fuentes de energía renovables como la solar fotovoltaica y la aerotermia. Así, la nueva construcción ha resultado ser un edificio eficiente, con un elevado ahorro energético y con un clima interior saludable y confortable. 

Este curso 2025/2026, el CEIP Beato Jerónimo Hermosilla de Santo Domingo de La Calzada acoge a un total de 374 alumnos y 49 docentes. En el nuevo edificio de Educación infantil se ubican 99 estudiantes con edades comprendidas entre los 3 y 6 años y 10 maestros. 

Un conflicto administrativo que comenzó a mediados de los ochenta y permanece abierto hasta nuestros días parece aproximarse a su fin. Aunque aún nadie tenga claro que este pueda ser el adiós definitivo, ni siquiera inminente. La escuela privada de El Ardal, en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, vive la que podría ser su última semana con malestar entre las familias e incluso una petición en Change.org para mantenerla abierta después de que, en mayo, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid advirtieran de su cierre por un problema de licencias. Finalmente, el cese de la actividad estaba previsto para el día 6 de octubre. Pero el Ayuntamiento ha desistido hasta que haya una resolución firme.

El curso ha comenzado y los usuarios de este centro, con 140 alumnos y un modelo educativo basado en la inclusión y con métodos de aprendizaje alternativo para personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o necesidades más especializadas, ya han abonado tanto sus matrículas como el pago de septiembre y octubre. “No se nos está escuchando”, lamenta Penélope, madre de tres hijos que han pasado por El Ardal y una de las portavoces de las familias que pugnan por mantener abierta la escuela. La renovación de las matrículas fue en marzo, unos meses antes de que las administraciones notificaran al espacio que tendrían que cerrar de forma definitiva. Es más, Penélope afirma que al presentar la solicitud de la beca de 0-3 años para centros de la Comunidad de Madrid, este colegio aparecía como un centro homologado en el sistema.

“No sé de quién es la responsabilidad, pero aquí hay un problema para el que las administraciones no se están coordinando. No hay coherencia: si tanta certeza había de que iban a cerrar, ¿cómo puede ser que digan que hay una orden de cierre desde mayo y yo solicité la beca a esta escuela el día 24 de junio, cuando aún la certificaban como escuela homologada en la propia solicitud?”, se pregunta esta madre. En su comunicado de denuncia, las familias también advirtieron del peligro de dicha actuación. “Este ataque a la infancia vulnera el interés superior del menor, principio fundamental reconocido tanto por la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas como por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia que exige que en toda decisión que afecte a la infancia priorice su bienestar”.

No obstante, desde el consistorio defienden que el problema de permisos no es nuevo y que las familias ya sabían desde mucho antes que El Ardal “no podía ocupar legalmente” el espacio sobre el que se edificó. Las familias aseguran que la orden de cierre la conocieron el pasado 12 de septiembre, pero el equipo municipal adelanta esa fecha. En realidad, el origen del conflicto reside en varias resoluciones judiciales ante las que no cabe recurso que fueron dictaminadas en 2003, otra en 2005 y la última en 2014. Las licencias urbanísticas han sido denegadas desde entonces, argumentando que el inmueble se eleva sobre un suelo no urbanizable que está protegido. El Ayuntamiento indica que el colegio se construyó a finales del siglo pasado según leyes vigentes durante la Transición y que, ahora, la normativa ha cambiado y ya no es compatible con su actividad.

La escuela ha pedido medidas cautelares que paralicen el cierre

El centro y la Asociación Comounomás –que vela por la inclusión de los menores en el ámbito educativo– han presentado recursos y alegaciones contra esta resolución. Además, han solicitado a los tribunales unas medidas cautelares contra el cese del lunes que, de momento, siguen su curso. Desde el centro confirman que se plantearon por dos vías: una ya ha sido inadmitida por el juez, pero tienen 15 días para recurrir, y avanzan que así lo harán; la otra aún está pendiente de resolución.

Si finalmente así ocurre y se les concede, la orden de precinto quedaría suspendida temporalmente y la escuela (que a día de hoy sigue funcionando con normalidad) podría continuar sus clases hasta que haya una nueva resolución firme. Y esto, a ojos del consistorio, es el problema que les ha llevado hasta aquí. “Llevan décadas sorteando un cierre que saben que va a tener que producirse e incluso han ampliado sus instalaciones en los últimos años aunque conocen la protección que existe sobre ese suelo”, destacan, señalando que al ser una propiedad privada pueden iniciar ciertas reestructuraciones sin solicitar luz verde del lado municipal.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid se han comprometido a “ayudar en lo posible” a las familias que, de verse sin escuela para sus pequeños con el curso ya iniciado, tengan que reubicarlos en un centro público cercano a sus domicilios. Pero el Ayuntamiento no dará su brazo a torcer con el asunto, ni se plantea recalificar el suelo (no pueden hacerlo por sí solos) para permitir esta actividad.

“Esa clasificación no está prevista para ser modificada, así que cualquier afirmación sobre eventuales proyectos urbanísticos o usos especulativos del suelo carece de fundamento alguno”, sentenciaron en un comunicado a raíz de las primeras publicaciones sobre el tema. Niegan, por tanto, que el terreno vaya a utilizarse para otro desarrollo de su interés: “Es un bulo intencionado y solo busca enmascarar la verdad”. Del otro lado las familias presionan para que no desaparezca esta escuela, reconocida con el sello Green School para instituciones educativas con un enfoque integral.

“Es un centro homologado por la Comunidad de Madrid que resulta imprescindible para muchas familias por el modelo pedagógico que ofrece”, señalaron a través de un comunicado emitido, según ellos –el Ayuntamiento insiste en que llevaban tiempo siendo avisados–, después de conocer la noticia. Se refieren a la mirada especial sobre la neurodivergencia y la discapacidad en los menores. “No solo se interrumpen aprendizajes y rutinas, sino que se rompen vínculos de apego vitales con compañeros, docentes y psicólogos que son figuras de referencia y seguridad emocional para los niños. Su pérdida puede generar ansiedad, desarraigo y tristeza, dificultando la adaptación en otros entornos y dejando una huella que afecte a su salud mental y, por ende, su salud física”, argumentan.

Es el caso de Tabi, uno de los niños que estudian en El Ardal y cuenta con un diagnóstico de autismo. “Ha fracasado en todos los modelos educativos y en todos los colegios donde había estado antes por su condición estigmatizada. Presentaba conductas autolesivas, era un niño agresivo, evitativo u oposicionista, pero con respeto y profesionalidad todo eso se ha podido ir recuperando. Esto es lo que le da vida y estabilidad”, defiende su madre en uno de los vídeos que las familias han difundido explicando por qué no deben clausurar el centro. De momento, la cruzada con el Ayuntamiento por la normativa urbanística sigue adelante y serán los tribunales los que decidan de qué lado cae finalmente la balanza. La cuenta atrás ya ha empezado.

Los pasillos de los colegios andaluces recuperan el bullicio este miércoles en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. Un total de 708.604 alumnos —8.420 menos que el año pasado— regresan a las aulas en un inicio del curso marcado por la caída de la natalidad y por un escenario educativo que arrastra asignaturas pendientes, como la bajada de la ratio, la falta de recursos para la atención a la diversidad o las deficiencias en infraestructuras.

El sistema educativo andaluz ha perdido en su conjunto más de 120.000 estudiantes desde el curso 2018/19. Para los sindicatos, esta tendencia de pérdida progresiva de alumnado ofrece una oportunidad para reducir la ratio que llevan años demandando las familias y el profesorado. Sin embargo, habrá que esperar al curso que viene para que se empiecen a aplicar medidas en este sentido, en virtud del último acuerdo firmado por la Consejería de Desarrollo Educativo en la mesa sectorial de julio.

Por el momento, desde el Gobierno andaluz se asegura que, a pesar de contar con menos alumnos, la plantilla docente se ha reforzado: 3.100 profesores se han incorporado a la red pública (que suma un total de 108.657 docentes) y 331 maestros lo han hecho en la concertada, compuesta por 16.446 profesionales de la enseñanza. En suma, más de 125.000 maestros y profesores en centros sostenidos con fondos públicos. A todos ellos hay que sumar 284 nuevos especialistas de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), hasta un total de 13.959 (lo que supone un 37,5% más que en 2018, según los datos aportados por la Consejería).

Mientras el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno pone el foco en el incremento de los números (sin concretar cuántos docentes se han incorporado en cada nivel educativo, pese a haberlo consultado este periódico), los sindicatos que representan al profesorado, las asociaciones de familias y los grupos de la oposición comienzan el curso con la mirada puesta en los “grandes retos” que tiene por delante la educación en Andalucía, convencidos de que esas cifras no bastan para corregir las carencias estructurales que acumula el sistema educativo andaluz.

Avances “insuficientes”

El curso 2025-2026 arranca así con un contexto de críticas generalizadas a la gestión de la Junta por parte de la comunidad educativa. “El Gobierno del PP empieza la vuelta al cole con muchas asignaturas pendientes y muy malas notas”, resume la portavoz de Educación de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Alejandra Durán. “Son tantísimos los frentes abiertos y las necesidades que tiene nuestro sistema educativo que podemos hablar de un ataque integral que atañe a toda la comunidad”, lamenta la diputada de Por Andalucía, poniendo el acento en “la drástica reducción de la plantilla docente” o “el recorte de las becas comedor”.

Sus palabras sirven como termómetro del arranque del nuevo curso. Sindicatos como USTEA coinciden en que la vuelta al cole llega marcada por “reivindicaciones históricas” y la preocupación por “el daño que se le está haciendo a la educación pública andaluza”. Al hilo, alertan de la “privatización” progresiva que sufre la enseñanza en Andalucía: “desde la llegada del PP al Gobierno andaluz, se han cerrado más de 2.400 unidades en la pública, sin que los recortes hayan afectado a la concertada”, recuerda Francisco Fernández, portavoz de Educación de USTEA.

No obstante, entre las organizaciones sindicales, hay voces que se muestran más optimistas este año. “Empezamos un curso escolar en el que existen problemas que son crónicos, pero que afrontamos con mayor solvencia que otros cursos escolares”, resume Elena García, la presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía. Se refiere al acuerdo firmado en julio con la Consejería del ramo para “mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado andaluz”.

Ese acuerdo contempla medidas que se van a aplicar a lo largo de los próximos cuatro cursos, dibujando “un horizonte mejor” para el sistema educativo, según la representante de la primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza. Entre las novedades que empiezan a implantarse en el presente curso académico, Elena García remarca que el profesorado cuente desde ya con la posibilidad de realizar telemáticamente las tareas que no requieren atención directa al alumnado (como reuniones de claustros, de equipos docentes o la elaboración de materiales curriculares, a excepción de las evaluaciones oficiales).

Las familias, por su parte, consideran que el pacto alcanzado sigue siendo “insuficiente”. Rocío Begínez, presidenta de FAMPA Sevilla, lamenta que la bajada de la ratio en Infantil se retrase un curso más (se espera ver materializada el próximo curso 2026-2027) y que solo contemple una reducción en el segundo ciclo de Infantil de 22 alumnos por aula. Además, la representante de las madres y padres del alumnado recuerda que “otro de los grandes problemas y preocupaciones” a los que se enfrentan las familias este año es “la falta de recursos y medios del alumnado con necesidades especiales (NEE) y de apoyo educativo (NEAE)”.

La atención a la diversidad, de nuevo en el centro de las demandas

Precisamente, la demanda de recursos para garantizar “una atención a la diversidad real” fue la punta de lanza de las movilizaciones convocadas el curso pasado por la comunidad educativa en Andalucía. Pese a la magnitud de lo que se denunciaba ya entonces –“el desmantelamiento de la educación pública”–, los colectivos que defienden la educación en la comunidad aún no han logrado movilizar a la población lo suficiente como para alcanzar el mismo grado de contestación social que las protestas sanitarias, las más multitudinarias en la sociedad andaluza.

Ese será, por tanto, otro de los retos del próximo curso: conseguir que el sentimiento de hartazgo compartido entre familias y docentes de las escuelas públicas de Andalucía se vea reflejado en las calles. Las mismas preocupaciones que trasladan las familias son las que los grupos de la oposición han recogido en su plan de acción para el próximo curso.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, asegura que su grupo va a permanecer “vigilante”, centrando su atención en cuatro ejes principales: la atención a la diversidad, la estabilización del profesorado interino, el deterioro de los centros educativos y la expansión de la FP privada, que, según denuncian, crece a costa de una oferta pública que no cubre la demanda creciente.

En esa misma línea, el PSOE andaluz percibe que el nuevo curso escolar echa a andar marcado “por el caos, la falta de planificación y la ausencia de diálogo con la comunidad educativa”. Los socialistas detectan los mismos problemas que vienen denunciando familias y sindicatos —especialmente la falta de recursos para atender a la diversidad— y añaden otros frentes como la supresión de “una figura tan importante como son los auxiliares de conversación”.

Otras reivindicaciones

Este curso, los esfuerzos de las familias irán también dirigidos a que se cambie el modelo de gestión de los comedores escolares y se garantice el cumplimiento de la ley de bioclimatización, que lleva “cinco años guardada en un cajón”. “Estamos rezando por que las temperaturas del inicio del curso no sean tan elevadas como las de final del curso pasado”, expresa la presidenta de FAMPA Sevilla, en nombre de las familias que en junio reactivaron los actos de protesta al registrarse aulas a 40 grados.

Sindicatos como USTEA comparten esta reivindicación, recordando que “solo un 6% de los centros haya aplicado la ley de bioclimatización desde su entrada en vigor en 2020”. Entre los principales retos para el curso 2025-2026, esta organización sindical incide de nuevo en la necesidad de reducir las ratios de alumnado, especialmente en áreas metropolitanas como Sevilla, Málaga y la Costa del Sol, lo que exige también un incremento de las plantillas docentes. Y reclama asimismo menos carga burocrática para el profesorado y mejoras en salud laboral, con medidas como la desconexión digital y la mejora de derechos e infraestructuras.

En lo que se refiere a las infraestructuras, la Consejería de Desarrollo Educativo ha avanzado que con vistas al curso 2025/26 se finalizarán un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros. “De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones”, indican desde el departamento dirigido por María del Carmen Castillo.

La semana que viene será el turno de Secundaria y Bachillerato

Tras la vuelta al cole del alumnado de Infantil y Primaria, el próximo lunes día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (886.255 estudiantes, 19.000 menos en cómputo global respecto al curso anterior), mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 87.707 estudiantes.

Así, el nuevo curso arranca con casi 1,8 millones de estudiantes y más de 130.000 docentes en las aulas de los 7.243 centros educativos andaluces (tanto públicos como concertados y privados). Pero también con el desafío de que estos números no queden atrapados en las estadísticas y se traduzcan en mejoras palpables en el día a día de la comunidad educativa andaluza.

El municipio alcarreño de El Casar, de 13.000 habitantes, sufre en sus fiestas patronales un dilema. El próximo 11 de septiembre va a tener lugar un encierro organizado por el Ayuntamiento -gobernado por el Partido Popular-, sin embargo, al contrario que ha ocurrido otros años, este se produce en periodo lectivo. Una de las partes de este encierro que recorre la localidad se ubica en una zona campestre las inmediaciones de tres centros educativos -Escuela Infantil Municipal El Casar, CEIP Maestros del Casar y el IES Juan García Valdemora- , teniendo lugar entre las 12:00 y las 14:00 horas, coincidiendo con la salida de los escolares del primer centro a las 13:00 horas.

Un vecino de la localidad, padre de dos hijos en edad escolar -que prefiere permanecer en el anonimato- señala a elDiario.es Castilla-La Mancha que se trata de un “encierro en el campo, pero con recorrido libre hasta la plaza de toros que es donde finaliza. El toro puede ir por una calle o por otra, pero no está marcado un itinerario como tal”. Él lo tiene claro: “Yo personalmente no voy a llevar a mis hijos al colegio, me parece peligroso, y como yo muchos otros padres con los que he hablado”.

Se trata de una situación que afecta a cientos de escolares de los tres centros educativos que se encuentran en las inmediaciones: “Habrá más de mil escolares entre los tres centros, 450 en el Maestros del Casar, 700 y pico en el instituto Juan García, mas los que haya en la escuela infantil”, comenta este vecino.

“El encierro empieza en la parte de abajo, entre el coto y las colinas, luego sube hacia el pueblo, cruza por la carretera nacional que la tienen cortada y de hecho hay una parte del pueblo que se queda incomunicada hasta que acaba el encierro, la urbanización de Las Colinas, y luego ya se los llevan a la plaza de toros”, explica Daniel Touset, concejal de Unidas-El Casar y coordinador de Izquierda Unida Guadalajara. Asegura que aunque los encierros comienzan en el campo trascurren “por delante de un colegio infantil y los toros pasan sueltos por allí”.

Las fiestas patronales de El Casar comienzan cada primer domingo del mes de septiembre. En otras ocasiones los encierros no han coincidido con el periodo lectivo, “pero este año al igual que alguno otro anteriormente sí que ha coincidido”, señala Touset.

Como solución, el Ayuntamiento de El Casar quiso que ese día fuese considerado no lectivo. Según detallaban en la nota de prensa emitida el pasado 4 de septiembre, “tanto la Alcaldía como el Consejo Escolar habían contactado con la Delegación provincial de Educación de Castilla-La Mancha, pero que tras reiteradas gestiones la solicitud no había sido atendida”. Por lo tanto, el día del encierro será un día lectivo y los niños y niñas tendrán que acudir a sus centros educativos.

El Ayuntamiento no quiere quedar mal con la gente taurina, pero sí que prefiere hacerlo con los padres y madres que quieren llevar a sus hijos al colegio

Daniel Touset — Concejal de Unidas-El Casar

Touset señala en la entrevista mantenida con este medio que previamente, el miércoles 3 de septiembre en el consejo escolar de la localidad “se pidió que se aplazasen los encierros y los hiciesen por la tarde, o que se buscase otra solución”, pero todavía no han aceptado esa petición.

“Es una cosa de lógica, solo queremos que impere la razón. Si no tienes garantizado que ese día va a ser festivo o que van a poner acomodar la jornada lectiva, pues no programes el encierro”, ha expresado a elDiario.es Castilla-La Mancha.

Si se consulta el programa de las fiestas patronales de El Casar, desde las 12:00 horas que comienza el encierro hasta las 18:00 que ocurre un desfile no hay ninguna actividad programada, por lo que podría llevarse a cabo en ese espacio.

Hay que recordar que en el entorno de las fiestas patronales de El Casar, el pasado 8 de septiembre en un hombre fue herido por un toro en un encierro y trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara. Además, hace justo un año, un joven de 20 años fallecía en la misma localidad a consecuencia de las heridas al ser corneado por un toro en un encierro.

“Hablar en contra de los toros en el pueblo es algo peligroso”

Daniel Touset asegura que “hablar de toros en el pueblo es algo peligroso”, sobre todo cuando implica modificar o cancelar un evento relacionado con la tauromaquia.

Daniel comenta que ha hablado con ambas partes afectadas, primero con los padres y madres que tienen a sus hijos en edad escolar, que “piden que no coincida con la hora de salida de los niños y niñas. Que lo aplacen o que lo cancelen, que hagan lo que sea para que no coincida”. Pero luego está el “sector taurino duro, que dice que no llevemos a los niños al colegio, que es una locura que estén allí con el encierro ocurriendo. Con lo fácil que es cambiar la hora y ya está, pero dicen que no, que la hora no se cambia”.

Si esto fuese un concierto, un pasacalle o un rally por medio del pueblo y coincidiese con la jornada lectiva se suspendería o se cambiaría de hora, pero como son los toros y es una cuestión intocable, pues no se hace nada

Daniel Touset — Concejal de Unidas-El Casar

Touset añade que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento “no quiere quedar mal con la gente taurina, pero sí que prefiere hacerlo con los padres y madres que quieren llevar a sus hijos al colegio”.

El emplazamiento para realizar el encierro siempre ha sido el mismo. No obstante, Daniel Touset señala que “en el último pleno del Ayuntamiento se llevó a cabo una modificación del reglamento para buscar otro espacio, pero por cuestiones de tiempo no se pudo aprobar porque faltaban trámites, así que como se les ha echado el tiempo encima no se ha podido cambiar”.

Touset pide “llamar al sentido común, ¿cómo es posible que la tauromaquia esté por encima de la educación infantil, primaria y secundaria?”. Asegura que existe una falta de planificación por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, ya que “si no tienes la certeza de si ese día va a ser lectivo o no, pues prográmalo a otra hora, que sea por la tarde que no interrumpe nada. Se hacen encierros en la provincia por la tarde y también en el pueblo”. Añade además que “si esto fuese un concierto, un pasacalle o un rally por medio del pueblo y coincidiese con la jornada lectiva se suspendería o se cambiaría de hora, pero como son los toros y es una cuestión intocable, pues no se hace nada”.

Se trata de un problema que no solo afecta a los escolares. Daniel nos cuenta que hablando con algunos profesores les han comentado que “no les hace ninguna gracia quedarse encerrados hasta las dos de la tarde en el centro educativo porque no pueden salir por el encierro”.

El Ayuntamiento de El Casar desplegará a la Policía Local

El Ayuntamiento de El Casar señalaba en la misma nota de prensa emitida el pasado 4 de septiembre que han diseñado un Plan Específico de Seguridad, que contará con “agentes de la Policía Local en los puntos clave del entorno educativo”, que se encargarán de “regular y facilitar el tránsito peatonal y el acceso de vehículos” en las zonas del instituto y el colegio Maestros del Casar.

Los vecinos se cuestionan qué podrían hacer los agentes de la Policía Local para detener al toro o desviarle del recorrido que pueda tomar si supusiese un peligro al estar cerca de los centros educativos. “No sé qué órdenes han recibido los cuerpos de seguridad, pero con cientos de escolares saliendo no va a ser suficiente”, expresa el vecino que prefiere permanecer en el anonimato.

Este medio ha intentado ponerse en contacto en repetidas ocasiones con el alcalde de la localidad, José Luis González, para conocer su valoración, sin embargo no se ha obtenido respuesta.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha subryado la necesidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado en un curso escolar 2025-2026 donde más de 33.500 docentes se enfrentan a “múltiples desafíos que amenazan la calidad educativa que se ofrece en las aulas”.

En concreto, apunta a “la burocracia, los recortes que permanecen desde 2012 y que no se han revertido en su totalidad, algunos de ellos muy graves como la precariedad del profesorado interino, aulas más conflictivas, falta de medios para atención del alumnado con necesidades educativas especiales o la pérdida salarial” como “los grandes problemas de la educación pública de Castilla-La Mancha”.

En primer lugar, reprocha que el profesorado se enfrenta a “una ingente burocracia”. “No es un tema menor, ya que habrá menos tiempo para preparar clases, planificar actividades, innovar o adaptar materiales a las necesidades de los alumnos. Provoca además sobrecarga y estrés laboral, generando jornadas más largas y sensación de agotamiento, además de que provoca desmotivación”, indica.

En este sentido, señala que la burocracia “desplaza del foco lo que es verdaderamente importante: atender al alumnado y reforzar la intervención pedagógica”. Además, advierte de que “provoca tensión entre el profesorado, ya que también existe un reparto desigual con equipos directivos, tutores y departamentos de orientación con una sobrecarga aún mayor”.

Entre “los principales recortes que permanecen” en el sistema educativa, señala CSIF, se encuentra “la inestabilidad y precariedad que genera el despido del personal interino durante los meses de verano (durante los meses de julio y agosto se han destruido 4.698 afiliados a la Seguridad Social en el ámbito educativo), que además no cobran salvo en casos muy concretos: contratación previa al 31 de octubre y permanencia ininterrumpida hasta final de curso”.

Baile de cifras sobre la interinidad

“Frente a lo manifestado la semana pasada por el consejero de Educación, que afirmó que Castilla-La Mancha mantiene una de las tasas de interinidad más bajas de España (8,8%), la región contaba en el curso 2024-2025, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, con 9.580 docentes interinos, lo que supone una interinidad del 30,5%”, asegura CSIF.

Además, lamenta que el profesorado de Enseñanzas Medias sigue sin recuperar las 18 horas anteriores a la reforma de 2012 y “las ratios siguen por encima de lo aconsejable: 25 alumnos en Primaria (cursos 2º al 6ª), 30 en ESO y 32 en Bachillerato. La reducción a 22 alumnos en 1º de Primaria responde únicamente al descenso de la natalidad y no a una planificación educativa”.

“A estos recortes crónicos se suman otros 'quirúrgicos' que la Consejería acomete debido a que no cuenta con financiación suficiente: aumento del número de alumnos para formar tutorías en la educación para adultos, subida de ratios y fusión de niveles en las escuelas oficiales de idiomas, las malas condiciones laborales de los docentes itinerantes o la pérdida de periodos lectivos en Formación Profesional para la gestión de las prácticas en empresas”, añade.

La convivencia escolar es otro de los grandes retos. Según una encuesta realizada por CSIF, “uno de cada dos docentes ha sufrido insultos, agresiones o acoso a través de redes sociales”. “A pesar de esta situación, siguen faltando recursos para hacer frente a este desafío, ya que además también hay muchas situaciones de conflictividad hacia el alumnado con necesidades educativas especiales: faltan orientadores, personal de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y auxiliares técnicos educativos, además de la enfermería escolar”, recalca.

Asimismo, señala que el colectivo docente arrastra una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde 2010. CSIF reprocha igualmente el acuerdo de mejoras firmado por el Gobierno regional, Anpe, UGT y CCOO puesto que a su juicio “no aborda los problemas reales, sino que 'blanquea los recortes'”.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha dado cuenta en rueda de prensa de los detalles del inicio de curso escolar en la Comunidad Autónoma, poniendo el acento en que se trata de uno de los “más asequibles” para las familias, con aspectos como el avance en la universalización de la educación en la etapa de 2 y 3 años, el banco de libros o más ayudas de comedor escolar.

La gratuidad de la primera matrícula universitaria ha sido otro de los hitos por los que ha sacado pecho; a lo que ha sumado las “garantías de transporte escolar” de las que disfrutan los alumnos. Un curso en el que también quieren “fortalecer la Formación Profesional y la educación inclusiva”.

Radiografía de la comunidad autónoma

Como foto fija en cuanto a los datos, Pastor ha apuntado que serán 384.667 alumnos en educación no universitaria, en 1.080 centros educativos. Otros 360 centros municipales, 125 centros de enseñanzas concertadas y 219 centros privados se suman a la lista de la red de centros de todo el territorio.

Se ha experimentado un crecimiento en matriculación de educación infantil, con mil alumnos más, “gracias al programa de impulso a la escolarización entre 0 a 3 años que ha permitido crear escuelas en toda la región” de forma gratuita.

MÁS PROFESORES

En cuanto a profesionales al frente de este alumnado, serán 33.663 docentes en plantilla, lo que supone 530 nuevos contratados para mejorar la bajada de ratios en distintas etapas y “para dar respuesta a necesidades de inclusión educativa”.

Una ampliación de plantilla que viene a dar respuesta a necesidades educativas como el hecho de completar la formación en la Escuela de Arte Dramático en Cuenca, que estrena su último curso; o nutrir los nuevos institutos en zonas como Olías, Yeles u Ocaña.

Además, este año, y van siete, se necesitan mil profesores para el Plan de Éxito Educativo puesto en marcha por su Consejería.

Todo ello con un profesorado “muy estable” con una de las tasas de interinidad “más bajas del país”, cercana al 8,8% y siendo la segunda región con mejor retribución docente, sin contar con las autonomías insulares.

Hay 4.005 acciones formativas desplegadas por el profesorado de Castilla-La Mancha, tal y como ha dicho Amador Pastor, que ha querido poner el acento en los servicios complementarios más allá de los educativos.

BECAS COMEDOR, BANCO DE LIBROS Y TRANSPORTE

Sobre las becas comedor, ha reparado en que van 10 años desde que se recuperaron, y serán 16.546 ayudas las que se repartirán este año, por 10,7 millones de euros de inversión.

Más de la mitad de estos alumnos tendrán beca total al cien por cien, lo que supondrá un ahorro a las familias de unos 945 euros. Del resto, habrá becas del 50%, algo que se consigue “abriendo nuevos comedores escolares” hasta los 450.

Diez de los 450 comedores son de nueva apertura, con tres aulas matinales a estrenar dentro de esta estrategia.

El banco de libros, tras el éxito del pasado año, ha venido a incorporar enseñanzas básicas de Formación Profesional, una medida que ha supuesto que, según la OCU, “la vuelta al cole de Castilla-La Mancha sea de las más baratas de toda España”.

En este apartado, ha citado también los 26.109 alumnos en más de mil rutas que podrán disfrutar de este servicio gratuito.

CASI 80 ESCUELAS RURALES

En cuanto a las escuelas rurales, ha celebrado que se abrirán centros con hasta solo cuatro alumnos; además de que habrá casi una treintena de nuevas rutas de transporte escolar para dar cobertura a unos mil alumnos de zonas despobladas que necesitan ir a sus clases de Bachillerato.

La red de colegios rurales agrupados se va a 79 en este curso, “dando cobertura y posibilidad a 249 municipios”. En este punto, ha resaltado los dos nuevos centros agrupados, el de Abenójar y el de Arroba de los Montes, ambos en Ciudad Real.

2-3 AÑOS

El programa Más Escuela para avanzar en la gratuidad de la educación para niños de entre 0 y 3 años sigue avanzando y se van a financiar hasta 280 escuelas infantiles en municipios inferiores a 10.000 habitantes.

De este modo, más de 3.000 alumnos en esa edad van a poder disfrutar de educación gratuita en estas zonas, algo que puede suponer ahorros de hasta 1.750 euros de media por familia.

Se trata de un paso más en esta estrategia, que a partir del próximo curso llegará por último a los municipios de más de 10.000 habitantes.

INFRAESTRUCTURAS

Se estrenarán diez nuevas instalaciones tras 17 millones de euros invertidos en centros como los de Quintanar del Rey o el de educación especial de Hellín.

Este curso, además, se consolidará el Plan de Innovación, con 2 millones de euros más, iniciativa en la que los centros participantes desarrollarán proyectos centrados en actividades novedosas. Como ejemplo, ha citado la red de centros que trabaja radio escolar.

Se completará además la dotación de 147 aulas flexibles digitales para llevar la digitalización a zonas más despobladas, en un modelo de aula “mucho más versátil” y que completará a las 263 ya creadas el curso pasado, para sumar 410 en total.

Ha hecho el consejero una mención a la red de centros con Aula de Futuro, una tecnología “con nuevas herramientas” y que llegarán a 145 centros repartidos por todo el territorio.

De otro lado, 967 serán los ciclos totales que ofertará la Formación Profesional en toda la región, con 30 cursos de especialización adicionales.

Toda la oferta alcanzará las 56.000 plazas dentro de esta modalidad, algo que se complementa con 14 programas específicos impartidos en una red de centros para dar respuesta a alumnado con alguna discapacidad, tal y como ha detallado Amador Pastor.