El consejero de Educación, Sergio Silva, ha informado que tras la publicación este viernes de las listas definitivas del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 se estima una bajada de aproximadamente mil solicitudes respecto al mismo proceso del año pasado.

Silva ha señalado que esto supone un 15% menos, lo que conllevará la pérdida de unas 50 clases, sobre todo en las zonas rurales, y ha achacado esta circunstancia a la baja demografía.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la mesa sectorial del ámbito, en la que ha pedido coger estas cifras “con cautela” puesto que se trata de una estimación.

Al respecto, ha afirmado que “normalmente” estos números “van mejorando” en función de las escolarizaciones extraordinarias o incorporaciones tardías al sistema educativo.

“En contra de lo que piensa mucha gente, el proceso de escolarización no es cerrado, sino que se mantiene vivo durante todo el año”, ha defendido.

Según ha detallado el consejero, con estos datos -de alumnos de nuevo ingreso o que cambian de centro-, y dentro del escenario “más desfavorable”, del total de 3.000 clases que hay entre las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, se perderán en torno a 50, un 1,8%.

Y ha destacado que desde su departamento creen “necesario” abordar este tema con las organizaciones sindicales porque “pone de relieve algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo, que es ese reto de la pérdida demográfica y, por lo tanto, de la pérdida de alumnos”, ha resumido.

En este sentido, el titular de Educación se ha referido a que la bajada “progresiva” de ratios en las aulas y que su Consejería sea “sensible” a esta realidad ha llevado a que “no se hayan tenido que tomar decisiones importantes en cuanto a la viabilidad de los centros”.

Aunque ha insistido en que si hay en torno a 3.000 nacimientos anuales, es “innegable” que eso “se está trasladando al sistema educativo”.

Al respecto, Silva se ha referido a estudios del Consejo Escolar o de fundaciones como la de Ramón Areces, que hablan que “de aquí al 2035 el sistema educativo de Cantabria puede perder aproximadamente entre un 20 y un 25% del alumnado que tiene en el tramo Infantil-Secundaria”.

A finales de abril de este año entró en vigor el Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que aseguraba que colegios e institutos públicos y concertados dejaran de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de asegurar menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos.

El Ministerio de Consumo ha informado este lunes que estas pautas y obligaciones de los centros se extenderán también a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, promoviendo las dietas saludables y la seguridad alimentaria de niños y niñas. La norma asegurará el consumo de fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados.

Las medidas adaptan aquellas del Real Decreto, que ya se han puesto en marcha en colegios e institutos, a las necesidades de los más pequeños en el primer ciclo de educación infantil. 

En concreto, se garantizará el consumo diario de fruta y verdura fresca (al menos un 45% de temporada), junto con una frecuencia mínima de pescado y legumbres. Estos alimentos básicos de la dieta mediterránea se servían de forma “muy desigual” en muchos centros, según el Ministerio, afectando a la calidad de las dietas de niños y niñas. También se priorizarán los cereales integrales frente a las versiones refinadas, excepto en el caso del arroz. 

Respecto a las bebidas, se limitarán únicamente al agua y la leche, eliminando refrescos, bebidas azucaradas y edulcoradas. Al mismo tiempo, se limitará la presencia de alimentos precocinados como pizzas o croquetas a máximo una vez al mes; y las frituras solo se podrán servir una vez por semana como máximo, priorizando técnicas de cocción más saludables como al horno o al vapor. 

Los menús ofertados contarán con la supervisión de profesionales en nutrición humana y dietética, que a su vez proporcionarán información mensual y detallada a las familias para adecuar las dietas a las necesidades de cada alumno. Se prestará especial atención a la sostenibilidad, con un mínimo del 5% de alimentos ecológicos o dos platos principales ecológicos al mes, fomentando canales cortos de distribución.

Al mismo tiempo, el Ministerio establece que los centros deberán facilitar espacios y condiciones para la lactancia presencial y diferida, debido a su importancia durante los primeros años del desarrollo de los niños y niñas. La regulación incorpora también pautas de seguridad alimentaria específicas de los primeros años de vida, por la vulnerabilidad durante estas edades. Así, no se ofrecerán alimentos no introducidos previamente en el entorno familiar, y el arroz presente en las dietas será blanco hasta los tres años. 

Los alimentos con riesgo de atragantamiento como frutos secos o uvas se ofrecerán ya molidos o partidos de forma segura, y se reducirá la cantidad de sal yodada de los platos, sin sal añadida para menores de un año. 

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se ha visto obligado a ampliar el calendario del proceso de admisión para el curso 2026/2027 de alumnado del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, niños y niñas de 3 años, tras la aprobación en de la ley de UPN con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu para blindar los conciertos educativos. Así, el nuevo plazo de matrícula será entre los días 4 y 10 de junio. La lista definitiva se publicará el próximo 3 de junio. 

En un comunicado, el Gobierno foral ha afirmado que la aprobación por el Parlamento de Navarra el pasado 14 de mayo de la ley foral de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar en centros sostenidos por fondos públicos, impulsada por UPN, votada favorablemente por UPN, PP y Vox y aprobada con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu, “ha obligado al Departamento a establecer, en una nueva resolución del director general de Educación, la actualización de las admisiones del alumnado de 3 años a la nueva oferta de vacantes para conseguir así una correcta organización y despliegue del correspondiente proceso de admisión del alumnado”.

“La medida adoptada es esencial para la protección del interés general y para el correcto y eficaz funcionamiento del servicio público educativo”, defienden desde el Ejecutivo foral. La modificación del calendario del proceso de admisión se ha trasladado ya a los centros y a las familias mediante una notificación con la información al respecto.

Silbatos, cacerolas, bocinas. Cánticos y soflamas. Rabia, emoción y hermandad. Todo eso ha cabido esta mañana entre las 15.000 personas, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), convocante de la manifestación, que han recorrido el centro de la capital en una protesta que ha logrado reunir trabajadoras de diversos puntos del país. Pronto han formado una gran marea amarilla, arropada por las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. Mantienen así un pulso contra todas las administraciones competentes. “Cuidamos y educamos a las criaturas más pequeñas. O mejora nuestra situación, o serán ellas las que se verán afectadas también”, ha comentado Rosa Marín.

Ella es una educadora infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid, además de portavoz de la PLEI: “La manifestación de hoy supone otro hito histórico en nuestra lucha. Compañeras de toda España han querido mostrar su descontento, porque esto ya es inaguantable”. Alrededor de Marín, trabajadoras llegadas desde Castilla–La Mancha, La Rioja, Barcelona, Navarra, Andalucía, Canarias, Asturias, Galicia, Extremadura, Aragón, València y Castilla y León. Al unísono, cánticos como “aquí está, aquí se ve, la fuerza del 0-3” y “no cuidamos, educamos”.

Por el momento, los mayores avances de su lucha se han materializado en reuniones con el Ministerio de Educación y la Consejería madrileña. “El problema es que entran en juego muchas administraciones diferentes”, ha admitido la portavoz. La principal reivindicación que hacen a la cartera dirigida por Milagros Tolón se centra en las ratios: “Queremos unas ratios respetuosas con la infancia. Si las acepta el Ministerio, a las comunidades autónomas no les quedará otra que aplicarlas”.

En su batalla por que la educación de 0 a 3 años esté igualmente regulada que el resto de etapas educativas, la cuestión del número de niños y niñas por aula es fundamental. Según recalcan, lo único que piden es que las cifras sean las mismas que proponen desde la Unión Europea. Mientras que en la actualidad una educadora debe hacerse cargo de ocho bebés de 0 a 1 año, 14 de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años, las recomendaciones reducen el número a cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Otro gran escollo que intentan superar las educadoras infantiles es la falta de financiación, tanto para elevar sus salarios como para incrementar la contratación. “Lo ideal es trabajar con una pareja educativa, ser dos en el aula. Si estás haciendo alguna actividad y surge un imprevisto, como algún conflicto o tener que limpiar a algún niño, la clase no se para”, ha explicado Marín.

Conscientes de que las mejoras deben aprobarse en diferentes organismos hasta que se hagan realidad, las trabajadoras reclaman un plan de trabajo que, paulatinamente, colme sus exigencias. “Queremos que haya intención política, que se firmen los compromisos. Nos hemos reunido con la consejera madrileña siete semanas después de comenzar la huelga. Por el momento, vemos falta de voluntad”, ha denunciado la portavoz.

Juntas son más fuertes

El sol no daba tregua en la calle Atocha, donde algunas manifestantes lanzaban agua pulverizada al aire y otras buscaban la sombra de los árboles. Júlia Capdevila ha sido una de las activistas que ha llegado a la capital desde Barcelona, miembro de La Bressol en Lluita: “Es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”. En su caso concreto y según ha denunciado a elDiario.es esta trabajadora de una escuela pública del Ayuntamiento barcelonés, el Consistorio pretende estabilizar sus puestos de trabajo obligándoles a firmar media jornada.

Unos metros por delante de ella estaban África Martínez, Cristina Dorado y Sheila Domaica, llegadas desde La Rioja. “Ya era hora de que el ciclo de 0 a 3 años saliera a la calle”, han expresado. Además, estas trabajadoras de una escuela infantil pública dependiente del Gobierno regional han señalado a la vocación como esa trampa que les hace “tragar con todo”. “Ya vale. Teníamos que salir a la calle y es lo que estamos haciendo”, han incidido.

Plan de acción para desconvocar la huelga

Manifestaciones como la de hoy, a la que según Delegación del Gobierno han acudido 7.000 personas, también sirven para explicar a la sociedad la labor que realizan las educadoras infantiles en su día a día. Son estas profesionales las que tienen un conocimiento profundo del desarrollo de la criatura, cómo fomentarlo, qué debería hacer y qué no hace, cómo preparar el material para favorecer el juego libre. “Es un trabajo muy exigente a nivel físico y emocional. Si lo hacemos estresadas, desbordadas, ese será el ejemplo que absorban los pequeños, porque aprenden por imitación”, ha añadido la portavoz de PLEI.

Asimismo, sostiene que esta huelga ha llevado “muchísimas horas” de preparación como para desconvocarla sin un reconocimiento explícito de sus necesidades y un plan de acción para atajarlas. “No nos bajamos de aquí a no ser que haya un compromiso político a corto y largo plazo. No se puede ser esenciales para una cosa y las grandes olvidadas y prescindibles para otras”, ha zanjado la propia Marín.

La solidaridad como arma

Camelia Galán es otra de las miles de personas que esta mañana se ha decantado por luchar por sus derechos, que son los de toda la sociedad. “Es imposible que dos manos puedan cuidar de 20 criaturas. Hay días que la realidad te desborda y te ves obligada a dejar de lado la calidad educativa”, ha admitido esta educadora de una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Acompañada de Oliver, de ocho años, Galán ha exclamado que “estamos aquí para reivindicar una educación digna que el día de mañana les permita ser mejores personas”.

La fraternidad es una de las armas de la clase obrera que hoy también han enarbolado los estibadores del puerto de Avilés. Estos asturianos, acostumbrados a manifestaciones donde el ruido lo ponen petardos y tracas, han sacado varios botes de humo a lo largo de la marcha, lo que les ha granjeado un toque de atención por parte de la Policía. “Venimos de una huelga de 60 días y sabemos lo que revitaliza este apoyo entre luchas. Las educadoras están en la calle por una causa justa. Hay que defender su lucha si queremos una sociedad justa y equilibrada”, ha comentado Manuel Pravia, uno de estos estibadores.

“Gobierne quien gobierne, la infancia se defiende” y “menos ratio y más salario” han sido los cánticos con los que la cabecera ha colmado la Puerta del Sol. La marabunta de manifestantes ha hecho gala al nombre del kilómetro cero madrileño y luciera más amarillo que nunca. Poco antes de las 14.00 horas y a pesar del calor intenso que ha acompañado a la movilización, los ánimos de lucha y reivindicación seguían por las nubes. Tras la lectura del comunicado final, la céntrica plaza bullía de solidaridad y fuerza. Sus gargantas, sabedoras de participar de algo histórico, todavía guardaban algo de fuerza. Por la lucha que siempre se avecina.

Cuatro familias del CEIP Francisca Romero, en Sevilla, se han visto obligadas a escolarizar a sus hijos en dos centros distintos por falta de plazas en Infantil. Este colegio público ubicado en el distrito Macarena cuenta con una sola línea de tres años desde que la Junta de Andalucía suprimió la otra que tenían debido a la baja matriculación. Pese a que la tendencia ha cambiado y las solicitudes de admisión ya superan al número de plazas disponibles, el aula sigue cerrada.

En los últimos tres cursos, el centro ha registrado un aumento constante de solicitudes: 28, 35 y 29, respectivamente, según datos facilitados por la dirección, sin contar las peticiones fuera de plazo que llegan entre marzo y junio. La consecuencia la sufren las familias: con una ratio de 22 alumnos en Infantil de 3 años, y de 25 en el resto de niveles, el próximo curso se quedarán fuera al menos 14 menores que han elegido este colegio como primera opción.

El caso de este centro refleja una de las tensiones recurrentes en la planificación educativa andaluza. Desde la llegada del Partido Popular a la Junta en 2019, se han suprimido 2.758 aulas de Infantil y Primaria, según datos recopilados por el sindicato USTEA a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La administración autonómica justifica estos cierres en la caída de la natalidad, mientras que colegios como el Francisca Romero sostienen que existe demanda suficiente para ampliar la oferta educativa, pero no se está atendiendo.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo consultadas por este periódico confirman que el CEIP Francisca Romero ha recibido para el próximo curso seis solicitudes por encima de la ratio. Sin embargo, apuntan a que en esa zona constan 52 plazas vacantes en nueve colegios, “así que podrán tener plaza con seguridad en alguno de los colegios elegidos”.

Un centro con alta complejidad social

La comunidad educativa del centro insiste en recuperar el aula de tres años suprimida para poder responder a una demanda que, lejos de desaparecer, ha seguido creciendo en los últimos cursos. Desde el AMPA denuncian que la situación atenta contra el derecho de libre elección de las familias y afecta a los niños que sí están matriculados. “Nos obligan a trabajar con más de 20 alumnos con una diversidad enorme, pudiendo dividirlos en dos clases de 15”, lamentan desde el centro.

El Francisca Romero está catalogado como centro de compensatoria, una figura reservada a colegios con alta complejidad social, que atienden a alumnado en situación de vulnerabilidad. De sus 300 alumnos, 70 presentan necesidades educativas especiales y una parte significativa pertenece a familias migrantes. La comunidad educativa lo define como un colegio inclusivo, con un proyecto pedagógico orientado a atender esa diversidad.

Desde la dirección aseguran que el progresivo aumento de la demanda responde precisamente a ese modelo educativo en el que se han ido especializando a través de formaciones durante los últimos años. “A base de mucho trabajo, implicación del claustro y proyectos innovadores hemos generado interés en las familias”, concluyen los responsables del centro.

En su momento entendieron que la Consejería suprimiera la línea porque no alcanzaban a cubrir las plazas, pero recuerdan que les comunicaron que era “reversible” y “si volvíamos a tener demanda nos la devolverían”. La presidenta del AMPA, Alba Carrasco, denuncia que la administración “está negando de forma reiterada” la apertura de una segunda línea incluso cuando la necesidad es “evidente”. También critican que en la zona haya centros concertados con menor demanda que mantienen más unidades, según la información que han podido obtener las familias.

Alumnado con necesidades en un aula saturada

La falta de plazas obliga a separar hermanos en distintos colegios y complica la conciliación de las familias que escogen este centro como primera opción por cercanía o logística. Pero el recorte de aulas también afecta a los menores que permanecen escolarizados, pues “al perder unidades, perdemos recursos”, como señala la presidenta del AMPA en el CEIP Francisca Romero.

Desde el área de Pedagogía Terapéutica (PT) del centro reconocen que los tutores están “desbordados” porque tienen que atender a más de 20 niños en un aula que reúne cada vez a más alumnado con necesidades específicas. “Con una ratio tan elevada no es posible atenderlos a todos con la atención que necesitan”, traslada el profesorado, que recuerda que Infantil es una etapa vital en el desarrollo del alumnado.

Las familias se muestran preocupadas ante grupos de 25 menores con una sola docente. “La situación es insostenible tanto para el alumnado como para la maestra”, denuncian desde el AMPA. Su presidenta explica que “son niños muy pequeños que requieren atención constante”. “Algunos se hacen pipí encima, requieren ayuda para vestirse, apoyo emocional, acompañamiento en la adaptación escolar y una supervisión continua, y muchos con necesidades especiales educativas y de otros países, que no conocen el idioma”, añade Alba Carrasco en nombre del resto de familias.

“No es solo una cuestión de números, es la imposibilidad de atender adecuadamente sus necesidades”, resume la representante de las familias, que han solicitado a la administración en varias ocasiones que las aulas de infantil se desdoblen. A esta petición se suma el profesorado, convencido de que “con dos aulas se podría garantizar una educación más individualizada, más personalizada y adaptada a las necesidades que tienen”.

La nueva consejera extremeña de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, se ha estrenado con un enfrentamiento con PSOE y Unidas, a los que ha dicho: “sois la peor oposición que ha tenido Extremadura”. Ha reaccionado así al ser preguntada por la diputada de la coalición de izquierdas, Nerea Fernández, sobre las medidas que va a adoptar la Junta para atender las reclamaciones de mejora en las condiciones laborales de las Técnicas de Educación Infantil (TEI).

Fernández ha recordado a Valencia que se reunió con ellas en noviembre de 2024, entonces como portavoz del PP en la Comisión de Educación, y “estamos a mayo de 2026 y no han hecho absolutamente nada”.

La diputada de Unidas por Extremadura ha indicado que estas profesionales solo quieren que su trabajo sea dignificado con una bajada de las ratios, ya que es “humanamente imposible” que cada una de ellas se haga cargo de ocho bebés de 0 a 1 año; de 13, en el caso de los niños y niñas de 1 a 2 años; o de 18, cuando tienen entre 2 y 3 años.

Pero la consejera se ha defendido atacando y haciendo un guiño a la red de centros privados de Educación Infantil, cuya patronal se ha posicionado en contra de los intereses de las trabajadores de las guarderías públicas. Valencia ha acusado a la formación política que lidera Irene de Miguel de vivir “instalados permanentemente en el ruido y en el enfrentamiento” y de seguir “anclados en el discurso del miedo y la crispación”.

La consejera dicho que el Gobierno de PP y Vox “viene a gobernar para todos” y que “escuchará” esas reivindicaciones, que, por otro lado, ya conoce. Además, ha criticado que Unidas que solo apoye a los centros infantiles públicos. “Ustedes solo están con algunos”, ha dicho, al tiempo que ha defendido “la libertad de las familias” para elegir la guardaría que quieren para sus hijos.

Valencia ha expuesto distintas medidas llevadas a cabo en la anterior legislatura por la Junta, como que desde 2024 la educación de 1 a 3 años es gratuita y que a partir de septiembre se incorporará la etapa de etapa de 0 a 1 año; o la estabilización de 67 Técnicos de Educación Infantil.

Sandra Valencia ha afeado también a la oposición que ella llevara en el cargo 4 días y aprovecharan una huelga nacional de este colectivo para “atacarnos”.

Tras su intervención, una representante del colectivo que se encontraba presente el la tribuna de invitados del hemiciclo de la Asamblea ha gritado la consigna “no guardamos, educamos”, por lo que ha sido invitada por el presidente de la Cámara a abandonar el recinto, lo que ha hecho junto a sus compañeras. 

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

Apoyo familiar, mercadillos solidarios, venta de camisetas, ahorros propios, caja de resistencia. Resistir una huelga indefinida en un sector hiperfeminizado y precarizado en el que las nóminas apenas alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI) no es fácil. Aun así, las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid resisten los paros convocados desde el pasado 7 de abril aupadas por la solidaridad de la ciudadanía y otros colectivos. La lucha de esta marea amarilla, el color que elegido sobre el que plasmar sus demandas, pasa por que sus empleadores, la Administración pública, reconozca la responsabilidad que tienen para el día a día de miles de niños y niñas de 0 a 3 años, una bajada de ratios y la adaptación de las escuelas infantiles al clima, sobre todo al calor, pues julio es lectivo en esta etapa educativa.

Rosa Marín, portavoz de la Plataforma de Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, asegura que la caja de resistencia que han creado a nivel regional supondrá un alivio a estas trabajadoras en huelga por sus derechos y el bienestar de los más pequeños. “Ahora estoy con los miles de peticiones de las compañeras que apenas cobraron el mes pasado”, asegura afónica de tanto protestar en la calle. Esta profesora de una escuela infantil municipal de la capital de gestión indirecta comenta que, “aunque a mí no es una cosa que me guste, es momento de dejarse ayudar, de que la familia nos apoye económicamente, para poder seguir resistiendo en las calles”.

Esa humilde entrada de dinero en las ya de por sí tiritantes cuentas bancarias de las profesoras de infantil es un empujón para continuar la lucha, pero quizá no suficiente. “Se agolpa el pago del alquiler, las facturas, la comida… Mi padre murió hace tres años y ya estoy utilizando parte de la herencia para resistir”, añade Marín, quien admite que el “abandono y maltrato institucional” que sufre su sector es “tan brutal que ya no podíamos seguir paradas”. Han decidido moverse. Prueba de ello es la concentración del pasado jueves en la Puerta del Sol de Madrid, a la que acudieron más de 2.000 personas y en las que se escucharon cánticos como “con esta ratio, no entramos ni en el patio” y “no guardamos, educamos”.

Un mercadillo para el apoyo de las familias

Este mes de huelga, que por primera vez en la historia se ha extendido a nivel estatal, ha hecho mella en la cuenta bancaria de María, una profesora infantil en Vicálvaro, también de gestión indirecta. “Vamos por la quinta semana de huelga y sobrevivo gracias a la ayuda de mi pareja. Luego tengo a mi madre, que si te compra esto o aquello, o me ayuda con la comida en táperes”, ilustra. Todo apoyo, por nimio que sea, será un granito para esta montaña con la que las trabajadoras intentar aplacar el paso del tiempo, de la protesta, y con ella el dejar de cobrar cada jornada de reivindicación y de generar días de vacaciones y paga extra.

Muchas escuelas infantiles se están organizando para no perder fuerza. En la de María, por ejemplo, la dirección les ha permitido organizar un mercadillo en la zona de entrada, en un patio pequeño. Ahí venden cosas hechas a mano y algunos alimentos, como empanadillas caseras, bizcocho y galletas. Otras compañeras han hecho marionetas, broches y marcapáginas, y también han llevado cuentos y juguetes de sus hijos por si pudieran tener una segunda vida. “Las familias responden dentro de sus posibilidades”, enfatiza la vilcalvareña. También colaboran junto a la asociación de familiares de alumnado (AFA) para llevar a cabo un mercadillo en el barrio.

En el caso de María, su nómina está en los 1.090 euros al mes. En abril ha cobrado 500 euros, por la primera semana de abril que fue previa a la huelga y las jornadas de servicios mínimos que sí ha realizado. En total, ha secundado los paros 12 días. “Yo no sé cuánto se podrá sostener esto en el tiempo”, duda.

En la escuela infantil de Sandra Padilla, ubicada en Alcalá de Henares y de gestión indirecta, venden pulseras y camisetas que hace una compañera con una máquina de coser en su casa. “Nos están descontando entre 50 y 60 euros por día. Vivo sola y pago una hipoteca de 480 euros, y normalmente gano 1.140. Sobrevivir siempre es un encaje de bolillos, mucho más ahora”, relata. Desde su punto de vista, la ayuda de las AFA se torna crucial para poder mantener esta lucha también orientada al bienestar y correcto desarrollo y atención de las criaturas.

Tal y como añade esta educadora, el apoyo de los progenitores ha sido tal que hasta algunos de ellos se han pedido vacaciones en sus trabajos para no llevar a los pequeños a la escuela y así reducir el trabajo de las compañeras en servicios mínimos.

Cuadrar los servicios mínimos

El encaje de bolillos también ha llegado a la hora de realizar los servicios mínimos para que no siempre tengan que acudir de manera obligatoria al trabajo las mismas profesionales. Lucía Martínez, educadora en una escuela municipal de gestión indirecta en Madrid, señala que “hacemos todo lo que podemos para rotar entre nosotras y que no siempre tengan que trabajar las mismas”. Este abril, ella ha hecho 13 días de huelga, lo que se ha traducido en cobrar unos 600 euros. “Mi salario líquido se queda en 1.100 euros, habitualmente. Tengo claro que me voy a buscar la vida para aguantar lo que haga falta”, recalca.

Y en ese buscar la vida, las aportaciones económicas a la caja de resistencia por parte de numerosos colectivos sociales lo intentan hacer todo más fácil. “Pensaba que iba a ir bien, pero es que va fenomenal. No nos esperábamos tanto apoyo de otras organizaciones”, esgrime Martínez. En este sentido, la huelga está dando sus frutos, pues han estrechado lazos con luchas como las de los bomberos forestales, las kellys y las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria. Según comenta esta educadora, la solidaridad les ha ayudado a darse cuenta de que “solo juntos podremos salir de esta”.

Marín, la portavoz de la Plataforma madrileña, incide en la importancia de que las condiciones laborales y el estado de las escuelas mejore, unas demandas que tildan de “urgentes”: “Nuestra precariedad en las aulas afecta al vínculo con las criaturas, a su regulación emocional. Es imprescindible que nuestras condiciones nos permitan estar tranquilas y calmadas, porque los más pequeños se sentirán seguros, atendidos, observados y queridos”, se explaya. Para ello, la Administración debe realizar los cambios necesarios para colmar sus demandas. Tras años de exigencias sin respuesta, la educación 0-3 está en pie de huelga.

El malestar docente del que veníamos hablando estas semanas ha explotado y España vive en este momento una situación que me atrevo a llamar histórica: hay dos huelgas docentes indefinidas simultaneas. Por un lado están las educadoras de Infantil, que en Madrid llevan cinco semanas (y sumando) y que el pasado jueves consiguieron el apoyo de todo el país para convertir su paro en nacional; por otro, el profesorado de la Comunitat Valenciana comenzó este lunes también una huelga general indefinida.

Empiezo por esta última, que es la más reciente y era algo que no se veía en la comunidad desde hace 38 años. Es histórica en sí misma y no responde a la ocurrencia de un sindicato: la convocan STEPV, CCOO, UGT y CSIF, la la secunda ANPE y la respaldan las familias agrupadas en Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya, así como del Sindicat d'Estudiants. Ayer lunes, primer día, hubo un seguimiento “masivo” y miles de docentes se manifestaron contra el presidente Pérez-Llorca.

Los docentes valencianos exigen la derogación inmediata de la Ley Rovira, que pone en peligro el valenciano como lengua educativa en la escuela, ratios más bajas y recursos suficientes, menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado, infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados; también mejoras salariales y condiciones laborales dignas para el profesorado y dignidad, reconocimiento y condiciones laborales justas para todo el personal educativo.

Más allá de la particularidad del idioma, sus reivindicaciones son un pequeño compendio de las cuestiones que tienen en pie de guerra a media profesión por todo el país.

Algunas de ellas, como las ratios o los salarios, son compartidas con las educadoras de infantil, que de largo son el colectivo peor tratado de todo el sistema educativo. Os hemos contado otras veces las condiciones en las que ejercen, aquí os dejo una pieza desgranando los motivos de este paro, que so riesgo de repetirme es histórico: por indefinido en Madrid y porque la huelga general estatal del pasado jueves fue pionera, nunca antes se había hecho en esta etapa.

La situación en Madrid, origen de la protesta, es mala. Probablemente peor que en otros territorios, pero en todas partes cuecen habas en Infantil. Se manifestaron en Andalucía, en Aragón, en Galicia, en Asturias y en Catalunya, entre otros lugares. El día 23 todas esas manifestaciones convergen en Madrid, donde se espera una gran marcha para llamar la atención de la realidad de un sector básico. Es una huelga, además, con la que es fácil empatizar; cuando se conocen las condiciones en las que trabajan estas profesionales solo se les puede dar la razón.

No me extiendo más con este tema, que quiero contaros otras cosas de interés como la increíblemente torpe maniobra de la Generalitat con sus profes. Sí os animo a entrar en los detalles a través de los enlaces que os dejo, sobre todo en el caso de Infantil, donde el desconocimiento de la mayor parte de la sociedad de las condiciones de trabajo de estas maestras y educadoras es la mejor baza de las administraciones para que nada cambie.

Esta semana hemos hablado de...

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Las familias del alumnado del CEIP Eloy Villanueva de Monte han trasladado su preocupación por la falta de condiciones adecuadas para garantizar caminos escolares seguros para los niños y niñas de la zona.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha organizando una marcha este sábado en la que han participado cerca de dos centenares de personas en bici, patines, patinete y a pie, en un recorrido que ha partido del centro escolar y ha concluido en el parque Ateca.

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro escolar público han recordado que, en los últimos años, Monte ha experimentado un crecimiento significativo en población, incluyendo un notable aumento de menores en edad escolar.

Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de una adecuada inversión en infraestructuras peatonales, lo que obliga a muchos niños a desplazarse al colegio por calzadas sin aceras, compartiendo espacio con vehículos y asumiendo riesgos innecesarios.

Así, consideran prioritario que el Ayuntamiento de Santander impulse medidas específicas orientadas a garantizar la seguridad de los menores en sus desplazamientos diarios.

Para ello, su propuesta pasa por actuar tanto en las⁠ zonas aún no desarrolladas (actualmente prados o suelos sin urbanizar), acometiendo la construcción de aceras y recorridos peatonales seguros sin supeditar estas actuaciones al desarrollo por parte de promotores privados, como también en las zonas ya construidas. En estas últimas proponen medidas como reordenación del tráfico en calles estrechas sin aceras, priorizando la conversión a sentido único para liberar espacio peatonal; la implantación de plataformas compartidas con prioridad peatonal o de semáforos que reduzcan el riesgo para los peatones.

Estas actuaciones no solo mejorarán la seguridad de los menores, sino que fomentarán la autonomía infantil, la movilidad sostenible y una mayor calidad de vida para todo el barrio, han considerado.

Por todo ello, han solicitado la elaboración de un estudio específico de caminos escolares seguros en el barrio de Monte y la inclusión de estas actuaciones como prioridad en los planes de inversión municipal.

Más de treinta educadoras infantiles están sentadas en círculo en un aula. Visten de amarillo, el color que ha teñido las movilizaciones con las que estas profesionales están reclamando unas condiciones más dignas para ejercer su labor. Llevan un mes en huelga indefinida y este fin de semana se han encerrado en una escuela de Rivas-Vaciamadrid para hacerse escuchar.

“Llevamos muchos años con muchas luchas pequeñitas y, como las pequeñitas no han dado resultado, nos hemos tirado a la piscina”, explica Lucía Martínez, miembro de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles y una de las organizadoras de este encierro. Entre sus principales demandas, destaca la reducción del número de niños y niñas que atienden en cada aula: “No podemos trabajar con las ratios que manejamos. Cualquier persona que ha tenido un hijo o una hija y ha pasado por tener un bebé en brazos sabe que es imposible tener más de uno, más de dos ni más de tres”.

Otra reivindicación que defiende es que haya dos profesionales por aula, lo que se conoce como pareja educativa. “Es una herramienta pedagógica muy potente en estas edades para tener dos visiones, dos modelos a los que mirar, y asegurar la vinculación de todas las criaturas”, expone esta profesional. También pide una subida “urgente” de sus sueldos: “Muchas compañeras están cobrando el salario mínimo interprofesional, que no es acorde ni a la categoría profesional ni a la responsabilidad que tenemos”.

Las educadoras iniciaron su encierro en la escuela infantil Platero este viernes por la tarde, una vez se había vaciado de niños y niñas. Más de treinta profesionales de la enseñanza de 0 a 3 años de distintos centros madrileños se reunieron en asamblea en una de las aulas y empezaron a organizarse. Hablaron de cómo confeccionar carteles, de en qué ámbito centrar sus reivindicaciones, de cómo se iban a administrar para comer… Y se repartieron en turnos con el objetivo de alargar el encierro durante todo el fin de semana.

“Estamos haciendo una red preciosa. Hemos tejido una red de lazos amarillos en la que hemos conocido a muchísimas compañeras que quieren participar. Está muy activo el equipo”, valora Martínez. “No esperábamos tanta respuesta. Sabíamos que la gente estaba cansada, que necesitaba un revulsivo, pero no esperábamos que desde el primer día hubiera un ‘Ya está bien, estamos cansadas y, para lo que cobramos, si un mes no cobramos, pues ya veremos’”, destaca sobre el seguimiento que ha logrado la huelga a lo largo del último mes.

La respuesta que han encontrado por parte de las administraciones es desigual. En el caso del Gobierno estatal, la activista pone en valor la disposición al diálogo que les han mostrado: “El primer día que nos concentramos en la puerta del Ministerio de Educación, bajaron a buscarnos para que subiéramos a hablar”. Desde entonces han mantenido tres reuniones, en las que reconocen avances: “Nos han dado un par de herramientas que creen que pueden ser los caminos para trabajar en una parte de las reivindicaciones que tiene que ver con las competencias del Ministerio, que son las ratios y las horas no lectivas”. No han encontrado la misma mano tendida en la Comunidad de Madrid: denuncian que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con amplias competencias en el ámbito de la educación, no les ha recibido desde que empezaron la huelga.

En cuanto a los ayuntamientos, también hay respuestas desiguales. Mientras lamentan que el de la capital no ha tenido ningún acercamiento con ellas, en el caso de Rivas hay mayor sintonía. Su alcaldesa, Aída Castillejo (IU-Más Madrid-Verdes Equo), acudió este viernes a la escuela Platero a mostrar su apoyo a las trabajadoras movilizadas y se puso la camiseta amarilla de sus reivindicaciones.

“Las educadoras de 0-3 están pidiendo dignificar esta etapa, que a veces se considera solo de cuidados, como la etapa educativa fundamental que es”, valora Castillejo en declaraciones a elDiario.es. “Eso pasa por la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales, pero en base a eso también solicitan una bajada de ratios que a quien primero beneficia es a los niños y a las niñas”, defiende la alcaldesa de este municipio de 100.000 habitantes, y traslada “la felicitación y el abrazo colectivo de esta ciudad a las educadoras, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento” a una lucha que considera que es “muy difícil sostener” durante tanto tiempo.

Casi todas las profesionales que están participando en este encierro son mujeres, de diferentes edades. Una de ellas, Miriam, ve relación entre el género mayoritario en el sector y los salarios que reciben. “En las etapas en las que menos hombres hay, peores condiciones tenemos. Según van apareciendo hombres en el momento educativo… Vas a primaria y hay un salto en las condiciones, en el dinero y en todo. Vas a secundaria, donde ya hay muchos más hombres, y hay otro valor”, denuncia.

Miriam, que lleva un mes participando en la huelga, defiende que la educación infantil es un “pilar” en el que los niños y niñas adquieren “autonomía y valores” y “aprenden a ser ellos, a ser ellas, a identificar emociones y a ser adultos funcionales”. Por eso pide a la consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo, que les escuche y “entienda el valor de esta etapa educativa”. “Hemos estudiado y seguimos formándonos. Estamos dando unos cuidados profesionalizados. Hay gente que dice ‘es que solo cuidáis’, pero cuidar es de lo más importante que le puedes regalar a una persona”, reivindica.

Esta maestra reconoce que la huelga está teniendo un impacto sobre los niños y niñas, a quienes tienen que reagrupar para que los atiendan las profesionales en servicios mínimos. “Están desconcertados, están sufriendo mucho y a nosotras nos da mucha pena, y creo que también hemos tardado tantos años en ponernos en una huelga así, aparte de porque es muy difícil de sostener, porque precisamente nos da pena. Pero tenemos que luchar y nos repetimos todos los días que es por su futuro y por su bienestar”, traslada.

Entre las familias hay quienes comparten que esta movilización es en beneficio de sus hijos e hijas y quienes no lo ven así. “Encontramos a familias muy implicadas, que entienden nuestra lucha y la apoyan de muchas maneras: nos hacen camisetas, nos mandan mensajes incluso en los pañales que nos traen de cada peque”, agradece Miriam. “Otras no terminan de entender esta lucha y nos llegan a decir que los niños del presente no tienen que sufrir para que los niños del futuro estén mejor. Frases que realmente nos duelen porque si estamos luchando precisamente es por ellos y por ellas, para que cuando se incorporen el 1 de septiembre tengan unos brazos que les acojan”, defiende desde el pasillo de la escuela infantil Platero.

Un rato después de comenzar el encierro, algunas de las trabajadoras leyeron ante sus compañeras un manifiesto en el que proclamaban: “Sin nosotras no hay educación infantil y sin educación infantil no hay futuro”. Un futuro que por el momento sitúan en permanecer en esta escuela durante todo el fin de semana y en continuar con su movilización más allá: “Seguiremos organizándonos, saliendo a las calles y alzando la voz todas las veces que haga falta hasta que se nos escuche de verdad. Lo que defendemos no es solo nuestro trabajo, es el futuro de la infancia y de toda la sociedad. Porque educar también es luchar, porque cuidar también es resistir”.

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una moción presentada por el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, en la que se pedía la realización de una auditoría sobre la utilización de los 15 millones de euros de fondos europeos para la creación de 1.518 nuevas plazas públicas en educación infantil, de las que hasta este momento no se han creado más 252. La propia consejera Begoña Pedrosa afirmó recientemente en la Cámara que en total, a finales de este año, no se crearán más de 663. La moción de Sumar pedía también la creación de una comisión de investigación parlamentaria para “indagar sobre la gestión política en el incumplimiento de los objetivos comprometidos” en estos fondos, que se recibieron en 2022, pero la iniciativa ha decaído después de contar únicamente, además de con su voto, con el de los parlamentarios de EH Bildu.

En lugar de la moción de Sumar, ha salido adelante la enmienda a la totalidad presentada por los partidos del Gobierno vasco, PNV, PSE-EE. Sólo ha tenido sus votos. “Pone en valor la gestión de los fondos” que está llevando a cabo el Departamento de Educación, el Consorcio Haurreskolak y los distintos agentes locales “como un ejemplo de colaboración interinstitucional para reforzar la oferta pública de plazas en la etapa de infantil que el sistema educativo vasco necesita”. Los parlamentarios instan a Educación a “seguir reforzando el servicio gratuito y universal que presta el Consorcio Haurreskolak como servicio público” y a seguir “impulsando y ampliando la oferta educativa pública, gratuita y universal de la etapa 0-2 años ”teniendo en cuenta la demanda real existente y cuidando la adecuación de los servicios que presta el Consorcio Haurreskolak a las necesidades de las familias“.

Desde los partidos del Gobierno han defendido la necesidad que se creen las plazas según la necesidad. “No trata de ponerse a crear plazas con el único objetivo de justificar el gasto o llegar a una cifra que se nos impuso como si la realidad de todas las comunidades autónomas y la necesidad de todas las comunidades autónomas fuera la misma”, ha señalado el representante del PNV, Aritz Abaroa. “La gestión de los fondos requiere de planificación, de colaboración con los ayuntamientos, que, como bien sabe, son ellos quienes deben solicitar y activar los mecanismos para la creación de centros y plazas que necesitan. Requiere de estrategia de cara al futuro, atendiendo también a la realidad demográfica, que es una realidad”, ha señalado. Y ha recordado que como ya ha señalado la propia consejera se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio para adaptar el uso de los fondos a las necesidades reales que tienen las familias vascas.

De igual forma, Estíbaliz Canto, desde el PSE-EE, ha insistido en la necesidad de “poner en valor la gestión compartida del Departamento, del Consorcio Haurreskolak y de los agentes locales para seguir reforzando el servicio gratuito y universal que se presta desde el consorcio, que se siga impulsando y ampliando la oferta pública de cero a dos años, teniendo en cuenta la demanda real y la adecuación del servicio a las necesidades de las familias”. No obstante ha reconocido que hay que “seguir ampliando la oferta pública donde se necesita”. “Hay que trabajar con los ayuntamientos. Hay que aprovechar todos los márgenes disponibles, y evidentemente con transparencia, planificación y lealtad institucional”, ha indicado.

Por su parte, Ikoitz Arrese de EH Bildu ha criticado, como ha hecho Sumar, que el Departamento de Educación “no ha sido capaz de explicar qué ha hecho con ese dinero procedente de Europa, qué piensa hacer y cómo lo va a justificar” y ha pedido “para recuperar los consensos que construimos en torno a la Educación de 0 a 3 años que se aclare ”de la manera más transparente posible, todo lo relativo al dinero no invertido“.

El PP, a través de la parlamentaria Muriel Larrea, ha defendido la libertad de los padres de poder elegir entre la educación pública y la concertada y ha considerado que “construir plazas públicas donde ya haya oferta es una malversación de oportunidades”. “Lo que este Gobierno debería estar haciendo es negociar con el Ministerio para que esos 15 millones puedan destinarse a lo que de verdad importa: que la plaza sea asequible para la familia, independientemente de quién sea el dueño del edificio o de quién contrate a los trabajadores”, ha planteado.

La Junta de Castilla y León estima en un 18,78 por ciento el seguimiento en las escuelas infantiles dependientes de la administración autonómica de la huelga convocada este jueves, en centros públicos y privados, por CC,OO y CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles para exigir una bajada de ratio y mejorar las condiciones laborales y económicas de educadores.

El portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el seguimiento de la huelga ha sido muy heterogéneo: del 39,6 por ciento en Burgos pero solo del 2,2 en Soria, ha puesto como ejemplo.

El modelo de la escuela infantil, un ejemplo a seguir

Ha defendido el modelo de la escuela infantil dependiente de la Junta de Castilla y león, que a su juicio podría ser un ejemplo a seguir para los centros tanto municipales como privados pues sus profesionales cuentan con unas mejores condiciones laborales, reconocido por los propios implicados, ha indicado.

Tras reconocer que buena parte de las reivindicaciones “tienen mucho sentido”, ha reconocido que estas demandas son de carácter nacional y que Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas que tienen extendida la gratuidad de la educación en la etapa de cero a tres años, y que las condiciones laborales de sus profesionales “son mucho mejores y, por tanto, servirían de referencia”.

Alrededor de 22.000 beneficiarios suma en Castilla y León esta etapa educativa con una inversión propia sobre la cual quizá ahora hay que hacer una reflexión nacional porque “sería bueno ver si pudiera haber aportaciones nacionales para las comunidades que aún no han desarrollado el modelo”, ha apuntado.

No obstante, ha recordado, hay que respetar la negociación colectiva de los trabajadores, por una parte, y también la autonomía de las distintas entidades locales, ayuntamientos o incluso entidades que no son públicas, que prestan este servicio.

Datos

Por provincias, Burgos (39,6) y Palencia (31,03) han sido las que más han secundado esta jornada de huelga, por delante de Ávila (21,28), Valladolid (19,19), Salamanca (13,76), Segovia (13,75), León (11,02), Zamora (4,17) y de Soria (2,17).

En Castilla y León han secundado la huelga 138 de los 735 profesores de escuelas infantiles (0-3 años), el 18,78 por ciento. 

La huelga de Educación Infantil (0-3 años) convocada a nivel estatal por los sindicatos ha sido calificada de “histórica” en Aragón, donde el seguimiento en los centros públicos ha alcanzado el 50% del personal. La movilización, impulsada por CCOO y CGT, ha puesto el foco en la precariedad estructural del ciclo, las elevadas ratios y la falta de reconocimiento laboral. Por provincias, el respaldo ha sido desigual: un 91% en Teruel, un 48% en Huesca y un 47% en Zaragoza. En contraste, entre el personal técnico de Educación Infantil que trabaja en contratas el seguimiento ha sido nulo, con la totalidad de la plantilla acudiendo a sus puestos. No hay datos sobre centros privados.

Desde CCOO han destacado el carácter “masivo” de la jornada, subrayando que, pese a unos servicios mínimos que califican de “abusivos”, las protestas han tenido una amplia respuesta en las calles. Bajo el lema de la dignidad laboral y la calidad educativa, las trabajadoras han denunciado un sistema “fragmentado” que, a su juicio, genera desigualdad salarial, sobrecarga laboral y pone en riesgo tanto la salud de las profesionales como la atención al alumnado.

El secretario de acción sindical de la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO Aragón, Juan Leyva, ha reclamado “un cambio de rumbo político inmediato” y ha advertido de que el ciclo 0-3 “no puede seguir siendo la etapa educativa discriminada, fracturada y en manos de administraciones no educativas”. En la misma línea, Alberto Echevarría, responsable de privada de la Federación de Enseñanza, ha señalado que la precariedad del sector responde a “un diseño basado en la externalización, la falta de inversión y la falta de reconocimiento”.

Para CGT “el sector del 0-3 está sostenido sobre la explotación sistemática de sus trabajadoras, sufriendo ratios inasumibles, salarios de miseria, jornadas interminables, falta absoluta de reconocimiento, yuna responsabilidad enorme: cuidar, educar y sostener la vida desde sus primeros años”. Desde el sindicato han señalado directamente “a quienes son responsables de esta situación: al Ministerio, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos: su dejadez y complicidad han permitido que el 0-3 sea un negocio en lugar de un derecho. Es su responsabilidad garantizar una red pública, gratuita, universal y de calidad”. También se apunta a las patronales del sector, que “han construido su beneficio sobre la precariedad de las trabajadoras. No hablan de educación, hablan de rentabilidad”.

Critican que “muchas direcciones de centros y empresas y de ayuntamientos han intentado boicotear esta huelga, insistiendo a las trabajadoras en que no tenían derecho a huelga, no permitiendo informar a las familias de la existencia y los motivos de la huelga, establecido servicios mínimos”. Por otra parte, el Departamento de Educación ha impuesto, según CGT, “unos servicios mínimos que consideramos abusivos y que estamos valorando desde CGT denuncia, ya que han limitado y en muchos casos impedido que las trabajadoras pudieran ejercer su derecho a huelga, especialmente en escuelas pequeñas, si de verdad este sector es esencial —y lo es—, que se note, que se reconozca en derechos y en recursos”.

Las principales reivindicaciones pasan por la reducción de ratios, la implantación de la pareja educativa en las aulas y una mejora salarial, así como una integración efectiva del ciclo 0-3 en el sistema educativo con condiciones homogéneas.

El Gobierno de Aragón se desmarca

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha restado responsabilidad al Ejecutivo autonómico y ha enmarcado la protesta en el ámbito estatal. “Es una huelga contra el Gobierno de España”, ha afirmado, señalando que las demandas del sector “no han sido incluidas en la nueva ley que se ha llevado al Consejo de Ministros”.

Antes de una visita al IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel), Susín ha insistido en que el paro “no es contra el Gobierno de Aragón” y ha expresado su respeto al derecho a huelga, aunque ha reiterado que las reivindicaciones deben dirigirse al Ejecutivo central.

En paralelo, la consejera ha avanzado que, tras su reciente llegada al cargo, prevé reunirse “en los próximos días” con la comunidad educativa para abordar distintas demandas del sector, entre ellas la regulación de las actividades extraescolares.

La jornada de protesta continuará esta misma tarde en Zaragoza, con una manifestación convocada a las 17:30 horas en la Glorieta Sasera. Además, los sindicatos han llamado a una gran movilización estatal el próximo 23 de mayo en Madrid para exigir un modelo de educación infantil 0-3 “público, universal, gratuito y con condiciones laborales dignas”.

Unas 300 personas, en su mayoría educadoras infantiles, junto a representantes sindicales y del PSOE y Unidas Por Extremadura, se han concentrado este jueves ante la Consejería de Educación y Formación Profesional, en Mérida, para reivindicar mejoras en su trabajo, el mismo tratamiento que para otras etapas educativas y dejar claro que “no son guarderías”.

Así lo ha manifestado Laura Gordón González, en nombre de la Asociación de Educadores Infantiles de Extremadura (ASEDINEX), con motivo de protesta organizada dentro de la huelga general convocada a nivel nacional por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

Gordón González, que ha destacado el respaldo a sus demandas por parte de CCOO, UGT, CSIF y SGTEx, ha incidido en que “la gota que ha colmado el vaso” es que en la última ley educativa se hayan bajado las ratios a todas las etapas educativas, incluida el segundo ciclo de Infantil, pero se haya excluido al de 0-3. A su juicio, la actuales ratios “son abusivas”, ya que, por ejemplo, para 0-1 años, una sola persona debe encargarse de 8 bebés “a los que dar de comer, mover cunas y darles el cariño y atención que necesitan”, de 1-2 años es una persona por cada 13 niños y 18 niños para el tramo 2-3.

La representante de la asociación ha precisado que hay niños con con necesidades educativas especiales, que antiguamente contaban como dos plazas y ahora como una, y ha acusado a la Consejería de Educación de que “les importa la cantidad, no la calidad, cuanto más niños hayas por metro cuadrado mejor”. También ha hecho un llamamiento a que se tenga en cuenta que educan “desde los cimientos” y que “enseñar no solo es escribir y aprender a leer, también es enseñar rutinas, autonomía y a socializar”

Laura Gordón también se ha referido a la cuestión salarial y a la necesidad de que se iguale el calendario, ya que estos niños son más pequeños “y tienen el mismo derecho que el resto a tener las mismas vacaciones” y no estar 11 meses metidos en el centro, soportando, a veces, las altas temperaturas del mes de julio. Asimismo, se demanda a la Junta la negociación del quinto convenio colectivo “que lleva desfasado desde 2018” y se necesita reclasificar categorías y más apoyo en las clases, fundamentalmente la “pareja educativa”.

Por todo ello, ha instado a la Consejería de Educación a que atienda sus peticiones de reunión para abordar los problemas de esta etapa que “está totalmente olvidada” y corregir “el desconocimiento total que se tiene de la profesión”.

“No somos guarderías, somos escuelas infantiles, los jardines de infancia antiguos de nuestras abuelas y nuestras madres ya dejaron de existir, ya pasaron. Nosotros somos educadoras, tenemos formación y por eso estamos aquí, para exigir todos nuestros derechos y hacernos visibles”, ha concluido.

Por parte de CCOO, Manuel Nicolás ha hecho hincapié en que el principal problema es clarificar en Extremadura cual es el modelo educativo 0-3 años que se quiere, lo que obliga a competir y abarata los costes.

Según ha indicado este sindicato, en Extremadura hay 82 aulas de 0-3 años en colegios públicos y algunos de ellos ni tienen esa línea, con lo que es insuficiente para prestar este servicio, y la Junta “ha optado por externalizar y privatizar este servicio” y con los conocidos “cheques” con los que pagar parte del coste de estas guardería. Han añadido que ese no es el modelo por el que apuesta CCOO, que debe ser de gestión directa y pública para todo los ciudadanos que lo necesiten.

Al acto ha asistido la portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, que ha rechazado el “modelo de negocio” que, a juicio del PSOE, está impulsando María Guardiola en la región, y la coordinadora de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha pedido “un vuelco” en este tramo de edad “porque no son guarderías donde dejar aparcados a los niños”. 

Una educadora sola para atender a ocho niños en un aula. Pañales, biberones, llantos, bebés que empiezan a caminar, otros que necesitan dormir y, entretanto, ningún margen para detenerse. Esa es la realidad que describen las trabajadoras de las escuelas infantiles en Andalucía. “Puedes darles de comer, pero no mirarlos a los ojos”, resume Nieves Terriza, portavoz de la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles.

Esa “frustración constante” que sienten al ver que “no llegamos a atenderles como realmente merecen” ha llevado a trabajadoras de toda Andalucía a secundar este jueves una jornada de huelga y protestas convocada a nivel estatal por CGT y CCOO en el primer ciclo de Infantil (0-3 años). Denuncian ratios “insostenibles”, falta de recursos y una precarización creciente en un sector cada vez más privatizado.

“Estamos sosteniendo la educación infantil a costa de nuestra salud física y mental”, lamenta Terriza, poniendo voz a un malestar compartido por educadoras de toda la comunidad. Por eso, han convocado concentraciones en las ocho provincias andaluzas en defensa de “unas condiciones dignas tanto para las trabajadoras como para el alumnado”. Son ellos, los más pequeños, quienes sufren la falta de inversión y recursos que denuncian desde el sector.

Privatización y precarización

El conflicto laboral llega en plena transición hacia la gratuidad total del primer ciclo de Infantil en Andalucía, donde cerca del 80% de las plazas están en manos privadas. Hace dos meses, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que el próximo curso serán gratuitas también las plazas para menores de uno a dos años, completando así la bonificación al 100% de la escolarización de esta etapa educativa.

La red andaluza de escuelas infantiles está formada mayoritariamente por centros privados, fundados por pequeñas empresas en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). Este modelo de conciertos –impulsado en su día por el PSOE– buscaba compensar la escasa oferta pública, optando por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización, pagando a las escuelas una cantidad fija por plaza.

Las trabajadoras denuncian que el modelo se está expandiendo sin que mejoren las condiciones laborales ni los recursos en las aulas. “El dinero público y la gestión de los centros están en manos de empresas privadas, pero las instituciones no supervisan que los decretos y los convenios se cumplan”, sostiene Terriza. A ello suma que “la financiación es totalmente insuficiente y eso acaba repercutiendo en que el sector está más precarizado”.

La protesta de este jueves llega semanas después de las concentraciones celebradas en Sevilla y Málaga el pasado 18 de abril, como antesala de la huelga. Entonces, las educadoras pusieron el foco en la reducción de ratios y en la mejora de las condiciones laborales del personal docente. De esta forma, la plataforma marca distancias con las reivindicaciones de las asociaciones de las patronales del sector, centradas en reclamar una subida del llamado “precio-plaza”, la cantidad que la Junta abona por cada alumno matriculado.

“Nosotras no compartimos esa reivindicación porque ese dinero termina en manos de empresas privadas”, señalan desde la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles. “Lo que reclamamos es una mayor inversión y que se articulen los mecanismos necesarios para desprivatizar el sector, ya que la continuidad de este modelo solo mantiene la precariedad de las trabajadoras y de la educación que se le da a la infancia”, añaden.

Una etapa educativa “de pleno derecho”

La principal reivindicación de la plataforma es que el ciclo de 0 a 3 años sea reconocido “como una etapa educativa de pleno derecho” y que sus profesionales tengan consideración de personal docente. “El ciclo 0-3 es una etapa clave en el desarrollo infantil y debe considerarse como una etapa educativa más, de ahí nuestra lucha por la dignidad del sector”, defiende Nieves Terriza.

Las educadoras insisten en que el problema no se limita a sus condiciones laborales. Alertan de que las ratios actuales impiden una atención individualizada en una etapa fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores. “Cuando tienes que atender a tantos niños a la vez, el cuidado acaba reducido a cubrir necesidades básicas”, lamentan.

“Y más cuando te encuentras niños con necesidades específicas de apoyo educativo, que realmente no reciben una educación inclusiva porque para eso necesitan recursos personalizados que ahora mismo no tienen”, asegura Terriza, subrayando la importancia de un ciclo que “sustenta la base de todas las etapas educativas”.

Llevan un mes en Madrid. No piensan parar y están ganando adeptas por todo el país: la huelga de la educación infantil que empezó la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de la mano del sindicato CGT se expande al resto de España, ahora con el apoyo de CCOO. De A Coruña hasta Almería, unas 11.000 escuelas de todo el sector, que acogen cada día a medio millón de niños y niñas, están convocadas este jueves a secundar las movilizaciones y paralizar los centros en lo que será un paro histórico: es la primera huelga general de Infantil en España.

“Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, han enumerado como las principales reclamaciones Rosa Marín y Lucía Martínez, de PLEI.

CCOO añade la necesidad de unificar un sector que hoy en día está atomizado: hay hasta diez modelos diferentes de escuelas infantiles, denuncian las organizaciones, en función de quién sea el propietario del centro —público o privado— y el modelo de gestión —directa por parte de la administración, sacada a concurso público o privada pura—, lo que genera condiciones laborales muy diferentes para trabajadoras que realizan la misma labor. Con carácter general, las maestras y educadoras infantiles que trabajan para el estado tienen una situación sensiblemente mejor que las empleadas privadas. Todas ellas sienten, sea cual sea su caso, que no se reconoce su labor y que trabajan en condiciones imposibles: una sola maestra tiene que atender a ocho bebés de un año, entre 12 y 14 de dos o 18 de tres.

Cuidar bebés por el SMI

Hay miles de trabajadoras por toda España cuidando bebés de cero, uno, dos o tres años por poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El nuevo convenio, firmado el año pasado, mejoraba las condiciones, pero no de manera automática; solo para quien firmara un contrato después de su entrada en vigor. Esto ha generado categorías no solo entre pública y privada, también dentro de la privada. Hay maestras firmadas como técnicas ganando apenas 1.200 euros al mes.

Pero la huelga no es solo por las trabajadoras. Muchas escuelas infantiles no están climatizadas ni tienen unos patios “suficientes”, ha explicado Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

También faltan plazas públicas, lo que aboca a muchas familias a recurrir al sector privado, con precios de hasta 500 euros al mes, o no poder llevar a sus hijos a una por motivos económicos. Save the Children calculó que existe una gran diferencia en el acceso a la educación infantil en función del estatus familiar: los hogares socioeconómicamente más favorecidos utilizan este recurso el doble que los más humildes, generando así un efecto Mateo, que quien más tiene más recibe. Porque acudir a una escuela infantil, dice la literatura científica, mejora el rendimiento académico futuro. Entre los que fueron uno o ningún año hay un 24,1% de bajo rendimiento; entre quienes pasaron tres o más años, apenas supera el 6%.

En los últimos años, el Gobierno central ha apostado por esta etapa, aunque no tanto por sus trabajadoras. Moncloa ha destinado 670 millones de euros a abrir 45.000 plazas públicas. La inversión ha surtido sus efectos con carácter general y la matriculación en la etapa, que no es obligatoria, ha subido hasta un 55%, por encima del objetivo europeo del 45%. Pero persisten las diferencias entre comunidades autónomas. Regiones como Andalucía, Cantabria, Euskadi o Madrid presentan tasas de matriculación con dos años del 80% o más, mientras Asturias, Canarias o Murcia se mueven en torno al 40%. Además, hay regiones, como la andaluza, que siguen apostando por reforzar su red privada y rechazaron esta partida porque prefieren bonificar las matriculaciones. Esto es, pagarle las cuotas a las familias y que vayan a las privadas, en vez de abrir plazas públicas.

La igualdad entre autonomías, tanto a nivel de oferta como de condiciones laborales, es otra de las peleas de las trabajadoras del sector. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene Marín, de PLEI.

Las organizaciones sindicales también han criticado los servicios mínimos, fijados en un 50%. “Queremos hacer mención especial a todas las compañeras a las que los servicios mínimos abusivos les han impedido ejercer su derecho a huelga. Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas. Cuando se trata de derechos, de financiación y de reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y de garantizar la conciliación, se nos declara esenciales. No se puede ser invisible para lo importante y obligatorias para lo urgente”, han explicado desde PLEI.

Enfrentamiento entre Madrid y el Ministerio de Educación

El epicentro de la protesta es la Comunidad de Madrid, donde empezó la huelga y que presenta, probablemente, las peores condiciones de todo el país. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejos, cargó contra el Ministerio de Educación por no incluir el primer ciclo de Infantil en el proyecto de ley por el que bajará las ratios en Primaria y Secundaria (si lo aprueba el Congreso) y le exigió que regule el número de niños por aula también en esta etapa. El Ministerio ha recordado a la consejera que tiene competencias para hacerlo si así lo considera.

“La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa”, reza la carta, firmada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. De hecho, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya estableció unas ratios en 2008, de 8, 14 y 20 para uno, dos y tres años, respectivamente

Desde PLEI exigen una reunión con la consejera que aún no se ha dado. Sí lo han hecho con la ministra de Educación, Milagros Tolón, que anunció que antes del verano iniciará los trabajos para revisar las ratios. En cualquier caso, avisa su portavoz Marín, no van a parar hasta que consigan sus objetivos. “No volvemos a las aulas. Con estas condiciones, no vamos a volver”, anunció ayer en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid.

Los educadores de 0 a 3 años están llamados este jueves a la huelga a nivel estatal y a participar en una concentración convocada ante la sede de la Consejería de Educación, en Mérida, en demanda de mejoras laborales y salariales para estos profesionales, que tienen “una situación crítica”.

La convocatoria parte de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y cuenta con el respaldo de la Federación de Servicios Públicos de UGT y la Asociación de Educadores Infantiles de Extremadura (ASEDINEX). El objetivo es exigir a la administración soluciones urgentes a los problemas de desigualdad en las condiciones laborales y la falta de una normativa básica.

Según CCOO, en Extremadura la administración regional no ha negociado los servicios mínimos y los ha impuesto al 50%, algo que considera abusivos, además de que los comunicó ayer martes a medio día “sin margen para denunciarlos en el juzgado”.

Para CCOO, la mejora de las condiciones laborales debe abordarse mediante la negociación colectiva, pero advierte de que también es imprescindible una respuesta política y presupuestaria por parte de las administraciones. Con la concentración y huelga del jueves , se inicia un proceso de movilización que culminará con una marcha estatal en Madrid el próximo 23 de mayo.

Precariedad laboral

Según CCOO, la etapa de 0 a 3 años atiende en el conjunto del Estado a más de 468.000 niñas y niños y constituye un tramo educativo fundamental para la igualdad de oportunidades, la conciliación y el desarrollo integral de la infancia. Sin embargo, la realidad del sector sigue marcada por la falta de inversión pública, la precariedad laboral, las elevadas ratios, la insuficiencia de apoyos educativos y unas condiciones laborales que no se corresponden con la enorme responsabilidad social y educativa que asumen sus trabajadoras.

El sindicato denuncia “el abismo existente” entre la importancia de esta etapa educativa y las condiciones en las que se presta el servicio, especialmente en los centros de titularidad privada o de gestión indirecta. Por este motivo, entre las principales reivindicaciones de la huelga se encuentran la reducción de ratios, el reconocimiento pleno del carácter educativo de la etapa, la implantación de la pareja educativa, el refuerzo de apoyos para el alumnado con necesidades educativas especiales y la mejora de las condiciones laborales del conjunto de las personas trabajadoras del sector.

También reclama avanzar hacia un modelo universal, público, gratuito, equitativo y de calidad, que garantice oportunidades educativas para todos los niños y niñas desde los primeros años de vida. Para ello, considera imprescindible un plan de inversión estable y finalista que permita integrar plenamente el 0-3 en el sistema educativo, ampliar la red pública de prestación directa y abordar procesos de internalización en aquellas escuelas infantiles que se encuentran externalizadas.

Asimismo, el sindicato exige una regulación básica estatal que garantice unas ratios adecuadas, tomando como referencia las recomendaciones europeas: 4 niños y niñas por persona adulta en el tramo de 0 a 1 años, 6 en el tramo de 1 a 2 años y 8 en el tramo de 2 a 3 años.

También reclama apoyos suficientes para el alumnado con necesidades educativas especiales, de manera que la inclusión no dependa de la buena voluntad de los equipos educativos, sino de recursos reales y estables.

Revisión del convenio

En materia laboral, CCOO defiende la revisión del convenio estatal para mejorar y homogeneizar progresivamente las condiciones de las trabajadoras del sector, así como el desarrollo de mecanismos que aseguren la igualdad de condiciones para funciones equivalentes, con independencia del modelo de gestión del centro.

La organización sindical reivindica también la dignificación de las categorías profesionales, que las educadoras infantiles cuenten con el reconocimiento del grupo B, acorde con la titulación exigida, y en el ámbito privado como técnicas superiores de Formación Profesional, con los salarios correspondientes a dicha categoría profesional.

CCOO también plantea reducir el tiempo de atención directa mediante la ampliación de plantillas, reconocer como jornada efectiva las horas de atención indirecta necesarias para programar, organizar y evaluar, y garantizar la formación en horario laboral para adaptarse a los cambios curriculares, normativos y pedagógicos.

Por su parte, UGT defiende que esta etapa es plenamente educativa y no puede ser considerada asistencial ni identificarse con un modelo de guardería, por lo que solicitará la constitución urgente de una Mesa Técnica de Escuelas Infantiles para abordar una reestructuración profunda de sus condiciones laborales y pedagógicas.

UGT-SP Extremadura recuerda que la realidad del ciclo 0-3 presenta una estructura diversa en el conjunto del Estado, donde conviven centros públicos, concertados y privados, con marcos laborales, convenios e interlocutores diferenciados.

Esta pluralidad hace que las condiciones laborales y los ámbitos de negociación no sean homogéneos y dificulta la articulación de una convocatoria única de huelga. En Extremadura, sin embargo, la red de 0 a 3 años se configura como un sistema público, universal y gratuito, con un marco propio de negociación. 

Este jueves hay convocada una huelga estatal en el sector de Educación Infantil de 0 a 3 años. Para los centros ubicados en Aragón, el Ejecutivo ha establecido unos servicios mínimos que, según califican desde CGT, son “abusivos”. Además, el sindicato advierte de las dificultades que tendrán para secundar la huelga las trabajadoras de centros pequeños o rurales. También denuncian una disparidad en los servicios mínimos entre centros privados y públicos, siendo la ratio de estos últimos mucho más exigente, por lo que menos docentes podrán acogerse a su derecho a la huelga.

Según establece el BOA, en el caso de los centros públicos tendrá que haber una persona miembro del equipo directivo y establece el número de docentes o técnicos según las franjas de edad. En el caso del primer ciclo, los menores de un año, se establece un maestro o técnico por cada 12 alumnos; para los de uno a dos años, un maestro o técnico por cada 18 menores; y para los más mayores, un maestro o técnico por cada 24 alumnos. Además, se establece —si las hubiese en el centro— una persona de Servicios Auxiliares, una persona especializada en Servicios Domésticos y un miembro de Personal de Cocina.

En los centros privados, se fija por cada centro la asistencia de un número de efectivos imprescindible para garantizar la atención básica atendiendo al número de alumnos de la siguiente forma: un director o subdirector o coordinador; un docente por cada 16 alumnos menores de un año; un maestro o técnico por cada 26 alumnos menores de dos años; y un docente o técnico por cada 50 alumnos del tercer curso. Además, se establece un trabajador destinado en cocina y otro que realice tareas de limpieza.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explican que estas diferencias se justifican en que son “dos comités de huelga diferentes y dos ámbitos diferentes”. En el caso de los centros públicos, los servicios míminos los dicta Educación y en el caso de los privados, Economía.

Fuentes del sindicato CGT, convocante de esta huelga, califican estos servicios mínimos como “abusivos” y advierten de que “prácticamente nadie va a poder hacer huelga”. Explican que, en Aragón, muchos centros fuera de Zaragoza tienen pocos alumnos, por lo que la ratio de un maestro por cada 12 alumnos impide que las docentes de esos centros realicen la huelga. Consideran que estos servicios mínimos “limitan el derecho a la huelga de las escuelas pequeñas y de las escuelas públicas frente a las privadas”.

En la convocatoria de dicha huelga, CGT destaca el “hartazgo” y la “precariedad” que se vive en el sector. “Las trabajadoras del sector exigen al Ministerio que se integre el 0-3 como etapa educativa de pleno derecho, sin fragmentación en distintos centros, una integración que dignifique no solo sus condiciones laborales sino también las de la primera infancia, que posibilite una bajada de ratios y la denominada pareja educativa, y que favorezca la creación de una Red pública, gratuita, universal y de calidad en 0-3, con un 100% de gestión pública y con sus trabajadoras sujetas al EBEP”. Desde CGT reivindican que “las trabajadoras del sector necesitamos y exigimos unas ratios que se acerquen a las recomendadas por la UE, muy lejos de las que se tiene en España, y que a su vez se concreten criterios que velen por la dignidad laboral de las trabajadoras y las criaturas, como ocurre con el resto de etapas educativas, no podemos más con ratios imposibles, salarios indignos y falta de reconocimiento, ya que nuestro trabajo sostiene a las familias, a la educación y a toda la sociedad, y sin nosotras no funciona nada”.  

Desde CCOO también han calificado la situación de estas profesionales como “abandono histórico por parte de las administraciones públicas educativas y por parte de las patronales que ha ido derivando en malestar y conflicto que ha estallado en las últimas semanas”.

Las trabajadoras del sector en Aragón tienen dos citas ese 7 de mayo, a las 12:00 en una concentración frente al Pignatelli, y a las 17:30 en una manifestación que saldrá de Glorieta Sasera.  Posteriormente, todas las trabajadoras del sector están llamadas a una manifestación estatal en Madrid el 23 de mayo.

La plataforma Pola dignidade 0-3 ha convocado a la huelga a “todo el colectivo que trabaja con la primera infancia” el jueves 7 de mayo por “una educación digna desde el inicio”. El paro, que es de alcance estatal y han registrado los sindicatos Comisiones Obreras y CGT, exige la consideración de carácter educativo para la escolarización de entre 0 y 3 años, reducir las ratios de pequeños y pequeñas por aula y unas condiciones salariales y de horarios dignas que superen lo que califican como explotación laboral. En Galicia, los llamados a secundar la protesta son los trabajadores de las escuelas infantiles “independientemente de su titularidad” -autonómicas, municipales o privadas- y de las denominadas casas niño -un “servizo de conciliación gratuíto” que el Gobierno gallego otorga por concesión. La Xunta gestiona las competencias en la materia pero, consultada por elDiario.es, se desentiende de las reivindicaciones y carga contra el Gobierno central por “no revisar el decreto que regula las ratios pese a anunciarlo hace años”.

David Castro, portavoz de Pola dignidade 0-3, lamenta a este periódico que el Ejecutivo de Alfonso Rueda se limite a esperar por la acción del central. “Le falta perspectiva”, dice. Sobre las reclamaciones de su movimiento, explica que su intención es ir más allá de la situación laboral, que entiende como “muy mala”, a menudo rozando por abajo el salario mínimo interprofesional. “Pero eso es solo una parte del problema, que además los sindicatos llevan años reclamando”, asegura, “nosotros buscamos una visión más amplia y transversal, darle dignidad a la infancia y a las personas que cuidan”.

En Galicia, las escuelas de 0 a 3 años dependen de la Consellería de Política Social, que dirige Fabiola García y a quien se le acumulan los conflictos en residencias de mayores, centros de menores o servicio de ayuda al hogar. Sobre la huelga del 7 de mayo, el departamento de García asegura que “se demanda un marco normativo común en el primer ciclo de Educación Infantil”. Y que la Xunta destina 68 millones de euros de fondos propios a subvencionar las escuelas infantiles privadas. Esto ha generado tensiones debido entre otros asuntos a la infrafinanciación de las públicas municipales o a los criterios de admisión y ha originado que el número de niños y niñas escolarizados en las privadas supere al de las públicas. El Gobierno gallego también renunció a 22 millones de euros de fondos europeos vinculados a la creación de plazas públicas de escuelas infantiles. David Castro sostiene además que la tarifa por plaza abonada por el Gobierno gallego a las guarderías privadas es todavía la adoptada cuando se aprobó el sistema de gratuidad, en 2021, y eso repercute en los trabajadores y en los niños y niñas.

Pola dignidade 0-3 pide también que los educadores y educadoras tengan horas para preparar programación, tutorías o reuniones de personal, algo que, dice, corre ahora “de cuenta de los trabajadores”. “Tampoco hay planes específicos de formación ofertados por la Xunta”, señala. Su manifiesto de educadoras infantiles cuenta con diez puntos: 0-3 no es conciliación, es educación; condiciones laborales dignas, escuelas infantiles públicas y accesibles, cuidar es educar, ratios abusivas equivale a violencia institucional, educación inclusiva de verdad -no hay especialistas pese a que sí hay niños con necesidades educativas especiales-, contra la perpetuación de la infrafinanciación, contra la precarización de un sector feminizado y tiempos de descanso para la infancia.

Además de la huelga, el 7 de mayo habrá concentraciones a las seis de la tarde en las siete ciudades gallegas.