El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha presentado este lunes el programa de su consejería y ha arrancado con la política xenófoba de Vox contra los migrantes, su intención es repatriar y retornar a los menores no acompañados, por lo que se dará “prioridad” en la cooperación internacional a aquellos países que colaboren con Castilla y León.

Pollán ha revelado además que la Junta ya ha “abierto” 26 procedimientos de verificación de edad y ha defendido extender este trámite a todos los menores extranjeros tutelados, en la Comunidad, 190, para evitar “fraudes y colapso de los servicios”. Así, el gobierno autonómico, que no tiene competencias en extranjería y por lo tanto no puede decidir esa verificación, se ha dirigido a la Fiscalía para que lo haga. La tentativa, sin embargo, puede que no pase de ahí. Ya hay un precedente en Zaragoza, con gobierno PP-Vox, y donde el fiscal de menores se ha negado a verificar la edad de los menores a petición del gobierno aragonés, según advierten fuentes de la Fiscalía. “Es el fiscal de menores el que determina la edad y el que puede ordenar hacer pruebas, no un gobierno autonómico”, insisten. “Una vez determinada la minoría y sólo si aparecen nuevas pruebas concluyentes como documentación, por ejemplo, se puede revisar el primer decreto que determinó la minoría”, explican.

Pollán sobre los menores: “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”

Muchos de los menores que llegan a España vienen con la edad determinada por documentación, pero en el caso de que no lo esté y siempre que existan dudas, ya que en algunos casos la minoría de edad es evidente físicamente, se hace la prueba pero “solo si es el único medio posible”. En Castilla y León hasta hace poco, se hacían pocas verificaciones, ahora han subido algo por el reparto que se hace para evitar que otras CCAA asuman la mayoría de la migración, pero el fiscal de menores actúa “siempre en interés del menor” y “se trata de inmiscuirse lo mínimo posible en su privacidad”.

Aunque la oposición ha afeado a Pollán su intención de que se verifique a todos los menores, no ha rebajado el discurso. “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”, ha llegado a decir. “Tienen entre 14 y 17 años, no son niños y niñas sino adolescentes”, ha insistido mientras se refería a los menores como “menas” y “esa gente”. Además ha intentado disfrazar con cifras la necesidad de hacer las pruebas de edad porque “en Aragón casi el 80% de las pruebas que se han hecho han determiado que no eran menores”. Carlos Pollán ha olvidado precisar que esas pruebas no se han hecho a todos los menores sino a aquellos sobre los que había una duda razonable.

En cualquier caso, ha avanzado que la Junta de Castilla y León “rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Así, ha afirmado que no participará “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León”.

“A menos de un mes de la formación del nuevo Ejecutivo, ya estamos cumpliendo con la palabra dada de oponernos frontalmente a la política de inmigración del Gobierno de Sánchez”, ha presumido. Ha recordado que el pasado 1 de julio el Gobierno central convocó una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia y que él “como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales” se negó a asistir. Lo mismo hicieron sus homólogos en Extremadura y Aragón. “Fue nuestra manera de denunciar la nueva imposición de Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados”, ha comentado. Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión, figuraba la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros para la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.

No queda ahí. La Junta de Castilla y León va a recurrir el Real Decreto 556/2026 de 30 de junio por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas y que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores. “Una vez más, Sánchez actúa de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades, sin respetar las competencias que corresponden a cada una en materia de protección de menores y disfrazando de humanitarismo lo que no es más que puro cálculo político”, ha dicho. Para Pollán, el incremento que se ha asignado a Castilla y León “carece de una justificación objetiva” porque la población ha crecido un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, pero el número de menores asignados aumenta un 6,38 %, pasando de 783 a 833. Para Pollán existe desproporción en los criterios aplicados.

Respecto al pacto de gobierno que firmaron PP y Vox en Castilla y León el pasado 3 de junio, ha insistido en que se trabajará “por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”. La fórmula pasa por promover acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres. Según el consejero, les ampara el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Suprimir subvenciones a oenegés y no aumentar plazas de acogida

También pasa ese objetivo de retornar a menores por suprimir “todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con oenegés u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. Según él, subvencionar oenegés es “fomentar el efecto llamada”. Y para controlar las subvenciones, Pollán ha anunciado una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal” para “reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente”.

Durante la legislatura, ha avanzado, la Junta no habilitará nuevos centros de acogida de “inmigrantes ilegales” ni se ampliarán plazas en los existentes. “Reforzaremos los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores”, ha manifestado en un evidente intento de criminalizar a los menores extranjeros. “Exigiremos al Gobierno de España la adaptación, de forma inmediata, del nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria”, ha añadido.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, respalda a su vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), como a cualquiera de los miembros de su Ejecutivo “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad ”. Azcón ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por Chunta Aragonesista (CHA) este viernes en la sesión de control al presidente en el Parlamento aragonés y ha calificado de “exageración absolutamente impropia” las críticas por “vulneración de los Derechos Humanos” por las declaraciones y notas de prensa del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en las que se refiere a los menores migrantes no acompañados como “menas” y los vincula con la delincuencia.

Azcón defiende a su socio de gobierno después de que este compareciera en una rueda de prensa para ofrecer unos datos vinculando delincuencia con menores migrantes acogidos por la administración autonómica y que, según Nolasco, “de los 219 supuestos menas que acoge actualmente Aragón a la fuerza, unos 40 están implicados en delitos o en actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal”. Se ha referido “sólo a casos de delincuencia y de sucesos de extraordinaria gravedad”, dado que “si hablamos de problemas graves de convivencia, la cifra aumenta considerablemente”.

El documento facilitado a los medios de comunicación, a los que volvió a atacar por preguntar sobre los datos ofrecidos, presenta varias debilidades metodológicas, según fuentes jurídicas, al agrupar situaciones con consecuencias legales diferentes y tampoco explica los criterios de selección. Además, el vicepresidente recurre a expresiones que no forman parte del ordenamiento penal español, lo que dificulta conocer con precisión qué casos incluye y con qué criterio.

El documento ha construido una única categoría en la que ha agrupado a menores sometidos a medidas judiciales de internamiento, menores detenidos, menores denunciados, menores sobre los que existen diligencias policiales y menores implicados en incidentes ocurridos dentro de los centros de protección. También ha incorporado referencias a “expedientes por comportamientos peligrosos”, sin precisar si se trata de procedimientos disciplinarios internos, actuaciones administrativas o procedimientos penales.

Esa agrupación ha permitido presentar una cifra conjunta de menores presuntamente vinculados a la delincuencia, aunque las situaciones descritas no tienen el mismo alcance jurídico. Una detención no implica una condena, unas diligencias policiales pueden archivarse, una denuncia puede no prosperar y un incidente disciplinario en un centro de protección no constituye por sí mismo un delito. Por ello, la suma de todas esas categorías no permite extraer automáticamente una conclusión sobre el nivel de delincuencia de ese colectivo.

La expresión utilizada por el vicepresidente Nolasco sobre “delitos o actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal” es formulación especialmente imprecisa. La alusión no se corresponde con ninguna categoría jurídica reconocida por el ordenamiento español, ya que la legislación penal no contempla esta clasificación como criterio autónomo, sino que distingue entre hechos que pueden ser objeto de investigación y hechos que finalmente son calificados como delito por los órganos competentes. La valoración de si una conducta reviste carácter delictivo corresponde, en cada caso, a la investigación policial, al Ministerio Fiscal y, en último término, a los tribunales.

A ello se ha añadido otra limitación metodológica. El documento no explica qué criterios ha seguido para seleccionar los episodios incluidos, si la relación recoge todos los incidentes registrados durante ese periodo o únicamente los más graves, ni si algunos menores aparecen contabilizados en varios de los sucesos descritos. De hecho, en el documento un mismo menor aparece implicado en varios episodios (por ejemplo, el joven detenido varias veces los días 6 y 7 de junio), por lo que no puede asumirse que cada incidente corresponda a una persona distinta.

Tampoco ha contextualizado esos hechos respecto al conjunto de los aproximadamente 1.700 menores tutelados por el sistema de protección aragonés, lo que dificulta valorar el alcance real de los incidentes que expone y tampoco cita ninguna fuente primaria. No aparecen números de diligencias, atestados, autos judiciales ni estadísticas oficiales.

Estas cuestiones, según fuentes consultadas, no permiten concluir si los hechos relatados son o no falsos, pero sí obligan a interpretar con cautela las conclusiones que el documento extrae de ellos. Incluso aunque los incidentes se confirmaran, seguiría siendo necesario analizar si la forma en que han sido seleccionados, clasificados y presentados ofrece una imagen fiel de la situación o responde a una construcción argumental basada en categorías heterogéneas y conceptos jurídicamente imprecisos.

Además, la documentación del vicepresidente utiliza un lenguaje político, no técnico, como “endosados”, “enquista”, “peligroso ambiente”, lo que indica que es un documento de comunicación más que un informe estadístico.

Debate parlamentario

“Lo que no vamos a hacer es hablar sólo de los que a ustedes les interesa”, ha respondido Azcón a la diputada Verónica Villagrasa, aprovechando también la intervención para insistir en que van a “contar los problemas reales que hoy hay en los centros de menores”, sin “ocultarlos”, sin “mirar hacia otro lado” y ocupándose de esos problemas.

Azcón se ha mostrado muy seguro en no rebasar líneas rojas, afirmando que, si el Gobierno de Aragón estuviera vulnerando los Derechos Humanos, habría “una cascada de demandas” contra las medidas que está tomando. Lejos de disculpar la actitud de Nolasco, ha apostado por “no ocultar la verdad” y por tomar medidas como la de reforzar la seguridad privada en los centros de menores. Además, ha asegurado confiar en el derecho y sentirse en línea con los manifestado este jueves en el pleno de las Cortes por la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, pese a que ella el día anterior había pedido tener cuidado con el lenguaje y no identificar a los menores migrantes con violencia y conflicto de manera ineludible “porque esa no es la situación real”.

El presidente de Aragón, que ha avanzado que no van a “crear grietas” en el Gobierno autonómico, ha instado a la diputada de CHA a reconocer que “hay una realidad”, que es que “hay una parte de esos menores que cometen delitos”, a lo que la diputada aragonesista ha replicado que “nadie niega que haya menores que cometan delitos, pero la obligación de una administración que los tutela y debería proteger no es señalarlos públicamente. Eso no es una forma de protección”, ha añadido, instando al consejero a “poner los medios necesarios para reconducir esas situaciones” con seguridad, pero también incrementando los recursos porque “señalar a un menor no demuestra firmeza, demuestra incapacidad y coherencia para gestionar los problemas reales”. Por otro lado, ha recordado que, desde el regreso de Vox al Gobierno de Aragón, han llegado 14 menores migrantes a Aragón, “exactamente lo que decía que iba a impedir”.

La diputada de CHA Verónica Villagrasa, que ha sustituido en la sesión al portavoz del grupo, Jorge Pueyo, que se encuentra “acompañando a su familia” en su pueblo, Fonz (Huesca), que ha estado confinado esta noche por el incendio forestal declarado en la zona, ha defendido que “la calidad de una democracia se mide por el trato que se da a su ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables” y que “ese principio empieza por el respeto básico a los Derechos Humanos”.

Sin embargo, Nolasco “traspasa esa línea cada vez que menosprecia a una persona o deshumaniza a quien tiene delante”, lo que tiene como principal responsable político al propio presidente, que es quien lo nombró.

“Cada palabra con la que Nolasco descalifica a una persona es también su responsabilidad. Cada frase con la que menosprecia a alguien, cada discurso con el que deshumaniza a niños y niñas, porque Nolasco habla como vicepresidente del Gobierno de Aragón y sigue haciéndolo porque usted ha decidido que siga haciéndolo”, ha agregado.

En este sentido, la parlamentaria aragonesista le ha preguntado su opinión acerca de los comunicados del Colegio de Periodistas de Aragón, que ha rechazado los “discursos discriminatorios que deterioran la convivencia” y este mismo jueves tuvo que amparar a una periodista por el trato recibido del vicepresidente durante una rueda de prensa sobre menores migrantes, en la que “al más puro estilo trumpista y machista, se encara con una periodista que sólo estaba haciendo su trabajo”.

A ello ha sumado que la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, afirmó que la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, a la que el departamento de Nolasco retiró la financiación, “no es tirar el dinero” y el profesorado “advierte de los riesgos del supremacismo”; que Amnistía Internacional “rechaza los discursos estigmatizantes” o cuando la Justicia “le pide expresamente que no vincule migración y violencia”.

Villagrasa ha criticado que, pese a tener la responsabilidad de gestionar una consejería de la que dependen la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, las familias, la inclusión y los servicios sociales, donde “debe primar la gestión y no la propaganda”, Nolasco ha preferido centrar su atención política en los menores migrantes, pese a que la Comunidad Autónoma “no tiene competencias ni en inmigración ni en seguridad”, y ha optado por “alimentar el miedo”.

Durante el debate entre la diputada y el presidente, Azcón ha respondido de forma lastimera a Villagrasa por su alusión a la ausencia de Nolasco en el pleno, ya que estaba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) atendiendo el incendio forestal en la Comarca oscense de La Litera. “¿Tanto le costaba pedir disculpas por haber metido la pata?”, ha expresado.

A continuación, ha cuestionado si Chunta Aragonesista quiere traer al parlamento “el insulto, la mentira y creerse en posesión de la verdad absoluta” y ha pedido a CHA una reflexión sobre su “apoyo” al Gobierno de España, con “una financiación que perjudica a Aragón, un ministro de Cultura que dice lo que dice sobre Sijena, que está retrasando las obras de Teruel en el que los trenes van a la misma velocidad que los tractores y que está hasta arriba de corrupción”. “Ustedes se quieren fijar en su dedo en lugar de fijarse en la luna”, ha zanjado.

Como suele ser habitual en las ruedas de prensa del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, este jueves ha ofrecido datos con los que relaciona migración y delincuencia.

En concreto, ha expuesto que uno de cada cinco “menas” (como se refiere a los migrantes menores no acompañados) se encuentra en régimen de privación de libertad y que unos 40 están implicados en delitos o en actitudes “susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal”. Y se ha referido, según él, “sólo a casos de delincuencia y de sucesos de extraordinaria gravedad”, dado que “si hablamos de problemas graves de convivencia, la cifra aumenta considerablemente”.

Una redactora de 'Heraldo de Aragón' ha objetado la estigmatización del colectivo, ya que se trata de 219 de los 1.700 menores tutelados por el Gobierno de Aragón, además de hacerse eco del informe de la Justicia de Aragón, que ha defendido en sede parlamentaria “que no es una situación real la relación de los migrantes con la violencia” y ha pedido a los grupos que cuiden el lenguaje.

El vicepresidente ha reaccionado con una dura crítica hacia la actitud de la periodista: “No entenderé nunca por qué ese empeño masivo y brutal de intentar defender lo indefendible. Ojalá un día abra los ojos y se dé cuenta de que la ideología está poniendo en peligro a las personas”.

A continuación, ha seguido explayándose: “No entiendo ese empeño fanático, ideológico y brutal continuado”. También le ha reprochado que la semana anterior, durante una rueda de prensa convocada para anunciar cuatro iniciativas jurídicas y administrativas contra el Gobierno de España por lo que considera un supuesto “fraude” en el reparto de menores migrantes no acompañados, los propios periodistas le solicitaran datos sobre el número total de menores tutelados y de extranjeros.

Nolasco justifica sus comparecencias asegurando que pretende informar “con absoluta transparencia” sobre lo que califica como una “gravísima situación” derivada de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “La opinión pública debe saber la realidad, la auténtica realidad y sus consecuencias”, afirmó también la semana pasada, cuando acusó a los medios de comunicación en Aragón de “no querer que se hable de ciertas cosas para que no pierdan votos porque algunos periodistas están a la orden de ciertos partidos políticos que viven de esto”.

Hoy ha convocado una nueva rueda de prensa y ha arremetido de nuevo contra las preguntas de la periodista: “Me pidió datos el otro día y hoy se los traigo y sigue pensando lo mismo que el otro día. Estos datos no le gustan a usted. Decir que de 20 menores solo hay 3 que roban o violan, ¿le parece poco? si se aplicara este porcentaje a los 50 millones de españoles...”.

La periodista le ha replicado que en ningún momento justifica “que nadie delinca”, pero al vicepresidente no le ha parecido suficiente y ha continuado la embestida: “A usted le parece poco o aceptable, pero al Gobierno de Aragón, no. Uno de cada cinco menas está ya en régimen de privación de libertad. ¿Esto lo ve bien?”, ha insistido Nolasco.

La Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos desde la Vicepresidencia. La iniciativa respondió, según la propia entidad, a las quejas recibidas tanto de colegiados y asociados como de ciudadanos ajenos a la profesión.

Tras este comunicado, el vicepresidente sigue convocando ruedas de prensa en las que arremete contra periodistas, y el Gabinete de Comunicación de Azcón continúa enviando y difundiendo notas de prensa en las que se estigmatiza a los migrantes menores tutelados, incluso anunciando medidas de las que la Policía no ha informado.

Amparo profesional

Periodistas de Aragón ha expresado su amparo a la compañera periodista de Heraldo de Aragón por el trato recibido del vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, durante una rueda de prensa en la que la profesional ejercía su labor formulando preguntas y repreguntas sobre datos facilitados por el propio Ejecutivo autonómico.

Expone que, a lo largo de la comparecencia de este jueves, la periodista formuló sus preguntas de manera educada y apoyándose en cifras de la propia Consejería. “En lugar de responder a esas cuestiones, el vicepresidente le dirigió valoraciones personales y le reprochó que pretendiera convertir la rueda de prensa en un debate, desautorizando así el ejercicio legítimo de su trabajo cuando lo único que hacía era insistir para obtener una respuesta”.

A su juicio, la discrepancia con una pregunta “nunca debería trasladarse al terreno personal ni convertirse en un cuestionamiento de la profesionalidad o de las supuestas motivaciones de quien la realiza”.

La asociación profesional sostiene que “preguntar y repreguntar no es un exceso: es el núcleo de la labor periodística. Así lo recordó la propia FAPE, a la que está federada la Asociación, en su Declaración de Talavera: si el derecho de los periodistas es preguntar y repreguntar, la obligación de los dirigentes y representantes públicos es la de someterse a las preguntas de los profesionales de los medios. Las comparecencias sin respuestas, los reproches al informador o los intentos de deslegitimar a quien pregunta son prácticas que erosionan el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Periodistas de Aragón no entra a valorar el fondo del asunto sobre el que se preguntaba ni la controversia política que lo rodea. Su posición se sustenta de forma exclusiva en criterios profesionales y deontológicos, y asegura que sería idéntica ante cualquier responsable público, fuera cual fuera su signo político, ya que quien comparece ante los medios asume el deber de responder con respeto a quien pregunta en nombre de la ciudadanía.

Por todo ello, la asociación y colegio de periodistas exige a los representantes públicos un trato correcto y respetuoso hacia los periodistas, reclama que las ruedas de prensa garanticen el derecho a preguntar y a repreguntar sin descalificaciones, y traslada su respaldo a la compañera afectada. La entidad recuerda, asimismo, que pone a disposición de la ciudadanía y de los profesionales la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ante cualquier comportamiento que vulnere los principios de la profesión.

“Quien rinde cuentas ante la ciudadanía empieza por responder, con respeto, a quien pregunta en su nombre”, concluyen.

Desde el inicio de las negociaciones sobre el impulso de sistema estatal de reubicación de menores migrantes entre comunidades autónomas, el Partido Popular y Vox tiraron de un argumento habitual: los traslados generarían un “efecto llamada” que provocaría un aumento de las llegadas irregulares de niños y adolescentes extranjeros no acompañados ante la mejora de sus condiciones de acogida. Los datos del registro oficial de menores, a los que ha accedido elDiario.es después de más de dos años sin ser difundidos, confirman un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024, según los últimos datos a los que ha accedido elDiario.es. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

[Gráfico: Raúl Sánchez]

Aplicación de los traslados

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados la semana pasada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, detalló en marzo de este año que un total de 1.143 menores migrantes no acompañados ya habían sido reubicados en otras comunidades autónomas, mientras que “muchos de ellos” solicitaron quedarse en esas comunidades por razones de arraigo. Otros, afirmó, habían cumplido la mayoría de edad antes de haberse producido el traslado.

Causas del descenso

La reducción del número menores migrantes acogidos en los últimos meses tiene varias causas. Uno de ellos es el ciclo vital de los menores: en el último año, más de mil adolescentes han salido del sistema de tutela pública tras haber alcanzado la mayoría de edad. Por otro lado, el descenso generalizado de las llegadas irregulares en 2025, especialmente a través de la ruta canaria, es clave para enter la reducción en el número de niños y adolescentes extranjeros. Mientras unos cumplen los 18 años, no entran al sistema de acogida tantos chavales como lo hacían antes.

No obstante, los flujos migratorios dependen de otros muchos factores, entre los que también se incluye las circunstancias del origen, las políticas migratorias con terceros países; por lo que un hipotético ascenso de las entradas no confirmaría per se el 'efecto llamada' defendido por la derecha. Sin embargo, el descenso sí descarta que el sistema de distribución de niños y adolescentes por comunidades autónomas haya generado el incremento augurado por PP y Vox.

Las llegadas clandestinas a suelo español disminuyeron un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, según apuntan los datos de Frontex. 

La realidad de estos jóvenes desmonta otro de los estigmas habituales que vinculan la migración juvenil con la exclusión social. La reforma del Reglamento de Extranjería que facilitó los permisos de trabajo y residencia para este colectivo facilitó su inclusión y tiene un impacto en el mercado laboral. Según las cifras del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) correspondientes a junio de 2025, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de los jóvenes extutelados se situaba en un 62%. Casi dos de cada tres jóvenes que salen del sistema de protección consiguen un empleo formal y cotizan, atendiendo a estos datos.

El goteo a la baja de las cifras desarma los argumentos que PP y Vox sostuvieron durante los meses de la crisis de acogida en Canarias y Ceuta (ambos gobernados total o parcialmente por el PP), los territorios que recibieron la declaración de “contingencia migratoria”, que permite la activación de los traslados a otras comunidades para asegurar condiciones de acogida con garantías. Ambas formaciones llegaron a condicionar pactos de gobierno y presupuestos autonómicos bajo la premisa de que la distribución de estos niños por la península actuaría como un imán para las redes de tráfico de personas.

Según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno de España aprobará un Real Decreto antes de agosto de 2026 con el que “se podrá prorrogar” la normativa con la que se regula el sistema de traslados de niños y adolescentes migrantes en caso de que otras comunidades autónomas vuelvan a necesitarlo, aunque su reactivación dependerá de un nuevo respaldo parlamentario.

Un registro cuestionado

Desde mediados de 2024, el Gobierno dejó de facilitar a la prensa los números de sus registros estatales alegando las deficiencias que caracterizan al sistema con el que España contabiliza los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que acoge. Anteriormente, se trataba de unos datos que el Ministerio de Interior solía proporcionar a los medios con cierta frecuencia, cuando la prensa preguntaba directamente por ellos. No obstante, en 2024, durante las negociaciones sobre la reubicación de menores, el Ejecutivo central dejó de proporcionarlos.

El Gobierno reconocía entonces que no era fiable el único sistema utilizado para contabilizar los menores extranjeros no acompañados que acogía. No es ninguna novedad, se trata de un problema histórico ligado al mecanismo de registro de estos niños y adolescentes, reconocido por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, y denunciado año tras año por el Defensor del Pueblo.

El único mecanismo estatal para contabilizar el número de menores migrantes albergados en cada comunidad es el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), coordinado por la Fiscalía y gestionado por el Ministerio del Interior con los datos trasladados desde las comunidades autónomas.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando las deficiencias detectadas en este registro. Su informe anual de 2019 profundizó en “la escasa fiabilidad de los datos” del registro de menores extranjeros no acompañados. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, señaló el documento de la institución dirigida entonces por Francisco Fernandez Marugán.

Después de conocer el campamento de acogida de Las Raíces, en Tenerife, el papa León XIV ha podido conocer otras historias de personas migrantes llegadas a Canarias en la plaza del Cristo de La Laguna. Entre ellas, la de Mbacke Ndiaye, un senegalés de 20 años que ha tenido ''la oportunidad de empezar de nuevo''. Con el continente africano colgando en su cuello, ha contado al pontífice cómo la fundación Buen Samaritano le ha dado ''más que un techo y comida''. ''Me ha dado respeto, paciencia, y gente que me dijo: ''tú vales, tú puedes''.

''Ahí vivo yo desde hace un año, esperando que salgan mis papeles. Yo he tenido mucha suerte, porque otros jóvenes cuando cumplen 18 años se quedan en la calle'', ha contado en su discurso. Mbacke ha explicado que él y sus compañeros han aprendido de diferentes actividades formativas como español, cocina, agricultura, carpintería, reparación o costura. “En mi caso particular, tengo la formación básica de español'', ha relatado.

''Todo eso me hace sentir que tengo un lugar y una familia. Tenerife me ha enseñado que la hermandad existe más allá de la sangre. Cuando una persona te tiende la mano sin pedir nada a cambio, el miedo se va y viene la esperanza'', ha dicho el senegalés en su discurso.

''Mi compromiso es simple'', ha continuado. ''Quiero devolver lo que he recibido. Quiero trabajar con honestidad, estudiar con esfuerzo y ayudar a mi familia. Santo Padre, le pido que siga recordando al mundo que detrás de cada migrante hay un sueño, una madre que reza y una persona que merece una oportunidad'', ha pedido Mbacke Ndiaye.

El joven ha querido terminar su intervención recitando un poema elaborado por los miembros del grupo de teatro de la Fundación Buen Samaritano para compartirlo con otros jóvenes en su misma situación y ''vencer al miedo''.

Cruzamos mares,

dejamos el hogar

Buscamos sueños,

un nuevo lugar.

Inmigrantes somos,

con fuerza y pasión,

luchamos por la vida

por un nuevo rincón.

El camino es duro,

pero hay esperanza.

La fe nos levanta,

nunca se cansa.

Cargamos historias,

cargamos dolor,

los muros se alzan,

pero hay decisión.

La tierra es de todos,

no hay división.

Y aunque nos miren como extraños,

sabemos que el mundo es para compartir.

Traemos cultura,

tramemos dolor.

Somos semillas

de un mundo mejor.

La Junta de Extremadura solicitará a la Fiscalía de Menores autorización para practicar pruebas de determinación de edad a los menores extranjeros no acompañados acogidos en la región cuando existan dudas sobre la veracidad de la edad declarada. Asimismo, recurrirá ante los tribunales los nuevos traslados de estas personas desde otros puntos del país. A partir de ahora, más allá de la vía administrativa que se viene aplicando, recurrirá y “agotará” todas las vías legales a su alcance, y judicializará, todas aquellas decisiones que supongan “un traslado desde otras partes de España” de “teóricos” menores migrantes no acompañados a la región.

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, quien ha asegurado que el sistema de acogida de la comunidad autónoma se encuentra actualmente “al límite” de su capacidad.

Según los datos facilitados por el responsable autonómico, en estos momentos hay 104 menores extranjeros no acompañados protegidos por el sistema de acogida de la Junta de Extremadura.

Fernández Calle ha precisado que las pruebas para determinar la edad no se solicitarán de manera generalizada, sino únicamente en aquellos casos en los que “no haya garantía fehaciente” de la edad declarada o exista “sospecha” de que esta no se corresponde con la edad real de la persona acogida.

En esta línea, ha subrayado el “compromiso claro” de “defender los intereses de los extremeños”, actuando para ello también “de manera frontal” contra la “inmigración ilegal, masiva y descontrolada que ampara el Gobierno socialista de Pedro Sánchez”.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha solicitado en mayo la repatriación de otros 5 menores extranjeros tutelados que han llegado a la comunidad desde Ceuta y Canarias. Un trámite que la administración autonómica hace cada vez que llega un niño migrante a Cantabria dentro del sistema de acogida del Estado justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.

El Consejo de Gobierno acordó durante el mes anterior autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico para interponer recurso contencioso-administrativo frente a cinco resolución del Gobierno en Canarias por las que se traslada y se reubica en Cantabria a tres menores de edad llegados desde Ceuta y otros dos desde Canarias.

Cantabria acoge en la actualidad a 41 menores migrantes no acompañados, a los que presta asistencia a través del sistema de protección autonómica. Pero la política de solicitar la repatriación es constante, se ha hecho en todos los casos.

El Gobierno recurre todas las llegadas de menores extranjeros a Cantabria. Unos traslados que la propia consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, califica como “forzosos” porque en su opinión el reparto fue “una imposición” que “no se ajusta a la ley”. En su opinión, ello justifica que se hayan “recurrido todas y cada una de las decisiones del Gobierno de (Pedro) Sánchez impuestas sin un respaldo legal”.

Cantabria acoge en la actualidad a 41 menores migrantes no acompañados, a los que presta asistencia a través del sistema de protección regional. Estos niños y jóvenes siguen llegando a la comunidad, cuyo Gobierno (PP) recurrió el decreto del Ejecutivo central que estableció la distribución de estos menores desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de autonomías, al considerar que fue algo “impuesto” y se hizo sin “planificación, diálogo y financiación”. La votación y fallo del recurso está previsto a finales del próximo mes de julio.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, a preguntas de los medios sobre estos menores. “Veremos qué entiende el Supremo, si respalda esa opinión” o no, ha expresado al respecto.

La titular del departamento ha aclarado que los 41 menores acogidos hasta ahora no han solicitado asilo (en este supuesto, la protección corre a cargo del Ejecutivo central) y ha destacado que todos los que han llegado a la región “están debidamente atendidos” por profesionales que también analizan y adecuan su itinerario formativo.

Y es que, según ha subrayado, “son niños” que “necesitan protección”, por lo que desde la administración regional se adoptarán “todas las medidas adecuadas para que tengan los mejores cuidados”. Ello a pesar de que en el Gobierno cántabro entienden que el reparto fue “una imposición” que “no se ajusta a la ley”.

Por eso, ha justificado Gómez del Río, han “recurrido todas y cada una de las decisiones del Gobierno de (Pedro) Sánchez impuestas sin un respaldo legal”, es decir, los acuerdos de traslados y llegadas, punto en el que ha criticado que “cada expediente es diferente”, y esto es también uno de los motivos por los que Cantabria no apoya el decreto recurrido.

Según ha explicado: nos vienen con prueba de edad al menor -que acredite que tienen menos de 18 años- y otros sin ella, mientras que algunos se indica que tienen familias en los lugares de origen o en otra comunidad autónoma, y también hay quien señala que tienen trabajo. “Cada expediente es único, cada niño es único”, ha insistido.

“Lo que tenemos claro es que cuando un niño llega a Cantabria se le va proteger, pero Cantabria va a defender sus competencias y va a defender que ese no es el mecanismo adecuado, porque el interés superior del menor no es el interés de Sánchez”, ha concluido.

No sabe nada del paradero de su hija porque fue su exmujer quien “se la llevó” de las instalaciones del punto de encuentro donde se desarrollaba la visita tras “empujar” a una educadora. Es la versión ofrecida por el padre biológico de Miranda, de cinco años, de la que se desconoce su paradero desde el pasado mes de abril.

El hombre, de 41 años, fue arrestado ayer en una operación policial desarrollada en el poblado de la Sierra de Granda, en el concejo asturiano de Siero. Varios coches patrulla aparcaron, a primera hora, en el poblado y los agentes empezaron a buscarlo casa por casa.

Las quejas

Su familia ha mostrado públicamente sus quejas por el amplio despliegue que realizaron los agentes de la Policía Nacional para tratar de localizarlo y detenerlo. Aseguran que al menos eran “ocho coches” en una actuación que califican de “desproporcionada”.

El hombre se encontraba en la casa de sus padres, con los que convive tras su separación matrimonial, y tras arrestarlo fue conducido a dependencias del cuartel de la Policía Nacional, en Buenavista, en Oviedo/Uviéu, donde ha pasado la noche en el calabozo.

Esta mañana pasó a disposición judicial y esta tarde ha quedado en libertad provisional, según han confirmado a elDiario.es Asturias fuentes judiciales.

La búsqueda

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen activa la alerta para tratar de localizar a la niña, cuya imagen ha sido incluida en los carteles que SOS Desaparecidos ha difundido a través de las redes sociales por si alguna persona pudiera aportar algún dato que permita dar con su paradero.

La menor llevaba 18 meses viviendo con una familia de acogida y la administración regional autorizaba visitas reguladas y controladas con sus padres biológicos al haberse desarrollado con anterioridad todos los encuentros sin incidencias.

La Policía Nacional ha detenido al padre biológico de Miranda, la menor de cinco años que era tutelada por la administración del Principado de Asturias y fue sustraída, el pasado mes de abril, del punto de encuentro donde mantenía una visita con sus progenitores.

Según la versión oficial, la huida se produjo tras la agresión infligida a la educadora que supervisaba que la reunión entre los progenitores y su hija transcurriera sin incidencias.

Pese al amplio operativo policial desplegado esta mañana para tratar de localizar a la menor no se ha podido encontrar ni una sola pista sobre su paradero.

Vivienda a vivienda

Sobre las 7.30 horas de hoy comenzaron a llegar al poblado varios coches patrulla de los que comenzaron a salir agentes para inspeccionar vivienda a vivienda.

En una de estas viviendas se encontraba el padre biológico de la niña que fue arrestado inmediatamente. Según fuentes familiares, la menor no se encontraba con él ya que, según aseguran, “se la llevó la madre biológica”.

Un fuerte dispositivo policial

El detenido se encuentra actualmente en el cuartel de la Policía Nacional ubicado en Buenavista, en la capital asturiana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaban preparando desde hace varios días el dispositivo para entrar en el poblado ante la posibilidad de que la pequeña pudiera estar oculta en alguna de las viviendas.

Alta vulnerabilidad

La desaparición de Miranda ha sido calificada de “alta vulnerabilidad”. La menor llevaba 18 meses viviendo con sus padres de acogida y desde el Principado se habían autorizado visitas regulares con sus padres biológicos al haberse desarrollado todos los encuentros anteriores con “normalidad”.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, llegó a reconocer que la agresión a la educadora y la posterior huida de los padres biológicos con la niña fue un hecho totalmente “inesperado”.

Sin noticias de Miranda

Desde SOS Desaparecidos se ha difundido la imagen de Miranda, así como los datos personales y el número de teléfono 868 286 726 por si alguna persona pudiera haberla visto o conocer algún detalle que sea de utilidad para los investigadores.

La denuncia por la desaparición de la menor fue interpuesta por la Dirección General de Infancia y Familias del Principado de Asturias ante la Jefatura Superior de Policia de Asturias.

Carteles con la imagen de la menor

Posteriormente, el Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, difundió en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización. 

Los carteles con la imagen de la niña ya están distribuidos también a través de las redes sociales. En ellos se especifica que Miranda mide 1,20 centímetros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y ojos marrones.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para tratar de dar con el paradero de la menor.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, acompañada por la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez; el presidente de la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), Juan Llach Miguel; y el gerente de Dicorpebal Logroño La Rioja, Juanjo Acobi, ha presentado este miércoles las acciones impulsadas por el Gobierno de La Rioja con motivo del Día Mundial del Acogimiento Familiar, que se conmemora el próximo 31 de mayo.

Durante su intervención, María Martín ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional con el acogimiento familiar como una prioridad en la protección de la infancia. “Cada niño y cada niña merece crecer en un entorno familiar donde encontrar afecto, estabilidad y referentes positivos. Por eso seguimos trabajando para impulsar el acogimiento familiar, sensibilizar a la sociedad riojana y acompañar a quienes deciden dar este paso tan generoso”, ha destacado.

La consejera ha subrayado la evolución positiva que está experimentando el acogimiento familiar en La Rioja. “Desde 2023 hasta la actualidad, el número de menores sobre los que se ha formalizado un acogimiento ha pasado de 24 a 38, lo que supone un incremento del 58,3 por ciento. Además, las solicitudes de valoración iniciadas en 2025 han crecido un 166 por ciento, lo que evidencia un renovado interés social por esta medida de protección”, ha señalado.

En este sentido, María Martín ha recordado que actualmente 92 niños, niñas y adolescentes del sistema de protección de menores viven en acogimiento familiar en La Rioja, integrados en 81 familias acogedoras. De ellos, 53 conviven con su familia extensa, 31 con familias ajenas y 8 en acogimientos formalizados judicialmente con su familia extensa. “Queremos trasladar un mensaje claro: hay distintas maneras de ayudar y ninguna familia está sola. Nuestro deber es ofrecer apoyo, acompañamiento y facilitar que más niños y niñas puedan crecer en un hogar”, ha afirmado.

Asimismo, la consejera ha puesto el foco en los menores que todavía esperan una oportunidad de convivencia en un entorno familiar. Actualmente, 29 niños y niñas tutelados desearían poder compartir fines de semana, vacaciones o simplemente una tarde con una familia, una realidad que pone de manifiesto la necesidad de seguir ampliando la red de familias colaboradoras y acogedoras.

Búsqueda de familias colaboradoras y jornada ‘Tu hogar, mi refugio’

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha explicado que la nueva campaña de sensibilización, ‘Un hogar lo cambia todo’, pone el foco en la búsqueda de familias colaboradoras. La iniciativa se dirige a personas o familias dispuestas a compartir tiempo, ocio y experiencias con menores tutelados mayores de 7 años que residen en centros de protección, ofreciéndoles un entorno afectivo y referentes positivos, sin que ello implique convivencia permanente.

Asimismo, la campaña pretende seguir acercando a la ciudadanía las distintas modalidades de acogimiento familiar, adaptadas a las necesidades de cada menor: de urgencia, temporal y permanente.

En el marco de esta conmemoración, el próximo 4 de junio, de 9:00 a 14:00 horas, el Círculo Logroñés acogerá la I Jornada de Acogimiento Familiar de La Rioja, bajo el lema ‘Tu hogar, mi refugio’. Marta Gómez ha destacado que se trata de un encuentro pionero en nuestra comunidad que nace con un doble objetivo: visibilizar la realidad del acogimiento familiar y animar a nuevas familias a informarse y dar el paso.

La jornada reunirá a profesionales, entidades sociales, familias acogedoras y especialistas de referencia nacional para profundizar en esta medida de protección y compartir experiencias. El programa incluirá la ponencia de Salomé Adroher, referente nacional en acogimiento familiar; un análisis de los distintos modelos de acogimiento en España a cargo de Herenia Barrero; una mesa redonda con testimonios reales de familias acogedoras organizada junto a Aldeas Infantiles; y la presentación del libro La luz de Estrella. La asistencia será gratuita y las plazas limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace: https://web.larioja.org/landing/jornada-acogimiento-familiar/ 

El Gobierno de La Rioja y AFAAR sale a la calle para sensibilizar

El presidente de AFAAR, Juan Llach Miguel, ha agradecido la colaboración con el Gobierno de La Rioja para seguir visibilizando el acogimiento familiar y acompañar a las familias. “Esta colaboración nos permite acercar a la sociedad una realidad que transforma vidas y seguir construyendo una red de apoyo imprescindible para los menores y las familias acogedoras. Se trata de darles a los menores un espacio que sientan como propio”.

Además, ha animado a la ciudadanía a participar en la jornada organizada por AFAAR este domingo, 31 de mayo, de 11:00 a 14:00 horas, en la Plaza del Mercado de Logroño, con actividades para toda la familia como magia, hinchables, pintacaras, exhibiciones de baile, juegos tradicionales, talleres infantiles y mesas informativas sobre acogimiento coincidiendo con su 25.º aniversario.

Club Balonmano Ciudad de Logroño se suma con una acción solidaria

Dentro de esta programación, Dicorpebal Logroño La Rioja (Club Balonmano Ciudad de Logroño) se ha sumado a la conmemoración a través de su iniciativa ‘Ruta Solidaria Franjivina’, invitando este domingo a niños, niñas y adolescentes tutelados por el Gobierno de La Rioja a disfrutar de un partido de balonmano en el Palacio de los Deportes. 

Su gerente, Juanjo Acobi, ha destacado que quieren aportar su “granito de arena invitando este domingo a las familias acogedoras al partido de este domingo del Club Balonmano Ciudad de Logroño contra el Barça en el Palacio de los Deportes, a las 18:00 horas de la tarde”. Porque, “el deporte también debe ser una herramienta para sensibilizar, compartir valores y dar visibilidad a causas sociales que merecen el apoyo de toda la sociedad como esta”. 

Acogimiento familiar en La Rioja

Las personas interesadas pueden informarse sin compromiso a través del servicio de Acogimiento Familiar y Adopción del Gobierno de La Rioja (941 29 43 61 / 941 29 43 53 / menores.acogimiento.adopcion@larioja.org C/ Villamediana, 17, Logroño), o mediante el Programa de Acogimiento Familiar gestionado junto a Cruz Roja (941 22 52 12, ext. 49632 / acogimientofam.rioja@cruzroja.es / Paseo Cruz Roja, 2, Logroño), donde se ofrece asesoramiento personalizado sobre los pasos para formalizar el ofrecimiento. 

Durante tres años Adú, un niño camerunés de 12 años que llegó a Canarias en cayuco, ha visto desde la grada la mayor parte de los partidos del equipo de fútbol con el que entrena, sin fallar, seis horas a la semana.

Durante ese periodo de tiempo, la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife no le permitía inscribirse como uno más, por aplicación de una normativa de la FIFA pensada para evitar el fichaje de niños cracks en terceros países, una situación que no se adapta a la realidad de miles de menores tutelados por la administración o en familias de acogida, con residencia legal, escolarizados e integrados.

Pero todo eso ha cambiado, tras un último año y medio bastante combativo, con escritos de Adú (nombre ficticio para preservar su identidad) a la propia FIFA, múltiples apariciones en medios de comunicación y la intervención del Gobierno canario y el Defensor del Pueblo.

Solo ha llegado a jugar los últimos dos partidos de la temporada, pero la orden emitida el pasado mes de abril por el Gobierno de Canarias niega que una norma FIFA pueda prevalecer sobre la legislación española, de modo que desbloquea la situación para él y para los cientos de niños en su situación en las islas, una decena de ellos en diferentes categorías de su mismo club.

Ahora, Adú ya juega como delantero centro en su equipo del norte de Tenerife, con el 9 a la espalda, y piensa en si podrá celebrar los goles como su ídolo, Kylian Mbappé. También ostenta, incluso, el brazalete de capitán.

“Un poquito nervioso, no mucho”

Cuando a Adú se le pregunta qué tal, cómo se ha sentido al disputar minutos tras tanto tiempo de espera y si disfruta jugando por fin con sus amigos, asoma una timidez que no está por ningún lado en el terreno de juego, donde se mueve sin descanso pidiendo balones.

“Muy bien, no me lo esperaba. Tenía bastantes ganas. Estaba un poquito nervioso, no mucho. Y pensé que el rival era muy malo, pero no lo era”, comenta a EFE con naturalidad el chaval, como si fuese una rueda de prensa pospartido.

Añade con una sonrisa que, aunque ya haya jugado los dos últimos partidos de la temporada, podrá seguir cogiendo ritmo con el equipo alevín, categoría de la que es su ficha, pues ahora juega con infantiles.

“Así sigo cogiendo más ritmo y me acostumbro con los más pequeños y, cuando juegue con los grandes, pues ya me sé la técnica y eso”, señala Adú.

Quitarse un peso de encima

El proceso no ha sido fácil, apunta a EFE su padre de acogida, Eduardo, quien recuerda con emoción el momento en el que a todos los niños les dieron “el papelito” para rellenar, firmar y poder jugar al siguiente fin de semana.

“Cuando todos los niños en la misma situación empezaron a recibir la ficha, sobre todo a la salida del entreno, cuando les dieron el papelito para rellenar y firmar... fue muy emocionante. Al final se trata de niños”, apunta Eduardo.

Para Adú, dice Eduardo, el cambio ha sido “como quitarse un peso de encima” tras bastantes años esperando y la negativa del chaval, perseverante, a cambiarse de deporte.

“Ha sido un proceso largo (...). Está bien, supercontento, superalegre y ha sido un descanso. Da igual que pierda, él ya puede jugar con sus compañeros, puede entrenar y sabe que cuando llega el fin de semana puede participar”, resume Eduardo.

Una cara y una cruz

Además de lo largo que ha sido el proceso, el padre de acogida de Adú pone otra pequeña pega, una herida menos visible a raíz de la exposición pública: la cantidad de odio recibido, sobre todo a través de las redes sociales tras publicarse su historia.

“La parte buena es que se ha solucionado el problema burocrático, pero la cruz han sido los comentarios fuera de lugar sobre algo que afecta a niños de 12 años. Estamos en un momento en que la gente no sé si está polarizada, pero sí sin empatía, y esa ha sido la parte un poco más triste... oír y recibir comentarios sin sentido”, rememora Eduardo, que lamenta que mucha gente, incluso alguna conocida, use las redes para esparcir odio y mentiras sobre la edad o la situación de Adú.

Eduardo, en cualquier caso, aboga por continuar haciendo lo que más le gusta Adú, que es jugar al fútbol, y añade que lo que subyace en todos los comentarios malintencionados “es más ignorancia que otra cosa”.

“Es un niño de 12 años, como otro cualquiera, con sus gustos, sus aficiones... y hay que hacer un poquito oídos sordos”, concluye.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, reclama un endurecimiento de la condena para los padres de los tres menores -dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano, de 11- que permanecieron autoconfinados sin contacto alguno con el exterior, durante cuatro años, en un chalé ubicado en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que los niños contrajeran el covid.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias impuso a los progenitores una pena de 2 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad penal en sendos delitos de violencia psiquica habitual en el ámbito familiar y abandono de familia, pero en su resolución descartó que hubieran incurrido en tres delitos de detención ilegal.

El Principado recurrirá la sentencia

La administración autonómica se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel. Por ello, la consejera considera que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto. Un hecho que llevará al Principado a recurrir la sentencia.

Marta del Arco ha reconocido ante los medios de comunicación que no comparte el fallo de la Audiencia Provincial al haber concluido que ambos progenitores debían ser absueltos del delito de detención ilegal; que era el delito que conllevaba la pena más grave que se solicitaba para ellos.

El estado de los menores

La consejera ha explicado que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los menores ya están escolarizados y se relacionan “bien” con los otros menores del centro, según ha indicado la titular de Derechos Sociales y Bienestar.

Los tres hermanos siguen una evolución lenta por todo lo vivido, se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven perfectamente con otros niños y ya están escolarizados

Marta del Arco — Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias

Los magistrados condenaron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, a una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para su tutela

El matrimonio también ha sido inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y le prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

A esta condena se añaden otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

La reacción de los padres

La sentencia ha sido acogida “con moderada satisfacción” por los padres, según confirmaron sus abogados defensores, Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, por el hecho de que el tribunal haya reconocido que no secuestraron a sus hijos y, por tanto, no haber sido considerados culpables del delito de detención ilegal. Y, por contra, mostraron su disconformidad a la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, ya que su intención es lograr el reagrupamiento familiar.

La Fiscalía y el Gobierno asturiano, a través de la letrada del Menor, solicitaban 25 años y cuatro meses de cárcel frente a la petición de libre absolución por las que abogaban las defensas.

Las sospechas de la vecina

El caso se destapó el 28 de abril de 2025, cuando la Policía Local de Oviedo/Uviéu accedió al interior de la vivienda tras el aviso de una vecina de la familia que mostró sus sospechas de que en el domicilio pudiera haber más de una persona residiendo, ya que había visto movimiento en la casa, a niños que no veía salir, ni entrar y, por tanto, sin escolarizar y solo estaba el padre empadronado en el chalé.

Cuando los agentes entraron en la casa comprobaron que había dos adultos y tres niños, todos ellos provistos de tres mascarillas en la cara por el miedo al contagio del covid, y habitaciones en condiciones de insalubridad, con pañales sucios por el suelo, excrementos y escombros. Una escena que les llevó a denominar la vivienda como “la casa de los horrores”.

Un autoconfinamiento familiar

Durante los cuatro años que duró el autoconfinamiento, entre los meses de diciembre y abril de 2025, la familia se movía por el interior de la casa sin apenas hacer ruido, prácticamente a oscuras, sin televisión, ni conversaciones o juegos infantiles.

Tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos y, tras comparecer en el juzgado, fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos.

El pasado mes de marzo se celebró el juicio y, tras la sentencia condenatoria, las partes se plantean ya los posibles recursos de apelación. El Principado, en principio, ha sido el primero en pronunciarse.

El Grupo de Acción Social y Sindical ha realizado, con el liderazgo del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores de Extremadura (COPESEX) y a propuesta de SIP, la solicitud formal, por segundo año consecutivo, para la concesión de la Medalla de Extremadura a título póstumo a María Belén Cortés Flor, la educadora social de 35 años asesinada en Badajoz.

“El Sindicato Independiente Progresista (SIP), promotor de la idea, pertenece al Grupo de Acción Social y Sindical que la solicitó ayer formalmente con el liderazgo de COPESEX”, tal y como recoge en un comunicado la organización sindical que confía “en que este año la Junta de Extremadura sea más sensible ante sus propios trabajadores”.

Señala que el asesinato de la trabajadora el 9 de marzo de 2025, en el piso de menores situado en el número 3 de la calle Castillo de Benquerencia, en la Urbanización Guadiana de Badajoz, “no podía ser ninguna sorpresa para quien conociera el funcionamiento de los pisos y centros de menores en Extremadura”. “La muerte de la joven conmocionó a la función pública extremeña, y, muy especialmente, a las trabajadoras del llamado sector social”, recalca.

El 12 de marzo se comenzó a crear el Grupo de Acción Social y Sindical, donde en la actualidad comparten objetivos 17 entidades profesionales y sindicales de Extremadura, con el fin último de mejorar sustancialmente las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en este ámbito. A partir de entonces se sucedieron los actos reivindicativos y de recuerdo como una manifestación el sábado 22 de marzo en Badajoz; y la primera propuesta para la concesión de la Medalla de Extremadura.

Una solicitud “sin éxito” pues “el Gobierno de María Guardiola no tuvo la empatía suficiente para conceder este reconocimiento póstumo a una trabajadora de la Junta que quizá falleció por la propia mala gestión de la administración”.

El 29 de octubre todas las entidades se concentraron frente a los juzgados de Badajoz, donde comenzaba el juicio contra los acusados del crimen, con el propósito de apoyar a su familia y compañeros, en un día tan complicado.

Posteriormente, el pasado 19 de febrero se hizo público que el Grupo de Acción Social y Sindical volvería a solicitar la Medalla para la educadora fallecida.

Además, su población natal, Castuera, le rindió un sentido homenaje el 6 de marzo dándole su nombre a una plaza; el 9 de marzo, aniversario de su muerte, el Grupo de Acción Social y Sindical se presentó oficialmente en rueda de prensa en Mérida, y el 14 de marzo se volvió a concentrar en Badajoz.

Los padres de los tres menores -dos gemelos de 8 años y un niño de 10- que durante cuatro años permanecieron autoconfinados sin contacto alguno con el exterior en un chalé de la zona rural de Oviedo, bautizada por el operativo policial que los liberó como 'la casa de los horrores', han sido condenados por la Audiencia Provincial de Asturias por su responsabilidad penal en sendos delitos de violencia psiquica habitual en el ámbito familiar y abandono de familia.

El matrimonio ha sido absuelto del delito de detención ilegal que le atribuían la Fiscalía y la acusación particular ejercitada por la Letrada del Menor de la administración del Principado de Asturias.

Las penas impuestas

El tribunal de la Sección Segunda ha impuesto al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Los magistrados han condenado igualmente al matrimonio a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y le prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Una indemnización

A esta condena añaden otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y, en concepto de responsabilidad civil, la Sala cifra el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros.

Las dos acusaciones solicitaban penas mucho más duras para el matrimonio. Así, la Fiscalía y la acusación particular interesaban sendas penas para cada miembro de la pareja de 25 años y 4 meses de cárcel.

El miedo “insuperable”

La sentencia, notificada este lunes, echa por tierra las argumentaciones de Christian S., y Melissa A.S., quienes a través de sus abogados defensores, Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, respectivamente, pedían la libre absolución al sostener que la pareja sentía “un miedo insuperable” a que contrajeran el Covid–19 y estaba convencida de que la mejor solución era el autoconfinamiento familiar.

En su alegato final, durante el turno de última palabra en el juicio, en la sesión celebrada el pasado 19 de marzo, los padres aseguraron que ellos “querían lo mejor para los niños” y creían que no estaban cometiendo delito alguno por aislarlos del mundo exterior para que no contrajeran enfermedad alguna, ya que ellos tenían covid persistente y no querían que sus hijos tuvieran también secuelas.

Durante su declaración ante los magistrados de la Sección Segunda incluso se mostraron muy receptivos a colaborar con la administración del Principado, que tiene actualmente a los tres hermanos acogidos en un centro tutelado, para seguir las pautas que fueran necesarias de cara a un futuro reagrupamiento familiar.

Los menores, en un centro tutelado

Desde la administración autonómica se intentó que los menores pudieran ser acogidos por algún familiar directo para que no se perdiera el arraigo. Contactaron con los abuelos, que residen en Estados Unidos (EEUU). Al conocer lo ocurrido, se desplazaron hasta Asturias y mantuvieron encuentros con los menores. Sin embargo, no podían hacerse cargo de ellos, por lo que a día de hoy continúan en un centro tutelado.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha constatado la buena evolución de los menores. La Dirección General de Infancia y Familias asumió en el ámbito de sus competencias de protección de menores la custodia de los tres menores a instancias de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Adaptados a la nueva vida

“Los menores se encuentran en acogimiento residencial en uno de los centros dependientes del Principado, donde se les está garantizando su mayor bienestar”, ratificó la consejera.

Los niños tratan de sobrellevar esta separación de sus padres y adaptarse a esta nueva vida junto a otros menores supervisados por un equipo multidisciplinar de profesionales en un entorno muy diferente. Inicialmente han tenido que aprender incluso el idioma, ya que toda la familia se relacionaba en inglés e incluso en el juicio los padres declararon con intérprete.

Cuatro años de aislamiento

Su imagen actual nada tiene que ver con la que se encontraron el 28 de abril de 2025 los policías locales que accedieron a la vivienda familiar y que ellos mismos describieron como un entorno de condiciones infrahumanas, con pañales manchados tirados por el suelo, escombros y excrementos. De hecho, a pesar de su edad, los menores que siempre iban provistos de tres mascarillas, aún usaban pañales y estaban sin escolarizar.

Durante los cuatro años que duró el autoconfinamiento, entre los meses de diciembre y abril de 2025, la familia se movía por el interior de la casa sin apenas hacer ruido, prácticamente a oscuras, sin televisión, ni conversaciones o juegos infantiles que pudieran despertar las sospechas de los vecinos.

La perplejidad de los vecinos

Solo el padre estaba empadronado en la vivienda y todos los pedidos de alimentos y otros productos que precisaran para el día a día eran adquiridos a través de internet y recogidos por Christian S., por lo que la sorpresa para los vecinos de la zona, al comprobar que durante todo ese período de tiempo habían residido en su interior cinco personas fue mayúscula, según ellos mismos explicaron a elDiario.es Asturias.

El matrimonio llegó a Asturias en octubre de 2021 y alquiló un chalé individual a escasos metros del convento de las Carmelitas Descalzas, donde viven monjas de clausura. Apenas hay una decena de casas más en los alrededores por lo que a priori parecía el entorno perfecto para pasar desapercibido.

Las sospechas de una vecina

Y así ocurrió hasta que a una de las vecinas le pareció haber visto movimiento en una de las ventanas de la viviendas y finalmente lo puso en conocimiento del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu. Su llamada activó todo el operativo policial que desembocó en la detención del matrimonio y la liberación de los tres hermanos. Tras comparecer en el juzgado de instrucción, los padres de los tres menores fueron trasladados hasta el Centro Penitenciario de Asturias, donde permanecen ingresados desde abril de 2025.

La Policía Local llegó a manifestar su perplejidad no solo al ver el estado de los menores y el estado de la casa donde han estado autoconfinados durante cuatro años, sino también por ver las reacciones de los hermanos al salir al exterior. Los propios agentes indicaron que los niños, nada más ver el jardín, empezaron a “respirar profundamente” e incluso uno de los menores llegó a sorprenderse al tocar la hierba “como si fuera la primera vez que lo hacía”.

La expectación mediática

El juicio contra el matrimonio se celebró el pasado mes de marzo. El tribunal acordó que la vista oral se celebrara a puerta cerrada, lo que no restó un ápice de expectación mediática, ya que incluso se desplazaron hasta la sede de la Audiencia Provincial de Asturias en Oviedo periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión y de productoras tanto de Asturias, como de Galicia, Madrid e incluso de Alemania y Luxemburgo.

Tanto a la entrada como a la salida de cada sesión del juicio, las defensas reiteraron que no existía una “casa de los horrores”, como describió la Policía Local de Oviedo/Uviéu la vivienda familiar por la escena que se encontraron durante la intervención.

Las interpretaciones

Los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González consideraron que el caso debería haberse llevado desde un principio a través de la vía asistencial y mantuvieron durante todo el proceso que la vía penal no era la adecuada.

“No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe aquí. Lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o heterodoxa, lo podríamos llamar, pero desde luego no criminal”, aseveraron.

Una vez examinado con detalle el caso, los magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias han llegado a la convicción de que el matrimonio incurrió en un delito de abandono de familia y de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar en una sentencia que no es firme.

Un niño de unos ocho años murió el lunes en el municipio coruñés de Fisterra tras caerse desde una ventana del centro de acogida de menores en el que vivía. La alerta se recibió en torno a las 17.00 horas, procedente del centro, el Nosa Señora do Carme, que está en las inmediaciones de la playa de A Ribeira.

El menor se precipitó desde una altura de unos 15 metros, según informa Europa Press, que indica que se golpeó con un vehículo que estaba aparcado en la calle y que, pese a que se trasladó un amplio dispositivo -Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y el helicóptero del 061 con base en Santiago- el niño había fallecido a causa de la caída. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.

El centro, que consta como activo desde 1997, tiene 12 plazas para menores acogidos, es decir, se trata de unas instalaciones en las que viven niños o adolescentes que están bajo la tutela de la Xunta por encontrarse en situación de desamparo. Fuentes de la administración autonómica aseguran que los datos que han recabado apuntan a que la muerte fue accidental y a que el menor estaba acompañado en el momento en el que ocurrieron los hechos. Añaden que en el centro se cumplen las ratios y hay 13 trabajadores y que se le hace una inspección anualmente. La última, indican, fue en noviembre de 2025 y se detectó únicamente un problema de humedades, según la Xunta.

Tras el suceso se movilizó también al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (Gipce).

Una niña de cinco años que vivía desde hace 18 meses con una familia de acogida en Asturias ha sido sustraída por sus padres biológicos, tras agredir a una de las educadoras que supervisaba la visita que realizaban a la menor en un punto de encuentro en un centro especializado en acogimiento familiar, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias.

Inmediatamente los hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Asturias y se formalizó una denuncia ante la Jefatura Superior de Policía de Asturias que activó el protocolo de búsqueda.

La sustracción de la menor se produjo el pasado jueves, aunque no ha trascendido hasta hoy, lunes, al cumplirse el cuarto día sin que se tenga noticia de su paradero.

Visitas supervisadas

La Policía Nacional ha elevado el caso al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, que ha difundido una alerta solicitando la colaboración ciudadana para tratar de localizar a la menor.

Un portavoz de la consejería ha asegurado que los padres biológicos de la niña mantenían visitas autorizadas en un centro especializado de acogimiento familiar, siempre bajo la supervisión de la administración autonómica, que hasta ahora se habían desarrollado sin incidencias.

Colaboración ciudadana

La desaparición de la niña se considera de alta vulnerabilidad y desde Alerta Desaparecidos se ha difundido su fotografía con sus datos -Miranda M.M., de 1,20 de estatura, complexión delgada, pelo castaño y ojos marrones- para que cualquier persona que la haya visto se ponga en contacto con el 091 de la Policía Nacional, el 062 de la Guardia Civil o a la Fundación Anar-Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo llamando al teléfono 116000.

Asimismo se ha habilitado el número de teléfono 868 286 726 y la dirección info@sosdesaparecidos.es, donde se analizará cualquier dato que pueda ser de utilidad para los investigadores. A continuación, reproducimos el post publicado en la red social X.

Una reacción “inesperada”

Por otro lado, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha asegurado este lunes ante los medios de comunicación asturianos que nadie se esperaba una reacción como la de los padres biológicos a tenor de cómo se habían desarrollado hasta ahora los encuentros con la menor.

“La reacción de la familia biológica fue totalmente inesperada”, ha afirmado la consejera.

La familia de acogida

Del Arco ha afirmado que los padres biológicos habían recurrido el proceso de acogimiento, como ocurre en el 97% de los casos.

La familia de acogida está atravesando actualmente por “un momento muy complicado y muy duro”, ha señalado la titular de Derechos Sociales y Bienestar del Principado que está en permanente contacto con ella.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Custos-Tiscal, ha liberado a una menor de edad de 15 años que ha sido víctima de agresiones sexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad en Isla Cristina (Huelva), tras haber sido incitada a abandonar un centro de protección en la provincia de Sevilla. En el marco de la actuación, se ha detenido a tres personas como presuntos autores de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago. A uno de ellos también se le imputa un delito de agresión sexual a la menor.

Los hechos sucedieron cuando la menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección, fue contactada por una mujer que había estado, hasta hacía poco tiempo, en ese mismo centro. Esta mujer, junto con su pareja, logró convencerla para que abandonara el centro de protección sin conocimiento de sus responsables. Posteriormente, la menor fue trasladada a un domicilio de la localidad de Isla Cristina (Huelva), donde fue retenida contra su voluntad.

Durante ese tiempo, los autores le retiraron el teléfono móvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada. Asimismo, fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas o ropa.

Liberada tras contactar con una amiga

Además, uno de los detenidos habría agredido sexualmente a la víctima en varias ocasiones, empleando amenazas y violencia. La localización de la menor fue posible gracias a la actuación de la Guardia Civil, tras lograr la menor contactar con una amiga, a la que facilitó información relevante sobre su ubicación.

En un primer momento, la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias pero posteriormente, cuando se encontraba más segura en compañía de las educadoras del centro, denunció los hechos. Por tal motivo, los agentes detuvieron a tres personas y registraron un domicilio donde se intervinieron diversos efectos, entre ellos joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas.

Igualmente, se ha podido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas posteriormente para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha reclamat aquest dijous l'activació d'una contingència migratòria preventiva per frenar l'arribada de menors migrants procedents de Canàries, Ceuta i Melilla, alhora que ha demanat accelerar les repatriacions d'aquells que mantenen contacte amb les seves famílies.

La petició s'ha produït després de la reunió mantinguda al Consolat amb la ministra d'Infància i Joventut, Sira Rego, en una trobada en què també han participat els consells insulars. La líder balear ha traslladat a la ministra la “situació límit” que travessa el sistema de protecció de menors a Balears, tensionat per l'increment d'arribades en els últims anys.

Davant les reclamacions de Prohens, la ministra ha asseverat que “no hi ha contingència a la carta”, defensant que el model de repartiment de menors migrants no acompanyats entre comunitats autònomes és una “història d'èxit”. Tal com ha subratllat, el reial decret ha permès tramitar sense incidències uns 1.500 expedients, asseverant que el sistema prioritza la coordinació entre territoris i l'adaptació a la seva capacitat d'acollida.

La contingència migratòria és una figura amb la qual el decret per a la derivació dels menors habilita les comunitats autònomes que es declarin saturades a reubicar-los en altres regions. Per cursar aquest mecanisme, les autonomies han de triplicar la seva capacitat ordinària d'acollida, cosa que no succeeix en el cas de Balears: per obtenir-la hauria de superar els 1.218 nens i adolescents migrants acollits, un 45% més dels que atén en l'actualitat.

Durant la reunió, la presidenta autonòmica ha explicat que les illes tutelen 733 menors migrants no acompanyats, la qual cosa suposa prop de dos terços del total de menors sota protecció. Encara que aquesta xifra excedeix en 327 places la capacitat ordinària, la qual cosa suposa una sobreocupació superior al 80%, no arriba a triplicar-la, requisit exigit pel decret per activar el mecanisme.

Amb tot, l'Executiu autonòmic i els Consells Insulars han reclamat no solament frenar els trasllats des d'altres territoris, sinó també més finançament estatal per sostenir el sistema. Segons Prohens, els 7,8 milions transferits pel Govern resulten “clarament insuficients” davant l'increment de la pressió assistencial. En paral·lel, han sol·licitat poder recórrer a romanents per afrontar despeses extraordinàries i la retirada de l'últim decret estatal que eleva la capacitat teòrica d'acollida a Balears fins a les 434 places, cosa que, al seu parer, dificulta l'activació de mecanismes de contingència.

La resposta de Rego ha estat contundent. “No hi ha una contingència a la carta”. La ministra ha defensat el reial decret aprovat pel Govern -concebut per distribuir els menors entre comunitats en funció d'indicadors objectius- com “una història d'èxit” i ha apuntat que el text té en compte la situació de cada territori per evitar una major sobrecàrrega.

En aquesta línia, ha considerat “curiós” que Balears critiqui el decret i, al mateix temps, vulgui acollir-s'hi per frenar el repartiment. La ministra ha insistit que no és raonable que cada comunitat determini unilateralment si està saturada, incidint que el model ja preveu no derivar menors a aquells territoris amb els serveis més tensionats.

En relació amb la petició d'accelerar repatriacions, la ministra ha recordat que qualsevol actuació ha de regir-se pel dret internacional i l'interès superior del menor, i ha deixat entendre que aquest tipus de propostes s'emmarquen en acords amb l'extrema dreta.

El passat mes de setembre, el Govern central ja va denegar la petició de Balears d'acollir-se a la contingència migratòria, tal com va anunciar la pròpia Prohens durant una de les seves intervencions en el ple del Parlament balear, en la qual va assegurar que el seu gabinet recorreria “a totes vies” al seu abast per frenar la derivació de menors migrants no acompanyats a les illes.

Un mes després, el Tribunal Suprem va desestimar la primera sol·licitud de mesura cautelaríssima per suspendre els trasllats presentada pel Govern. Segons informava l'alt tribunal, no s'aprecia la concurrència de circumstàncies d'especial urgència que requereixi una suspensió cautelarísima i ordenava la tramitació de l'incident pel procediment ordinari.

Prohens ha aprofitat la trobada per traslladar a la ministra la necessitat de reformar la Llei de protecció de la infància amb l'objectiu d'ampliar els delictes que recull l'article 57 i incloure el delicte d'assetjament quan es comet sobre menors per excloure les persones condemnades per aquests fets de l'accés a professions que impliquen contacte amb menors .

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha reclamado este jueves la activación de una contingencia migratoria preventiva para frenar la llegada de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, al tiempo que ha pedido acelerar las repatriaciones de aquellos que mantienen contacto con sus familias.

La petición se ha producido tras la reunión mantenida en el Consolat con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en un encuentro en el que también han participado los consells insulares. La líder balear ha trasladado a la ministra la “situación límite” que atraviesa el sistema de protección de menores en Balears, tensionado por el incremento de llegadas en los últimos años.

Frente a las reclamaciones de Prohens, la ministra ha aseverado que “no hay contingencia a la carta”, defendiendo que el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas es una “historia de éxito”. Tal como ha subrayado, el real decreto ha permitido tramitar sin incidencias unos 1.500 expedientes, aseverando que el sistema prioriza la coordinación entre territorios y la adaptación a su capacidad de acogida.

La contigencia migratoria es una figura con la que el decreto para la derivación de los menores habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicarlos en otras regiones. Para cursar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 niños y adolescentes migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad.

Durante la reunión, la presidenta autonómica ha explicado que las islas tutelan a 733 menores migrantes no acompañados, lo que supone cerca de dos tercios del total de menores bajo protección. Aunque esta cifra excede en 327 plazas la capacidad ordinaria, lo que supone una sobreocupación superior al 80%, no llega a triplicarla, requisito exigido por el decreto para activar el mecanismo.

Con todo, el Ejecutivo autonómico y los Consells Insulars han reclamado no solo frenar los traslados desde otros territorios, sino también más financiación estatal para sostener el sistema. Según Prohens, los 7,8 millones transferidos por el Gobierno resultan “claramente insuficientes” ante el incremento de la presión asistencial. En paralelo, han solicitado poder recurrir a remanentes para afrontar gastos extraordinarios y la retirada del último decreto estatal que eleva la capacidad teórica de acogida en Balears hasta las 434 plazas, lo que, a su juicio, dificulta la activación de mecanismos de contingencia.

La respuesta de Rego ha sido tajante. “No hay una contingencia a la carta”. La ministra ha defendido el real decreto aprobado por el Gobierno -concebido para distribuir a los menores entre comunidades en función de indicadores objetivos- como “una historia de éxito” y ha apuntado que el texto tiene en cuenta la situación de cada territorio para evitar una mayor sobrecarga.

En esta línea, ha considerado “curioso” que Balears critique el decreto y, al mismo tiempo, quiera acogerse a él para frenar el reparto. La ministra ha insistido en que no es razonable que cada comunidad determine unilateralmente si está saturada, incidiendo en que el modelo ya contempla no derivar menores a aquellos territorios con los servicios más tensionados.

En relación con la petición de acelerar repatriaciones, la ministra ha recordado que cualquier actuación debe regirse por el derecho internacional y el interés superior del menor, y ha deslizado que este tipo de propuestas se enmarcan en acuerdos con la extrema derecha.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno central ya denegó la petición de Balears de acogerse a la contingencia migratoria, tal como anunció la propia Prohens durante una de sus intervenciones en el pleno del Parlament balear, en la que aseguró que su gabinete recurriría “a todas vías” a su alcance para frenar la derivación de menores migrantes no acompañados a las islas.

Un mes después, el Tribunal Supremo desestimó la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender los traslados presentada por el Govern. Según informaba el alto tribunal, no se aprecia la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiera una suspensión cautelarísima y ordenaba la tramitación del incidente por el procedimiento ordinario.

Prohens ha aprovechado el encuentro para trasladar a la ministra la necesidad de reformar la Ley de protección de la infancia con el objetivo de ampliar los delitos que recoge el artículo 57 e incluir el delito de acoso cuando se comete sobre menores para excluir a las personas condenadas por estos hechos del acceso a profesiones que implican contacto con menores .