La sociedad propietaria de los tres pisos que iban a ser destinados al alojamiento de ocho menores extranjeros tutelados por la administración autonómica en el barrio de La Florida, en Oviedo/Uviéu, tiene vinculación por lazos familiares con el jefe del Servicio de Infancia y Familias de Asturias.

Un informe elaborado por la Secretaría General Técnica del Principado así lo revela. Por ello, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se ha remitido toda la documentación que obra en poder de la administración autonómica a la Fiscalía asturiana para la apertura de diligencias de investigación que permitan esclarecer los hechos y, en su caso, depurar posibles responsabilidades.

Aunque la operación que se iba a llevar a cabo en La Florida finalmente se frustró, tras numerosas protestas ciudadanas que abrieron una importante brecha en la convivencia y provocaron la división en el barrio entre partidarios y detractores, el Gobierno asturiano ha puesto a disposición del Ministerio Fiscal toda la documentación sobre el caso.

La 'marcha atrás' en la decisión

El Principado había aducido “razones técnicas y jurídicas”, sin concretar más detalles, para justificar su renuncia a esta ubicación. El anuncio de que desistía de esta actuación en este barrio se hizo público coincidiendo con la incorporación de Nerea Monroy a su nuevo cargo como consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Ubicaciones alternativas

Esta misma semana, la administración autonómica confirmó que se estaba buscando otras ubicaciones alternativas para el traslado de estos ocho menores que “están plenamente integrados” en la sociedad asturiana desde el centro de Avilés, donde residen actualmente, tras descartar la opción principal de La Florida.

Este miércoles, el Principado ha sido mucho más explícito y ha dado un paso más para demostrar la transparencia que preside la actuación del gobierno regional. El propio presidente, Adrián Barbón, ha ofrecido las explicaciones en su perfil oficial en las redes sociales.

Las explicaciones

En este post, que reproducimos de su comentario en su perfil en X, detalla lo ocurrido y la inmediata reacción que ha tenido al remitir toda la documentación de la que dispone a la Fiscalía.

La vinculación familiar

En este informe, se aportan los datos sobre la actuación administrativa seguida en el caso del edificio número 32 del Paseo de La Florida -ya descartado para alojar a los menores tutelados- y se analizan diversas cuestiones relacionadas con las condiciones del inmueble y con la viabilidad de la actuación.

Asimismo, hace referencia a la existencia de una vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una de las personas relacionadas con la propiedad del inmueble.

Barbón: “Transparencia total y absoluta”

“Si bien el traslado de los menores jamás llegó a producirse, y aunque tampoco se arrendó el local –una cuestión que, en último caso, correspondería a la Fundación Diagrama, la entidad concertada-, Derechos Sociales considera necesario que se determine cualquier tipo de responsabilidad a la que hubiera lugar”, explica el presidente asturiano.

Barbón finaliza su explicación con la palabra que, según recalca, define a su Gobierno y, por tanto, su forma de actuar: “Transparencia total y absoluta”.

El Gobierno de Asturias ha reculado en su decisión de trasladar a los ocho menores extranjeros tutelados por la administración autonómica que residen actualmente en Avilés al inmueble número 32 del Paseo de La Florida, en Oviedo/Uviéu, como barajaba inicialmente. El Principado da así marcha atrás a una de las actuaciones más polémicas que han provocado una fuerte división en el barrio, entre partidarios y detractores, que se ha escenificado con protestas en la calle.

Esta ha sido la primera medida que ha adoptado Nerea Monroy nada más tomar posesión de su cargo ayer, lunes, como nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Un barrio dividido

A pesar de que desde la Consejería se ha insistido en que los ocho menores están “plenamente integrados” en la sociedad asturiana, ya que estudian y llevan un año viviendo en Avilés, el anuncio de que iban a ser trasladados al barrio no fue muy bien recibida por un sector de los residentes en el edificio que mostraron su rechazo con concentraciones en las que contaron con el apoyo de Vox.

La oposición radical a su traslado fue contestada con una manifestación convocada por Asturies Antifascista donde se corearon esloganes acomo “Nativa o extranjera la misma clase obrera” o “Fuera fascistas de nuestros barrios” mientras portaban pancartas con la leyenda “Contra el racismo, unidad de clase”, en medio de un amplio despliegue policial.

Un emplazamiento alternativo

En medio de este clima de hostilidad cada vez más patente, el Principado ha optado por descartar el traslado de los menores a este barrio ovetense. Sin embargo, alega que los motivos que le llevan a buscar otras alternativas no son otros que “razones técnicas y jurídicas”.

“La elección de un local adecuado para acoger a menores no acompañados requiere una serie de condiciones de idoneidad. Como adelantó hace unas semanas la consejera Concepción Saavedra, que había asumido temporalmente las competencias de Derechos Sociales, el Gobierno del Principado estaba evaluando tales requisitos. La propia Saavedra había anunciado que el Ejecutivo consideraba la elección de otros lugares”, han señalado desde el Principado.

Un primer adelanto de esta evaluación fue comunicado ayer a la nueva titular de Derechos Sociales, Nerea Monroy. A la vista de esta información, “que será analizada y completada con detalle durante los próximos días”, subrayan las mismas fuentes, la consejera ha decidido cancelar la opción de La Florida y centrar la tarea en la elección de otro lugar “libre de cualquier duda de carácter técnico o jurídico”.

Menores integrados y tutelados

El Gobierno de Asturias ha reiterado por activa y por pasiva que se trata de buscar un alojamiento adecuado para ocho menores que “ya llevan tiempo en la comunidad autónoma, están plenamente integrados y, además, están tutelados”.

A pesar de que, con este anuncio, el Principado da por zanjada esta polémica, el pleno del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu debate este martes este tema después de que Vox haya registrado una pregunta donde insta al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a posicionarse “si está con los vecinos o si acepta en Oviedo el modelo de acogida impuesto por la izquierda”.

Con eslóganes muy descriptivos como “Más barrio y más servicios públicos y menos racismo” y “El fascismo se combate, no se debate”, cientos de personas han salido este jueves a la calle a manifestarse, en medio de una gran tormenta de lluvia y granizo, secundando la convocatoria de Asturies Antifascista en protesta por el rechazo de un sector de vecinos a que tres pisos de su edificio de viviendas, ubicado en el barrio de La Florida, en la capital asturiana, se destine al alojamiento de ocho menores extranjeros que actualmente residen en Avilés en un centro “muy anticuado”.

Apenas media hora antes, los vecinos que se oponen se habían concentrado delante del inmueble número 32 del Paseo de La Florida, para dejar patente su malestar por la decisión de la administración del Principado de ubicar a los menores en su barrio.

Concentraciones paralelas

Ambas manifestaciones de protesta se han desarrollado sin incidentes y separadas por escasos metros entre sí. La tormenta de lluvia y granizo que descargó esta tarde-noche en Oviedo/Uviéu hizo que muchos manifestantes acabaran refugiándose en los soportales.

El barrio de La Florida es un polvorín estos días desde que trascendió la noticia de que el Principado barajaba destinar tres pisos de ese edificio para que residieran en ellos los ocho menores que, según sostiene la consejera de Salud Concepción Saavedra -que asume provisionalmente las funciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ante la baja de su titular- están “plenamente integrados” y no son “nada conflictivos”.

La división del barrio

El barrio está dividido y, aunque no hay fronteras ni líneas que lo separen, los motivos ideológicos están haciendo mella en la convivencia diaria.

Por un lado están los vecinos y vecinas que protestan, con el apoyo de Vox, por el posible traslado de los menores extranjeros porque no quieren convivir con ellos y, por otro, aquellos otros vecinos del barrio, apoyados por colectivos sociales y grupos políticos de izquierdas, que denuncian los mensajes de odio y se movilizan contra la xenofobia y el racismo. Dos posicionamientos que se han escenificado este jueves, en la calle, en sendas convocatorias casi simultáneas en el barrio y que han subido todavía más la escalada de tensión en la que está inmerso el debate público.

Manifestación contra el racismo

La plataforma Asturies Antifascista convocó una concentración frente al Centro de Estudios de La Florida, en la plaza Carlos Osoro.

Con el lema “Fuera racismo de nuestros barrios” respondía a las recientes movilizaciones convocadas por Vox y Núcleo Nacional en contra de la posible llegada de los menores al barrio.

“Contra el racismo, unidad de clase”

A la concentración antifascista se han sumado varios centenares de personas que han coreado lemas como “Nativa o extranjera la misma clase obrera” o “Fuera fascistas de nuestros barrios” mientras portaban pancartas con la leyenda “Contra el racismo, unidad de clase”, en medio de un amplio despliegue policial.

Entre los participantes se encontraba la portavoz de Podemos en la capital asturiana, Belén Suárez Prieto, quien ha asegurado que la acogida de menores vulnerables es una obligación moral, además de legal.

Generan “falsa inseguridad”

“Desde Podemos Uviéu creemos que la mejor política de seguridad y convivencia es acoger a las y los menores vulnerables, garantizando todos sus derechos y sin crear guetos al servicio de los discursos de odio que enfrentan al vecindario y generan falsa inseguridad”, ha aseverado.

La portavoz local ha recordado que “Asturies siempre fue una tierra solidaria y de acogida. En Podemos -ha añadido- tenemos claros principios antirracistas y reivindicamos, en Ceuta y en La Florida, que las administraciones cumplan con la atención a las personas migrantes, garanticen sus derechos e impidan la propagación de bulos y odio”.

El trabajo con colectivos de migrantes

Suárez Prieto quiso reconocer la labor de las asociaciones y colectivos de personas migrantes y su trabajo pedagógico en favor de la convivencia vecinal y de la garantía de derechos fundamentales de la infancia migrante.

“Es comprensible que se genere alarma entre vecinas y vecinos si falta información o se permite el racismo y el discurso de odio con impunidad. La labor de las asociaciones para favorecer la convivencia y trabajar en favor de los derechos de las personas migrantes en Oviedo es en ese sentido ejemplar”, ha señalado.

La “escalada de tensión”

El portavoz de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares también ha rechazado abiertamente las manifestaciones racistas y ha mostrado públicamente su apoyo a los menores extranjeros.

“Creemos que, ante la escalada de tensión que vive el barrio, es el momento de defender la convivencia, los derechos humanos y los derechos de la infancia frente a los discursos de odio”, ha indicado Llamazares, quien advierte de que la situación en el barrio va “mucho más allá” de una simple discrepancia de opiniones.

“El ataque a la convivencia democrática”

“Cuando Vox alimenta el miedo y los grupos neonazis encuentran espacio para actuar, estamos ante un ataque a los derechos humanos y a la convivencia democrática. Los derechos humanos no pueden depender del origen, la situación económica o las circunstancias de una persona”, ha corroborado Llamazares.

El lema “Haciendo barrio frente al odio” responde a las necesidades que su grupo municipal cree que precisa el barrio y que describe en las siguientes prioridades: “más comunidad, más solidaridad y más convivencia frente a quienes pretende enfrentar a vecinos y vecinas señalando a quienes necesitan protección”.

La protección a los menores

Llamazares también ha incidido en la importancia de proteger a los menores tutelados y evitar toda manifestación de odio hacia ellos.

“El odio no solo es racismo, también es criminalizar la pobreza y la pertenencia a una clase social convirtiendo a las personas más vulnerables en chivos expiatorios. La presencia de Vox y de grupos neonazis en las movilizaciones ha convertido un debate legítimo sobre información y garantías en una campaña de señalamiento contra menores en situación de vulnerabilidad, alimentando el miedo, el racismo y la xenofobia”, ha denunciado el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo.

Peticiones de dimisión

La segunda concentración, convocada por la comunidad de residentes en el inmueble donde se estudia ubicar a los menores pero que no tiene el respaldo de la Asociación de Vecinos de La Florida, ha congregado a algo más de un centenar de personas que han coreado el lema “Barbón dimisión”.

A la protesta se ha sumado la portavoz de Vox en el parlamento asturiano, Carolina López, quien ha afirmado que la solución para superar el rechazo vecinal no puede consistir en trasladar “el centro de los menores a otro punto de Asturias”.

“La solución no es sacar el problema de un barrio para trasladarlo al siguiente. Nuestra posición es clara: cero menas en La Florida y cero menas en Asturias”, ha subrayado.

Alrededor de medio centenar de vecinos del barrio habían protagonizado, horas antes de que se celebraran estas dos concentraciones, otra protesta ante la sede de la Presidencia del Gobierno asturiano, donde exhibieron una pancarta con el lema “La Florida dice No al Centro de Menores”, a la que acudieron las portavoces de Vox en el Ayuntamiento de la capital asturiana y en la Junta General del Principado, Sonsoles Peralta y Carolina López, respectivamente.

La alarma social

La noticia del traslado se conoció a raíz de que los vecinos de este edificio colocaran un cartel exponiendo la información que les había trasladado la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para destinar “la antigua residencia geriátrica a un centro de acogida a menores vulnerables (menas)”, decía textualmente.

Este cartel fue difundido por Vox a través de las redes sociales y creó una gran alarma social al relacionar ese traslado con un posible “efecto llamada a la inmigración ilegal”.

Las manifestaciones ciudadanas

Un sector de los vecinos que se opone a esta medida se ha movilizado en los últimos días en protesta por esta posible llegada de menores extranjeros al barrio.

El Principado no ha tardado en salir en defensa de los jóvenes, de los que asegura que están “plenamente integrados” en la comunidad autónoma y nunca se han metido en líos porque “no son conflictivos”.

Otras opciones

Unas explicaciones que no han bastado a estos vecinos y vecinas que rechazan de plano la llegada de los menores. Ante esa situación de tensión, la consejera Concepción Saavedra ha afirmado que se barajan otras opciones.

Las declaraciones de Concepción Saavedra llevaron a la diputada y portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, a “exigir” al presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que revelase “todas y cada una de las ubicaciones alternativas que está barajando para acoger a estos menores.

La respuesta del presidente asturiano llegó a través de su perfil oficial en la red social X donde textualmente dice lo siguiente: “Frente a los que alimentan el odio, hay que defender la verdad, la bondad y la esperanza. Una sociedad que se construye desde el odio, no tiene futuro. Es una sociedad llamada a extinguirse como, de hecho, nos enseña la historia”. A continuación reproducimos íntegramente su post.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado este jueves que la comunidad foral se ofrece a acoger menores migrantes llegados a Ceuta y “a cumplir con las obligaciones legales”, al tiempo que ha criticado la posición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP

Tras participar en Madrid en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que ha aprobado el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta, Carmen Maeztu ha criticado “la postura de las comunidades autónomas del Partido Popular, que en la reunión se han negado a incluir en el orden del día un punto sobre la información de la situación de Ceuta”. “Yo creo que en política estamos para construir puentes, no muros, necesitamos más puentes, necesitamos poder debatir, necesitamos poder hablar, poder exponer las distintas posiciones que tenemos para solucionar los problemas y para construir una democracia mejor”, ha señalado.

La consejera ha indicado que “la trascendencia y la tragedia de los acontecimientos que han ocurrido en Ceuta exigen una altura de miras por parte de todas las comunidades autónomas” para no “dejar a Ceuta sola en esta situación”.

Maeztu se ha referido en particular a “la vulnerabilidad de los niños y de las niñas que están en Ceuta sin sus familias” y especialmente “a las más de 600 niñas, que además de esta situación de precariedad están expuestas a abusos y a la posibilidad de ser víctimas de la trata sexual”.

Así, la consejera ha expresado el “compromiso” del Gobierno de Navarra “con la ley, con el resto de comunidades autónomas, para dar una solución urgente a esta situación que vive Ceuta”. “Vamos a reivindicar como Gobierno que se cumpla la ley y desde luego seremos solidarios con Ceuta, porque no es sólo una obligación legal, es una obligación ética que debemos defender. La humanidad no puede dejar de estar presente en este problema de Ceuta”, ha señalado.

Según ha relatado Maeztu, el Ministerio ha presentado cuatro propuestas que ahora serán estudiadas por las Comunidades Autónomas para la atención de los menores migrantes. “Una de ellas es la aplicación del decreto, que no tiene más dificultad, puesto que está funcionando este sistema de reparto obligatorio. Hay otra opción que es la asunción por parte de ONG de la tutela de estos niños en la península. Y hay también la posibilidad de que las Comunidades Autónomas podamos hacer convenios bilaterales con Ceuta, sobre todo para poder dar respuesta a esta situación de urgencia por la que atraviesa la ciudad. También hay otra cuarta opción que es estudiar todo lo que tiene que ver con los acogimientos familiares. Nosotros estamos abiertos a estudiar todas estas medidas y a posibilitar en la medida que podamos nuestra ayuda a Ceuta”, ha indicado.

“Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones legales que tenemos y a ser solidarios con la situación que tiene Ceuta”, ha subrayado.

Carmen Maeztu ha señalado que “se habla de que la primera opción es la reagrupación familiar” pero que esa opción “ahora mismo es muy complicada también”. “Hay que valorar a cada uno de los menores, hay que tener la respuesta del Gobierno marroquí, hay que contactar con las familias y eso se va a demorar una serie de meses. Por tanto, es necesario que se tomen medidas de urgencia para atender a esos niños y a esas niñas que están en una situación de extrema vulnerabilidad”, ha indicado.

La consejera no ha ofrecido plazos para la acogida de estos menores. “Nosotros hemos propuesto que se vuelva a convocar una Conferencia Sectorial, que se dé información precisa de todo lo que se ha hecho y que podamos valorar también todas esas propuestas que la propia ministra ha hecho para abordar esta situación”, ha indicado.

En cuanto a la ausencia en la reunión de las consejerías de Gobiernos autonómicos lideradas por Vox, Maeztu ha afirmado que no le sorprende y ha señalado que “es lamentable que un responsable político que tiene que estar para construir puentes, para resolver problemas, eluda su responsabilidad y no venga a la reunión, ni tan siquiera se siente en una mesa”. “Ese es el sentido de democracia que tiene Vox en nuestro país”, ha indicado.

La Junta de Extremadura ha acogido en los últimos días a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta. Un traslado que deja al descubierto una clara paradoja política: la responsabilidad directa de su tutela y atención recae sobre la consejería gestionada por Vox, la misma que ha tenido que autorizar la incorporación de los jóvenes al sistema regional de protección.

En concreto, y según ha confirmado la Delegación del Gobierno a elDiario.es Extremadura, la semana pasada llegaron dos menores y este martes otros dos. En todos los casos se trata de jóvenes que se encontraban en Ceuta con anterioridad a la crisis migratoria iniciada el 30 de julio.

Esta recepción choca de lleno con las declaraciones grandilocuentes vertidas hace tan solo unas jornadas por el líder de la extrema derecha en la comunidad, Óscar Fernández Calle. El dirigente de Vox abogaba por el bloqueo de cualquier llegada, exigía la devolución inmediata de los niños a sus países de origen y cargaba contra el sistema de reparto estatal: “Nos opondremos por tierra, mar y aire”, llegó a afirmar, advirtiendo de que utilizaría “todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos” para impedir su llegada a Extremadura. Sin embargo, más allá de la retórica agresiva contra la inmigración y del pacto de PP y Vox, la realidad administrativa ha obligado al propio departamento dirigido por la formación ultra a formalizar el ingreso de los cuatro menores para garantizar su cobertura social, médica y residencial.

Más contenida se ha mostrado la presidenta extremeña. María Guardiola se comprometió este jueves a cumplir “siempre con la legalidad”, aunque defendió que “lo lógico, lo normal y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias”. A su juicio, ese “debe ser el objetivo prioritario” ante la situación migratoria que atraviesa Ceuta.

Dentro de esta cruzada del Gobierno extremeño contra la migración, la Junta ha presentado cinco recursos contencioso-administrativos contra el sistema de distribución para que el reparto “no nos afecte”, en palabras del propio Fernández Calle; un choque judicial que no ha impedido que, por ahora, la consejería en manos de su partido haya tenido que hacerse cargo del acogimiento de estos cuatro menores.

La madre biológica de Miranda M.M., de cinco años, ha alegado en el juzgado que su intención inicial no era sustraer a la menor del punto de encuentro del centro de la administración del Principado de Asturias, donde se llevaba a cabo una visita supervisada por una educadora, pero decidió escapar con la niña cuando le comunicaron que se despidiera de ella ya que “no iba a volver a verla porque la iban a dar en adopción”.

Su alegato no ha convencido a la Fiscalía que solicitó ante la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu, plaza número 3, su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La petición fiscal ha sido acogida y la mujer ya se encuentra ingresada en el Centro Penitenciario de Asturias.

La Fiscalía apreció la existencia de riesgo de fuga y consideró que la medida de internamiento era necesaria para proteger los bienes de la niña, a la que se considera que “se ha ocasionado una alteración en su estabilidad física y psíquica”.

La alerta ante posibles altercados

Poco después de su traslado a prisión, la abuela materna alertó a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado de que estaba siendo víctima de amenazas por parte de la familia paterna. Según su versión, acusaban a la familia materna de “no haber sabido esconder bien a la niña”.

Agentes de la Guardia Civil se desplegaron por el poblado donde el pasado viernes fue localizada la menor, para prevenir posibles incidentes, si bien a última hora no se habían registrado altercados.

El rapto y la detención del padre

La menor permanecía en paradero desconocido desde el pasado mes de abril cuando los padres biológicos acudieron al punto de encuentro fijado por la administración regional para visitar a la niña. En el transcurso de la visita, de forma totalmente inesperada, la educadora fue empujada y los progenitores abandonaron de forma precipitada el centro llevándose con ellos a la niña.

A lo largo de estos casi cuatro meses se ha llevado a cabo una intensa búsqueda de la menor y su imagen ha sido difundida en carteles por la asociación SOS Desaparecidos.

Entre otras actuaciones, el padre fue detenido acusado de su presunta participación en la desaparición de la niña. En un primer momento, él culpó a la madre biológica de ser la presunta autora del rapto. Posteriormente, el hombre fue puesto en libertad.

El arresto de la madre y un hermano

En un operativo policial especial desplegado el pasado viernes en el poblado fue localizada la menor, tras un registro caseta a caseta. En una de ellas estaba la niña junto a su madre biológica y un hermano, también menor de edad.

En este vídeo que reproducimos a continuación, difundido por la Policía Nacional, se puede ver el operativo desplegado en el poblado ubicado en las inmediaciones del Polígono de Silvota, donde ha sido localizada la menor.

La investigación ha corrido a cargo de integrantes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Oviedo/Uviéu, que ha contado con la colaboración de unidades de la Jefatura Superior de Asturias y de los Servicios Centrales de la Policía Nacional.

La coordinación permanente con el órgano judicial, la Fiscalía de Menores y la Consejería de Servicios Sociales del Principado de Asturias ha sido clave para garantizar la protección de Miranda.

El 'boicot' a la investigación

Fuentes policiales han confirmado que la familia biológica de la menor ha estado entorpeciendo continuamente las labores de investigación.

Tras ser detenida, la madre pasó a disposición judicial y desde ayer se encuentra ingresada en la cárcel de Asturias. Su hijo ha pasado este lunes a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía y, en principio, “va a quedar bajo la supervisión de dos de sus abuelos mientras se tramita el procedimiento”, según ha confirmado un portavoz de la Fiscalía asturiana.

El estado de la niña

El abogado José Manuel Álvarez, que ejercita la defensa de la madre, ha asegurado que su representada nunca tuvo intención de secuestrar a su hija y que su reacción se debió al temor de no volver a verla después de que le anunciaran que iba a ser dada en adopción.

Miranda llevaba conviviendo 18 meses con una familia de acogida cuando fue sustraída del punto de encuentro. La defensa de la madre sostiene que el mismo atestado policial recoge que al ser localizada presentaba buen estado de salud.

Riesgo de fuga

Distinta versión aprecia la Fiscalía que pidió el ingreso en prisión de la madre por varias circunstancias: por un lado, en la existencia de riesgo de fuga de la mujer, dado lo elevado de la pena que se le podría imponer, en caso de condena, en principio por un delito recogido en el artículo 225 bis del Código Penal que castiga al progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor de edad, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo del procedimiento, así como para proteger los bienes de la menor a la que, según su criterio, se le ha ocasionado “una alteración en su estabilidad física y psíquica”.

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo/Uviéu, se ha vuelto incontrolable. A las fugas, agresiones y motines se ha sumado este viernes la dimisión de su directora, la educadora Aída Rodrigo, quien apenas ha durado 14 meses en el cargo.

Aída Rodrigo había relevado al frente de la direccion a María José Álvarez, quien renunció a seguir en el puesto, en abril de 2025, tras ser cuestionada su gestión con una denuncia de acoso laboral.

La hasta ahora directora estaba destinada a Sograndio desde noviembre de 2022 y en el momento de ser nombrada por los responsables de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos para asumir el reto de la dirección ocupaba el cargo de presidenta del comité de empresa.

Fugas y agresiones

El consejero de Justicia y portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, ha convocado una rueda de prensa hoy mismo con carácter urgente y, ante los medios de comunicación asturianos, ha confirmado la dimisión de la hasta ahora directora. No en vano, en apenas una semana se han fugado ya ocho internos. Otro ocho se fugaron el pasado mes de junio.

El pasado lunes, se fugaron cinco internos aprovechando un motín que dejó un balance de cinco vigilantes de seguridad heridos. De los cinco internos que lograron escapar a través de la zona de talleres, dos fueron ya detenidos y se sigue buscando a otros tres menores.

Hoy, viernes, se ha conocido la noticia de que otros tres internos también se han fugado y uno de los vigilantes ha resultado herido ya que, al ver cómo escapaban, intentó impedir la huída y sufrió una caída que le provocó heridas en la cabeza por las que tuvo que ser atendido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo/Uviéu.

Peláez ha reconocido que el centro de Sograndio, donde hay 53 internos, de los que 23 son mayores de edad, se está convirtiendo “prácticamente en un centro penitenciario” y ha anunciado que, tras aceptar la renuncia de la directora, ha llegado al acuerdo de que continúe en funciones hasta que se designe a la persona que le sustituirá para garantizar, en el interín, el funcionamiento del centro.

Una situación compleja

Estos 14 meses no han sido nada fáciles con numerosas denuncias de la plantilla de trabajadores sobre las precarias condiciones de las instalaciones, la falta de personal, problemas con la empresa de seguridad en una situación que en los últimos meses se ha visto agravada por la actitud de los propios internos que han protagonizado fugas, motines y agresiones.

Las peleas entre los jóvenes que están ingresados en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio no se circunscriben exclusivamente a altercados o riñas entre ellos, sino que se aprovechan para destrozar el propio mobiliario, causando importantes destrozos en las dependencias, lo que desencadena la intervención de los vigilantes y nuevos altercados.

El efecto dominó

Estas situaciones derivan en momentos de gran tensión y provocan un efecto dominó, de forma que muchos de los internos se suman a las peleas y, en la mayoría de las ocasiones, son aprovechadas por otros compañeros para fugarse.

En apenas tres meses, casi una veintena de jóvenes han escapado del centro y, aunque algunos han podido ser detenidos y reintegrados al centro, otros siguen todavía en paradero desconocido pese a los importantes operativos especiales desplegados por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado para tratar de localizarlos.

“La niña ha aparecido y está bien”, es la escueta declaración con la que a primera hora de la mañana de este viernes el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado a elDiario.es Asturias que Miranda, la menor de cinco años tutelada por la administración del Principado, ha sido localizada en el concejo asturiano de Llanera en buen estado.

La menor se encontraba junto a un hermano y su madre biológica en un poblado en las inmediaciones del polígono de Silvota. En este operativo policial, donde los agentes han ido caseta a caseta en busca de la pequeña, han sido detenidas dos personas, entre ellas su propia madre.

Empujó a la educadora

Ella era una de las principales sospechosas de la desaparición de la pequeña e incluso el padre de Miranda llegó a identificarla claramente como la persona que sustrajo a la menor.

Fuentes policiales han asegurado que la investigación que se prolongó a lo largo de estos cuatro meses se vio entorpecida por el entorno familiar de la niña.

La Policia Nacional llevaba buscando intensamente a la niña desde el pasado mes de abril cuando se perdió su pista después de que sus padres biológicos se la llevaran del punto de encuentro en un centro de la administración regional adonde habían acudido para una visita, tras empujar a la educadora que estaba realizando labores de supervisión.

La investigación

La investigación ha corrido a cargo de integrantes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Oviedo/Uviéu. Esta sección especializada dedicada a la protección a víctimas de violencia de género, violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos contra menores o personas vulnerables ha contado con la colaboración de unidades de la Jefatura Superior de Asturias y de los Servicios Centrales de la Policía Nacional.

La coordinación permanente con el órgano judicial, la Fiscalía de Menores y la Consejería de Servicios Sociales del Principado de Asturias ha sido clave para garantizar la protección de Miranda.

El operativo policial en el poblado

En este vídeo que reproducimos a continuación, difundido por la Policía Nacional, se puede ver el operativo desplegado en el poblado ubicado en las inmediaciones del Polígono de Silvota, donde ha sido localizada la menor.

Secreto de sumario

La Jefatura Superior de Policía no aportará más detalles sobre el caso, según ha indicado el portavoz, ante el secreto de sumario que el juzgado mantiene vigente.

Miranda llevaba 18 meses conviviendo con una familia de acogida y mantenía contactos regulares con sus padres biológicos en un punto de encuentro hasta el pasado mes de abril. Hasta ese momento, todas las visitas se habían realizado “sin incidentes”, según ratificó un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por lo que nada hacía presagiar que podrían tener una reacción similar llevándose por la fuerza a la niña.

La alerta

Su desaparición se comunicó inmediatamente a la Fiscalía de Menores y la Policía Nacional elevó el caso al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, que difundió una alerta solicitando la colaboración ciudadana para tratar de localizar a la menor, al tratarse de una desaparición calificada de “alta vulnerabilidad”.

SOS Desaparecidos publicó un cartel con la imagen de la niña y facilitó teléfonos de contacto para que cualquier persona que pudiera haberla visto o supiera algún detalle importante para la investigación lo pusiera en conocimiento de las autoridades.

Registros

A lo largo de estos cuatro meses, los investigadores han seguido diversas pistas e incluso han entrado en algunos poblados para agotar todas las posibilidades.

En uno de estos registros fue detenido el padre biológico y posteriormente puesto en libertad. En ese momento, el padre culpó a la madre de la niña, de la que está separado, de haber sido ella la responsable de huir con la pequeña.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de Aspace Badajoz, Quintana ha asegurado que “los datos demuestran que no hay un colapso generalizado del sistema” en Extremadura y ha apelado a que la comunidad autónoma “no pierda la solidaridad que siempre le ha caracterizado”.

El delegado del Gobierno ha explicado que actualmente hay unos 15.000 menores tutelados en el conjunto de España, de los que 107 se encuentran en Extremadura. Además, ha señalado que la comunidad dispone de 364 plazas de acogida, por lo que, a su juicio, “el sistema no está al límite”.

Asimismo, ha recordado que la atención a estos menores cuenta con financiación estatal y ha indicado que la Junta de Extremadura recibirá 35 millones de euros para este fin.

Durante su comparecencia, Quintana también ha cuestionado la propuesta de introducir el principio de prioridad nacional y de preferencia extremeña en el acceso a determinadas ayudas públicas. En este sentido, ha defendido que la Constitución garantiza la igualdad de derechos y obligaciones “sin discriminación” y que las prestaciones deben concederse en función de la necesidad, la renta y la vulnerabilidad de las personas, no por su lugar de origen.

“¿Precisamente Extremadura dejará de ser solidaria, se tapará los ojos y a quien no sea extremeño no se le dará nada?”, se ha preguntado el delegado del Gobierno, quien ha insistido en que la región “se define por ser solidaria” y ha recordado que la legislación prioriza la protección de los menores por encima de cualquier debate ideológico o partidista.

En la misma línea, y en referencia al anuncio realizado este lunes sobre la incorporación del principio de prioridad nacional y preferencia extremeña dentro de la estrategia de simplificación administrativa, Quintana ha advertido de que ese planteamiento podría trasladar el mensaje de que “no venga nadie” a la comunidad, privando de protección a quienes la necesiten.

Respuesta de la Junta

Óscar Fernández Calle, vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, ha respondido al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, acusándole de “manipular los datos” para justificar la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y presentar como normal una situación que, según sostiene, es de fuerte tensión en la red de acogida extremeña.

Fernández Calle ha negado que la comunidad disponga de 257 plazas libres para menores extranjeros no acompañados y ha defendido que, según los informes técnicos de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, solo habría 12 plazas específicas disponibles, mientras que el resto de la capacidad que cita el Gobierno sería una estimación teórica que no refleja la ocupación real del sistema.

El vicepresidente ha lamentado que Quintana actúe “como portavoz de Pedro Sánchez” y ha denunciado además que el Gobierno central pretende repartir menores entre las comunidades autónomas dejando fuera a País Vasco y Navarra por motivos políticos. La Junta insiste en que la red extremeña está sometida a una presión muy elevada y recuerda los incidentes registrados en julio en el centro de Caminomorisco, que llevaron incluso a presentar una denuncia ante la Policía y la Fiscalía de Menores.

Los dos gemelos de 9 años y su hermano de 11 años que vivieron con sus padres en un chalé en la zona rural de Oviedo, entre los años 2021 y 2025, sin contacto con el mundo exterior por el temor de sus progenitores a contagiarse de Covid seguirán de momento a cargo de la administración del Principado de Asturias.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acordado este jueves el mantenimiento de la medida cautelar de suspensión de la patria potestad, guardia y custodia de los tres hijos menores de edad, por lo que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar seguirá a su cargo en régimen de acogimiento residencial.

Los magistrados de la Sección Segunda han seguido así el criterio de la Fiscalía del Principado que, el pasado 21 de julio, había solicitado que se mantuvieran las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor, el 30 de abril de 2025, contra el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense.

Visitas supervisadas

A partir de ahora, el Principado deberá arbitrar e implementar un régimen de encuentros y comunicaciones de los padres con sus tres hijos, consistente en una visita semanal, a realizar en el lugar que la entidad pública entienda adecuado para este fin, y en comunicación telefónica o por videollamada dos veces por semana.

No obstante, todas estas visitas se deberán realizar “siempre y en todo caso” bajo la debida supervisión y control de los especialistas de la entidad pública tutelar, según ha confirmado un portavoz de la Fiscalía a elDiario.es Asturias.

La administración competente en materia de protección de menores del Principado de Asturias deberá elevar al tribunal un informe mensual sobre la evolución de los menores, sin perjuicio del deber de hacerlo también en cualquier momento en que se produjera cualquier circunstancia o cambio significativo en relación con los niños y que debiera ser conocido por el tribunal.

La sentencia todavía no es firme

La Fiscalía asturiana había basado su petición para mantener la medida cautelar en dos argumentos de peso: el hecho de que la sentencia que condena a los padres por un delito de abandono familiar no es firme y al interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Cristian S. y Melissa A.S. fueron condenados el pasado mes de mayo por el tribunal de la Sección Segunda a una pena individual de dos años y diez meses de prisión por su autoría en un delito de violencia psíquica habitual y a sendas penas de seis meses de cárcel por otro delito de abandono familiar.

El matrimonio fue absuelto del delito de detención ilegal que le atribuían la Fiscalía y la acusación particular ejercitada por la Letrada del Menor de la administración del Principado de Asturias.

La evolución de los menores

El caso fue revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que absolvió a los padres, el pasado 13 de julio, del delito de maltrato psicológico. A raíz de esta revisión, el matrimonio quedó en libertad.

La propia Policía Local de Oviedo/Uviéu bautizó el caso como 'el chalé/la casa de los horrores' al liberar a los niños, ante el deplorable estado en que se encontraba la vivienda y los menores que, a pesar de su edad, seguían con pañales y sin escolarizar. Actualmente los menores evolucionan bien, aunque presentan algunas secuelas como consecuencia de los cuatro años que permanecieron en la vivienda, sin salir al exterior.

El Gobierno de Aragón ha evitado este martes entrar a valorar la decisión de Vox de retirar la gratificación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad mientras la mantiene para los menores españoles que residen en los mismos centros de protección. La medida establece un trato diferente en función de la nacionalidad y ha llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a denunciar el caso ante la Fiscalía por una posible discriminación. Pese a ello, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha evitado cualquier crítica al socio de coalición y ha enmarcado la actuación dentro del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox.

La instrucción dictada por la Consejería de Bienestar Social elimina la gratificación semanal de 17 euros para los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad. Según precisaron fuentes del departamento a este diario, la supresión afecta únicamente a este colectivo, mientras que los menores españoles tutelados por la Administración seguirán percibiendo estas gratificaciones, cuya gestión recaerá en las direcciones de los centros de acogida.

La medida choca además con el discurso que el PP sostuvo cuando presentó el acuerdo de gobierno con Vox. Entonces defendió que la denominada “prioridad nacional” no implicaría discriminar por razón de nacionalidad y subrayó que todas las actuaciones se desarrollarían dentro de la legalidad y con los correspondientes informes jurídicos. La instrucción anunciada ahora distingue, sin embargo, entre menores tutelados en función de su nacionalidad.

Preguntada por la medida, Vaquero ha insistido en varias ocasiones en que se trata de una decisión adoptada por la consejería de Vox y ha remitido a las explicaciones ofrecidas por ese departamento. “Es una decisión tomada por la propia consejería y nos remitimos a los términos en los que esa instrucción queda definitivamente redactada”, ha afirmado. La portavoz también ha señalado que será la Vicepresidencia la que “comunique los términos en la redacción definitiva de esa medida”.

La portavoz ha defendido que el Ejecutivo respaldará las decisiones que adopten los distintos departamentos. “El acuerdo de gobierno del PP y Vox queda claro: se van a respetar las decisiones de cada una de las consejerías. Eso es lo que va a impulsar el día a día”, ha asegurado. Asimismo, ha insistido en que “el Gobierno de Aragón es único, apoyado por dos formaciones” y que “el respaldo a todas las medidas es la deriva de ese acuerdo”. También ha recalcado que “no es una cuestión que se someta a votación en el ámbito del Gobierno”, sino que forma parte de las competencias de la Consejería de Bienestar Social.

Vaquero ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la decisión y ha centrado su defensa en la necesidad de que la instrucción cuente con respaldo jurídico. “Cualquier actuación que llevemos a cabo en el ámbito de nuestras competencias siempre tiene que tener los informes jurídicos”, ha señalado, al tiempo que ha recordado que “los límites de las acciones llevadas a cabo por cada consejería son el cumplimiento de la ley”. En este sentido, ha apuntado que la medida todavía podría modificarse antes de su aplicación definitiva: “Cualquier medida, a la hora de materializarse, implantarse y ejecutarse, tiene que llevar estos informes. A veces tienes que adaptarla si hay algún condicionante jurídico; con esta medida se hará lo mismo”.

Respecto a la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de acudir a la Fiscalía, la portavoz ha asegurado que el Ejecutivo autonómico todavía desconoce el contenido de esa actuación. “Tendremos que conocer los términos de la reacción que fue conocida ayer a través de los medios. No tenemos conocimiento de ningún documento”, ha indicado. En cualquier caso, ha reiterado que “cualquier actuación del Gobierno de Aragón irá respaldada siempre por esos informes jurídicos”.

El Ministerio de Juventud e Infancia anunció este lunes que ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para que investigue la decisión del Gobierno de Aragón al considerar que la retirada de la gratificación semanal únicamente a los menores extranjeros no acompañados podría vulnerar sus derechos fundamentales. En el escrito sostiene que la medida establece “una diferencia de trato entre niños y niñas tutelados por la misma administración en función de su origen”, lo que podría suponer una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancias personales, además de ser contraria a los artículos 14 y 39 de la Constitución y al principio del interés superior del menor. El Ministerio recuerda además que las administraciones que tutelan a menores están obligadas a garantizar su atención e integración “sin discriminación alguna” y que estas asignaciones contribuyen a fomentar su autonomía y su transición a la vida adulta. Por ello, ha solicitado a la Fiscalía que estudie los hechos y adopte las medidas que considere oportunas para garantizar la protección de los menores.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este martes al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que mantenga vigente la suspensión cautelar de la patria potestad, guarda y custodia sobre sus tres hijos menores al matrimonio que durante cuatro años -entre 2021 y 2025- aisló a los niños de todo contacto con el mundo exterior por temor al contagio del Covid.

En una comparecencia celebrada hoy ante los magistrados, la Fiscalía se ha posicionado a favor del mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor el 30 de abril de 2025 contra el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense.

Los padres, en libertad

La pareja abandonó la semana pasada el Centro Penitenciario de Asturias donde permaneció recluida desde su detención, en abril de 2025.

La Fiscalía solicitó esta mañana el mantenimiento de la medida cautelar en tanto en cuanto la sentencia no es firme y tras el anuncio hecho público ayer de que va a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), según ha confirmado un portavoz a elDiario.es Asturias.

La condena y su revisión

Cristian S. y Melissa A.S. habían sido condenados el pasado mes de mayo por el tribunal de la Sección Segunda a una pena individual de dos años y diez meses de prisión por su autoría en un delito de violencia psíquica habitual y a sendas penas de seis meses de cárcel por otro delito de abandono familiar.

Sin embargo, el pasado 12 de julio, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al analizar los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de la Audiencia absolvieron a los padres del delito de violencia psíquica habitual y mantuvieron el delito de abandono familiar. Esta circunstancia llevó a la puesta en libertad del matrimonio.

Una sobreprotección “mal entendida”

El alto tribunal argumentó su absolución sobre el primer delito en la falta de acreditación de que la pareja hubiera llevado a cabo “actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar”.

Al contrario, la Sala sostuvo que tanto Cristian S. como su esposa Melissa A.S. ejercieron una reclusión familiar producto de una dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

Esta era la misma línea argumental que mantuvieron los abogados defensores Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, quienes desde un principio se postularon en contra de que el caso se hubiera seguido por la vía penal.

Privados del derecho a la educación

Los magistrados del TSJA declararon la responsabilidad de los padres en un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el “ocultamiento social de los menores” que se vieron privados deliberadamente del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceras personas durante los cuatro años que permanecieron sin salir al exterior.

La Fiscalía del Principado había anunciado ayer su decisión de recurrir en casación la sentencia del alto tribunal asturiano ante el Tribunal Supremo al considerar que, en su caso, ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).

En un centro de acogida

El anuncio de la interposición del recurso y al no ser la sentencia firme, en la comparecencia de esta mañana en la Audiencia Provincial la Fiscalía ha reiterado su petición inicial de que los padres de los tres menores no recuperen la patria potestad y los menores sigan en un centro de la administración regional bajo la supervisión de los servicios sociales para garantizar su normal desarrollo que se vio afectado por el aislamiento durante los últimos cuatro años.

En su alegato final, durante el turno de última palabra en el juicio, en la sesión celebrada el pasado 19 de marzo, los padres aseguraron que ellos “querían lo mejor para los niños” y creían que no estaban cometiendo delito alguno por aislarlos del mundo exterior para que no contrajeran enfermedad alguna, ya que ellos tenían covid persistente y no querían que sus hijos tuvieran también secuelas.

Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) tendrán bajo su responsabilidad dirimir sobre la situación de la familia que durante cuatro años permaneció aislada de todo contacto con el mundo exterior en un chalé a las afueras de la capital asturiana. Los padres mantuvieron en todo momento que su decisión de evitar cualquier relación con terceras personas a sus tres hijos -dos gemelos que actualmente tienen 9 años y su hermano de 11- se debía al “miedo insuperable” que tenían a que contrajeran el Covid.

La propia Policía Local de Oviedo/Uviéu bautizó el caso como 'el chalé/la casa de los horrores' al liberar a los niños, ante el deplorable estado en que se encontraba la vivienda y los menores que, a pesar de su edad, seguían con pañales y sin escolarizar.

La Fiscalía asturiana ha explicado, a través de un portavoz, que elaborará y enviará un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que una vez examinado, será la encargada de confeccionar e interponer el recurso de casación ante el Alto Tribunal.

La base del recurso

Este lunes, la Fiscalía ha comunicado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un escrito por el que anuncia la preparación del recurso de casación contra la sentencia dictada por el alto tribunal asturiano el pasado 12 de julio.

La Fiscalía de Asturias considera que ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).

La revisión de la condena

En este segundo fallo judicial, dictado el 12 de julio, el TSJA revocaba parcialmente la sentencia condenatoria que había dictado la Audiencia Provincial de Asturias el pasado 11 de mayo.

Los magistrados de la Sección Segunda habían impuesto sendas penas de dos años y diez meses de prisión a cada miembro del matrimonio, integrado por el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense, por sendos delitos de violencia psíquica habitual y les condenaron a seis meses de cárcel por el delito de abandono familiar.

La apelación

Por el contrario, el TSJA, en su sentencia del pasado 12 de julio estimó parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las representaciones legales de los padres, y revocó la condena de ambos progenitores por el delito de maltrato psicológico, por lo que a partir de ese momento quedaban absueltos del mismo. El resto de peticiones de las defensas fueron desestimadas.

Las medidas cautelares, sin efecto

La Sala Civil y Penal también desestimó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la representación legal del Principado, y ordenó que se dejasen sin efecto las medidas cautelares que se encontrasen vigentes.

Por tanto, el TSJA mantuvo los seis meses de prisión para cada miembro de la pareja por su autoría en el delito de abandono de familia por lo que anunciaba que los progenitores podrían abandonar el Centro Penitenciario de Asturias -donde permanecieron ingresados desde abril de 2025- en cuanto estuvieran listos los autos de la Sección Segunda de la Audiencia sobre su puesta en libertad.

El fallo del TSJA reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35%

No se acreditaron “actos humillantes”

El tribunal declaró probado que los padres no podían ser condenados por un delito de violencia psíquica porque no se han acreditado “actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar” en el que los niños, que actualmente se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado, estuvieron aislados entre diciembre de 2021 y abril de 2025.

Para los magistrados, lo que se produjo fue una reclusión familiar producto de una dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

El “ocultamiento social” de los menores

No obstante, el fallo reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35%.

Para el TSJA, de lo que sí que son responsables ambos progenitores es de un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el “ocultamiento social de los menores” que, según aprecia el tribunal, se vieron privados deliberadamente por sus progenitores del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceras personas durante esos cuatro años.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha presentado este lunes el programa de su consejería y ha arrancado con la política xenófoba de Vox contra los migrantes, su intención es repatriar y retornar a los menores no acompañados, por lo que se dará “prioridad” en la cooperación internacional a aquellos países que colaboren con Castilla y León.

Pollán ha revelado además que la Junta ya ha “abierto” 26 procedimientos de verificación de edad y ha defendido extender este trámite a todos los menores extranjeros tutelados, en la Comunidad, 190, para evitar “fraudes y colapso de los servicios”. Así, el gobierno autonómico, que no tiene competencias en extranjería y por lo tanto no puede decidir esa verificación, se ha dirigido a la Fiscalía para que lo haga. La tentativa, sin embargo, puede que no pase de ahí. Ya hay un precedente en Zaragoza, con gobierno PP-Vox, y donde el fiscal de menores se ha negado a verificar la edad de los menores a petición del gobierno aragonés, según advierten fuentes de la Fiscalía. “Es el fiscal de menores el que determina la edad y el que puede ordenar hacer pruebas, no un gobierno autonómico”, insisten. “Una vez determinada la minoría y sólo si aparecen nuevas pruebas concluyentes como documentación, por ejemplo, se puede revisar el primer decreto que determinó la minoría”, explican.

Pollán sobre los menores: “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”

Muchos de los menores que llegan a España vienen con la edad determinada por documentación, pero en el caso de que no lo esté y siempre que existan dudas, ya que en algunos casos la minoría de edad es evidente físicamente, se hace la prueba pero “solo si es el único medio posible”. En Castilla y León hasta hace poco, se hacían pocas verificaciones, ahora han subido algo por el reparto que se hace para evitar que otras CCAA asuman la mayoría de la migración, pero el fiscal de menores actúa “siempre en interés del menor” y “se trata de inmiscuirse lo mínimo posible en su privacidad”.

Aunque la oposición ha afeado a Pollán su intención de que se verifique a todos los menores, no ha rebajado el discurso. “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”, ha llegado a decir. “Tienen entre 14 y 17 años, no son niños y niñas sino adolescentes”, ha insistido mientras se refería a los menores como “menas” y “esa gente”. Además ha intentado disfrazar con cifras la necesidad de hacer las pruebas de edad porque “en Aragón casi el 80% de las pruebas que se han hecho han determiado que no eran menores”. Carlos Pollán ha olvidado precisar que esas pruebas no se han hecho a todos los menores sino a aquellos sobre los que había una duda razonable.

En cualquier caso, ha avanzado que la Junta de Castilla y León “rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Así, ha afirmado que no participará “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León”.

“A menos de un mes de la formación del nuevo Ejecutivo, ya estamos cumpliendo con la palabra dada de oponernos frontalmente a la política de inmigración del Gobierno de Sánchez”, ha presumido. Ha recordado que el pasado 1 de julio el Gobierno central convocó una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia y que él “como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales” se negó a asistir. Lo mismo hicieron sus homólogos en Extremadura y Aragón. “Fue nuestra manera de denunciar la nueva imposición de Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados”, ha comentado. Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión, figuraba la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros para la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.

No queda ahí. La Junta de Castilla y León va a recurrir el Real Decreto 556/2026 de 30 de junio por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas y que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores. “Una vez más, Sánchez actúa de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades, sin respetar las competencias que corresponden a cada una en materia de protección de menores y disfrazando de humanitarismo lo que no es más que puro cálculo político”, ha dicho. Para Pollán, el incremento que se ha asignado a Castilla y León “carece de una justificación objetiva” porque la población ha crecido un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, pero el número de menores asignados aumenta un 6,38 %, pasando de 783 a 833. Para Pollán existe desproporción en los criterios aplicados.

Respecto al pacto de gobierno que firmaron PP y Vox en Castilla y León el pasado 3 de junio, ha insistido en que se trabajará “por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”. La fórmula pasa por promover acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres. Según el consejero, les ampara el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Suprimir subvenciones a oenegés y no aumentar plazas de acogida

También pasa ese objetivo de retornar a menores por suprimir “todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con oenegés u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. Según él, subvencionar oenegés es “fomentar el efecto llamada”. Y para controlar las subvenciones, Pollán ha anunciado una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal” para “reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente”.

Durante la legislatura, ha avanzado, la Junta no habilitará nuevos centros de acogida de “inmigrantes ilegales” ni se ampliarán plazas en los existentes. “Reforzaremos los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores”, ha manifestado en un evidente intento de criminalizar a los menores extranjeros. “Exigiremos al Gobierno de España la adaptación, de forma inmediata, del nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria”, ha añadido.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, respalda a su vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), como a cualquiera de los miembros de su Ejecutivo “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad ”. Azcón ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por Chunta Aragonesista (CHA) este viernes en la sesión de control al presidente en el Parlamento aragonés y ha calificado de “exageración absolutamente impropia” las críticas por “vulneración de los Derechos Humanos” por las declaraciones y notas de prensa del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en las que se refiere a los menores migrantes no acompañados como “menas” y los vincula con la delincuencia.

Azcón defiende a su socio de gobierno después de que este compareciera en una rueda de prensa para ofrecer unos datos vinculando delincuencia con menores migrantes acogidos por la administración autonómica y que, según Nolasco, “de los 219 supuestos menas que acoge actualmente Aragón a la fuerza, unos 40 están implicados en delitos o en actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal”. Se ha referido “sólo a casos de delincuencia y de sucesos de extraordinaria gravedad”, dado que “si hablamos de problemas graves de convivencia, la cifra aumenta considerablemente”.

El documento facilitado a los medios de comunicación, a los que volvió a atacar por preguntar sobre los datos ofrecidos, presenta varias debilidades metodológicas, según fuentes jurídicas, al agrupar situaciones con consecuencias legales diferentes y tampoco explica los criterios de selección. Además, el vicepresidente recurre a expresiones que no forman parte del ordenamiento penal español, lo que dificulta conocer con precisión qué casos incluye y con qué criterio.

El documento ha construido una única categoría en la que ha agrupado a menores sometidos a medidas judiciales de internamiento, menores detenidos, menores denunciados, menores sobre los que existen diligencias policiales y menores implicados en incidentes ocurridos dentro de los centros de protección. También ha incorporado referencias a “expedientes por comportamientos peligrosos”, sin precisar si se trata de procedimientos disciplinarios internos, actuaciones administrativas o procedimientos penales.

Esa agrupación ha permitido presentar una cifra conjunta de menores presuntamente vinculados a la delincuencia, aunque las situaciones descritas no tienen el mismo alcance jurídico. Una detención no implica una condena, unas diligencias policiales pueden archivarse, una denuncia puede no prosperar y un incidente disciplinario en un centro de protección no constituye por sí mismo un delito. Por ello, la suma de todas esas categorías no permite extraer automáticamente una conclusión sobre el nivel de delincuencia de ese colectivo.

La expresión utilizada por el vicepresidente Nolasco sobre “delitos o actitudes susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal” es formulación especialmente imprecisa. La alusión no se corresponde con ninguna categoría jurídica reconocida por el ordenamiento español, ya que la legislación penal no contempla esta clasificación como criterio autónomo, sino que distingue entre hechos que pueden ser objeto de investigación y hechos que finalmente son calificados como delito por los órganos competentes. La valoración de si una conducta reviste carácter delictivo corresponde, en cada caso, a la investigación policial, al Ministerio Fiscal y, en último término, a los tribunales.

A ello se ha añadido otra limitación metodológica. El documento no explica qué criterios ha seguido para seleccionar los episodios incluidos, si la relación recoge todos los incidentes registrados durante ese periodo o únicamente los más graves, ni si algunos menores aparecen contabilizados en varios de los sucesos descritos. De hecho, en el documento un mismo menor aparece implicado en varios episodios (por ejemplo, el joven detenido varias veces los días 6 y 7 de junio), por lo que no puede asumirse que cada incidente corresponda a una persona distinta.

Tampoco ha contextualizado esos hechos respecto al conjunto de los aproximadamente 1.700 menores tutelados por el sistema de protección aragonés, lo que dificulta valorar el alcance real de los incidentes que expone y tampoco cita ninguna fuente primaria. No aparecen números de diligencias, atestados, autos judiciales ni estadísticas oficiales.

Estas cuestiones, según fuentes consultadas, no permiten concluir si los hechos relatados son o no falsos, pero sí obligan a interpretar con cautela las conclusiones que el documento extrae de ellos. Incluso aunque los incidentes se confirmaran, seguiría siendo necesario analizar si la forma en que han sido seleccionados, clasificados y presentados ofrece una imagen fiel de la situación o responde a una construcción argumental basada en categorías heterogéneas y conceptos jurídicamente imprecisos.

Además, la documentación del vicepresidente utiliza un lenguaje político, no técnico, como “endosados”, “enquista”, “peligroso ambiente”, lo que indica que es un documento de comunicación más que un informe estadístico.

Debate parlamentario

“Lo que no vamos a hacer es hablar sólo de los que a ustedes les interesa”, ha respondido Azcón a la diputada Verónica Villagrasa, aprovechando también la intervención para insistir en que van a “contar los problemas reales que hoy hay en los centros de menores”, sin “ocultarlos”, sin “mirar hacia otro lado” y ocupándose de esos problemas.

Azcón se ha mostrado muy seguro en no rebasar líneas rojas, afirmando que, si el Gobierno de Aragón estuviera vulnerando los Derechos Humanos, habría “una cascada de demandas” contra las medidas que está tomando. Lejos de disculpar la actitud de Nolasco, ha apostado por “no ocultar la verdad” y por tomar medidas como la de reforzar la seguridad privada en los centros de menores. Además, ha asegurado confiar en el derecho y sentirse en línea con los manifestado este jueves en el pleno de las Cortes por la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, pese a que ella el día anterior había pedido tener cuidado con el lenguaje y no identificar a los menores migrantes con violencia y conflicto de manera ineludible “porque esa no es la situación real”.

El presidente de Aragón, que ha avanzado que no van a “crear grietas” en el Gobierno autonómico, ha instado a la diputada de CHA a reconocer que “hay una realidad”, que es que “hay una parte de esos menores que cometen delitos”, a lo que la diputada aragonesista ha replicado que “nadie niega que haya menores que cometan delitos, pero la obligación de una administración que los tutela y debería proteger no es señalarlos públicamente. Eso no es una forma de protección”, ha añadido, instando al consejero a “poner los medios necesarios para reconducir esas situaciones” con seguridad, pero también incrementando los recursos porque “señalar a un menor no demuestra firmeza, demuestra incapacidad y coherencia para gestionar los problemas reales”. Por otro lado, ha recordado que, desde el regreso de Vox al Gobierno de Aragón, han llegado 14 menores migrantes a Aragón, “exactamente lo que decía que iba a impedir”.

La diputada de CHA Verónica Villagrasa, que ha sustituido en la sesión al portavoz del grupo, Jorge Pueyo, que se encuentra “acompañando a su familia” en su pueblo, Fonz (Huesca), que ha estado confinado esta noche por el incendio forestal declarado en la zona, ha defendido que “la calidad de una democracia se mide por el trato que se da a su ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables” y que “ese principio empieza por el respeto básico a los Derechos Humanos”.

Sin embargo, Nolasco “traspasa esa línea cada vez que menosprecia a una persona o deshumaniza a quien tiene delante”, lo que tiene como principal responsable político al propio presidente, que es quien lo nombró.

“Cada palabra con la que Nolasco descalifica a una persona es también su responsabilidad. Cada frase con la que menosprecia a alguien, cada discurso con el que deshumaniza a niños y niñas, porque Nolasco habla como vicepresidente del Gobierno de Aragón y sigue haciéndolo porque usted ha decidido que siga haciéndolo”, ha agregado.

En este sentido, la parlamentaria aragonesista le ha preguntado su opinión acerca de los comunicados del Colegio de Periodistas de Aragón, que ha rechazado los “discursos discriminatorios que deterioran la convivencia” y este mismo jueves tuvo que amparar a una periodista por el trato recibido del vicepresidente durante una rueda de prensa sobre menores migrantes, en la que “al más puro estilo trumpista y machista, se encara con una periodista que sólo estaba haciendo su trabajo”.

A ello ha sumado que la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, afirmó que la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, a la que el departamento de Nolasco retiró la financiación, “no es tirar el dinero” y el profesorado “advierte de los riesgos del supremacismo”; que Amnistía Internacional “rechaza los discursos estigmatizantes” o cuando la Justicia “le pide expresamente que no vincule migración y violencia”.

Villagrasa ha criticado que, pese a tener la responsabilidad de gestionar una consejería de la que dependen la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, las familias, la inclusión y los servicios sociales, donde “debe primar la gestión y no la propaganda”, Nolasco ha preferido centrar su atención política en los menores migrantes, pese a que la Comunidad Autónoma “no tiene competencias ni en inmigración ni en seguridad”, y ha optado por “alimentar el miedo”.

Durante el debate entre la diputada y el presidente, Azcón ha respondido de forma lastimera a Villagrasa por su alusión a la ausencia de Nolasco en el pleno, ya que estaba en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) atendiendo el incendio forestal en la Comarca oscense de La Litera. “¿Tanto le costaba pedir disculpas por haber metido la pata?”, ha expresado.

A continuación, ha cuestionado si Chunta Aragonesista quiere traer al parlamento “el insulto, la mentira y creerse en posesión de la verdad absoluta” y ha pedido a CHA una reflexión sobre su “apoyo” al Gobierno de España, con “una financiación que perjudica a Aragón, un ministro de Cultura que dice lo que dice sobre Sijena, que está retrasando las obras de Teruel en el que los trenes van a la misma velocidad que los tractores y que está hasta arriba de corrupción”. “Ustedes se quieren fijar en su dedo en lugar de fijarse en la luna”, ha zanjado.

Como suele ser habitual en las ruedas de prensa del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, este jueves ha ofrecido datos con los que relaciona migración y delincuencia.

En concreto, ha expuesto que uno de cada cinco “menas” (como se refiere a los migrantes menores no acompañados) se encuentra en régimen de privación de libertad y que unos 40 están implicados en delitos o en actitudes “susceptibles de ser tipificadas como delincuencia en nuestra legislación penal”. Y se ha referido, según él, “sólo a casos de delincuencia y de sucesos de extraordinaria gravedad”, dado que “si hablamos de problemas graves de convivencia, la cifra aumenta considerablemente”.

Una redactora de 'Heraldo de Aragón' ha objetado la estigmatización del colectivo, ya que se trata de 219 de los 1.700 menores tutelados por el Gobierno de Aragón, además de hacerse eco del informe de la Justicia de Aragón, que ha defendido en sede parlamentaria “que no es una situación real la relación de los migrantes con la violencia” y ha pedido a los grupos que cuiden el lenguaje.

El vicepresidente ha reaccionado con una dura crítica hacia la actitud de la periodista: “No entenderé nunca por qué ese empeño masivo y brutal de intentar defender lo indefendible. Ojalá un día abra los ojos y se dé cuenta de que la ideología está poniendo en peligro a las personas”.

A continuación, ha seguido explayándose: “No entiendo ese empeño fanático, ideológico y brutal continuado”. También le ha reprochado que la semana anterior, durante una rueda de prensa convocada para anunciar cuatro iniciativas jurídicas y administrativas contra el Gobierno de España por lo que considera un supuesto “fraude” en el reparto de menores migrantes no acompañados, los propios periodistas le solicitaran datos sobre el número total de menores tutelados y de extranjeros.

Nolasco justifica sus comparecencias asegurando que pretende informar “con absoluta transparencia” sobre lo que califica como una “gravísima situación” derivada de la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “La opinión pública debe saber la realidad, la auténtica realidad y sus consecuencias”, afirmó también la semana pasada, cuando acusó a los medios de comunicación en Aragón de “no querer que se hable de ciertas cosas para que no pierdan votos porque algunos periodistas están a la orden de ciertos partidos políticos que viven de esto”.

Hoy ha convocado una nueva rueda de prensa y ha arremetido de nuevo contra las preguntas de la periodista: “Me pidió datos el otro día y hoy se los traigo y sigue pensando lo mismo que el otro día. Estos datos no le gustan a usted. Decir que de 20 menores solo hay 3 que roban o violan, ¿le parece poco? si se aplicara este porcentaje a los 50 millones de españoles...”.

La periodista le ha replicado que en ningún momento justifica “que nadie delinca”, pero al vicepresidente no le ha parecido suficiente y ha continuado la embestida: “A usted le parece poco o aceptable, pero al Gobierno de Aragón, no. Uno de cada cinco menas está ya en régimen de privación de libertad. ¿Esto lo ve bien?”, ha insistido Nolasco.

La Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos desde la Vicepresidencia. La iniciativa respondió, según la propia entidad, a las quejas recibidas tanto de colegiados y asociados como de ciudadanos ajenos a la profesión.

Tras este comunicado, el vicepresidente sigue convocando ruedas de prensa en las que arremete contra periodistas, y el Gabinete de Comunicación de Azcón continúa enviando y difundiendo notas de prensa en las que se estigmatiza a los migrantes menores tutelados, incluso anunciando medidas de las que la Policía no ha informado.

Amparo profesional

Periodistas de Aragón ha expresado su amparo a la compañera periodista de Heraldo de Aragón por el trato recibido del vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, durante una rueda de prensa en la que la profesional ejercía su labor formulando preguntas y repreguntas sobre datos facilitados por el propio Ejecutivo autonómico.

Expone que, a lo largo de la comparecencia de este jueves, la periodista formuló sus preguntas de manera educada y apoyándose en cifras de la propia Consejería. “En lugar de responder a esas cuestiones, el vicepresidente le dirigió valoraciones personales y le reprochó que pretendiera convertir la rueda de prensa en un debate, desautorizando así el ejercicio legítimo de su trabajo cuando lo único que hacía era insistir para obtener una respuesta”.

A su juicio, la discrepancia con una pregunta “nunca debería trasladarse al terreno personal ni convertirse en un cuestionamiento de la profesionalidad o de las supuestas motivaciones de quien la realiza”.

La asociación profesional sostiene que “preguntar y repreguntar no es un exceso: es el núcleo de la labor periodística. Así lo recordó la propia FAPE, a la que está federada la Asociación, en su Declaración de Talavera: si el derecho de los periodistas es preguntar y repreguntar, la obligación de los dirigentes y representantes públicos es la de someterse a las preguntas de los profesionales de los medios. Las comparecencias sin respuestas, los reproches al informador o los intentos de deslegitimar a quien pregunta son prácticas que erosionan el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Periodistas de Aragón no entra a valorar el fondo del asunto sobre el que se preguntaba ni la controversia política que lo rodea. Su posición se sustenta de forma exclusiva en criterios profesionales y deontológicos, y asegura que sería idéntica ante cualquier responsable público, fuera cual fuera su signo político, ya que quien comparece ante los medios asume el deber de responder con respeto a quien pregunta en nombre de la ciudadanía.

Por todo ello, la asociación y colegio de periodistas exige a los representantes públicos un trato correcto y respetuoso hacia los periodistas, reclama que las ruedas de prensa garanticen el derecho a preguntar y a repreguntar sin descalificaciones, y traslada su respaldo a la compañera afectada. La entidad recuerda, asimismo, que pone a disposición de la ciudadanía y de los profesionales la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ante cualquier comportamiento que vulnere los principios de la profesión.

“Quien rinde cuentas ante la ciudadanía empieza por responder, con respeto, a quien pregunta en su nombre”, concluyen.

Desde el inicio de las negociaciones sobre el impulso de sistema estatal de reubicación de menores migrantes entre comunidades autónomas, el Partido Popular y Vox tiraron de un argumento habitual: los traslados generarían un “efecto llamada” que provocaría un aumento de las llegadas irregulares de niños y adolescentes extranjeros no acompañados ante la mejora de sus condiciones de acogida. Los datos del registro oficial de menores, a los que ha accedido elDiario.es después de más de dos años sin ser difundidos, confirman un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024, según los últimos datos a los que ha accedido elDiario.es. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

[Gráfico: Raúl Sánchez]

Aplicación de los traslados

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados la semana pasada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, detalló en marzo de este año que un total de 1.143 menores migrantes no acompañados ya habían sido reubicados en otras comunidades autónomas, mientras que “muchos de ellos” solicitaron quedarse en esas comunidades por razones de arraigo. Otros, afirmó, habían cumplido la mayoría de edad antes de haberse producido el traslado.

Causas del descenso

La reducción del número menores migrantes acogidos en los últimos meses tiene varias causas. Uno de ellos es el ciclo vital de los menores: en el último año, más de mil adolescentes han salido del sistema de tutela pública tras haber alcanzado la mayoría de edad. Por otro lado, el descenso generalizado de las llegadas irregulares en 2025, especialmente a través de la ruta canaria, es clave para enter la reducción en el número de niños y adolescentes extranjeros. Mientras unos cumplen los 18 años, no entran al sistema de acogida tantos chavales como lo hacían antes.

No obstante, los flujos migratorios dependen de otros muchos factores, entre los que también se incluye las circunstancias del origen, las políticas migratorias con terceros países; por lo que un hipotético ascenso de las entradas no confirmaría per se el 'efecto llamada' defendido por la derecha. Sin embargo, el descenso sí descarta que el sistema de distribución de niños y adolescentes por comunidades autónomas haya generado el incremento augurado por PP y Vox.

Las llegadas clandestinas a suelo español disminuyeron un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, según apuntan los datos de Frontex. 

La realidad de estos jóvenes desmonta otro de los estigmas habituales que vinculan la migración juvenil con la exclusión social. La reforma del Reglamento de Extranjería que facilitó los permisos de trabajo y residencia para este colectivo facilitó su inclusión y tiene un impacto en el mercado laboral. Según las cifras del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) correspondientes a junio de 2025, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de los jóvenes extutelados se situaba en un 62%. Casi dos de cada tres jóvenes que salen del sistema de protección consiguen un empleo formal y cotizan, atendiendo a estos datos.

El goteo a la baja de las cifras desarma los argumentos que PP y Vox sostuvieron durante los meses de la crisis de acogida en Canarias y Ceuta (ambos gobernados total o parcialmente por el PP), los territorios que recibieron la declaración de “contingencia migratoria”, que permite la activación de los traslados a otras comunidades para asegurar condiciones de acogida con garantías. Ambas formaciones llegaron a condicionar pactos de gobierno y presupuestos autonómicos bajo la premisa de que la distribución de estos niños por la península actuaría como un imán para las redes de tráfico de personas.

Según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno de España aprobará un Real Decreto antes de agosto de 2026 con el que “se podrá prorrogar” la normativa con la que se regula el sistema de traslados de niños y adolescentes migrantes en caso de que otras comunidades autónomas vuelvan a necesitarlo, aunque su reactivación dependerá de un nuevo respaldo parlamentario.

Un registro cuestionado

Desde mediados de 2024, el Gobierno dejó de facilitar a la prensa los números de sus registros estatales alegando las deficiencias que caracterizan al sistema con el que España contabiliza los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que acoge. Anteriormente, se trataba de unos datos que el Ministerio de Interior solía proporcionar a los medios con cierta frecuencia, cuando la prensa preguntaba directamente por ellos. No obstante, en 2024, durante las negociaciones sobre la reubicación de menores, el Ejecutivo central dejó de proporcionarlos.

El Gobierno reconocía entonces que no era fiable el único sistema utilizado para contabilizar los menores extranjeros no acompañados que acogía. No es ninguna novedad, se trata de un problema histórico ligado al mecanismo de registro de estos niños y adolescentes, reconocido por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, y denunciado año tras año por el Defensor del Pueblo.

El único mecanismo estatal para contabilizar el número de menores migrantes albergados en cada comunidad es el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), coordinado por la Fiscalía y gestionado por el Ministerio del Interior con los datos trasladados desde las comunidades autónomas.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando las deficiencias detectadas en este registro. Su informe anual de 2019 profundizó en “la escasa fiabilidad de los datos” del registro de menores extranjeros no acompañados. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, señaló el documento de la institución dirigida entonces por Francisco Fernandez Marugán.

Después de conocer el campamento de acogida de Las Raíces, en Tenerife, el papa León XIV ha podido conocer otras historias de personas migrantes llegadas a Canarias en la plaza del Cristo de La Laguna. Entre ellas, la de Mbacke Ndiaye, un senegalés de 20 años que ha tenido ''la oportunidad de empezar de nuevo''. Con el continente africano colgando en su cuello, ha contado al pontífice cómo la fundación Buen Samaritano le ha dado ''más que un techo y comida''. ''Me ha dado respeto, paciencia, y gente que me dijo: ''tú vales, tú puedes''.

''Ahí vivo yo desde hace un año, esperando que salgan mis papeles. Yo he tenido mucha suerte, porque otros jóvenes cuando cumplen 18 años se quedan en la calle'', ha contado en su discurso. Mbacke ha explicado que él y sus compañeros han aprendido de diferentes actividades formativas como español, cocina, agricultura, carpintería, reparación o costura. “En mi caso particular, tengo la formación básica de español'', ha relatado.

''Todo eso me hace sentir que tengo un lugar y una familia. Tenerife me ha enseñado que la hermandad existe más allá de la sangre. Cuando una persona te tiende la mano sin pedir nada a cambio, el miedo se va y viene la esperanza'', ha dicho el senegalés en su discurso.

''Mi compromiso es simple'', ha continuado. ''Quiero devolver lo que he recibido. Quiero trabajar con honestidad, estudiar con esfuerzo y ayudar a mi familia. Santo Padre, le pido que siga recordando al mundo que detrás de cada migrante hay un sueño, una madre que reza y una persona que merece una oportunidad'', ha pedido Mbacke Ndiaye.

El joven ha querido terminar su intervención recitando un poema elaborado por los miembros del grupo de teatro de la Fundación Buen Samaritano para compartirlo con otros jóvenes en su misma situación y ''vencer al miedo''.

Cruzamos mares,

dejamos el hogar

Buscamos sueños,

un nuevo lugar.

Inmigrantes somos,

con fuerza y pasión,

luchamos por la vida

por un nuevo rincón.

El camino es duro,

pero hay esperanza.

La fe nos levanta,

nunca se cansa.

Cargamos historias,

cargamos dolor,

los muros se alzan,

pero hay decisión.

La tierra es de todos,

no hay división.

Y aunque nos miren como extraños,

sabemos que el mundo es para compartir.

Traemos cultura,

tramemos dolor.

Somos semillas

de un mundo mejor.

La Junta de Extremadura solicitará a la Fiscalía de Menores autorización para practicar pruebas de determinación de edad a los menores extranjeros no acompañados acogidos en la región cuando existan dudas sobre la veracidad de la edad declarada. Asimismo, recurrirá ante los tribunales los nuevos traslados de estas personas desde otros puntos del país. A partir de ahora, más allá de la vía administrativa que se viene aplicando, recurrirá y “agotará” todas las vías legales a su alcance, y judicializará, todas aquellas decisiones que supongan “un traslado desde otras partes de España” de “teóricos” menores migrantes no acompañados a la región.

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, quien ha asegurado que el sistema de acogida de la comunidad autónoma se encuentra actualmente “al límite” de su capacidad.

Según los datos facilitados por el responsable autonómico, en estos momentos hay 104 menores extranjeros no acompañados protegidos por el sistema de acogida de la Junta de Extremadura.

Fernández Calle ha precisado que las pruebas para determinar la edad no se solicitarán de manera generalizada, sino únicamente en aquellos casos en los que “no haya garantía fehaciente” de la edad declarada o exista “sospecha” de que esta no se corresponde con la edad real de la persona acogida.

En esta línea, ha subrayado el “compromiso claro” de “defender los intereses de los extremeños”, actuando para ello también “de manera frontal” contra la “inmigración ilegal, masiva y descontrolada que ampara el Gobierno socialista de Pedro Sánchez”.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha solicitado en mayo la repatriación de otros 5 menores extranjeros tutelados que han llegado a la comunidad desde Ceuta y Canarias. Un trámite que la administración autonómica hace cada vez que llega un niño migrante a Cantabria dentro del sistema de acogida del Estado justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.

El Consejo de Gobierno acordó durante el mes anterior autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico para interponer recurso contencioso-administrativo frente a cinco resolución del Gobierno en Canarias por las que se traslada y se reubica en Cantabria a tres menores de edad llegados desde Ceuta y otros dos desde Canarias.

Cantabria acoge en la actualidad a 41 menores migrantes no acompañados, a los que presta asistencia a través del sistema de protección autonómica. Pero la política de solicitar la repatriación es constante, se ha hecho en todos los casos.

El Gobierno recurre todas las llegadas de menores extranjeros a Cantabria. Unos traslados que la propia consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, califica como “forzosos” porque en su opinión el reparto fue “una imposición” que “no se ajusta a la ley”. En su opinión, ello justifica que se hayan “recurrido todas y cada una de las decisiones del Gobierno de (Pedro) Sánchez impuestas sin un respaldo legal”.