La primera vez que Fausto cogió una cámara, fotografió a Denilson, un joven que camina apoyándose en una vieja silla de ruedas convertida en andador. Retrató las paredes de chapas que levantan las casas en Camizungo, a las mujeres que sostienen con sus manos la comunidad, las sonrisas de unos niños que no conocen otro mundo más allá de esta aldea rural, situada a 60 kilómetros de Luanda, la capital de Angola, atravesada por la pobreza, el hambre y la falta de escolarización.

En Camizungo, la fotografía no es una costumbre. Tampoco una necesidad básica. Pero sí una oportunidad. De esa convicción nació el proyecto 'Primeras Miradas', impulsado por las fotógrafas andaluzas Noelia G. León y Anne Laure Kesteman, y que ha cobrado vida gracias a la labor que la ONGD Mundo Orenda desarrolla en Angola, al sur de África. La iniciativa parte de una pregunta: “¿Cómo es posible que la mayor parte del imaginario visual que tenemos sobre todo un continente haya sido construido por miradas occidentales, y no por quien lo vive, lo respira, lo trabaja o lo sufre?”.

Esa fue la reflexión que llevó a Noelia a proponerse “luchar contra la mirada colonial”, acercando la fotografía a jóvenes de comunidades rurales. Frente a esa lógica colonialista, el proyecto propone algo sencillo y radical a la vez: cambiar el foco y poner la cámara en manos de quienes viven esa realidad. No para enseñarles a mirar, sino para dejar que su mirada exista. Para que puedan contar su mundo y ayudar a transformarlo.

Un mes de estudios con cada imagen vendida

“Le das una cámara a un adolescente y le ofreces la posibilidad de mostrar cómo ve el mundo”, resume Rebeca Herrera, la directora de esta organización para el desarrollo con sede en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Y eso fue lo que hicieron. Una de las voluntarias que viajó a Angola el verano pasado con la ONG impartió talleres de fotografía analógica a un grupo de jóvenes de Camizungo y otro del orfanato Casa do Gaiato, con el que colabora Mundo Orenda en Malanje.

A partir de ahí “el proyecto toma cuerpo gracias a la implicación y colaboración desinteresada de agentes del mundo de la fotografía, sin los cuales, no hubiese sido posible”, reconoce la fotógrafa sevillana. Con cámaras donadas y carretes enviados desde España —gracias al empuje de Disparafilm—, los participantes aprendieron no solo a encuadrar, sino a pensar qué querían contar de su realidad.

La voluntaria encargada del taller trasladó después los negativos a Sevilla, donde el laboratorio analógico NadaCarrete se encargó del revelado y escaneado. Con todo ese material se organizó la primera exposición solidaria, gracias a la recaudación impulsada por Exposure PrintSwap. El resultado vio la luz el 6 de febrero en la sede de NadaCarrete. Desde entonces, todas las fotografías están a la venta. Cada imagen tiene un precio de 20 euros, que se destina a financiar aproximadamente un mes de educación para su autor o autora dentro de los programas educativos de Mundo Orenda.

“Cuando un joven puede continuar sus estudios con la ayuda de este tipo de iniciativas, cambia todo”, asegura Rebeca Herrera. Según la cooperante, formarse significa “romper por completo el ciclo de pobreza y exclusión, no solo para él o para ella, sino también para su familia y para la comunidad”. En última instancia, no tener que interrumpir su formación profesional “amplía su horizonte de vida y le hace aspirar a cumplir los sueños que tiene”, añade la directora de la organización.

La fotografía como herramienta de futuro

Esta iniciativa plantea, además, que ellos mismos generen un beneficio económico que repercute de forma directa y tangible en la construcción de una perspectiva de futuro. “Esto es, sin duda, utilizar la fotografía como una realidad transformadora”, describe la impulsora del proyecto.

En este sentido, la directora de la ONG destaca del proyecto 'Primeras Miradas' que sitúe a los jóvenes que han participado en el taller “no como receptores de la ayuda, sino como narradores que plasman su propia realidad a través de la fotografía”.

A ojos de Rebeca, esta iniciativa demuestra que hay muchas formas de cooperar: “No solo desde la asistencia humanitaria, sino también a través del arte, que es una herramienta de empoderamiento y de dignificación de vida”.

Precisamente, Noelia confiesa que, más allá del impacto que le causó asomarse a la realidad de estos jóvenes, lo que más le sorprendió al ver las fotografías reveladas fue percibir inquietudes artísticas. “Es un jarro de humildad comprobar que el sentido artístico no es pertenencia exclusiva del mundo desarrollado”, comenta la fotógrafa sevillana.

“Piensas que alguien que nunca ha fotografiado va a tender a documentar, pero esos jóvenes, sin haberse enfrentado nunca a esta disciplina artística, cuando tienen la cámara a su servicio, la utilizan como medio de expresión para transmitir belleza, amistad o agradecimiento”, afirma.

Gracias a la acogida de la comunidad de fotografía analógica en España, el proyecto ha podido crecer más allá de lo esperado. Tras la inauguración de la exposición en febrero, se han vendido 24 fotografías. Actualmente, negocian con festivales nacionales para llevar la muestra a otros lugares, como harán en septiembre en la sede de AFOGRA, en Granada. Mientras tanto, la venta online continúa en marcha.

Noelia tiene ilusión en darle continuidad al proyecto el próximo campus de voluntariado previsto para este verano. Pero lo que más desea ahora mismo es que los protagonistas del taller “tengan conocimiento de la pequeña revolución que han provocado y que asuman que pueden generar dinero con sus fotos”.

Fausto, Nata, Comboio, Jacob, Betinho, Marta y Tina aún no son plenamente conscientes del impacto que sus imágenes han tenido al otro lado del mundo. Rebeca Herrera espera poder compartirlo con ellos cuando regrese a Angola este verano. Está convencida de que se sentirán orgullosos. “Ganarán autoestima al saber que su forma de ver el mundo tiene un valor artístico y humano, porque mueve muchos corazones a miles de kilómetros”, afirma.

En el fondo, esa es también la esencia del proyecto. Demostrar que la fotografía no es un lujo reservado a quienes tienen más recursos, sino un lenguaje universal capaz de abrir horizontes. Una herramienta para contar la propia historia, para generar oportunidades y para imaginar un futuro distinto. Todo ello reafirma una de las convicciones de Noelia: “La fotografía debe estar al alcance de todos”.

Que hay una actitud proactiva en el actual escenario ideológico, cultural y político por hacer hegemónicos contravalores como el individualismo, la insolidaridad, la vacuidad política, la xenofobia, el racismo, la aporofobia, el machismo, la misoginia, el belicismo…., en el seno de un relato impulsado por el pensamiento único dominante, es indudable.

Como indudable es que para construir/recuperar una sociedad donde el ser humano, sus anhelos y necesidades sean el centro de la preocupación y ocupación colectivas, se hace imprescindible poner en carga (en el marco de la lucha cultural) los valores republicanos, “res pública”, de libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad y justicia social.

Es este el ambicioso objetivo que, modestamente, pero con firmeza, persigue la Red de Activistas de Sevilla, reconocer a colectivos, entidades y personas que, demasiadas veces invisibilizadas, cuando no combatidas, aquilatan una trayectoria fresca, alegre, perseverante y generosa al servicio de lo común, el interés general, los que no tienen voz, los derechos humanos, la solidaridad internacional, la memoria democrática, la defensa de los servicios públicos, la información veraz, los desiguales…., objetivo que se simplifica en un titular: “Reconocer a quiénes nunca, o en escasas ocasiones, lo son”.

Es por ello y por ser de justicia, que esta iniciativa de un espacio amable, diverso, plural, que sabe de luchas, comprometido y transformador como es la Red de Activistas de Sevilla

Gente que dedican su tiempo, conocimientos y esfuerzo a defender y promover derechos, libertades y conquistas sociales, hoy claramente amenazadas, gente aunque aparezcan residualmente en “las noticias”, o no sean destacadas por instituciones y/o administraciones, ni siquiera conocidas por quiénes se benefician de su activismo por causas justas, están o han estado detrás de cada avance social que todas y todos disfrutamos o tras cada retroceso que se ha impedido… Gente imprescindible, como dijo Bertolt Brecht, que se enfrenta, incansable, a aquella sentencia inmarcesible de Shakespeare en Rey Lear: “Es calamidad de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos”. Gente, en definitiva, sin la cual nuestro mundo sería peor.

Es por ello y por ser de justicia, que esta iniciativa de un espacio amable, diverso, plural, que sabe de luchas, comprometido y transformador como es la Red de Activistas de Sevilla, cuyos objetivos son la formación, la socialización de la información entre sus miembros y más allá, la participación en el conflicto social desde el respeto al protagonismo de quienes, en cada caso, convocan las movilizaciones, el fomento del debate desde la asunción del pluralismo y la diversidad de la sociedad en la que interviene (son ya un clásico los debates que organiza su foro Lo vemos el miércoles, que ocupa ya un espacio alternativo de discusión sobre asuntos de interés general que nadie, o casi, aborda) debiera concitar el aplauso y apoyo de la mayoría social y de quiénes dicen representarla.

En esta segunda edición, que se celebrará el próximo 18 de marzo, en la Casa de la Provincia serán reconocidos en los diferentes apartados recogidos en las Bases de los Premios: AMAMA, APDH (Asociación Provincial de DD. HH.), Mesa Social del Agua, Archivo Histórico de CC. OO-A, FACUA (con especial nominación a su portavoz, Rubén Sánchez), el periodista Juan Tortosa, el actor Antonio Dechent y el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo. Entidades, colectivos y personas cuya aportación, biografías y esfuerzos en la construcción de una sociedad más libre, sostenible, justa e igualitaria, es innegable.

Las asociaciones y ONGs de cooperación internacional de Granada disponen cada vez de menos recursos públicos para desarrollar su actividad. Desde 2024, la Diputación de Granada ha reducido prácticamente a la mitad los fondos destinados a este ámbito, que han pasado de rondar los 450.000 euros a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos presupuestos. Un recorte sostenido que ya está teniendo consecuencias directas sobre proyectos humanitarios y sobre el funcionamiento interno de entidades con décadas de trayectoria.

Así lo denuncian desde la Coordinadora Granadina de ONGs (CONGRA), que agrupa a la mayoría de asociaciones de cooperación internacional de la provincia. Su presidente, Carlos Aspa, advierte de que la reducción presupuestaria no es un ajuste puntual, sino un cambio de rumbo que pone en riesgo la continuidad de iniciativas esenciales. “Para muchas asociaciones, estas ayudas no son complementarias: son estructurales. Cuando desaparecen, los proyectos se caen”, explica.

No en vano, las entidades afectadas denuncian que el recorte se produce en un contexto económico que no lo justifica. La Diputación de Granada acaba de aprobar para 2026 un presupuesto de 418,5 millones de euros, 42,5 millones más que el ejercicio anterior, con un superávit previsto de 1,9 millones y deuda cero por primera vez en su historia.

Pese a este crecimiento, la cooperación internacional ha pasado de ser una partida que rondaba los 450.000 euros hasta 2024 a quedarse en 220.000 euros en los dos últimos ejercicios. Incluso antes del recorte, recuerdan desde la CONGRA, la cooperación apenas representaba alrededor del 0,1% del presupuesto total, por lo que la reducción tiene un impacto limitado en las cuentas provinciales pero muy severo en las asociaciones.

Más fondos para otras partidas

Mientras se reduce la cooperación internacional, el presupuesto provincial sí incrementa otras líneas de gasto. Por ejemplo, en este 2026, la Diputación concede una subvención directa de 186.500 euros al toro de lidia, una cifra muy cercana al total que se destina a todas las ONGs de cooperación internacional de la provincia y que prácticamente coincide con el recorte que también se les hace.

A ello se le suma el incremento de casi 100.000 euros en la subvención para el tratamiento de residuos en Alhendín, municipio en el que el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, fue alcalde y continúa siendo concejal. Se trata, además, de una ayuda directa sin concurrencia competitiva, de la que no se benefician otros municipios cercanos a plantas de residuos, como La Malahá, que no recibe ninguna cuantía por este concepto.

El pasado año, además, la institución provincial adquirió el edificio del Banco de España por 9,2 millones de euros, sin que hasta ahora se haya concretado un uso definido para el inmueble. Además, la compra del Castillo de la Calahorra por 6,5 millones de euros para abrirlo a las visitas refuerza la hipótesis de que al no haber problemas de tesorería, los recortes en cooperación internacional responden a una decisión política.

“Una cuestión de valores”

Uno de los ejemplos más claros del impacto del recorte es el de la Asociación Granadina de Amistad con la RASD, integrada en la CONGRA. La entidad ha denunciado una reducción del 33% en la subvención destinada a su programa de bienestar y salud para niños y niñas saharauis, que ha pasado de 60.000 a 40.000 euros tras 30 años de colaboración continuada con la Diputación. Según explica la asociación, el recorte se produce pese a que la diputada de Bienestar Social se comprometió personalmente el pasado verano a mantener la cuantía. “Confiamos en su palabra y solicitamos las plazas para los niños basándonos en ese compromiso. Ahora nos encontramos con una mano delante y otra detrás”, señalan.

La reducción de 20.000 euros pone en riesgo el programa Vacaciones en Paz, cuyo coste asciende a 73.000 euros, y limita la capacidad de acoger a menores saharauis para recibir atención sanitaria. Además, la asociación se ha visto obligada a cancelar las comisiones sanitarias, equipos médicos que permiten diagnosticar y tratar patologías que, en los campamentos de refugiados, pueden resultar mortales. También queda seriamente comprometida la Caravana por la Paz, el programa mediante el cual se envían alimentos y productos básicos a los campamentos. “Para la Diputación puede ser una cifra pequeña, pero para nosotras supone perder proyectos que salvan vidas”, denuncian.

Desde la asociación saharaui hablan de un claro agravio comparativo. “No cuestionamos otras actividades, pero es una cuestión de valores humanos. Cómo se explica que no haya 20.000 euros para traer a un niño o niña al médico, pero sí casi 200.000 euros para la tauromaquia”, señalan. El año pasado, recuerdan, ya tuvieron que cubrir el primer recorte con un esfuerzo extraordinario de voluntariado y actividades solidarias. “Esta vez la situación es insostenible”, advierten, reclamando que la Diputación recupere la partida original.

Desde la oposición, la diputada socialista Paqui Santaella critica que la cooperación internacional haya pasado a un segundo plano en un presupuesto que el propio gobierno provincial define como histórico. A su juicio, “no se puede presumir de refuerzo de las políticas sociales mientras se recortan fondos destinados a la salud y al bienestar de menores en contextos de emergencia”.

Santaella considera que la reducción de la cooperación internacional responde a una decisión política consciente, y no a una necesidad presupuestaria, y pide a la Diputación que rectifique y restituya las partidas recortadas.

Diputación justifica el recorte

Desde la Diputación de Granada niegan que exista un desmantelamiento de la cooperación internacional y defienden que la partida actual de 220.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y en la coordinación con otras administraciones. El equipo de gobierno destaca, además, el incremento global de los fondos destinados al tejido asociativo y el refuerzo de otras líneas sociales. Estos fondos han aumentado de forma sostenida desde 2024 hasta 2026, pasando de 897.000 a 1.387.000 euros, aunque no tienen incidencia en las ONGs de cooperación internacional.

No obstante, desde el ente provincial apuntan a que el recorte de 230.000 euros responde a una planificación basada en países prioritarios y alineada con las estrategias del Gobierno central y la Junta. Según Diputación, las necesidades de las asociaciones que trabajan en esos territorios estarían “adecuadamente cubiertas”. Por otro lado, justifica esta reducción para la cooperación internacional para aumentar las ayudas al asociacionismo local, argumentando que Granada tiene muchos municipios pequeños donde las asociaciones de proximidad tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

Y sobre la compra de inmueble, las ayudas directas al toreo o para gestionar residuos en el municipio de Francisco Rodríguez, desde Diputación rechazan comparar la partida destinada a la cooperación con otras decisiones presupuestarias, asegurando que responden a objetivos y marcos distintos dentro de una planificación global.

Sin embargo, desde la CONGRA insisten en que la realidad sobre el terreno es clara: menos fondos, menos proyectos y más dificultades para mantener una cooperación que, hasta ahora, había sido una seña de identidad de la provincia. “No pedimos caridad”, concluyen desde las asociaciones, “pedimos coherencia política y responsabilidad con los derechos humanos”.

En el año 2008, en pleno estallido de la crisis económica, un municipio que entonces no alcanzaba los 70.000 habitantes acogía un congreso internacional. Rivas, hoy con más de 100.000 residentes censados, fue anfitrión del III Foro Social Mundial de las Migraciones, un congreso anual que reúne a miembros de la sociedad civil, organizaciones, académicos y migrantes con el objetivo de debatir sobre los derechos de personas desplazadas o refugiadas. A la llamada acudieron unos 3.000 delegados de hasta 90 países. Y eso marcó un punto de inflexión.

Más de 150 vecinos ofrecieron sus casas como alojamiento a los viajeros, según recogen informaciones de aquel mes de septiembre. Fue el primer paso de una apuesta desde lo local por entender la solidaridad (o la cooperación al desarrollo) como algo más que dar limosna. Rivas mantiene desde hace años la atención sobre el mundo, y da cobertura anual a proyectos o iniciativas ciudadanas que actúan en zonas como Etiopía, el Sáhara, Cuba o Palestina.

Recientemente, una delegación de siete jóvenes ripenses visitó Palestina para ayudar en campos de refugiados o llevar actividades culturales y espectáculos con la organización Pallasos en Rebeldía. Hasta la fecha, han sido más de 150 los que han efectuado estancias en territorios palestinos y, desde hace dos años, también se han organizado viajes inversos dada la situación en Cisjordania. Este mismo verano acudieron jóvenes y niños palestinos para conocer Rivas y su escuela de circo.

Luego, otro grupo de la ciudad madrileña se trasladó a lugares como Hebrón, Belén, Tulkarem o Nablus, zonas asediadas por Israel. Este año, el Ayuntamiento aprobó una partida de 176.000 euros destinada a nueve proyectos de cooperación internacional. El Gobierno municipal establece acuerdos de colaboración con entidades como Cruz Roja Española, UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), Guanaminos sin Fronteras, Medicuba España, XXI Solidarios, Sodepaz (Solidaridad para el Desarrollo y la Paz), Una escuela para Wonji, Rivas Sahel o Pallasos en Rebeldía. 

El requisito es presentar una propuesta que cumpla los requisitos y emane de una organización con sede en Rivas. Esa es la clave que explica, según fuentes municipales, el mantenimiento de las políticas de cooperación a lo largo de los años: el “arraigo” con entidades locales que existen en el municipio y que surgieron hace años por el “carácter solidario” de su población. En Rivas, los fondos de cooperación se vehiculan a través asociaciones que realizan trabajo de solidaridad internacional a lo largo del año, y que tienen una red de apoyo a nivel local. 

En este sentido, el Consejo de Cooperación se configura como el espacio de participación municipal, en el que se toman las decisiones respecto a los fondos públicos y los proyectos que se promueven y apoyan. “Llevamos comprometidos con la causa palestina desde los noventa, y prueba de ello es la financiación de proyectos en su territorio o el hermanamiento con Jenin”, destacan fuentes municipales, refiriéndose a la ciudad en Cisjordania. 

La cooperación al desarrollo es otro brazo de un plan mayor a medio plazo, la Agenda Urbana Rivas 2030. Una estrategia municipal que pretende moldear un futuro “sostenible, compacto e inclusivo” para la localidad madrileña. Desde el Ayuntamiento aseguran haber invertido “más de 500.000 euros” en 15 años para proyectos en territorio palestino, y ensalzan eventos benéficos anuales como el concierto de Grimey x Palestina, un festival de música urbana que también colabora con Pallasos en Rebeldía en sus acciones para Oriente Próximo. Lo organiza una marca de ropa nacida en Rivas.

Nueve proyectos que actúan directamente sobre el terreno

Las últimas iniciativas que recibieron fondos públicos del consistorio para invertir fuera de sus fronteras pasan por África, Oriente Próximo o Latinoamérica. El primero de estos convenios financiará con 14.000 euros la reconstrucción de una casa de procesamiento de caña de azúcar en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Colombia.

Las comunidades de paz son grupos organizados que viven al margen de la guerra y los conflictos armados de un territorio, y es en una de ellas donde se centra la intervención de XXI Solidarios, la ONG que pilota este proyecto pensado para ayudar a descontaminar aguas residuales o reforzar su protección medioambiental. Para el mismo continente, el Ayuntamiento de Rivas dobla la apuesta con la asociación Sodepaz, a la que ha dotado de 23.500 euros.

Se destinarán a renovar o mejorar instalaciones en algunas comunidades energéticas de Santiago de Cuba, asentadas en zonas rurales de la provincia. Más al norte, en la localidad de Báguanos, contribuirán con 9.500 al trabajo de Medicuba España para levantar un centro policlínico. Otros convenios se van a África Occidental. Guanaminos sin Fronteras, asociación de Rivas que impulsa un proyecto de soberanía alimentaria en Burkina Faso, recibe 16.500 euros para contribuir a la producción local o la autosuficiencia en colegios de cinco pueblos del país.

La escuela Doyo Chale, en Etiopía, también obtiene 12.228 euros a través del proyecto Una escuela para Wonji, que busca instalar un comedor que blinde el derecho a la alimentación entre la infancia cuando esta debe trabajar a edades tempranas y contribuir a la economía familiar si no pueden alimentarse. Luego está la red de escuelas circenses de Pallasos en Rebeldía, que acompañó recientemente a un grupo de voluntarios a Palestina; o el convenio municipal con Rivas Sahel, con la que se mantiene una financiación de 49.000 euros para sus labores en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) o la mejora de las condiciones médicas y alimenticias en la infancia.

Uno de estos proyectos es Vacaciones en Paz, un programa de acogida que pone en contacto a familias residentes en España con niños saharauis de entre 10 y 12 años para que estos vengan a sus casas durante las vacaciones de verano. Además, existen lazos con grandes organizaciones. Cruz Roja Española recibe apoyo del Ayuntamiento de Rivas para proyectos en los campamentos de refugiados del Sáhara, centrados en estimular al alumnado con discapacidad en centros de educación especial.

El desembolso municipal es de 21.272, y otros 10.000 que irán a parar a la UNRWA (de las Naciones Unidas) mediante un convenio que aporta fondos y asistencia sanitaria en la Franja de Gaza. Su lógica es la siguiente: la solidaridad no solo se defiende enviando dinero y comida a países en conflicto o situación de escasez, sino cooperando con las entidades ripenses que ya trabajan allí.

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Andalucía por fin se equipara al resto del país con la aprobación de la Ley del Tercer Sector en el Parlamento. Una normativa que ha tardado ocho años en fructificar y que cuenta con el apoyo de casi todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, en la que se prioriza dar seguridad jurídica al sector y dotar de nuevas herramientas a la administración para analizar datos y sacar conclusiones conjuntas, como con la creación del Observatorio del Tercer Sector.

La proposición de ley se presentó en 2018 tres años después de que el Gobierno central publicara la disposición estatal, pero las elecciones autonómicas y el cambio del color político enterraron en un cajón la planificación proyectada por las asociaciones. Pese al contratiempo, la propuesta presentada en verano por PP, PSOE y Adelante Andalucía logró pasar los trámites parlamentarios y se le ha dado luz verde este miércoles. Juan Luis Delcán, representante de la Plataforma del Tercer Sector y director territorial de la Fundación Atenea, describe este periodo como “un proceso arduo”, aunque “parece que por fin sale adelante y tendremos la oportunidad de verlo”.

Veinte miembros de la Mesa del Tercer Sector estuvieron presentes en el momento en que se dio luz verde a un texto que consta de 13 artículos, estructurado en tres capítulos y con tres disposiciones adicionales. En él, se abordan varios puntos para avanzar en la optimización e innovación de este entramado social, como fomentar la cooperación estrecha con las administraciones públicas, así como reforzar la colaboración institucional, articular espacios de cooperación con el tejido empresarial o fortalecer la estructura interna del propio tejido asociativo. La ley, para Delcán, establece dos elementos fundamentales: el primero, la obligación de elaborar un reglamento y, en segundo lugar, el compromiso mediante el cual, en dos años, se evaluará el estado de su desarrollo en la región.

“Ley de mínimos”

“Por parte de las entidades, es una ley de bases, así que estamos de acuerdo con este reconocimiento y, aunque no es muy extensa, tiene muchísimo contenido”, reflexiona, “y con relación a los grupos parlamentarios, queríamos una ley de consenso, no del partido que gobernara, pese a que algunos no la hayan apoyado”, como ocurre desde la bancada de la ultraderecha. A sabiendas de lo que ha costado obtener este beneplácito mayoritario, contempla que el traspié de 2022 sumió al grupo de trabajo en una especie de impás del que, rápidamente, salieron con el objetivo de preparar a las entidades para consolidarse como interlocutores con la sociedad.

Ahora, con este respaldo legislativo se define el marco legal y el papel del Tercer Sector en Andalucía, una demanda de los colectivos para lograr una mayor “seguridad jurídica” a la hora de actuar. También, quieren impulsar un modelo de administración abierta, es decir, que se dé mayor protagonismo a su sector y sea un interlocutor válido y consultado por los distintos organismos públicos. “Aquí hay un reconocimiento de nuestro papel para mejorar la situación de las personas en Andalucía, y más de aquellas que son vulnerables”, sostiene.

Para hacerse una idea, la Fundación Botín estima que el tercer sector de acción social emplea a unas 600.000 personas en unas 28.000 organizaciones en toda España, un 15% más que hace una década. Realiza un 11% más de acciones directas al año y, además, ha pasado de representar el 1,2 al 1,6% del PIB. En este sentido, los ingresos han crecido del 15% al 30%, por lo que ha disminuido su dependencia del sector público en un 12% menos. Un área que atrae y que funciona, mayormente, gracias al esfuerzo de quienes se dedican de forma desinteresada a ayudar a quienes lo necesitan, ya que hay alrededor de 1,5 millones de personas voluntarias.

En Andalucía, las estadísticas están disgregadas por cada campo de actuación que aborden las entidades, motivo por el que la proyección de una problemática social dependa de con qué recursos y medios cuenta cada ente para elaborar sus propios informes. Por ejemplo, el representante la plataforma indica que, en términos de pobreza, se toma como referente el estudio sociológico Foessa, de Cáritas, mientras que la EAPN-E aporta desde su perspectiva numerosas claves para entender el contexto andaluz a través del indicador Arope. “Lo hacen muy bien, pero necesitamos un diagnóstico en conjunto en vez de que cada red haga uno por sí sola”, apunta.

El observatorio

Por ello, la puesta a punto del Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social vendrá a dar una especie de orden estadístico y, sobre todo, será una herramienta que logre establecer una hoja de ruta con el propósito de concretar las necesidades de la comunidad y dar solución a ellas. Tal y como recoge el texto, el órgano recopilará, sistematizará, actualizará y generará información y conocimiento.

Un alud de datos que servirán para confeccionar un informe cada dos años que se elevará a la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía y, de la misma forma, al Parlamento de Andalucía. Así, se analizará la realidad social, con especial atención en perspectiva de género, infancia y diversidad funcional. Como explica Delcán, también cabe tercera edad o cooperación, entre otras temáticas, puesto que “la mesa tiene un compendio” de agentes sociales sobre el terreno, y su mirada es transversal y múltiple.

Este miércoles, con “una fotografía de consenso”, se logra impulsar un cambio en el sector. Aun con los ánimos intactos, el integrante reconoce que, en vistas del tiempo de espera que ha supuesto la ley autonómica, los avances para que la normativa se cumpla y llegue a buen puerto pueden ser más bien dilatados. Fija una fecha en el calendario: 2027, límite para haber desarrollado las primeras demandas y, por fin, obtener una radiografía completa de Andalucía.

Posición de los grupos parlamentarios

Durante el debate, si bien PP y PSOE expusieron su argumentario para sacar adelante la propuesta sin más demora, hubo una crítica contundente por parte del grupo parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, quien se abstuvo en la votación final, al igual que Por Andalucía, mientras que Vox mostraba su negativa.

“Felicitamos la iniciativa del tercer sector por hacer suplido la carencia del Ejecutivo”, explicó la diputada Inmaculada Nieto, “pero el PP, sin consultarlo, cambió la forma de tramitarla de ordinaria a urgente, sin rellenar las declaraciones institucionales de contenido que obligue a la administración y le dé garantías al tercer sector”. A su juicio, la ley es “prácticamente” la misma que entró hace unos meses en la cámara, lamentando que los “hayan utilizado” al observar que “no hay expectativas de su viabilidad futura”.

Apuntó varios puntos flacos, como la ausencia de una defición de qué es tercer sector, o los criterios y requisitos para pertenecer y mantenerse en este colectivo. “No da garantías de financiación, por lo que se necesitaría otra ley, tampoco hay garantías de planes plurianuales de los proyectos que excedan el año y no serán miembros del Consejo Econonómico y Socia”, criticó, “no serán obligatoriamente oídos”. Plasmada la herramienta orientativa, emplazó a los actores sociales a rescatar sus demandas en el futuro para “generar obligaciones en las administraciones”.

La Diputación de Badajoz destinará en 2026 un total de 3,7 millones de euros a iniciativas de ayuda en los ámbitos de bienestar social y de cooperación internacional, ejes “fundamentales” para esta administración.

La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, ha mantenido un encuentro con entidades sociales de la provincia para presentar convocatorias de subvenciones en este ámbito que se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Estas líneas de ayuda parten con un importe global de 3,2 millones de euros, aunque la resolución definitiva para 2026 alcanzará los 3,7 millones, 500.000 más que en el ejercicio anterior.

Raquel del Puerto ha trasladado un mensaje “de tranquilidad” a las entidades, pues “no habrá recortes en ninguno de los programas”, tal y como podrá atestiguarse en los presupuestos provinciales del próximo año, cuya aprobación está prevista para la próxima semana, cuentas que “fortalecen de manera significativa las políticas sociales y de cooperación”. En este caso, las subvenciones presentadas abarcan los ámbitos de la acción social, la salud mental y la cooperación internacional.

La convocatoria destinada a proyectos de acción social mantiene para 2026 un crédito de dos millones de euros y se dirige a entidades que trabajan con colectivos con especiales dificultades de integración, como personas con discapacidad, ciudadanos con adicciones, reclusos, inmigrantes o minorías étnicas.

Cada proyecto podrá recibir hasta 30.000 euros, dentro de una línea donde en la anterior edición resultaron beneficiarias 183 asociaciones.

Por su parte, la Diputación pacense refuerza por cuarto año consecutivo la convocatoria de salud mental, para actuaciones de prevención y sensibilización como intervenciones directas con personas afectadas y su entorno familiar, programa en 2026 con un millón de euros para distintos proyectos.

La línea de cooperación internacional está orientada por su parte al desarrollo humano local en ámbitos como educación, salud, igualdad de género, derechos humanos, vivienda o infraestructuras básicas, la cual alcanzará 700.000 euros el próximo año, consolidándose el crecimiento experimentado desde 2023.

“La cohesión social, junto a otros como el fortalecimiento de los servicios públicos básicos o la vertebración territorial contra la despoblación, es uno de los ejes fundamentales de esta administración”, ha dicho la presidenta provincial. 

Las imágenes generadas por IA de pobreza extrema, niños y supervivientes de violencia sexual inundan los bancos de imágenes y cada vez son más utilizadas en las campañas de comunicación de las principales ONG de salud, según profesionales sanitarios de todo el mundo. Unos profesionales que expresan su preocupación por una nueva era de “pornografía de la pobreza”, que perpetua estereotipos.

“Se están usando en todas partes”, lamenta Noah Arnold, que trabaja en Fairpicture, una organización con sede en Suiza dedicada a promover el uso ético de las imágenes entre las agencias humanitarias y de desarrollo. “Algunos utilizan activamente imágenes generadas por IA y sabemos que otros están haciendo pruebas y sopesando la posibilidad”.

Arsenii Alenichev, investigador del Instituto de Medicina Tropical de Amberes que estudia la generación de imágenes sobre salud global, asegura que “las imágenes generadas por IA reproducen el imaginario colectivo visual de la pobreza: niños con platos vacíos, tierra agrietada... Imágenes estereotipadas”.

Alenichev ha recopilado más de 100 imágenes generadas por IA de pobreza extrema utilizadas por ONG o por particulares como parte de campañas en redes sociales contra el hambre o la violencia sexual. Las imágenes que comparte con The Guardian muestran escenas exageradas que perpetúan los estereotipos sobre la pobreza: niños acurrucados en agua llena de fango, una niña africana con un vestido de novia y una lágrima en la mejilla. En un artículo de opinión publicado en The Lancet Global Health, el experto argumenta que estas imágenes equivalen a “pornografía de la pobreza 2.0”.

Aunque es difícil cuantificar la prevalencia de las imágenes generadas por IA, Alenichev y otros expertos afirman que su uso está aumentando, impulsado por las preocupaciones de las ONG sobre los requisitos de consentimiento que deben cumplir para poder publicar fotografías de personas reales y el coste que suponen. Arnold señala que el impacto de los recortes de financiación de Estados Unidos sobre los presupuestos de las ONG ha empeorado la situación. “Es evidente que algunas organizaciones están empezando a sopesar la utilización de imágenes sintéticas en lugar de la fotografía real, porque es barato y no tienen que preocuparse por los requisitos de consentimiento”, explica Alenichev.

Bancos de imágenes

Ahora abundan las imágenes de pobreza extrema creadas con inteligencia artificial en bancos de imágenes populares, como Adobe Stock Photos y Freepik, si en el buscador se escriben palabras clave como 'pobreza'. Muchas de ellas vienen acompañas de descripciones como: “Niño con apariencia real en un campamento de refugiados”, “niños asiáticos nadan en un río lleno de residuos” o “voluntario caucásico blanco ofrece consulta médica a niños negros en una aldea africana”. Adobe vende las licencias de las dos últimas fotos de esa lista por unos 70 euros.

“Son tan racistas. Ni siquiera deberían permitir que se publicaran, porque son como los peores estereotipos sobre África, India o cualquier otro lugar”, dice Alenichev.

Joaquín Abela, director ejecutivo de Freepik, señala que la responsabilidad de utilizar imágenes tan extremas recae en los consumidores de medios de comunicación, no en plataformas como la suya. Asegura que las fotos de archivo generadas por IA las crea la comunidad global de usuarios de la plataforma, que reciben una tarifa de licencia cuando los usuarios de Freepik descargan o compran sus imágenes.

Me entristece que la lucha por conseguir una representación más ética de las personas que viven en la pobreza se extienda ahora al terreno de lo irreal

Kate Kardol — Consultora de comunicación

En este sentido, Abela explica que Freepik ha intentado frenar los sesgos que ha encontrado en otras partes de su biblioteca de fotos “inyectando diversidad” y tratando de garantizar el equilibrio de género en las fotos de abogados y directores generales alojadas en la web.

Sin embargo, la capacidad de la plataforma tiene un límite. “Es como intentar secar el océano. Nos esforzamos, pero, en realidad, si los clientes de todo el mundo quieren imágenes de un determinado tipo, no hay absolutamente nada que nadie pueda hacer”.

Algunos ejemplos

En el pasado, ONG importantes han utilizado imágenes generadas por IA como parte de sus estrategias de comunicación sobre salud global. En 2023, la filial neerlandesa de la organización benéfica británica Plan Internacional lanzó una campaña de vídeo contra el matrimonio infantil que contenía imágenes generadas por IA de una niña con un ojo morado, un hombre mayor y una adolescente embarazada.

El año pasado, la ONU publicó un vídeo en YouTube con “recreaciones” generadas por IA de violencia sexual en conflictos, que incluía el testimonio generado por IA de una mujer burundesa que describía cómo fue violada por tres hombres y abandonada a su suerte en 1993 durante la guerra civil del país. El vídeo dejó de estar disponible después de que The Guardian se pusiera en contacto con la ONU para recabar su versión.

En referencia a este vídeo, un portavoz del Departamento de Operaciones de Paz de la ONU dice: “Se hizo hace más de un año utilizando una herramienta en rápida evolución, y luego optamos por borrarlo, ya que creemos que muestra un uso inadecuado de la IA y puede suponer un riesgo para la integridad de la información, al mezclar imágenes reales con contenido generado por IA y que parece casi real”.

“La ONU reafirma su compromiso de apoyar a las víctimas de la violencia sexual en los conflictos, incluso mediante iniciativas innovadoras y acciones de incidencia creativas”, dice el portavoz.

Exagerar los prejuicios

Arnold afirma que el aumento del uso de estas imágenes generadas por IA se produce tras años de debate en el sector sobre las líneas rojas al publicar imágenes de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y cómo mostrar su situación de una forma que dignifique a estas comunidades y no caiga en estereotipos. “Supuestamente, es más fácil utilizar imágenes generadas por IA ya preparadas que no requieren consentimiento, porque no se trata de personas reales”, señala.

Kate Kardol, consultora de comunicación de una ONG, reconoce que las imágenes generadas por IA le dan miedo y que le recuerdan debates anteriores sobre el uso de la “pornografía de la pobreza” en el sector. “Me entristece que la lucha por conseguir una representación más ética de las personas que viven en la pobreza se extienda ahora al terreno de lo irreal”, lamenta.

Desde hace tiempo se sabe que las herramientas de IA generativa replican —y, en ocasiones, exageran— los prejuicios sociales más arraigados. Según Alenichev, la proliferación de imágenes sesgadas en las comunicaciones sobre salud global puede agravar el problema, ya que podrían difundirse por Internet y utilizarse para entrenar a la próxima generación de modelos de IA, un proceso que, según se ha demostrado, amplifica los prejuicios.

Un portavoz de Plan Internacional explica que, a partir de este año, la ONG ha “adoptado una guía en la que se desaconseja el uso de la IA para representar a niños concretos”, y ha indicado que en la campaña de 2023 se utilizaron imágenes generadas por IA para salvaguardar “la privacidad y la dignidad de niñas reales”. Por su parte, Adobe no ha querido hacer declaraciones para este artículo.

Traducción de Emma Reverter.

No sé si les va a sorprender lo que les voy a contar, pero la primera vez que me preguntaron con 4 años qué quería ser de mayor, yo lo tenía claro: quería ser misionera y hacer casas para los niños pobres. Mi deseo no era un sentimiento religioso, era una cuestión de profundo convencimiento de que hay que atajar las injusticias y luchar por la igualdad de oportunidades de todas las personas independientemente de dónde hayan nacido. 

Esa es la esencia de la cooperación al desarrollo, que no tiene nada que ver con la caridad, ni con una política de gestos, sino con la justicia social y el compromiso de avanzar hacia un mundo más justo, más equitativo y más humano. 

Durante 30 años Extremadura ha demostrado que, pese a conocer lo que significa la desigualdad y el atraso histórico, se puede ser referente en solidaridad internacional. Hemos sido una comunidad comprometida con quienes más lo necesitaban. La cooperación al desarrollo extremeña ha configurado nuestra manera de presentarnos ante el mundo como una tierra solidaria, digna y comprometida.

La cooperación extremeña cumple 30 años y, por desgracia, a sus 30 años no goza de muy buena salud. Su salud de hierro se ha deteriorado en los últimos años desde que el PP, para contentar a Vox, ha metido la motosierra en lo que precisamente nos hacía referentes. 

Las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo acumulan un recorte superior al 26% desde la llegada de la derecha y la extrema derecha al gobierno de esta tierra. La cooperación al desarrollo ha perdido peso desde entonces en las políticas extremeñas. Ha pasado de representar el 0,21% del presupuesto autonómico en los años 2017 y 2018 al 0,13% en este año. Es el nivel más bajo en los últimos 10 años. El número de proyectos financiados ha pasado de 44 a menos de 33.

Esto que detallo no son solo números. Son personas. Tienen nombre y apellidos. Son personas saharuauis, de Sierra Leona, de Mali, Senegal o gazatíes. Son personas que necesitan de la solidaridad de los demás. Palestina no es el único lugar del mundo en el que actualmente hay un conflicto bélico que está arrasando con la población civil. Sin embargo, en Gaza nos estamos jugando la defensa de los derechos humanos con la que nos dotamos tras la Segunda Guerra Mundial. Parar el genocidio en Gaza es tarea de todos y todas porque en ello va el futuro de nuestra sociedad.

La presión para condenar el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino es fundamental que continúe para garantizar que, tras dos años de masacre, comiencen a respetarse los derechos humanos de los palestinos y palestinas, pero no nos engañemos, el genocidio ya ha tenido lugar y no hemos sido capaz de pararlo. Los culpables no pueden ser eximidos por firmar un acuerdo de paz falso y tardío. Tienen que ser juzgados como lo que son, criminales de guerra. A los equidistantes, a los que miraron hacia otro lado, a los que no fueron capaz de condenar un genocidio cuando estaba sucediendo delante de sus narices espero que la historia también les coloque en su lugar.

Como también espero que lo haga con aquellos que reniegan de la cooperación internacional. Es una tremenda pena ver el terrible retroceso al que hemos llegado por la ceguera y el cortoplacismo de políticos que se dejan arrastrar por los discursos del egoísmo, la individualidad y el miedo. 

A pesar de todo, Extremadura sigue siendo una tierra solidaria que no se queda impasible ante la desigualdad, el hambre, la violencia o la guerra y que sabe que invertir en cooperación nos hace mejores, más abiertos, más justos y más conscientes de nuestro papel en el mundo. 

Vamos a seguir empujando porque la cooperación extremeña vuelva a gozar de buena salud y a hacernos sentir orgullosas de una tierra comprometida con su tiempo y que construye un mundo mejor. 

El contexto sociopolítico internacional actual está marcado por un aumento alarmante de conflictos armados -como los de Palestina, Ucrania o Sudán-, la expansión de discursos xenófobos y el desplazamiento forzado de millones de personas. Lamentablemente, frente a este panorama muchas instituciones optan por mirar hacia sí mismos y levantar muros, reduciendo los fondos para la cooperación y la ayuda humanitaria, cuando más necesarios son.

Se cumplen 30 años de la cooperación extremeña: en 1995, por un lado, se institucionalizan las primeras ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo desde Extremadura y, por otro, un grupo de organizaciones extremeñas crea la Coordinadora Extremeña de ONGD, una red de diversas organizaciones sociales, que promueven la defensa de las políticas de cooperación en nuestra región.

Esta comunidad autónoma apostó entonces por una política de cooperación descentralizada, que no sólo buscaba apoyar a países del Sur Global sino, también, generar una ciudadanía más crítica, empática y global. A través de proyectos de educación y de sensibilización, se sembró en la región la semilla del compromiso con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

No podemos olvidar que Extremadura también ha sido durante décadas una región receptora de ayudas. En los años 90, Extremadura era una de las regiones más desfavorecidas de España. La cooperación internacional se convirtió entonces en una herramienta de transformación económica y social sino, también, de conciencia solidaria con otros territorios del mundo.

En esa cooperación internacional, especialmente la procedente de la Unión Europea, pudo apoyarse Extremadura para realizar cambios económicos y sociales pero, también, para darse cuenta de las realidades de otras regiones y territorios con las que debíamos ser especialmente SOLIDARIAS, en nuestra lucha contra las desigualdades y la pobreza. 

Es un periodo en que la cooperación extremeña pasa de un modelo asistencial a uno basado en derechos, corresponsabilidad y horizontalidad. Tres décadas después, ese compromiso se ha recordado en la Asamblea de Extremadura durante un acto conmemorativo lleno de simbolismo.

La cooperación como identidad compartida

Durante tres décadas, los proyectos impulsados por las organizaciones extremeñas han contribuido al empoderamiento de comunidades locales y han servido como espejo crítico para la sociedad extremeña, impulsando la reflexión sobre el consumo responsable y las conexiones entre lo local y lo global.

En palabras de Lidia Rodríguez, “frente a la desigualdad creciente, la respuesta no puede ser la indiferencia, sino más cooperación, más compromiso y más derechos”.

En un clima global donde crecen la polarización y el miedo, la educación para el desarrollo y la ciudadanía global se consolida como un antídoto esencial frente a la intolerancia. 

Pese a los avances, persisten desafíos importantes. La cooperación y la educación para el desarrollo requieren voluntad política, recursos y continuidad, además de adaptarse a los nuevos retos: digitalización, crisis climática y migraciones forzadas.

Celebramos que el camino recorrido en estas tres décadas demuestra que Extremadura ha sido protagonista de un cambio solidario y consciente. La cooperación y la educación no son sólo herramientas que transforman lugares: son también la llave con la que esta región ha abierto puertas a su propio desarrollo, cultivando una identidad basada en la justicia social, la inclusión y la solidaridad.

Desde Extremadura, se debe seguir apostando por el fortalecimiento de políticas de ayuda humanitaria, educación y cooperación internacional como respuestas éticas y necesarias. Nuestras instituciones políticas deben promover la dignidad, la equidad y los derechos humanos, valores que sostienen la democracia y la convivencia pacífica.

30 años de defensa de lo común como resistencia, de la educación como clave de futuro, de la solidaridad y la justicia como raíces.

La Compañía Asturias formada por personal del Regimiento Príncipe 3 partía a 2.537 kilómetros de distancia del Principado, en la primavera de 1995, para participar en su primera misión internacional en pleno conflicto étnico en la antigua Yugoslavia.

Viajaban con el objetivo de servir como fuerza de interposición entre los bandos enfrentados en la guerra de los Balcanes y como unidad de protección y escolta para expediciones humanitarias bajo el paraguas de las Fuerzas de Protección de la ONU (UNPROFOR).

La primera misión internacional

Cuando se cumplen 30 años de aquella pionera misión, los WhatsApp, los correos electrónicos y el teléfono están conectados las 24 horas del día en la ingente búsqueda del mayor número posible de componentes del Regimiento Príncipe 3 que, bajo la bandera de la ONU, se integraron en la Agrupación Táctica Galicia para realizar, entre otras, labores de protección de ayuda humanitaria, escolta de convoyes y asistencia a la población civil en Bosnia-Herzegovina.

Aprovechando el acto a los caídos que se celebra cada mes en esta Unidad, se les ha ofrecido la posibilidad de reunirse. La finalidad no es reclutarles para una nueva misión, sino que están intentando localizar a todos aquellos que se desplazaron a la antigua Yugoslavia para conmemorar esa primera misión internacional que abrió el camino a las otras 20 que se han llevado a cabo y que marcó un antes y un después en el acuartelamiento de Cabo Noval, en el concejo asturiano de Siero.

Un testimonio de amistad y solidaridad

Muchos de ellos no han vuelto a coincidir en estos 30 años, por lo que se espera que además del acto institucional -donde no faltarán la misa, el acto a los caídos y las intervenciones con discursos sobre su misión de paz- se convierta en un emotivo testimonio de amistad y solidaridad en torno a una espicha.

Como recuerdo de esa gesta, está prevista la entrega de una medalla conmemorativa y un USB con documentación, recortes de prensa y fotografías tomadas a lo largo de esos seis meses.

Unos 162 hombres y mujeres del Príncipe 3 integrados en la Agrupación Táctica de Galicia participaron en la antigua Yugoslavia como fuerza de interposición entre los bandos enfrentados en la guerra de los Balcanes y como unidad de protección y escolta para expediciones humanitarias

De la señora Fátima a los caramelos

La cita para esta celebración que se espera multitudinaria se ha fijado para el 7 de noviembre en el Principado.

En esta reunión rememorarán muchas anécdotas, recordarán a algunos de los habitantes de Bosnia como a “la señora Fátima” que se volcó en atenciones hacia los componentes de la Compañía Asturias y muy especialmente la gratitud de aquellos niños y niñas que, en medio de tanto horror, les dedicaban una amplia sonrisa cuando les repartían los caramelos que les había enviado el Sindicato de Enseñanza a través de la campaña “Endulza su esperanza”.

No faltarán tampoco las imágenes de edificios destrozados, puentes volados como el “Stari Most” y reconstruido posteriormente por la Unión Europea (UE), los trabajos de reparación de infraestructuras como conducciones de agua.

También habrá tiempo para hablar de cada experiencia personal e incluso de verbalizar aquellos momentos más delicados cuando les caían granadas a su lado, cerca de los destacamentos y puestos de control, donde los sacos terreros les daba protección, y que podían separar la fina línea de la vida y de la muerte, junto a tantos recuerdos que aún conservan en la retina, 30 años después.

El reencuentro con el teniente Jiménez

Uno de los momentos más emotivos y especiales será el reencuentro con el teniente Alberto Miguel Jiménez Sánchez, quien el 12 de junio fue víctima junto a su patrulla de un ataque en el que sufrió lesiones graves.

Una muestra de la dureza de esta experiencia se puede apreciar en la imagen que se reproduce a continuación.

La 'otra' familia

Serán instantes para retener en la memoria de aquellos seis meses donde la vida se circunscribía a los compañeros y compañeras de cada pelotón. Todos ellos se convirtieron en su “otra” familia durante su permanencia en Bosnia y con los que la convivencia era muy intensa, durante 24 horas.

Los cinco minutos de la llamada telefónica de la que podían disfrutar cada día, al existir solo una línea para comunicar con el exterior, era el ansiado momento en el que podían tener un contacto más directo con sus familias.

El Día de Asturias en Bosnia

Pese a la distancia, no se olvidaron de celebrar festividades como la del 8 de septiembre, Día de Asturias, donde ellos mismos prepararon un menú a base de productos típicos asturianos, como fabada bien regada con sidra o postres como arroz con leche.

Era su manera de sentir que estaban más cerca de la tierra. Una celebración gastronómica a la que fueron invitados todos los componentes de la Agrupación Galicia.

Actos de despedida en Asturias y Galicia

La plaza de la Catedral de Oviedo había acogido, en abril de 1995, el acto de despedida de la unidad, donde el entonces presidente del Principado de Asturias, Antonio Trevín, entregó su guión a la Compañía Asturias.

Antes de partir hacia Bosnia, para relevar a la Agrupación Extremadura, se hizo la fase de concentración en Pontevedra, donde se reunieron todas las unidades que iban a formar parte de la Agrupación Táctica Galicia.

La mayoría de los 1.150 componentes de la Agrupación Galicia eran militares profesionales, ya que solo un cuatro por ciento eran soldados de reemplazo. Entre el colectivo había 50 mujeres.

El homenaje en la plaza del Obradoiro

Antes de viajar a Bosnia fueron homenajeados en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, donde el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, entregó el guion a la Agrupación. En la fotografía, imagen de los militares formados en el acto.

Los reconocimientos

El trabajo de la Compañía Asturias en Bosnia ha sido ampliamente reconocido. Una vez completados los seis meses de misión internacional, fueron distinguidos con varias condecoraciones y diplomas por su actuación a favor de la paz.

El relevo en Presidencia del Principado

Se da la circunstancia de que durante estos seis meses de misión internacional, el Gobierno de Asturias tuvo un relevo en la Presidencia. En la primavera de 1995, el presidente era el socialista Antonio Trevín Lombán, quien fue el encargado de entregar el guión al Capitán-Jefe de la Compañía -actual coronel- Enrique Corominas Rodríguez.

A su vuelta, el presidente del Principado era Sergio Marqués, en aquella fecha aún en las filas del PP, quien entregaba la Medalla de Oro de Asturias a Enrique Corominas Rodríguez, tras ser aprobada por unanimidad del Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 1995. Ese mismo día la compañía también recibió la Medalla de Oro de Oviedo.

En la imagen, momento en el que Sergio Marqués hacía entrega de la Medalla de Oro y el diploma acreditativo.

Una “brillante trayectoria”

La Medalla de Oro de Asturias se otorgaba en reconocimiento a “la brillante trayectoria de la Compañía en las misiones dе seguridad y protección realizadas en Bosnia-Herzegovina, contribuyendo con sus acciones a enaltecer y resaltar de manera significativa en los ámbitos nacional e internacional al Principado de Asturias”, rezaba el diploma acreditativo.

Una distinción a la que posteriormente seguirían otras muchas como la Medalla de Oro de la Junta General del Principado de Asturias, así como el título de miembros de honor de Los Caballeros de la Orden del Sabadiego del concejo asturiano de Noreña.

La Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) ha criticado el “reparto desequilibrado” de las ayudas en materia de cooperación internacional de la Junta, con un “recorte” del 87% en el caso de el apartado de educación para la ciudadanía, lo que implica “la desaparición de tres de cada cuatro iniciativas”.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes el decreto que regula las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad internacional, al tiempo que se autoriza la primera convocatoria, dotada con 6.371.408,71 euros.

La CONGDEX ha señalado que pese a que en 2025 el presupuesto de las convocatorias aumenta un 33% respecto a 2024 -de 4,78 a 6,37 millones de euros-, el número de proyectos financiados se reduce “de 44 a menos de 33”. “Este aparente crecimiento llega tras unos presupuestos prorrogados desde 2023 que acumulan un recorte superior al 26%, la mayor caída registrada en la última década”, indicado.

De las líneas de ayudas, cuyo reparto ha tildado de “desequilibrado”, ha precisado que el 56% de los fondos se destina a Cooperación Internacional para el Desarrollo, el 25% a Proyectos por Concesión Directa, el 16% a Ayuda Humanitaria y el 3% a Educación para la Ciudadanía Global.

Esta última es “la gran perjudicada”, con un recorte del 87%, pasando de 1,5 millones de euros en 2024 a apenas 200.000 euros en 2025, lo que implica “la desaparición de tres de cada cuatro iniciativas de sensibilización, educación y participación ciudadana”, ha apuntado.

Las consecuencias, según la Coordinadora, son “menos diversidad, menos participación y menos legitimidad social de la cooperación” y un 41 % del presupuesto total gestionado por concesión directa, lo a su juicio limita la concurrencia y reduce la transparencia.

Además, ha lamentado, la cooperación pierde peso político, al pasar de representar el 0,21% del presupuesto autonómico en los años 2017 y 2018 al 0,13% en 2025, “el nivel más bajo en diez años”.

Según ha advertido, reducir el presupuesto en educación para la ciudadanía global no significa mayor eficiencia, “sino todo lo contrario, menos participación, menos diversidad y un grave debilitamiento de la dimensión educativa y transformadora de la cooperación”. “En un momento en que se necesita más que nunca pensamiento crítico y ciudadanía activa, la cooperación extremeña retrocede y se concentra en menos manos, perdiendo pluralidad y legitimidad”, ha añadido.

Frente a ello, ha propuesto más y mejor financiación, dado que el incremento actual es “insuficiente y mal distribuido”; reforzar la línea de educación para la ciudadanía global “con una dotación estable y proporcional a su papel estratégico” y garantizar la concurrencia competitiva, la transparencia y la diversidad de iniciativas.

También reclama estabilidad institucional con “un calendario claro y vinculante que evite retrasos” y que los presupuestos regionales de 2026 se conviertan en una oportunidad para recuperar la senda del crecimiento y cumplir la Ley de Cooperación. 

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes el decreto que regula las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad internacional, al tiempo que se autoriza la primera convocatoria, dotada con 6.371.408,71 euros.

Este nuevo decreto actualiza el régimen de ayudas que contempla el desarrollo del sistema de cooperación internacional para el desarrollo, “con el fin de dar respuesta a los retos actuales y renovar el compromiso de la sociedad extremeña con la solidaridad internacional”, según ha defendido el Ejecutivo extremeño.

Esta primera convocatoria presenta cuatro líneas de subvenciones, dos de ellas tramitadas por concurrencia competitiva, como son las de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, dotada con 3.593.731 euros, y las subvenciones destinadas a proyectos de educación para la transformación social y ciudadanía global, por un importe de 200.000 euros.

Por otro lado, se concederán, por el procedimiento de concesión directa mediante convocatoria abierta, las subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo (emergencias y crisis olvidadas), por un importe de 1.577.627 euros, y las ayudas a proyectos de acción humanitaria, dotadas con 1.000.050 euros.

En los dos primeros casos, el plazo de presentación de solicitudes será de diez días a contar desde este sábado, 20 de septiembre.

Por lo que se refiere al procedimiento de concesión directa, el plazo estará abierto hasta el 30 de noviembre. 

El Ministerio de Exteriores ha aprobado nuevas contribuciones para organismos multilaterales, como las agencias de la ONU o la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un momento de inestabilidad mundial en la que otros países, fundamentalmente Estados Unidos, están poniendo en entredicho su labor e incluso retirando los fondos que las mantienen con vida. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al desembolso de 60 millones de euros, que se suman a los aprobados en abril y julio por importes de 120 y 62 millones de euros, respectivamente.

En esta ocasión, las contribuciones se destinarán a 116 organizaciones, programas y fondos internacionales, según fuentes diplomáticas. El mayor desembolso, de seis millones de euros, lo recibirá Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) obtendrá cinco millones de euros. Les sigue el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), con una aportación de 4,4 millones de euros.

El secretario general de la ONU, António Guterres, publicó la semana pasada un informe en el que apuntaba a que el ingente gasto militar que se ha disparado y que prevé aumentar sustancialmente en los próximos años podría destinarse para la cooperación y el desarrollo. El texto recordaba que son garantías de paz y estabilidad mundial. Según los cálculos de la ONU, el equivalente al 4% del gasto militar podría acabar con el hambre en el mundo en el año 2030.

En cuanto a las contribuciones de España, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) es otra de las principales beneficiarias del nuevo acuerdo aprobado este martes con cuatro millones de euros. Pedro Sánchez anunció un incremento de los fondos destinados a esa agencia de hasta 10 millones de euros. Israel ha colocado a la UNRWA en el centro de la diana y prohibió por ley la actividad de ese organismo de la ONU, que también se ha visto afectado por la retirada de fondos de EEUU.

La vuelta de Donald Trump supuso un varapalo para muchos de los organismos multilaterales, de los que se ha desentendido. Uno de ellos es la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que retiró al país nada más llegar a la Casa Blanca. En total, recibirá 3,5 millones de euros para el presupuesto ordinario, para emergencias y para la lucha contra la malaria. La retirada de EEUU es, en todo caso, insustituible dado que es el principal donante a la organización. Según los últimos datos publicados, aportó 1.284 millones de dólares en 2022-2023. Le siguen Alemania (856) y la Fundación Bill y Melinda Gates (830).

También se destinarán fondos a la Corte Penal Internacional, que está investigando el genocidio en Gaza. El tribunal, que emitió una orden internacional de arresto de Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad, ha sido objeto del ataque de EEUU con sanciones a jueces y fiscales. La contribución total será de 1,1 millones de euros.

Entre los beneficiarios se encuentran numerosas de la ONU y decenas de organismos multilaterales, como la Organización Mundial de la Migraciones (OIM) o la Organización Mundial del Trabajo (OIT), entre otros, y programas como la iniciativa 'Grano de Ucrania', que recibirá un millón de euros. También la OTAN recibirá aportaciones extra para misiones concretas, como la de Ucrania, que supondrá un desembolso de 1,5 millones, así como las de Mauritania y Jordania, con medio millón para cada una.

Para el Gobierno, las nuevas contribuciones pretenden cumplir el compromiso de Sánchez con la cooperación que manifestó en la cumbre de Sevilla celebrada en julio y en la que reafirmó el compromiso de España con el objetivo de destinar en 2030 el 0,7% del PIB a la cooperación al desarrollo, una cifra que aún está muy lejos.

Con motivo del Día de las Personas Cooperantes que tiene lugar este lunes 8 de septiembre, la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha ha denunciado que la celebración de este año se enmarca en un contexto muy difícil para las personas cooperantes.

Así lo ha trasladado Fernando Gutiérrez, presidente de la entidad, durante una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes junto al cooperante Manuel Lorenzo y la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín.

Gutiérrez ha denunciado el elevado número de conflictos abiertos en la actualidad, “el mayor desde la Segunda Guerra Mundial”, que se suma a las cifras de trabajadores humanitarios muertos sobre el terreno. Hasta mediados del pasado mes de agosto, se han contabilizado 265 muertes de cooperantes en zonas de conflicto, 173 solamente en Palestina. Ya en 2024 se alcanzó la cifra récord de 383 trabajadores humanitarios asesinados. “Es un contexto muy difícil para desarrollar el trabajo de cooperante”, lamenta el presidente de la Coordinadora de ONGD regional.

En 2025 llevamos 265 muertes de cooperantes que estaban trabajando sobre el terreno, 173 solamente en Palestina

A esa situación también se suman las limitaciones que sufren las ONG a la hora de desarrollar su labor. “Muchos países que no están en conflicto están aprobando normativas que restringen nuestro trabajo en el terreno”, denuncia Gutiérrez. Y pone como ejemplo la Ley de agentes extranjeros aprobada recientemente en El Salvador, que amplía las facultades del presidente, Nayib Bukele, para controlar, estigmatizar y sancionar a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes que reciben apoyo internacional, considerándolas como “agentes extranjeros”.

El presidente también ha destacado que, dentro de un contexto global de recorte de los fondos para la solidaridad, en España ha habido cierto avance, llegando al 0,25% del PIB destinado a cooperación. “Pero estamos lejos de lo que establece la Ley estatal de Cooperación, que se marca el objetivo del 0,7% del PIB en 2030. En un contexto internacional muy difícil es necesario incrementar los fondos de cooperación”.

“El día a día del trabajo en cooperación no es sencillo”

A las denuncias por el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores humanitarios se ha sumado Manuel Lorenzo, cooperante con 18 años de experiencia sobre el terreno.

“El día a día del trabajo en cooperación no es sencillo” ha afirmado. “A veces, los países donde trabajamos no nos lo ponen fácil”.

Y ha querido desmitificar la figura del cooperante: “No somos héroes. Un cooperante es una persona que dedica su tiempo y su trabajo. Somos profesionales, pero tampoco tenemos la legitimidad para decir a los demás, en los países donde trabajamos, cómo tienen que hacer las cosas. Los procesos de desarrollo tienen que llevarse a cabo por las propias sociedades en las que estamos. Nuestra labor es de acompañamiento”.

Lorenzo ha terminado su intervención lanzando una reflexión para no dar por sentados los derechos que disfrutamos como sociedad en España: “Una persona de una asociación marroquí de Derechos Humanos me comentaba que ellos tenían que luchar y conseguir sus derechos, pero nosotros, en Europa, en España, lo que tenemos que hacer es preservar los vuestros”.

Una herramienta para contabilizar cuántas personas de la región son cooperantes

Por su parte, la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se plantea elaborar una herramienta que permita conocer cuántas personas de la región se encuentran trabajando en proyectos y conflictos internacionales.

Dentro de los trabajos iniciados para adaptar la ley regional de cooperación a la nueva norma estatal que se aprobó el año pasado, se podría encuadrar “un mecanismo para poder tener una información más cierta” sobre el número real de cooperantes castellanomanchegos.

“Reconocerles en este día su trabajo, es de justicia también que nosotros seamos capaces de trasladar esa sensación de orgullo de Castilla-La Mancha, de personas que están trabajando en países lejanos, en circunstancias muy variopintas”, ha afirmado Martín.

Según los datos de la Agencia Española de Cooperación, de las 2.700 personas trabajando como cooperantes de España el año pasado, había 119 personas de Castilla-La Mancha trabajando en proyectos en diferentes países. Este mismo lunes, está previsto que la agencia actualice esta cifra en relación a este año.

Además de esta herramienta, Martín ha aludido al programa voluntariado juvenil en cooperación --lo que era el antigua programa de jóvenes cooperantes en la región-- para trasladar que el Gobierno regional sigue avanzando en ello.

La Plaza Mayor de Cáceres se llenó el viernes por la tarde con centenares de personas que acudieron a la convocatoria de 'Extremadura con Palestina' en apoyo a la Global Sumud Flotilla, una misión que partirá en los próximos días desde Barcelona con barcos de 44 países para llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo israelí sobre Gaza.

La concentración, celebrada a las 20.30 horas, se desarrolló en un clima de reivindicación pacífica. Con banderas palestinas, carteles y consignas a favor de la libertad y la paz, las y los asistentes expresaron su rechazo al bloqueo que impide la llegada de alimentos, medicinas y productos básicos a la Franja.

La Global Sumud Flotilla está considerada la mayor misión marítima de solidaridad internacional con Gaza hasta la fecha. Desde Barcelona zarparán barcos cargados de ayuda humanitaria procedente de más de cuarenta países, en un gesto simbólico que busca visibilizar la crisis humanitaria y denunciar la impunidad con la que se mantiene el bloqueo.

Durante el acto, portavoces de la plataforma 'Extremadura con Palestina' subrayaron que “no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de un pueblo al que se le niega lo más básico para vivir”. También recordaron que la solidaridad no se limita a la asistencia puntual a actos, sino que requiere un compromiso sostenido en el tiempo.

En ese sentido, en la concentración se difundió un listado de acciones que cualquier persona puede emprender en su día a día para apoyar la causa palestina: difundir información, acudir a manifestaciones, donar a las familias afectadas, sumarse a boicots de consumo contra empresas que financian la ocupación, firmar peticiones, unirse a movimientos sociales y, sobre todo, no dejar de hablar de Gaza.

El acto finalizó con la lectura de un manifiesto que apelaba a la comunidad internacional a intensificar la presión diplomática para garantizar la entrada de ayuda y el respeto de los derechos humanos. “La solidaridad con Palestina crece como un tsunami por tierra y mar.” “Gaza resistirá. La flotilla llegará. Palestina vencerá”, son algunos de los eslóganes que se corearon.

Los organizadores echaron de menos al alcalde la ciudad, Rafa Mateos, y a su equipo de Gobierno e insistieron en que es necesario el apoyo de todas las personas para visualizar la causa.

Mientras los misiles siguen cayendo sobre Gaza y la población civil enfrenta la peor hambruna de su historia reciente, una red tejida desde Cáceres garantiza más de 300 raciones de comida caliente por cocinado a familias desplazadas en el norte de la Franja. Detrás (y delante) de esa red está Patricia Sierra Solís, profesora de la educación pública extremeña y rostro visible de Sonrisas en Acción, una organización humanitaria nacida en Cáceres que ha convertido la solidaridad local en un puente vital hacia uno de los escenarios más devastados del planeta.

La ONU confirmó ayer, por fin, la primera declaración de hambruna en Oriente Medio, en Ciudad de Gaza, donde más de medio millón de personas viven ya en condiciones catastróficas de hambre, indigencia y muerte. El organismo advierte de que la crisis podría extenderse a toda la franja en los próximos meses.

Con ayuda de particulares, asociaciones, comunidades educativas y el respaldo de instituciones como la Diputación de Cáceres, el equipo que dirige Sierra ha logrado lo que parecía imposible: mantener activa una cocina comunitaria en Gaza City en pleno colapso humanitario. “Estamos distribuyendo unas 300 raciones de comida gracias a la coordinación con trabajadoras y trabajadores humanitarios gazatíes. Es la única comida que muchas personas reciben en días”, explica. El grupo, denominado Food for Gaza, nace de la colaboración con otras entidades españolas y con una indispensable contraparte local palestina.

“Muchas personas nos preguntan cómo conseguimos hacer llegar la ayuda a Gaza ya que otras muchas entidades no son capaces, y queremos explicarlo con total transparencia: El dinero se gestiona de forma telemática para evitar pagar un impuesto del 42 % que se cobra por retirar dinero en efectivo dentro de Gaza. Así, todo se abona por transferencia, directamente a los proveedores de alimentos”, detallan desde Sonrisas en Acción.

¿Y cómo se consiguen los alimentos? En Gaza, la única forma de acceder a comida es a través del mercado local y proveedores mayoristas. “Como compramos en grandes cantidades, podemos negociar mejores precios, aunque siguen siendo muy altos debido a la escasez y el bloqueo. Todo gracias a nuestros compañeros y compañeras gazatíes que cocinan y distribuyen la ayuda humanitaria con gran dignidad y respeto hacia su pueblo”, cuenta emocionada Patricia Sierra.

En una zona donde cualquier desplazamiento puede costar la vida y donde los productos de ayuda humanitaria —como los lanzados desde aviones por países como España— son revendidos en el mercado negro a precios que alcanzan los 90 euros por caja, la organización extremeña apuesta por una distribución segura, directa y digna.

Recuerdan desde la ONG que quien quiera colaborar puede hacerlo a través de esta cuenta bancaria: ES42 2100 4839 5422 0012 5632. En casos así todo suma, todo cuenta y todo importa. Por mínimo que parezca.

De Cáceres al epicentro del hambre

Sonrisas en Acción lleva más de una década trabajando en contextos de emergencia: desde Ucrania a los campamentos saharauis, pasando por Siria, Líbano, Mali o Serbia. Pero la situación en Gaza ha colocado a la ONG en su mayor reto humanitario hasta la fecha. “Actualmente, se desarrolla en Gaza el peor escenario de hambruna con un colapso total de los servicios esenciales”, alertan. En este contexto, el vínculo construido desde Extremadura ha resultado decisivo para muchas personas de la franja.

“Lo que estamos haciendo nace aquí, en Cáceres, en centros educativos, en asociaciones, en barrios que recogen donativos, que hacen actividades solidarias, y termina allí, en un plato de comida caliente servido a una familia desplazada por la guerra”, explica Sierra.

El modelo de trabajo de Sonrisas en Acción se basa en la cooperación directa con personas autóctonas en las zonas en conflicto. Esa red, tejida desde el conocimiento del terreno, permite una reacción rápida, ajustada a las necesidades reales, y sin perder nunca el foco en lo esencial: la dignidad humana.

Niñez robada, mujeres anuladas

Junto a los proyectos alimentarios, Sonrisas en Acción complementa e implementa intervenciones educativas y de atención psicosocial para la infancia, así como programas de salud e higiene para mujeres. Porque en los campos de personas refugiadas y desplazadas, las mujeres, niños y niñas son las víctimas más desprotegidas.

“Han vivido cosas que nadie debería vivir nunca: muerte de familiares, orfandad prematura, estar entre cadáveres, amputaciones, quemaduras severas…”, describen desde la ONG. Sin acceso a educación ni asistencia psicológica estable, miles de menores palestinos se convierten en generaciones truncadas, con traumas que marcarán sus vidas, si es que acaso consiguen sobrevivir.

Las mujeres, por su parte, lidian con el duelo, la crianza sin recursos y la carga de sostener la supervivencia familiar en condiciones infrahumanas. “No nos dejan ser personas”, repiten una y otra vez en los campos. Son frases que resuenan con una dureza extrema, envueltas en el eco de una violencia estructural que las destierra incluso de su propia identidad.

Menstruar en un campo de refugiadas

Uno de los proyectos más relevantes que la ONG desarrolla en Líbano con el apoyo de la Diputación de Cáceres, es el de lucha contra la pobreza menstrual. Se trata de un problema de salud pública, dignidad y equidad de género del que apenas se habla, pero que afecta a miles de mujeres y niñas sin acceso a productos de higiene íntima ni asistencia sanitaria.

En campos donde el agua es escasa y está contaminada, muchas mujeres recurren a trapos sucios, periódicos o incluso hojas para gestionar su menstruación. Esto genera infecciones, vergüenza, ansiedad y un profundo deterioro de la autoestima. “Tras las charlas impartidas por una matrona, entregamos kits de dignidad con compresas, jabón, champú, gel, linternas, toallitas… Es un gesto que cambia la vida de muchas mujeres”, señala el equipo.

Humanidad como resistencia

En Gaza, el alimento es resistencia. Una resistencia que se cocina desde Cáceres, se financia con la solidaridad ciudadana y se articula gracias a una red humanitaria que pone a las personas en el centro. “Los proyectos no solo cubren necesidades urgentes: crean lazos. Generan vínculos humanos entre quien ayuda y quien recibe, entre quienes lo han perdido todo y quienes aún creen que es posible un mundo más justo”.

Cada comida servida, cada kit menstrual entregado, cada formación o acompañamiento psicosocial representa una apuesta por la vida frente al horror. Porque como dice Patricia Sierra, “esto no es caridad, es justicia”.

La ayuda humanitaria, cuando se hace desde el respeto, la escucha y la dignidad, es una forma concreta de defender los derechos humanos y de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario. Y desde Cáceres, una “profe”, un equipo de trabajadores y trabajadoras humanitarias y una red solidaria están escribiendo con hechos esta importantísima lección.

Una cooperante de Lleida de 23 años ha fallecido en un accidente de coche en Malawi, según ha avanzado el diario Segre y ha podido confirmar la agencia ACN. Fuentes del Ministerio de Exteriores han informado de que la embajada en el país africano está siguiendo el caso de la cooperante fallecida y en contacto con la familia para ofrecer asistencia consular.

Por el momento no ha trascendido la fecha exacta ni el lugar en el que se produjo el accidente mortal. Fueron las autoridades del Gobierno quienes se pusieron en contacto con la familia de la fallecida.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviado sus condolencias a familiares y amigos de la joven, y se ha puesto a disposición de la familia por todo lo que puedan necesitar.

Una decisión política tomada a más de 10.000 kilómetros de distancia puede costar la vida a más de 14 millones de personas. Así lo advierte un nuevo estudio publicado en la revista The Lancet, que calcula el impacto potencial del recorte del 83% en los programas globales de salud de Estados Unidos. La mayor parte de esa financiación se canaliza a través de USAID, la agencia de cooperación internacional norteamericana, cuyo futuro pende de un hilo tras los intentos de desmantelamiento por parte de la Administración de Donald Trump.

Según las proyecciones del estudio –en el que ha participado el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), junto a la Universidad Federal de Bahía, la Universidad de California de Los Ángeles y el Centro de Investigación en Salud de Manhiça, entre otros–, si se mantienen estos recortes hasta 2030, se producirán 14 millones de muertes adicionales en países de renta baja y media, incluidas más de 4,5 millones de muertes infantiles. El informe insiste en que la gran mayoría de estas pérdidas serían completamente evitables.

“No se trata de una decisión técnica ni presupuestaria: es puramente ideológica”, señala Gonzalo Fanjul, investigador especializado en salud global y políticas de cooperación y director de análisis y desarrollo en ISGlobal. “No hay evidencia que demuestra que la ayuda haya sido eficaz o corrupta. Recortar la cooperación se convierte en un objetivo fácil para administraciones con una agenda nacionalista e insolidaria”, explica a elDiario.es.

Entre 2001 y 2021, la ayuda internacional en salud canalizada a través de USAID ha contribuido a evitar 91 millones de muertes, de las cuales casi 30 millones fueron niños menores de cinco años. Estos logros incluyen avances cruciales en la lucha contra el VIH, la malaria, la tuberculosis, las enfermedades tropicales desatendidas y en salud materna e infantil. El estudio demuestra que la cooperación estadounidense ha sido altamente efectiva. Ha reducido las muertes por VIH en un 74%, por malaria en un 53% y por enfermedades tropicales desatendidas en un 51%.

África subsahariana, mayor impacto

Además, el informe apunta que África subsahariana sería la región más golpeada por la retirada de los fondos. Algunos países como Malaui, Mozambique, Etiopía, Uganda o Zambia dependen en gran medida de la financiación exterior para sostener sus sistemas sanitarios. Algunos programas clave como el suministro de vacunas infantiles, la distribución de mosquiteras, el acceso a anticonceptivos y la atención a embarazos y partos podrían paralizarse.

“Esto va a suponer un terremoto absoluto para todo el sistema de asistencia en salud. No estamos hablando solo de enfermedades concretas, sino del colapso de infraestructuras críticas, del desmantelamiento de sistemas que tardaron décadas en construir”, advierte Fanjul. “Tres décadas de progreso pueden irse al traste en cuestión de pocos años”.

La malaria es un caso pragmático. En 2025, la Iniciativa Presidencial contra la Malaria (PMI) logró evitar 13 millones de infecciones y más de 100.000 muertes en países africanos. Ese programa está entre los que desaparecerían casi por completo si se confirma la absorción de USAID por el Departamento de Estado.

En Sudáfrica, el país con la tasa de prevalencia más alta de VIH en el mundo, los recortes de USAID ya están teniendo efectos devastadores: se han cancelado cerca del 89% de los contratos vinculados a la lucha contra la enfermedad, afectando a servicios de diagnóstico, tratamiento y prevención. El cierre de clínicas comunitarias y la suspensión de programas clave como el Plan de Emergencia del presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR) podrían provocar hasta 65.000 muertes adicionales y más de 150.000 nuevas infecciones antes de 2028, según estimaciones del propio estudio. Además, 39 centros de investigación han paralizado ensayos clínicos cruciales por falta de fondos.

La propuesta de recorte llega desde el Congreso estadounidense y ha sido impulsada principalmente por sectores conservadores alineados con la agenda del presidente Donald Trump. En marzo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió públicamente el cierre de programas que “no se alinean con los intereses estratégicos de Estados Unidos”. Sin embargo, el informe de The Lancet y la comunidad científica internacional coinciden en que el impacto global es devastador y desproporcionado.

“Estamos ante un retroceso histórico en la cooperación internacional”, lamenta Fanjul. “Es el final de una etapa iniciada tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los países ricos establecieron una arquitectura de solidaridad que, con todos sus defectos, salvó millones de vidas. Lo que se está haciendo ahora no es solo dar un paso atrás: es destruir los fundamentos del sistema como lo conocíamos”, insiste.

El informe apunta que una inversión media de 64 dólares anuales por ciudadano estadounidense fue suficiente para sostener estos programas y lograr los avances. Una mínima inversión evitó millones de muertes y su retirada causará un daño irreversible: “Estamos validando debates sobre el 5% del PIB para defensa sin haber resuelto cuestiones básicas sobre la salud global. Es una muestra clara de prioridades desalineadas con los derechos humanos”, denuncia Fanjul.

Escasas alternativas a la USAID

Frente a este escenario, la gran pregunta es si existe algún actor capaz de compensar el colapso financiero que provocarán los recortes de USAID. Aunque países como España han anunciado un incremente de su cooperación internacional, su volumen de ayuda está todavía muy lejos del que han recortado Estados Unidos, Reino Unido o Francia. “Dentro del escaso margen fiscal, incluso en el mejor de los casos, la ayuda española sigue estando muy por debajo de lo que invierten Reino Unido, Alemania o Francia”, advierte Fanjul.

La clave, según el investigador, está en una redefinición urgente y profunda del sistema multilateral de ayuda, especialmente en salud: reducir la intermediación, establecer mecanismos más ágiles de financiación directa y apostar por modelos de cooperación centrados en resultados y control local. “Hay que repensar la arquitectura, no destruirla. Es momento de definir un nuevo marco de cooperación más eficaz, más transparente y justo. Pero también hay que marcar líneas rojas, denunciar y exigir rendición de cuentas a quienes toman decisiones que cuestan vidas”, concluye.

El panorama es este: cinco décadas después aún sigue sin alcanzarse ni remotamente el 0,7% que los países occidentales se prometieron aportar de sus riquezas a la cooperación y auxilio del Sur Global, con el objetivo de reducir la pobreza y el hambre y las guerras derivadas de la pobreza y el hambre. La cifra quedará como hito de la melancolía de lo imposible. La pobreza sigue carcomiendo amplísimas zonas del planeta, mientras que las guerras siguen provocando más hambruna. Los asesinatos en las colas del hambre en Palestina… Si no se puede acabar con la barbarie en Gaza, no sé qué puede esperarse de la cumbre de la ONU en Sevilla.

Qué paradoja que la cita en Sevilla de gobernantes, empresarios y ONG para hallar una vía de solución a la pobreza se celebre pocos días después de otra cita en Europa, esta en La Haya, en la que las potencias occidentales acordasen aumentar el gasto en defensa. Los mismos países que llevan años sin encontrar un modo de destinar el 0,7% a la cooperación, no han tenido reparos en prometerse que se gastarán un 5% en armas, que habrán de comprar a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, no solo menosprecia la cumbre de la ONU en Sevilla sino que ha suprimido el programa de su gobierno de cooperación. No solo Trump, Reino Unido, con un gobierno laborista, ha anunciado la reducción del 0,5% al 0,3% de su PIB en ayuda al exterior. Otros países le seguirán. España no lo bajará, se mantiene en el 0,3%, pero muy lejos aún del 0,7%.

Todo ello redundará en un panorama más desolador: menos alimentos, vacunas, medicamentos y programas sociales que se cobrarán miles de vidas. Mujeres y niños, para los que los programas de cooperación son vitales en los países pobres, serán los más perjudicados. La migración ordenada será otro imposible. ¿Quién no va a querer salir como sea de un Sahel violento, sin esperanza de vida y con terroristas copando sus gobiernos? La reacción contra cualquier movimiento migratorio será otro caldo de cultivo para la crueldad con los fanáticos ultraderechistas creciendo en número y poder en las democracias occidentales.

La perspectiva es aún más alarmante y triste si se observa cómo las ideologías defensoras de la cooperación como esencia de sus programas están de capa caída. El poder e influencia de socialdemócratas, de los a su izquierda, los verdes… están tocados, no sé si de muerte, pero tocados.

El anti ‘woke’ gana adeptos entre los jóvenes, precisamente el segmento de edad más propicio en otro tiempo a la solidaridad, a la defensa de valores de igualdad… Otros tiempos en los que el llamado ahora ‘woke’ arrastraba a los gobiernos conservadores a competir por el mismo ideal del 0,7%. Ahora la derecha tradicional se ve remolcada por la extrema derecha como esos gobiernos autonómicos del PP maniatados por Vox para destinar menos aún a la cooperación exterior.

Al anfitrión de la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de la ONU, al ‘héroe’ contra el 5% del gasto en armas, al ejemplo de resistente o raro en Europa con políticas de bienestar social que no solo no merman el crecimiento económico, si no lo contrario, los acontecimientos de bombas lapa le están minando

En Andalucía la mayoría del PP ha frenado por ahora el objetivo de Vox de acabar con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pero como denuncia Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía, resulta un “ejercicio de hipocresía” que Juan Manuel Moreno saque pecho de la conferencia de la ONU, “mientras el Gobierno andaluz recorta las partidas a la solidaridad y la cooperación y no quiere acoger a menores migrantes no acompañados”.

En una entrevista a elDiario.es Andalucía, la presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGD, Patricia Sánchez, abunda sobre la reducción en casi un 90% del presupuesto a la cooperación durante los últimos 15 años en Andalucía y se pregunta cómo esta comunidad “tiene año tras año el mayor presupuesto de su historia y cada vez invierte menos en ayuda al desarrollo”.

El caso del Gobierno progresista de España es dramático, el de su presidente, Pedro Sánchez, aún más. Al anfitrión de la Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de la ONU, al ‘héroe’ contra el 5% del gasto en armas, al ejemplo de resistente o raro en Europa con políticas de bienestar social que no solo no merman el crecimiento económico, sino lo contrario, los acontecimientos de bombas lapa le están minando. Es difícil hacer calar el mensaje del papel crucial de España con su presidencia para que el mundo sea mejor, más solidario y con menos guerras, cuando el mismo día de la puesta de largo de la conferencia de Sevilla, el que ha sido su hombre de máxima confianza entra en la cárcel por presunta corrupción.

Este es el panorama: el objetivo del 0,7% de la riqueza occidental para paliar hambrunas y alimentar dignidades en el Sur Global seguirá siendo en 2030, al paso que vamos, una quimera. La cuestión es si también lo será que perduren las ideas y programas políticos y gobiernos que sostengan dicho objetivo.

Patricia Sánchez González (Albacete, 1986) es presidenta desde hace un par de semanas de la Coordinadora Andaluza de ONGD, que engloba cerca de 70 organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Ha cogido las riendas en un momento clave para la financiación en la materia a nivel mundial ya que Sevilla alberga desde el próximo lunes la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia en 2009 y delegada desde 2020 de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) en Andalucía, dice que lo suyo es “militancia y compromiso”. Es referente de ACPP estatal en Guinea Bissau desde hace más de diez años, y también ha sido técnica de acción social y cooperación internacional para el desarrollo en proyectos con Palestina, Senegal, Marruecos, Guinea Bissau, Colombia, Senegal o Guatemala.

¿Qué es lo que está en juego en esta cuarta cumbre mundial que por primera vez se celebra en Europa, diez años después de la precedente de Addis Abeba (Etiopía)?

Primero hay que poner en contexto esta cumbre, que no empieza en Sevilla ni acaba en Sevilla sino que es parte de un proceso que nace Monterrey (México) en 2002. El proceso de financiación como tal está impulsado por los países del sur, que son los que históricamente vienen sufriendo las consecuencias de las reglas desiguales del juego económico mundial. Lo que lo que pretende precisamente es situar la toma de decisiones financieras globales en Naciones Unidas, ya que hasta ahora está en manos de unos pocos países ricos, el G20, básicamente, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eso tiene unas repercusiones en los países del sur global muy importantes que tienen que ver con muchas cosas, pero sobre todo con cuestiones de deuda externa, por ejemplo. Hay países que tienen que invertir más en pagar los intereses desorbitados e injustos de la deuda externa con países del norte que lo que pueden invertir en salud, educación o derechos sociales básicos, con lo que eso conlleva en detrimento de los derechos de las personas de estos países.

El actual contexto mundial, ¿invita al optimismo para que esas desigualdades sean menores?

Entendemos que las oportunidades son desiguales porque los espacios de diálogo y los intercambios políticos-económicos son desiguales, también en función de los intereses de cada país. Precisamente lo que lo que se pretende con el proceso de financiación no es recaudar fondos sino darle la vuelta al sistema para que las condiciones sean igualitarias. El sistema de Naciones Unidas (un país, un voto) junto a la representación de la sociedad civil, es fundamental, y bajo mi punto de vista es uno de los de los aspectos que se están descuidando en estos procesos. Precisamente ese es el objetivo del Foro Social y del Foro Feminista, previos a la cumbre. Se trata de dialogar entre las organizaciones a través del mecanismo de la sociedad civil para encontrar un posicionamiento común de cara a las negociaciones de la Conferencia, porque será el mecanismo quien esté habilitado para estar en el diálogo político.

Hay países que tienen que pagar más en intereses que lo que pueden invertir en salud, educación o en otros servicios sociales básicos. Eso choca también con la normalización de la precarización de las políticas sociales en España, y particularmente lo vemos en Andalucía, donde tenemos un ejemplo concreto dramático

¿Cuál es el desarrollo del proceso de financiación y qué puntos son los más importantes?

En el proceso de financiación, cuyo hito es esta cumbre, no solamente son los Estados miembros de Naciones Unidas los que forman parte sino que hay lugar también para las organizaciones multilaterales, la sociedad civil y el sector privado. Lo que es importante es ver cuáles son los ejes temáticos que se trabajan en ese proceso de financiación, la movilización de recursos domésticos, los negocios y las finanzas privadas, y la cooperación internacional, que es uno de los temas que más preocupa también a las organizaciones a las que representamos en la Coordinadora Andaluza. También el comercio internacional para el desarrollo, la deuda y la sostenibilidad de la deuda, como decía con intereses desorbitados muchas veces para los países del sur, así como la ciencia, la tecnología, la innovación y la formación. Al final, la arquitectura financiera de global donde se toman las decisiones.

¿Cómo se comprueba que las decisiones que se adopten en esta IV Conferencia se van a ejecutar realmente?

De los acuerdos que se tomen en función del documento 'Compromiso de Sevilla', la sociedad civil tendrá que hacer después, a través del mecanismo y de los espacios de participación habilitados, un seguimiento de que esas medidas o esos indicadores efectivamente se cumplen y son reales. Y esperemos que la próxima cumbre no tenga que ser dentro de diez años, porque es el espacio en el que hay unas negociaciones previas y un posicionamiento posterior, y donde la sociedad civil también tiene un espacio reconocido para aportar.

¿En qué espacios trabaja la sociedad civil para que se hagan oír sus propuestas?

Tanto el Foro Feminista como el Foro Social no son un espacio paralelo pero sí un espacio de incidencia previo. Hay muchas organizaciones y plataformas del mundo que vienen a Sevilla y que están acreditadas, también muchas sevillanas y muchas andaluzas. El Foro Feminista está centrado exclusivamente en la visión feminista de la reforma financiera y en los impactos con unas 300 organizaciones, para visibilizar propuestas transformadoras y articular demandas más allá de los límites de la conferencia oficial. Y el Foro Social, más amplio, es también un espacio reconocido, con organizaciones de todo el mundo que buscan precisamente dar una respuesta colectiva al documento de 'Compromiso de Sevilla' que se publicó tras las negociaciones de Nueva York y al que antes hacía referencia.

Se traen propuestas, se traen espacios plenarios de diálogo y trabajo. Hay intervenciones internacionales y se buscará un consenso en algunos en temáticas concretas que se tratan en el 'Compromiso de Sevilla' como cooperación internacional, justicia climática, justicia fiscal, deuda externa, participación de la sociedad civil, género, feminismos, etc. Todo eso dará lugar a una serie de argumentarios por parte del mecanismo de la sociedad civil habilitado que se aportarán a las negociaciones de la cumbre oficial.

Y esas aportaciones por parte de la sociedad civil, ¿se suman a las conclusiones que se alcancen en la IV Conferencia?

Esperamos. El objetivo, precisamente, es que se escuchen las voces porque realmente es una oportunidad. Es un hito también que se haga en Europa, que tendrá mucha participación también de organizaciones y colectivos. Y lo que hemos querido hacer desde Andalucía para aterrizarlo en lo local es precisamente aprovechar la oportunidad que supone esta cumbre, que se celebra en España, en Andalucía, en Sevilla, para exponer la situación de la cooperación internacional en particular en el contexto de un modelo único en el mundo como es la cooperación descentralizada española, con los ayuntamientos, las diputaciones, las agencias y la cooperación estatal.

Es ahora también el momento de ponerlo en la agenda política y de medios para decir que esto está pasando, que hay países que tienen que pagar más en intereses que lo que pueden invertir en salud, educación o en otros servicios sociales básicos. Eso choca también con la normalización de la precarización de las políticas sociales en España, y particularmente lo vemos en Andalucía, donde tenemos un ejemplo concreto dramático, con un retroceso del 90% en los presupuestos de cooperación internacional en los últimos 15 años. Estamos hablando de que hay una Ley de 2023 que marca una senda para el 0,7%, que es una de las demandas que hace la sociedad civil a la cumbre, para seguir una hoja de ruta hacia un sistema de cooperación eficaz, y sin embargo en Andalucía estamos en el 0'04% cuando hemos llegado a estar en casi un 0,4%. Hemos sufrido un recorte de un 90% en 15 años.

Quizás es ahora el momento de ser valientes, de dar un paso adelante y de decir que Andalucía es solidaria y apuesta por incrementar los presupuestos de la cooperación en un momento de crisis mundial

¿Cree que también es el momento de esa reivindicación de que el Gobierno de Andalucía aumente la inversión en ayuda al desarrollo?

Pongámoslo sobre la mesa. Es que, insisto, estamos hablando de un 90% menos en 15 años cuando, año tras año, tenemos los presupuestos más grandes de la historia de la Junta de Andalucía. Quizás es ahora el momento de ser valientes, de dar un paso adelante y de decir que Andalucía es solidaria y apuesta por incrementar los presupuestos de la cooperación en un momento de crisis mundial, cuando es más necesario que nunca cooperar y solidarizarnos también con todos los países que están sufriendo las consecuencias del cambio climático, de los conflictos internacionales... Son verdaderos dramas, y estamos hablando también de personas y de derechos humanos. Andalucía tiene año tras año el mayor presupuesto de su historia pero cada vez invierte menos en ayuda al desarrollo. Incluso con un estancamiento del presupuesto, todo lo que no fuera un crecimiento sería disminuir en los porcentajes y eso nos alejarían de los objetivos. Nos marcamos metas numéricas, como la del 0,7%, pero estamos hablando de personas.

Con un neolibrealismo y una individualización en auge, ¿se sigue viendo la cooperación al desarrollo como algo lejano, como algo que no afecta directamente de puertas adentro?

El discurso de unos frente a otros está ahí, lo sabemos, pero hay que intentar ir contra eso en el sentido de que se trata de un reparto de recursos y de una inversión eficiente. Lo que decíamos antes del retroceso también en algunos servicios sociales básicos: las privatizaciones en salud o educación son una realidad, y eso al final son gastos añadidos. Podemos marcar una hoja de ruta que recupere aquel 0,4% porque las organizaciones hemos podido ver los impactos que ha tenido en la vida de personas, en el desarrollo de políticas o de proyectos en países donde se ha intervenido.

¿Cómo han asumido las organizaciones de cooperación que Andalucía haga de anfitriona en un encuentro mundial de tal relevancia cuando viene recortando el presupuesto en la materia año tras año?

Cuando el año pasado comparecimos en el Parlamento de Andalucía, en el momento en que se estaba trabajando en el borrador de presupuesto ya dijimos que era un año crucial porque teníamos la aprobación del Plan Director de la Cooperación Andaluza, que ha sido un trabajo muy profundo tanto de las organizaciones como de la Administración a través de la Agencia, eso lo sabemos y lo valoramos. Pero, claro, necesita una asignación y un acompañamiento presupuestario que sea real y que haga que eso no sea una guía en papel sino que realmente sea una herramienta a futuro y que vaya acompañado de una voluntad política. Sumado a que además este año se celebraba aquí la cumbre, era cuanto menos paradójico que se estuviera recortando por un lado y por otro se estuviera anunciando que iba a ser aquí la cumbre de Naciones Unidas después de diez años y por primera vez en Europa.

Como delegada en Andalucía de una organización pacifista, ¿qué le parece el respaldo de la OTAN al gasto del 5% del PIB en Defensa?

Normalizar que se pueda invertir un 5% en Defensa nos hace preguntarnos por qué no se podría llegar al objetivo del 0,7%. Pero es que, además, ese porcentaje va disminuyendo o se estanca cuando hay un crecimiento económico y se podría hacer una inversión mayor.

¿Qué otra cosa le gustaría decir como nueva presidenta de la CAONGD?

A mí me gustaría reconocer el trabajo incesante de las organizaciones internacionales y locales de cualquier tamaño, empezando por las andaluzas, que con el trabajo que se hace en Educación para la Ciudadanía Global acompañan a colegios e institutos, a asociaciones o universidades, y creen en la educación transformadora. Y también el de todas aquellas que hacen un trabajo ingente aliado en los países del sur, siempre en coordinación con otras organizaciones del sur, que a su vez hacen un trabajo fantástico de desarrollo en ciudades, en comunidades rurales y en contextos muy difíciles, muchas veces casi humanitarios aunque no estén declarados como situaciones humanitarias por los estándares internacionales pero que realmente lo son, y eso lo sabemos los que trabajamos en comunidades de África.

Quisiera mandar coraje y valentía para seguir trabajando en un contexto complicado. Desde la Coordinadora seguiremos trabajando para que la política de cooperación internacional vuelva a ser lo que fue. Porque Andalucía fue un referente, como lo fue en sanidad también. Retomemos eso, y hagámoslo también de manera organizada y solidaria.