La sociedad española se ha vuelto más pesimista, menos católica, menos reproductiva y más reacia a emparejarse en los últimos años. No solo eso. En poco tiempo han cambiado aspectos como la forma de relacionarnos sexualmente y se han perdido las grandes mayorías parlamentarias. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado ‘España 2025’, un amplio análisis realizado por 146 sociólogos, politólogos y economistas en el que se desgrana quiénes somos, cómo hemos cambiado y qué retos esperan en el futuro a los españoles. Sus 3.337 páginas, divididas en cinco tomos, intentan responder así a una pregunta clave, de la que nacen numerosísimas cuestiones más: ¿qué es España en este momento?

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha recalcado que las conclusiones se basan en 85 investigaciones empíricas realizadas por la institución que dirige entre 2023 y 2025, de las cuales 27 han sido confeccionadas para esta obra. Atrás quedan los informes FOESSA de los años 60 y 70 que pretendían mapear la sociedad del momento, pero también la inexistencia de mujeres en su elaboración: sobre ellas recae ahora el 43% de la autoría.

“Es la obra más completa y más amplia realizada hasta la fecha. Ningún país ha publicado algo así, de tal envergadura, que revela la situación de la sociedad”, ha anunciado con cierto orgullo el mismo Tezanos. No es lo único que separa a España de los demás países europeos. “La sociedad española es la que más cambios ha sufrido en los últimos 50 años. Es un país en movimiento y cambio constante”, ha añadido el presidente del CIS.

Los últimos acontecimientos han creado en una generación muchas expectativas luego transformadas en frustraciones. Somos demasiado escépticos e hipercríticos sobre acontecimientos de la realidad

Lejos de los barómetros sobre intención de voto por los que se conoce mayoritariamente a este Centro adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ‘España 2025’ tiene en cuenta la transformación tan profunda que el país ha vivido las últimas décadas. Eso la ha llevado a ser una población pesimista. “Los últimos acontecimientos han creado en una generación muchas expectativas luego transformadas en frustraciones. Somos demasiado escépticos e hipercríticos sobre acontecimientos de la realidad”, ha recalcado el eminente sociólogo.

No es su opinión, sino hechos. A grandes rasgos, en torno al 66% de los encuestados en cada barómetro del CIS responde que les va bien o muy bien. Sin embargo, la cifra no varía al responder que mala o muy mala cuando se les pregunta cuál es la situación económica de España. “Esto estadísticamente es imposible. Todavía nos preguntamos de dónde viene ese pesimismo interpretativo”, ha apuntado el presidente de la institución.

Menos católicos, más igualitarios y más viejos

La secularización de la sociedad es un fenómeno que también ha variado, y aumentado, en estos últimos años. Si hace décadas dos tercios de la población aseguraba ser católica practicante, el dato ha disminuido al 18,4%. En concreto, el porcentaje en los menores de 30 años se reduce al 8%. 

El papel de la mujer en la sociedad es otro de los aspectos en los que ahonda ‘España 2025’, obra que continúa la iniciativa que vio la luz hace una década con ‘España 2015’. En este sentido, los expertos han estudiado cómo en un ciclo histórico corto España ha pasado de ser “un país enormemente machista, incluso a nivel legal, a estar a la vanguardia de las conquistas del feminismo”, ha subrayado Tezanos.

Por otro lado, el hecho de que la sociedad española sea cada vez más vieja debido a la elevación de la edad media de vida, que alcanza los 85 años, se debe a las condiciones climáticas, la calidad de la dieta mediterránea y la sanidad pública. Así lo ha confirmado el presiente del CIS antes de incidir en que la población se casa menos y alcanza una de las tasas de natalidad más bajas del mundo.

El primer tomo de la colección, llamado ‘Estructura social’ y en el que se ofrece una panorámica de los grandes procesos que están reconfigurando la sociedad española en las últimas décadas, analiza la realidad del Estado de bienestar. Se constata que en las últimas décadas se ha producido un “aumento importante de derechos y servicios”, pero estos conviven con desigualdades arraigadas en ámbitos clave como la salud, la discapacidad, la vivienda o la protección social. Por otra parte, la ciudadanía apoya en su mayoría la intervención pública. Así, se apunta a la necesidad de reequilibrar responsabilidades entre Estado, mercado, hogares y tercer sector para garantizar la cohesión social.

Fracaso continuo del centro político en España

Tezanos ha resumido a la sociedad española como una población más culta, más viajera, más abierta y disfrutona, más igualitaria y laica. Por el contrario, la misma sociedad se enfrenta a una dinámica que apunta a problemas con el desempleo, familias cada vez más reducidas y una complejidad política en la que resulta más complicado alcanzar mayorías parlamentarias. 

“En Europa ya no existen las grandes mayorías, ni siquiera en Reino Unido y Francia con sistemas mayoritarios. También, todavía por razones a determinar, en España ha fracasado sistemáticamente el centrismo”, ha precisado el presidente del CIS, quien ha aclarado que, según las encuestas, un tercio de la población se sitúa en el centro del tablero político. “Este misterio hay que descifrarlo. Es parte de la dinámica de la sociedad española que condiciona el devenir político de la propia población”, ha añadido. Es en el cuarto tomo, ‘Poder, política y sociedad’, donde los expertos esclarecen que se percibe una creciente volatilidad del voto, una mayor fragmentación del sistema de partidos y el peso creciente de emociones, identidades y clivajes culturales en la conducta política.

Falta de mujeres ingenieras y en la primera línea pública

Constanza Tobío, catedrática de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid (C3M) y editora del extenso análisis junto a Tezanos, se ha detenido a explicar cómo ha evolucionado la brecha de género en España, que se sigue cerrando. Mientras casi es inexistente en relación a la educación y formación de la ciudadanía, todavía persisten algunas diferencias en el ámbito ingenieril. “Es un tipo de estudios que se resiste a la igualdad. Estamos en el 25% de mujeres estudiantes de ingeniería desde hace 25 años y el dato no ha mejorado mucho”, ha comentado la también Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política en 2021. 

En el ámbito de la ocupación laboral, la brecha sí ha disminuido con el paso del tiempo, a pesar de que hay ciertos trabajos todavía altamente segregados entre empleos feminizados y masculinizados. En este sentido, el tercer volumen, titulado ‘Estructura económica y desigualdades’, recoge que el empleo es el eje central de integración social y, al mismo tiempo, el principal generador de desigualdad.

Desde la perspectiva de la participación de las mujeres en la vida política, el mundo público, los avances no son óbice para reconocer que todavía queda camino por recorrer. “Faltan las primeras posiciones. Hay muchas concejalas, diputadas y ministras, pero pocas presidentas y alcaldesas”, ha sostenido Tobío.

Sexo fuera de la pareja

La familia como institución es otro de los grandes pilares de la sociedad que se ha enfrentado a unos cambios un tanto impensables para las generaciones predecesoras. Por ejemplo, ha aumentado significativamente la aceptación de relaciones sexuales fuera de la pareja entre la población mayor de 50 años, que alcanza la mitad de los encuestados. “Es otro concepto de pareja que, curiosamente, no impide que el amor romántico, el que pensamos que es para toda la vida, siga siendo algo deseable”, ha apuntillado la experta.

Parece que gran parte del mundo que conocíamos, convertido ahora en sociedades menos estructuradas, se diluye

Esta apertura teórica se refleja en una modificación de las relaciones sexuales de los individuos. Hace 30 años, más de la mitad de la población tan solo había mantenido relaciones de este tipo con una persona, dato que hoy en día ha descendido hasta el 23%. Al mismo tiempo, las personas más promiscuas, que aseguran haber mantenido relaciones con más de diez personas, tan solo era el 9% hace tres décadas, y ahora alcanza el 23%.

A nivel personal y a modo de síntesis, Tezanos ha exclamado que la sociedad española actual es una sociedad en transición de la que desconocemos hacia dónde se dirige. Lo vemos en los jóvenes, ha abundado el sociólogo, que enfrentan situaciones de crisis perpetuas en las que sus ingresos no son suficientes para poder adquirir una vivienda, ni establecer en ocasiones las relaciones familiares deseadas, sin un gran atisbo de continuidad en sus proyectos de futuro. “Parece que gran parte del mundo que conocíamos, convertido ahora en sociedades menos estructuradas, se diluye. Es como si intentamos coger el agua con las manos”, ha comparado el presidente del CIS.

El teletrabajo incrementa la natalidad, según un estudio de investigadores de la Universidad de Stanford, de King’s College de Londres y el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo), entre otros, que tiene en cuenta encuestas con datos para 38 países entre 2023 y 2025, y que se detiene de manera especial en EEUU.

“Las personas que teletrabajan al menos un día a la semana presentan una fertilidad real y esperada más elevada en la era pospandémica”, concluyen los investigadores en el todavía working paper –investigación académica pendiente de revisión final– 'Work from Home and Fertility' (Teletrabajo y Fertilidad). “La fertilidad es aún mayor si su pareja también teletrabaja al menos un día a la semana”, añaden.

La investigación apunta que “los datos revelan indicios claros de que la fecundidad real, los planes de fecundidad futura y la fecundidad a lo largo de la vida son mayores entre los encuestados que teletrabajan al menos un día a la semana”.

Estas tendencias se mantienen tanto en los datos brutos como al controlar los resultados teniendo en cuenta factores como la edad, el nivel educativo, estado civil, presencia de hijos antes de 2023, la situación laboral propia y de la pareja, precisan los académicos.

Fertilidad un 14% superior en las parejas teletrabajadoras

Según el estudio, cuando ambos miembros de la pareja teletrabajan al menos un día a la semana, la fecundidad a lo largo de la vida es un 14% mayor (0,32 hijos por mujer) que cuando ninguno de los dos lo hace, respecto al conjunto de 38 países representados en los datos de la Global Survey of Working Arrangements (G-SWA).

El resultado es más abultado cuando se valora solo EEUU, un 18% mayor (0,45 hijos por mujer), según los datos de la U.S. Survey of Working Arrangements and Attitudes (SWAA).

El estudio recuerda que “la fuerte concentración” del teletrabajo entre las personas con estudios universitarios, quienes perciben ingresos elevados y desempeñan profesiones y oficios técnicos. “Por lo tanto, es probable que cualquier efecto del teletrabajo sobre la fertilidad sea muy desigual entre los distintos grupos de nivel educativo, ocupaciones y sectores, así como entre países”, según el nivel de teletrabajo existente, precisan sus autores.

Los investigadores destacan que su estudio es el primero “que aporta pruebas claras de que las modalidades de teletrabajo están asociadas a una mayor fecundidad en muchos países”.

También subrayan que contribuyen a la bibliografía sobre las repercusiones económicas y sociales del teletrabajo, con investigaciones anteriores que “han revelado efectos importantes del teletrabajo” en cuestiones como el uso del tiempo, la productividad, los salarios, las prácticas de contratación y la elección de la ubicación residencial o los precios inmobiliarios, entre otros resultados. También la mayor implicación de los hombres que teletrabajan a las tareas del hogar, por ejemplo.

Posibles motivos: ahorra tiempo y facilita conciliar

El paper menciona varios posibles mecanismos detrás de esta relación positiva entre el teletrabajo y la fertilidad. Por un lado, una explicación causal, que al facilitar la conciliación de la crianza de los hijos con el empleo remunerado, los trabajos que permiten trabajar desde casa llevan a las mujeres y a sus parejas a tener una mayor fertilidad.

También una posible explicación “basada puramente en la selección”: “Las familias con hijos eligen trabajos que ofrecen la posibilidad de trabajar desde casa, pero la fecundidad no se ve afectada por esa posibilidad”.

Los investigadores se inclinan más por la motivación causal y consideran “poco plausible” el efecto de selección, entre otros motivos por el carácter imprevisto de la pandemia de COVID-19, de manera que las personas que tenían entre 30 y 40 años en 2023-2025 –y forman parte del estudio– no eligieron sus trayectorias profesionales en 2020 o antes con conocimiento previo sobre las oportunidades de teletrabajo, que aún no habían surgido en muchos casos.

“Nuestros resultados sugieren que el acceso más amplio al trabajo desde casa aumenta el número de hijos, probablemente porque reduce el tiempo y esfuerzo organizativo requerido para conciliar el trabajo y la vida familiar”, ha destacado el investigador del Ifo Mathias Dolls a la agencia EFE.

Así, los académicos indican que aumentar las tasas de teletrabajo a los niveles que prevalecen actualmente en lugares como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá “tiene el potencial de impulsar de manera significativa la fertilidad en muchos otros países”.

La Consejería de Inclusión Social de Cantabria va a incrementar hasta los 70.000 euros de renta al año el límite para pedir las ayudas a la natalidad que concede el Gobierno autonómico, que considera que el actual “era demasiado estricto”, según la titular del área, Begoña Gómez del Río (PP).

La titular de Inclusión Social y Familia ha dado a conocer, en una entrevista con RNE en Cantabria recogida por EFE, ese nuevo límite de renta, que ya se subió en 2025, de 42.000 a 50.000 euros.

En la presentación del primer proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria para este año, Gómez del Río ya adelantó ese incremento del límite de renta para esas ayudas, a las que el Gobierno destina más de 1,6 millones de euros, pero que la consejera dijo que no se gastan por la “falta de solicitudes”.

Gómez del Río ha asegurado que en Cantabria “se sigue avanzando en la igualdad” y ha destacado las medidas de conciliación puestas en marcha para ello, también en colaboración con los ayuntamientos.

Desde el 1 de enero de 2026, productos como preservativos, píldoras anticonceptivas y Desde el 1 de enero de 2026, productos como preservativos, píldoras anticonceptivas y otros métodos de planificación familiar dejaron de estar exentos de impuestos en China y pasaron a pagar el 13 % de impuesto al valor añadido (IVA), el tipo estándar para la mayoría de bienes de consumo. Esta decisión forma parte de un paquete de reformas fiscales y sociales diseñado para intentar revertir el prolongado descenso de la tasa de natalidad en la segunda economía mundial.

La medida, intenta simbolizar un giro radical: de décadas de políticas de control de la natalidad (incluida la antigua política del hijo único) a un enfoque que, según Pekín, favorezca el aumento de nacimientos. En paralelo, el Gobierno ha eximido del IVA a servicios relacionados con el matrimonio, la educación infantil y el cuidado de mayores, y ha ampliado las licencias de maternidad y paternidad.

¿Un impuesto con impacto demográfico real?

Pese a que el Gobierno lo presenta como un paso más dentro de su estrategia pro-natalista, expertos demográficos y de salud pública han expresado escepticismo sobre su efectividad. La demógrafa Qian Cai, directora del Demographics Research Group en la Universidad de Virginia, ha señalado que un impuesto del 13 % aplicado a anticonceptivos probablemente tenga “muy poco efecto” sobre las decisiones reproductivas de parejas que ya no desean tener hijos o más hijos, especialmente cuando se comparan con los elevados costes de criar y educar a un niño en China. 

Además, la imposición de un mayor precio a métodos de barrera como el preservativo puede tener efectos colaterales en salud pública. Un informe de la Bill & Melinda Gates Foundation de 2022, citado en medios internacionales, indica que el uso de condones en China es relativamente bajo (aproximadamente el 9 % de parejas), con prevalencia mayor de métodos como dispositivos intrauterinos o esterilización femenina.

Un giro fiscal controvertido en pleno declive demográfico

Las cifras oficiales dan contexto a la decisión fiscal: en 2024 se registraron 9,54 millones de nacimientos, un tercio menos que los 14,7 millones en 2019, pese al fin formal de las restricciones de hijos y las sucesivas ampliaciones de los permisos para tener hasta tres descendientes. La población total de China comenzó a disminuir por tercer año consecutivo en esa misma etapa.

Sin embargo, varios analistas subrayan que los factores que impulsan la baja natalidad son estructurales y van más allá de una medida tributaria. Un estudio publicado en China Economic Review (2025) sobre la relajación de las políticas de control de la natalidad tras la implantación de la política de dos hijos encontró que soltarse de controles estrictos puede tener efectos negativos no deseados, como una penalización salarial significativa para las mujeres, ampliando la brecha de ingresos dentro de los hogares y reduciendo la capacidad económica de las familias para tener más hijos.

Así, las preocupaciones económicas y laborales (por ejemplo, la incertidumbre laboral, los costes de vivienda y la discriminación profesional ligada a la maternidad) son factores más determinantes en las decisiones reproductivas que cambios fiscales sobre productos concretos.

En resumen, mientras China intenta contrarrestar una crisis demográfica cada vez más profunda con medidas simbólicas como gravar anticonceptivos, la evidencia científica señala que las causas del declive de la natalidad están enraizadas en desigualdades económicas y sociales que un impuesto, por sí solo, difícilmente puede resolver.

El número de nacimientos en 2025 creció por primera vez en una década aunque apenas un 1%. En España hubo 321.164 nacimientos el pasado año pero van acompañados de un retraso de la edad de maternidad; mientras que las defunciones aumentaron el 2,5%, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo.

Son datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la estimación mensual de nacimientos y defunciones al cierre de 2025, por lo que advierte de que son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses.

Respecto a las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. El crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 122.167 personas. Por meses, hubo más nacimientos en octubre y septiembre, mientras que nacieron menos niños en febrero y junio. Respecto a las muertes, se registraron más en enero y diciembre, mientras que fue septiembre el mes con menos fallecimientos.

3.159 niños más

Aunque en la última década el número de nacimientos ha sufrido una tendencia a la baja, en 2025 ha experimentado un ligero ascenso, son 3.159 más, rompiendo así la tendencia de la última década, aunque el INE incide en que los datos son provisionales.

Así, los nacimientos han ido registrando descensos año a año desde los 420.290 en 2015, hasta 318.005 en 2024 y comienza el ligero aumento en 2025 con 321.164 bebés. En octubre (28.711) y septiembre (28.256) hubo más nacimientos, mientras que los meses con menos fueron febrero (24.316) y junio (25.804).

Respecto al retraso en la edad de maternidad, mientras que en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%, en términos relativos.

Murieron 10.864 personas más

Durante 2025 se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior (10.864 personas). Los mayores porcentajes de descensos de fallecidos fueron entre los menores de 0 a 4 años (el 8,2% menos que en 2024), y es incluso mayor la reducción en el caso de los varones de esa franja (el 12,9%).

En cambio, aumentaron en mayor medida las muertes entre las personas de 80 a 84 años (el 6%) y el mayor aumento de la tabla se observó en los varones de 5 a 29 años (6,6%).

El saldo vegetativo de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones de residentes ocurridos en España) fue negativo en 122.167 personas, según los datos provisionales del año 2025.

Aumentan los nacimientos en Madrid y País Vasco

Los mayores incrementos en el número de nacimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3%); los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (10,1%) y Ceuta (6,6%), y Baleares (2,6%).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y Canarias (5,9%). El mayor descenso se registró en La Rioja (3,7%).

El crecimiento vegetativo fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en la Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32).

Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (19.894), Castilla y León (16.318) y Andalucía (15.509).

Las sociedades que crecieron bajo controles estrictos suelen tener dificultades para modificar hábitos cuando la situación cambia. En el caso de China, el intento de alterar un patrón demográfico arraigado ha puesto al país ante un problema que pone en jaque la economía por culpa de una severa planificación estatal.

La política que durante décadas limitó los nacimientos se ha transformado en una estrategia desesperada para impulsarlos, aunque los resultados hasta ahora han sido mínimos. Lo que antes se consideraba un exceso de población se ha convertido en una escasez que amenaza la estructura misma del país, y con ello la sostenibilidad de su modelo productivo.

Pekín intenta revertir la caída de la natalidad con medidas que apenas funcionan

El gobierno chino intenta revertir una fuerte caída de nacimientos tras años de control de la fertilidad, de acuerdo con Fortune. En 2024 y 2025 la tasa descendió un 17%, el nivel más bajo desde 1949. Pekín eliminó ventajas fiscales para anticonceptivos, condones y píldoras, buscando desincentivar su uso y animar a las familias a tener hijos. Xi Jinping ha llegado a pedir públicamente a las mujeres que aumenten la natalidad, pero las políticas no han logrado resultados. La población envejece, y el número de muertes supera al de nacimientos.

Otros países de Asia han vivido un proceso similar. Corea del Sur, que registra la tasa de fertilidad más baja del mundo con 0.7 hijos por mujer, lleva dos décadas ofreciendo ayudas a los padres. Desde 2006 el Gobierno ha invertido más de 200.000 millones de dólares en programas para promover los nacimientos, sin éxito.

En Singapur, las autoridades probaron bonificaciones fiscales, permisos de maternidad pagados y campañas públicas. Incluso una marca de caramelos, Mentos, lanzó un anuncio para fomentar la “noche nacional” como iniciativa para aumentar los embarazos. Nada cambió: la tasa sigue en 1.2.

Los cambios sociales complican aún más el aumento de nacimientos

China, mientras tanto, ha tenido que girar por completo su política. Pasó de la imposición del hijo único, establecida en los años 70 y mantenida durante décadas, a la autorización de dos hijos en 2015 y tres en 2021. La medida pretendía provocar un repunte en los nacimientos, pero no lo consiguió. La natalidad continuó bajando hasta 1.0 hijos por mujer en 2024. Entre tanto, el coste de criar un niño ha subido hasta unos 538.000 yuanes, que viene a ser poco más de 65.500 euros, hasta los 18 años, lo que disuade a muchas parejas.

Un padre entrevistado por la BBC explicó que el nuevo impuesto del 13% sobre los anticonceptivos apenas cambia nada: “Una caja de preservativos cuesta cinco yuanes más, a lo sumo veinte. En todo un año no supone ni mil yuanes, es asumible”, dijo.

Los cambios sociales también influyen. La modernización ha ampliado la formación y el empleo de las mujeres, lo que lleva a retrasar la maternidad o renunciar a ella. Muchos matrimonios prefieren centrarse en la estabilidad económica antes que en formar una familia. Las parejas urbanas, en especial, valoran el coste de vivienda, educación y sanidad como barreras casi infranqueables. Según el sociólogo Wang Feng, de la Universidad de California, “las pruebas de otros países muestran que los incentivos económicos apenas influyen en el aumento de la natalidad”, una idea que repitió en declaraciones al New York Times.

El envejecimiento rápido ya afecta al mercado laboral y al sistema de pensiones. Cada año disminuye el número de personas en edad de trabajar, lo que obliga a cubrir la demanda con mayor productividad o con automatización. Las cifras oficiales apuntan a un desequilibrio que va a más: más de 11 millones de muertes frente a 7,9 millones de nacimientos en el último año contabilizado. Además, la tendencia arrastra consecuencias económicas y sociales que se acumulan con el tiempo.

La demografía se convierte en un freno que puede cambiar el modelo chino

Los especialistas en demografía, como Dudley L. Poston Jr., profesor de Sociología en Texas A&M University, consideran que China ha caído en la llamada trampa de baja fertilidad. Según explicó en su análisis, una vez que el índice baja de 1.5 hijos por mujer, resulta casi imposible subirlo de forma sostenida. La transformación del país durante la industrialización redujo voluntariamente la natalidad, y ahora ese proceso es difícil de revertir. Las medidas actuales, como los subsidios de 3.600 yuanes por niño menor de tres años, tienen un alcance limitado frente al peso de los factores culturales y económicos.

La población china ha comenzado a reducirse desde 2022, y los expertos creen que el descenso continuará. Aunque el crecimiento económico todavía ronda el 5% anual, la demografía amenaza con dejar al país con millones de trabajadores menos en pocos años. Es un cambio estructural que ya no depende de impuestos ni de campañas, sino de una decisión conyugal difícil de alterar una vez fijada.

El primer bebé nacido en este año 2026 en los hospitales públicos de Andalucía ha sido una niña, llamada Cloe, y ha venido al mundo pasado un minuto de las 0:00 horas de la madrugada en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Cloe es la primogénita de la familia formada por sus padres, María José y Francisco Javier, que viven en la capital onubense, según ha informado la Junta en un comunicado en el que precisa que la pequeña ha pesado 3.250 gramos y ha medido 49 centímetros al nacer.

En Almería, el primer nacimiento se ha registrado en el Materno Infantil Princesa Leonor del Hospital Universitario Torrecárdenas a las 2:26 horas. Se trata de un niño, David, primer hijo de David y Marisol, que ha pesado 2.900 gramos y medido 49 centímetros.

Por su parte, el primer bebé gaditano ha nacido en el Hospital Universitario de Jerez a las 0:32 horas. Es una niña, Dafne, hermana de Fernando, de cuatro años, e hija de Judith y Ezequiel. Ha pesado 3.980 gramos y ha medido 53,5 centímetros, según ha detallado la Consejería de Sanidad en el mismo comunicado.

En Córdoba, Elena ha sido la primera bebé nacida en 2026, en el Hospital Universitario Reina Sofía a las 1:24 horas. Ha pesado 2.850 gramos y ha medido 48 centímetros. Sus padres, Aurora y Rafael, ya tenían tres hijos varones de 13, seis y cuatro años, por lo que Elena es la cuarta de la familia, pero la primera niña, “muy deseada por todos”.

En Granada, el primer nacimiento del año se ha registrado a las 3:36 horas en el Hospital de Guadix. Ha sido un niño, Juan, hijo de Jennifer y Ricardo. Ha pesado 3.200 gramos y ha medido 51 centímetros. Tiene dos hermanas y un hermano.

En Jaén, el primer bebé es un niño, Mateo, hijo de Inmaculada y Antonio, que ha nacido en el Hospital Universitario de Jaén a las 2:03 de la madrugada. Ha pesado 3.390 gramos y ha medido 50 centímetros, y lo esperan dos hermanos en casa.

En Málaga, el primer alumbramiento del año se ha producido en el Hospital Universitario Costa del Sol a las 0:37 horas. Se trata de una niña, primera hija de la familia, Sofía, hija de Carlota y Daniel, que ha pesado 2.560 gramos y ha medido 47 centímetros.

A las 4:50 horas ha nacido Noa, la primera bebé de Sevilla, hija de Ana y Juan Antonio, que ya tienen otros tres hijos. Noa, que ha pesado 3.240 gramos, ha llegado al mundo en un parto rápido en el Hospital Universitario Virgen Macarena de la capital andaluza.

Balance de nacimientos

En los hospitales públicos de Andalucía, a fecha del pasado 30 de noviembre, se habían atendido 36.562 partos (vaginales y cesáreas). En todo 2024, el número de partos atendidos en la sanidad pública andaluza fue de 48.045, frente a los 48.558 registrados en 2023.

Por provincias, entre enero y noviembre de 2025, Almería registró 4.401 partos; Cádiz, 5.106; Córdoba, 3.053; Granada, 4.914; Huelva, 2.464; Jaén, 2.705; Málaga, 6.646, y Sevilla, 7.273.

En el conjunto de 2024, Almería contabilizó 5.949 partos; Cádiz, 6.827; Córdoba, 3.775; Granada, 6.333; Huelva, 3.217; Jaén, 3.742; Málaga, 8.589, y Sevilla, 9.613.

El Ayuntamiento de Camargo cierra el ejercicio 2025 habiendo concedido un total de 124 ayudas directas por nacimiento o adopción, en el marco de la estrategia municipal Camargo Nido, y con una inversión de 35.000 euros en apoyo a las familias del municipio.

Estas ayudas consisten en una aportación única de 300 euros por cada nacimiento o adopción, dirigidas a reconocer el esfuerzo de las familias de Camargo y contribuir al crecimiento demográfico y la calidad de vida local, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde, Diego Movellán, ha manifestado que este balance anual demuestra la “buena acogida” que esta medida de fomento de la natalidad ha tenido entre los residentes de los ocho pueblos que conforman el municipio.

“Es realmente satisfactorio cerrar el año con una respuesta tan positiva al programa Camargo Nido”, ha aseverado el regidor, para quien es necesario que las administraciones “respalden” la llegada de “nuevos vecinos”.

Movellán ha indicado que este tipo de políticas forman parte de una estrategia “más amplia” para combatir el envejecimiento demográfico.

Así, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento también está trabajando, de cara a 2026, en reforzar el apoyo a los núcleos familiares, con iniciativas como la creación de un Programa de Ayudas a la Crianza dotado con 50.000 euros.

Además, las cuentas municipales incorporan, por primera vez, una propuesta focalizada en apoyar a las familias con los gastos de guardería.

El regidor ha destacado que el Ayuntamiento de Camargo destinará en 2026 un total de 85.000 euros a políticas directas de apoyo a la natalidad y la crianza.

“El objetivo es claro: queremos facilitar la conciliación familiar y laboral, fortalecer el tejido educativo y empresarial local y revertir en Camargo la línea general de envejecimiento demográfico, potenciando su perfil como municipio-hogar”, ha sentenciado.

Hace cinco años, Helena congeló sus óvulos en la clínica IVI de Barcelona. Su contrato incluía la conservación sin coste extra durante un lustro, así que hace unas semanas le tocó decidir qué hacer con ellos y se llevó una gran sorpresa. Ella no quiere ser madre y desea destruirlos, pero resulta que no puede. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida 14/2006, de 26 de mayo, estipula que solo es posible descongelar gametos femeninos o preembriones si la paciente presenta dos informes de médicos diferentes y ajenos a su clínica que certifiquen que no reúne los requisitos clínicamente adecuados para el embarazo. Por ejemplo, que sea un peligro para ella o para el feto. 

En el caso de no cumplir con dichas exigencias, la mujer que ya no quiere o no necesita esos óvulos o preembriones congelados, puede darles dos destinos diferentes: fines reproductivos de otras personas o investigación médica. No hay garantías de que la clínica vaya a utilizarlos, así que el mantenimiento de ese material biológico vitrificado corre a cargo de la donante. Esto puede durar hasta que cumpla 50 años, edad a partir de la cual se considera que el embarazo no es posible. Hay una tercera opción: dejar de pagar, pero entonces se pierde el control sobre esos óvulos.

En 2010, el primer año en que la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) registró esos datos, 129 mujeres preservaron su fertilidad y en 2022 fueron 5.011. Pero el presidente de la organización, Juan José Espinós, señala que apenas el 10% de las pacientes los utiliza finalmente. Por lo tanto, el 90% de las mujeres que vitrifican óvulos se puede ver en la tesitura de no poder deshacerse de ellos de forma sencilla. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, no se ponen en marcha demasiados proyectos de investigación en este ámbito, así que es bastante probable que no se utilicen Y, por otro lado, la donación para fines reproductivos no suele ser factible. 

A este segundo respecto, María Hernando, embrióloga y asesora de fertilidad, comenta que aunque los óvulos procediesen de una mujer menor de 35 años y fuesen candidatos a la ovodonación: “Los criterios de exigencia para un donante de óvulos o de semen son mucho mayores que los que se solicitan a una mujer que realiza criopreservación de sus óvulos, por lo que estos últimos no cumplen con los requerimientos para ser usados en ciclos de donación”. Hernando concreta que no sería posible por los requisitos legales de la trazabilidad, que es el seguimiento de los gametos y embriones desde que se extraen hasta que se utilizan en ciclos de donación: “Ni en España (por la normativa del Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida – SIRHA), como en toda Europa por el Reglamento (UE) 2024/1938 sobre sustancias de origen humano (SoHO)”.

Por supuesto, hay otra opción para olvidarse del material biológico vitrificado: no escoger ninguno de los destinos anteriores y dejar de pagar el mantenimiento. Según recoge la ley, cada dos años la empresa tiene la obligación de ponerse en contacto con la paciente para consultar si quieren mantener sus muestras congeladas [en concreto con los preembriones, pero también se hace con los óvulos]. En caso de que tras un par de requerimientos la clínica no haya recibido ninguna indicación, ese material genético pasa a ser propiedad del laboratorio.

Teresa Bartret, abogada especialista en el campo de la Reproducción Asistida en el bufete Lextrha, sostiene que: “Los ovocitos, pagues o no, no se pueden destruir, aunque luego en la práctica es verdad que, quieras que no, los protocolos han intentado adaptar la realidad social y las limitaciones a una práctica que se considere que entra dentro de la legalidad” y si hasta el momento no ha habido represalias “si finalmente los terminan destruyendo y la inspección de Sanidad no dice nada y no hay ningún problema, pues se convierte en modus operandi”.

La gran parte de las clínicas –“por no decir todas”, desliza Hernando– utiliza el documento de consentimiento informado de la SEF que indica las restricciones de la ley a la hora de destruir el material biológico. Sin embargo, algunas empresas van más allá y añaden otras cláusulas, sobre todo “las más grandes o más fuertes”, dice la letrada.

Por ejemplo, cuando llegó la hora de escoger el destino de sus ovocitos IVI le dio a Helena una opción extra que no aparece recogida de manera literal en la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida: “En el caso de que no pueda aportar los informes/dictámenes que acrediten que ya no se encuentra en condiciones adecuadas para gestar con garantías razonables de seguridad, tanto para usted como para la posible descendencia, debe tener presente que la destrucción de los ovocitos que solicita no podrá hacerse de manera inmediata, produciéndose cuando el equipo médico considere que procede”. Desde el departamento de comunicación de IVI no han aclarado las dudas de este medio sobre esa cláusula.

Qué pasa con este material biológico

Ante la falta de informes y de ganas de seguir pagando el mantenimiento, Helena escogió esa propuesta de ‘destrucción no inmediata’, aunque no sin reparos. “Es muy ambiguo, ¿qué pasa mientras tanto? Me asaltan dudas morales”, desarrolla, “pero si quieren hacer Black Mirror con mis ovocitos, que lo hagan porque yo, ahora mismo, me siento como abusada”. 

Lo cierto es que ningún laboratorio tiene permitido operar con ese material biológico más allá de lo que determina la ley. Es decir, no pueden experimentar con la clonación humana con fines reproductivos, pero sí pueden utilizarlos para una investigación científica que no esté prohibida. Espinós observa que las clínicas no suelen trabajar con los ovocitos aunque ya sean sus dueños “por si viene la paciente y dice que cambió de domicilio y no le llegaron los requerimientos, por ejemplo”. 

Así lo hacen en Eugin, según comenta María Jesús López, ginecóloga de reproducción asistida senior. Aunque solo el 12% de quienes han vitrificado sus óvulos en su clínica les da un destino diferente al del almacenamiento, han tenido casos de mujeres que dejan de pagar y años después regresan a por ellos “porque nunca sabes las vueltas que va a dar la vida”, apunta. En ese caso, las interesadas deben abonar todas las cuotas que deben para poder recuperarlos.

Leer la letra pequeña

Helena firmó el consentimiento informado, pero no recuerda haber hablado de las opciones de futuro de sus gametos. Mientras que en las consultas siempre se comentan detalles médicos del proceso que aparecen en los papeles del contrato, parece que no ocurre lo mismo con el tema de las opciones alternativas a la implantación.

Laura vitrificó ovocitos en la clínica CIRH de Barcelona a finales del año 2020. Y, al igual que Helena, cuando llegó el momento de renovar el contrato, descubrió las trabas que hay para eliminarlos. “En la clínica verbalmente no me informaron de cómo destruirlos”, expresa, “no sé si en el consentimiento informado que firmé, y se supone que me tendría que haber leído, lo ponía expresamente, pero yo no lo recuerdo”. De momento, paga la cuota anual de mantenimiento, aunque cree que finalmente no querrá ser madre y los donará a la investigación. “Al enterarme de la dificultad de la destrucción de los óvulos, me sentí bastante desamparada y frustrada, porque es material genético propio que no podemos controlar”.

María Jesús López, de Eugin, reconoce que es una cuestión que no siempre se trata en persona: “Hay tanta información, que no es un punto imprescindible en la primera visita”. Por su parte, Pedro Royo, ginecólogo de IVI en Logroño, asegura que siempre se informa a las pacientes “oralmente y por escrito” de esta cuestión e incluso “en varias ocasiones” aunque ellas no pregunten directamente por ello. Espinós expone que: “Cuando se comenta una técnica, salen muchas preguntas a las cuales se dan respuesta. Pero es imposible, porque necesitarías 30.000 horas, que a veces se comenten estrictamente todos los aspectos” y considera que no hay “absolutamente nadie” que esté interesado en que esa información no se conozca. 

En España hay más de 700.000 óvulos y preembriones congelados que no se pueden utilizar y cuya conservación supone un gasto para los laboratorios. También hay miles de personas pagando una cuota anual para mantener un material biológico que quieren destruir, aunque el presidente de la SEF apunta que las clínicas de reproducción asistida no viven de esos ingresos.

Los informes médicos

Si Helena hubiese conocido las dificultades que existen para eliminar sus ovocitos congelados, posiblemente se habría ahorrado el trago, el dinero y el enfado actual. Pero Laura cree que sí hubiese seguido adelante porque en ese momento estaba más preocupada por preservar su fertilidad (dentro de lo posible, porque nadie asegura al 100% un embarazo futuro) que en cómo podría descongelar sus muestras.

María (nombre ficticio), de 42 años, sintió lo mismo cuando vitrificó los preembriones con su pareja (la ley pone a los gametos femeninos y a los preembriones al mismo nivel). En la clínica Asisa de Zaragoza les informaron de todos los aspectos de su caso: “En ese momento no piensas que te vas a echar para atrás en tu decisión de ser padres”. Tras varios intentos fallidos de embarazo, ella y su pareja decidieron que no querían seguir y ahora tienen tres preembriones congelados que no pueden destruir. Han intentado conseguir los dos informes médicos, pero no lo han logrado y finalmente han optado por la donación a la ciencia. Como no hay investigaciones en marcha, pagan 200 euros al año por el mantenimiento. 

“Yo no creo que las clínicas quieran lucrarse con ello. En la mía me ponen todas las facilidades del mundo, pero la ley es la ley, y ellos no pueden destruirlos”, contempla María. Su angustia es tal que llegó a pensar en un método extremo para acabar con su problema: “Se me pasó por la cabeza implantármelos. En España es legal implantarme hasta tres preembriones en una sola vez. Y luego, si me quedaba embarazada, abortar [una mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo libremente durante las primeras 14 semanas de gestación]”. No quiere deshacerse de ellos por ahorrarse el dinero sino porque le duele no poder pasar página. “Para mí es importante dejar eso atrás, y cada año que me llega el recibo es volver a recordar por lo que pasé”, asevera.

Rosa (nombre ficticio), ginecóloga en un hospital de segundo nivel comarcal, ha firmado tres o cuatro informes médicos a conocidas en la misma situación que María. “Yo he venido aquí a facilitar la vida a los demás, no a fastidiarles”, afirma. Las solicitantes tenían unos 45 años y ya eran madres desde hacía uno o dos años: “Tú alegas que existe un riesgo para las futuras gestaciones. Pero siendo honestos, ya tenía riesgo en su anterior embarazo y eso no se lo miran tanto”. Explica que en dichos papeles ella pone su nombre, su número de colegiada y que no recomienda futuros embarazos “por el riesgo potencial de enfermedades relacionadas con la edad de la madre o alguna cosa así, no es en plan ‘te puedes morir’”. Una vez hecho el informe, este se envía a un comité externo, que es el que decide si lo acepta, no la clínica. 

Una ley obsoleta

La mayoría de los entrevistados –pacientes y profesionales– considera que es necesario actualizar la ley sobre técnicas de reproducción asistida. Por ejemplo, Hernando opina que se ha quedado obsoleta tanto en los procesos de vitrificación de óvulos y preembriones como en otras cuestiones como el diagnóstico genético preimplantacional. “Hay que entender que, a pesar de ser una de las leyes europeas más avanzadas en cuanto a reproducción asistida, se redactó hace ya casi 20 años y, desde entonces se ha progresado mucho”, afirma. 

Desde la SEF, aseguran que han intentado cambiar el marco legal de todas las formas a su alcance para que la mujer pueda hacer lo que considere con sus ovocitos y preembriones vitrificados, pero aún no han logrado nada. “Es un problema importante. Supone una diferencia de género, porque si un hombre congela semen puede destruir la muestra cuando quiera”, declara Espinós. Él achaca este inmovilismo al clima político, ya que este tipo de acciones requieren cierto consenso y, a día de hoy, hay demasiada crispación, según su opinión. “Yo casi prefiero, que en la situación actual, no discutan nada”, sostiene y añade que teme que, si no se aprueban las modificaciones que sugieren, pasen “otros 30 años” sin que se actualice la ley. Mientras tanto, miles de mujeres esperan a que algo cambie para poder descongelar sus ovocitos o preembriones sin tener que justificar esa decisión.

Hasta después de los 35 años Julia no se planteó tener hijos. Primero no le apetecía “cargar con esa responsabilidad” y luego fueron los trabajos precarios e inestables los que la llevaron a retrasar la decisión hasta después de los 30. Cuando su situación económica mejoró, optó por congelar sus óvulos. “Decidí pagar para ganar tiempo, para cuando encontrara una pareja estable y poder plantearme ser madre con mis óvulos cinco años más jóvenes”, asume.

Desde hace una década España arrastra una tendencia a la baja en el número de nacimientos. El año 2024 no ha sido distinto y ha alcanzado un nuevo mínimo histórico: 318.005 bebés en todo el país, unos 100.000 nacimientos menos que en 2014. También ha batido otro nuevo récord: menos madres menores de 35 años que nunca, una edad en la que la fertilidad de las mujeres empieza a descender más pronunciadamente y aumentan las dificultades para concebir, según recuerda la Guía para el Estudio y Tratamiento de la Infertilidad de la Organización Mundial para la Salud. 

Al tiempo que cae la natalidad y baja el número de madres jóvenes, se produce un auge en la congelación de óvulos, los nacimientos por reproducción asistida y las clínicas de fertilidad. Se genera así la paradoja de un país en el que hay menos niños, pero donde las mujeres intentan extender sus opciones de ser madres todo lo posible.

Según los últimos datos de la Encuesta de Fecundidad, el 72% de mujeres de entre 25 y 29 años desean tener dos hijos o más, y casi la mitad de mujeres mayores de 45 años desearía haber sido madre. La realidad es que las mujeres en España acaban teniendo 1,1 hijos de media. “No es que las mujeres no quieran tener hijos”, aclara Elisa Gil, ginecóloga especialista en medicina reproductiva y miembro de la junta de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). “Las habrá que no, lógicamente, pero las mujeres quieren seguir teniendo hijos. Esta brecha entre la natalidad real y la deseada es donde tenemos que ahondar”, agrega. 

Una brecha donde el deseo de ser madre y el momento biológico ideal no siempre coinciden por la precariedad laboral, el difícil acceso a la vivienda, la dificultad de encontrar pareja unida a la falta de corresponsabilidad en la crianza, la penalización de la maternidad en el mercado laboral y la falta de políticas reales a favor de los cuidados, según explican distintos expertos consultados por este medio. 

“Infertilidad estructural”

Cuando las condiciones sociales, económicas y políticas dificultan la concepción y crianza de los hijos se habla de “infertilidad estructural”. En este tipo de contextos desfavorables las mujeres retrasan la decisión de ser madres a la espera de que se dé una situación más adecuada. 

“Si estructuralmente se retrasa la maternidad, las mujeres que se lo pueden permitir se guardan las espaldas para poder tener hijos en el futuro”. Así lo explica Ariadna Ayala Rubio, doctora en antropología social especializada en reproducción asistida y parentesco y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. “La congelación es una opción que es bueno que la población conozca, pero puedes conocerla y aun así no poder acceder a ella”, añade Dolors Manau, Jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Clínic de Barcelona. “No es un tratamiento infalible y, además, lo natural es que la mujer o la pareja puedan tener hijos cuando ellas quieran”.

Las mujeres que congelan sus óvulos se han multiplicado casi por 30 en una década en España. En 2014, al menos 1.132 mujeres congelaron ovocitos o embriones, ocho años después la cifra ha crecido hasta las 5.011, según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Estas cifras no incluyen a quienes recurren a la congelación por cuestiones médicas-oncológicas. 

Madres mayores de 35 años

Desde 1975 hasta la actualidad, la tendencia está clara. Cada vez se tienen menos hijos y la maternidad se retrasa. Si hace 50 años las madres de menos de 35 años eran casi 9 de cada 10, ahora representan 6 de cada 10.

“Lo que hemos visto, con el paso de los años, es que de 25 a 29 se ha ido pasando a 30 a 34 y ahora se va moviendo hacia edades más avanzadas hasta que llega la menopausia, que es un límite biológico”, explica el demógrafo y profesor de Sociología en la UCM, Alberto Sanz, quien advierte de que esta tendencia va a intensificarse si no se hace nada al respecto. “En realidad, el problema no es que las mujeres quieran decidir sobre su cuerpo ni sobre su futuro laboral. El problema es que la sociedad no da las oportunidades, los recursos necesarios para decidir acerca de cómo y cuándo se pueden tener los hijos”, añade. 

El cambio de tendencia en las edades para ser madre es común en toda España, pero es más pronunciado en las comunidades más envejecidas y también menos dinámicas a nivel migratorio. En Galicia, Euskadi y Cantabria casi la mitad de los nacimientos registrados en los últimos años ya son de madres mayores de 40 años. Vemos el aumento de este grupo de edad en el gráfico y también cómo se acorta cada vez más la diferencia entre las madres mayores y menores de 35 en todo el territorio español. 

Esta caída de la natalidad es un fenómeno mundial. El número de hijos por mujer en todo el mundo se ha reducido a la mitad en el último siglo con 2,2 nacimientos por mujer, una tendencia que se repite en países distintos como Estados Unidos, India, Dinamarca, Colombia, Kenia o China. España está junto a Italia o Japón entre los 20 países con la natalidad más baja en todo el mundo. Y es el segundo país de Europa con menor promedio de hijos por mujer, solo por detrás de Malta. 

Este descenso no se puede atribuir a un único factor: guarda relación con cambios en la mentalidad y las prioridades, un mayor nivel educativo, la incorporación de las mujeres al empleo remunerado, menos presión social, el modelo de familia y la llegada de los anticonceptivos, píldoras y preservativos, que en España se despenalizaron a partir de 1978. También por la falta de políticas de apoyo a favor de la crianza y la desigualdad salarial y de reparto de cuidados. 

En dos décadas, las mujeres españolas han pasado de tener su primer hijo a los 29 a tenerlo a los 32 años. También ocurre entre las mujeres de origen extranjero, pese a que tienden a tener más hijos y contribuyen más a mantener la natalidad. 

Cambios en la mentalidad

Entre todos los cambios, el de mentalidad y el modelo de familia han tenido un gran peso. “Vivimos en una sociedad en la que los individuos tienen unas expectativas importantes de cara a su vida. Y entonces la paternidad y la maternidad siguen siendo experiencias importantes, pero no son las experiencias centrales”, destaca el demógrafo Sanz. También influye que “cada vez se es menos consciente de que la fertilidad tiene un tiempo y de que llega un momento en que no es fácil tener un hijo mediante el embarazo natural”, explica María Isabel Jociles Rubio, catedrática de Antropología Social en la UCM. “Es lo que antes llamaban vulgarmente como ‘se te pasa el arroz”, incide.

En el caso de la formación educativa, las mujeres con estudios superiores, que suelen ser las que también acceden a puestos de trabajo más estables y mejor remunerados, suelen tener menor fecundidad. Tal y como apunta Alberto Sanz, una mayor educación también exige más años de formación con lo que la posibilidad de tener hijos se plantea más tarde: “Hay una apuesta muy alta para ingresar en un mercado laboral que es muy exigente, muy competitivo, y que evidentemente aparta a las mujeres de cualquier otra actividad que les pueda distraer de eso”.

“Para muchas mujeres con estudios, la maternidad es un coste de oportunidad muy elevado y deciden posponer y acaban, a la larga, teniendo menos hijos”. En España, el coste de la maternidad en el mercado laboral comienza con el nacimiento del primer hijo, donde los ingresos de ellas se reducen un 11% durante el primer año mientras que en ellos se mantiene, según constató el Banco de España en 2020. Una brecha de género (ya que los padres no la sufren) que se arrastra y que 10 años después asciende hasta el 28%.

Eso sí, aunque la economía familiar es un factor a tener en cuenta, la renta per se no guarda relación con una mayor o menor fecundidad, según detalla Sanz, quien ahonda en que son los escenarios de incertidumbre lo que influye en tener hijos o no. En un contexto en el que el acceso a la vivienda es difícil y donde las parejas ni siquiera pueden pagarse una vivienda con su propio sueldo, comenta, “no es tanto el dinero que tengas” sino que “simplemente no ves la posibilidad de tener confianza [en el futuro] porque no sabes si vas a poder conservar esa vivienda o te van a subir el alquiler y lo vas a tener que dejar o vas a tener que volver a vivir con tus padres”. 

De hecho, ni siquiera los famosos “cheque-bebé” son una solución determinante porque, aseguran los expertos, aunque las ayudas sociales son importantes, son puntuales. “La maternidad y paternidad son para siempre, por eso se necesitan cambios troncales, que conviertan a nuestro entorno y realidad en un lugar seguro y accesible a las familias y a los hijos”, declaran desde la SEF. 

Un asunto de toda la sociedad

De esta manera, el retraso de la maternidad tiene que ver más con las condiciones económicas y laborales, que son ajenas a las decisiones de las mujeres. “Esto no es un problema biológico-médico o de decisión de las mujeres sino un problema de salud del país, siempre se carga con que la mujer se retrasa, pero se retrasa la mujer y la pareja que tiene al lado. No es la mujer la culpable, sino la manera en que vivimos”, incide Manau.

Eso no quita para que las mujeres sí carguen con una sensación de culpabilidad impuesta, tanto para las que no desean ser madres como quienes sí quieren serlo, pero la retrasan. Julia lo siente y lo ve en su círculo cercano. “Hay una culpa no explícita de: '¿cómo quieres ser madre si te pones con 38 años? Ahora solamente te queda in vitros'. Existe una tendencia a culpabilizar”, lamenta.

“El retraso de la edad de la maternidad no puede resolverse solo en una clínica”, incide en esta entrevista a elDiario.es la experta Sara Lafuente‑Funes. Su estudio “Reflexiones críticas sobre la política reproductiva” (2024) enfatiza en cómo el retraso de la maternidad se está abordando de manera privada e individual, pero no desde la esfera colectiva ni política: “Las tecnologías les dan tiempo en un entorno que las deja solas para resolver la maternidad (o su ausencia) en medio de la incertidumbre y la soledad”. 

Dado el contexto, cada vez más mujeres recurren a la opción de congelar sus óvulos. “Aunque las mujeres decidan postergar su maternidad, los ovarios siguen envejeciendo pronto”, especifica la ginecóloga Manau. Todo ello para “ganar tiempo” y poder tener descendencia en el futuro.

Una medida que en España es posible desde la aprobación en el año 2006 de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida y que se ha vuelto una opción cada vez más recurrente. Pero esta técnica, recuerdan las expertas consultadas, es solo un parche y no es apta para todos los bolsillos. “Aunque algunas se encuentran en situaciones más precarias, estas mujeres están bien ubicadas dentro de los sistemas socioeconómicos españoles”, detalla el informe de Lafuente. 

Este tratamiento, sin incluir el precio de las fecundaciones, incluye la vitrificación (el proceso de congelación), que ronda los 2.000 euros iniciales, a lo que se suma una cuota por mantenerlos que va de los 150 a los 400 euros al año. A eso se añade el coste de la medicación para la estimulación ovárica, que oscila entre 800 euros y 1.000 euros, según la información de varias clínicas, que también ofrecen financiación bancaria. 

Reproducción asistida

Otro síntoma del retraso de la maternidad guarda relación con las fecundaciones in vitro o inseminaciones artificiales, a las que acuden quienes tienen dificultades para concebir en las que el elemento de la edad es clave. 

En 2014, los niños nacidos por fecundación in vitro o inseminación artificial representaban un 6% del total. Para 2022, uno de cada diez bebés que nacieron en España ya lo hicieron por alguna técnica de reproducción asistida.

La falta de medidas estructurales reales que mejoren las condiciones de vida es lo que explica, en parte, la tendencia que ha hecho que España haya pasado de un crecimiento poblacional de 10 por cada mil habitantes en los años 70 a una década en la que muere más gente de la que nace. 

Desde el año 2008, el movimiento natural de la población está en descenso, es el síntoma del envejecimiento de la población unido a una persistente caída de la natalidad.

Una caída que hasta el momento solo se aborda con soluciones parciales como las ayudas económicas puntuales o las técnicas de reproducción asistida. Unas tecnologías sobre las que hay una proyección “excesivamente optimista”, según detallan las expertas, que da a mujeres como Julia la sensación de poder “ganar tiempo”, pero que no mitigan la “infertilidad estructural” que continúa condicionando cuándo y cómo ser madre para quienes lo desean.

Asturias registró 3.913 nacimientos entre enero y octubre de este año, un 2,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2023, según los datos publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). La cifra supone un ligero respiro dentro de la prolongada tendencia de envejecimiento de la población asturiana.

En paralelo, el número de defunciones se redujo un 1,1 por ciento en los diez primeros meses del año, hasta las 10.893. Con estos datos, el saldo vegetativo continúa siendo negativo —se registran muchas más muertes que nacimientos—, aunque la diferencia se estrecha ligeramente: Asturias perdió 6.980 habitantes por este motivo, 231 menos que en el mismo periodo del año anterior.

Envejecimiento estructural

El comportamiento demográfico de este año contrasta con el cierre de 2024, cuando la comunidad elevó el número de nacimientos un 2,6por ciento, hasta 4.665, la segunda cifra más baja de toda la serie histórica, solo por encima de la de 2023 (4.545). A la vez, las defunciones aumentaron un 1,1 por ciento, hasta 13.150.

Ese balance dejó un saldo vegetativo negativo de 8.484 personas en 2024, 114 más que en 2023 y el cuarto dato más desfavorable desde 1990, solo superado por los registrados en los años 2020 (9.779), 2022 (9.192) y 2021 (8.582), marcados por los efectos de la pandemia y el envejecimiento estructural.

Pese al repunte de nacimientos hasta octubre, Asturias continúa situada entre las regiones con peor saldo demográfico del país, lastrada por su baja natalidad y una de las medias de edad más altas de España

Castilla y León ha sumado 9.508 nacimientos hasta septiembre, que suponen casi 35 diarios y un 0,39% más que en los nueve primeros meses del 2024, por debajo del 0,95% de repunte nacional, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los nacimientos han bajado hasta septiembre en cuatro comunidades, con el -3,28% de Baleares como peor dato, además de en Ceuta y Melilla; con aumentos en el resto, lideradas por el 3,60% de Madrid.

En España han nacido hasta septiembre 238.715 bebés, con ese repunte del 0,95% respecto al mismo periodo del 2024. Sólo en septiembre han nacido en Castilla y León 1.116 bebés, frente a los 1.055 del mismo mes del 2024; con un mejor dato también que los 1.078 de agosto y por debajo de los 1.170 de julio, según los datos del INE.

Aumentos en Burgos, Soria, Valladolid, León y Zamora

Por provincias, el acumulado de nacimientos hasta septiembre ha subido en Burgos (5,04%), Soria (3%), Valladolid (1,75), Zamora (1,11) y el 0,77% en León, con caídas en el resto. Salamanca ha anotado una caída del 4,87% en los nacimientos hasta septiembre respecto al mismo periodo del 2024, con un -3,59 en Ávila, -1,89 en Palencia y -1,18 en Segovia.

En dato absoluto, en Ávila se han registrado 646 nacimientos en los nueve primeros meses del año, en Burgos 1.573, en León 1.525, en Palencia 600; con 1.227 en Salamanca, 686 en Segovia, 373 en Soria, 2.327 en Valladolid y 551 en Zamora.

Un nacimiento con una madre menor de quince años

En cuanto a la edad de las madres, sólo ha habido un nacimiento de una de menos de quince años, con 177 entre 15 y 19. El mayor número de nacimientos está en los grupos etarios de entre 30 y 34 y 35 a 39 con 3.012 y 2.968, respectivamente. En mayores de 50 años hay nueve nacimientos y 104 entre los 45 a los 49 años.

El Ayuntamiento de Brazatortas acaba de impulsar una nueva medida en su particular lucha contra la despoblación. Ha aprobado la creación de una ayuda directa de 1.000 euros por cada nacimiento o adopción que se produzca en el municipio.

Esta medida, ratificada en una sesión plenaria de carácter extraordinario esta semana, se integra en una estrategia más amplia que, segun señala el equipo de gobierno, “ya ha comenzado a dar resultados visibles, logrando revertir la tendencia a la despoblación y situando el censo actual en 1.034 habitantes”.

Ahora, la medida pasa por que, en casos de parto o adopción múltiple, la cuantía se multiplicará por el número de hijos, garantizando un apoyo proporcional al esfuerzo familiar.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a la ayuda, las bases establecen requisitos enfocados en asegurar el arraigo en el municipio, pues es indispensable que al menos uno de los progenitores acredite una antigüedad de empadronamiento de 24 meses en Brazatortas en el momento del nacimiento o la adopción.

Asimismo, el bebé deberá ser empadronado en el domicilio familiar y permanecer inscrito en el padrón durante un mínimo de 12 meses desde la solicitud, una condición que busca garantizar el compromiso de las familias con la localidad.

Esta ayuda está abierta tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros con residencia legal, lo que además refrenda el carácter inclusivo de la medida, para cuya solicitud se han simplificado los procedimientos para evitar trámites burocráticos complejos.

La solicitud se podrá presentar en el Registro consistorial en persona o de manera cómoda a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Brazatortas, adjuntando DNI, libro de familia y certificado de empadronamiento.

“Superar la barrera de los 1.000 habitantes es un éxito colectivo”

“La iniciativa nace con vocación de permanencia y un claro objetivo paralelo a la atracción de nuevos vecinos, como es consolidar el futuro de nuestra localidad apoyando directamente a las familias”, ha indicado el alcalde, Pablo Toledano.

El regidor ha expresado su gran satisfacción tanto por el crecimiento poblacional como por la puesta en marcha de esta nueva herramienta de apoyo, por cuanto “superar la barrera de los mil habitantes es un éxito colectivo que nos llena de orgullo y demuestra que las políticas que estamos implementando funcionan”.

“A partir de ahora, con esta nueva línea para la que creamos una partida presupuestaria específica de 'Ayudas a la Natalidad', queremos además que las familias se sientan respaldadas y elijan nuestro pueblo para construir su proyecto de vida”.

La prestación económica se ha diseñado para ofrecer estabilidad y seguridad a las familias con carácter retroactivo, dando así cobertura a todos los nacimientos y adopciones que se hayan producido desde el 1 de enero de 2025 y su convocatoria será de vigencia indefinida, eliminando así la incertidumbre de renovaciones anuales.

“Entendemos que la llegada de un hijo supone un coste económico incuestionable, y desde el Ayuntamiento queremos contribuir a paliar esa carga para que las familias puedan constituirse y crecer aquí con mayor tranquilidad”, zanja el alcalde.

Las familias madrileñas que hayan tenido o adoptado hijos entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026 pueden solicitar desde este martes, 4 de noviembre, las ayudas económicas por nacimiento o adopción recogidas en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 del Ayuntamiento de Madrid.

La cuantía que percibirá cada familia asciende a 500 euros por el primer hijo, 750 euros por el segundo y 1.000 euros por el tercero y siguientes. La ayuda es universal, por lo que no se impone limitación alguna por renta de la unidad familiar ni por edad de los progenitores. “Además, la subvención es compatible con otras previstas para la misma finalidad impulsadas por otras administraciones, entes públicos o privados”, indica la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, en la presentación de esta ayuda.

El progenitor solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos: ser español o extranjero con residencia legal en España, estar empadronado en la capital desde hace cinco años por lo menos y no estar privado de la patria potestad de sus menores. Asimismo, no debe estar incurso en alguna de las causas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario que se establece en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, con las excepciones previstas en la convocatoria.

Cómo solicitar la ayuda

La ayuda puede solicitarse desde el 4 de noviembre, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. El modelo de la solicitud estará disponible en sede.madrid.es y debe ser cumplimentado y firmado por un progenitor o tutor del menor. A continuación, el formulario de solicitud debe presentarse en el Registro del Ayuntamiento: de forma telemática a través de la Sede Electrónica o de manera presencial en las oficinas de Registro municipales (las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Línea Madrid).

Solo se podrá presentar una solicitud por cada nacimiento o adopción. En el caso de nacimientos o adopciones múltiples, deberá presentarse una solicitud por cada uno de los menores. El plazo para entregar dichas solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al nacimiento o la adopción. Los nacidos entre el pasado 1 de junio y el 3 de noviembre, día en que se ha publicado oficialmente la convocatoria, también dispondrán de un periodo de dos meses para el trámite, que comenzará a computarse desde el 4 de noviembre de 2025.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad es la responsable de la tramitación de la convocatoria y será apoyada en esta gestión por una entidad colaboradora que ha resultado adjudicataria de un procedimiento abierto de licitación. Tras comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos establecidos para ser beneficiarios, se abonará la ayuda en un pago único.

El Ayuntamiento de Madrid ha consignado un presupuesto de 17,3 millones de euros a esta primera convocatoria pública de subvenciones que tiene como objetivo fomentar la natalidad en la ciudad. El crédito para 2025 alcanza los 8 millones de euros y el del periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 se eleva hasta los 9,3 millones de euros. No obstante, el importe podría incrementarse en función de la demanda.

La convocatoria de las ayudas se acompaña de una campaña informativa que, bajo el lema La bonita movida de tener un hijo, dará a conocer la medida a la ciudadanía para alcanzar el mayor número de beneficiarios posible. La campaña se exhibirá en el circuito de marquesinas, banderolas, mupis y pantallas digitales de la ciudad y también se publicará en medios de comunicación y redes sociales. Además, también se entregarán folletos informativos en recursos municipales.

Según datos del Padrón municipal, el número de nacimientos en 2024 fue de 26.213, lo que supone 558 más que en 2023. Sin embargo, el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo: el año pasado se produjeron más muertes que nacimientos. El consistorio quiere revertir este envejecimiento demográfico con su plan, que cuenta con 50 iniciativas y está dotado con 1.275 millones de euros para ejecutarlas.

Fue una de las promesas estrella de la campaña electoral de Alfonso Rueda para las elecciones autonómicas de febrero de 2024: la ampliación hasta los 45 años del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública y la posibilidad de que cualquier gallega de entre 30 y 35 años congele sus óvulos sea por el motivo que sea. El anuncio lo concretó Rueda en noviembre del año pasado, ya elegido presidente con mayoría absoluta, junto al nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. El día 4 de ese mes los dos aseguraron que la edad límite para tener acceso “a las técnicas de reproducción asistida, como fecundaciones in vitro o inseminaciones artificiales”, se iba a elevar de forma progresiva hasta llegar en 2028 a los 45 años de la mujer o persona con capacidad de gestar. El primer paso se iba a dar en marzo de 2025, cuando iban a estar ya incluidas las mujeres de hasta 41 años.

Sin embargo, no es eso lo que dicen los documentos que concretan la implantación de las nuevas medidas. Un anexo de la guía técnica del proceso de reproducción humana asistida elaborada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) es el que expone los criterios que se deben aplicar desde marzo de este año. Y ahí se especifica que la edad femenina límite para la inseminación artificial con semen de la pareja (IAC) es de 38 años. En el caso de la inseminación con semen de un donante, el tope son los 40 años. Lo que sí se eleva hasta los 41 es la posibilidad de someterse a una fecundación in vitro o un proceso de ovodonación -técnica con óvulos donados-.

Isabel (nombre ficticio para proteger su privacidad) es una mujer del área sanitaria de Lugo que siguió con atención las novedades sobre la ampliación de los servicios en el Sergas: tras tener un hijo sano, ella y su pareja estaban intentando concebir otro bebé, pero no había llegado el embarazo y, con los 41 años de ella cumplidos, se veían abocados a acudir a una clínica privada. Pensó, al escuchar a Rueda y Caamaño, que su caso iba a ser uno de los que aceptasen en la pública. Otro de los anuncios era que se iban a aplicar las técnicas de reproducción asistida también para tener un segundo hijo. Pero la información dada en aquella rueda de prensa contenía afirmaciones engañosas, matices y mucha letra pequeña. Ella considera que la Xunta mintió.

Una primera aclaración, dada ya aquel día, es que, cuando se habla de la edad límite, es sin haberla cumplido. Es decir, el tope de 41 años significa que no se pueden tener más de 40 años y 364 días. Pero hay más aspectos que requieren más detalle o que no son como se contaron. De las declaraciones de Rueda y Caamaño y del contenido textual de la nota de prensa se deduce -y así se reflejó en las informaciones periodísticas que aquel día- que la ampliación progresiva de la edad hasta 45 años afecta a las técnicas de reproducción asistida en general. El comunicado distribuido a los medios recogía lo siguiente: “De forma progresiva se elevará hasta el límite de cumplir 45 años la edad máxima para el acceso a las técnicas de reproducción asistida, como fecundaciones in vitro o inseminaciones artificiales, tanto de la pareja como de donante”. Pero este punto aparece en el anexo del Sergas con otras condiciones de edad, las ya citadas, que limitan a solo la fecundación in vitro la ampliación hasta los 41 años.

La Consellería de Sanidade no había respondido, en el momento de elaborar esta información, a las preguntas sobre cuántas mujeres han solicitado los nuevos servicios incluidos en marzo de 2025 ni sobre el motivo de que se anunciase que tanto la inseminación artificial como la fecundación in vitro se ampliarían progresivamente hasta los 45 años, pero en el primer plazo solo se amplía esta última técnica.

En cuanto a la posibilidad de buscar un segundo hijo en la sanidad pública mediante reproducción asistida, tampoco es hasta los 45 años. Los documentos de la Xunta indican que las técnicas que se van a emplear son las inseminaciones y que el tratamiento es para mujeres de hasta 38 años, si tienen una familia monoparental o con pareja femenina. En el resto de casos, el tope son 35 años.

Falta de información

Isabel explica, en conversación con elDiario.es, que pensó que ella sería una de las candidatas a iniciar un proceso en la sanidad pública para tratar de tener un segundo hijo. En noviembre del año pasado, a punto de recurrir a la privada, consideró que podía esperar los cuatro meses que faltaban hasta marzo. Pidió cita y se la dieron un par de meses más tarde. Asegura que iba “superilusionada”, pero cuando la atendieron, el personal sanitario le dijo que, en realidad, apenas había cambios con respecto a la situación anterior y que ella no cumplía los criterios.

Protesta porque ni siquiera le quedó claro en aquel momento cuál era el motivo de su exclusión. “No supe ni qué preguntar ni qué decir ni qué hacer”, cuenta. Presentó una reclamación ante el Sergas, que le respondió que la prestación para tener un segundo hijo solo permite el acceso a las técnicas de reproducción asistida básicas (que son la inseminación con semen de la pareja o con semen de donante) y ella “no cumple los criterios” para las mismas. No aclara cuáles son esos criterios o dónde se pueden consultar.

Ella ha continuado presentando reclamaciones. “Si no hubiese salido esta noticia, yo no habría esperado”, insiste. Ahora lamenta haber perdido varios meses a una edad en la que considera que se le agota el tiempo para intentar un embarazo y en la que van creciendo los riesgos. El anuncio de la Xunta hizo que ella cambiase sus planes porque daba a entender que podría intentar tener un segundo hijo con su pareja hasta los 45. Tras la negativa, explica, tiene “un caos” en su vida porque se encuentra en la misma casilla que en noviembre de 2024, pero con casi un año más: “¿Voy a la privada o tiro por la borda mis planes de tener un segundo hijo?”.

La congelación de óvulos sí aparece recogida en el plan de reproducción asistida para 2024-2028 como se anunció en la rueda de prensa de noviembre de 2024: la implantación progresiva para que puedan acceder las mujeres de entre 30 y 35 años que retrasen la maternidad por cualquier motivo arranca en 2026 con la franja de las que tienen 34. En 2027 estarán incluidas las de entre 32 y 35 años (34 años y 364 días) y, desde 2028, la franja incluida será la de todas entre 30 y 35 (34 años y 364 días).

El aborto es legal en España desde 1985, año en el que se aprobó la ley que permitía hacerlo bajo tres supuestos. Después vendría en 2010 la norma que permitió el aborto libre, pero fue hace 40 años cuando abortar dentro de los límites marcados dejó de considerarse un delito. Desde entonces, las mujeres que interrumpen su embarazo ejercen un derecho que, aunque a medias, está reconocido. Y que ha provocado efectos a largo plazo que conducen a una mayor satisfacción en la vida de las mujeres, según un estudio publicado este julio en la revista The Economic Journal.

Al contrario de lo que los sectores ultracatólicos que libran una cruzada contra el aborto suelen defender, asociando el derecho a decidir con la desintegración social, la caída de la natalidad o el fin de las familias, la investigación revela que a largo plazo eso no ocurre. En cambio, el estudio dibuja un escenario en el que permitir el aborto se traduce, en la práctica, en mujeres más felices, matrimonios más prósperos y no en un descenso pronunciado de hijos, aunque sí un retraso en tenerlos. Y son estos, precisamente, valores y fenómenos sociales que se plantean como deseables por quienes se declaran antiaborto.

El estudio, realizado por cuatro investigadores españoles de la Universitat Pompeu Fabra, el Instituto de Empresa y la Universitat de Barcelona, revela que aquellas mujeres que tuvieron acceso al aborto en España antes de los 21 años tuvieron menos probabilidades de tener hijos a una edad temprana, pero a la larga no dejaron de tenerlos. Además, la legalización redujo también los matrimonios precoces, pero al mismo tiempo estas mujeres se divorciaron menos a largo plazo que aquellas que no podían abortar.

“Lo que revela es que la legislación de 1985, es decir, mejorar el control de los tiempos de su fecundidad, tuvo consecuencias muy importantes para la vida de las mujeres jóvenes que se enfrentaban a un embarazo no deseado”, sostiene Libertad González, la economista experta en trabajo y salud de la Pompeu Fabra que ha liderado el estudio. Hay que tener en cuenta, además, que la de 1985 fue una ley restrictiva que solo permitía abortar en caso de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la embarazada, y que esta es la evaluada por los investigadores.

Menos hijos hoy...

Para ello, el estudio aplica un enfoque de diferencias en diferencias –usado en estadística para valorar el efecto de una ley– y utiliza distintas fuentes, desde certificados de nacimiento y matrimonio hasta datos de encuestas de población activa. Por otro lado, compara mujeres con diferente acceso al aborto. Debido a que la aplicación de la norma fue –y sigue siéndolo– desigual y hay provincias en las que no hay centros que practiquen interrupciones, la investigación las divide en dos grupos: las que contaban con al menos una clínica en 1989 y las que no, que eran 23 de 50.

“Nos interesaba mucho entender los efectos en los dos planos, a corto y largo plazo, de ser mujer joven y tener la posibilidad de abortar de manera sencilla, es decir, tener cercanía a un centro que practicara abortos sin tener que ir a otra comunidad u otro país”, explica González. Así que lo primero que hicieron los investigadores fue estudiar el impacto de la ley de 1985 en los nacimientos inmediatos, para lo que miraron las tasas de natalidad mensuales por provincia desde 1980 hasta 1990. Lo que encontraron es que las regiones que contaban con acceso al derecho “experimentaron una caída más profunda de la fecundidad a corto plazo” fundamentalmente en menores de 21 años, en concreto de un 6% con respecto a la tasa de natalidad media.

Lo mismo ocurrió con el número de matrimonios, que descendieron un 8,5%. “En consonancia con la fuerte caída de la fecundidad en las mujeres más jóvenes, encontramos evidencia de una disminución significativa de matrimonios en las provincias con mayor oferta de servicios de aborto”, subraya el estudio. Al mismo tiempo, también las bodas de parejas motivadas por el embarazo no deseado sufren una caída del 8,6% tras 1985 entre, de nuevo, aquellas mujeres menores de 21 años que vivían en las provincias que sí practicaban abortos en comparación con las que no.

Ello se corresponde también con mayores probabilidades de terminar la educación secundaria obligatoria antes de ponerse a trabajar, concluye la investigación, que revela que las mujeres que eran jóvenes cuando se aprobó la ley en aquellas provincias con acceso al aborto “pudieron posponer la fertilidad y evitar nacimientos en la adolescencia”, lo que les llevó a “cursar estudios a tiempo completo” con más frecuencia que aquellas que cuando se legalizó el aborto habían abandonado ya el instituto y tenían hasta 30 años. En lo que no ha encontrado evidencia el análisis es en que esto impactara en la posibilidad de ir a la universidad ni en las tasas de empleo o salario.

... Pero no mañana

Pero junto al descenso de nacimientos y matrimonios en los años inmediatamente posteriores, la investigación se pregunta qué ocurrió más tarde y si esto condujo a las mujeres a tener menos hijos a lo largo de su vida. Para ello usa diferentes encuestas españolas de fertilidad e incluye en la muestra mujeres que tienen hasta 63 años en el momento de las entrevistas. Así, haciendo diferentes grupos de edad, concluye que las jóvenes con acceso al aborto sí retrasaron la edad de su primer hijo –medio año más, en promedio– y también que el efecto negativo en la fecundidad se mantuvo a los 18 y 21 años, pero a los 34 y a los 44 el efecto se redujo considerablemente.

“Esto quiere decir que el aborto no afectó a la fertilidad completa. Las mujeres que tuvieron acceso temprano al aborto, al final cuado son más mayores han acabado teniendo el mismo número de hijos pero a más edad. Vemos que estas mujeres, que ya habíamos visto que evitan un matrimonio temprano, se casan pero más tarde y también tienen hijos, es menos probable que se acaben divorciando probablemente porque evitan también el matrimonio no deseado y construyen parejas de más calidad”, resume González sobre el hallazgo que apunta a que aquellas mujeres “afectadas” por la ley de 1985 registran tasas de divorcio un punto por debajo de las que no.

El estudio utiliza una doble comparación para asegurar la atribución de diferencias al aborto y por eso coteja cohortes de mujeres menores de 21 en provincias de fácil acceso a la interrupción del embarazo con aquellas que eran más mayores, pero también compara ambos grupos en regiones sin centros. “De esta forma podemos limpiar esos otros factores posibles que pueden intervenir porque las diferencias que se ven en la primera comparación no se ven en la segunda”, explica González, que cree que los resultados son importantes en un momento en el que “en varios países, como Estados Unidos, hemos visto un retroceso en el aborto” y globalmente arrecia una ofensiva antiderechos.

La investigación analiza también qué bienestar autopercibido declaran las mujeres y hasta qué punto tiene esto relación con la ley. Y para ello utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013, de la que obtiene una muestra de 4.546 mujeres de entre 38 y 58 años. Los autores encuentran evidencia de que tener la posibilidad de abortar antes de los 21 “mejora el bienestar a largo plazo” porque estas mujeres “tienen menos probabilidades de sentirse tensas o deprimidas y más de sentirse tranquilas” además de reportar un mayor grado general de satisfacción con su vida.

En total, poder abortar mejoró en un 7,6% estos niveles, según el estudio. Un efecto que “probablemente” se deba a causas tanto directas como indirectas, interpretan los investigadores: algunas mujeres porque pudieron evitar un embarazo precoz gracias a la legalización del aborto, pero también otras que no se sometieron a la intervención “podrían haberse beneficiado en términos de su propia tranquilidad”, concluyen.

El president del Parlament balear i recentment triat líder de Vox a les Illes, Gabriel Le Senne, ha transmès al rei Felip la seva preocupació per la “falta de natalitat” en l'arxipèlag. “Jo crec que és una cosa que hauria de preocupar-nos a tots, perquè, clarament, si continuam així els illencs estarem en perill d'extinció per més que vingui una altra gent”, ha remarcat en línia del discurs de l'extrema dreta sobre la necessitat de fomentar la “natalitat nacional” per a pal·liar la “despoblació” enfront de l'arribada de migrants.

“D'altra banda, l'augment de població és cert que causa problemes, però també m'agrada recordar que és també un bé en si mateix que més gent pugui viure aquí i viure decentment”, ha prosseguit en declaracions als mitjans després de reunir-se amb el monarca en el marc de les tradicionals audiències que cada any ofereix al Palau de l'Almudaina amb les principals autoritats de Balears.

Preguntat sobre si ha posat al dia a Felip VI sobre la seva situació processal -Le Senne està a punt d'asseure's a la banqueta dels acusats per a ser jutjat per un delicte d'odi per trencar en l'hemicicle, el 18 de juny de 2024, una fotografia de l'activista republicana Aurora Picornell i altres víctimes del franquisme-, la segona màxima autoritat de les illes s'ha limitat a assenyalar: “Com és la seva funció, [el rei] escolta i comprèn a tothom”. “No revelaré res del que hem parlat. A més, aquest tema ja és aigua passada i ja ha passat més d'un any”.

En ser inquirit sobre si, amb tot, li ha manifestat que la Justícia ha obert judici oral contra ell, Le Senne ha incidit: “El Rei està perfectament informat de tot. Tampoc fa falta explicar-li gran cosa”, ha apuntat. I ha afegit: “Hem parlat una mica de tot, però comprendran que no puc revelar més”.

Cal recordar que els querellants i les acusacions populars personats en la causa -els descendents de les republicanes assassinades, Memòria de Mallorca, el col·lectiu Estimada Aurora (que engloba a uns 50 ciutadans), el Partit Comunista (PCE) i el Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE)- reclamen per a Le Senne des d'un any i quatre mesos fins a quatre anys de presó, així com fins a 11 anys d'inhabilitació. La Fiscalia i el propi inculpat, per part seva, demanen la seva absolució en al·legar que va actuar en l'exercici de les seves funcions per a preservar la neutralitat institucional i el pluralisme polític.

El rei també ha rebut en audiència a la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, qui ha lliurat al monarca el document de l'agenda de la transició sorgida del Pacte per la Sostenibilitat i li ha explicat com es troba aquest procés. La cap de l'Executiu autonòmic li ha exposat que ara arrenca la fase en la qual s'analitzaran les més de 500 propostes de les quals, ha dit Prohens, també han parlat.

Repte demogràfic i sostenibilitat

En aquesta línia, la líder balear ha assenyalat als mitjans que tots dos han abordat “tots els temes que afecten a Balears”, com l'habitatge, el repte demogràfic i la sostenibilitat, entre altres, atès que ha agraït a Felip VI la trobada, subratllant que és “molt coneixedor” de l'arxipèlag i dels reptes als quals s'enfronta la Comunitat Autònoma.

També l'alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha tractat amb el monarca assumptes com el repte demogràfic, l'habitatge, el turisme i diversos projectes culturals. “S'ha preocupat per molts temes la ciutat”, ha destacat Martínez en declaracions als mitjans després de la trobada.

El primer edil ha lliurat a Felip VI un llibre de comerços emblemàtics de la ciutat, emmarcats, ha subratllat, en un moment “important” com és la candidatura de Palma a Ciutat Europea de la Cultura 2031. D'altra banda, ha traslladat al rei els projectes que l'Ajuntament té en marxa, com el Districte d'Innovació, la reconversió de l'edifici de Gesa -símbol arquitectònic de Palma comprat pel Consistori el mes de desembre passat-, així com la creació d'un centre de control demogràfic i turístic.

Així mateix, Martínez ha convidat a Felip VI a visitar les quatre exposicions del projecte 'Paysage Miró', un ambiciós projecte que reunirà més d'un centenar d'obres del pintor català distribuïdes en quatre seus de manera simultània: La Llotja, el museu Es Baluard, el Casal Solleric i la Fundació Miró. Es tracta d'una de les majors mostres impulsades en les últimes dècades sobre l'art de Miró, qui al llarg de la seva vida va mantenir una llarga i profunda vinculació amb Mallorca.

Rebuig al repartiment de menors

Finalment, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), ha traslladat al rei la seva “inquietud” davant la “inestabilitat” del Govern d'Espanya que, al seu criteri, “perjudica greument” els ciutadans de Mallorca, així com el seu rebuig al repartiment de menors migrants no acompanyats. El líder insular ha recriminat que “cada vegada que el Consell necessita ajuda”, des de l'Executiu central els “tanquen la porta”.

“En aquests moments tenim un 1.150% de sobreocupació en els nostres centres, ja que els menors migrants no acompanyats han augmentat durant aquests últims anys un 650%”, ha exposat, agregant que el Consell no disposa de recursos econòmics, materials ni d'espais per a atendre el repartiment.

D'igual forma, el president insular ha tractat amb el monarca el repte de Mallorca de cara a “gestionar l'èxit turístic”, al·ludint al canvi del model de promoció turística impulsat per la institució supramunicipal i al “front clar i contundent” contra l'oferta turística il·legal. També han abordat qüestions relatives a la mobilitat, com a llei de mobilitat sostenible que està tramitant el Consell amb l'objectiu de regular l'entrada de vehicles a l'illa i fixar un sostre de cotxes de lloguer.

El presidente del Parlament balear y recientemente elegido líder de Vox en las islas, Gabriel Le Senne, ha transmitido al rey Felipe su preocupación por la “falta de natalidad” en el archipiélago. “Yo creo que es algo que debería preocuparnos a todos, porque, claramente, si seguimos así los isleños estaremos en peligro de extinción por más que venga otra gente”, ha remarcado en línea del discurso de la extrema derecha sobre la necesidad de fomentar la “natalidad nacional” para paliar la “despoblación” frente a la llegada de migrantes.

“Por otro lado, el aumento de población es cierto que causa problemas, pero también me gusta recordar que es también un bien en sí mismo que más gente pueda vivir aquí y vivir decentemente”, ha proseguido en declaraciones a los medios tras reunirse con el monarca en el marco de las tradicionales audiencias que cada año ofrece en el palacio de la Almudaina con las principales autoridades de Balears.

Preguntado acerca de si ha puesto al día a Felipe VI sobre su situación procesal -Le Senne está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un delito de odio por romper en el hemiciclo, el 18 de junio de 2024, una fotografía de la activista republicana Aurora Picornell y otras víctimas del franquismo-, la segunda máxima autoridad de las islas se ha limitado a señalar: “Como es su función, [el rey] escucha y comprende a todo el mundo”. “No voy a revelar nada de lo que hemos hablado. Además, este tema ya es bastante agua pasada y ya ha pasado más de un año”.

Al ser inquirido sobre si, con todo, le ha manifestado que la Justicia ha abierto juicio oral contra él, Le Senne ha incidido: “El Rey está perfectamente informado de todo. Tampoco hace falta explicarle gran cosa”, ha apuntado, aseverando: “Hemos hablado un poco de todo, pero comprenderán que no puedo revelar más”.

Cabe recordar que los querellantes y las acusaciones populares personados en la causa -los descendientes de las republicanas asesinadas, Memòria de Mallorca, el colectivo Estimada Aurora (que engloba a unos 50 ciudadanos), el Partido Comunista (PCE) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)- reclaman para Le Senne desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación. La Fiscalía y el propio inculpado, por su parte, piden su absolución al alegar que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.

El rey también ha recibido en audiencia a la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, quien ha entregado al monarca el documento de la agenda de la transición surgida del Pacto por la Sostenibilidad y le ha explicado cómo se encuentra este proceso. La jefa del Ejecutivo autonómico le ha expuesto que ahora arranca la fase en la que se analizarán las más de 500 propuestas de las que, ha dicho Prohens, también han hablado.

Reto demográfico y sostenibilidad

En esta línea, la líder balear ha señalado a los medios que ambos han abordado “todos los temas que afectan a Balears”, como la vivienda, el reto demográfico y la sostenibilidad, entre otros, toda vez que ha agradecido a Felipe VI el encuentro, subrayando que es “muy conocedor” del archipiélago y de los retos a los que se enfrenta la Comunidad Autónoma.

También el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha tratado con el monarca asuntos como el reto demográfico, la vivienda, el turismo y varios proyectos culturales. “Se ha preocupado por muchos temas la ciudad”, ha destacado Martínez en declaraciones a los medios después del encuentro.

El primer edil ha entregado a Felipe VI un libro de comercios emblemáticos de la ciudad, enmarcados, ha subrayado, en un momento “importante” como es la candidatura de Palma a Ciudad Europea de la Cultura 2031. Por otro lado, ha trasladado al rey los proyectos que el Ayuntamiento tiene en marcha, como el Distrito de Innovación, la reconversión del edificio de Gesa -símbolo arquitectónico de Palma comprado por el consistorio el pasado mes de diciembre-, así como la creación de un centro de control demográfico y turístico.

Asimismo, Martínez ha invitado a Felipe VI a visitar las cuatro exposiciones del proyecto 'Paysage Miró', un ambicioso proyecto que reunirá más de un centenar de obras del pintor catalán distribuidas en cuatro sedes de forma simultánea: La Llotja, el museo Es Baluard, el Casal Solleric y la Fundació Miró. Se trata de una de las mayores muestras impulsadas en las últimas décadas sobre el arte de Miró, quien a lo largo de su vida mantuvo una larga y profunda vinculación con Mallorca.

Rechazo al reparto de menores

Finalmente, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), ha trasladado al rey su “inquietud” ante la “inestabilidad” del Gobierno de España que, a su criterio, “perjudica gravemente” a los ciudadanos de Mallorca, así como su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados. El líder insular ha recriminado que “cada vez que el Consell necesita ayuda”, desde el Ejecutivo central les “cierran la puerta”.

“En estos momentos tenemos un 1.150% de sobreocupación en nuestros centros ya que los menores migrantes no acompañados han aumentado durante estos últimos años un 650%”, ha expuesto, agregando que el Consell no dispone de recursos económicos, materiales ni de espacios para atender el reparto.

De igual forma, el presidente insular ha tratado con el monarca el reto de Mallorca de cara a “gestionar el éxito turístico”, aludiendo al cambio del modelo de promoción turística impulsado por la institución supramunicipal y al “frente claro y contundente” contra la oferta turística ilegal. También han abordado cuestiones relativas a la movilidad, como ley de movilidad sostenible que está tramitando el Consell con el objetivo de regular la entrada de vehículos en la isla y fijar un techo de coches de alquiler.

La consellera de Salut, Manuela García, ha defensat els comptes de la seva Conselleria subratllant que permeten captar professionals i reduir les llistes d'espera. “Els ciutadans no entendrien un vot en contra de la salut”, ha considerat. El PSIB-PSOE, per part seva, l'ha acusat de presentar uns comptes “irreals” i “insuficients”.

Durant el debat dels pressupostos autonòmics de 2025, el ple del Parlament ha aprovat la incorporació de deu esmenes als comptes de les Conselleries de Famílies i Assumptes Socials i de Salut. Així mateix, han estat afegides dues esmenes del PSIB, una de Més per Mallorca i una altra del diputat Llorenç Córdoba als comptes de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, mentre que ha rebutjat totes les registrades, incloses algunes de Vox, a les seccions d'Educació i Universitats i Mar i Cicle de l'Aigua.

En concret, la Cambra ha donat llum verda a destinar, a proposta de Vox, dos milions d'euros a la creació d'una nova línia d'ajudes a la natalitat i suport a la família. És l'única esmena aprovada a la secció de la Conselleria de Famílies. D'aquesta manera, s'han rebutjat totes les registrades que quedaven del PSIB, de Més per Menorca, del diputat no adscrit Agustín Buades, d'Unides Podem, de Més per Mallorca i una de Vox.

Quant a la Conselleria de Salut, s'han aprovat nou esmenes per valor d'1,6 milions d'euros. En concret, el ple ha donat el vistiplau a quatre esmenes del PSIB, a dos de Més per Menorca, altres dos de Llorenç Córdoba i una altra de Més per Mallorca. Entre aquest dilluns i aquest dimarts, s'han sumat als Pressupostos un total de 26 esmenes, després de les aprovades aquest dilluns i aquest dimarts al matí.

El debat segueix aquest dimecres amb el debat de les seccions corresponents a les Conselleries d'Empresa, Ocupació i Energia; Agricultura, Pesca i Medi natural, i Habitatge, Territori i Mobilitat.

Els comptes de Salut

Durant el debat de la secció 18 de la Conselleria de Salut, García ha posat en valor que en els dos anys del Govern de Marga Prohens el Servei de Salut de Balears (IBSalut) ha realitzat un total de 2.273 contractes a professionals sanitaris. Per a la consellera, votar en contra dels pressupostos és “dir no” a continuar captant i fidelitzar professionals.

Per illes, ha detallat que s'han fet, entre juliol de 2023 i desembre de 2024, 1.461 contractes en hospitals de Mallorca i 225 en atenció primària; a Menorca, 160 professionals en el Mateu Orfila i 44 en atenció primària; a Eivissa, en Can Mises, 280 i en atenció primària, 77; i, a Formentera, 18 professionals sanitaris per a l'hospital i tres per a atenció primària.

La consellera ha assenyalat que un de cada tres euros dels pressupostos autonòmics es destinen a sanitat, la qual cosa demostra “l'elecció política ferma” del Govern. “Em sorprenen les esmenes a la totalitat perquè vostès defensaven pressupostos bastant inferiors”, li ha dit a l'esquerra.

En aquesta línia, ha defensat que votar en contra dels comptes és a dir no a consolidar els drets de la carrera professional, a la detecció precoç de la malaltia, a la renovació de la flota d'ambulància amb 246 nous vehicles licitats per 56 milions d'euros o a assumir la compra de vacunes.

Finalment, ha destacat que s'ha reduït en 31 dies la llista d'espera per a una consulta o una intervenció amb l'aplicació del pla de xoc. “Avui els ciutadans de Balears, que sé que a la senyora Fernández -diputada socialista- això li pesa molt, esperen 45 dies menys per a una consulta i 32 dies menys per a una intervenció que la mitjana de la resta dels espanyols”, ha dit.

Pressupostos “insuficients”

La diputada del PSIB Irantzu Fernández ha justificat les esmenes a la totalitat de la seva formació en què les xifres dels comptes de Salut “es queden curtes” i són “insuficients” per a “cobrir amb qualitat la demanda dels Serveis de Salut”. “Sortirà car a curt termini i caríssim a llarg termini”, ha advertit, per a després acusar la consellera de “faltar el respecte” als ciutadans, professionals i al Parlament. “No farà res nou, només inaugurarà el que deixem fet”, ha dit Fernández.

La socialista ha criticat la gestió en les llistes d'espera en proves diagnòstiques, així com “l'incompliment” dels acords amb els professionals de l'entitat Gestió Sanitària i Assistencial de Balears (Gsaib).

Per a Més per Mallorca, els comptes de Salut també són “insuficients”, com ha apuntat la diputada ecosoberanista Marta Carrió, sobretot en referir-se al capítol 1. Així mateix, ha lamentat que l'Agència de Salut Pública “continua parada”, l'impuls de l'Institut de Recerca Sanitària de Balears (Idisba) és “escàs”, la llei d'addiccions no ha arribat i tampoc el pla de salut mental. Quant a les llistes d'espera, la parlamentària ha lamentat que “no hi hagi una aposta decidida” per a incorporar el personal necessari en el IBSalut, és a dir, l'increment de capítol 1. Segons Carrió, és impossible implantar millores i canvis sense professionals.

Sobre salut mental, per a la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, és necessari un nou model d'atenció amb una visió descentralitzada i que treballi de manera transversal en tots els àmbits. En aquesta línia, els menorquinistes han reclamat la creació d'una unitat de patologia dual, la concertació de places per a joves amb trastorn de conducta, així com el disseny d'una campanya que contribueixi a eliminar l'estigma social.

Comptes “continuistes” que “repeteixen errors”

Per a la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, els pressupostos de Salut “no estan a l'altura” de les necessitats de la ciutadania i les exigències dels professionals. Al seu criteri, són uns comptes continuistes que “repeteixen errors”, per exemple, “l'abandó crònic” de l'Atenció Primària.

Per part seva, la diputada de Vox María José Verdú ha defensat la importància de “posar al dia” infraestructures sanitàries que “porten massa temps esperant”. En aquest sentit, ha fet referència a dues esmenes del seu grup per a crear tres places de pediatria en els centres de Salut de Santanyí, Cala d'Or i Petra, i per a actualitzar els recursos sanitaris en aquests centres. “La sanitat pública no pot ser només per a les grans capitals ni per als nuclis més poblats”, ha subratllat Verdú, qui ha apostat per una sanitat que “prioritzi als qui treballen, contribueixen i respecten la llei”.

El diputat Agustín Buades, per part seva, ha insistit que el pacte de pressupostos és l'acord del “fum”, en aquest cas, perquè l'esmena per a dedicar 500.000 euros per a la realització de proves mèdiques dentals a menors migrants “és falsa”. Sobre aquesta qüestió, l'esquerra ha criticat l'aprovació d'aquesta esmena dels de Santiago Abascal. “Aquesta és la prioritat del PP”, ha lamentat Gomila. Per part seva, la diputada socialista ha sentenciat que si fos metge “passaria vergonya” d'aprovar aquesta dotació.

En el debat, la 'popular' Isabel Borrás ha indicat que els pressupostos “compleixen amb la paraula donada” i fan “alguna cosa que el PSOE mai va fer”, que és “posar els diners on són necessaris” i recuperen drets. “Mentre vostès, d'una banda, retallaven la carrera el 2 per cent, per l'altre, compraven quatre milions en màscares”, ha criticat. Segons Borrás, amb aquests pressupostos es “reverteixen” vuit anys de “desatenció” quan els socialistes “posaven excuses i creava problemes”. “Nosaltres solucions”, ha dit.

Educació i Economia

Al matí, el ple del Parlament ha donat llum verda, en relació amb Educació, a destinar, a proposta del PSIB, quatre milions d'euros a la redistribució de romanents de IbDigital per a reforçar el pla de seguretat de la Comunitat Autònoma i 200.000 euros per a continuar amb el programa UIB-Pimes i reforçar-lo.

El ple ha donat igualment el vistiplau a la proposta de Més per Mallorca de destinar 45.000 euros a l'estudi sobre la part del deute públic de Balears imputable a infrafinançament i, a proposta del diputat Llorenç Córdoba, habilitar una partida de 100.000 euros per a rehabilitar el Moll des Caló de Sant Agustí, a Formentera.

Per contra, no s'ha aprovat cap esmena als comptes d'Educació ni tampoc a les de la Conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua. Respecte a diverses esmenes de Vox que han estat rebutjades en el debat de la Secció 14 de la Conselleria d'Educació, la diputada del PP Lourdes Cardona ha explicat que feien referència a infraestructures educatives, qüestió que correspon a la Conselleria competent.

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido las cuentas de su Conselleria subrayando que permiten captar profesionales y reducir las listas de espera. “Los ciudadanos no entenderían un voto en contra de la salud”, ha considerado. El PSIB-PSOE, por su parte, la ha acusado de presentar unas cuentas “irreales” e “insuficientes”.

Durante el debate de los presupuestos autonómicos de 2025, el pleno del Parlament ha aprobado la incorporación de diez enmiendas a las cuentas de las Consellerias de Familias y Asuntos Sociales y de Salud. Asimismo, han sido añadidas dos enmiendas del PSIB, una de Més per Mallorca y otra del diputado Llorenç Córdoba a las cuentas de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, mientras que ha rechazado todas las registradas, incluidas algunas de Vox, a las secciones de Educación y Universidades y Mar y Ciclo del Agua.

En concreto, la Cámara ha dado luz verde a destinar, a propuesta de Vox, dos millones de euros a la creación de una nueva línea de ayudas a la natalidad y apoyo a la familia. Es la única enmienda aprobada a la sección de la Conselleria de Familias. De este modo, se han rechazado todas las registradas que quedaban del PSIB, de Més per Menorca, del diputado no adscrito Agustín Buades, de Unidas Podemos, de Més per Mallorca y una de Vox.

En cuanto a la Conselleria de Salud, se han aprobado nueve enmiendas por valor de 1,6 millones de euros. En concreto, el pleno ha dado el visto bueno a cuatro enmiendas del PSIB, a dos de Més per Menorca, otras dos de Llorenç Córdoba y otra de Més per Mallorca. Entre este lunes y este martes, se han sumado a los Presupuestos un total de 26 enmiendas, tras las aprobadas este lunes y este martes por la mañana.

El debate sigue este miércoles con el debate de las secciones correspondientes a las Consellerias de Empresa, Empleo y Energía; Agricultura, Pesca y Medio Natural, y Vivienda, Territorio y Movilidad.

Las cuentas de Salud

Durante el debate de la sección 18 de la Conselleria de Salud, García ha puesto en valor que en los dos años del Govern de Marga Prohens el Servicio de Salud de Balears (IBSalut) ha realizado un total de 2.273 contratos a profesionales sanitarios. Para la consellera, votar en contra de los presupuestos es “decir no” a continuar captando y fidelizando profesionales.

Por islas, ha detallado que se han hecho, entre julio de 2023 y diciembre de 2024, 1.461 contratos en hospitales de Mallorca y 225 en atención primaria; en Menorca, 160 profesionales en el Mateu Orfila y 44 en atención primaria; en Ibiza, en Can Mises, 280 y en atención primaria, 77; y, en Formentera, 18 profesionales sanitarios para el hospital y tres para atención primaria.

La consellera ha señalado que uno de cada tres euros de los presupuestos autonómicos se destinan a sanidad, lo que demuestra “la elección política firme” del Govern. “Me sorprenden las enmiendas a la totalidad porque ustedes defendían presupuestos bastante inferiores”, le ha dicho a la izquierda.

En esta línea, ha defendido que votar en contra de las cuentas es decir no a consolidar los derechos de la carrera profesional, a la detección precoz de la enfermedad, a la renovación de la flota de ambulancia con 246 nuevos vehículos licitados por 56 millones de euros o a asumir la compra de vacunas.

Por último, ha destacado que se ha reducido en 31 días la lista de espera para una consulta o una intervención con la aplicación del plan de choque. “Hoy los ciudadanos de Baleares, que sé que a la señora Fernández --diputada socialista-- eso le pesa mucho, esperan 45 días menos para una consulta y 32 días menos para una intervención que la media del resto de los españoles”, ha dicho.

Presupuestos “insuficientes”

La diputada del PSIB Irantzu Fernández ha justificado las enmiendas a la totalidad de su formación en que las cifras de las cuentas de Salud “se quedan cortas” y son “insuficientes” para “cubrir con calidad la demanda de los Servicios de Salud”. “Saldrá caro a corto plazo y carísimo a largo plazo”, ha advertido, para después acusar a la consellera de “faltar el respeto” a los ciudadanos, profesionales y al Parlament. “No hará nada nuevo, solo inaugurará lo que dejamos hecho”, ha afeado Fernández.

La socialista ha criticado la gestión en las listas de espera en pruebas diagnósticas, así como el “incumplimiento” de los acuerdos con los profesionales de la entidad Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib).

Para Més per Mallorca, las cuentas de Salud también son “insuficientes”, como ha apuntado la diputada ecosoberanista Marta Carrió, sobre todo al referirse al capítulo 1. Asimismo, ha lamentado que la Agencia de Salud Pública “sigue parada”, el impulso del Instituto de Investigación Sanitaria de Balears (Idisba) es “escaso”, la ley de adicciones no ha llegado y tampoco el plan de salud mental. En cuanto a las listas de espera, la parlamentaria ha lamentado que “no haya una apuesta decidida” para incorporar el personal necesario en el IBSalut, es decir, el incremento de capítulo 1. Según Carrió, es imposible implantar mejoras y cambios sin profesionales.

Sobre salud mental, para la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, es necesario un nuevo modelo e atención con una visión descentralizada y que trabaje de forma transversal en todos los ámbitos. En esta línea, los menorquinistas han reclamado la creación de una unidad de patología dual, la concertación de plazas para jóvenes con trastorno de conducta, así como el diseño de una campaña que contribuya a eliminar el estigma social.

Cuentas “continuistas” que “repiten errores”

Para la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, los presupuestos de Salud “no están a la altura” de las necesidades de la ciudadanía y las exigencias de los profesionales. A su criterio, son unas cuentas continuistas que “repiten errores”, por ejemplo, el “abandono crónico” de la Atención Primaria.

Por su parte, la diputada de Vox María José Verdú ha defendido la importancia de “poner al día” infraestructuras sanitarias que “llevan demasiado tiempo esperando”. En este sentido, ha hecho referencia a dos enmiendas de su grupo para crear tres plazas de pediatría en los centros de Salud de Santanyí, Cala d'Or y Petra, y para actualizar los recursos sanitarios en estos centros. “La sanidad pública no puede ser solo para las grandes capitales ni para los núcleos más poblados”, ha subrayado Verdú, quien ha apostado por una sanidad que “priorice a quienes trabajan, contribuyen y respetan la ley”.

El diputado Agustín Buades, por su parte, ha insistido en que el pacto de presupuestos es el acuerdo del “humo”, en este caso, porque la enmienda para dedicar 500.000 euros para la realización de pruebas médicas dentales a menores migrantes “es falsa”. Sobre esta cuestión, la izquierda ha criticado la aprobación de esta enmienda de los de Santiago Abascal. “Esta es la prioridad del PP”, ha lamentado Gomila. Por su parte, la diputada socialista ha sentenciado que si fuera médico “pasaría vergüenza” de aprobar esta dotación.

En el debate, la 'popular' Isabel Borrás ha indicado que los presupuestos “cumplen con la palabra dada” y hacen “algo que el PSOE nunca hizo”, que es “poner el dinero donde son necesarios” y recuperan derechos. “Mientras ustedes, por un lado, recortaban la carrera el 2 por ciento, por el otro, compraban cuatro millones en mascarillas”, ha criticado. Según Borrás, con estos presupuestos se “revierten” ocho años de “desatención” cuando los socialistas “ponían excusas y creaba problemas”. “Nosotros soluciones”, ha dicho.

Educación y Economía

Por la mañana, el pleno del Parlament ha dado luz verde, en relación con Educación, a destinar, a propuesta del PSIB, cuatro millones de euros a la redistribución de remanentes de IbDigital para reforzar el plan de seguridad de la Comunidad Autónoma y 200.000 euros para continuar con el programa UIB-Pymes y reforzarlo.

El pleno ha dado igualmente el visto bueno a la propuesta de Més per Mallorca de destinar 45.000 euros al estudio sobre la parte de la deuda pública de Baleares imputable a infrafinanciación y, a propuesta del diputado Llorenç Córdoba, habilitar una partida de 100.000 euros para rehabilitar el Moll des Caló de Sant Agustí, en Formentera.

Por contra, no se ha aprobado ninguna enmienda a las cuentas de Educación ni tampoco a las de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua. Respecto a varias enmiendas de Vox que han sido rechazadas en el debate de la Sección 14 de la Conselleria de Educación, la diputada del PP Lourdes Cardona ha explicado que hacían referencia a infraestructuras educativas, cuestión que corresponde a la Conselleria competente.