Los grandes fondos de inversión internacionales llegaron a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y adquirieron grandes paquetes de viviendas, muchas de ellas financiadas en parte por fondos públicos, que pusieron en alquiler. Finalizado el ciclo de inversión y con una nueva crisis residencial en auge, los conocidos como 'fondos buitre' como Blackstone y Nestar preparan la salida de miles de esas casas. Un grupo de inquilinas ha puesto en marcha junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid una campaña para que la nueva empresa pública Casa 47 adquiera estos inmuebles y los incorpore al parque público.

Las vecinas de Madrid que han iniciado la campaña, 'Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre' son inquilinas de viviendas propiedad de Nestar-Azora y Fidere, una sociedad del fondo buitre Blackstone, a quien el Ayuntamiento de Ana Botella transfirió en 2013 un paquete de 1860 pisos protegidos por 128,5 millones, unos 68.000 euros por unidad.

“Durante más de una década, los fondos buitre han obtenido beneficios extraordinarios a costa de unas viviendas que, en muchos casos, fueron públicas o protegidas antes de ser malvendidas”, denuncian desde el Sindicato, que señala que “tras adquirir estas casas a precio de saldo y sin realizar mantenimiento alguno durante estos años, los fondos han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las inquilinas”. “Ahora pretenden culminar el negocio con una nueva venta masiva”, denuncian.

Desde el Sindicato de Inquilinas cuantifican en 17.000 las viviendas de las que estos fondos quieren desprenderse. Solo Nestar, antes Lazora, manejaba una cartera de más de 9.000 viviendas, por un precio de unos 1.800 millones.

La campaña, anunciada este martes, reclama al Gobierno “que recupere estos hogares para el parque público a través de Casa 47”, la nueva empresa estatal sobre la que el Ejecutivo quiere armar el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado de Bienestar. “La experiencia reciente demuestra que sí se puede: 1.700 viviendas acaban de ser recuperadas en Catalunya”, indican desde el Sindicato de Inquilinas, “tras una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres”.

Por el momento, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció a principios de diciembre, durante la presentación de la empresa pública, la creación de un fondo de 100 millones de euros para la compra directa de viviendas, que pasarán a la bolsa pública de alquileres asequibles de Casa 47.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. Con esta medida, anunciada a través de su cuenta en su red social 'Truth Social', la Administración estadounidense quiere frenar la crisis de vivienda que atraviesa el país y que, en palabras del propio Trump, está alejando “a demasiadas personas, especialmente los jóvenes” del “sueño americano”.

Trump que ya anunció en diciembre su intención de llevar a cabo “algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos”, ha señalado en su red social que “las personas viven en las casas, no las corporaciones”. Por ese motivo, está “tomando medidas para prohibir que los grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares”, ha indicado.

Aunque aún no ha dado detalles sobre esta medida, ha apuntado que pedirá al Congreso que convierta la iniciativa en ley. Mientras, las acciones de Invitatios Homes, el mayor arrendador de viviendas unifamiliares de EEUU cayeron un 7,86% y la cotización de grandes fondos como Blackstone o BlackRock se dejó un 4,36% y un 2,68% tras el anuncio de Trump. Otros inversores institucionales, como Apollo Global Management bajaron un 4,43%.

“Durante mucho tiempo, comprar y ser dueño de una vivienda fue considerado la cima del Sueño Americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord causada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese Sueño Americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes”, apuntó Trump.

Estas compañías, conocidas como 'fondos buitre', sobre las que Trump pone ahora el foco, llegaron a España tras el estallido de la burbuja y acumulan en este país grandes paquetes con decenas de miles de viviendas en alquiler.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha lamentado este jueves que Trump “avanza por la izquierda” de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha urgido a su socio de Gobierno a “reaccionar” e “impulsar políticas valientes y urgentes”. Ibáñez ha recordado que el pasado mes de noviembre PP, Vox y Junts tumbaron una proposición de ley para prohibir que las empresas compren viviendas para uso residencial, una medida similar a la anunciada por Trump, con la abstención del PSOE.

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha saludado la propuesta de Trump con un mensaje en tono irónico en su cuenta de X: “Tremendo podemita disfrazado, horrendo falangista, que dirían nuestros adoradores cipayo de la libertad de no tener nada”. El propio Ibáñez le recordó que el partido de extrema derecha tumbó en noviembre una propuesta en la misma línea.

Grandes fondos de inversión preparan la venta en España de miles de viviendas en alquiler, que compraron en los últimos años y de las que ahora quieren deshacerse en un contexto de altos precios. Muchos de esos inmuebles, que se contabilizan en torno a los 25.000, fueron adquiridos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en un periodo de trasvase de las familias a los bancos y, de estos, a estas entidades, conocidas como fondos buitre.

Entre los fondos que preparan la salida de grandes paquetes de sus activos estarían Cerberus, Ares, Azora y Blackstone, uno de los mayores caseros del país. Precisamente, a mediados de septiembre, Bloomberg adelantó la intención de esta compañía de deshacerse de 5.300 viviendas en alquiler, gestionadas por su filial Fidere, por unos 1.200 millones de euros.

La operación estaría asesorada por JLL y el despacho Eastdil Secured, que también estarían al frente de la desinversión de otros 6.000 inmuebles de Ares, gestionados por Avalon. Desde la consultora, que también estaría involucrada en la venta de un gran paquete de viviendas de Cerberus, han declinado hacer declaraciones sobre estos procesos. Esta última operación, incluiría entre 3500 y 4000 inmuebles, por un valor aproximado de entre 750 y 900 millones de euros, según publicó Expansión en octubre.

La otra gran operación que completa el cuadrilátero sería la de la cartera de más de 9.000 viviendas, por unos 1.800 millones de euros, de Nestar. Este fondo, antes Lazora, cuenta con la participación de CREIM y Madison International Realty. Este movimiento, que avanzó Cinco Días en mayo, buscaría dar entrada a nuevos inversores que se hagan cargo de uno de los mayores paquetes de casas en alquiler en España.

Estos movimientos no sorprenden en un sector que se mueve por ciclos de inversión. Y estos fondos, que aumentaron su presencia en el país tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la caída de los precios de la vivienda y el trasvase de miles de familias de la propiedad al alquiler, los han cumplido ya. “Nunca tiene una duración eterna: invierten, se mantienen un tiempo y salen entre 7 y 9 años después”, explica el director general de residencial de la consultora Colliers, Antonio de la Fuente.

En este sentido, estos fondos adquirieron viviendas cuando los precios estaban en mínimos, rentabilizaron la gestión de los alquileres y planean colocarlas ahora que los precios están disparados. “Los institucionales exigen una rentabilidad tan alta que hace que las viviendas en alquiler pierdan atractivo frente a la alternativa de viviendas en venta”, explica el experto, sobre todo en un contexto en el que la rentabilidad del fondo soberano aleman, considerado libre de riesgo, está en una rentabilidad “infinitamente superior” que cuando estas empresas comenzaron a invertir.

La rentabilidad del bund alemán, que llegó a estar en negativo en 2020, se sitúa ahora en el entorno del 2,7%. Y eso arrastra hacia arriba la exigencia de otras inversiones. “Cuando el bono alemán estaba al 0%, se exigía [por el alquiler] una rentabilidad del 2,8 o el 3%, pero ahora se pide un 4,5%”, indica De la Fuente. Según los últimos indicadores del mercado inmobiliario, publicados por el Banco de España, la rentabilidad bruta por alquiler estaba en el tercer trimestre de 2025 en el 3,1%, mientras la rentabilidad total de la vivienda rondaba el 16% en el trimestre anterior, el último dato disponible.

"Los inversores analizan el mercado de forma fría y ven si compensa o no compensa. Si sus objetivos de rentabilidad se cumplen, invierten aquí. Si no, se van a otro sitio"

“El precio de los alquileres sube por encima del 10%, pero también sube el precio de la venta”, razona el experto, que aclara que, pese a que la vivienda es una necesidad básica, el fin último de estos vehículos de inversión es obtener la mayor rentabilidad: “Los inversores analizan el mercado de forma fría y ven si compensa o no compensa. Si sus objetivos de rentabilidad se cumplen, invierten aquí. Si no, se van a otro sitio”.

“Los fondos llevan anunciando la venta de su stock desde hace, al menos, siete años”, indica el investigador en vivienda Jaime Palomera, que señala “un espejo con los anuncios en materia legislativa”. “En 2019, cuando se cambia la duración de los contratos de tres a siete años, Blackstone dice que se va a ir de España. Ocurre algo similar en la negociación de la Ley de Vivienda. Ahora la impresión es que van más en serio, ante la posibilidad de que se aprueben nuevas normas”, sostiene este experto. Sobre la mesa están los cambios en la tributación de las Socimis planteados por el Gobierno o la posibilidad de limitar la compra especulativa de vivienda, que Catalunya se ha abierto a explorar ante la demanda de los Comuns, ERC y la CUP.

Venta en bloque o vivienda a vivienda

Para que toda venta se produzca hay dos actores imprescindibles. Los vendedores están claros, pero el perfil del comprador plantea más dudas. Algunas de estas operaciones tendrían como objetivo prioritario el traspaso en bloque, pero el movimiento puede ser más complejo. “Aunque los fondos anuncien la venta, necesitan tener un actor similar a ellos, con capacidad de apalancamiento para poder endeudarse con esa compra en un momento en el que el precio ha subido”, sostiene Palomera. En este sentido, todos los motivos que llevan a la venta pueden acabar siendo un impedimento para que esta se haga efectiva.

El directivo de Colliers también ve complejo que estos paquetes de viviendas se vendan en bloque. “Puede haber algún fondo entre medias o que algún paquete acabe en manos de fondos de pensiones, que buscan rentabilidades bajas a largo plazo, o de algún family office, pero lo normal sería que el comprador habitual acabe siendo el usuario final”, explica De la Fuente. Entre los argumentos que sostienen esta hipótesis, que la mayoría de estas viviendas fueron construidas antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, y no cuentan con los códigos técnicos relativos a la normativa ambiental. “Un fondo necesita que estas viviendas sean eficientes desde el punto de vista energético porque, a partir de 2030, será obligatorio que todas las casas que se alquilen cuenten con una calificación energética E”.

Muchas de esas viviendas provienen de trasvases de las entidades bancarias a estos fondos de inversión, para deshacerse de casas obtenidas tras desahucios, en una estrategia que ha llevado a estos grandes vehículos de inversión a hacerse con el 8,1% de todas las viviendas en alquiler en España, con picos del 10,3 y del 11,1% en Madrid y Catalunya, respectivamente, según el Banco de España, con datos de 2021, que les otorga un “modesto peso relativo” en el mercado del alquiler residencial. Al otro lado, estarían el otro 90%, en manos de personas físicas, una tasa que abarca desde quien tiene una vivienda alquilada hasta quien posee varias o decenas de ellas. Un perfil que Palomera cree que puede fijarse en estas ofertas.

Las viviendas de la EMVS

Al margen de estas, están los miles de alquileres que los fondos gestionan, sin tener la propiedad, como los de la Sareb, que lleva Aliseda, participada por Blackstone. “En general, les ha ido bien gestionando viviendas durante los últimos años, porque han obtenido una buena rentabilidad, muchas veces recibiendo contratos anteriores y celebrando nuevos con precios del doble o el triple de lo que venían cobrando”, señala Alejandra Jacinto, de la Cooperativa de Abogados de Madrid (CAES). Jacinto fue una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cuando esta denunció el “desmantelamiento y expolio de la vivienda pública” en la Comunidad de Madrid, tras la venta de casi 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda (IVIMA) a empresas y fondos de inversión y de otros 1.860 pisos protegidos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

Precisamente, este último paquete fue transferido a Fidere, una sociedad del fondo buitre Blackstone, que ahora podrían volver al mercado a precio libre, tras haber sido vendidas por el Ayuntamiento de Ana Botella por unos 128,5 millones de euros, unos 68.000 euros por unidad. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar, de su propio bolsillo, 25,7 millones de euros, por una enajenación que se produjo, según este organismo, 23 millones por debajo de su valor real, sin una tasación fiable ni publicidad y obviando el interés público. Finalmente, la Sala de Enjuiciamiento revocó la sanción gracias a los votos de dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno del marido de Botella, José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

De vender ahora esas propiedades, el fondo estaría ante un “negocio redondo”. “Se obtendrían unas plusvalías millonarias, porque Fidere compró esas viviendas a un precio de saldo, en operaciones casi de regalo de las administraciones públicas”, desarrolla Jacinto, que considera que la salida al mercado de estos grandes lotes supone “una oportunidad enorme para adquirir y aumentar el parque de vivienda social del Estado y las comunidades autónomas”, con fórmulas de tanteo y retracto o mecanismos excepcionales de adquisición directa, como el de Casa Orsola en Barcelona.

Cirsa se la juega en Bolsa. La compañía de juego y entretenimiento empezará a cotizar este miércoles en el parqué español a un precio de 15 euros por acción, lo que supone una valoración de unos 2.520 millones de euros. Gracias a la operación, que contempla la emisión de nuevas acciones, la firma espera recaudar 400 millones de euros, con lo que el capital flotante será de aproximadamente el 18% del capital social.

Blackstone mantendrá el 78,4% del capital social y el 3,6% restante se repartirá entre los altos directivos de la empresa. De todos modos, si se aplica la sobreasignación en su totalidad, el fondo estadounidense tendría el 75,7% de las acciones, y el free float superaría el 20%.

La sociedad ha detallado en el folleto de salida a Bolsa que tiene intención de utilizar los ingresos para reducir endeudamiento, en particular al reembolso de bonos existentes de la sociedad por un importe estimado de 375 millones de euros. Uno de los principales riesgos que reconoce la compañía es su abultada deuda, que supera los 2.300 millones. La cifra que puede crecer por las condiciones de mercado, señala, aunque espera reducirla hasta una ratio de 3,5 veces el Ebitda (beneficio bruto de explotación).

Los cambios en las regulaciones de la industria del juego es otro de los principales riesgos a los que se enfrenta.

La empresa de tragaperras, dueña de Sportium, mantiene litigios con la Justicia por “negligencia” en el control de la ludopatía , según una sentencia que la compañía tiene recurrida en el Tribunal Supremo.

Cirsa ganó el año pasado 12,6 millones, un 84% menos que el año anterior, a causa en buena parte al aumento del coste financiero, a pesar de que su beneficio operativo avanzó hasta los 699 millones, un 11% más. Los ingresos de explotación también crecieron un 8%, hasta los 2.150 millones de euros.

En el primer trimestre de este año, obtuvo un beneficio de 18,7 millones, un 21,5% más que un año antes, gracias especialmente al crecimiento de los ingresos procedentes de la pata de negocio de juego y apuestas en línea, que ya alcanzaron casi un cuarto del total, concretamente el 22,5%.

La multinacional, que fue vendida a Blackstone por Manuel Lao, opera en estos momentos en once países a través de casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas y apuestas en línea.

La entrada en Bolsa de la compañía, que aspiraría a entrar en el Ibex 35 por su capitalización, también conlleva cambios en su consejo de dirección.

El presidente ejecutivo de la empresa, Joaquim Agut (exdirectivo de General Electric y expresidente de Terra), mantendrá el cargo, del mismo modo que el consejero delegado, Antonio Hostech.

Además, Blackstone contará con Lionel Yves Assant y Miguel García como sus representantes, y la empresa ha incorporado a Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Arancha Díaz-Lladó, Rocío Fernández y Rocío Martínez-Sampere como consejeros independientes.

La salida a bolsa de Cirsa es la segunda que se lleva a cabo en Barcelona desde la que protagonizó el mayo del 2024 el grupo de perfumería y cosmética Puig, que saltó al parqué con una valoración de 14.000 millones de euros.

El debut de la empresa de juego y el ocio será más modesto, pero se espera con “ilusión”, confesaba el presidente de Cirsa, Joaquim Agut, en el comunicado que confirmaba los detalles dde su inicio en el mercado de valores. “El gran interés mostrado por los inversores a nivel global y la sólida demanda por la oferta subrayan las interesantes oportunidades”, defendía Agut.

La multinacional culmina así los numersos intentos de cotizar llevados a cabo en los últimos años. El camino hasta la icónica imagen del toque de campana no ha estado fácil. Cirsa tanteó el terreno de la bolsa varias veces y hace algo más de un año lo encarriló con la contratación de los bancos de inversión Deutsche Bank, Barclays y Morgan Stanley para que hicieran una valoración. Un movimiento que la misma firma reconoció que eran “más pasos” adelante para hacerlo realidad, después de probarlo por última vez el 2017.

Uno de los primeros jugadores mundiales

Cirsa (Compañía Internacional de Recreativos SA) fue fundada el 1978 por Manuel Lao junto a su hermano, Juan, que empezó con el diseño y fabricación de máquinas recreativas en Terrassa (Barcelona). En 1985 adquirió el primer casino en España, en Marbella, y cuatro años después entró en el sector de los bingos, con la compra de salas en Castelló y Zaragoza. En 1990 dio el salto internacional con la adquisición de un casino en República Dominicana. Desde entonces, la compañía ha ido engordando y expandiendo su negocio, especialmente en la península ibérica y en Latinoamérica.

Los dos hermanos se separaron en 1998, Manuel compró la parte de Juan por 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros). El 2018, Lao vendió la ya multinacional a fondos americanos de capital privado administrados por Blackstone y Agut fue nombrado presidente. Actualmente, Cirsa opera en 11 países donde este sector está regulado y gestiona, entre otros, más de 400 casinos y más de 83.000 máquinas.

“Este es mi barrio, mis hijos fueron aquí a la escuela. Ahora me levanto cada mañana con la duda de si Blackstone va a echarme a la calle”. Son palabras de Elsa Riquelme, residente del barrio de Carabanchel de Madrid con la que ha hablado el periódico The New York Times para un reportaje que relata cómo los fondos de inversión estadounidenses se han convertido en el mayor ‘casero’ de la capital de España.  

El diario neoyorquino cuenta, entre otros, el caso de Riquelme, chilena de 60 años que lleva media vida en Madrid, y que ahora paga un alquiler al gigante inmobiliario Blackstone por un piso que un día fue suyo, y que acabó en manos de este fondo buitre.  

The New York Times cita las reuniones del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, a las que acuden Riquelme o la familia Robledo, y explica también que en la última década el fondo Blackstone se ha convertido en el mayor propietario de viviendas privadas en Madrid, y el segundo en toda España. El piso de Riquelme es ‘solo’ uno de los 13.000 que el fondo de inversión estadounidense posee en Madrid, apunta el NYT.  

Según señala este artículo citando un informe de Civio, en España unas 185.000 viviendas son propiedad de grandes corporaciones, la mitad de las cuales son fondos estadounidenses. También alude a un estudio de PwC que constata que los alquileres han subido un 57% en los últimos diez años y los precios de venta de vivienda, un 47%. Solo en Madrid se estima que 20.000 inquilinos están en riesgo de desahucio, indica el NYT. 

El reportaje menciona a Blackstone, Cerberus y Lone Star, tres fondos estadounidenses que hace diez años compraron un total de 400.000 viviendas en España, y desgrana el negocio de estas empresas, que usan “varios modelos para comprar tanto vivienda pública como privada”, muchas veces para acabar convirtiendo edificios enteros en alquileres de temporada, también conocidos como pisos turísticos. 

El diario neoyorquino recuerda además que el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella a la cabeza, vendió 5.000 viviendas públicas a Blackstone y a Goldman Sachs en 2013 por menos de 70.000 euros por piso, y cómo después los responsables políticos fueron condenados a pagar una multa de 25 millones por malvender esas viviendas. 

Las reivindicaciones del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que vertebran el reportaje del NYT, son claras: parar todos los desahucios en el barrio, tener alquileres justos, lograr reparaciones en edificios y pisos y, por encima de todo esto, poder negociar con los fondos como colectivo, no de forma individual. 

El pasado 5 de diciembre, una sentencia del Supremo dio a decenas de familias unos meses de esperanza. El Alto Tribunal daba la razón a cuatro familias afectadas por la venta de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre, que habían reclamado que se respetase su derecho de retracto, reconocido en los contratos que habían firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Es decir, obligaba a Fidere, la socimi que gestiona los alquileres de Blackstone, a venderles los pisos por el mismo precio de saldo al que se los compro a la entonces alcaldesa Ana Botella.

Con decenas de procesos similares en marcha, desde la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS celebraban esa pequeña victoria con prudencia: “Entendemos que va a ser la solución para todas, pero somos cautas”. Este jueves, la Sala Primera del Supremo ha resuelto de una tacada otros cuarenta casos, convirtiendo la cautela en un presagio aciago. El Supremo ha considerado en este caso, y contra el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que estas familias no pueden ejercer este derecho y hacerse con la propiedad de estas viviendas por el mismo precio al que Blackstone las compró, unos 50.000 euros.

“Es un día triste para la justicia”, lamenta José Mariano Benítez de Lugo, el abogado que ha llevado tanto estos casos, como los cuatro anteriores y que tiene en cola a cerca de 200 familias más. “Si el Supremo en la misma operación de venta y con el mismo ponente dijo que había lugar a retracto, ¿cómo es que ahora decide que no cabe retracto, tratándose de la misma operación de venta? Que fuerza irresistible les ha llevado a proponer al pleno esta sentencia permanecerá en el arcano de los misterios”, afirma el letrado.

Arantxa Mejías, portavoz de la asociación de afectados, ha hablado durante años por sus vecinos, pero la comunicación de este jueves ha sido especialmente dura porque entre esas 40 viviendas estaba la de sus padres. “Estoy en shock”, admitía tras enterarse de la noticia por la llamada de este medio. “Me ha sorprendido que el mismo ponente cambie de criterio”, acertaba a decir, a la espera de un análisis más profundo por parte del abogado.

El inicio de esta historia se remonta a 2013, cuando la EMVS vendió a Blackstone un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, de 18 promociones construidas bajo distintos regímenes de protección pública. Vivienda pública a manos privadas, en lo que supuso un pufo para el patrimonio del ayuntamiento ordenado por Ana Botella. El Tribunal de Cuentas concluyó que la enajenación de esos inmuebles por 128 millones de euros estaban 23 millones de euros por debajo de su valor real y condenó a la exalcaldesa a pagar de su bolsillo 25,7 millones de euros, que la Sala de Enjuiciamiento revocó gracias a los votos de los consejeros propuestos por el Partido Popular.

Ya en aquel momento, cientos de inquilinos se organizaron para tratar de impedir o revertir esta y otras operaciones deficitarias para el patrimonio público, desde la calle y en los tribunales, con éxito dispar. Por ejemplo, la Justicia si anuló la venta de 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs y Azora. Este jueves, los magistrados han vuelto a separar los caminos de sus decisiones, justificándola en ambos casos en el artículo 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula las excepciones al derecho de tanteo o retracto.

El texto, reformado en 1994, indica que “no habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble”. Y aquí es donde los afectados ven una disparidad de criterio, al considerar que se trata de dos situaciones similares.

Atendiendo a las sentencias, en el caso conocido esta semana, el Supremo entiende que “la compraventa objeto de litigio, aunque es posible que no incluyera todos los elementos (viviendas y locales) del edificio donde se encuentran los pisos arrendados a los demandantes (porque, al parecer, no todos pertenecían a la vendedora), sí comprendía todas las unidades de las que la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la transmisión y que formaban parte de las distintas promociones objeto de la compraventa. Y en lo que afecta al caso, comprendía todas las viviendas de las que la vendedora era propietaria en ese concreto edificio”.

¿Qué ocurrió en diciembre? El Supremo indicaba entonces que “la parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas, se dice expresamente que fueron objeto de la transmisión cuarenta y cuatro plazas de garaje del inmueble”. Es decir, esas cuarenta y cuatro plazas de garaje son las que permitirán ahora a cuatro familias del centro de Madrid hacerse con la propiedad de los pisos en los que viven por unos 68.000 euros.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es admiten que la redacción de la Ley de Arrendamientos Urbanos no estaba pensada para un caso tan específico. “Puede pasar que en unos meses lleguen más casos y les den la razón a los afectados”, señalan. “Cuando tenga los juicios que faltan estaremos ante esta situación absurda, en la que una sentencia dice que no está acreditado que todas las viviendas fueron vendidas y otra que si lo consideran”, señalaba el abogado Benítez de Lugo pocas horas después de conocer la decisión y a falta de analizar la sentencia con detalle y barajar las vías que se abren en adelante, con un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el horizonte.

La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Alejandra Jacinto, muy crítica con la venta de vivienda pública a fondos buitres, tanto desde la PAH como desde la Asamblea de Madrid, donde fue diputada por Podemos entre 2021 y 2023, explica que “el argumento que da ahora el Supremo es el que viene sosteniendo desde hace tiempo: si la venta se produce en bloque no hay posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto”.

El propio Supremo admite que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 es “explícitamente más reductora de los derechos de adquisición preferente de los arrendatarios que su antecedente”, de 1964, al establecer esas salvedades para las ventas en paquete. “Es una injusticia manifiesta, porque vulnera derechos de los inquilinos y la igualdad respecto a otros. Si un casero decide vender de forma individualizada, vas a poder disfrutar de ese derecho, pero si decide sortearlo, basta con que venda las viviendas en bloque, lo que se puede convertir en un incentivo para que proliferen este tipo de ventas masivas en bloque, que vulneran derechos individuales”, considera Jacinto.

16.000 empleados, 433 casinos (266 en España), 280 salas de juego, 27.693 máquinas de azar o 2.563 millones de euros de ingresos en 2024, un 67% más desde que está en manos del fondo Blackstone.

Son las grandes cifras de Cirsa, líder del juego y las tragaperras en España, y dueño de Sportium, la mayor casa de apuestas deportivas del país, cuya “negligencia” en el control de la ludopatía ha ratificado la justicia española en una reciente sentencia que la compañía tiene recurrida en el Tribunal Supremo. Ahora su propietario, el mayor fondo del mundo, quiere hacer caja sacando la empresa a Bolsa.

Según Expansión, el operador de casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas y juego online, con presencia en once países, quiere empezar a cotizar a mediados de abril. Lo hará mediante una colocación de entre 700 y 1.000 millones, a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones y una oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes.

Esta operación, con la que se lleva años especulando, valoraría el 100% del grupo en hasta 4.000 millones. Con ella, el fondo estadounidense, conocido por haber sido durante años el mayor propietario de viviendas en alquiler en España, espera colocar al menos el 25% de las acciones del grupo. Blackstone adquirió Cirsa en 2018 al fundador, el multimillonario almeriense Manuel Lao, por un importe que no se hizo público pero que se cifró en unos 2.000 millones, deuda incluida.

Cirsa entonces facturaba unos 1.000 millones menos que ahora y su deuda era de unos 950 millones, frente a los 2.638 millones actuales. Este endeudamiento equivale a 3,8 veces su beneficio bruto operativo (Ebitda), frente a las 17,6 veces que alcanzó este ratio en 2020, cuando los ingresos de este sector se hundieron por la pandemia de coronavirus. 

En 2024, el beneficio neto de Cirsa se desplomó un 84%, hasta 12,6 millones, por los mayores costes financieros derivados de las refinanciaciones de su deuda, pero el Ebitda fue de casi 700 millones, un 11% más. De esa cifra, la mayor parte vino de España (48,7%), seguida de Panamá (13%), Colombia (9,4%), México (7,9%) e Italia (7,6%).

La facturación superó la barrera de los 2.000 millones, un 8% más, gracias al impulso de la división de juego online, que ya es la segunda línea de negocio más relevante, solo superada por los casinos, que aportaron 968,2 millones, un 4% más.

El área online, con Sportium a la cabeza (presente en siete países y que tiene la mayor red de locales del mercado), facturó 420 millones en 2024, un 29% más, y fue la línea de negocio con mayor crecimiento, gracias a las adquisiciones de Apuesta Total, en Perú, y CasinoPortugal, dos de los principales operadores de juego online en esos dos países. 

“Valor sostenible”

En su web, Cirsa presume de su compromiso con la creación de “valor sostenible. A través de políticas ambientales, sociales y de juego responsable, buscamos un impacto positivo a largo plazo en la sociedad y el medio ambiente. Trabajamos incansablemente para equilibrar el éxito empresarial con la responsabilidad corporativa”.

Esta declaración choca con algunos acontecimientos recientes, como el despido de 22 trabajadores en Perú en 2022 tras formar un sindicato, o los hechos probados de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

En diciembre de 2023, la Sala de lo Civil condenó a Cirsa a indemnizar con 766.780 euros, más intereses, a los dueños de una constructora catalana cuyo ex contable les sustrajo más de 1,2 millones para realizar apuestas deportivas con varios operadores, principalmente Sportium. Los hechos se remontan a 2015 y 2016. Entonces, Cirsa, que desde 2006 pilota el actual consejero delegado, Joaquim Agut, todavía pertenecía a Lao.

Este empresario, hoy octogenario, y que apareció en la lista Falciani o Los Papeles de Panamá, ha diversificado su fortuna tras vender a Blackstone en 2018 casi todos los activos de Cirsa, la empresa que fundó en Terrassa junto a su hermano en 1978. Hoy Lao reparte su patrimonio en sectores como el inmobiliario (tiene un 6,27% de Merlin Properties, la mayor socimi de España), la construcción (Sacyr, con un 5,11%) o el hotelero, junto a otros como el agroalimentario, de infraestructuras (como concesiones de agua) y defensa, a través del fondo Hyperion, de Pablo Casado.

La sentencia dictada el 1 de diciembre de 2023 por la Audiencia de Barcelona revocó una resolución previa del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Terrassa que había absuelto a la empresa.

La resolución refleja que el entonces contable de esa empresa catalana, un joven que en el momento de descubrirse los hechos llevaba seis años trabajando en ella, tenía un problema de adicción al juego, tal y como constató Dirección General de Ordenación del Juego, que impuso por estos hechos una sanción de 350.000 euros en diciembre de 2017 a la filial de juego online de Cirsa por una infracción “grave”. Esta filial era entonces propiedad de la española y de la británica Ladbrokes, que vendió su 50% al grupo en 2019 por 50 millones.

Los jueces concluyeron que Cirsa “actuó de forma claramente negligente en el cumplimiento de sus obligaciones” de vigilar el juego de ese joven ex contable adicto al juego, que en ese momento tenía 28 años, y que fue condenado en 2019 por vía penal por apropiación indebida. Según la sentencia, en febrero de 2016 esta persona confesó que “había estado sustrayendo dinero de las cuentas del Grupo” en el que trabajaba “para realizar apuestas deportivas online” desde enero de 2015.

Había superado un test de juego de responsable y de prevención de conductas adictivas de Cirsa en septiembre de 2015. El grupo de juego asignó al joven un gestor personal como cliente “VIP” y no solicitó “ningún tipo de documentación respecto a sus ingresos, patrimonio o capacidad económica; ni siquiera le solicitó algo tan elemental como nóminas o declaraciones del IRPF; lo único que consta es que hizo una consulta del perfil de Facebook”, dice la sentencia.

“En el mes de octubre realiza depósitos por importe de 232.160 euros, lo que supone un incremento del 2.345%, sin que la demandada adoptara ninguna medida eficaz de control ni le solicitara información alguna sobre su situación económica que pudiera justificar tan claromoso incremento”, se lee en la resolución.

“Estás moviendo mucho”

Los mensajes de WhatsApp aportados por la propia Cirsa evidenciaron cómo “el gestor incitaba al jugador a seguir jugando ofreciéndole bonos y regalos para que continuara apostando”. El 9 de octubre le escribió: “Veo que últimamente estás moviendo mucho y me gustaría tener un detalle.... Ahora te pongo 1.000€ en apuestas gratuitas.... Ya los tienes... Y la semana que viene hablamos de posibles ofertas”. 

El 16 de octubre le indica: “Veo que llevas un ritmo elevado y una mala racha y quería ofrecerte la opción de un bono fijo”. “También podemos compaginar con casino si quieres”. “Por eso quería llamarte para hablarlo mejor”. El 22 de octubre escribe: “Te acabo de poner 4.000€. Perdón... 4.500… 20% de lo depositado ayer. Puedes dividirlo al apostar... Caduca en 10 días.”. 

Incluso después de que el ex contable dejase de jugar tras confesar los hechos, siguieron los mensajes del gestor ofreciéndole “una sección de promociones nueva que creo que te va a gustar”. El 10 de febrero de 2016 le dice: “Te acabo de poner un regalito en tu cuenta”. Dos días después: “Ya veo que te has tomado unos días de relax y me parece bien sinceramente. Lo único que la free bet caduca a los 10 días, es decir, el sábado”. 

La Audiencia concluyó que Cirsa “incentivaba” a seguir jugando a este joven cuando ya llevaba perdidos “766.780 euros, en un período de solamente cuatro meses”. “El gestor de la cuenta conocía en tiempo real el volumen de depósitos, ganancias y pérdidas del jugador, sin que la operadora hubiera adoptado ninguna medida de control ante un volumen de depósitos tan desmedido en tan corto período de tiempo, ni le solicitara la más mínima justificación sobre su capacidad económica o la procedencia de los fondos”.

Cirsa solo le canceló la cuenta cuando se le notificó que el contable había apostado con fondos robados a su empresa. Según los jueces, “la actuación de Cirsa contrasta con la llevada a cabo por otras casas de apuestas on-line”, que sí reclamaron documentación al joven jugador cuando solicitó que se eliminaran los límites para apostar.

Cirsa ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo por entender que existe jurisprudencia que ha determinado que no puede exigirse la responsabilidad de un tercero cuando concurre culpa exclusiva de la víctima.

La empresa no comenta este asunto. Para cumplir el Real Decreto 176/2023 de 14 de marzo por el que se desarrollaron entornos más seguros de juego, Cirsa tiene implantados unos protocolos de actuación para monitorizar y prevenir comportamientos de riesgo, como alertas por patrones de comportamientos intensivos, compulsivos o de riesgo. Si el usuario sobrepasa determinados niveles de intensidad y gasto, se le avisa y en una fase de “alerta alta” se llega a bloquear su cuenta.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, corroborando la previamente dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, supone el primer gran revés para los fondos buitres en España. Por primera vez, dicho fondo tendrá que vender las viviendas que recibieron como regalo por parte del Ayuntamiento de Madrid, liderado entonces por la alcaldesa Ana Botella, al mismo precio de compra, unos 68.000€. Es decir, los ciudadanos que habitaban dichas viviendas –en esta primera sentencia son cuatro familias– podrán readquirirlas, revocando la estafa que supuso aquella operación para 1.800 familias. 

Esta sentencia puede suponer un cambio histórico en el devenir de la política publica de vivienda en las instituciones madrileñas, pero también en el resto del territorio nacional. La proliferación de fondos de inversión bajo la legislación Socimi, con ramificaciones familiares muy cercanas a la familia Aznar, se han aprovechado de una legislación fiscal muy laxa, provocando, mediante prácticas de dudosa legalidad, la expulsión de inquilinos vulnerables con el beneplácito de administraciones gobernadas por el PP, pero también de medios de comunicación y, hasta hoy, de gran parte de la judicatura.

La introducción de las socimis fue iniciada por el PSOE en la última etapa de Zapatero, pero en sus inicios la fiscalidad era muy diferente, pues se obligaba a pagar impuesto de sociedades, aunque reducido, a estos vehículos de inversión. Esta fue la razón por la que, en sus inicios, apenas se constituyeron sociedades de este tipo, al margen de las restrictivas condiciones de cotización en mercados organizados. Fue la llegada del PP al gobierno lo que posibilitó, tras la reforma llevada a cabo al dictado del lobby inmobiliario, la eclosión de este tipo de sociedades, muchas de las cuales se han aprovechado de personas que han estado ligadas al poder político, tanto del PP, como del PSOE. 

Esta modificación legislativa explica la llegada de enormes cantidades de inversión hacia el sector inmobiliario en España, siendo muy perceptible el volumen de inversión de fondos de pensiones internacionales que han logrado penetrar en el mercado inmobiliario, provocando el desahucio de miles de trabajadores vulnerables. Esta política basada en el rentismo de particulares, pero también en la proliferación de vehículos de inversión con capital transnacional, ha diseñado un nuevo paradigma en la provisión de vivienda para el alquiler, contradiciendo la tónica y el modelo de vivienda publica que se consolida en la UE. Ello explica por qué el capital extranjero, de dudoso origen en muchos casos, prefiere invertir en España frente a otros países. 

Todos estos factores financieros y fiscales, junto a la ausencia de control y supervisión del mercado inmobiliario, constituyen los ejes de la política inmobiliaria, que no política de vivienda, llevada a cabo por parte del PSOE y el PP durante los últimos años. No es baladí que los gestores del lobby inmobiliario Asval hayan sido durante los últimos años dirigentes socialistas como Clos, ex alcalde de Barcelona, o Helena Beunza, antigua secretaria general de Vivienda, también del PSOE. Estos dirigentes, junto a los grandes gestores de fondos, han presionado al actual presidente de Gobierno para modificar y descafeinar la actual Ley de Vivienda, que introduce los controles de precios de alquiler. Pero también son los artífices que han imposibilitado la eliminación de las ventajas fiscales de las socimis en la reciente votación del paquete fiscal en el Congreso. El PSOE sigue siendo el mejor aliado de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario, como se ha demostrado en múltiples declaraciones de la actual ministra de Vivienda. 

Los grandes fondos han tenido hasta ahora como aliados a los grandes partidos políticos, sobre todo los que manejan el BOE, pero no contaban con que la judicatura les fuera a contradecir en sus prácticas presuntamente contrarias a derecho, como ha sancionado el Tribunal Supremo. En este punto merece la pena destacar al abogado que ha pilotado, con un esfuerzo personal ingente, esta cruzada contra el poder de los Fondos de Inversión y Socimis, Mariano Benítez de Lugo.  Curiosamente, este abogado estaba contratado por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid y fue despedido mediante un SMS con la excusa de que era muy caro, cuando prácticamente no cobra nada a los afectados por la estafa del propio Ayuntamiento de Madrid al vender estos pisos a Fidere. 

Siendo relevante esta sentencia contra las practicas de las socimis queda el regusto amargo de que los verdaderos culpables, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Ana Botella, se han librado de todo reproche penal y político, lo cual demuestra lo viciado que está el sistema judicial patrio, y cómo el entramado de las grandes corporaciones ha colonizado el poder político, incluso entre los partidos que se autodenominan progresistas.  

En suma, es momento de brindar porque, por fin, el alto tribunal ha dictado una sentencia que favorece a miles de familias que fueron expulsadas de sus viviendas por parte del Ayuntamiento de Madrid, mediante un regalo a Fidere y que ahora podrán comprar al mismo precio de saldo. Esperemos que se ejecute dicha sentencia lo antes posible y sea extensible al resto de las familias que tienen pendiente la misma sentencia que debería coincidir por unidad de doctrina. Y, sobre todo, dar las gracias a un abogado ilustre e histórico como Mariano Benítez de Lugo, que ha dado una lección jurídica y humanitaria a todos los estamentos afectados, especialmente al PSOE de Madrid, que prescindió de sus servicios por ser demasiado caro. Cuánta mezquindad y mediocridad en dicha organización. Ahora se explica mejor su irrelevancia social y política en la capital de España. 

En la calle de Lope de Vega, en el centro de Madrid, hay tiendas de ropa, varios restaurantes que ofrecen brunchs o dulces de colores, una joyería de autor y un comercio para mascotas. En las aledañas, las luces de navidad alumbran una zona cada vez más atrapada por turistas y visitantes. En Idealista se anuncia una vivienda en alquiler por 1.400 euros al mes y en el mismo barrio, a pocos metros, se pueden comprar apartamentos de unos 50 metros, con vistas al exterior, por 400.000 o medio millón de euros. En el número 10, hay cuatro inmuebles que Blackstone deberá vender a sus inquilinos por unos 68.000 euros, el mismo precio al que se lo compró al Ayuntamiento de Madrid.

Depende a quien se le pregunte, es el precio más caro de la historia porque ha llegado tras una larga disputa judicial. El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que reconocía el derecho de compra preferente de los inquilinos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento que en 2013 malvendió al fondo buitre 1.860 viviendas, además de plazas de garaje y trasteros, bajo diferentes regímenes de protección pública a Blackstone por 72,8 millones de euros.

Cuando a Clara le comunicaron la decisión del Supremo, este miércoles, rompió a llorar. En 2006, por sus condiciones socioeconómicas, entró en un sorteo para una vivienda pública de alquiler con opción a compra del Ayuntamiento de Madrid. Como a otros cientos de familias, algunas en el centro de Madrid, pero la mayoría en Vallecas y Carabanchel, le tocó uno de esos inmuebles. “En ese momento sí creí que me había tocado la lotería, ahora creo que estoy despertando de una pesadilla”, explica en conversación con elDiario.es.

Clara no se llama Clara, pero tras una década de batalla judicial, prefiere resguardarse en la tranquilidad del anonimato. “El desgaste emocional, físico y las presiones que hemos pasado no sé qué precio tiene, pero si era justo para el fondo buitre, tendrá que serlo para nosotros”, dice esta mujer, que vive en este piso de unos 50 metros con su pareja y sus tres hijos, de entre 4 y 10 años. Cuando se enteraron de la venta a precio de saldo de las viviendas públicas por parte de Ana Botella al fondo buitre muchas familias iniciaron dos procesos: la reclamación del derecho de retracto y una batalla contra los intentos de desahucio. “Estamos luchando en un proceso de desahucio. La fecha que estaba puesta era el 31 de diciembre”, explica.

Su abogado, José Mariano Benítez de Lugo, explica que estos cuatro casos son los primeros, pero no los únicos que han reclamado que se haga efectivo su derecho de compra preferente sobre Blackstone. Él mismo lleva decenas de ellos, 40 avalados ya por la Audiencia Provincial, que esperan llegar al Supremo. “Lógicamente, el principio de unidad de doctrina del propio Tribunal supondría aplicar el mismo criterio”, considera.

La familia de Arancha Mejías vive en el PAU de Carabanchel. Sus padres son unos de esos 40 casos que esperan respuesta y que han visto en la sentencia, conocida este miércoles, un foco de esperanza. “Mi madre casi se ahoga de la ansiedad, los nervios y la emoción. Está esperando varias operaciones, así que imagínate lo que es no saber dónde te vas a poder recuperar”, indica. Mejías es portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS, que llevan años movilizándose contra esta desviación de recursos públicos a fondos privados: “A nivel de lucha colectiva, es un hito. Llevamos 10 años viviendo esta pesadilla y sentimos que se está haciendo justicia, aunque sea una década después”.

Aunque desde el movimiento vecinal ven esta sentencia como la “antesala de la resolución de todas las familias” no quieren lanzar todavía las campanas al vuelo. “Entendemos que esto va a ser la solución para todas, pero somos cautas. Mis padres llevan 20 años en esta casa y la mitad ha sido de lucha, cumpliendo con la obligación del pago de los recibos. La propiedad es importante, porque es nuestro hogar, pero el éxito no es solo patrimonial, es moral, porque estamos recuperando un derecho de tantos que nos habían arrebatado”, defiende Mejías.

El recurso del fondo buitre se basa en una excepción a ese derecho de retracto: que todas las viviendas se hubieran adquirido en bloque. La Audiencia Provincial ya vino a decir que no había sido así, porque “en la escritura se individualiza cada elemento como ”propiedad“ y, en su conjunto como ”propiedades“, reflejando individualizadamente la identificación catastral de cada una de las propiedades que integran la promoción”. Y el Supremo lo refrenda: “La parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas”.

Cuando se venden 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre, se generan 1.860 casuísticas diferentes. “Unos están ya desahuciados, aunque repetidamente hemos dicho que estaba pendiente este recurso. Otros no están lanzados de sus viviendas. Hay muchos casos, porque dentro de decenas de pleitos que llevo hay muchos supuestos. En algunos nos encontraremos con que el fondo buitre ya habrá alquilado o vendido esas viviendas a otras personas y será un problema para aplicar la sentencia”, admite Benítez de Lugo.

Arancha recuerda emocionada algunas de esas situaciones, que han lastrado una década de vida. “A mis padres les querían desahuciar porque su hija era la cara visible, hemos visto a vecinos irse, desahucios e, incluso, a una vecina que se suicidó cuando le llegó la carta con la fecha de lanzamiento... No hace falta estudiar derecho para saber que las cosas se han hecho regular y que ni (Alberto Ruiz) Gallardón ni Ana Botella estaban mirando por los derechos de los ciudadanos cuando vendieron viviendas de protección oficial”.

El Tribunal de Cuentas llegó a condenar a Botella a pagar de su propio bolsillo 25,7 millones de euros por el roto que esta operación causó en las arcas públicas. Sin embargo, la Sala de Enjuiciamiento revocó la decisión por dos votos contra uno, precisamente, los de los consejeros propuestos por el Partido Popular, José Manuel Suárez y Margarita Mariscal de Gante. Mariscal de Gante fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, a su vez marido de Ana Botella.

Clara ve ante sí un horizonte totalmente nuevo. “Es pasar de la noche al día, siento una tranquilidad que no sé describirla”, celebra. Ahora tiene 48 años. Cuando atravesó por primera vez las puertas de su hogar tenía 30. Ha pasado casi media vida y, tras un periplo de 10 años, parece que está casi “empezando una nueva vida”.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a cuatro inquilinas de Blackstone, a los que deberá vender sus viviendas al mismo precio, de saldo, por el que las compró al Ayuntamiento de Madrid: 68.000 euros. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala a la Audiencia Provincial, que ya había señalado en 2019 que el fondo buitre tenía que respetar el derecho de retracto de estas familias, reconocido en los contratos que firmaron con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y que les daba prioridad para la adquisición de los inmuebles.

Los contratos firmados por estas familias con la EMVS incluían la opción de compra tras siete años de alquiler, que no fue respetada por Fidere, la socimi que gestiona los alquileres en nombre de Blackstone. En un primer momento, el juzgado de primera instancia 84 de Madrid dio la razón al fondo, una decisión que fue enmendada por la Audiencia Provincial y ratificada ahora por el Supremo, que ha decidido desestimar el recurso de casación interpuesto por la compañía e imponerle, además, las costas.

El recurso de Blackstone gira en torno a un argumento que el Supremo desmonta: que las viviendas se vendieron en bloque y no de forma individual. Esta es una de las claves, porque la ley de arrendamientos urbanos (LAU) excluye el derecho de retracto en caso de que los inmuebles se transfirieran como una única cosa, en una escritura única. El precio conjunto que el fondo buitre pagó al Ayuntamiento de la entonces alcaldesa Ana Botella fue de 72,8 millones de euros, unos 68.000 por vivienda. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ya recogía que “en la escritura se individualiza cada elemento como ”propiedad“ y, en su conjunto como ”propiedades“, reflejando individualizadamente la identificación catastral de cada una de las propiedades que integran la promoción”. E identifican, también, “cada arrendamiento, a cada arrendatario, con gastos y rentas y se da un precio a cada unidad”.

El Supremo ahonda en esa idea: “La parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas, se dice expresamente que no fueron objeto de la transmisión cuarenta y cuatro plazas de garaje del inmueble. De tal manera que no concurre el presupuesto fáctico para la denegación del retracto, porque cuando no se transmiten todas las fincas del mismo edificio no puede pretenderse la aplicación de las restricciones o limitaciones del artículo 25.7 de la LAU”.

En 2013, la EMVS vendió a Blackstone un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, pertenecientes a 18 promociones construidas bajo distintos regímenes de protección pública. La operación, ordenada por la entonces alcaldesa Ana Botella, es el gran ejemplo del desvío de vivienda pública a manos privadas de los últimos años en España. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo, que luego la Sala de Enjuiciamiento revocó por dos votos contra uno. A su favor tuvo a dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

El abogado que ha llevado el caso, José Mariano Benítez de Lugo, considera que la decisión del Supremo abre el camino para el resto de familias en esta situación. “Tengo otra sentencia de la Audiencia Provincial que me reconoce otros 40 casos y que está pendiente de resolver por el Supremo y hay más de 100 casos que reclaman el mismo derecho. Lógicamente, el principio de unidad de doctrina del propio tribunal supondría aplicar el mismo criterio a esa operación que a otras”, explica en conversación con elDiario.es

Una operación caracterizada por “su transparencia y concurrencia competitiva”. Así describía el Ayuntamiento de Ana Botella la venta de 1.860 viviendas de alquiler social de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros. Una maniobra acometida en 2013 que, bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, terminó con 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Residencia. Esto es, en manos de filiales del fondo buitre Blackstone.

La decisión vuelve a la palestra en un contexto de crisis de la vivienda que ha derivado ya en estallido social. En el sorteo celebrado el pasado viernes 28 de 400 viviendas asequibles de la EMVS (menos de una cuarta parte de las enajenadas por Botella), la actual vicealcaldesa Inmaculada Sanz prefirió no dar su opinión sobre aquella controvertida venta de pisos de alquiler social al ser consultada por este diario. No se atrevió a catalogarla como un error y en lugar de ello optó por destacar las que a su juicio son las líneas maestras de la política de vivienda de José Luis Martínez-Almeida.

“Nosotros estamos en ser la promotora pública y la empresa que más vivienda construye en España. Cuando llegamos había menos vivienda, tenemos ya más de 8.000 y queremos llegar a 15.000. La política de este equipo de Gobierno es muy clara, aunque necesitamos también incrementar la oferta en la ciudad de Madrid así que vamos a seguir trabajando en la colaboración público-privada”, expuso la vicealcaldesa en respuesta a una pregunta de Somos Madrid.

“De aquellos polvos, estos lodos”, opina por su parte Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE). Da esa respuesta a las preguntas de este periódico sobre la relación de la actual crisis de vivienda con la venta a Blackstone de su vivienda y la de otras 1.859 familias. “En aquella época ya había una crisis de vivienda con continuos desahucios, era absurdo que al Ayuntamiento se le ocurriera desprenderse del poco patrimonio habitacional del que disponía [en concreto de un tercio del total]. Y más aún a precio irrisorio”, añade.

Once años después, aunque continúa viviendo en su mismo domicilio, la herida de aquella maniobra no ha terminado de suturar. Los padres de Mejías pagaban unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en torno a 2004. Ahora abonan alrededor de 1.100.

Pero lo peor, dice, fue la opacidad y la incertidumbre que despertó el proceso: “Nos enteramos de todo cuando una vecina recibió la notificación de desahucio. El Ayuntamiento nos dejó vendidos y desamparados. Fue impactante y devastador”. Su familia presentó una querella por coacciones después de que Fidere se negase a renovar el contrato. Una vez admitida a trámite, lograron una negociación que les permitió “disfrutar del derecho a optar por esta vivienda como cualquier vecino, sin ser discriminados por haber luchado por nuestra casa”.

La venta a Blackstone fue también la primera toma de contacto para muchos ciudadanos con el concepto de “fondo buitre”, cada vez más presente en el debate público mientras crecía su proliferación y su control de propiedades en las grandes ciudades: “Es muy peligroso, y todavía más que no haya un control efectivo de las administraciones. También lo es que las viviendas de alquiler se conviertan en el monopolio de unos pocos tenedores de gran tamaño, algo que acabará siendo un problema hasta para los pequeños caseros. Por no hablar de que la reconversión de las casas compradas en alquileres turísticos hace que se pierda el encanto de los barrios y genera una convivencia vecinal espantosa. Y no solo en el centro”.

Una operación “lesiva” que “ignoró las normas de contratación”

En la venta de las miles de viviendas públicas, el Gobierno de Botella “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

La Cámara concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto.

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. Mejías asegura que “lamentablemente todas estas absoluciones fueron previsibles y esperables porque hay familias y apellidos muy difíciles de tocar”.

La absolución del Tribunal de Cuentas, por dos votos contra uno, la firmaron la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el organismo en su primera sentencia condenatoria: la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, la empresa municipal del Ayuntamiento obvió fijar el preceptivo pliego de condiciones. Con ello, se saltaba “no solo las normas internas de contratación sino también la Ley de Contratos del Sector Público”, así como los informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación. El resultado fue que “ignoró su obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar”. Así, para la Cámara de Cuentas la EMVS “no solo ignoró las normas de contratación”, sino también “los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos”.

La letra pequeña de aquel escrito evidenciaba además cómo el Ejecutivo municipal se fue plegando a las exigencias de Blackstone. El fondo rebajó en dos millones de euros su oferta ya “definitiva y vinculante” aduciendo que había más vecinos que no pagaban la renta de los anunciados, una suposición que EMVS aceptó “sin la menor prueba”.

Además de los afectados directos, hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad

Arantxa Mejías — Presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS

El Consistorio tampoco actuó cuando el fondo no materializó los 2,3 millones de euros en la rehabilitación y mejora de las casas que detallaba en su oferta de compra. La Cámara de Cuentas resaltó que se quedó en “una mera intención, no un compromiso real”. No en vano, la empresa asegura haber invertido 2,1 millones, pero “sin que se acredite documentalmente dicho extremo dado que la mayoría de facturas aportadas no pueden considerarse inversión sino simple mantenimiento”. Fidere apuntó incluso que esta aportación “no es parte del contenido obligacional de la transacción”.

Arantxa Mejías cuenta que ya en aquel momento entendían que ellos eran los afectados directos, pero que la decisión de Botella dejaría “miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”. Cree que “es muy peligroso que en pleno siglo XXI no podamos acceder a una vivienda digna y asequible, que nos dejemos tanto de lo que ganamos en un techo”.

Una vivienda y una vida digna que para ella no se limita al cobijo de un techo y cuatro paredes, sino que incluye “disponer de un cierto número de metros cuadrados en los que poder tener una familia o vivir sola con unas condiciones plenas”. Y añade: “Nos están vapuleando este derecho y nos hacen sentir que satisfacerlo a un precio razonable, pagando nuestros alquileres y suministros, es exigir una vida por encima de nuestras posibilidades”

¡Buenos días! 

¿Cómo va tu semana? Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Parece una broma que con todo el progreso acumulado por la humanidad en los últimos 50 años todavía tengamos niveles de miseria en España que dan vergüenza. Pero la realidad es que se mueven ingentes sumas de capital, miles de millones de euros pasan por nuestro país en busca del nuevo grial de la inversión.

En este sentido, te recomiendo que que leas el artículo de la empresaria María Álvarez sobre la próxima crisis que vendrá. Álvarez describe como desde el año 2000 la tecnología se ha convertido en el centro de inversión del mundo financiero, sin que la productividad crezca, en búsqueda del último pelotazo que permita a este sistema seguir adelante en su versión más desenfrenada de codicia. 

Entre esos pelotazos esperados está la Inteligencia Artificial (IA). Un ejemplo: OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, ha cerrado la mayor ronda de financiación de capital riesgo de la historia con 6.600 millones. Estamos hablando de una compañía que fue creada sin ánimo de lucro pero donde el empuje del capital ha sacado a la mayoría de sus fundadores. 

Álvarez recuerda en su artículo cómo un banco de inversión como Goldman Sachs dice que la IA no dará rendimientos para una inversión de un trillón de dólares, que es lo que se espera, aunque las consecuencias están todavía por definir y pueden ser peligrosas. Por este motivo, las empresas estadounidenses de IA, las más potentes, están empezando a dejar a la UE sin las nuevos programas con la amenaza de que si no relaja su normativa verá “cómo el resto del mundo construye sobre tecnologías a las que los europeos no tendrán acceso”.

Y en este contexto es donde España puede entrar de lleno como empresa de servicios. Entre otras cosas, porque la IA necesita una infraestructura de datos mucho mayor de la que existe ahora para funcionar y ahí los centros de datos pasan a ser la nueva panacea de la economía. España se está consolidando como un mercado “emergente” para los centros de datos y recibiendo inversiones multimillonarias más allá de las compañías tecnológicas.

Desde el fondo de inversión Blackstone, el mayor propietario de viviendas en alquiler en España, que ha anunciado una inversión de 7.500 millones en este sector en Aragón, donde ya está previsto que Amazon meta 15.700 millones para ampliar su red de centros de datos o los 6.000 millones planteados por Microsoft.

Hay una nueva fiebre de miles de millones que buscan cómo convertirse en los líderes del siguiente pelotazo digital. Según Linklaters, el 40% de las inversiones de los 50 principales fondos inmobiliarios a nivel global ya se destina a la construcción de centros de datos.

En este maremágnum, un grupo de empresas españolas no se quiere quedar atrás, de manera que Iberdrola o compañías como El Corte Inglés o ACS están buscando su hueco en el nuevo maná. Aquí te contamos la nueva fiebre inversora por los centros de datos en España.

Es cierto que son necesarias infraestructuras digitales para encauzar las crecientes necesidades de demanda tecnológica de datos, pero está por ver que esta lluvia de millones no desemboque en una nueva burbuja en un sector, que ya sabemos que es poco ecológico.

Otro de los sectores que está mutando a gran velocidad es el del automóvil. No nos referimos solo al cambio progresivo, demasiado lento, de los coches de combustión a los vehículos eléctricos, donde Europa no termina de encontrar su hueco en un cóctel que mezcla caída de ventas, dudas sobre los aranceles a los coches eléctricos chinos y despidos a la vista. La transformación es mucho más profunda. Entre otras cosas porque parece que comprar un coche ha dejado de ser una prioridad y cada vez hay más conductores que se decantan por otro tipo de alternativas a la compra: renting, alquiler por horas o suscripción. De esta manera no es extraño que haya compañías automovilísticas que se vean envueltas en una tormenta perfecta: Volkswagen, Mercedes y Stellantis, la dueña de Opel, Peugeot y Fiat, frenan en seco sus negocios. 

El dato

1,8%

fue el incremento de los precios de los alimentos en septiembre, según informó el INE. Con esta caída de siete décimas de la inflación interanual de los alimentos, Estadística ha confirmado que el IPC general se redujo al 1,5% el mes pasado. Parece que la presión de los precios ya no es tan fuerte. Incluso las empresas de gran consumo auguran una bajada del precio de los alimentos en los próximos meses, ahora bien, lo hacen con lágrimas de cocodrilo: quejándose de que “el entorno legislativo es insoportable”, que la reducción de la jornada laboral “va a destrozar la competitividad” o que se les “ha culpabilizado en los últimos años” por los altos precios, aunque a la vez han admitido que “la inflación de los alimentos en niveles normales es del 1,2%”. Hay que recordar que en marzo de 2023, por ejemplo, los alimentos incrementaron su precio un 16,6%, que el aceite de oliva está todavía un 60% más caro o cómo ha afectado en los cambios de hábitos de consumo de la cesta de la compra, a ver si ahora la culpa va a ser de los ciudadanos.

El gráfico

Todavía colea la manifestación que vivimos en Madrid para reivindicar que “la vivienda no es un negocio”, donde participaron miles de personas con un protagonismo claro de los colectivos de vivienda que se mueven contra “el sistema rentista”. Hay hartazgo ante una situación que empeora mes a mes y que obliga a más de un millón de familias a realizar un esfuerzo excesivo para afrontar el coste de un techo pero también hay propuestas de solución: control de alquileres, prohibición de desahucios y coto a los fondos buitre. Como puedes ver en el gráfico, los intermediarios de la vivienda han incrementado su beneficio un 53% pese a que solo han incrementado el empleo en un 2%, prueba de que el ladrillo es un activo financiero más. Está claro que el problema es grave. Incluso el Banco de España avala el incremento del parque público de vivienda en alquiler ante “la actual rigidez de la oferta”. El Gobierno de coalición aprobó dos días después de la protesta una partida de 200 millones para el bono de alquiler joven. Se trata de una medida controvertida, ya que los expertos señalan que las ayudas directas al alquiler tienen un efecto inflacionista, pero dudan del impacto de esta medida con una dotación escasa, más las dificultades en la tramitación y que solo alcanza al 0,6% de los jóvenes.

Cada vez que habla sube el pan

La calificación de injustificado del ERTE es una declaración necesaria de la transacción alcanzada con los sindicatos en el conflicto colectivo. No supone que la difícil decisión de aplicar un ERTE se tomase a la ligera ni mucho menos.

Portavoz de la Fundación Samu

La Fundación SAMU se dedica a licitar adjudicaciones de servicios públicos de acogida de menores migrantes, discapacidad y otros servicios sociales en Andalucía, Comunidad de Madrid o Canarias. Parece que es una entidad ejemplar pero incluso en organismos que se dedican a las buenas causas te puedes encontrar actuaciones deleznables. La Fundación SAMU reconoció en la Audiencia Nacional la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) fraudulento a unos 300 trabajadores para evitar ir a juicio, tras la demanda por conflicto colectivo presentada por CCOO, UGT y CGT. La Inspección de Trabajo había constatado ya la irregularidad del procedimiento. Aquí puedes leer cómo una fundación con multitud de contratos públicos retira un ERTE fraudulento a 300 empleados para evitar ir a juicio.

Entrepreneur

Esta semana tenemos a un par de 'entrepreneurs' de categoría. Tenemos a José Elías, que se perfila como salvador de la constructora OHLA, aunque es de origen humilde vende almuerzos a 3.000 euros donde da consejos de inversión y presume de éxito en redes y televisión. Entre sus empresas están la energética Audax o la compañía de alimentos congelados La Sirena. No para de repartir eslóganes para emprendedores, aunque no ha dudado en engañar para ganar clientes. Aquí te contamos quién es José Elías, el 'influencer' de la lista Forbes que va al límite.

Otro 'entrepreneur’, aunque bastante diferente, es Alfredo Pulgar, jefe de Informática de la Agencia Tributaria en Castilla y León hasta 2016. Pulgar vulneró la normativa de incompatibilidades con una empresa de áridos en Palencia con la que acabó condenado por estafa. En la hemeroteca todavía puede encontrarse una noticia de febrero de 2011 sobre la participación de Pulgar en una jornada sobre Internet como “aliado de las empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias”. Su propia casa acabaría imponiéndole en 2018 una sanción de 19.669,6 euros por el IRPF de 2012 a 2014. La liquidación fue confirmada en enero de 2023 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid. Un crack. En este enlace tienes más información sobre la suspensión de un ex jefe de la Agencia Tributaria condenado por estafa y sancionado por defraudar.

Bien Público

¿Cómo es posible que a estas alturas no se puedan limitar las actuaciones de pedófilos en las redes sociales? TikTok sabía que niñas de 15 años se desnudaban en directo ante adultos por dinero. La información ha salido a la luz a raíz de una filtración de documentación interna de la red social creada en China a la que ha tenido acceso la NPR, la radio pública estadounidense. En los documentos queda avalado que la dirección de TikTok descubrió que una cantidad “significativa” de adultos estaba aprovechando la plataforma para enviar mensajes directos a menores de edad para que se desnudasen en directo. El análisis interno de TikTok reveló que en un solo mes se enviaron un millón de “regalos” a menores través de la moneda virtual de la aplicación que tenían como objetivo este tipo de “transacciones”. No es la única red social donde se dan este tipo de abusos: Arturo Béjar, ex ingeniero de Meta, reveló en una entrevista a elDiario.es que los ejecutivos de la corporación era conscientes de la falta de protección de los menores: “Un tercio de los adolescentes en Instagram han recibido acoso sexual en el último mes”. Además, el informe propio de TikTok apuntaba que la red social era consciente de que sus numerosas funciones diseñadas para mantener a los jóvenes en la aplicación “generaban una necesidad constante e irresistible de seguir abriendo la aplicación”. El horror. En este reportaje de Carlos del Castillo te contamos cómo TikTok sabía que niñas de 15 años se desnudaban en directo ante adultos por dinero.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aquí acabamos. Este boletín volverá con más información económica el próximo jueves. Hasta entonces, si tienes alguna ideo o propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Otro gran campus de centros de datos aterriza en un pueblo de Aragón. Tras cerrar un compromiso de 15.700 millones de euros provenientes de Amazon la pasada primavera, la comunidad se asegura ahora otro de 7.500 millones para seguir construyendo estas infraestructuras clave de la sociedad digital en Calatorao, en la provincia de Zaragoza. La diferencia es que ahora no vienen de Google, Microsoft ni ninguno de los rivales de Amazon en el negocio de la nube. El inversor es Blackstone, el mayor propietario de viviendas en alquiler en España.

El fondo se convierte así en el segundo mayor inversor en centros de datos del país, superando los 6.600 millones que Microsoft destinó (también) a Aragón en junio. Blackstone asegura que la nueva infraestructura creará 1.400 puestos de trabajo en el pueblo, que ahora cuenta con menos de 3.000 habitantes, y que sumarán decenas de miles de millones al PIB de la región. En septiembre su responsable inmobiliario en Europa ya adelanto que tenía su mirada puesta en el “emergente” negocio de los centros de datos en España.

En su último balance de resultados, presentado en julio, el fondo ya controlaba una cartera de centros de datos valorada en unos 50.000 millones de euros. Desde entonces no solo ha anunciado el despliegue de Aragón, sino que ha desembolsado otros 15.000 millones para comprar AirTrunk, una promotora con sede en Australia que gestiona este tipo de infraestructuras digitales por todo el área Asia-Pacífico. Steve Schwarzman, el director ejecutivo de Blackstone, ha revelado que el fondo ha estado vendiendo edificios de oficinas en EEUU en los últimos años para acometer estas operaciones.

El banco de inversión —conocido como un fondo buitre en España por sus polémicas adquisiciones de compra y subida de alquileres— es uno de los que está virando de forma más marcada del ladrillo tradicional a las factorías de la inteligencia artificial. Pero no el único. El grupo Damac, de Dubai, anunció esta semana su entrada en el negocio de los centros de datos en España a través de su filial Edgnex. La compañía pondrá en marcha un centro de 40 MW con una inversión de 400 millones de euros. Mientras, ejecutivos del gigante chino GDS Holdings, según publicó El Confidencial, se han reunido con directivos de Telefónica y miembros del Gobierno para invertir en centros de datos en nuestro país en 2025, lo que sería la primera inversión fuera de Asia de esta compañía.

Según Linklaters, el 40% de las inversiones de los 50 principales fondos inmobiliarios a nivel global ya se destina a la construcción de centros de catos. Los cálculos de Statista apuntan a que el beneficio de este negocio crecerá a un ritmo del 8,5% anual hasta 2030.

España en el horizonte

España es uno de los mercados emergentes en esta explosión de los centros de datos. Hay dos factores que lo justifican, según autoridades y expertos.

Por un lado, “tiene una posición geográfica estratégica, al contar con cables submarinos que llegan a nuestras costas y permiten conectar distintos continentes”, explican desde SpainDC, la patronal de los centros de datos. La corriente tradicional de datos en Europa une el continente con Estados Unidos por el eje conocido como “FLAP” (Fráncfort, Londres, Ámsterdam y París). La península ofrece una mejor oportunidad para las nuevas conexiones con África y Suramérica y un mercado mucho menos saturado que su competencia del norte.

También una disponibilidad eléctrica mucho mayor. “La segunda fortaleza es que estos centros de proceso de datos consumen mucha energía. Ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva enorme en la posibilidad de producir energía renovable abundante”, completaba el ex ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, en una entrevista con elDiario.es.

Mientras que compañías como Google o Amazon se ven obligadas a llegar a acuerdos con proveedores de energía nuclear para la electrificación de sus centros de datos en EEUU, España ofrece facilidades para que estas infraestructuras se coloquen la etiqueta de “100% renovable”. Un sello relevante dado el debate sobre la inteligencia artificial y su sostenibilidad que se está desarrollando tanto entre legisladores como en la sociedad civil.

Las concesiones de uso de agua, otro de los aspectos críticos para la instalación de centros de datos, tampoco están suponiendo un problema para las empresas que quieran instalarse en España. Aunque tanto estas compañías como las administraciones locales y regionales se niegan a revelar el consumo de agua planificado de estas infraestructuras, la patronal asegura que las cifras se han exagerado. “Los centros de datos de nueva generación que se están desarrollando, ninguno tiene consumo de agua”, mantienen.

Se abre la veda entre las empresas españolas

La situación está provocando que empresas de sectores no relacionados directamente con el negocio digital se lancen a por un trozo de este pastel. Especialmente en los casos de aquellas que lo que sí tienen es la capacidad de suministrar alguno de los pilares clave: el espacio adecuado para instalarlos (técnicamente, cuanto más cerca de las empresas y personas a las que van a dar servicio, mejor), la energía o la experiencia en la gestión de infraestructuras para terceros.

Así ocurre en el caso de Iberdrola. La energética lanzó en septiembre una nueva filial, CPD4Green, cuyo objetivo es ofrecer espacios “lave en mano” a las empresas que quieran construirlos: el terreno, la acometida eléctrica preparada para gran consumo, el contrato de energía renovable y la instalación para asegurar el suministro 24-7. Iberdrola está buscando un socio capitalista para que se encargue de poner el dinero para construir y operar los centros de datos.

La empresa presidida por Ignacio Galán ha identificado 11 posibles ubicaciones para estas instalaciones. Los centros de datos se miden en megavatios (MW) de potencia instalada: hasta 10 MW se consideran pequeños; de ahí hasta los 50 MW, medianos; y más allá, grandes. Iberdrola afirma que quiere asegurarse una capacidad de 400 MW en los próximos meses y estar operando unos 200 MW entre los diferentes centros de datos para 2030. Sus cálculos son que esta infraestructura llegará a suponer el 10% del consumo energético global. Según el Instituto Internacional de la Energía, en 2023 no llegaron al 2%, aunque estima que habrán alcanzado el 4% para 2026.

También en el sector energético se ha apuntado a este negocio Solaria, la compañía de energía renovable que trata de responder a su caída de ingresos en el negocio tradicional con la diversificación de prestación de servicios, acceso y energía a los centros de datos. Solaria asegura que ya tiene 270 MW de capacidad asegurada para responder a la demanda de data centers y se ha puesto como objetivo 1.000 MW.

Otra de las grandes empresas españolas que quiere hacer negocio gestionando centros de datos es ACS, que ha pasado a la fase final del proceso de subasta para hacerse con Nabiax, una de las principales empresas de centros de datos de España. Nabiax se fundó en 2019 a partir de la venta de 11 centros de datos propiedad de Telefónica al fondo Asterion por 550 millones de euros. Dos años después la teleco puso otros cuatro centros encima de la mesa a cambio de un 20% de las acciones de la compañía.

A finales del pasado año Asterion y Telefónica pusieron en venta Nabiax, esperando conseguir unos 1.000 millones de euros. ACS presentó una de las pujas no vinculantes más altas por la compañía, lo que le dio acceso a la fase final, en la que recibirá datos más concretos sobre la operativa que le permitirán poner encima de la mesa una oferta vinculante. Nabiax cuenta con 28 MW de potencia instalada en España y espera que su operación de venta le permita doblarlo en pocos años.

Sin embargo este movimiento no sería ni mucho menos el primero que ACS hace en este sector. A finales de 2023 el grupo anunció la construcción de un centro de datos de 50 MW en Alcalá de Henares que espera tener operativo para 2025. De manera similar a Blackstone, la constructora comenzó hace años el viraje hacia el negocio de la infraestructura digital. Hoy cuenta en su cartera de activos con gigantes como Turner, uno de los mayores contratistas de EEUU especializado en centros de datos y gigafactorías, o con CIMIC, un gigante australiano de la construcción que también se está focalizando en estas instalaciones y ganado posiciones en la minería de cobre, aluminio, litio, cobalto o níquel, recursos clave para la industria digital.

Otra de las grandes empresas españolas en hacer un movimiento en esta dirección ha sido El Corte Inglés. La firma se ha hecho este octubre con el 100% de la filial española de KIO Networks, una compañía mexicana que se había expandido a España en los últimos años. Cuenta con un centro de datos en Murcia y ultima los preparativos para arrancar otro en Paterna (Valencia). Su potencia es mucho más modesta (2,4 MW en total) pero contará con el nivel IV se seguridad, el más alto del sector. La empresa asegura que solo hay 47 de estos centros en el mundo, cuatro de ellos en España.

La inversión de KIO en Paterna alcanzaba los 50 millones de euros. Las cifras de la adquisición por parte de El Corte Inglés no han trascendido, aunque la empresa ya contaba con el 50% de su accionariado. Fuentes de El Corte Inglés han rechazado dar más detalles sobre la operación o si está en los planes convertir sus activos inmobiliarios en centros de datos en un futuro, aunque explican que KIO seguirá operando como empresa independiente.

Hace pocos días, Neil Young publicó una canción nueva: To follow one’s own dream (Days that used to be). En realidad, no es nueva. Es una toma alternativa de Days that used to be, composición incluida en Ragged glory (1990), uno de los álbumes más rabiosos e imponentes que grabó con el trío Crazy Horse. En ella, el canadiense reflexiona sobre cómo el inflexible y pragmático presente va acorralando los ideales de antaño. La segunda estrofa es así de elocuente: “Parece fácil perseguir tu propio sueño / Pero las posesiones y el privilegio no siempre son lo que aparentan / Te arrastran y aplastan bajo un disfraz de seguridad / Nunca tuvimos que firmar este tipo de tratos en los viejos tiempos”.

Tres décadas después, Neil Young sellaba un acuerdo con el fondo inversor especializado en música Hipgnosis Song Fund según el cual le vendía todo su catálogo como autor, más de mil composiciones, y cedía el 50% de los beneficios que este generase. La cifra de la transacción rondó los 150 millones de dólares. Lo que nunca pudo imaginar el canadiense en 2021 es que su catálogo podría cambiar de manos tan pronto. El valor en bolsa de Hipgnosis (que también posee los repertorios de Shakira, Blondie y Red Hot Chili Peppers, entre otros) ha fluctuado mucho en estos tres años y no ha tardado en atraer el interés de fondos inversores que ni siquiera forman parte de la industria musical.

El último grupo inversor en ofrecer una suma millonaria por Hipgnosis es Blackstone, gigante estadounidense de las finanzas cuyo nombre es sobradamente conocido por muchos españoles ya que es segundo mayor propietario de viviendas de alquiler de España tras Caixabank. “No teníamos ni un hotel en España y ahora somos el mayor hotelero del país. No teníamos viviendas y ahora tenemos la mayor gestora de vivienda en alquiler de España”, celebraba el pasado enero Fernando Bautista, director general de Blackstone en España, al repasar el crecimiento de su empresa en la última década. La cifra que no aportaba Bautista eran la de desahucios de sus propiedades en todos estos años.

Una partida de cartas

La oferta de Blackstone por Hipgnosis Song Fund es de 1.500 millones de euros y llega solo una semana después de que Concord Chorus, empresa de Nashville especializada en derechos musicales y teatrales respaldada por el fondo inversor estadounidense Apollo Global Management, ofreciese una cifra levemente inferior: 1.400 millones de dólares. Pese a que Hipgnosis no ha dejado de adquirir catálogos (de Chrissie Hynde, Mark Ronson, 50 Cent, B-52s, Enrique Iglesias, George Benson, Skrillex, Steve Winwood…), su valor en bolsa lleva meses en caída libre. Por ello la junta directiva de Hipgnosis emitió la semana pasada un comunicado con el que recomendaba a sus accionistas aceptar cuanto antes la oferta de Concord. Un tercio de ellos aceptó, pero si ahora Blackstone ofrece una cifra incluso superior, la partida de cartas tomaría un nuevo rumbo.

Así funcionan hoy las finanzas en el mundo de la música. Los macrofestivales más importantes son ansiados por los fondos inversores y del mismo modo lo son las empresas que están amasando los repertorios más lucrativos del siglo XX. A ojos de un inversor, las canciones son simples activos cuyo valor aumenta o decae debido a circunstancias que nada tienen que ver con su impacto comercial o la popularidad que hayan adquirido sus autores en los últimos meses. Y esas fluctuaciones del mercado son el señuelo de tiburones especuladores que visualizan estos lotes de canciones a la deriva como oportunidades para especular; solo hay que comprarlos en el momento adecuado y deshacerse de ellos cuando su cotización pueda volver a bajar. Estos fondos buitre manejan los catálogos musicales con la misma frialdad que bloques de viviendas, cadenas hoteleras o hectáreas de cultivo de cualquier rincón del globo.

En apenas cinco años, Hipgnosis Song Fund ha crecido más que ninguna otra firma del sector editorial hasta acumular más de 65.000 composiciones. Lo ha logrado engullendo los catálogos de empresas competidoras como Poo Bear, Big Deal y Kobalt. Hipgnosis no tiene ninguna relación con el colectivo Hipgnosis que en los años 70 diseñó míticas portadas de álbumes de Pink Floyd, Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, Yes y Peter Gabriel. Sin embargo, en su origen juega un papel crucial otro icono de la música de los 70: Nile Rodgers, el guitarrista y líder del grupo de disco-funk Chic. El otro cerebro de esta empresa inglesa fundada en 2018 es Merck Mercuriadis, antiguo manager de Elton John, Guns N’Roses, Beyoncé, Morrissey y el propio Rodgers. Mercuriadis es el actual director de la empresa, mientras que Nile Rodgers ejerce de consejero.

Filantropía y especulación

El guitarrista estadounidense, conocido tanto por sus irresistibles riffs como por gestas filantrópicas de todo tipo (desde impulsar la fundación We Are Family hasta sumarse a un concierto en apoyo a Ucrania, pasando por tocar en favor del colectivo de músicos callejeros de Londres), ve ahora cómo el imperio editorial que ha ayudado a construir puede acabar en manos de un fondo buitre famoso por forzar la expulsión de decenas de familias mediante la rescisión de contratos de alquiler o el aumento abusivo de las cuotas. En 2019, más de 80 inquilinos de la Comunidad de Madrid se enfrentaron a Blackstone para impedir una subida de alquiler desproporcionada. En 2022, otras 40 familias madrileñas se aliaron tras recibir un burofax anunciando subidas del alquiler de hasta el 100%.

El mundo de la música transita en una dimensión paralela, pero la cotización de Hipgnosis está en caída libre. Si en septiembre de 2023 la empresa tenía un valor de mercado de 2.643 millones de euros, el mes pasado su valor ya solo era de 1.811 millones; una caída de 832 millones de euros en solo seis meses. Cuando se detectan estos seísmos, los fondos buitres huelen negocio. Y así es como los beneficios que generen títulos como Rockin’ in the free world, Crime in the city, Restless consumer y otras que denunciaban abierta o veladamente la codicia infinita del sistema capitalista puede acabar engrosando las arcas de Blackstone si la junta de accionistas de Hipgnosis acepta su oferta.

Abril de 2020. En el momento más duro de la pandemia, Samanta vivía en una habitación con su hijo recién nacido, su perro, su pareja y, cuando le tocaba la custodia, el hijo de este. Un espacio pequeño en una casa compartida con cuatro personas. La convivencia en la habitación duró poco. Cuando el pequeño cumplió cinco meses, Samanta cogió sus cosas y se fue. “Estaba desesperada”, reconoce hoy la mujer.

La desesperación llevó a Samanta a buscar piso por Milanuncios, donde encontró a un hombre que ofrecía un alquiler en el barrio del Besòs de Barcelona. El supuesto casero la citó en la parada de metro, le pidió una fianza de casi 2.000 euros y le dijo que, si lo quería, el piso era suyo y podía quedarse. Los papeles ya se los enviaría por correo electrónico y los firmarían después. Pero eso jamás pasó.

“Nos abrió las puertas, quitó la alarma. Le pagué y se largó”, explica Samanta. Todavía no había tenido tiempo ni de quitarse la chaqueta que ya tenía a los Mossos d'Esquadra en la puerta. “Resultó que aquel hombre me timó y que el piso donde estaba era en realidad propiedad de un fondo buitre”, rememora. Sin querer, se convirtió en una ocupa de Blackstone.

Los vecinos llamaron a la policía, pero al estar en medio del confinamiento, esta madre soltera convenció a los agentes, que le dejaron quedarse en el piso hasta que la volvieran a denunciar o hasta que la propiedad la desahuciara. Tres años después, Samanta se ha ganado el favor de sus vecinos, pero no el de la empresa.

“Desde el primer día he intentado contactar con Blackstone, decirles que tenía un bebé y pedirles que me hicieran un alquiler, que yo no quería estar de ocupa, con esta inseguridad”, denuncia la mujer. Según su versión, el fondo no solo se negó, sino que empezó a amenazarla. “Me decían que, si no me iba, llamarían a Servicios Sociales y me quitarían a mi hijo”, explica.

Fue en ese momento cuando dijo basta. Se acercó a la PAH, una entidad con la que ya había tenido contacto, y allí le ofrecieron demandar a Blackstone por incumplir la ley 24/2015, más conocida como ley catalana antidesahucios. Este texto obliga a los grandes propietarios de vivienda a ofrecer a los inquilinos vulnerables un alquiler social antes de iniciar los trámites de desahucio.

Desde Blackstone, por su parte, niegan “amenazas” y aseguran que por ahora no hay fecha señalada para desalojar la vivienda. “Cuando esté, atendiendo a las circunstancias de la familia, se valorarán posibles soluciones”, puntualizan. Y alegan que tampoco los servicios municipales han abierto ningún procedimiento para solicitar alquiler social.

Una ofensiva judicial

La de Samanta es una de las 16 demandas contra grandes tenedores que la justicia catalana ya ha admitido a trámite. Y vendrán más, advierten desde la PAH. Ella es, de momento, la única que tiene fecha de juicio: abril de 2024, justo 4 años después de que empezara su odisea. A pesar de que enfrentarse a un fondo no es fácil para alguien con pocos recursos, afronta el litigio con esperanza porque ya hay algún antecedente de éxito.

Si la PAH se motivó para empezar una “ofensiva judicial contra los fondos buitre” fue por una sentencia del juzgado de primera instancia de Badalona, en el que una jueza sancionó, por primera vez, a uno de estos fondos por negar el alquiler social a una familia que no podía pagar la renta y que había acreditado diversas veces su situación de vulnerabilidad. Esta sentencia “puede beneficiar a miles de personas”, apunta Lucía Delgado, portavoz de la PAH, una de las entidades promotoras de la ley.

La vida de la norma aprobada en 2015 ha sido convulsa. Poco después de su luz verde, el gobierno en funciones del PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias del Estado. El órgano de garantías acabó anulando algunos de sus artículos en 2016, pero ese no fue el final. En 2022, el PP, Vox y el Gobierno central volvieron a la ofensiva y recurrieron algunas ampliaciones y modificaciones que se hicieron del texto. Con todo, ha estado suspendido durante buena parte de su vida, lo que explica que no se hayan hecho ofensivas como estas hasta ahora.

La supuesta inconstitucionalidad de la ley es el argumento que esgrimen los fondos buitre y grandes propietarios para abstenerse de ofrecer un alquiler social. Esta postura, junto a la incapacidad —y, según Delgado, “falta de voluntad política”— de la Generalitat y los Ayuntamientos para sancionar, ha hecho que la ley, cuando ha estado activa, funcionara a medio gas.

Pero la jueza de Badalona -según la PAH- cambió el tablero de juego al decretar, por primera vez, que el artículo 5, que es el que regula la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social, pasó el filtro del Constitucional y, por lo tanto, está en vigor.

Una guía para demandar a fondos buitre

“Tenemos muchísimas ganas de activar la vía judicial contra Blackstone”, reconoce Delgado sobre el fondo americano, que tiene una larga estela de desahucios a sus espaldas. “Lanzamos el mensaje de que ahora nos toca demanadarlos a nosotras. Que saltarse la ley y desahuciar a familias vulnerables ya no va a salir gratis”, advierte la PAH.

Desde las entidades promotoras de la ley instan a todas aquellas familias que se encuentren en la misma situación que Samanta a demandar. “No hace falta que se esperen al desahucio o a que se les acabe el contrato. Tienen derecho a un alquiler social”, recuerda Delgado. Pero eso es algo que algunos abogados de oficio desconocen.

La PAH apunta a que hay muchos afectados cuyos letrados, a menudo de oficio al ser familias vulnerables, aseguran que la ley no les da cobertura y que no vale la pena demandar. Sin embargo, Delgado lo niega. La PAH ha redactado una guía para afectados y abogados para que puedan demandar a fondos y grandes tenedores. “Tenemos la suerte de tener una ley que da cobertura a todo el mundo, incluso a aquellas personas que, como Samanta, están ocupando. Pero hay que hacerla cumplir”, expone la portavoz.

“Soy una trabajadora pobre”, reconoce Samanta. Cobra 700 euros al mes, pero con ese sueldo no puede alquilar nada. En su misma finca, en un barrio periférico de Barcelona, a pesar de no tener ascensor y sufrir aluminosis, los alquileres ascienden hasta los 900 euros. “Incluso en la bolsa de alquiler social te piden un mínimo de 1.500 euros por unidad familiar”, se lamenta.

Hace años, era una de esas personas a las que la palabra “ocupa” le generaba cierto rechazo. Hoy se define como tal sin problema. “Ya no me da vergüenza. No es nada malo: he intentado pagar un alquiler por todos los medios, pero no me dejan. Soy ocupa porque el sistema me ha obligado”.  

“Hay niños en la calle y no le importa a nadie”, “de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste” o “fuera buitres de nuestros barrios” son algunos de los cánticos que se escuchan en la concentraciones vecinales impulsadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en los juzgados de Alcorcón (Madrid). Esta semana se celebraba el juicio de María y Dani, el primero de las 40 familias que se han visto afectadas por unas subidas abusivas de los alquileres por parte de Blackstone, el fondo de inversión estadounidense que dispone de aproximadamente 40.000 viviendas en España.

Son vecinas del sur de Madrid como Getafe, Aranjuez, Torrejón de Ardoz, Carabanchel o Vallecas, que hace más de un año decidieron rebelarse ante los incrementos de hasta el 70% de los alquileres de sus casas, ahora propiedad de Blackstone, pero adquiridas hace años cuando eran de titularidad pública. El contexto, por tanto, es el mismo para todas las familias afectadas y responde a la llegada de los fondos de inversión a España interesados por la gran cantidad de vivienda pública de que disponían los bancos y la Sareb, allá por 2008.

Además del alquiler, el fondo les obliga a pagar a los dos años el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la cuota de la comunidad, unos gastos que, según la ley de vivienda aprobada por el Congreso, deberán correr a cargo del propietario. No obstante, Ayuso ya avisó de que los aspectos que no sean de obligado cumplimiento no los pondrá en marcha en la Comunidad de Madrid. Las familias no han dejado de pagar el alquiler, pero se enfrentan igualmente a una propuesta de desahucio.

María lleva 15 años viviendo en un piso que anteriormente era de protección oficial. Todo cambió cuando la promotora quebró y todas las casas pasaron a manos de Testa, una de las filiales de Blackstone. Ahora proponen renovarle el contrato con una subida del 30%. “Esto no va de que pueda o no hacerle frente, es que no quiero aceptar esa subida”, exclama. Su contrato finalizó en julio del año pasado, pero sigue pagando el alquiler, algo que sí que acepta el fondo. “No hemos firmado un contrato nuevo porque no nos permiten hacerlo sin subidas ni cláusulas abusivas, pero todas queremos renovar y seguir con nuestras casas”, señaló, ante las más de 40 personas que acudieron ayer a la concentración. “Se nos llena la boca hablando de okupas porque no nos atrevemos a cuestionar que unos pocos se hagan más ricos a nuestra costa con nuestro sueldo”, finalizó.

Ramona Márquez, una jubilada de 74 años, lleva 16 años viviendo en la misma casa de Carabanchel, ahora sin contrato, y está a la espera de una nueva citación para su juicio después de que le aplazaran el que tenía previsto para el 25 de mayo. En su caso, en el 2013 Ana Botella vendió más de 1000 viviendas de titularidad pública, entre ellas la de Ramona. “Y con nosotros dentro”, lamenta. “No se nos comunicó de ninguna manera, solo nos dijeron que el propietario cambiaría pero que no nos afectaría de ninguna forma”, continua.

Desde 2016, Ramón es inquilino de Fidere, otra de las filiales de Blackstone. Igual que María, tanto él como otros 60 vecinos de Getafe recibieron en julio del año pasado una carta de finalización del contrato, que además venía con una propuesta: un contrato nuevo con una subida del alquiler que podía llegar a alcanzar el 100%. En su caso, Blackstone adquirió 240 viviendas construidas sobre suelo público, un 40% del Ayuntamiento de Getafe y el otro 60% de la Comunidad de Madrid. “La única forma de parar todo esto es organizándonos colectivamente y apoyándonos los unos a los otros”, reivindicó.

A Mamen Carretero, que vive en un apartamento de 45 metros cuadrados, le llegó hace cuatro meses el burofax en el que le anunciaban que iban a tomar medidas judiciales contra ella. Explica que quieren echarla directamente: “No quieren renovarme ni ofrecerme ninguna subida”. Ahora, el departamento jurídico que les ha facilitado el Ayuntamiento de Alcorcón está echando una mano a las familias para conseguir una mesa de negociación con los propietarios.

Es precisamente esto lo que reclaman las vecinas afectadas. “Hoy demandamos la paralización de todos los procesos judiciales y esta oleada de desahucios de Blackstone contra nosotras; también una negociación colectiva para todas”, declaraba este martes Antonio, un pensionista que lleva más de 20 años en una vivienda de protección oficial que ha acabado en manos de Testa. Cobrando poco más de 1000 euros, a Antonio le ofrecieron un alquiler con los gastos del IBI y de la comunidad que ascendería hasta los 800 euros. “El 80% de mis ingresos se irían en vivienda”, declara.

Movilización vecinal y lucha colectiva

En 2019, el Sindicato de Inquilinas le ganó la batalla a Blackstone al no querer aceptar subidas de alquileres de entre un 60% y un 100%. Después de dos años y medio de batalla, el sindicato consiguió que el fondo les aceptase nuevos contratos por siete años con las mismas condiciones que tenían. Ahora, quieren que esa victoria sirva de precedente para lo que pueda ocurrir en los juicios de estas 40 familias: “Ya les ganamos una vez”, dice Antonio. Para Ramón, la única forma de parar los alquileres abusivos y los desahucios es “organizándonos colectivamente y apoyándonos los unos a los otros”.

Y ha servido. En el juicio de ayer, Blackstone cedió y alcanzaron un acuerdo con María y Dani para evitar el desahucio. Dentro de seis meses, se irán a otra vivienda y, mientras tanto, seguirán pagando la misma cantidad que ahora. No obstante, el abogado de la pareja afirmó que ha sido una solución individual respecto a este caso en concreto, pero que en el resto “vamos a tener que seguir luchándolos y peleando”. “Blackstone ha cedido brevemente cuando ha visto toda la potencia que hay desde el sindicato y toda la que hay en la concentración de la puerta”, exclamó al salir del juicio.

La nueva Ley de Vivienda pactada por el Gobierno de coalición con ERC y EH Bildu–ya en el Senado– y la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de construir 183.000 viviendas destinadas al alquiler social conllevan varias derivadas. Por un lado, habrá fondos y firmas de inversión que se lancen a la promoción de viviendas en alquiler, que podrán beneficiarse de esta apuesta por un nuevo modelo inmobiliario que conllevará miles de millones de euros de gasto público. Actividad que también ayudará a las constructoras a acrecentar su negocio en España.

Por otro, los grandes inversores lo tendrán mucho más difícil para hacerse con el control de vivienda pública, como ocurrió en Madrid. También, para desalojar a familias vulnerables de sus inmuebles.

En ese esquema hay actores obvios, como los grandes tenedores o las firmas que ya están comercializando los activos de Sareb, el 'banco malo'. Al mismo tiempo también pueden acelerar su posición en España fondos muy activos en otros mercados donde la construcción y comercialización de vivienda social está mucho más desarrollada.

El cambio del 'banco malo'

El nuevo modelo inmobiliario de la Ley de Vivienda y el aumento del parque público afectan directamente a Sareb. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, que asumió los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas, está controlada por el Estado desde hace algo más de un año. Una situación que ha llevado a España a asumir como propios sus 35.000 millones de deuda.

Pero Sareb no es la comercializadora de sus pisos. Ahí tiene ayuda. Hace un año contrató a las firmas Anticipa-Aliseda (controladas por Blackstone) y a Hipoges (que tiene detrás al fondo KKR) como sus 'servicers'. Es decir, como las sociedades que se dedican a gestionar y comercializar sus activos. Lo hacen a través de un contrato del que no se ha desvelado su importe. Sí se sabe que ha supuesto un ahorro de más de 150 millones para Sareb respecto a sus anteriores 'servicers'.

De esta forma, Blackstone y KKR se convierten, salvo que en el futuro cambie el modelo, en las firmas que tienen que gestionar la mayor parte de la cartera de 50.000 viviendas de Sareb que van a pasar a formar parte del parque de vivienda en alquiler asequible. En este mapa se pueden consultar dónde están los pisos del 'banco malo' municipio a municipio. 

En ese parque de inmuebles de Sareb, hay otra bolsa de pisos que ya están habitados y donde viven personas en situación de vulnerabilidad. Ahí la gestión queda en manos de Servihabitat (controlada por la firma Lone Star y CaixaBank). Lone Star es uno de los grandes fondos estadounidenses dedicados al ladrillo. Desde su creación, en 1995, ha sumado casi 86.000 millones de dólares (casi 78.000 millones de euros) con lo que puede invertir en el sector inmobiliario.

El doble papel de Blackstone 

Blackstone forma parte del negocio de Sareb pero también es uno de los grandes propietarios de pisos en España. Es uno de los grandes tenedores y fue el fondo que compró en 2014 más de 1.800 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, muy por debajo del precio tasado. También es el dueño de Testa, una sociedad de inversión en activos en alquiler (Socimi) que se calcula que tiene entre 15.000 y 20.000 pisos, o de Albinara Properties y Fidere. 

El fondo estadounidense podría estar replanteándose su modelo de inversión en el mercado inmobiliario español, según las informaciones publicadas el pasado otoño. De momento, lo que está haciendo Blackstone es realizar desinversiones puntuales de inmuebles, por ejemplo con ventas al brazo inmobiliario del grupo asegurador Axa. 

Junto con ese gigante norteamericano, otros grandes propietarios de viviendas en alquiler en España son Lazora –rebautizada como Nestar–, Vivenio Residencial o Tempore Properties, todos ellos con carteras estimadas por encima de las 2.000 viviendas.

Estas firmas tienen capacidad para aumentar su apuesta por el alquiler en España pero también, según la futura Ley, tendrán que cambiar su modus operandi cuando quieran desalojar a inquilinos vulnerables que estén ocupando sus viviendas. Con la nueva regulación, tendrán que poner en marcha un procedimiento de intermediación, destinado a buscar una alternativa habitacional.

Los operadores que pueden crecer

Junto a los operadores que ya están en España hay otros que pueden aprovechar que se potencia la vivienda social para ampliar su hueco en este mercado. De hecho, la Ley de Vivienda “apuesta por unos parques públicos que se nutrirán del desarrollo urbanístico y edificatorio de suelos de titularidad pública, para lo que pueden contar con fórmulas de colaboración público-privada”, según recoge el texto.

Se puede tomar como referencia lo sucedido en el mercado británico. Allí, firmas como Schroders se han lanzado al desarrollo de vivienda asequible, lo que les permite mejorar las notas ESG, las ligadas a actividades vinculadas a la sostenibilidad medioambiental o social. En ese país, según explica esta firma en su web, su estrategia “se centra en viviendas asequibles de alta calidad (...) en áreas definidas como desfavorecidas por el Gobierno del Reino Unido”.

Otra firma que se ha planteado crecer en España es Nuveen, una gestora con activos que superan los 6.000 millones de dólares y que forma parte de TIAA, la firma que canaliza las pensiones de los maestros de Estados Unidos. Hace unos meses, según publicó el diario Cinco Días, Nuveen estaba buscando un socio para construir un megaproyecto de 5.000 viviendas en alquiler en España.

En Países Bajos, donde un 30% del parque de viviendas se destina al alquiler asequible –frente a algo más del 2% en España– el fondo inmobiliario Altera roza las 6.000 viviendas, una cartera similar en tamaño a la que está desarrollando la Comunidad de Madrid.  

Un modelo público que no podrá pasar a manos privadas

Entre los fondos que pierden –o no ganan– con las nuevas medidas en materia de vivienda están los que aspiran con hacerse con el control de carteras de inmuebles públicos. La Ley trata de evitar que vuelvan a repetirse indebidas enajenaciones del parque público de vivienda.

La pasada semana, en su debate en el Senado, Pedro Sánchez buscó comparar este modelo con el de los gobiernos del Partido Popular “que deriva” de “un modelo neoliberal que consiste, primero, en dejar de construir viviendas públicas y vender las que ya existían a fondos buitre. Y, segundo, liberalizar terrenos y dar rienda suelta a las grandes constructoras”, aseguró.

La Ley garantiza, según recoge el texto, que la vivienda protegida, ya sea social o de precio limitado, no pueda descalificarse. Con algún matiz, porque pone como excepción que sean viviendas promovidas sobre suelos cuya calificación urbanística no imponga ese destino y que no cuenten con ayudas públicas para su promoción. También, enumera, en aquellos casos que haya una justificación por las normativas autonómicas. En ningún caso, también en esas excepciones, el periodo en el que se produzca ese cambio de tipología no puede ser inferior a 30 años.

Hace una semana, Blackstone anunciaba la venta de su participación en dos de los casinos más célebres de Las Vegas, MGM Grand y Mandalay Bay, por algo menos de 1.300 millones de dólares. A priori, una operación más en las compraventas de los grandes fondos del sector inmobiliario en busca de rentabilidades. Sin embargo, los analistas han vinculado esta operación con los problemas que pocos días después se conocieron del gigante de la inversión, quien ha tenido que limitar las retiradas de dinero de sus inversores ante la avalancha de solicitudes. Tras ello, fue el turno de Starwood, otro de los grandes del sector, que también anunció un límite similar.

Blackstone —no confundir con Blackrock, uno de los mayores inversores en Bolsa del mundo— es uno de los gigantes de la inversión en capital riesgo y uno de los mayores propietarios de inmuebles del mundo. En España es muy conocido por ser el mayor casero y propietario de viviendas en alquiler a través de sus distintas socimis, así como por haber sido el comprador de la vivienda pública madrileña en una muy polémica operación que llegó a la Justicia. Blackstone ha ganado músculo en España en los últimos años con operaciones como la compra del ladrillo tóxico del Banco Santander, entre otros acuerdos con los que ha engordado una cartera con miles de activos.

Ha sido el primero en reconocer problemas en los últimos días. En concreto, esta crisis se centra en Breit o Blackstone Real Estate Income Trust, un gran fondo de inversión en inmuebles en EEUU con más de 70.000 millones de dólares en activos. Algunos medios se han referido a este gigante como la principal inmobiliaria no cotizada del mundo. Durante los últimos meses, Breit comenzó a recibir solicitudes millonarias de retirada de capital por parte de inversores. Por ello, tuvo que anunciar limitaciones para cubrir estas salidas de dinero de sus fondos.

Este tipo de fondos funcionan, a grandes rasgos, de la siguiente manera: se crea el fondo y se levanta —como se dice en el argot del sector— capital de inversores privados. Son habitualmente grandes inversores, ya que el capital riesgo tiene tradicionalmente inversiones mínimas que dejan fuera a los inversores de menor tamaño. En el caso de Breit, se centra su inversión en un tipo de activos, el inmobiliario, que es muy poco líquido. Es decir, es difícil convertirlo en dinero para cubrir las peticiones de retiradas. Por eso, esta inversión suele ser a largo plazo.

Sin embargo, esta propia naturaleza del fondo es la que se ha resquebrajado en los últimos días. Blackstone comenzó a recibir multitud de solicitudes de inversores, especialmente asiáticos, para la retirada del dinero. Aunque este tipo de vehículos suelen contar con algo de liquidez para cubrir estos escenarios, el volumen de solicitudes hizo a Breit tener que limitar estas retiradas. De hecho, distintos medios como la CNBC o el Financial Times han vinculado esa operación en Las Vegas con tener más dinero para realizar estas salidas.

El problema de retiradas comenzó a percibirse a comienzos del verano, al principio solo procedente de Asia. En estos mercados, ya entonces, surgió preocupación por el sector inmobiliario. Por contextualizar, eran los meses en los que todos los ojos del sector financiero se dirigían a la inmobiliaria china Evergrande, cuya caída se dio por hecha por sus graves problemas en sus cuentas. Posteriormente, la preocupación llegó también a los inversores estadounidenses de Breit, haciendo más notable el problema para Blackstone.

La situación, en un principio, podría haberse quedado ahí. Sin embargo, este lunes Barron's, un medio estadounidense vinculado al periódico The Wall Street Journal, desveló que la situación se estaba repitiendo en uno de los principales competidores de Blackstone, Starwood. Sreit, un vehículo de inversión de esta gestora con más de 30.000 millones de dólares en activos inmobiliarios, también ha comenzado a aplicar límites a las retiradas de capital de los inversores. Se le considera, tras el de Blackstone, el segundo fondo inmobiliario no cotizado más grande del mundo.

En el caso de Starwood, frente al de Blackstone, hay una parte de los activos que se encuentran fuera de EEUU. También en España. Sreit es, por ejemplo, el fondo propietario del Hotel Iberostar Las Dalias, en Tenerife.

Límites a las retiradas

Los fondos inmobiliarios no cotizados, como Breit y Sreit, cuentan con un límite para las retiradas de sus clientes. De este modo, se intenta evitar el colapso del fondo y tener que vender activos y poner en duda su viabilidad futura. Es el escenario que se le ha dibujado a estos dos vehículos de inversión en las últimas semanas. En el caso de Blackstone, el más grande, salieron 3.000 millones de dólares entre octubre y noviembre, según ha informado Reuters. Breit solo cubrió el 43% de las peticiones y Sreit, el 63%.

Ambos fondos cuentan con una historia similar. Se trata de vehículos alternativos de inversión creados para captar el dinero de grandes fortunas, ávidas de encontrar otras vías de rentabilidad que no pasen por la Bolsa. Blackstone logró dar en la tecla con este fondo, ofreciendo grandes dividendos gracias al crecimiento que han tenido los alquileres en EEUU, tanto en vivienda como en logística. Su progreso durante los dos últimos años, llegando a duplicar su tamaño, ha contrastado con una evolución en Bolsa a la baja de las inmobiliarias que sí cotizan en bolsa. Por ejemplo, este año Breit crece un 9%, frente a las caídas de más del 20% de las cotizadas.

Este tipo de iniciativas se han visto aceleradas por un contexto en el que el mercado financiero estaba lleno de liquidez gracias a las políticas expansionistas con bajos tipos de interés de las autoridades monetarias, tanto en EEUU como en Europa. Pero la guerra de Ucrania, la crisis energética y la subida de precios ha cambiado el tono de los bancos centrales, que han apretado el cinturón con una contundente subida de los tipos. A ello se han unido las expectativas de freno en el sector inmobiliario, por la posible sobrevaloración de activos.

En este contexto, el éxito de Breit va camino de volverse en su contra. Con las caídas en Bolsa de los fondos que cotizan en esos mercados, los inversores buscan recuperar dinero de sus inversiones que sí son rentables para cubrir las pérdidas. Las malas expectativas sobre el sector inmobiliario tampoco juegan a favor de la valoración futura de los activos del fondo. Por ello, se han acelerado las peticiones hasta superarse los niveles a partir de los cuales los gestores tienen que poner un límite. Además, desde hace semanas, los medios en EEUU se hacen eco de la preocupación de los inversores por si estos fondos no cotizados están sobrevalorando sus activos.

Esta situación corre el riesgo de convertirse en una bola de nieve para Blackstone y para otros fondos similares. El temor ante los límites a las retiradas puede provocar, según apuntan los medios especializados en EEUU, a que se reproduzcan estas situaciones en los próximos meses. Aunque Breit no cotiza, sí lo hace Blackstone. En las cinco últimas sesiones se ha dejado un 12% de su valor en Bolsa, un escenario acelerado tras conocerse los problemas del que era una de las joyas de sus fondos. El gigante inversor se ha dejado la mitad de su valor desde su máximo histórico, alcanzado en noviembre del año pasado. Bancos de inversión como Barclays han bajado la calificación de Blackstone y advierten del riesgo reputacional que supone esta situación para el todopoderoso fondo. Estos analistas consideran que la gestora podría verse en una espiral de venta de activos, como los casinos de Las Vegas, para cumplir con los reembolsos si no puede recuperar la confianza de sus inversores.

Aunque los casos de Blackstone y Starwood no han levantado, por el momento, una preocupación generalizada en los mercados financieros y sus problemas están muy vinculados con su propia naturaleza como entidades no cotizadas, son múltiples las alusiones en las crónicas de estos días a la crisis de 2008. La situación se antoja distinta ahora, pero medios como la agencia Bloomberg, referencia de la información económica del mundo anglosajón, advertía de que este caso es un “indicador escalofriante” para el sector inmobiliario. Tras unos años de crecimiento, la sombra de un freno radical en este mercado, vuelve a tomar forma en Estados Unidos.

El fondo de inversión Blackstone y sus filiales inmobiliarias continúan intentando hacer caja con la operación que a partir de 2013 emprendieron para hacerse con la propiedad de viviendas de alquiler con precios públicos en la Comunidad de Madrid. Tras comprar a precio de saldo con todas las facilidades del gobierno regional, el fondo sigue una estrategia de fondo, que se repite por varios municipios madrileños con ligeras variantes: esperar a que el plazo legal expire para subir los precios drásticamente, hasta un 70% de una tacada, con el objetivo de echar a los inquilinos. No sin resistencia; a finales del año pasado, los vecinos de una promoción de Torrejón de Ardoz doblegaron al gigante, que ante una demanda colectiva por cláusulas abusivas se avino a negociar. La situación se reproduce ahora en Getafe.

Unas 50 familias del barrio de Buenavista han visto cómo sus contratos a precios tasados han caducado este 3 de octubre, 10 años después de entrar a vivir en las casas. El resultado es que pisos de un dormitorio por los que se pagaban algo más de 500 euros pasen a costar ahora más de 800, u otros algo más grandes suban de 750 euros mensuales a 1.040. Ante la proximidad del vencimiento y fijándose en el éxito de Torrejón, 30 de las 50 familias –el resto desistieron– se han organizado para reclamar que la subida se modere, con el apoyo del Sindicato de Inquilinas. Pero Fidere no quiere otro Torrejón en Getafe, como quedó claro el martes por la tarde ante la rueda de prensa de los inquilinos para informar de su decisión de resistir. El encuentro se iba a desarrollar en la urbanización, pero dos guardias de seguridad contratados al efecto prohibieron a los vecinos hacer uso de las instalaciones. “Han venido tres matones a echarnos”, protestaba una afectada en la acera de enfrente, donde se improvisó una protesta al aire libre.

“Nos están echando de nuestros barrios. Luchamos para conseguir una mesa de negociación”, dice Raquel, una de las afectadas. “Ellos [Fidere] dicen que son precios de mercado, pero ¿[quién fija] cuáles son? Nosotros tenemos sueldos normales… La respuesta son demandas de desahucio”, añade, sentada ante una mesa en la acera, junto a un solar descampado frente a los bloques de viviendas en disputa. Nuria Martín, de 42 años, compró un piso de 55 metros cuadrados, por el que venía pagando 610 euros mensuales. Ahora le piden 1.100. Pudo ejercer una opción de contra, pero los 130.000 euros de la tasación original habían pasado a ser el doble. 

Al oírla, Olga Zasyedko, de 47 años, interrumpe: “¿Esto que es, La Moraleja?”. Olga vive en un bloque de Alcorcón en situación similar al de Nuria. Se le suma ahora que tiene en casa a una cuñada y sus dos hijos menores, huidos de Ucrania por la guerra. “Allí la gente se muere, pero los que vienen aquí también tienen que luchar”, dice la mujer, que vive en España desde 1999“.  

“Las cláusulas son tan abusivas”, continúa Raquel. Los contratos incluyen seguros del hogar, el pago del IBI, y en el articulado ya se avisa de que no habrá otras prórrogas. Las demandas de desahucio por fin de contrato –aquí no hay impagos, pues los vecinos siguen depositando los alquileres mensualmente– ya han empezado a llegar a los buzones.

Alquileres justos frente al “gran apetito inversor”

El Sindicato de Inquilinas entiende que lo que convierte a Fidere en un casero tan despreocupado es que no tiene vocación de serlo, sino de sacar el mayor rendimiento en el menor tiempo. “Les dan igual viviendas, que casas de apuestas o residencias [de mayores]”, dice Alicia, una portavoz, que censura la próxima celebración en Madrid del congreso de gestores de carteras inmobiliarias, previsto para este mes. Ya va por su carta edición, y este año los organizadores destacan el “gran apetito inversor”, no empañado por la incertidumbre macroeconómica general. La contrapartida de esa hambre son situaciones como las de Getafe.

El acto termina y Ramona Márquez, vecina de Carabanchel, se acerca a la parada del autobús de vuelta a Madrid. Ha venido para dar apoyo a una comunidad en situación similar a la suya. A sus 73 años, explica que las fuerzas le van fallando, que su hija le pregunta si el esfuerzo vale la pena. Ella cree que sí; quiere dejarle algo en herencia, ahora la hija vive en pareja, pero quién sabe qué pasará en el futuro, explica. Lleva en su piso desde finales de 2006, Fidere le ha subido el alquiler y no le llega la pensión. Se niega a pagar de más: “Entramos felices y nos han destrozado”. 

En mayo de 2019 comenzó a gestarse un movimiento. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid decidía plantar cara a Blackstone, un fondo de inversión estadounidense —o fondo buitre, como señalan desde el sindicato— dueño de sus casas. Su casero había enviado un burofax de renovación del contrato de alquiler con subidas abusivas, de entre el 60% y el 100%, según detallan desde el sindicato, al que comenzaron a unirse vecinos de todas partes de la región. Tras dos años de protestas, presión vecinal y una demanda colectiva, el sindicato lograba un acuerdo. Los inquilinos consiguieron firmar 84 nuevos contratos sin subidas abusivas, por una duración de siete años y con otros tres más prorrogables. 

El hecho de que el fondo buitre cediera ante la presión, accediera a negociar y aceptara las exigencias del sindicato, supuso un hito que los inquilinos no olvidan, y recuerdan en cada manifestación. “Ya ganamos una vez”, corean, porque creen que pueden conseguirlo de nuevo con el resto de contratos que van expirando. Su lucha continúa y las manifestaciones y protestas también.

El último golpe

El mes pasado, los huéspedes y trabajadores de los hoteles Axel de Madrid y Ramblas Vincci de Barcelona, ambos propiedad de Blackstone, presenciaron la última protesta del sindicato. “Fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos de nuestras casas”, coreaban los manifestantes mientras atravesaban las puertas del hotel Axel. El objetivo de los manifestantes era exigir, a través de este “método de presión”, la negociación colectiva de los alquileres de sus casas, que son propiedad del mismo fondo.

En la entrada del hotel situado en el centro de la capital, micrófono en mano y con los turistas, la Policía y los cerca de 50 manifestantes como público, Valeria, una de las coordinadoras del Sindicato, explicaba cuál era su lucha: “Acabar con la especulación”. “Este es un modelo de negocio centrado en hacerse cada vez más y más rico, en medida que nosotras nos hacemos cada vez más y más pobres”, aseguraba la activista, que daba voz a sus compañeros, que denunciaban las venta de sus casas, destinadas en un principio a alquiler social, “a precio de ganga”. “Con gente dentro, gente con pocos recursos”, espetaba uno; “con niños dentro”, añadía otra de las manifestantes, y Valeria lo matizaba: “Con gente que lo único que queremos es tener un sitio y construir un hogar”. “Basta de cargarse nuestros barrios a la vez que nos echa de ellos”, coreaba.

Los manifestantes no solo buscaban conseguir la negociación colectiva de los contratos de sus pisos, sino también denunciar la especulación de Blackstone a través de la compra y gestión de hoteles, con la consecuente gentrificación de los barrios del centro. Las protestas, que han sido coordinadas por el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de las dos ciudades, buscaban que los turistas que se hospedaban en los hoteles recibiesen el mensaje de que “Blackstone abusa de sus inquilinos como parte de su modelo de negocio”.

En un comunicado remitido a este diario, la compañía niega estas acusaciones y asegura que cumple “rigurosamente con las normas vigentes en España” y que actúa con “profesionalidad, responsabilidad y transparencia”.

1.806 viviendas para alquiler social vendidas a Blackstone

Los inquilinos son víctimas de la especulación pero, también, de la mala gestión y del abandono de la Administración madrileña. Son los que sufren las consecuencias de la venta de sus casas de protección oficial a un fondo buitre. En 2013, durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, el fondo de inversiones adquirió 1.806 viviendas públicas, dedicadas al alquiler social, por 128,5 millones de euros. El escándalo llegó a los tribunales y sentó en el banquillo de los acusados a los responsables directos de la venta: Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria de Blackstone, sin embargo, ambos fueron absueltos. El Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a su equipo a pagar 25 millones de euros por esa venta, pero finalmente revocó la condena gracias al voto de dos consejeros propuestos por el PP.

Rosa, vecina de Vallecas, es una de las afectadas. “Mi piso era de la Empresa Municipal de la Vivienda y lo compró el fondo buitre Blackstone el 2013”, cuenta. Este mes, tras el fin del contrato y de dos prorrogas por la situación derivada de la pandemia de la COVID, el propietario de su casa le da dos opciones: pagar un 40% más o irse. Rosa señala que, hasta ahora, pagaba 610 euros, pero desde la compañía quieren que le se sume 240 más, un precio que, explica, no puede afrontar porque supone casi la totalidad de su sueldo. “Cuando les dices que no, te dicen que no van a negociar con el sindicato bajo ningún concepto y que es lo que hay”, explica , aunque ella continúa con la lucha por su casa, en la que vive desde hace 12 años y que le fue adjudicada tras 13 años de espera. Rosa cuenta que muchos vecinos de su bloque, construido por la Administración para viviendas de alquiler social y vendido por la misma, atraviesan la misma situación que ella. “Los vecinos (aquellos que tenían un contrato público) se han ido por miedo, y ahora, hay muchos con contratos engañosos de los que entraron nuevos”, detalla la mujer.

Divide y vencerás, la estrategia del fondo buitre

Desde el sindicato también denuncian que, ahora, Blackstone se ha centrado en vender parte de su su cartera de vivienda, y que su estrategia principal pasa por expulsar a los inquilinos a través de subidas de precio de hasta el 60% y la no renovación de contratos. Para conseguirlo, juegan al “divide y vencerás”, explican desde el sindicato, es decir, ofrecen condiciones distintas o prorrogas diferentes para “debilitar” a todo el grupo, que lo que busca es una negociación colectiva, aunque, aseguran, no van a ceder. Como Antonio y Mari, que han renunciado a la propuesta del fondo americano de blindar su alquiler sin subidas, porque la compañía se lo había ofrecido solo a ellos. El matrimonio busca que la compañía se siente a negociar con todos los afectados.

El mayor propietario de vivienda y hoteles en España

Blackstone es el mayor casero de España. El fondo buitre supera las 30.000 propiedades en territorio español, según datos de 2019, y la mayoría se encuentran en Barcelona y Madrid. Pero no solo cuenta con viviendas para venta y alquiler en su cartera, también con hoteles repartidos por toda España. Desde el sindicato, señalan que se ha convertido en el “mayor propietario de hoteles del estado” a través Hotel Investment Partners (HI Partners), que se define como “principal inversor en hoteles vacacionales en el sur de Europa, con 21.352 habitaciones ubicadas en los principales destinos turísticos de España, Italia, Grecia y Portugal”. El fondo ya cuenta con más de 70 propiedades de este tipo, bajo conocidas firmas como Meliá, Marriott o Axel.

Los activistas denuncian que, con este tipo de turismo, que pretende “seguir creciendo cada año”, va a continuar “agravándose la expulsión de vecinas, la pérdida del comercio de proximidad, la saturación de calles, plazas y transporte público, la contaminación ambiental y la precarización laboral que caracteriza el sector de la industria turística”. “Con la inversión que Blackstone está haciendo en hoteles, se refuerza un proceso de turistificación insostenible en Barcelona, Madrid y otros tantos lugares”, aseguran.