El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha defendido este miércoles que el fichaje de Marta Ríos por QTS, la compañía de centros de datos controlada por el fondo de inversión Blackstone, “cumple con toda la normativa”. Lo ha hecho en la presentación del Proyecto Rhodes, el campus que la multinacional levantará en Calatorao y cuya llegada a Aragón facilitó la propia Ríos como directora de Inversiones Estratégicas autonómica. Pero la norma que invoca el presidente, la ley estatal de incompatibilidades de 1984, regula la compatibilidad de quienes trabajan para la Administración mientras están en su puesto y no impone ninguna restricción a su actividad privada una vez que lo dejan.

El presidente ha construido su defensa sobre la secuencia de los hechos. “Cuando dejó el Gobierno de Aragón se fue a la MAZ”, ha recordado en referencia a la Mutua de Accidentes de Zaragoza, donde Ríos ejerció como directiva este verano durante apenas mes y medio. “Y se ha ido de esa empresa a QTS cuando este proyecto está prácticamente finalizado”, ha añadido. Según Azcón, nadie aceptaría un empleo sabiendo que lo iba a dejar mes y medio después, de modo que, a su juicio, la oferta de QTS le llegó cuando ya estaba en el mercado laboral y sin relación con su labor en el Gobierno.

Azcón ha asegurado también que Ríos no trabajará en el Proyecto Rhodes, sino en otras iniciativas de Blackstone en Europa, y ha atribuido el fichaje a su trayectoria. “Su valía profesional es la que explica que esa empresa se haya fijado en ella”, ha afirmado el presidente, que ha recordado que su Gobierno la convenció para incorporarse a la Administración autonómica tras una carrera de más de dos décadas en Adidas.

Una ley sin restricciones tras el cese

“La que se le aplica no depende del Gobierno de Aragón, sino de España. Es una normativa del año 84”, ha sostenido Azcón. Con esa referencia a la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el presidente ha hecho explícita la tesis del Ejecutivo: Ríos era personal eventual, no un alto cargo, y por tanto queda fuera del régimen de limitaciones tras el cese de la ley aragonesa de Integridad y Ética Públicas. Frente a la propuesta del PSOE de reformar esa ley, Azcón ha replicado que, si los socialistas quieren cambiar la normativa, deben “pedírselo a Pedro Sánchez”, en alusión a una ley estatal que aprobó el Gobierno socialista de Felipe González.

La normativa aragonesa, aprobada en 2017 durante el primer Gobierno de Javier Lambán, sí contempla esas limitaciones. Su artículo 53 prohíbe durante los dos años siguientes al cese realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos en los que el cargo haya emitido un informe preceptivo y vinculante, haya dictado resolución o haya presentado propuestas al Consejo de Gobierno. Además, obliga a declarar la nueva actividad ante el órgano competente en conflictos de intereses antes de iniciarla. La Administración tiene un mes para pronunciarse y, si no lo hace, el silencio es positivo.

La discusión está en si Ríos entra en ese régimen. El artículo 4 de la ley no incluye a los asesores, pero sí a los “directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno”. El decreto de 28 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 9 de octubre, no la nombró asesora, sino 'Directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón'. El organigrama oficial de la Presidencia la distinguía, además, de los asesores del mismo gabinete.

Si la ley aragonesa le fuera aplicable, el argumento del mes y medio en la MAZ tendría poco recorrido: el plazo de dos años se cuenta desde el cese, con independencia de los empleos intermedios. Sí tendría más peso el hecho de que Ríos no trabajará en Calatorao, porque la prohibición afecta a actividades relacionadas con los procedimientos en los que intervino. Aunque el proyecto que Azcón da por “prácticamente finalizado” es el mismo que presentaba en ese acto. Y según la documentación del Gobierno citada por el PSOE, QTS será su promotora delegada y, después, su gestora.

El Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, la única consejería en manos de Contigo/Zurekin, se encuentra inmerso en una negociación con fondos buitre para recuperar unas 600 viviendas que han perdido recientemente la calificación de VPO de alquiler. Se trata de inmuebles construidos hace años con financiación pública y que, fruto de “la herencia recibida”, perdieron la protección y pasaron a manos de inversores. En Navarra ahora la calificación de las VPO, también en régimen de alquiler, es permanente.

Según ha avanzado la consejera del ramo, Begoña Alfaro, para la negociación de la compra de estas viviendas se va a disponer de 22 millones de euros de los presupuestos del 2027, así como “parte del superávit” del ejercicio anterior, que no ha concretado. Tal y como ha apuntado, Testa, filial del fondo Blackestone, se ha mostrado partidario de vender esas viviendas porque ya no les resulta “tan rentable” tener vivienda en Navarra por la declaración de zonas tensionadas que ha topado el precio de los alquileres en las principales localidades, como en Pamplona o Tudela.

“La declaración de vivienda protegida indefinida, tanto en compraventa como en alquiler, hace que para ellos Navarra ya no sea un territorio amable, sino que sea un territorio del que huir. Nosotras estaremos encantadas de que se vayan porque bastante daño han hecho ya”, ha aseverado.

Con todo, ha señalado que tratarán de adquirir las viviendas por el precio “más bajo posible” y que es precisamente esa, el precio, lo que está provocando que la negociación se alargue. “Por ahora no quiero dar más detalles porque detrás de esto hay muchas familias y no quiero generar falsas expectativas”, ha apostillado Alfaro.

También ha afirmado que le “repatea” tener que recurrir a esta situación que supondrá “pagar dos veces por el mismo bien”. “Vamos a recomprar con el dinero de todos los navarros y navarras unas viviendas que fueron construidas con el esfuerzo de todas y de todos. Pero esta es la situación que hemos heredado y la vamos a afrontar sin duda defendiendo las arcas públicas y a los cientos de familias afectadas”, ha asegurado.

Sobre los decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno central y que deberán ser refrendados por el Congreso el viernes, la consejera navarra ha celebrado que suponen “un avance” en esta materia y ha señalado que siguen “el camino por el que ya ha optado Navarra hace muchísimo tiempo”. Así, ha apelado a los grupos del Congreso para que los aprueben y se ha dirigido en concreto al diputado de UPN, Alberto Cataán, para preguntarle “con quién se va a alinear, si con los intereses económicos de fondos como Testa Blackstone o Catella o con los cientos de familias navarras que viven en la total incertidumbre por el afán especulativo de estos mismos fondos”. “Estaría bien saber si UPN está con el navarrismo folclórico o con el navarrismo de los derechos sociales que desde luego nosotras y nosotros sí que defendemos”, ha expuesto.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la aprobación definitiva parcial –afecta solo a parte del complejo– como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por la firma QTS, filial de Blackstone, para el desarrollo de un campus de centros de datos en Calatorao. Una actuación cuya inversión total se aproximará a los 13.500 millones de euros, según el jefe del Ejecutivo, quien ha relativizado la pérdida de ingresos por parte del Ayuntamiento debido a la tramitación autonómica y que ha criticado las quejas del alcalde, el socialista David Felipe, sobre la falta de acompañamiento del Gobierno en sus peticiones a la multinacional.

“Me sorprende”, ha manifestado Azcón. La jornada anterior, en declaraciones a medios de comunicación, el primer edil reclamó al Ejecutivo autonómico que acelere la construcción de “vivienda púbica” en la localidad para poder acoger a los empleados del centro de datos, y que Zaragoza capital no vuelva a ejercer el efecto de agujero negro con la población respecto del entorno. Y, por el otro, Felipe lamentó el “desamparo” y la ausencia de “tutela” del Gobierno de Azcón con los ayuntamientos a la hora de negociar con multinacionales como Blackstone las compensaciones por la merma tributaria que supone el impulso de los PIGA.

De hecho, el alcalde cifra en torno a 50 millones de euros lo que QTS se va a ahorrar con el proyecto al eludir el pago del impuesto de construcciones, el ICIO, algo derivado del mencionado PIGA. A cambio, el Ayuntamiento ha arrancado a Blackstone compromisos para que construya una balsa de agua y una potabilizadora, valorados en unos tres millones de euros.

Este miércoles, Azcón ha mencionado de forma recurrente que el Consistorio ingresará “un millón de euros anuales” en concepto de IBI y de IAE, lo que supone “casi un 40% los ingresos” actuales municipales. Lo que el presidente ha omitido en un principio es que esos ingresos no serán en todo caso una realidad hasta que el proyecto esté completamente desplegado, algo que no sucederá antes de finales de la próxima década. Cuestionado al respecto, ha reconocido que el IBI y el IAE se irán percibiendo “de forma escalonada” desde 2028, cuando está previsto que “las primeras infraestructuras tecnológicas empiecen a funcionar”.

“Me extraña”

Sobre esta merma impositiva, el jefe del Ejecutivo ha recordado que proviene de una normativa impusada por el Gobierno del socialista Javier Lambán: “No la hemos inventado nosotros”. Los alcaldes, eso sí, se quejan de que en esa etapa el Ejecutivo intervenía directamente en las negociaciones y ahora no. Y ha criticado: “Ninguno de los alcaldes suele poner esos problemas encima de la mesa cuando la inversión se debate, sino cuando ya está decidida. Esta es la realidad”, ha apuntado.

También ha confrontado directamente con el alcalde de Calatorao en cuanto a su petición de colaboración. “Me sabe malo porque no quiero rememorar la frase de 'si necesitan ayuda que la pidan'”, ha ironizado, en alusión a Pedro Sánchez con la dana de Valencia. Pero me extraña que cuando el alcalde ha negociado todo lo que consideraba oportuno diga que le hubiera gustado tener ayuda del Gobierno de Aragón. Le hubiéramos ayudado de mil amores“, ha apuntado.

Respecto del proyecto en sí, Azcón ha elevado la inversión hasta los 13.471 millones de euros, mientras que la creación de puestos de trabajo prevista es de 3.400 empleos, cifra que integra las fases de construcción y de explotación. La primera fase se completará en 2035 y entonces comenzará la segunda, de duración indeterminada.

Suelo ya calificado como industrial

El campus se ubicará junto a la A-2, sobre una superficie de 223,4 hectáreas de suelo industrial ya clasificado para este uso. Se trata de un terreno ya calificado como industrial, lo que ha ayudado a acelerar los trámites, y que llevaba más de una década sin desarrollar.

Durante la primera fase se prevé la construcción de ocho edificios de centros de datos, una subestación eléctrica propia, infraestructuras de abastecimiento, drenaje, telecomunicaciones y accesos y una planta fotovoltaica de autoconsumo. Aquí se prevé la creación de 1.200 empleos directos para la construcción y hasta 200 puestos cuando el campus entre en funcionamiento. La segunda fase permitirá ampliar el complejo con cinco centros de datos adicionales y nuevos desarrollos logísticos o tecnológicos.

Este proyecto es “uno de los más importantes en Aragón y España”, ha enfatizado Azcón, y ha destacado que tiene asegurado el acceso a la red energética y que “va a significar un motor de desarrollo fundamental no solo para la zona –el corredor del Jalón–, sino para el área metropolitana de Zaragoza”.

El campus de centros de datos que Blackstone proyecta en Calatorao, a 50 kilómetros de Zaragoza, ya puede empezar a transformar 223 hectáreas junto a la autovía A-2. El Consejo de Gobierno aprobó el lunes, de forma definitiva pero parcial, el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por Calanza Inmuebles SL, sociedad controlada por el fondo de inversión estadounidense. El acuerdo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), da luz verde a la urbanización del sector, la subestación eléctrica, las líneas de alta y media tensión y las redes de agua y drenaje. Lo que continúa en trámites es la actividad que justifica todo lo anterior: los ocho edificios de centros de datos, cuya evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada continúan en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

La noticia llega apenas unos días después de que se conociese que la exdirectora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Azcón, una de las personas que facilitó precisamente la llegada de Blackstone a Calatorao, haya fichado por QTS Data Centers, la firma de Blackstone que gestiona el centro de datos de la localidad zaragozana.

Con 650 megavatios de capacidad eléctrica prevista en su primera fase, según la documentación del propio expediente, Rhodes es la mayor granja de servidores proyectada en Aragón y se sitúa entre las principales a nivel nacional. La aprobación ahora publicada incluye toda la documentación urbanística: normas, plan de etapas, estudio económico y el proyecto de reparcelación. También el proyecto de urbanización y los cuatro proyectos de conexiones exteriores. Entre ellos figuran una subestación, la línea de 220 kV desde la subestación de Red Eléctrica en Calatorao y la de 15 kV desde La Almunia de Doña Godina.

El acuerdo reconoce a todos esos proyectos la condición de “directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística”, al tratarse de un PIGA. Las normas del plan permiten además simultanear la urbanización y la edificación. El propio texto admite que la aprobación total del plan no es posible mientras el Inaga no resuelva la autorización ambiental integrada del centro de datos. Sin embargo, considera que “nada impide” aprobar antes los proyectos “autónomos e independientes” que ya cuentan con informe ambiental.

Las obras siguen sujetas a autorizaciones sectoriales. Las líneas eléctricas necesitan autorización administrativa previa y de construcción. La modificación del enlace de la salida 284 de la A-2 requiere el visto bueno del Ministerio de Transportes, que ha condicionado cualquier licencia de actividad a que esa actuación esté ejecutada. La subestación, en cambio, no está sometida a autorización: basta con comunicarla e inscribirla en el registro del Servicio Provincial.

Más potencia que todo el sector en España

La aprobación inicial del plan, publicada en el BOA el 25 de agosto de 2025, fijó la capacidad de la subestación Rhodes en hasta 650 MW, una cifra de potencia eléctrica que incluye la refrigeración. Aun descontando ese consumo con los parámetros de eficiencia más exigentes del borrador de real decreto estatal, la potencia informática del campus se movería entre los 500 y los 565 MW. Esa cifra supera, por sí sola, toda la potencia informática instalada en los centros de datos comerciales de España a finales de 2025, que según la patronal SpainDC ascendía a 439 MW. Entre los proyectos anunciados en España, solo el campus que Merlin Properties proyecta en Navalmoral de la Mata (Cáceres) anuncia una capacidad mayor, de hasta 1,4 GW en su cartera corporativa, aunque la fase que tramita actualmente es muy inferior.

A plena carga y de forma continua, 650 MW equivalen a unos 5,7 teravatios hora al año. Ecologistas en Acción calcula en sus alegaciones que supondría un consumo potencial del 58% de la electricidad que consume todo Aragón.

El plan ordena una parcela de 127,5 hectáreas para centros de datos, con 790.000 metros cuadrados edificables, y otra de 17,4 hectáreas para uso logístico. Los edificios podrán alcanzar 25 metros de altura, más seis de cumbrera, y las instalaciones hasta 40 metros.

El INAGA resolvió en julio no someter el plan a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Tampoco sometió a evaluación de impacto ordinaria la urbanización ni las conexiones eléctricas. Solo los edificios de centros de datos pasarán por la vía ordinaria. El argumento es que el sector SUI-4 ya estaba clasificado como industrial desde el Plan Parcial de 2010, pensado para pequeñas y medianas empresas.

Ni cesión del 10% ni canon

Blackstone no tendrá que ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico ni pagar el canon que la ley de ordenación del territorio prevé para los planes de interés general. El Gobierno lo justifica en que el plan reduce la edificabilidad del sector de 1,1 millones a 901.400 m², casi un 19% menos, sin generar plusvalías nuevas. Además, el 10% del plan anterior, 110.915,6 m² edificables, ya se cedió al Ayuntamiento de Calatorao en su día.

El convenio con el Ayuntamiento, todavía un borrador con los campos en blanco, establece que de su contenido no se deriva “ningún compromiso financiero” para el Gobierno ni para el municipio. La empresa asume la urbanización, su mantenimiento durante al menos diez años, una nave municipal de unos 2.500 m² y cámaras de seguridad. La mejora de la red de agua de Calatorao, que incluye captación, depósito y ampliación de la potabilizadora, queda remitida a otro convenio que no se publica. Según ha explicado esta semana el alcalde, el socialista David Felipe, a 'Heraldo de Aragón' la promotora se ha comprometido a costear la construcción de una balsa de almacenamiento de agua con capacidad de 100.000 metros cúbicos y también la potabilizadora.

Cuando el Gobierno de Aragón declaró Rhodes inversión de interés autonómico, en octubre de 2024, el ámbito incluía suelo no urbanizable colindante donde se proyectaban placas solares. El proyecto contemplaba “instalaciones de producción de energía fotovoltaica para su consumo”. En junio de 2025 el promotor pidió excluir parcelas rústicas colindantes por haberse “revelado innecesarias”. El plan aprobado ahora no reserva ya ninguna superficie a ese fin.

La declaración de 2024 cifraba la inversión en hasta 7.500 millones de euros. La documentación de la aprobación inicial, en 2025, la elevó a 11.805 millones. El acuerdo de esta semana indica que las cifras económicas se han vuelto a actualizar, aunque no aparecen detalles.

En empleo, la empresa hablaba de “hasta 1.400” puestos directos anuales, de los que unos 1.200 corresponden a la construcción y unos 200, a la explotación. Sobre el agua, el promotor aseguraba que el campus solo necesitaría “una fracción” del consumo previsto en el plan de 2010.

En cuanto al modelo de negocio, la viabilidad del proyecto depende de la aprobación del plan y de “la firma de contratos de arrendamiento con los inquilinos/usuarios finales”. QTS, filial de Blackstone, será la gestora del campus. Las normas aprobadas permiten dividir la parcela en fincas registrales independientes sin licencia municipal.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha eludido 'mojarse' expresamente este viernes sobre si la incorporación a la multinacional Blackstone de su exasesora Marta Ríos, quien tuvo un papel destacado en la llegada del centro de datos en Calatorao –que impulsa la multinacional–, cumple la Ley de Incompatibilidades. Así, ha retado a la oposición a que vaya a los tribunales si cree que no es así. “Lo demás es una opinión”, ha dicho Azcón, que ha atacado a la socialista Pilar Alegría con Rodríguez Zapatero y a Jorge Pueyo (Chunta) con “afiliados” de esta formación que “han dado el salto a las empresas privadas”.

En respuesta en las Cortes a una pregunta de la portavoz parlamentaria del PSOE, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que Ríos “es una profesional de prestigio con una trayectoria antes de llegar al Gobierno de Aragón que a muchos les gustaría” tener. Y ha retado a Alegría a denunciar este asunto “si cree que no se cumple” la normativa sobre incompatibilidades –sin dar por hecho que su exasesora lo hace– y ha rechazado sus “clases de ética y responsabilidad”. Azcón ha deslizado que Alegría sigue pensando que el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero “es honesto e inocente”, y ha aseverado: “Es su opinión y yo tengo otra”.

También ha dicho, en referencia a los PIGA de los centros de datos, que las empresas ahorrarán los millones “que decidió el PSOE”, el partido que impulsó la ley que permite las exenciones fiscales con los PIGA. “Ahora se echan las manos a la cabeza”, ha ironizado. Pese a las palabras de Azcón, lo cierto es que el escenario ha cambiado: los alcaldes lamentan en la actualidad que el Gobierno de Aragón no negocie con ellos, sino que imponga sus condiciones, algo que con el Ejecutivo de Javier Lambán no sucedía.

Responsabilidad

Alegría había criticado que PP y Vox no apoyaran el jueves en el pleno la propuesta de IU de creación de una Comisión de estudio sobre los centros de datos, y ha opinado que Azcón “habla más como CEO de una gran tecnológica o como responsable de Recursos Humanos”. La portavoz socialista ha señalado que Azcón presentó en su día a Marta Ríos como “fichaje estrella”, incorporándola a su gabinete para atraer centros de datos, y “trajo a Blackstone”, pasando ahora a integrar la plantilla de esta multinacional. “Cumplirá todas las compatibilidades, pero huele a chamusquina que echa para atrás”, ha lanzado.

La dirigente socialista ha preguntado a su vez a Azcón si es responsable de todas las decisiones políticas que adoptan todos los miembros de su Gobierno y ha opinado que Azcón está “más cómodo” en la oposición, a donde “ya volverá”.

Rifirrafe también con CHA

Pero no solo el PSOE ha traído a colación en la sesión de este viernes el presunto caso de puertas giratorias con Marta Ríos. También ha intervenido el portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, quien ha cuestionado a Azcón si la exdirectora de Inversiones Estratégicas había superado el conflicto de intereses y que ha mostrado su preocupación porque, como asesora del Ejecutivo, fue “la encargada de poner la alfombra azul a los centros de datos y también a su propia empresa”.

En su respuesta, Azcón ha vuelto a acudir a casos supuestamente similares en las filas aragonesistas. “¿A cuántos de los afiliados que formaron parte de su Gobierno y han dado el salto a las empresas privadas usted como presidente de Chunta le ha abierto expediente disciplinario?”, ha preguntado, sin dar nombres. “De esos no tiene ningún interés de hablar”, ha insistido.

Y a continuación repetido la argumentación empleada con el PSOE para apuntar que “hay que cumplir la ley” –de nuevo, sin afirmar taxativamente que sea el caso–.

En la réplica, el diputado aragonesista ha dejado claro que los “representantes” de CHA “han superado los conflictos de intereses del Gobierno de Aragón” y ha afeado a Azcón que no le haya “contestado” a sus “preguntas”. Y sí que, señor Azcón, si quiere, hablamos de otra cosa.

Tras la ampulosa denominación de 'Directora de Inversiones Estratégicas', Marta Ríos era una simple asesora encuadrada en el área de la Presidencia del Gobierno de Aragón. A este escalón menor en el escalafón autonómico se agarra el Ejecutivo de Jorge Azcón para justificar que Ríos, que acaba de fichar por Blackstone –cuyo megacentro de datos en Calatorao facilitó ella misma–, no está sometida a la ley aragonesa de Integridad y Ética Públicas. Las dudas en todo caso persisten y este viernes la oposición ha pedido explicaciones al propio Azcón, que ha evitado ser claro y que ha contraatacado tanto al PSOE como a CHA con casos propios.

¿Qué dice la ley?

Estas dudas se enmarcan en la propia ley, que vio la luz en el primer gobierno del socialista Javier Lambán. La normativa dedica su artículo 53 a las “limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese”. Durante los dos años siguientes a dejar el puesto, las autoridades y cargos no pueden realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos en los que hayan intervenido. Pero la ley no prohíbe cualquier fichaje por una empresa con la que el cargo tratara o negociara, sino que acota esa intervención a tres supuestos: haber emitido un “informe preceptivo y vinculante”, haber “dictado resolución” o haber presentado propuestas en reuniones del Consejo de Gobierno que terminaran en un acuerdo. ¿Fue este el caso? Según el Ejecutivo autonómico, no.

El mismo artículo impone además una obligación de trámite. Durante ese periodo de 24 meses, el excargo debe declarar ante el órgano competente en conflictos de intereses la actividad que va a desempeñar, “con carácter previo a su inicio”. La Administración tiene un mes para pronunciarse sobre su compatibilidad y comunicárselo tanto al interesado como a la empresa que lo contrata. Si no contesta, el silencio es positivo.

¿Afecta a Marta Ríos?

La cuestión previa es si todo esto alcanza a Marta Ríos. El artículo 4 de la ley enumera quiénes son esas “autoridades” y esos “cargos”: los miembros del Gobierno, los viceconsejeros, los secretarios generales técnicos y directores generales y los responsables de organismos, empresas, fundaciones y consorcios públicos. A ellos se suman los “directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno”. Los asesores, por lo tanto, no aparecen en la lista.

En esa ausencia se apoya el Ejecutivo de Azcón. Según su tesis, Ríos era personal eventual de la Presidencia, y el personal eventual, que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) considera a todos los efectos empleado público, solo queda sujeto a la ley aragonesa de forma parcial. Así, la ley afecta a los empleados públicos en cuanto al código de conducta y a la protección de denunciantes; no les alcanzan ni las declaraciones de bienes y actividades ni las restricciones tras el cese.

El cargo exacto

Pero aquí entra en juego otra clave. El nombramiento de Ríos no dice 'asesora', sino que el decreto de 28 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 9 de octubre, la designa 'Directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón'. Es, casi textualmente, la figura que el artículo 4.2.h somete a la ley: una directora integrada en el gabinete de un miembro del Gobierno. El propio organigrama oficial de la Presidencia la distinguía de los asesores que figuraban en el mismo gabinete.

En todo caso, aun en el caso de que la ley fuera aplicable a la exdirectora de Inversiones Estratégicas, el fichaje no sería irregular de manera automática. Según la descripción pública de su cargo, Marta Ríos se encargaba de la interlocución con grandes inversores –una atribución a través de la cual ejerció de facilitadora para la llegada de Blackstone a Calatorao–, pero no de firmar resoluciones ni informes vinculantes.

Donde sí surgen más dudas es en el trámite. Según el Ejecutivo, Ríos no comunicó su incorporación a QTS antes de producirse porque, a tenor de su interpretación de la ley, no estaba obligada a hacerlo. Pero si prevaleciera la lectura contraria, la que la sitúa entre los directores de gabinete mencionados en la normativa, el incumplimiento partiría del propio hecho de no haber presentado la declaración previa que exige la legislación.

El caso deja al descubierto, de cualquier forma, los límites de una normativa ligada casi por completo a expedientes y firmas, y que deja en una zona gris figuras como la creada por el Gobierno de Jorge Azcón para captar inversiones.

El gigante de la inversión Blackstone ha establecido un límite en los desembolsos de su fondo de crédito privado Blackstone Private Credit Fund (BCRED) del 5%, después del incremento de las solicitudes en el segundo trimestre, que han alcanzado el 10% de los activos netos del fondo.

“En el segundo trimestre, las solicitudes de recompra representan aproximadamente el 10% de las acciones en circulación y, según lo previsto, BCRED atenderá solicitudes de recompra que representen el 5% de las acciones en circulación”, reza una carta dirigida a los inversores recogida por Europa Press. Hay que recordar que esta 'banca en la sombra' y las dudas sobre su liquidez ya han hecho saltar las alarmas del sector financiero.

El mayor grupo de inversión privada del mundo ha recurrido a este mecanismo siguiendo los pasos que otras grandes firmas como Apollo, Ares Management, KKR o BlackRock ya habían implementado en los últimos meses, ante una creciente presión sobre estos vehículos de inversión por el aumento de las solicitudes de retirada.

“El objetivo principal de BCRED es proteger el valor para los accionistas y generar excelentes resultados para los inversores. El marco de recompra del fondo proporciona liquidez a los accionistas, alineada con el ciclo de reembolso previsto de las inversiones, al tiempo que preserva el capital para su inversión en entornos de mercado favorables”, asegura el comunicado.

Además, Blackstone ha informado que el fondo mantiene una liquidez superior a los 15.000 millones de dólares (12.900 millones de euros) y una “sólida” capitalización. Asimismo, los reembolsos y las entradas de capital han superado las acciones recompradas.

La firma permitió durante el primer trimestre que todos los inversores que solicitaran retiradas del fondo pudieran hacerlas efectivas, a pesar de que incluso en este periodo ya se superó el umbral del 5%.

“BCRED está diseñado para generar distribuciones de ingresos estables y rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo a lo largo de los ciclos del mercado, con ingresos que brindan protección ante las pérdidas durante los períodos de volatilidad”, sostienen.

Hace menos de dos años, el fondo canadiense Brookfield estuvo cerca de convertirse en el dueño de la farmacéutica de hemoderivados catalana Grifols con una opa de exclusión que rozaba los 7.000 millones de euros. No llegó a puerto y su mayor inversión en España hasta la fecha ha sido finalmente inmobiliaria: compró a finales de marzo pasado por 1.000 millones las 5.000 viviendas que en 2013 Blackstone adquirió al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella y a la Comunidad y dejaron de ser públicas.

Brookfield se ha convertido de una tacada en uno de los grandes caseros de España, aunque su objetivo es vender los pisos uno a uno, lo que costará el hogar a miles de vecinos angustiados por su futuro, tanto para quienes tienen que renovar sus contratos como por el vencimiento de los que acaban dentro de unos años. 

El fondo canadiense inició su actividad en el año 1899 al crear una empresa eléctrica en Brasil que después crecería, y es hoy uno de los mayores gestores de activos alternativos (inversiones fuera de los mercados tradicionales, como acciones, bonos o efectivo) del mundo, con casi un billón (más de 900.000 millones) de activos bajo su gestión, repartidos entre infraestructuras, energías renovables e inmobiliario. Cerró 2025 con 5.400 millones de beneficios y su capitalización bursátil es de 101.000 millones de dólares en la empresa y de 76.000 en Asset Management, que es la compradora de las viviendas. Su cartera inmobiliaria es de 72.000 millones. 

Sin respuesta a los inquilinos

Los inquilinos de las viviendas de Brookfield en Madrid no saben con quién hablar para esclarecer su futuro, un mes y medio después de que se confirmara la operación mediante la compra de la socimi cotizada Fidere de un fondo a otro por más de 1.000 millones, a un precio final de 220.000 euros por vivienda que triplica lo que gastó Blackstone al comprarlas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Han intentado hablar con el personal de Brookfield en España, que les remiten a las oficinas de Londres, donde no hay respuesta. 

Saben, por los medios de comunicación y por el hecho de que algunos pisos vacíos no se están alquilando, que Brookfield pretende venderlos uno a uno y que eso les condenará a marcharse cuando acaben los contratos de sus hogares, a los que entraron con precio regulado y se les duplicó con los años con la compra de Blackstone. Pero su único interlocutor es un asistente virtual de la página web incapaz de hablar de intenciones a medio plazo. 

La empresa que está detrás de ese asistente virtual es uno de los mayores gestores de activos del mundo, con una cartera de más de 900.000 millones euros de fondos de terceros y propios repartidos por 35 países, que es cuatro veces más que hace ocho años. 

Al mando de Brookfield Corporation está su CEO Bruce Flatt desde hace 26 años, aunque hace un par de meses dio un paso al lado en el brazo de activos Brookfield Asset Management, donde colocó a Connor Teskey como CEO. En España, el principal responsable desde hace 12 años Álvaro Zamariego, formado en la Universidad Pontificia de Comillas y con carrera en Morgan Stanley, en Citi y en CVC. 

Hace un mes, en una entrevista con CNBC, Flatt se mostraba optimista con el efecto de la guerra de Irán en la economía. “Va a hacer que todos nos centremos en nuestras tareas. Estos países van a desarrollar su propia IA, sus propios oleoductos. Construirán mejores países gracias a esto”, decía. Hace un año, también aseguraba que era “el mejor momento” para la inversión inmobiliaria. 

Pese a que en otras conversaciones ha dicho que “lo más importante son las personas”, la situación de los inquilinos de Blackstone que dejaron de vivir en pisos protegidos no ha merecido ningún comunicado de la empresa, que declinó responder a las preguntas de elDiario.es. 

Casi siempre que habla con los medios de comunicación, Bruce Flatt repite como un mantra: “Nos dedicamos a controlar la columna vertebral de la economía global”. “Nuestro trabajo se realiza entre bastidores. Nadie sabe que estamos ahí, y proporcionamos infraestructuras críticas a personas que pagan una pequeña cantidad. La mayoría de gente cree que la carretera por la que circulan pertenece al gobierno. Incluso si es una de peaje, no saben quién es el propietario”, añadía en una entrevista para el Financial Times en 2019. 

Negocios en duda

El mismo medio publicó el pasado año una investigación en la que cuestionaba el cambio de manos de doce propiedades de Brookfield en 2024 en que gastó 1.400 millones de dólares de su rama de seguros para comprarse propiedades a sí misma. “Brookfield utiliza sus propias compañías de seguros vinculadas como vehículo para deshacerse de activos”, denunciaba en el artículo Dmitry Khmelnitsky, jefe de contabilidad de Veritas Investment. 

Las transacciones, que permitían a la empresa registrar capital propio como nuevos ingresos, planteaban “interrogantes sobre la calidad de las ganancias y la valoración de los activos” de Brookfield, en un ataque a la confianza que es clave porque gestiona fondos de pensiones públicos y sindicales de miles de personas. El reportaje definía a Brookfield como “un laberinto que contiene miles de entidades, fondos interconectados, sociedades, fideicomisos y empresas”. 

No es la única polémica en la que se ha visto implicada Brookfield, que según publicó The Intercept y OCCRP (Organización contra el Crimen y la Corrupción), fue investigada por las autoridades brasileñas en 2021 por violaciones ambientales en el sureste de Brasil. Con la compra de una hidroeléctrica, creó un embalse gigantesco que provocó la pérdida de peces y de actividad pesquera, y después se investigaron tanto las compensaciones recibidas por afectados como amenazas sufridas por quienes protestaron. 

Aunque el origen de la empresa está justamente en la electricidad y en Brasil, el negocio inmobiliario fue el que impulsó la precoz carrera de Flatt, nacido en la provincia canadiense de Manitoba en el año 1965 e hijo de un alto ejecutivo de Investors Group. 

Un directivo precoz

A los 28 años, en 1993, lideró una oferta de Brookfield para comprar oficinas, que incluían cuatro torres del World Financial Center y el edificio 245 Park Avenue en Nueva York a precios bajos. El éxito de la operación aceleró su carrera para convertirlo en CEO de la empresa 7 años después y hasta hoy. 

Después de los atentados del 11S, en vez de deshacerse de activos en la zona financiera de Manhattan que estaba siendo abandonada por inquilinos, Flatt y Brookfield no solo mantuvieron, sino que ampliaron sus inversiones. La torre comprada en 1993 se vendió por separado en 2017 por 2.200 millones de dólares en uno de los precios más altos jamás pagados por un rascacielos estadounidense, casi seis veces más que cuando se compró.

Comprar, esperar una revalorización, obtener rentas de alquileres mientras tanto y vender fue lo que hizo Blackstone justamente con las 5.000 viviendas que adquirió en 2013. Comprar en bloque y vender la vivienda por separado es la que debe hacer que Brookfield rentabilice una inversión de 1.000 millones que triplica la que en su día hizo Blackstone. Que miles de vecinos vulnerables pierdan su hogar con la operación después de años de abusos contra su derecho a la vivienda no es algo que parezca preocuparles. 

La angustia pasea con distintas formas por los cuerpos de las 5.000 familias a las que Brookfield pretende echar de los pisos que ha comprado a Blackstone por 1.000 millones en Madrid para venderlos. Primero, sufrieron por dejar de vivir con alquileres sociales (de unos 500 euros la mayoría) cuando en 2013 el fondo los compró al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella (1.850), a la Comunidad y a otros municipios como Alcorcón, Getafe o Torrejón de Ardoz. Luego, por las subidas brutales de los alquileres en cada nuevo contrato, al ritmo que marcaba el mercado, casi siempre con precios cercanos a los 1.000 euros. Ahora, se enfrentan a la amenaza de expulsión porque el nuevo propietario con el que no consiguen hablar quiere venderlos uno a uno. Centenares de ellos están organizados por el Sindicato de Inquilinas y se niegan a abandonar sus casas. 

La situación que atraviesa a las familias condensa todas las aristas de la crisis de vivienda: pérdida de vivienda pública para conseguir liquidez en pleno estallido de la burbuja, subida asfixiante del alquiler, pérdida del derecho a compra, cláusulas abusivas con el cobro de extras como la comunidad o el IBI, falta de mantenimiento e interlocución, lucro de fondos sin rostro como Blackstone, que ha conseguido el triple de lo que pagó en solo 13 años con inversiones escasas. Lo próximo será un masivo desahucio invisible, como se conocen las expulsiones que se ejecutan sin orden judicial, mediante fuertes subidas de precio o finalizaciones de contrato sin opción a renovación por decisión unilateral del dueño.

El silencio de Brookfield

Los fondos no tienen rostro no porque no se conozca a sus responsables —Bruce Flatt es el CEO de Brookfield desde hace 25 años y Alfredo Zamarriego su responsable en España—, sino porque nadie da la cara ante los medios o explica nada a los inquilinos sobre el cambio, aunque varios de ellos se concentraron ante la sede de Fidere (la socimi de Blackstone en España que se ha vendido a Brookfield con los pisos) el pasado 28 de abril pidiendo explicaciones. “Para hablar sobre los contratos, nos remiten a un asistente virtual”, relatan varios vecinos, que lamentan que la relación cada vez es menos humana y menos eficiente desde hace ya unos años. 

Rafa, uno de los vecinos del PAU de Carabanchel (Programa de Actuación Urbanística) más implicados en la movilización, resume así la incertidumbre ante la falta de respuestas: “Yo prefiero que me digan que me tengo que ir a que me tengan así. Conseguimos hablar con el vicepresidente de Brookfield tras la junta y nos dijo que no nos podía decir nada, que esto lo llevan desde Londres”, explica el vecino, implicado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid que ha liderado la lucha contra Blackstone y apunta ahora a Brookfield.

Desde Londres, Brookfield prometió a elDiario.es contestar a las preguntas planteadas a principios de la semana pasada. Cuestiones como si existía algún criterio ético que pudiera evitar esta operación o cómo y cuándo pretenden ir vaciando los pisos de inquilinos para poder venderlos, que es su objetivo, o qué pasará con los contratos que vencen estos días y que se han agarrado mediante burofax a la prórroga temporal aprobada por el Gobierno que después decayó en el Congreso. A final de semana, la respuesta es una no respuesta por parte del director de comunicación: “Declinamos hacer comentarios”. Fuentes del sector aseguran que respetarán los contratos vigentes y que después venderán una a una las viviendas, sin más . 

En Madrid, en cambio, no cuesta nada que una decena de vecinos den la cara y sus nombres para explicar los múltiples rostros de la angustia que les genera esta crisis, que se cuela en sus cuerpos como un gusano y hace tiempo que ha hecho saltar por los aires su concepto de hogar, muy lejos ya de ser ese lugar de seguridad y paz donde uno construye su plan de vida. 

En Cristina, Marta, Pili madre, Pili hija, Leyre, César, Rafa, Fanny, Olga, Estrella o Mari Carmen se acumulan algunas de estas miles de precariedades cocinadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y ejecutadas por Blackstone y Brookfield. 

Subidas de alquiler y nuevas exigencias

A Cristina López, que vive sola y tiene 58 años, el contrato de alquiler le vence ya el mes que viene. Testa Homes, la gestora que gestiona los pisos que Blackstone acaba de vender a Brookfield y que será sustituida por Clikalia, le envió un correo en enero que le instaba a pagar 1.065 euros al mes si quería firmar un nuevo contrato, además de 107 euros al mes de comunidad que hace tiempo que la empresa no justifica. Son 200 más de los que paga ahora y casi el triple que cuando entró con el piso de alquiler social, en 2011, cuando abonaba 450 euros y que en 2019 pasaron a ser 600.

Pero la cosa no acaba en pagar un 250% más que cuando llegó. Pese a llevar en el piso 15 años, le piden ahora una nueva fianza adaptada al nuevo precio y un certificado de solvencia económica que demuestre que tan solo destinará el 37% de su sueldo al alquiler. Pero Cristina, que es técnico especialista en educación en un instituto, cobra 1.600 euros y no los 3.000 que le piden. 

“Eso son desahucios invisibles”, sentencia sin dudar Olga, otra vecina, aclarando que se ha repetido con otros residentes la petición de certificados de solvencia y nuevas exigencias económicas. Incapaz de cumplir los requisitos, Cristina se aferró a la solicitud de prórroga del alquiler enviando un burofax, pero no ha habido ni respuesta particular ni un posicionamiento de Brookfield sobre qué hará con las peticiones de prórroga. “Mi vida es una angustia, un caos, lo único bueno es que tengo contrato fijo, pero ¿adónde me iría con mi sueldo?”, se pregunta Cristina. 

Agarrarse a los pisos de Brookfield, antes de Blackstone, no es una cuestión sentimental. Incluso cuando están a precios equiparables al mercado, da miedo abandonarlos ante la imposibilidad de encontrar algo al mismo precio o de cumplir los requisitos necesarios para un nuevo alquiler. Son 5.000 familias que pueden quedar prácticamente expulsadas del mercado de la vivienda, posibles víctimas del hacinamiento en habitaciones (que también se da ya en algunos pisos de los bloques del Pau de Carabanchel). 

Cláusulas abusivas y derecho a compra

A sus 11 años, Leyre corrige a su abuela, Pili, cuando relata su historia particular. Se la sabe de sobras a su temprana edad. “Cuando sea mayor, seré abogada para que no te echen”, afirma con gracia. Vive con ella y con su madre, también Pili. Esta familia, con todo, se considera en parte privilegiada, ya que le renovaron contrato hasta 2032 a cambio de retirar la demanda contra Blackstone por negarles a ella y otras familias el derecho a compra de los pisos.

Es otra de las subtramas de este conflicto. En abril del año pasado, el Supremo falló en contra del derecho a compra que 40 inquilinos de los pisos de Blackstone habían reclamado recuperar tras la negativa del fondo, pero unos meses antes el mismo Supremo había reaccionado al revés, a favor del movimiento de inquilinos. El fondo usaba las renovaciones del alquiler para forzar a que otros inquilinos retiren las denuncias por este motivo: si no lo hacen, la renovación se complica. Otros inquilinos denunciaron también sin suerte al fondo por las cláusulas abusivas como el IBI, el seguro del piso o la comunidad. 

Mientras muchos se organizan para combatir al fondo y vislumbran un más que probable desahucio invisible cuando finalice contrato, la incertidumbre pesa entre quienes tienen un contrato a punto de expirar, aunque la prórroga extraordinaria les ha dado un respiro. Es el caso de Fanny, con cáncer de mama y 52 años, que recibió en marzo una carta de Testa Homes diciéndole que no renovará con las mismas condiciones (un alquiler que se disparaba a los 937 con las cláusulas). “Se me comía ya casi todo el sueldo”, dice esta enfermera en una residencia con un salario de 1.200 que está reducido desde que está de baja. 

Para saber cuáles eran las nuevas condiciones, Fanny tenía que pedir un borrador del nuevo contrato por el asistente virtual de Testa Homes, pero la web no funcionaba y por teléfono no le atendían. Así que, entretanto, se aferró al burofax de la prórroga extraordinaria en la que confía para quedarse al menos un par de años en el piso. “Aparte del cáncer, me estoy tratando por problemas de salud mental. Y a mi hijo le ha dado un bajón y no puede estudiar”, cuenta. 

Los vecinos coinciden en que la piscina que pusieron hace un año ha servido de excusa para encarecer los precios y cobrar más comunidad sin justificar el gasto. Pero como no hay propietarios, no existen las reuniones de vecinos y la empresa decide unilateralmente. Tampoco da cuentas de los gastos. El ascensor ha estado hasta un mes o más averiado y el teléfono de incidencias no es eficaz. “Y a mí, que vivo en un cuarto y tengo un problema en las piernas, me ha tocado estar un mes sin salir de casa”, cuenta un vecino. 

Es el mismo silencio impersonal que se encuentran ante el cambio de propietarios y el futuro cercano. Intuyen que se tienen que ir porque los medios informan que los pisos se venderán uno a uno. Ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno de España han acudido a las peticiones de rescate. Pidieron expresamente a Casa 47 que comprara los pisos, pero el primer presupuesto de compra para vivienda vacía de fondos de inversión era 10 veces menor que el coste de los bloques, de 100 millones. Además, Casa 47 prioriza la vivienda vacía para dedicar al alquiler social. Si nadie actúa, será el mayor desahucio invisible de la historia y un nuevo oscuro episodio de la trágica historia reciente de la vivienda en nuestro país. Blackstone, entretanto, se habrá embolsado más de 1.500 millones desde la compra, entre la venta a Brookfield y los alquileres cobrados estos 13 años, a costa del sufrimiento de los vecinos.

Los grandes fondos de inversión internacionales llegaron a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y adquirieron grandes paquetes de viviendas, muchas de ellas financiadas en parte por fondos públicos, que pusieron en alquiler. Finalizado el ciclo de inversión y con una nueva crisis residencial en auge, los conocidos como 'fondos buitre' como Blackstone y Nestar preparan la salida de miles de esas casas. Un grupo de inquilinas ha puesto en marcha junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid una campaña para que la nueva empresa pública Casa 47 adquiera estos inmuebles y los incorpore al parque público.

Las vecinas de Madrid que han iniciado la campaña, 'Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre' son inquilinas de viviendas propiedad de Nestar-Azora y Fidere, una sociedad del fondo buitre Blackstone, a quien el Ayuntamiento de Ana Botella transfirió en 2013 un paquete de 1860 pisos protegidos por 128,5 millones, unos 68.000 euros por unidad.

“Durante más de una década, los fondos buitre han obtenido beneficios extraordinarios a costa de unas viviendas que, en muchos casos, fueron públicas o protegidas antes de ser malvendidas”, denuncian desde el Sindicato, que señala que “tras adquirir estas casas a precio de saldo y sin realizar mantenimiento alguno durante estos años, los fondos han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las inquilinas”. “Ahora pretenden culminar el negocio con una nueva venta masiva”, denuncian.

Desde el Sindicato de Inquilinas cuantifican en 17.000 las viviendas de las que estos fondos quieren desprenderse. Solo Nestar, antes Lazora, manejaba una cartera de más de 9.000 viviendas, por un precio de unos 1.800 millones.

La campaña, anunciada este martes, reclama al Gobierno “que recupere estos hogares para el parque público a través de Casa 47”, la nueva empresa estatal sobre la que el Ejecutivo quiere armar el derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado de Bienestar. “La experiencia reciente demuestra que sí se puede: 1.700 viviendas acaban de ser recuperadas en Catalunya”, indican desde el Sindicato de Inquilinas, “tras una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres”.

Por el momento, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció a principios de diciembre, durante la presentación de la empresa pública, la creación de un fondo de 100 millones de euros para la compra directa de viviendas, que pasarán a la bolsa pública de alquileres asequibles de Casa 47.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que prohibirá a las grandes empresas comprar viviendas unifamiliares. Con esta medida, anunciada a través de su cuenta en su red social 'Truth Social', la Administración estadounidense quiere frenar la crisis de vivienda que atraviesa el país y que, en palabras del propio Trump, está alejando “a demasiadas personas, especialmente los jóvenes” del “sueño americano”.

Trump que ya anunció en diciembre su intención de llevar a cabo “algunos de los planes de reforma de la vivienda más agresivos de la historia de Estados Unidos”, ha señalado en su red social que “las personas viven en las casas, no las corporaciones”. Por ese motivo, está “tomando medidas para prohibir que los grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares”, ha indicado.

Aunque aún no ha dado detalles sobre esta medida, ha apuntado que pedirá al Congreso que convierta la iniciativa en ley. Mientras, las acciones de Invitatios Homes, el mayor arrendador de viviendas unifamiliares de EEUU cayeron un 7,86% y la cotización de grandes fondos como Blackstone o BlackRock se dejó un 4,36% y un 2,68% tras el anuncio de Trump. Otros inversores institucionales, como Apollo Global Management bajaron un 4,43%.

“Durante mucho tiempo, comprar y ser dueño de una vivienda fue considerado la cima del Sueño Americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord causada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese Sueño Americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes”, apuntó Trump.

Estas compañías, conocidas como 'fondos buitre', sobre las que Trump pone ahora el foco, llegaron a España tras el estallido de la burbuja y acumulan en este país grandes paquetes con decenas de miles de viviendas en alquiler.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha lamentado este jueves que Trump “avanza por la izquierda” de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha urgido a su socio de Gobierno a “reaccionar” e “impulsar políticas valientes y urgentes”. Ibáñez ha recordado que el pasado mes de noviembre PP, Vox y Junts tumbaron una proposición de ley para prohibir que las empresas compren viviendas para uso residencial, una medida similar a la anunciada por Trump, con la abstención del PSOE.

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha saludado la propuesta de Trump con un mensaje en tono irónico en su cuenta de X: “Tremendo podemita disfrazado, horrendo falangista, que dirían nuestros adoradores cipayo de la libertad de no tener nada”. El propio Ibáñez le recordó que el partido de extrema derecha tumbó en noviembre una propuesta en la misma línea.

Grandes fondos de inversión preparan la venta en España de miles de viviendas en alquiler, que compraron en los últimos años y de las que ahora quieren deshacerse en un contexto de altos precios. Muchos de esos inmuebles, que se contabilizan en torno a los 25.000, fueron adquiridos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en un periodo de trasvase de las familias a los bancos y, de estos, a estas entidades, conocidas como fondos buitre.

Entre los fondos que preparan la salida de grandes paquetes de sus activos estarían Cerberus, Ares, Azora y Blackstone, uno de los mayores caseros del país. Precisamente, a mediados de septiembre, Bloomberg adelantó la intención de esta compañía de deshacerse de 5.300 viviendas en alquiler, gestionadas por su filial Fidere, por unos 1.200 millones de euros.

La operación estaría asesorada por JLL y el despacho Eastdil Secured, que también estarían al frente de la desinversión de otros 6.000 inmuebles de Ares, gestionados por Avalon. Desde la consultora, que también estaría involucrada en la venta de un gran paquete de viviendas de Cerberus, han declinado hacer declaraciones sobre estos procesos. Esta última operación, incluiría entre 3500 y 4000 inmuebles, por un valor aproximado de entre 750 y 900 millones de euros, según publicó Expansión en octubre.

La otra gran operación que completa el cuadrilátero sería la de la cartera de más de 9.000 viviendas, por unos 1.800 millones de euros, de Nestar. Este fondo, antes Lazora, cuenta con la participación de CREIM y Madison International Realty. Este movimiento, que avanzó Cinco Días en mayo, buscaría dar entrada a nuevos inversores que se hagan cargo de uno de los mayores paquetes de casas en alquiler en España.

Estos movimientos no sorprenden en un sector que se mueve por ciclos de inversión. Y estos fondos, que aumentaron su presencia en el país tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la caída de los precios de la vivienda y el trasvase de miles de familias de la propiedad al alquiler, los han cumplido ya. “Nunca tiene una duración eterna: invierten, se mantienen un tiempo y salen entre 7 y 9 años después”, explica el director general de residencial de la consultora Colliers, Antonio de la Fuente.

En este sentido, estos fondos adquirieron viviendas cuando los precios estaban en mínimos, rentabilizaron la gestión de los alquileres y planean colocarlas ahora que los precios están disparados. “Los institucionales exigen una rentabilidad tan alta que hace que las viviendas en alquiler pierdan atractivo frente a la alternativa de viviendas en venta”, explica el experto, sobre todo en un contexto en el que la rentabilidad del fondo soberano aleman, considerado libre de riesgo, está en una rentabilidad “infinitamente superior” que cuando estas empresas comenzaron a invertir.

La rentabilidad del bund alemán, que llegó a estar en negativo en 2020, se sitúa ahora en el entorno del 2,7%. Y eso arrastra hacia arriba la exigencia de otras inversiones. “Cuando el bono alemán estaba al 0%, se exigía [por el alquiler] una rentabilidad del 2,8 o el 3%, pero ahora se pide un 4,5%”, indica De la Fuente. Según los últimos indicadores del mercado inmobiliario, publicados por el Banco de España, la rentabilidad bruta por alquiler estaba en el tercer trimestre de 2025 en el 3,1%, mientras la rentabilidad total de la vivienda rondaba el 16% en el trimestre anterior, el último dato disponible.

"Los inversores analizan el mercado de forma fría y ven si compensa o no compensa. Si sus objetivos de rentabilidad se cumplen, invierten aquí. Si no, se van a otro sitio"

“El precio de los alquileres sube por encima del 10%, pero también sube el precio de la venta”, razona el experto, que aclara que, pese a que la vivienda es una necesidad básica, el fin último de estos vehículos de inversión es obtener la mayor rentabilidad: “Los inversores analizan el mercado de forma fría y ven si compensa o no compensa. Si sus objetivos de rentabilidad se cumplen, invierten aquí. Si no, se van a otro sitio”.

“Los fondos llevan anunciando la venta de su stock desde hace, al menos, siete años”, indica el investigador en vivienda Jaime Palomera, que señala “un espejo con los anuncios en materia legislativa”. “En 2019, cuando se cambia la duración de los contratos de tres a siete años, Blackstone dice que se va a ir de España. Ocurre algo similar en la negociación de la Ley de Vivienda. Ahora la impresión es que van más en serio, ante la posibilidad de que se aprueben nuevas normas”, sostiene este experto. Sobre la mesa están los cambios en la tributación de las Socimis planteados por el Gobierno o la posibilidad de limitar la compra especulativa de vivienda, que Catalunya se ha abierto a explorar ante la demanda de los Comuns, ERC y la CUP.

Venta en bloque o vivienda a vivienda

Para que toda venta se produzca hay dos actores imprescindibles. Los vendedores están claros, pero el perfil del comprador plantea más dudas. Algunas de estas operaciones tendrían como objetivo prioritario el traspaso en bloque, pero el movimiento puede ser más complejo. “Aunque los fondos anuncien la venta, necesitan tener un actor similar a ellos, con capacidad de apalancamiento para poder endeudarse con esa compra en un momento en el que el precio ha subido”, sostiene Palomera. En este sentido, todos los motivos que llevan a la venta pueden acabar siendo un impedimento para que esta se haga efectiva.

El directivo de Colliers también ve complejo que estos paquetes de viviendas se vendan en bloque. “Puede haber algún fondo entre medias o que algún paquete acabe en manos de fondos de pensiones, que buscan rentabilidades bajas a largo plazo, o de algún family office, pero lo normal sería que el comprador habitual acabe siendo el usuario final”, explica De la Fuente. Entre los argumentos que sostienen esta hipótesis, que la mayoría de estas viviendas fueron construidas antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, y no cuentan con los códigos técnicos relativos a la normativa ambiental. “Un fondo necesita que estas viviendas sean eficientes desde el punto de vista energético porque, a partir de 2030, será obligatorio que todas las casas que se alquilen cuenten con una calificación energética E”.

Muchas de esas viviendas provienen de trasvases de las entidades bancarias a estos fondos de inversión, para deshacerse de casas obtenidas tras desahucios, en una estrategia que ha llevado a estos grandes vehículos de inversión a hacerse con el 8,1% de todas las viviendas en alquiler en España, con picos del 10,3 y del 11,1% en Madrid y Catalunya, respectivamente, según el Banco de España, con datos de 2021, que les otorga un “modesto peso relativo” en el mercado del alquiler residencial. Al otro lado, estarían el otro 90%, en manos de personas físicas, una tasa que abarca desde quien tiene una vivienda alquilada hasta quien posee varias o decenas de ellas. Un perfil que Palomera cree que puede fijarse en estas ofertas.

Las viviendas de la EMVS

Al margen de estas, están los miles de alquileres que los fondos gestionan, sin tener la propiedad, como los de la Sareb, que lleva Aliseda, participada por Blackstone. “En general, les ha ido bien gestionando viviendas durante los últimos años, porque han obtenido una buena rentabilidad, muchas veces recibiendo contratos anteriores y celebrando nuevos con precios del doble o el triple de lo que venían cobrando”, señala Alejandra Jacinto, de la Cooperativa de Abogados de Madrid (CAES). Jacinto fue una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cuando esta denunció el “desmantelamiento y expolio de la vivienda pública” en la Comunidad de Madrid, tras la venta de casi 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda (IVIMA) a empresas y fondos de inversión y de otros 1.860 pisos protegidos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

Precisamente, este último paquete fue transferido a Fidere, una sociedad del fondo buitre Blackstone, que ahora podrían volver al mercado a precio libre, tras haber sido vendidas por el Ayuntamiento de Ana Botella por unos 128,5 millones de euros, unos 68.000 euros por unidad. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar, de su propio bolsillo, 25,7 millones de euros, por una enajenación que se produjo, según este organismo, 23 millones por debajo de su valor real, sin una tasación fiable ni publicidad y obviando el interés público. Finalmente, la Sala de Enjuiciamiento revocó la sanción gracias a los votos de dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno del marido de Botella, José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

De vender ahora esas propiedades, el fondo estaría ante un “negocio redondo”. “Se obtendrían unas plusvalías millonarias, porque Fidere compró esas viviendas a un precio de saldo, en operaciones casi de regalo de las administraciones públicas”, desarrolla Jacinto, que considera que la salida al mercado de estos grandes lotes supone “una oportunidad enorme para adquirir y aumentar el parque de vivienda social del Estado y las comunidades autónomas”, con fórmulas de tanteo y retracto o mecanismos excepcionales de adquisición directa, como el de Casa Orsola en Barcelona.

Cirsa se la juega en Bolsa. La compañía de juego y entretenimiento empezará a cotizar este miércoles en el parqué español a un precio de 15 euros por acción, lo que supone una valoración de unos 2.520 millones de euros. Gracias a la operación, que contempla la emisión de nuevas acciones, la firma espera recaudar 400 millones de euros, con lo que el capital flotante será de aproximadamente el 18% del capital social.

Blackstone mantendrá el 78,4% del capital social y el 3,6% restante se repartirá entre los altos directivos de la empresa. De todos modos, si se aplica la sobreasignación en su totalidad, el fondo estadounidense tendría el 75,7% de las acciones, y el free float superaría el 20%.

La sociedad ha detallado en el folleto de salida a Bolsa que tiene intención de utilizar los ingresos para reducir endeudamiento, en particular al reembolso de bonos existentes de la sociedad por un importe estimado de 375 millones de euros. Uno de los principales riesgos que reconoce la compañía es su abultada deuda, que supera los 2.300 millones. La cifra que puede crecer por las condiciones de mercado, señala, aunque espera reducirla hasta una ratio de 3,5 veces el Ebitda (beneficio bruto de explotación).

Los cambios en las regulaciones de la industria del juego es otro de los principales riesgos a los que se enfrenta.

La empresa de tragaperras, dueña de Sportium, mantiene litigios con la Justicia por “negligencia” en el control de la ludopatía , según una sentencia que la compañía tiene recurrida en el Tribunal Supremo.

Cirsa ganó el año pasado 12,6 millones, un 84% menos que el año anterior, a causa en buena parte al aumento del coste financiero, a pesar de que su beneficio operativo avanzó hasta los 699 millones, un 11% más. Los ingresos de explotación también crecieron un 8%, hasta los 2.150 millones de euros.

En el primer trimestre de este año, obtuvo un beneficio de 18,7 millones, un 21,5% más que un año antes, gracias especialmente al crecimiento de los ingresos procedentes de la pata de negocio de juego y apuestas en línea, que ya alcanzaron casi un cuarto del total, concretamente el 22,5%.

La multinacional, que fue vendida a Blackstone por Manuel Lao, opera en estos momentos en once países a través de casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas y apuestas en línea.

La entrada en Bolsa de la compañía, que aspiraría a entrar en el Ibex 35 por su capitalización, también conlleva cambios en su consejo de dirección.

El presidente ejecutivo de la empresa, Joaquim Agut (exdirectivo de General Electric y expresidente de Terra), mantendrá el cargo, del mismo modo que el consejero delegado, Antonio Hostech.

Además, Blackstone contará con Lionel Yves Assant y Miguel García como sus representantes, y la empresa ha incorporado a Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Arancha Díaz-Lladó, Rocío Fernández y Rocío Martínez-Sampere como consejeros independientes.

La salida a bolsa de Cirsa es la segunda que se lleva a cabo en Barcelona desde la que protagonizó el mayo del 2024 el grupo de perfumería y cosmética Puig, que saltó al parqué con una valoración de 14.000 millones de euros.

El debut de la empresa de juego y el ocio será más modesto, pero se espera con “ilusión”, confesaba el presidente de Cirsa, Joaquim Agut, en el comunicado que confirmaba los detalles dde su inicio en el mercado de valores. “El gran interés mostrado por los inversores a nivel global y la sólida demanda por la oferta subrayan las interesantes oportunidades”, defendía Agut.

La multinacional culmina así los numersos intentos de cotizar llevados a cabo en los últimos años. El camino hasta la icónica imagen del toque de campana no ha estado fácil. Cirsa tanteó el terreno de la bolsa varias veces y hace algo más de un año lo encarriló con la contratación de los bancos de inversión Deutsche Bank, Barclays y Morgan Stanley para que hicieran una valoración. Un movimiento que la misma firma reconoció que eran “más pasos” adelante para hacerlo realidad, después de probarlo por última vez el 2017.

Uno de los primeros jugadores mundiales

Cirsa (Compañía Internacional de Recreativos SA) fue fundada el 1978 por Manuel Lao junto a su hermano, Juan, que empezó con el diseño y fabricación de máquinas recreativas en Terrassa (Barcelona). En 1985 adquirió el primer casino en España, en Marbella, y cuatro años después entró en el sector de los bingos, con la compra de salas en Castelló y Zaragoza. En 1990 dio el salto internacional con la adquisición de un casino en República Dominicana. Desde entonces, la compañía ha ido engordando y expandiendo su negocio, especialmente en la península ibérica y en Latinoamérica.

Los dos hermanos se separaron en 1998, Manuel compró la parte de Juan por 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros). El 2018, Lao vendió la ya multinacional a fondos americanos de capital privado administrados por Blackstone y Agut fue nombrado presidente. Actualmente, Cirsa opera en 11 países donde este sector está regulado y gestiona, entre otros, más de 400 casinos y más de 83.000 máquinas.

“Este es mi barrio, mis hijos fueron aquí a la escuela. Ahora me levanto cada mañana con la duda de si Blackstone va a echarme a la calle”. Son palabras de Elsa Riquelme, residente del barrio de Carabanchel de Madrid con la que ha hablado el periódico The New York Times para un reportaje que relata cómo los fondos de inversión estadounidenses se han convertido en el mayor ‘casero’ de la capital de España.  

El diario neoyorquino cuenta, entre otros, el caso de Riquelme, chilena de 60 años que lleva media vida en Madrid, y que ahora paga un alquiler al gigante inmobiliario Blackstone por un piso que un día fue suyo, y que acabó en manos de este fondo buitre.  

The New York Times cita las reuniones del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, a las que acuden Riquelme o la familia Robledo, y explica también que en la última década el fondo Blackstone se ha convertido en el mayor propietario de viviendas privadas en Madrid, y el segundo en toda España. El piso de Riquelme es ‘solo’ uno de los 13.000 que el fondo de inversión estadounidense posee en Madrid, apunta el NYT.  

Según señala este artículo citando un informe de Civio, en España unas 185.000 viviendas son propiedad de grandes corporaciones, la mitad de las cuales son fondos estadounidenses. También alude a un estudio de PwC que constata que los alquileres han subido un 57% en los últimos diez años y los precios de venta de vivienda, un 47%. Solo en Madrid se estima que 20.000 inquilinos están en riesgo de desahucio, indica el NYT. 

El reportaje menciona a Blackstone, Cerberus y Lone Star, tres fondos estadounidenses que hace diez años compraron un total de 400.000 viviendas en España, y desgrana el negocio de estas empresas, que usan “varios modelos para comprar tanto vivienda pública como privada”, muchas veces para acabar convirtiendo edificios enteros en alquileres de temporada, también conocidos como pisos turísticos. 

El diario neoyorquino recuerda además que el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella a la cabeza, vendió 5.000 viviendas públicas a Blackstone y a Goldman Sachs en 2013 por menos de 70.000 euros por piso, y cómo después los responsables políticos fueron condenados a pagar una multa de 25 millones por malvender esas viviendas. 

Las reivindicaciones del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que vertebran el reportaje del NYT, son claras: parar todos los desahucios en el barrio, tener alquileres justos, lograr reparaciones en edificios y pisos y, por encima de todo esto, poder negociar con los fondos como colectivo, no de forma individual. 

El pasado 5 de diciembre, una sentencia del Supremo dio a decenas de familias unos meses de esperanza. El Alto Tribunal daba la razón a cuatro familias afectadas por la venta de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre, que habían reclamado que se respetase su derecho de retracto, reconocido en los contratos que habían firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Es decir, obligaba a Fidere, la socimi que gestiona los alquileres de Blackstone, a venderles los pisos por el mismo precio de saldo al que se los compro a la entonces alcaldesa Ana Botella.

Con decenas de procesos similares en marcha, desde la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS celebraban esa pequeña victoria con prudencia: “Entendemos que va a ser la solución para todas, pero somos cautas”. Este jueves, la Sala Primera del Supremo ha resuelto de una tacada otros cuarenta casos, convirtiendo la cautela en un presagio aciago. El Supremo ha considerado en este caso, y contra el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que estas familias no pueden ejercer este derecho y hacerse con la propiedad de estas viviendas por el mismo precio al que Blackstone las compró, unos 50.000 euros.

“Es un día triste para la justicia”, lamenta José Mariano Benítez de Lugo, el abogado que ha llevado tanto estos casos, como los cuatro anteriores y que tiene en cola a cerca de 200 familias más. “Si el Supremo en la misma operación de venta y con el mismo ponente dijo que había lugar a retracto, ¿cómo es que ahora decide que no cabe retracto, tratándose de la misma operación de venta? Que fuerza irresistible les ha llevado a proponer al pleno esta sentencia permanecerá en el arcano de los misterios”, afirma el letrado.

Arantxa Mejías, portavoz de la asociación de afectados, ha hablado durante años por sus vecinos, pero la comunicación de este jueves ha sido especialmente dura porque entre esas 40 viviendas estaba la de sus padres. “Estoy en shock”, admitía tras enterarse de la noticia por la llamada de este medio. “Me ha sorprendido que el mismo ponente cambie de criterio”, acertaba a decir, a la espera de un análisis más profundo por parte del abogado.

El inicio de esta historia se remonta a 2013, cuando la EMVS vendió a Blackstone un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, de 18 promociones construidas bajo distintos regímenes de protección pública. Vivienda pública a manos privadas, en lo que supuso un pufo para el patrimonio del ayuntamiento ordenado por Ana Botella. El Tribunal de Cuentas concluyó que la enajenación de esos inmuebles por 128 millones de euros estaban 23 millones de euros por debajo de su valor real y condenó a la exalcaldesa a pagar de su bolsillo 25,7 millones de euros, que la Sala de Enjuiciamiento revocó gracias a los votos de los consejeros propuestos por el Partido Popular.

Ya en aquel momento, cientos de inquilinos se organizaron para tratar de impedir o revertir esta y otras operaciones deficitarias para el patrimonio público, desde la calle y en los tribunales, con éxito dispar. Por ejemplo, la Justicia si anuló la venta de 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs y Azora. Este jueves, los magistrados han vuelto a separar los caminos de sus decisiones, justificándola en ambos casos en el artículo 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula las excepciones al derecho de tanteo o retracto.

El texto, reformado en 1994, indica que “no habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble”. Y aquí es donde los afectados ven una disparidad de criterio, al considerar que se trata de dos situaciones similares.

Atendiendo a las sentencias, en el caso conocido esta semana, el Supremo entiende que “la compraventa objeto de litigio, aunque es posible que no incluyera todos los elementos (viviendas y locales) del edificio donde se encuentran los pisos arrendados a los demandantes (porque, al parecer, no todos pertenecían a la vendedora), sí comprendía todas las unidades de las que la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la transmisión y que formaban parte de las distintas promociones objeto de la compraventa. Y en lo que afecta al caso, comprendía todas las viviendas de las que la vendedora era propietaria en ese concreto edificio”.

¿Qué ocurrió en diciembre? El Supremo indicaba entonces que “la parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas, se dice expresamente que fueron objeto de la transmisión cuarenta y cuatro plazas de garaje del inmueble”. Es decir, esas cuarenta y cuatro plazas de garaje son las que permitirán ahora a cuatro familias del centro de Madrid hacerse con la propiedad de los pisos en los que viven por unos 68.000 euros.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es admiten que la redacción de la Ley de Arrendamientos Urbanos no estaba pensada para un caso tan específico. “Puede pasar que en unos meses lleguen más casos y les den la razón a los afectados”, señalan. “Cuando tenga los juicios que faltan estaremos ante esta situación absurda, en la que una sentencia dice que no está acreditado que todas las viviendas fueron vendidas y otra que si lo consideran”, señalaba el abogado Benítez de Lugo pocas horas después de conocer la decisión y a falta de analizar la sentencia con detalle y barajar las vías que se abren en adelante, con un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el horizonte.

La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Alejandra Jacinto, muy crítica con la venta de vivienda pública a fondos buitres, tanto desde la PAH como desde la Asamblea de Madrid, donde fue diputada por Podemos entre 2021 y 2023, explica que “el argumento que da ahora el Supremo es el que viene sosteniendo desde hace tiempo: si la venta se produce en bloque no hay posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto”.

El propio Supremo admite que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 es “explícitamente más reductora de los derechos de adquisición preferente de los arrendatarios que su antecedente”, de 1964, al establecer esas salvedades para las ventas en paquete. “Es una injusticia manifiesta, porque vulnera derechos de los inquilinos y la igualdad respecto a otros. Si un casero decide vender de forma individualizada, vas a poder disfrutar de ese derecho, pero si decide sortearlo, basta con que venda las viviendas en bloque, lo que se puede convertir en un incentivo para que proliferen este tipo de ventas masivas en bloque, que vulneran derechos individuales”, considera Jacinto.

16.000 empleados, 433 casinos (266 en España), 280 salas de juego, 27.693 máquinas de azar o 2.563 millones de euros de ingresos en 2024, un 67% más desde que está en manos del fondo Blackstone.

Son las grandes cifras de Cirsa, líder del juego y las tragaperras en España, y dueño de Sportium, la mayor casa de apuestas deportivas del país, cuya “negligencia” en el control de la ludopatía ha ratificado la justicia española en una reciente sentencia que la compañía tiene recurrida en el Tribunal Supremo. Ahora su propietario, el mayor fondo del mundo, quiere hacer caja sacando la empresa a Bolsa.

Según Expansión, el operador de casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas y juego online, con presencia en once países, quiere empezar a cotizar a mediados de abril. Lo hará mediante una colocación de entre 700 y 1.000 millones, a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones y una oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes.

Esta operación, con la que se lleva años especulando, valoraría el 100% del grupo en hasta 4.000 millones. Con ella, el fondo estadounidense, conocido por haber sido durante años el mayor propietario de viviendas en alquiler en España, espera colocar al menos el 25% de las acciones del grupo. Blackstone adquirió Cirsa en 2018 al fundador, el multimillonario almeriense Manuel Lao, por un importe que no se hizo público pero que se cifró en unos 2.000 millones, deuda incluida.

Cirsa entonces facturaba unos 1.000 millones menos que ahora y su deuda era de unos 950 millones, frente a los 2.638 millones actuales. Este endeudamiento equivale a 3,8 veces su beneficio bruto operativo (Ebitda), frente a las 17,6 veces que alcanzó este ratio en 2020, cuando los ingresos de este sector se hundieron por la pandemia de coronavirus. 

En 2024, el beneficio neto de Cirsa se desplomó un 84%, hasta 12,6 millones, por los mayores costes financieros derivados de las refinanciaciones de su deuda, pero el Ebitda fue de casi 700 millones, un 11% más. De esa cifra, la mayor parte vino de España (48,7%), seguida de Panamá (13%), Colombia (9,4%), México (7,9%) e Italia (7,6%).

La facturación superó la barrera de los 2.000 millones, un 8% más, gracias al impulso de la división de juego online, que ya es la segunda línea de negocio más relevante, solo superada por los casinos, que aportaron 968,2 millones, un 4% más.

El área online, con Sportium a la cabeza (presente en siete países y que tiene la mayor red de locales del mercado), facturó 420 millones en 2024, un 29% más, y fue la línea de negocio con mayor crecimiento, gracias a las adquisiciones de Apuesta Total, en Perú, y CasinoPortugal, dos de los principales operadores de juego online en esos dos países. 

“Valor sostenible”

En su web, Cirsa presume de su compromiso con la creación de “valor sostenible. A través de políticas ambientales, sociales y de juego responsable, buscamos un impacto positivo a largo plazo en la sociedad y el medio ambiente. Trabajamos incansablemente para equilibrar el éxito empresarial con la responsabilidad corporativa”.

Esta declaración choca con algunos acontecimientos recientes, como el despido de 22 trabajadores en Perú en 2022 tras formar un sindicato, o los hechos probados de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

En diciembre de 2023, la Sala de lo Civil condenó a Cirsa a indemnizar con 766.780 euros, más intereses, a los dueños de una constructora catalana cuyo ex contable les sustrajo más de 1,2 millones para realizar apuestas deportivas con varios operadores, principalmente Sportium. Los hechos se remontan a 2015 y 2016. Entonces, Cirsa, que desde 2006 pilota el actual consejero delegado, Joaquim Agut, todavía pertenecía a Lao.

Este empresario, hoy octogenario, y que apareció en la lista Falciani o Los Papeles de Panamá, ha diversificado su fortuna tras vender a Blackstone en 2018 casi todos los activos de Cirsa, la empresa que fundó en Terrassa junto a su hermano en 1978. Hoy Lao reparte su patrimonio en sectores como el inmobiliario (tiene un 6,27% de Merlin Properties, la mayor socimi de España), la construcción (Sacyr, con un 5,11%) o el hotelero, junto a otros como el agroalimentario, de infraestructuras (como concesiones de agua) y defensa, a través del fondo Hyperion, de Pablo Casado.

La sentencia dictada el 1 de diciembre de 2023 por la Audiencia de Barcelona revocó una resolución previa del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Terrassa que había absuelto a la empresa.

La resolución refleja que el entonces contable de esa empresa catalana, un joven que en el momento de descubrirse los hechos llevaba seis años trabajando en ella, tenía un problema de adicción al juego, tal y como constató Dirección General de Ordenación del Juego, que impuso por estos hechos una sanción de 350.000 euros en diciembre de 2017 a la filial de juego online de Cirsa por una infracción “grave”. Esta filial era entonces propiedad de la española y de la británica Ladbrokes, que vendió su 50% al grupo en 2019 por 50 millones.

Los jueces concluyeron que Cirsa “actuó de forma claramente negligente en el cumplimiento de sus obligaciones” de vigilar el juego de ese joven ex contable adicto al juego, que en ese momento tenía 28 años, y que fue condenado en 2019 por vía penal por apropiación indebida. Según la sentencia, en febrero de 2016 esta persona confesó que “había estado sustrayendo dinero de las cuentas del Grupo” en el que trabajaba “para realizar apuestas deportivas online” desde enero de 2015.

Había superado un test de juego de responsable y de prevención de conductas adictivas de Cirsa en septiembre de 2015. El grupo de juego asignó al joven un gestor personal como cliente “VIP” y no solicitó “ningún tipo de documentación respecto a sus ingresos, patrimonio o capacidad económica; ni siquiera le solicitó algo tan elemental como nóminas o declaraciones del IRPF; lo único que consta es que hizo una consulta del perfil de Facebook”, dice la sentencia.

“En el mes de octubre realiza depósitos por importe de 232.160 euros, lo que supone un incremento del 2.345%, sin que la demandada adoptara ninguna medida eficaz de control ni le solicitara información alguna sobre su situación económica que pudiera justificar tan claromoso incremento”, se lee en la resolución.

“Estás moviendo mucho”

Los mensajes de WhatsApp aportados por la propia Cirsa evidenciaron cómo “el gestor incitaba al jugador a seguir jugando ofreciéndole bonos y regalos para que continuara apostando”. El 9 de octubre le escribió: “Veo que últimamente estás moviendo mucho y me gustaría tener un detalle.... Ahora te pongo 1.000€ en apuestas gratuitas.... Ya los tienes... Y la semana que viene hablamos de posibles ofertas”. 

El 16 de octubre le indica: “Veo que llevas un ritmo elevado y una mala racha y quería ofrecerte la opción de un bono fijo”. “También podemos compaginar con casino si quieres”. “Por eso quería llamarte para hablarlo mejor”. El 22 de octubre escribe: “Te acabo de poner 4.000€. Perdón... 4.500… 20% de lo depositado ayer. Puedes dividirlo al apostar... Caduca en 10 días.”. 

Incluso después de que el ex contable dejase de jugar tras confesar los hechos, siguieron los mensajes del gestor ofreciéndole “una sección de promociones nueva que creo que te va a gustar”. El 10 de febrero de 2016 le dice: “Te acabo de poner un regalito en tu cuenta”. Dos días después: “Ya veo que te has tomado unos días de relax y me parece bien sinceramente. Lo único que la free bet caduca a los 10 días, es decir, el sábado”. 

La Audiencia concluyó que Cirsa “incentivaba” a seguir jugando a este joven cuando ya llevaba perdidos “766.780 euros, en un período de solamente cuatro meses”. “El gestor de la cuenta conocía en tiempo real el volumen de depósitos, ganancias y pérdidas del jugador, sin que la operadora hubiera adoptado ninguna medida de control ante un volumen de depósitos tan desmedido en tan corto período de tiempo, ni le solicitara la más mínima justificación sobre su capacidad económica o la procedencia de los fondos”.

Cirsa solo le canceló la cuenta cuando se le notificó que el contable había apostado con fondos robados a su empresa. Según los jueces, “la actuación de Cirsa contrasta con la llevada a cabo por otras casas de apuestas on-line”, que sí reclamaron documentación al joven jugador cuando solicitó que se eliminaran los límites para apostar.

Cirsa ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo por entender que existe jurisprudencia que ha determinado que no puede exigirse la responsabilidad de un tercero cuando concurre culpa exclusiva de la víctima.

La empresa no comenta este asunto. Para cumplir el Real Decreto 176/2023 de 14 de marzo por el que se desarrollaron entornos más seguros de juego, Cirsa tiene implantados unos protocolos de actuación para monitorizar y prevenir comportamientos de riesgo, como alertas por patrones de comportamientos intensivos, compulsivos o de riesgo. Si el usuario sobrepasa determinados niveles de intensidad y gasto, se le avisa y en una fase de “alerta alta” se llega a bloquear su cuenta.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, corroborando la previamente dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, supone el primer gran revés para los fondos buitres en España. Por primera vez, dicho fondo tendrá que vender las viviendas que recibieron como regalo por parte del Ayuntamiento de Madrid, liderado entonces por la alcaldesa Ana Botella, al mismo precio de compra, unos 68.000€. Es decir, los ciudadanos que habitaban dichas viviendas –en esta primera sentencia son cuatro familias– podrán readquirirlas, revocando la estafa que supuso aquella operación para 1.800 familias. 

Esta sentencia puede suponer un cambio histórico en el devenir de la política publica de vivienda en las instituciones madrileñas, pero también en el resto del territorio nacional. La proliferación de fondos de inversión bajo la legislación Socimi, con ramificaciones familiares muy cercanas a la familia Aznar, se han aprovechado de una legislación fiscal muy laxa, provocando, mediante prácticas de dudosa legalidad, la expulsión de inquilinos vulnerables con el beneplácito de administraciones gobernadas por el PP, pero también de medios de comunicación y, hasta hoy, de gran parte de la judicatura.

La introducción de las socimis fue iniciada por el PSOE en la última etapa de Zapatero, pero en sus inicios la fiscalidad era muy diferente, pues se obligaba a pagar impuesto de sociedades, aunque reducido, a estos vehículos de inversión. Esta fue la razón por la que, en sus inicios, apenas se constituyeron sociedades de este tipo, al margen de las restrictivas condiciones de cotización en mercados organizados. Fue la llegada del PP al gobierno lo que posibilitó, tras la reforma llevada a cabo al dictado del lobby inmobiliario, la eclosión de este tipo de sociedades, muchas de las cuales se han aprovechado de personas que han estado ligadas al poder político, tanto del PP, como del PSOE. 

Esta modificación legislativa explica la llegada de enormes cantidades de inversión hacia el sector inmobiliario en España, siendo muy perceptible el volumen de inversión de fondos de pensiones internacionales que han logrado penetrar en el mercado inmobiliario, provocando el desahucio de miles de trabajadores vulnerables. Esta política basada en el rentismo de particulares, pero también en la proliferación de vehículos de inversión con capital transnacional, ha diseñado un nuevo paradigma en la provisión de vivienda para el alquiler, contradiciendo la tónica y el modelo de vivienda publica que se consolida en la UE. Ello explica por qué el capital extranjero, de dudoso origen en muchos casos, prefiere invertir en España frente a otros países. 

Todos estos factores financieros y fiscales, junto a la ausencia de control y supervisión del mercado inmobiliario, constituyen los ejes de la política inmobiliaria, que no política de vivienda, llevada a cabo por parte del PSOE y el PP durante los últimos años. No es baladí que los gestores del lobby inmobiliario Asval hayan sido durante los últimos años dirigentes socialistas como Clos, ex alcalde de Barcelona, o Helena Beunza, antigua secretaria general de Vivienda, también del PSOE. Estos dirigentes, junto a los grandes gestores de fondos, han presionado al actual presidente de Gobierno para modificar y descafeinar la actual Ley de Vivienda, que introduce los controles de precios de alquiler. Pero también son los artífices que han imposibilitado la eliminación de las ventajas fiscales de las socimis en la reciente votación del paquete fiscal en el Congreso. El PSOE sigue siendo el mejor aliado de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario, como se ha demostrado en múltiples declaraciones de la actual ministra de Vivienda. 

Los grandes fondos han tenido hasta ahora como aliados a los grandes partidos políticos, sobre todo los que manejan el BOE, pero no contaban con que la judicatura les fuera a contradecir en sus prácticas presuntamente contrarias a derecho, como ha sancionado el Tribunal Supremo. En este punto merece la pena destacar al abogado que ha pilotado, con un esfuerzo personal ingente, esta cruzada contra el poder de los Fondos de Inversión y Socimis, Mariano Benítez de Lugo.  Curiosamente, este abogado estaba contratado por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid y fue despedido mediante un SMS con la excusa de que era muy caro, cuando prácticamente no cobra nada a los afectados por la estafa del propio Ayuntamiento de Madrid al vender estos pisos a Fidere. 

Siendo relevante esta sentencia contra las practicas de las socimis queda el regusto amargo de que los verdaderos culpables, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Ana Botella, se han librado de todo reproche penal y político, lo cual demuestra lo viciado que está el sistema judicial patrio, y cómo el entramado de las grandes corporaciones ha colonizado el poder político, incluso entre los partidos que se autodenominan progresistas.  

En suma, es momento de brindar porque, por fin, el alto tribunal ha dictado una sentencia que favorece a miles de familias que fueron expulsadas de sus viviendas por parte del Ayuntamiento de Madrid, mediante un regalo a Fidere y que ahora podrán comprar al mismo precio de saldo. Esperemos que se ejecute dicha sentencia lo antes posible y sea extensible al resto de las familias que tienen pendiente la misma sentencia que debería coincidir por unidad de doctrina. Y, sobre todo, dar las gracias a un abogado ilustre e histórico como Mariano Benítez de Lugo, que ha dado una lección jurídica y humanitaria a todos los estamentos afectados, especialmente al PSOE de Madrid, que prescindió de sus servicios por ser demasiado caro. Cuánta mezquindad y mediocridad en dicha organización. Ahora se explica mejor su irrelevancia social y política en la capital de España. 

En la calle de Lope de Vega, en el centro de Madrid, hay tiendas de ropa, varios restaurantes que ofrecen brunchs o dulces de colores, una joyería de autor y un comercio para mascotas. En las aledañas, las luces de navidad alumbran una zona cada vez más atrapada por turistas y visitantes. En Idealista se anuncia una vivienda en alquiler por 1.400 euros al mes y en el mismo barrio, a pocos metros, se pueden comprar apartamentos de unos 50 metros, con vistas al exterior, por 400.000 o medio millón de euros. En el número 10, hay cuatro inmuebles que Blackstone deberá vender a sus inquilinos por unos 68.000 euros, el mismo precio al que se lo compró al Ayuntamiento de Madrid.

Depende a quien se le pregunte, es el precio más caro de la historia porque ha llegado tras una larga disputa judicial. El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que reconocía el derecho de compra preferente de los inquilinos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento que en 2013 malvendió al fondo buitre 1.860 viviendas, además de plazas de garaje y trasteros, bajo diferentes regímenes de protección pública a Blackstone por 72,8 millones de euros.

Cuando a Clara le comunicaron la decisión del Supremo, este miércoles, rompió a llorar. En 2006, por sus condiciones socioeconómicas, entró en un sorteo para una vivienda pública de alquiler con opción a compra del Ayuntamiento de Madrid. Como a otros cientos de familias, algunas en el centro de Madrid, pero la mayoría en Vallecas y Carabanchel, le tocó uno de esos inmuebles. “En ese momento sí creí que me había tocado la lotería, ahora creo que estoy despertando de una pesadilla”, explica en conversación con elDiario.es.

Clara no se llama Clara, pero tras una década de batalla judicial, prefiere resguardarse en la tranquilidad del anonimato. “El desgaste emocional, físico y las presiones que hemos pasado no sé qué precio tiene, pero si era justo para el fondo buitre, tendrá que serlo para nosotros”, dice esta mujer, que vive en este piso de unos 50 metros con su pareja y sus tres hijos, de entre 4 y 10 años. Cuando se enteraron de la venta a precio de saldo de las viviendas públicas por parte de Ana Botella al fondo buitre muchas familias iniciaron dos procesos: la reclamación del derecho de retracto y una batalla contra los intentos de desahucio. “Estamos luchando en un proceso de desahucio. La fecha que estaba puesta era el 31 de diciembre”, explica.

Su abogado, José Mariano Benítez de Lugo, explica que estos cuatro casos son los primeros, pero no los únicos que han reclamado que se haga efectivo su derecho de compra preferente sobre Blackstone. Él mismo lleva decenas de ellos, 40 avalados ya por la Audiencia Provincial, que esperan llegar al Supremo. “Lógicamente, el principio de unidad de doctrina del propio Tribunal supondría aplicar el mismo criterio”, considera.

La familia de Arancha Mejías vive en el PAU de Carabanchel. Sus padres son unos de esos 40 casos que esperan respuesta y que han visto en la sentencia, conocida este miércoles, un foco de esperanza. “Mi madre casi se ahoga de la ansiedad, los nervios y la emoción. Está esperando varias operaciones, así que imagínate lo que es no saber dónde te vas a poder recuperar”, indica. Mejías es portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS, que llevan años movilizándose contra esta desviación de recursos públicos a fondos privados: “A nivel de lucha colectiva, es un hito. Llevamos 10 años viviendo esta pesadilla y sentimos que se está haciendo justicia, aunque sea una década después”.

Aunque desde el movimiento vecinal ven esta sentencia como la “antesala de la resolución de todas las familias” no quieren lanzar todavía las campanas al vuelo. “Entendemos que esto va a ser la solución para todas, pero somos cautas. Mis padres llevan 20 años en esta casa y la mitad ha sido de lucha, cumpliendo con la obligación del pago de los recibos. La propiedad es importante, porque es nuestro hogar, pero el éxito no es solo patrimonial, es moral, porque estamos recuperando un derecho de tantos que nos habían arrebatado”, defiende Mejías.

El recurso del fondo buitre se basa en una excepción a ese derecho de retracto: que todas las viviendas se hubieran adquirido en bloque. La Audiencia Provincial ya vino a decir que no había sido así, porque “en la escritura se individualiza cada elemento como ”propiedad“ y, en su conjunto como ”propiedades“, reflejando individualizadamente la identificación catastral de cada una de las propiedades que integran la promoción”. Y el Supremo lo refrenda: “La parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas”.

Cuando se venden 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre, se generan 1.860 casuísticas diferentes. “Unos están ya desahuciados, aunque repetidamente hemos dicho que estaba pendiente este recurso. Otros no están lanzados de sus viviendas. Hay muchos casos, porque dentro de decenas de pleitos que llevo hay muchos supuestos. En algunos nos encontraremos con que el fondo buitre ya habrá alquilado o vendido esas viviendas a otras personas y será un problema para aplicar la sentencia”, admite Benítez de Lugo.

Arancha recuerda emocionada algunas de esas situaciones, que han lastrado una década de vida. “A mis padres les querían desahuciar porque su hija era la cara visible, hemos visto a vecinos irse, desahucios e, incluso, a una vecina que se suicidó cuando le llegó la carta con la fecha de lanzamiento... No hace falta estudiar derecho para saber que las cosas se han hecho regular y que ni (Alberto Ruiz) Gallardón ni Ana Botella estaban mirando por los derechos de los ciudadanos cuando vendieron viviendas de protección oficial”.

El Tribunal de Cuentas llegó a condenar a Botella a pagar de su propio bolsillo 25,7 millones de euros por el roto que esta operación causó en las arcas públicas. Sin embargo, la Sala de Enjuiciamiento revocó la decisión por dos votos contra uno, precisamente, los de los consejeros propuestos por el Partido Popular, José Manuel Suárez y Margarita Mariscal de Gante. Mariscal de Gante fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, a su vez marido de Ana Botella.

Clara ve ante sí un horizonte totalmente nuevo. “Es pasar de la noche al día, siento una tranquilidad que no sé describirla”, celebra. Ahora tiene 48 años. Cuando atravesó por primera vez las puertas de su hogar tenía 30. Ha pasado casi media vida y, tras un periplo de 10 años, parece que está casi “empezando una nueva vida”.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a cuatro inquilinas de Blackstone, a los que deberá vender sus viviendas al mismo precio, de saldo, por el que las compró al Ayuntamiento de Madrid: 68.000 euros. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala a la Audiencia Provincial, que ya había señalado en 2019 que el fondo buitre tenía que respetar el derecho de retracto de estas familias, reconocido en los contratos que firmaron con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y que les daba prioridad para la adquisición de los inmuebles.

Los contratos firmados por estas familias con la EMVS incluían la opción de compra tras siete años de alquiler, que no fue respetada por Fidere, la socimi que gestiona los alquileres en nombre de Blackstone. En un primer momento, el juzgado de primera instancia 84 de Madrid dio la razón al fondo, una decisión que fue enmendada por la Audiencia Provincial y ratificada ahora por el Supremo, que ha decidido desestimar el recurso de casación interpuesto por la compañía e imponerle, además, las costas.

El recurso de Blackstone gira en torno a un argumento que el Supremo desmonta: que las viviendas se vendieron en bloque y no de forma individual. Esta es una de las claves, porque la ley de arrendamientos urbanos (LAU) excluye el derecho de retracto en caso de que los inmuebles se transfirieran como una única cosa, en una escritura única. El precio conjunto que el fondo buitre pagó al Ayuntamiento de la entonces alcaldesa Ana Botella fue de 72,8 millones de euros, unos 68.000 por vivienda. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ya recogía que “en la escritura se individualiza cada elemento como ”propiedad“ y, en su conjunto como ”propiedades“, reflejando individualizadamente la identificación catastral de cada una de las propiedades que integran la promoción”. E identifican, también, “cada arrendamiento, a cada arrendatario, con gastos y rentas y se da un precio a cada unidad”.

El Supremo ahonda en esa idea: “La parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas, se dice expresamente que no fueron objeto de la transmisión cuarenta y cuatro plazas de garaje del inmueble. De tal manera que no concurre el presupuesto fáctico para la denegación del retracto, porque cuando no se transmiten todas las fincas del mismo edificio no puede pretenderse la aplicación de las restricciones o limitaciones del artículo 25.7 de la LAU”.

En 2013, la EMVS vendió a Blackstone un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, pertenecientes a 18 promociones construidas bajo distintos regímenes de protección pública. La operación, ordenada por la entonces alcaldesa Ana Botella, es el gran ejemplo del desvío de vivienda pública a manos privadas de los últimos años en España. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo, que luego la Sala de Enjuiciamiento revocó por dos votos contra uno. A su favor tuvo a dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

El abogado que ha llevado el caso, José Mariano Benítez de Lugo, considera que la decisión del Supremo abre el camino para el resto de familias en esta situación. “Tengo otra sentencia de la Audiencia Provincial que me reconoce otros 40 casos y que está pendiente de resolver por el Supremo y hay más de 100 casos que reclaman el mismo derecho. Lógicamente, el principio de unidad de doctrina del propio tribunal supondría aplicar el mismo criterio a esa operación que a otras”, explica en conversación con elDiario.es

Una operación caracterizada por “su transparencia y concurrencia competitiva”. Así describía el Ayuntamiento de Ana Botella la venta de 1.860 viviendas de alquiler social de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros. Una maniobra acometida en 2013 que, bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, terminó con 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Residencia. Esto es, en manos de filiales del fondo buitre Blackstone.

La decisión vuelve a la palestra en un contexto de crisis de la vivienda que ha derivado ya en estallido social. En el sorteo celebrado el pasado viernes 28 de 400 viviendas asequibles de la EMVS (menos de una cuarta parte de las enajenadas por Botella), la actual vicealcaldesa Inmaculada Sanz prefirió no dar su opinión sobre aquella controvertida venta de pisos de alquiler social al ser consultada por este diario. No se atrevió a catalogarla como un error y en lugar de ello optó por destacar las que a su juicio son las líneas maestras de la política de vivienda de José Luis Martínez-Almeida.

“Nosotros estamos en ser la promotora pública y la empresa que más vivienda construye en España. Cuando llegamos había menos vivienda, tenemos ya más de 8.000 y queremos llegar a 15.000. La política de este equipo de Gobierno es muy clara, aunque necesitamos también incrementar la oferta en la ciudad de Madrid así que vamos a seguir trabajando en la colaboración público-privada”, expuso la vicealcaldesa en respuesta a una pregunta de Somos Madrid.

“De aquellos polvos, estos lodos”, opina por su parte Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE). Da esa respuesta a las preguntas de este periódico sobre la relación de la actual crisis de vivienda con la venta a Blackstone de su vivienda y la de otras 1.859 familias. “En aquella época ya había una crisis de vivienda con continuos desahucios, era absurdo que al Ayuntamiento se le ocurriera desprenderse del poco patrimonio habitacional del que disponía [en concreto de un tercio del total]. Y más aún a precio irrisorio”, añade.

Once años después, aunque continúa viviendo en su mismo domicilio, la herida de aquella maniobra no ha terminado de suturar. Los padres de Mejías pagaban unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en torno a 2004. Ahora abonan alrededor de 1.100.

Pero lo peor, dice, fue la opacidad y la incertidumbre que despertó el proceso: “Nos enteramos de todo cuando una vecina recibió la notificación de desahucio. El Ayuntamiento nos dejó vendidos y desamparados. Fue impactante y devastador”. Su familia presentó una querella por coacciones después de que Fidere se negase a renovar el contrato. Una vez admitida a trámite, lograron una negociación que les permitió “disfrutar del derecho a optar por esta vivienda como cualquier vecino, sin ser discriminados por haber luchado por nuestra casa”.

La venta a Blackstone fue también la primera toma de contacto para muchos ciudadanos con el concepto de “fondo buitre”, cada vez más presente en el debate público mientras crecía su proliferación y su control de propiedades en las grandes ciudades: “Es muy peligroso, y todavía más que no haya un control efectivo de las administraciones. También lo es que las viviendas de alquiler se conviertan en el monopolio de unos pocos tenedores de gran tamaño, algo que acabará siendo un problema hasta para los pequeños caseros. Por no hablar de que la reconversión de las casas compradas en alquileres turísticos hace que se pierda el encanto de los barrios y genera una convivencia vecinal espantosa. Y no solo en el centro”.

Una operación “lesiva” que “ignoró las normas de contratación”

En la venta de las miles de viviendas públicas, el Gobierno de Botella “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

La Cámara concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto.

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. Mejías asegura que “lamentablemente todas estas absoluciones fueron previsibles y esperables porque hay familias y apellidos muy difíciles de tocar”.

La absolución del Tribunal de Cuentas, por dos votos contra uno, la firmaron la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el organismo en su primera sentencia condenatoria: la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, la empresa municipal del Ayuntamiento obvió fijar el preceptivo pliego de condiciones. Con ello, se saltaba “no solo las normas internas de contratación sino también la Ley de Contratos del Sector Público”, así como los informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación. El resultado fue que “ignoró su obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar”. Así, para la Cámara de Cuentas la EMVS “no solo ignoró las normas de contratación”, sino también “los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos”.

La letra pequeña de aquel escrito evidenciaba además cómo el Ejecutivo municipal se fue plegando a las exigencias de Blackstone. El fondo rebajó en dos millones de euros su oferta ya “definitiva y vinculante” aduciendo que había más vecinos que no pagaban la renta de los anunciados, una suposición que EMVS aceptó “sin la menor prueba”.

Además de los afectados directos, hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad

Arantxa Mejías — Presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS

El Consistorio tampoco actuó cuando el fondo no materializó los 2,3 millones de euros en la rehabilitación y mejora de las casas que detallaba en su oferta de compra. La Cámara de Cuentas resaltó que se quedó en “una mera intención, no un compromiso real”. No en vano, la empresa asegura haber invertido 2,1 millones, pero “sin que se acredite documentalmente dicho extremo dado que la mayoría de facturas aportadas no pueden considerarse inversión sino simple mantenimiento”. Fidere apuntó incluso que esta aportación “no es parte del contenido obligacional de la transacción”.

Arantxa Mejías cuenta que ya en aquel momento entendían que ellos eran los afectados directos, pero que la decisión de Botella dejaría “miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”. Cree que “es muy peligroso que en pleno siglo XXI no podamos acceder a una vivienda digna y asequible, que nos dejemos tanto de lo que ganamos en un techo”.

Una vivienda y una vida digna que para ella no se limita al cobijo de un techo y cuatro paredes, sino que incluye “disponer de un cierto número de metros cuadrados en los que poder tener una familia o vivir sola con unas condiciones plenas”. Y añade: “Nos están vapuleando este derecho y nos hacen sentir que satisfacerlo a un precio razonable, pagando nuestros alquileres y suministros, es exigir una vida por encima de nuestras posibilidades”