El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha concedido al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel José Cervantes Martín, la Cruz Distinguida de 1.ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

La concesión ha sido resuelta por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, “en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona”, según recoge la comunicación oficial.

La distinción supone un importante reconocimiento a la dedicación profesional e institucional de Cervantes y a su compromiso con la Abogacía, ámbitos a los que ha estado estrechamente ligado a lo largo de su carrera, según explica el Colegio de Abogados en un comunicado.

Ángel José Cervantes ha recibido la noticia con “enorme gratitud” y ha querido hacer partícipes de este reconocimiento a quienes le han acompañado durante estos años en el ejercicio profesional y en sus distintas responsabilidades institucionales.

“Es una distinción que recibo con especial emoción y que quiero compartir con mis compañeros y compañeras, y con todo el Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, al que tengo el privilegio de representar como decano”, ha señalado.

Para el Colegio de la Abogacía de Toledo, la concesión de esta Cruz constituye también un motivo de especial satisfacción por el reconocimiento que supone a quien actualmente representa a la institución y a su dedicación a la defensa y representación de la profesión.

La Orden de San Raimundo de Peñafort

La Orden de San Raimundo de Peñafort reconoce los méritos relevantes de quienes intervienen en la Administración de Justicia, así como la labor desarrollada en el estudio y aplicación del Derecho y los servicios prestados en el ámbito jurídico.

La concesión de la Cruz Distinguida de 1.ª Clase a Ángel José Cervantes se suma así a los reconocimientos recibidos a lo largo de su actividad profesional e institucional.

Este lunes la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital publica un decreto por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, que pasa a denominarse Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Ciudad Real.

La modificación fue aprobada mediante acuerdo de su asamblea general el 18 de marzo de 2025, aunque no ha sido hasta hoy cuando se ha oficializado.

El cambio da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, en materia de utilización de un lenguaje no sexista. También se adapta a la modificación ya realizara a nivel nacional por la organización colegial que agrupa a los y las profesionales de este colectivo.

El Registro de la Propiedad se convertirá en las próximas semanas y meses en herramienta clave a la hora de reclamar daños por los incendios forestales. En Castilla-La Mancha trabajan 67 registradores de la propiedad y tendrán mucho trabajo, tras gigantescos y voraces fuegos en varias provincias.

Después de 32.000 hectáreas calcinadas en la Sierra Norte de Guadalajara por el incendio originado en La Mierla, todavía es pronto para conocer el alcance del mayor incendio de la historia de Castilla-La Mancha en extensión.

Entre inmuebles y parcelas, habrían quedado afectadas 1.004 fincas registrales, 30.946 parcelas y 479 construcciones o edificaciones. “Hablamos de edificaciones y no sabemos todavía de qué tipo”, Jaime Núñez Jiménez, decano del Colegio de Registradores de Castilla-La Mancha.

Este albaceteño de Almansa asumió el cargo en noviembre de 2025 y explica que, de momento, no hay estimaciones ciertas sobre el porcentaje de propiedades públicas y privadas. El Gobierno de Castilla-La Mancha aseguró días atrás que el 95% de la superficie calcinada corresponde al parque natural de la Sierra Norte.

“Se han juntado varios incendios, como el de Almorox, en Toledo, y no hemos tenido tiempo de analizar el alcance”, reconoce.

Las viviendas “diseminadas” y “no legalizadas”

Jaime Núñez comenta que los incendios forestales de las últimas semanas, y el caso “más claro”, dice, fue el de Almería, han puesto de manifiesto de cara a la opinión pública “la gran cantidad de urbanizaciones que hay en el monte. Es decir, casas diseminadas”.

Para los registradores no es una sorpresa. “En todos los Registros de la Propiedad constan diseminados. Y da igual que sea en zona urbana o en zona rústica. Los hay en todas partes”, afirma el decano.

Muchas de ellas no están legalizadas y eso, dice, será un problema para quienes lo han perdido todo sin tener declarada la propiedad. No habrá posibilidad de ayudas públicas porque “jurídicamente son inexistentes”.

Eso, asegura, “los ayuntamientos también lo saben. Lo que pasa es que regularlo es muy complicado porque la gente construye, sin declarar, y no hay medios de inspección”.

Eso uno de los debates abiertos este verano: el papel de los ayuntamientos respecto a la situación preventiva en su propio término municipal, o en su caso instituciones como las diputaciones provinciales que prestan ciertos servicios. O el diseño urbanístico.

Cuando preguntamos al decano sobre estas cuestiones habla de “complejidad” para abordarlo, aunque no descarta que tenga que producirse. “Debería, pero es que hablamos de una filosofía de vida difícil de cambiar. No le puedes decir a una persona que no se puede ir a vivir en medio del monte porque se la está jugando”.

De hecho, afirma que existen urbanizaciones en España que se crearon sin permisos y que han terminado consolidándose y convirtiéndose en “pseudo legales”, pero insiste, “los ayuntamientos no tienen medios personales ni tecnológicos para afrontar las inspecciones”.

En todo caso, recuerda que el control viene a veces a través de la solicitud de hipotecas. “El banco te va a pedir que la regularices y que se inscriba en el Registro de la Propiedad y nosotros sí lo comunicamos a los ayuntamientos”.

Un Portal de Emergencias que facilita notas simples gratis

El Colegio de Registradores de España ha puesto en marcha el Portal de Emergencias Registrales, un sistema de solicitud de notas simples sobre la propiedad, al margen de la información presencial que pueda solicitarse en las sedes del Registro de la Propiedad.

Será gratuito para los afectados por los incendios y servirá para solicitar las reclamaciones, acreditando la propiedad de la finca o el inmueble afectado ante las administraciones públicas. De momento, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana un “fondo de contingencia” dotado con 27 millones de euros.

El sistema funciona “de forma muy intuitiva”, explica Jaime Núñez, y se habilita “para que la gente pueda tener un acceso directo, rápido y gratuito a efectos de poder acreditar la propiedad y titularidad de las fincas para la reclamación, ante los seguros o ante las subvenciones”.

Núñez ofrece algunos consejos a las personas afectadas que vayan a acudir a las oficinas del Registro de la Propiedad. “Que cuenten el problema, el Registro está perfectamente articulado para localizar su finca y darle la nota que corresponda. Ofrecemos cualquier tipo de asesoramiento, para eso estamos ahí”.

Si fuera necesario se reforzará la atención “para que la gente pueda presentar en plazo las solicitudes de ayudas”. Su labor será la de facilitar la gestión. “Es posible que haya gente que haya perdido los títulos de propiedad y otros que no puedan localizar la finca”.

No solo se acredita la titularidad, sino también la descripción física. Algo que es posible gracias a la Ley de Coordinación del Registro de la Propiedad y del Catastro que data de 2015. “Esa ley estableció que se inscriba la base gráfica de las fincas, es decir, que el Registro ya no da fe solamente de lo que es la titularidad de las fincas, sino también de su descripción física”.

Ese registro incorpora desde entonces la georreferencia de la finca, con coordenadas, que permiten delimitar cada propiedad de forma precisa. Eso será también importante para definir hasta dónde llegaron los incendios. “Eso ha facilitado mucho en los últimos años la identificación de las fincas”.

Lo que no permitirá el documento del Registro es acreditar el ‘contenido’ de la finca en cuanto a su explotación (ganadera, agrícola o de otro tipo), salvo en el caso de las plantas fotovoltaicas o similares. “Las empresas que las gestionan, sí suelen articular medios jurídicos para su seguridad. Es decir, se suelen crear derechos de superficie o alquileres y eso sí se registra”.

Juan Antonio Mesones López seguirá una legislatura más al frente de la demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, después de que la única candidatura presentada para renovar la Junta Rectora haya sido proclamada electa.

Al no concurrir ninguna otra lista, no ha sido necesaria la celebración de votaciones, por lo que Mesones afrontará su segundo mandato como decano de la organización profesional en Castilla-La Mancha.

Según informa el colegio, Mesones es jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Campus de Ciudad Real.

Antes de acceder al decanato ya formaba parte de los órganos de dirección de la Demarcación como vicedecano, responsabilidad que desempeñó durante el mandato encabezado por Víctor Cuéllar. Posteriormente, asumió el mandato del Colegio en Castilla-La Mancha durante una primera legislatura.

Su trayectoria profesional y académica ha sido reconocida además con la Medalla de Honor de la Carretera, concedida por la Asociación Española de la Carretera a profesionales que han contribuido a la planificación, construcción, conservación y mejora de las infraestructuras viarias.

Durante su primer mandato, la demarcación ha reforzado su participación en el debate sobre las principales infraestructuras de la región, especialmente en asuntos como el trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura a su paso por Toledo, la planificación hidráulica, la conservación de las carreteras y la defensa de la capacitación técnica de los ingenieros de Caminos en las administraciones públicas.

Otra de las líneas impulsadas durante esta etapa ha sido la protección y divulgación del patrimonio de la obra pública. De hecho, la demarcación organizó en Toledo el I Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil, que reunió a cerca de medio millar de profesionales, y ha promovido exposiciones e iniciativas para acercar a la sociedad el valor histórico, territorial y económico de las infraestructuras.

Asimismo, el Colegio ha ofrecido asistencia técnica a las administraciones ante daños en infraestructuras históricas, como el derrumbe parcial del Puente Viejo de Talavera de la Reina, y ha reclamado una mayor inversión en prevención, conservación y protección frente a inundaciones y otros fenómenos naturales.

Andrés Fernández-Pacheco repetirá como vicedecano

Andrés Fernández-Pacheco Sánchez continuará como vicedecano de la demarcación, responsabilidad que ya desempeñó durante la anterior legislatura junto a Juan Antonio Mesones. Asimismo, en el ámbito profesional, dirige Fernández-Pacheco Ingenieros, una firma de ingeniería de referencia en Castilla-La Mancha.

La Junta Rectora estará integrada, además, por Ramón Alfonso Sánchez de León, José María Coronado Tordesillas, Ana María Moreno Jiménez, Néstor Cid del Castillo, Ana Barenca Bonet, Virginia Nieves Morales y Almudena Sánchez Alfaro como vocales.

También han sido proclamados representantes provinciales Santiago Rubio Torrente, por Albacete; Ramón A. Martín Serrano, por Ciudad Real; Eduardo Jiménez Gismero, por Cuenca; y Victoria Eugenia del Egido Balboa, por Guadalajara.

Rita Fernández, vocal en la Junta de Gobierno nacional

Castilla-La Mancha también estará representada en la nueva Junta de Gobierno nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a través de Rita Ruiz Fernández, que ejercerá como vocal.

Ruiz es profesora titular de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha y ya formó parte de la Junta Rectora regional entre 2014 y 2022. También pertenece al Comité Técnico de Patrimonio del Colegio.

Igualmente, Isidro Zapata, también colegiado de la Demarcación, fue elegido consejero territorial por Castilla-La Mancha.

La Junta de Gobierno nacional estará presidida por Ricardo Martín de Bustamante, con Luis Villarroya como vicepresidente, después de que su candidatura resultara elegida para dirigir el Colegio.

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) tiene desde hace unos días nuevo decano. Se llama Jesús San Vicente y tomó posesión el día 20 de julio después de un largo proceso judicial desde las elecciones celebradas en la primavera de 2025. El nombramiento tuvo lugar en la propia sede del COAM en la calle Hortaleza, en un acto público formalizado por el presidente de la Mesa Electoral, pero hasta esta semana los juzgados no han validado la investidura. Y, visto los precedentes, no es descartable que vuelva a haber algún otro recurso, porque el hasta ahora decano, Sigfrido Herráez, no parece que vaya a dejar el cargo.

Todo comenzó hace más de un año en la campaña electoral del colegio, cuando Herráez decidió presentarse para intentar renovar su mandato. Los estatutos internos del COAM lo limitan a dos ejercicios, por lo que la candidatura del aspirante San Vicente (Nexo COAM) intentó retirarle de la carrera al considerar que los había cumplido. El primero consideraba que no había llegado a los ocho años máximos de decano -los hubiera cumplido el próximo noviembre- y tenía legitimidad para presentarse.

El resultado de las elecciones fue muy ajustado: la candidatura de Herráiz, Todos COAM) obtuvo 1.216 votos (53,9%) frente a los 1.040 reunidos por San Vicente. Fue ahí donde empezó un enorme litigio judicial que, de momento, ha acabado con el segundo investido como decano después de muchas vías judiciales y algún intento previo de investidura fallido. Pero desde el equipo del hasta ahora decano consideran que lo procedimientos judiciales derivados del proceso electoral continúan pendientes de resolución definitiva y, en consecuencia, “la controversia jurídica que afecta al proceso electoral no puede considerarse concluida”. Es decir, que a día de hoy hay un decano investido y otro en ejercicio.

El último episodio en los juzgados es la resolución de este miércoles dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 rechazando la tramitación del incidente de nulidad que había pedido Sigfrido Herráez, al considerar que supone “un nuevo escollo innecesario y sin justificación alguna a la tramitación del procedimiento”. Desde el círculo de San Vicente consideran que esta resolución desactiva “la última maniobra contra la toma de posesión de la Junta de Gobierno”.

Las mismas fuentes indican que la nueva Junta de Gobierno “continuará trabajando por un Colegio estable, transparente y centrado en el servicio a todos los colegiados”, a la vez que dará más pasos “para hacer efectiva su toma de posesión y devolver la normalidad institucional al Colegio, tras un año de interinidad de la Junta cesante”.

Sin embargo, desde el equipo de Sigfrido Herráez consideran que hasta que no exista una resolución judicial firme, las medidas cautelares adoptadas en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 mantienen su eficacia. Y recuerdan que permanece pendiente de resolución la solicitud de medidas cautelares formulada en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24.

El Colegio de Registradores ha activado el Portal Registral de Emergencias ante los daños ocasionados por el incendio declarado el pasado jueves 16 de julio en La Mierla, en la provincia de Guadalajara.

Esta herramienta permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

Según las primeras estimaciones, el fuego ha afectado a 1.004 fincas registrales y 479 edificaciones, aunque todavía se sigue evaluando el impacto de un incendio que continúa activo y supone, recuerda la organización colegial, “una amenaza significativa para las comunidades locales, las infraestructuras críticas, las masas forestales y los recursos naturales de su entorno”.

Según los últimos datos ha calcinado ya más de 32.000 hectáreas en total y se encuentra en fase de establización.

Los análisis realizados identifican además importantes afecciones medioambientales derivadas del incendio. En concreto, han resultado afectadas miles de hectáreas de Montes de Utilidad Pública, entre los que se encuentran Santotis, El Reajo, Bienes Comunales, Fuente de la Cueva, Retortilla, Matalonguilla y otros, Almiruete, Robredarcas, Umbría de los Parejones y Canalejas, Barranco y otros, Solana de Valdetrillo, La Frenera y Solana de la Peña el Tormo, Las Cabezadas, Dehesa y Monte Hueco, Jocar, Fraguas, La Mierla, Muriel Sacedoncillo, El Castillar de la Mata y otros, Dehesa, Dehesa Boyal y Robledal, Dehesa Boyal de la Torrecilla, Las Navas, Espinarejo, Las Cobatillas y otros, Valsordo, Peña Recorte, Bustariega y Termuñoz, Valdecarrascoso y la Noguera, Pinar, Dehesa Boyal, Agua Fría, Dehesa Martiniaga, Sierra del Alto Rey y otros, Baldíos, todos ellos de elevado valor ambiental y forestal.

Asimismo, el incendio ha afectado a más de 20.000 hectáreas de espacios naturales protegidos. Entre los espacios afectados se encuentran el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y la Microrreserva 'Cerros Volcánicos de La Miñosa', lo que pone de manifiesto la magnitud del impacto ecológico ocasionado por el fuego.

De acuerdo con los datos preliminares que maneja este colegio, han sido más de 26.700 las hectáreas quemadas, en los términos municipales de Albendiego, Arbancón, Arroyo de las Fraguas, Atienza, Bustares, Cogolludo, Condemios de Arriba, Congostrina, Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Hijes, Miedes de Atienza, La Mierla, La Miñosa, Monasterio, Las Navas de Jadraque, El Ordial, Prádena de Atienza, Robledo de Corpes, San Andrés del Congosto, Tamajón, La Toba, Ujados, Villares de Jadraque, Zarzuela de Jadraque y Semillas.

Desde el Colegio de Registradores están actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias, ofreciendo una visión global del impacto de los incendios y facilitando a los damnificados el acceso a los datos de fincas registrales afectadas y acreditando la titularidad vigente de sus inmuebles, algo que será clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.

Tomás Merina, vencedor en las últimas elecciones en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), ha presentado este jueves un recurso de apelación contra la sentencia que avala la anulación de su proclamación como candidato, al considerar que las partes implicadas no han ofrecido garantías suficientes para convocar unas nuevas elecciones abiertas.

En concreto, el titular de la Plaza número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid avaló la decisión de la Comisión de Recursos de anular la proclamación como candidato de Tomás Merina a los comicios, en los que la lista que encabezaba, 'Icomem para Todos', se impuso con el 46,9% de los votos.

Tras esta decisión judicial, Merina puso sobre la mesa una oferta para desbloquear la situación en la institución colegial, con una propuesta que pasaba por renunciar a seguir con la vía judicial a cambio de que se convocaran elecciones abiertas. No obstante, “ante la falta de compromiso para convocar un proceso en el que todos los colegiados puedan expresarse libremente y sin restricciones injustificadas”, la lista 'Icomem para Todos' ha decidido “ejercer su derecho a recurrir”.

Así, ha presentado un recurso de apelación al considerar “injusta” la resolución judicial y ante la falta de “garantías suficientes” y “voluntad” para la convocatoria de elecciones abiertas en el Icomem. “Creemos que la forma de defender a los médicos es recurrir una sentencia que anula la voluntad expresada por los colegiados en las urnas”, ha defendido Merina en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, su equipo ha reiterado que discrepa de la interpretación “restrictiva” que realiza la sentencia sobre el concepto de ejercicio efectivo de la profesión médica, al entender que alguien con contrato para ejercer labores de director médico se dedica a labores administrativas y no médicas, “algo contrario a la realidad actual de la profesión, a la normativa aplicable y al propio Código de Deontología Médica”.

En concreto, el juzgado constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo. Pese a presentar un contrato de “dirección médica” con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas.

De este modo, el tribunal respaldaba la decisión de anular su candidatura al considerar que no cumplía con el requisito de ser médico en activo conforme a los Estatutos de la institución colegial.

Asimismo, la candidatura de Tomás Merina discrepa de que la sentencia no otorgue “la debida relevancia al resultado democrático de las urnas”. A juicio de 'Icomem para Todos', “no puede tratarse como un elemento menor” que esta lista fue proclamada por la Junta Electoral, concurriera a las elecciones y resultara ganadora “con una ventaja amplia sobre el resto de candidaturas”.

“La anulación posterior de su candidatura no solo afecta al derecho de Tomás Merina a ser elegido, sino también a los miles de colegiados que expresaron su voluntad en las urnas y que, con esta decisión, ven frustrado el resultado que apoyaron democráticamente”, han explicado desde la lista.

En concreto, en los últimos comicios, la candidatura encabezada por Tomás Merina se impuso con el 46,9% de los votos (4.475), por delante de la liderada por Manuel Martínez-Sellés, 'Primero, médicos', que quedó en tercera posición con el 25,1% de los votos (2.393).

“Presentamos este recurso para defender los derechos democráticos de los médicos de Madrid, a los que se les pretende imponer una Junta Directiva que no votaron. No podemos aceptar una salida diseñada desde los despachos, sin garantías democráticas suficientes y que limite la participación de los colegiados”, ha explicado Tomás Merina.

En cualquier caso, desde la candidatura 'Icomem para Todos' han reclamado que la presentación de este recursos no se use “como excusa” para “mantener paralizado el Colegio” y, en este sentido, ha recordado que la Junta Directiva en funciones de Manuel Martínez-Selés “lleva dos años eludiendo la responsabilidad democrática de convocar a los compromisarios del Colegio para encontrar salidas a la crisis institucional o para cumplir con su obligación de dar a conocer el estado de las cuentas de la institución”.

“Nos presentamos a las elecciones de 2024 con un mensaje claro: había legado el momento de abrir puertas y ventanas en el Colegio para permitir que entraran nuevos aires democráticos. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón: hay demasiados intereses tratando de evitar que los médicos de Madrid puedan elegir a sus propios representantes de forma democrática”, ha zanjado Merina.

Tras esta decisión, la actual Junta Directiva en funciones ha recalcado que la interposición de nuevos recursos ante la jurisdicción ordinaria “supone prolongar la situación de incertidumbre y retrasar la normalización del funcionamiento institucional del Colegio a través de sus propios órganos colegiales”.

Así, han recalcado que, en estos momentos, su obligación es actuar “como garantes de la legalidad y del correcto funcionamiento de la institución”. Por ello, han asegurado respetar “escrupulosamente” los procedimientos en curso y permanecen “a la espera” de que exista una resolución firme en el ámbito judicial, así como del pronunciamiento de la Comisión de Recursos, órgano colegial competente para conocer esta materia.

“Mientras la actual Junta Directiva continúe al frente del Icomem, seguirá desempeñando sus funciones con plena responsabilidad, garantizando la estabilidad, la legalidad y la continuidad de la actividad colegial, siempre en defensa de los intereses de los médicos de Madrid”, han indicado desde este órgano, que ha trasladado un mensaje de “responsabilidad y serenidad”.

Casi dos años después de las últimas elecciones del Colegio de Médicos de Madrid, un juzgado ha avalado la decisión interna que anuló su candidatura, y mantiene en vilo desde entoces a sus más de 54.000 colegiados. Ha sido el número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, que da por buena la medida adoptada por la Comisión de Recursos del Icomem (que aún depende de la antigua directiva, en funciones) y acepta que Tomás Merina tenía impedimentos para presentarse a esos comicios.

En un auto, con fecha de este lunes y citado por Europa Press, el magistrado desestima el recurso interpuesto por Tomás Merina contra dicha resolución, confirmando así que este no era elegible para el cargo por el que fue elegido con 4.475 votos, el doble de los que obtuvo el presidente Manuel Martínez-Sellés, quien se hizo con 2.393 papeletas. Pese a una victoria holgada, la candidatura de Icomem para Todos nunca llegó a tomar posesión de los cargos en la Junta Directiva pese a que, en su momento, los resultados se proclamaran como válidos. Días antes tomar posesión, la Comisión de Recursos anunció la anulación de la lista ganadora al considerar que el doctor Merina no cumplía los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica.

Cuando se iba a oficializar el nombramiento en una ceremonia administrativa, la Junta Electoral del Icomen suspendió el acto. Meses después, la Junta Electoral anunció que, por decisión de la Dirección de Martínez-Sellés, su actividad se había dado por concluida y, en consecuencia, el órgano ya no podía pronunciarse sobre la situación de la institución colegial. Desde que se anuló internamente la victoria de Merina, la cúpula interina dictaminó que debían convocarse nuevas elecciones, pero esta vez sin su actual presidente: él mismo consideraba que los resultados dieron un mensaje claro al respecto.

No obstante, la cita con las urnas nunca ha tenido lugar y la anterior Junta Directiva sigue al frente de la institución de manera interina. Según alegan desde el equipo de Martínez-Sellés, los comicios no se pueden convocar al haber judicializado el proceso el doctor Merina, que presentó un recurso por vía contencioso-administrativa tras la anulación de la candidatura. Ahora, el juzgado respalda la tesis de que este candidato jubilado no podía figurar como médico en activo, como estipulan los estatutos del Icomem. Entre otras cuestiones, se constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo.

Tomás Merina “respeta” el auto, pero estudia posibles acciones

Pese a presentar un contrato de “dirección médica” con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas. Desde Icomem para Todos se defiende en el recurso que el Colegio no puede realizar una interpretación restrictiva del concepto de ejercicio profesional de la medicina, ya que “excluiría a miles de médicos cuya actividad se desarrolla en ámbitos como la gestión sanitaria, el peritaje, la docencia o la investigación, entre otros”.

En este sentido, el anula su proclamación “por considerar, en apretada síntesis”, que no reúne los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 13.1 de los Estatutos, esto es, que las funciones de dirección médica acreditadas por Tomás Merina tienen naturaleza de gestión administrativa y no constituyen ejercicio profesional de la medicina a los efectos previstos en los estatutos colegiales.

“Discrepamos profundamente de esta decisión, aunque la respetamos”, ha remarcado este martes el propio Tomás Merina, quien ha reiterado que su equipo analizará la resolución judicial en los próximos días para estudiar las posibles actuaciones y contribuir a encontrar una salida a la situación institucional que vive el Colegio. Por su parte, la Dirección del Icomem, que sigue dirigida en funciones por Martínez-Sellés, asegura que el compromiso de reactivar las elecciones se mantiene y tendrá lugar en cuanto sea firme esta sentencia.

Recuerdan que Martínez-Sellés ya comunicó su decisión de no volver a presentarse a la presidencia y su deseo de que las nuevas elecciones se celebren lo antes posible y han remarcado que fue precisamente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Tomás Merina el que “impidió” la convocatoria electoral a principios de 2025.

La debacle postelectoral no termina en el Colegio de Arquitectos de Madrid, el COAM. Después de más de un año desde las últimas elecciones, que ganó por la mínima el entonces decano, Sigfrido Herráez, una serie de procedimientos internos y judiciales se han entrelazado hasta no ver la luz. Según recoge Europa Press, el pasado 19 de junio se emitió una nueva resolución que ha admitido otro recurso presentado desde la lista de Herráez, Todos COAM, cuya candidatura en los comicios de 2025 fue cuestionada y recientemente anulada al considerarse que incumplía con los estatutos del órgano colegiado. Esta vez, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid se sumará un cruce de denuncias en el que ya estaba inmerso otro tribunal, el número 18, que antes había aceptado suspender las medidas cautelares que permitieron la toma de posesión del decano, en mayo del año pasado.

La sentencia emanaba de un recurso llegado desde la oposición, que lidera Jesús San Vicente, su contrincante en aquel momento. El quid de la cuestión es si Sigfrido Herráez podía aspirar a un tercer mandato al frente de la institución, dado que esta permite un máximo de seis años como miembro de un equipo directivo y cada legislatura dura tres. La lista ganadora y luego invalidada argumentó que su primera legislatura no pudo completarse, pues llegó después de una moción de censura y apenas se prolongó año y medio.

Ahora, la lista de Herráez vuelve con una contraofensiva judicial interpuesta desde dos vías: una ante el Contencioso-Administrativo número 18, que antes concedió las cautelares y les permitió presentarse “de forma provisional” a los comicios; y luego otra en el juzgado 23, que pasará a estudiar la solicitud. Herráez llegó al decanato del COAM en noviembre de 2020, tras la dimisión como decana de Belén Hermida.

Tras alzarse ganador en las elecciones de 2022, ha liderado el Colegio hasta la actualidad, aunque de forma interna desde primavera de 2025. Aunque el auto de la semana pasada abrió camino a Nexo COAM (la lista de Jesús San Vicente) e incluso convocó la investidura de su líder, todo vuelve a quedar congelado justo antes de resolverse.

En cambio, el magistrado desestima el escrito de “completación” presentado por la representación de Sigfrido Herráez contra la resolución previa que revocaba las cautelares por defecto de forma, al considerar que la lista Todos COAM acudió a la vía judicial sin agotar previamente la vía administrativa interna del propio Colegio. Con este nuevo proceso abierto, el juez del tribunal número 18 fundamenta el rechazo de la completación por existir una situación de litispendencia.

Este es un tipo de litigio que busca evitar procesos simultáneos sobre un mismo tema, impidiendo duplicidades y resoluciones contradictorias en los tribunales. De esta forma, queda cerrado el frente en el juzgado número 18 y se limita a la decisión que adopte el número 23, que ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por Sigfrido Herráez atendiendo a un “riesgo por mora procesal”, es decir, que de no adoptarse la suspensión urgente, la proclamación de una nueva Junta de Gobierno consolidaría de hecho la exclusión de Todos COAM.

En el fallo, consultado por Europa Press, se alude así al “perjuicio grave” no solo de carácter inmediato para la lista Todos COAM “sino incluso para el interés común de los colegiados” en caso de que se permitiera “sin más” la conformación de una nueva Junta de Gobierno, con todas las implicaciones que ello pudiera entrañar. Todo ello, alude además el tribunal, sin que la lista Nexo COAM haya esperado “el breve plazo concedido para formulación de alegaciones, y en el que, sin duda, sin la premura de las medidas cautelarísimas, hubiera podido manifestar cuanto tuviera por conveniente acerca de la concurrencia de causas de inadmisibilidad, o cualquier otro óbice procesal o de fondo”.

La Mesa Electoral del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof) ha anulado las elecciones celebrada el pasado 10 de mayo en la entidad y ha acordado la repetición de las votaciones tras el recurso presentado por dos de las candidaturas presentadas por irregularidades en el voto por correo.

La entidad colegial celebró el pasado 10 de mayo las elecciones para escoger a la nueva directiva, unos comicios en los que ganó la candidatura encabezada por Juventino Jiménez (Impulso Farmacéutico) con 853 votos de los 2.417 emitidos, mientras que la encabezada por Sergio Marco (Voz Farmacéutica) obtuvo 772 votos y la de Santiago Riaza (Avanza Micof), 678.

Posteriormente, las candidaturas de Marco y Riaza presentaron recursos de reposición contra el Acuerdo de proclamación de la candidatura electa por un presunto defecto de forma en el envío del voto por correo, información que reveló elDiario.es.

Una resolución de la Mesa Electoral, fechada este jueves, señala que se estiman los recursos de reposición interpuestos por Marco y Riaza, declara la nulidad del Acuerdo de proclamación de candidatura electa y acuerda la repetición del acto de votación.

“Esto es, la fijación de una nueva fecha para la votación en los términos previsto en los Estatutos y el Reglamento Electoral, la remisión de la documentación para el voto por correo y la emisión del sufragio, personalmente o por correo”, añade la resolución.

Por su parte, la candidatura Voz Farmacéutica, encabezada por Sergio Marco, ha valorado la decisión de anular el voto por correo en el proceso electoral del Micof como una “confirmación de las irregularidades denunciadas durante las últimas semanas”.

Desde la candidatura se considera que esta resolución “pone de manifiesto la importancia de garantizar el estricto cumplimiento de las normas estatutarias en cualquier proceso electoral, especialmente cuando están en juego la representatividad y la confianza de miles de colegiados”.

Voz Farmacéutica insiste en que la admisión de votos por correo en condiciones no ajustadas a los estatutos —incluyendo sobres contenedores de múltiples papeletas o sin las debidas garantías de integridad— “comprometía la limpieza del proceso y justificaba plenamente la impugnación presentada”.

Según el escrito de impugnación de la candidatura de Sergio Marco, a la que ha tenido acceso elDiario.es, “los votos por correo de la candidatura de Juventino Jiménez fueron remitidos a la notaría pero no con carácter individual, sino que fueron remitidos en bloque en varios sobres que contenían en su interior una multiplicidad de votos, en algunos sobres hasta 100 votos aproximadamente, y además no fueron enviados por los propios electores sino por miembros de la candidatura del señor Jiménez o por personal a su cargo”.

La Casa de los Periodistas, ubicada en el número 5 de la plaza de San Bartolomé de Logroño, conmemora esta semana su 25 aniversario. Sede de la Asociación de la Prensa de La Rioja y del Colegio de Periodistas el edificio, que nació tras un largo proceso impulsado por una generación de profesionales de la información riojanos, mantiene su actividad ininterrumpida desde su inauguración, el 21 de junio de 2001.

Situada en pleno casco antiguo de la ciudad, la Casa de los Periodistas se ha consolidado durante este cuarto de siglo como un espacio para el libre intercambio de ideas. La intensa actividad desarrollada en sus salas, con miles de actos informativos, presentaciones, debates y charlas, la ha convertido en un referente de la vida social, cultural y política de la capital riojana.

Con motivo de este aniversario, desde hace algunos días la Casa luce en su fachada una intervención artística efímera realizada por la artista riojana Noelia Escalera. La obra consiste en el trazado de un gran 25 en pintura de tiza sobre el edificio, una creación que está en el origen de la imagen gráfica que la Casa está utilizando este 2026 en todas sus comunicaciones. Además, una de las cristaleras del edificio ilustra a los paseantes sobre el significado que la Casa de los Periodistas tiene para la profesión periodística y para la sociedad riojana.

“25 años hace ya que la Casa de los Periodistas abrió sus puertas en este edificio del siglo XVIII. Sede de la centenaria Asociación de la Prensa de La Rioja y del más moderno Colegio de Periodistas, su esencia la definen todas aquellas personas, colectivos e instituciones que habéis confiado en nosotros durante este tiempo para dar a conocer vuestros mensajes. Y eso que, en realidad, lo que mejor nos representa son todas aquellas ruedas de prensa que acogimos, aunque no nos gustaran. Una casa convertida en trinchera de libertad que obliga a recordar, a moradores y visitantes, que el humor y la palabra siguen siendo herramientas poderosas y que la libertad de expresión no es un regalo, sino un bien colectivo que se defiende cada día”, señala el texto firmado por la actual presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos, al frente del colectivo desde 2018.

La intervención artística del 25 aniversario dialoga con otros textos que desde hace años forman parte de la fachada y que convierten el edificio en una suerte de manifiesto permanente sobre periodismo, libertad de expresión, respeto a la discrepancia y convivencia democrática.

Entre ellos figura un fragmento del discurso pronunciado por Luis Sáez Angulo, presidente de la Asociación de la Prensa de La Rioja desde enero de 1992 hasta junio de 2006, durante la inauguración oficial de la Casa de los Periodistas en junio de 2001.

Junto al recuerdo de aquellas palabras, que siguen siendo una de las principales señas de identidad de la Asociación de la Prensa de La Rioja, pueden leerse también en la fachada de la Casa el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra la libertad de opinión y expresión como un derecho fundamental, y una reflexión del riojano Práxedes Mateo Sagasta, periodista y director del diario La Iberia (1862) antes de convertirse en una de las grandes figuras políticas de la España contemporánea. “No es por la ley por lo que los ciudadanos piensan, hablan, escriben y publican sus pensamientos; no es por la tolerancia de los Gobiernos, no es por la voluntad de nadie; es por un derecho superior a los Gobiernos; es por un derecho anterior a la ley, por un derecho natural”.

Este próximo sábado 20 de junio, los nueve balcones de la Casa de los Periodistas volverán a convertirse en escenario del concierto que cada año recuerda el que se celebró el 21 de junio de 2001 con motivo de la inauguración oficial del edificio y que sirve también para festejar con música la llegada del solsticio de verano.

El programa arrancará a las 23,00 horas con la actuación del Coro Joven de Píccolo y Saxo, que interpretará un repertorio contemporáneo. A continuación, actuará la Brassas Band, agrupación integrada por profesorado de la escuela, que ofrecerá un variado programa de piezas instrumentales y canciones interpretadas por Mar Ruiz y Daniel Amatriain como solistas y también a dúo. El concierto concluirá a las 00,00 horas con la bienvenida oficial al verano.

25 AÑOS DE LA CASA DE LOS PERIODISTAS

La Casa de los Periodistas nació impulsada por una generación de profesionales de la información de La Rioja que compartían el objetivo de contar con una sede propia. Tras años de gestiones, adquisiciones, permutas y negociaciones lideradas por la junta presidida por Luis Sáez Angulo, la rehabilitación del edificio de la plaza de San Bartolomé número 5, proyectada por el arquitecto José Miguel León y coordinada por Luis Enrique González de Garay en representación de la Asociación de la Prensa, permitió devolver a la vida un edificio del siglo XVIII situado en uno de los enclaves históricos entonces más deteriorado y marginal del casco antiguo de Logroño -al que sin embargo los periodistas supieron ver su inmensa- y ponerlo al servicio de la profesión periodística y de la sociedad riojana. La actuación culminó con su inauguración el 21 de junio de 2001, tras trece meses de obras.

Desde entonces, el edificio se ha convertido en uno de los espacios de referencia de la vida pública riojana. En sus salas se han celebrado miles de ruedas de prensa, encuentros profesionales, actividades culturales, presentaciones, exposiciones, debates y actos institucionales. También ha sido testigo de algunos de los momentos más complejos vividos por la profesión periodística durante este primer cuarto del siglo XXI, desde la crisis económica hasta la pandemia, manteniendo siempre abiertas sus puertas y su vocación de servicio a la ciudadanía.

La Asociación de la Prensa de La Rioja, fundada en 1913 y actualmente integrada por más de trescientos periodistas, ha querido conmemorar esta efeméride mediante una intervención tan sencilla como simbólica. El gran número 25 trazado sobre la fachada recuerda el camino recorrido durante este cuarto de siglo.

Veinticinco años después, la Casa de los Periodistas continúa siendo un espacio abierto al debate, a la información y a la convivencia democrática; un lugar construido por todas las personas que han cruzado sus puertas y que han encontrado en él un escenario para compartir ideas, defender sus convicciones o ejercer su derecho a la palabra. Un propósito el de este espacio, hoy más necesario que nunca.

El Colegio Oficial de Biólogos de Castilla-La Mancha (COB-CLM) ha enviado un escrito al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page exigiendo acabar con lo que califican de “discriminación sistemática” hacia este colectivo profesional que se produce por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

También reclaman “un cambio en la política de personal” que, según sostiene el colegio profesional, “excluye a los biólogos de la mayor parte de los puestos de funcionarios en la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad”, con competencias en flora y fauna, hábitats, caza y pesca, entre otras.

En tercer lugar, solicitan el “cese inmediato” del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, por la que consideran una “actuación arbitraria y falta de imparcialidad” en su gestión, en la que también dicen que “incumple” su obligación de velar por el servicio público y el interés general. Subrayan en este aspecto que “beneficia de forma sistemática al colectivo de ingenieros forestales, al que pertenece”.

En su opinión, su gestión “está perjudicando a otras profesiones de ámbito ambiental, entre las que los biólogos desempeñamos un papel fundamental, máxime cuando se refiere a temas de conservación de la biodiversidad”.

“Escasos puestos para biólogos” en el ámbito público

Respecto a la política de personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible hablan de “escasos puestos para biólogos” que se reducen “cada vez más” porque la titulación ha sido “excluida” en la mayor parte de los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT“ de este departamento del Gobierno regional.

Afean que apenas se convoquen plazas de Biología en convocatorias publicas e insisten en que “la la gran mayoría de los puestos de medio natural vacantes y/o en interinidades son cubiertos por ingenieros de montes o forestales”.

De hecho, apuntan, “en la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad y sus servicios provinciales, el 90% de los puestos de funcionario y el 100% de los puestos de jefaturas de Área y de Servicio (de libre designación) están actualmente ocupados por ingenieros de montes o forestales”.

En la misma misiva dirigida a Page, que enviaron hace una semana y de la que todavía no tienen respuesta, sugieren que “esta situación discriminatoria” se ha vuelto a poner de manifiesto en el nuevo borrador del Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, sometido a información pública tras la judicial del anterior decreto 15/2022 de este Reglamento.

En concreto, el anulado artículo 4 establecía que únicamente son competentes para realizar trabajos en materia cinegética los ingenieros de montes y forestales, excluyendo “por decreto” a los biólogos y otras profesiones ambientales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General de Colegios de Biólogos de España y el Colegio Oficial de Biólogos de Castilla La Mancha y consideró nulo el citado artículo. Posteriormente, el Tribunal Supremo en otra sentencia declaró la nulidad del Decreto en su conjunto.

“Sorprendentemente, el nuevo borrador de decreto de Reglamento de Caza mantiene idéntico el texto del artículo 4 que ha sido expresamente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”, advierten.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible han declinado hacer valoraciones sobre las peticiones del colegio profesional a preguntas de este medio.

En 1986, un grupo de profesionales con compromiso progresista nos propusimos superar la vieja beneficencia y la asistencia social basada en la caridad, desde la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del primer Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por José Bono.

Nuestro objetivo era construir un marco normativo de bienestar social en Castilla-La Mancha donde las personas dejaran de depender de la voluntad ajena y pasaran a ser titulares de derechos subjetivos exigibles por ley. Queríamos crear y consolidar una arquitectura jurídica ambiciosa y con potencialidad de desarrollos reglamentarios posteriores que elevasen la calidad de vida de todos los ciudadanos de la región, pero muy en particular la de colectivos más frágiles (niños de 0 a 6 años, menores y mujeres más desprotegidos, personas con diferencias y/o discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, drogodependientes y los entonces llamados viejos o ancianos).

Intentábamos asegurar mejoras cualitativas para las personas más vulnerables de la sociedad. Pasar de la gracia al derecho, de la discrecionalidad a la responsabilidad pública, de la ayuda puntual a las prestaciones profesionales, de la dispersión institucional a un sistema organizado, del asistencialismo reactivo a la prevención, del receptor pasivo al ciudadano participativo y al establecimiento del cuarto pilar de Estado del Bienestar Social Universal y con presupuestos públicos.

Para lograrlo, realizamos un riguroso trabajo de documentación y debate. El texto final resultó ambicioso, humanista y garantista. La norma consolidó un sistema integral y descentralizado que otorgó un papel protagonista a los ayuntamientos, promovió la participación ciudadana y combinó la atención primaria con la especializada.

Centros para mayores, menores y personas con discpacidad

Esta transformación requirió una financiación sólida y continuada. Con uno de los mayores presupuestos del Gobierno autonómico de la época, se impulsaron recursos históricos como el PRAS, el Fondo Regional de Bienestar Social y una red de centros para mayores, menores, personas con discapacidad, centros de atención infantil y colectivos vulnerables.

Gracias a la Ley y al enorme y continuado esfuerzo presupuestario se fueron estableciendo cientos de Centros Sociales Polivalentes (CSP), CAIS, centros ocupacionales, residencias para mayores, centros de salud y consultorios locales.

Entre las teorías sociopolíticas de “cerrar pueblos” o “ayudarles a sobrevivir y desarrollarse” triunfó esta segunda y justificó el gran desarrollo inversor en centros y servicios Sociosanitarios para las gentes de Castilla-La Mancha, muy despoblada y abandonada históricamente y a la que intentamos transformar con atenciones de calidad de vida.

Todo este engranaje cobró vida gracias a la enorme responsabilidad y eficacia de los profesionales del Trabajo Social, pilares destacados en esta ingente labor.

A cuarenta años de su confección, y tras su actualización en 2010 por la Ley 14/2010, nos sentimos profundamente orgullosos de aquel esfuerzo.

Con sus lógicas limitaciones, este marco normativo moderno permitió transformar la utopía en realidades concretas, cambiando para siempre la vida de los castellanomanchegos.

Salvo excepciones, que las hay, las profesionales de los Servicios Sociales han conocido y conocen las leyes que regulan su quehacer diario y que les afectan directamente, cuando han tenido que preparar oposiciones. No nos engañemos. Esa es la cotidiana realidad.

Si a eso añadimos que la primera Ley de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha (así se llamaba) es del año 1986 , la mayoría de las y los trabajadores sociales hoy en ejercicio no tienen de ella ni la más remota idea. Y es normal. Demasiado lejos y demasiadas leyes, decretos, órdenes, circulares, planes, programas y notas divulgativas, como para recordar una ley que dejó de estar vigente cuando se publicó la que actualmente está en vigor desde el 30 de junio de 2011, a los seis meses de su publicación.

Sin embargo, permitidme que eche la vista atrás y os cuente algunas cosas de hace cuarenta años, que quizás os interesen.

La Consejería que promovió la redacción y publicación de la Ley fue la de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Curiosamente, 25 años después, la segunda Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha fue promovida también por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Esta vez sin Trabajo y es que, los servicios sociales, como todas sabemos, han estado alojados en variadas y diferentes consejerías.

Aquella primera ley vino a ordenar y dar forma en 27 artículos y unas cuantas disposiciones transitorias a un sistema público inexistente, que nacía con más ganas que ciencia, con toda la ilusión que un nuevo proyecto lleva consigo, con la emoción de poder hacer algo para mejorar las condiciones de vida de los castellanomanchegos y que pudiera participar en el desarrollo de una región en la que todo estaba por hacer.

La ley nos dio un lenguaje propio que permitía entendernos entre nosotros y darnos entidad propia ante otros sistemas. Empezamos a hablar de Servicios Sociales generales y especializados, de residencias de ancianos y/o “minusválidos” (así los nombraba la ley) de centros sociales polivalentes, de día, ocupacionales o de acogida; e incluso de centros de drogodependientes y alcohólicos, que hasta muchos años después no pasaron a ser parte del sistema público de salud.

Del PRAS a los Consejos de Servicios Sociales

Casi en paralelo con la Ley, nació el PRAS, el programa que llevó los servicios sociales generales a toda la región haciendo realidad muchos de los programas que la ley mencionaba.

Y nacieron los Consejos de Servicios Sociales, el regional, los provinciales y los locales, en los que durante muchos años, la Administración daba cuentas a los miembros que los componían (sindicatos, entidades y ONG) de programas, planes y presupuesto.

Fueron años de formación continua y continuada (reglada y no reglada, esa que se adquiere con la práctica diaria, las reuniones y las discusiones con las colegas), de creación de equipamientos y servicios, de aumento paulatino y progresivo de personal, de incorporación de otros profesionales a los incipientes equipos de trabajo, de la implicación de los ayuntamientos grandes a través del Plan Concertado (1989).

Algunas cosas no se hicieron nunca, como el Instituto Castellanomanchego de Servicios Sociales (seguramente “inspirado” en el IMSERSO, que era lo más moderno que conocíamos ) o el mapa de servicios sociales. Y es que a veces la realidad pone freno a las ideas, aunque sin ellas no sea posible avanzar.

Cuando se publicó aquella Ley, yo tenía 35 años, era Jefa de Servicio de Bienestar Social de la Delegación Provincial de Albacete. Asistí a algunas reuniones en Toledo durante la elaboración de la misma y recuerdo que sentía que estábamos haciendo algo importante.

El arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira ha sido reconocido este jueves en Guadalajara con la Distinción de Honor Internacional en los III Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha, organizados por el Colegio Oficial de Arquitectos de la región (COACM).

Siza, a quien el COACM califica como “una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea”, recibió en 1992 el que se conoce como 'el Nobel de la Arquitectura': el Premio Pritzker. Entre sus obras más representativas están el Pabellón de Portugal para la Expo de Lisboa de 1998, la Fundación Serralves en Oporto, el Parc Esportiu Llobregat, el Centro Galego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela o la Facultad de Arquitectura de Oporto.

Debido a sus problemas de salud, el arquitecto, de 92 años, no ha podido desplazarse hasta Guadalajara para recibir esta distinción, pero en declaraciones a elDiario.es de Castilla-La Mancha desde Oporto, ha asegurado que este reconocimiento “es una muestra de generosidad hacia mi trabajo como arquitecto que me conmueve profundamente”.

Asegura que lo que más aprecia de la arquitectura contemporánea es “la disponibilidad de los medios técnicos existentes” y el esfuerzo por proporcionar “a los ciudadanos menos favorecidos confort y calidad”, aunque como punto negativo lamenta que la arquitectura se vea “minimizada” actualmente.

De la arquitectura española le seducen “muchos ejemplos, tanto históricos como modernos”, pero no quiere poner de relieve un caso concreto porque, asegura, “lo que importa es la calidad en su conjunto”.

Todos los arquitectos premiados

Aparte de la distinción a Siza, la ceremonia del COACM ha reunido a arquitectos, instituciones, universidades y representantes del sector de toda la región para reconocer algunas de las mejores obras, proyectos y trayectorias profesionales de los últimos años en Castilla-La Mancha.

Así, este jueves han recogido su premio Ignacio Borrego Gómez-Pallete, Luis Carlos Peña Juan, MMN Arquitectos, Javier Bajo Rodríguez y Álvaro Sánchez Ballesteros. También los arquitectos Rafael Martínez Sarrión, Natalia Mora Priego, Javier Navarro, Diego Peris, Pepa Sánchez Verdú, Pedro Torres García-Cantó, Rocío García Peña, David García-Manzanares y Eloy Celaya.

Asimismo, esta edición se han incorporado los nuevos reconocimientos honoríficos a la trayectoria profesional en las distintas demarcaciones colegiales, que han recaido en Francisco Javier Solano Rodríguez, por Guadalajara; Ramón Osma Cantero, por Cuenca; y Diego Peris Sánchez, por Ciudad Real.

“El valor” de la arquitectura de Castilla-La Mancha

Esta entrega de premios ha sido, además, la última con Elena Guijarro al frente del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, cuyo mandato como decana de la institución terminará en mayo del año que viene. Guijarro, que en 2019 se convirtió en la primera mujer en liderar el COACM, cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que precisamente la recuperación de estos premios fue una de las metas que se marcaron ella y su equipo, después de que se dejasen de entregar en 2009.

La decana destaca también el cumplimiento de otros objetivos, como que el Colegio “esté presente” en las instituciones, la “difusión” de la arquitectura y que esta llegue a la ciudadanía “como algo necesario e imprescindible en nuestra vida”.

“Me voy con la satisfacción de haber hecho lo que teníamos previsto”, remataba Guijarro, que durante su intervención en la gala de este jueves ha destacado el “valor” de la arquitectura de Castilla-La Mancha, la cual ha calificado de “arquitectura de calidad” que busca “dar espacios a las personas para que vivan mejor en espacios saludables y accesibles”.

Al acto de entrega de premios acudía Inés Sandoval, directora general de Vivienda y Suelo del Gobierno de España, quien ha destacado el papel que jugaron los profesionales de la arquitectura, los cuales demuestran “verdadera vocación de servicio público” en actuaciones como la dana, en la que “de forma voluntaria” aportaron “criterios técnicos para ver que prioridades teníamos que adoptar en cuanto a actuaciones y también seguridad y certeza a muchas familias en sus hogares en un momento muy complicado”.

Sandoval ha añadido que desde el Gobierno de España se seguirán valiendo de este colectivo “como aliados” en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda, en un momento en el que la vivienda es “la principal preocupación de la ciudadanía”.

El comisionado para la Accesibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha agradecido al Colegio Oficial de Arquitectos la “gran labor y el apoyo que están dando” al Gobierno regional en distintas áreas, entre las que ha destacado las aportaciones que están realizando en la nueva Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha.

También ha avanzado que los colegios oficiales estarán representados en el futuro Consejo Regional de Accesibilidad Universal y ha defendido que la accesibilidad debe incorporarse desde el diseño inicial de viviendas, edificios y espacios urbanos.

El Colegio Oficial de Enfermería de Toledo ha entregado el XI Reconocimiento Enfermero 2026, continuando con la celebración del Día Internacional de la Enfermera, en un acto dedicado a visibilizar la labor de las enfermeras y enfermeros de la provincia que han destacado “por su compromiso profesional, su aportación a la mejora de los cuidados y su contribución al desarrollo de la profesión enfermera”.

La celebración se ha desarrollado bajo el lema del Consejo Internacional de Enfermeras para este año, 'Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas', una idea que ha servido como hilo conductor de una jornada centrada en el valor de la enfermería como profesión esencial para el cuidado y la salud de las personas, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema sanitario.

El acto lo inauguró Roberto Martín Ramírez, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, quien ha destacado la importancia de seguir reconociendo públicamente el trabajo de las enfermeras en todos los ámbitos: asistenciales, docentes, investigadores y gestores.

En su intervención, ha subrayado que eestos reconocimientos permiten “poner nombre propio a una profesión que acompaña a las personas en todas las etapas de la vida y que desempeña un papel clave en la atención sanitaria y en la mejora de los resultados en salud”.

La jornada ha contado también con la conferencia 'Mejorando el ámbito asistencial desde la academia', impartida por el profesor Juan Manuel Carmona Torres, decano de la Facultad de Enfermería de Toledo, quien ha abordado la importancia de reforzar la conexión entre la universidad, la práctica clínica y el desarrollo profesional enfermero.

Reconocimiento a la enfermería de la provincia de Toledo

Las primeras premiadas han sido las enfermeras estomaterapeutas del Hospital Universitario de Toledo. Con gran actividad asistencial en las plantas de hospitalización, consultas y posterior seguimiento telefónico, están implementando el proyecto 'Red de apoyo a pacientes ostomizados', un espacio de aprendizaje dirigido al paciente y a su entorno familiar en el que la educación para la salud es una de sus piedras angulares.

En esta consulta de enfermería de práctica avanzada, la implantación real de la prescripción enfermera autónoma, unida al proceso de interconsultas recibidas por parte de otros profesionales, construye un claro ejemplo de desarrollo competencial, siendo herramientas imprescindibles en el cuidado de sus pacientes.

Otro reconocimiento ha recaíco Jezabel Ruiz Capdevila, enfermera de la Consulta de Cirugía Vascular de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina. “Por su calidad humana, su dedicación constante y su excelencia profesional en el cuidado especializado. Su trayectoria ha estado marcada por el compromiso, la cercanía y la vocación de servicio a los pacientes, el apoyo a sus compañeros y su implicación en la formación de estudiantes de Grado en Enfermería y Enfermeros Internos Residentes”, señala el Colegio.

También han sido reconocidas las enfermeras de ERCA, tratamientos renales sustitutivos domiciliarios y trasplante renal del Hospital Universitario de Toledo. En este caso, por su acompañamiento a los pacientes desde el momento en que necesitan iniciar un tratamiento renal sustitutivo hasta el proceso de trasplante.

“Su labor resulta especialmente relevante en la formación y entrenamiento de pacientes para realizar tratamientos en el domicilio de forma segura, así como en el seguimiento posterior en consulta y por vía telefónica. La empatía es la base de la comunicación y de la relación de confianza que se establece en la consulta, generando un ambiente de seguridad que facilita su trabajo y favorece la adherencia al tratamiento”.

De Talavera de la Reina a Añover de Tajo

Otro premio ha sido el destinado a las enfermeras BPSO de la GAI de Talavera de la Reina. En este caso, por impulsar la aplicación de las Guías de Buenas Prácticas BPSO. Gracias al esfuerzo de este equipo, las guías de buenas prácticas sobre lactancia materna, abordaje del dolor y tabaco se convierten en cuidados reales, humanos y basados en la evidencia, “mejorando la calidad de vida de los pacientes, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el liderazgo enfermero” en la provincia.

Juan Manuel Carmona Torres ha sido otro de los recnocidos. Este doctor y enfermero ha mantenido una trayectoria simultánea de gestión, docencia, investigación y liderazgo científico. Ha retomado el liderazgo enfermero en la Facultad de Enfermería de Toledo desde hace un año, “impulsando la visibilidad y el posicionamiento institucional” de la Facultad, fortaleciendo relaciones con el Colegio de Enfermería y entidades científicas, además de acercar la universidad a la práctica asistencial. “Es un líder de reconocido prestigio a nivel nacional como presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería”.

Otro premiado ha sido Luis M. Doctor Sánchez: “Ejemplo de una enfermería cercana, humana y profundamente vinculada a la comunidad, que trasciende lo estrictamente clínico”. Su ejercicio profesional ha estado marcado por la “excelencia, la disponibilidad, la capacidad de escucha, la serenidad, la enorme calidad humana y el acompañamiento a las familias”, convirtiéndose en “una figura muy querida y respetada” en Añover de Tajo.

Por último, el Premio al Mejor Enfermero Interno Residente (EIR) ha reaído en Samuel Barroso Román, de la Unidad Docente de Familiar y Comunitaria de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo. Con este galardón, el Colegio reconoce “el mejor expediente” entre los profesionales que finalizan su formación sanitaria especializada, valorando sus méritos académicos, científicos, docentes e investigadores.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha criticado a la Universidad de Zaragoza por adjudicar una plaza técnica de comunicación y divulgación a una candidata sin grado en Periodismo o Comunicación y ha reclamado que este tipo de puestos requieran una titulación específica vinculada al ámbito informativo.

La polémica surge a raíz de la convocatoria PRI-01/2026, impulsada por la Universidad de Zaragoza para crear una lista de reserva de personal laboral vinculado a la línea de investigación 'Innovación y Sociedad Digital' del Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS). Las bases definían expresamente la plaza dentro del “área funcional de comunicación y divulgación”.

Entre las funciones previstas figuraban la comunicación y difusión de resultados de I+D+i, la planificación de actividades de divulgación científica, la gestión de la página web del instituto y la elaboración de contenidos y gestión de redes sociales. Sin embargo, la convocatoria no exigía una titulación específica en Periodismo o Comunicación, sino únicamente disponer de un grado universitario genérico, licenciatura, ingeniería o arquitectura.

Desde el Colegio de Periodistas insisten en que no cuestionan ni la legalidad del procedimiento ni la capacidad profesional de la persona seleccionada, que cuenta con un grado del ámbito económico-social y un máster en comunicación. La crítica se dirige al planteamiento de la convocatoria y al peso otorgado a la formación específica en Periodismo.

El baremo otorgaba ocho puntos al grado en Periodismo o Comunicación, frente a los siete puntos que sumaban otras titulaciones del ámbito de las Ciencias Sociales o Jurídicas junto con un máster en Comunicación. La candidata que encabeza la lista cuenta con este último perfil académico, por lo que sumó siete puntos. El Colegio no cuestiona la legalidad formal del procedimiento, puesto que efectivamente la ley no obliga a exigir una titulación vinculada a la comunicación, pero sí considera “desacertado” que para una plaza destinada a comunicar, divulgar, elaborar contenidos y gestionar canales informativos no se requiera una titulación en Periodismo o Comunicación.

El proceso selectivo incluía además una prueba práctica consistente en elaborar una memoria de entre cinco y diez páginas sobre la planificación de la comunicación del congreso anual del IEDIS. La candidata que encabeza finalmente la lista de reserva obtuvo 26 puntos sobre 30 en esta fase, la puntuación más alta del proceso —compartida con la segunda candidata—, en el que competía con personas con una amplia experiencia en medios y en labores de comunicación.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón sostiene que la comunicación pública, institucional, científica y digital “no es una tarea accesoria”, sino una labor especializada que requiere formación, criterio profesional, responsabilidad ética y conocimiento de los procesos informativos. Por ello, considera especialmente llamativo que esta situación se produzca en una universidad pública que imparte estudios de Periodismo y Comunicación.

La entidad reclama ahora a la Universidad de Zaragoza que, en futuras convocatorias vinculadas a la comunicación, divulgación y gestión informativa, defina con mayor precisión los perfiles profesionales y contemple la titulación en Periodismo o Comunicación como requisito preferente o determinante cuando las funciones del puesto así lo justifiquen.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) celebrará el próximo 19 de mayo, en su sede de Toledo, una jornada informativa dedicada a EUROPAN 19, la nueva edición del concurso europeo de arquitectura, urbanismo y paisaje dirigido a jóvenes profesionales menores de 40 años.

La iniciativa, organizada en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), servirá para presentar en Castilla-La Mancha la próxima convocatoria de EUROPAN España y acercar tanto a administraciones públicas como a arquitectos, urbanistas y paisajistas las posibilidades que ofrece este programa europeo, “considerado uno de los certámenes internacionales de mayor prestigio e influencia en el ámbito de la arquitectura contemporánea”, según señalan desde el COACM.

Un encuentro para reflexionar sobre cómo habitar y transformar las ciudades

La jornada tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo a las 19:00 horas en el Salón de Actos del COACM, en Toledo, y contará con la participación de representantes institucionales, técnicos vinculados a EUROPAN y profesionales que compartirán experiencias desarrolladas en anteriores convocatorias. Intervendrán la decana del COACM, Elena Guijarro Pérez; la consejera técnica del MIVAU Carmen Moreno Balboa; la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Silvia López Martín; representantes municipales y miembros de equipos premiados en anteriores ediciones del concurso.

El encuentro permitirá profundizar en el contenido de EUROPAN 19, que se desarrollará bajo el lema “Resourcing 2 / La ciudad renacida 2 / Vivir juntos”, una propuesta que plantea reflexionar sobre nuevas formas de habitar y transformar las ciudades desde criterios de sostenibilidad, convivencia ecológica, reutilización de recursos y adaptación a los retos climáticos y sociales contemporáneos.

Además de presentar el funcionamiento y calendario de la convocatoria, la jornada pondrá el foco en la búsqueda de nuevos emplazamientos urbanos en Castilla-La Mancha susceptibles de incorporarse al concurso europeo, promoviendo la participación de ayuntamientos y administraciones interesadas en desarrollar soluciones innovadoras para ámbitos urbanos complejos o estratégicos.

Al finalizar la jornada se ofrecerá un vino español a los asistentes.

EUROPAN constituye desde hace casi cuatro décadas una plataforma europea de reflexión e innovación urbana que conecta a administraciones públicas y jóvenes equipos de arquitectura de distintos países europeos para generar propuestas capaces de afrontar los desafíos de las ciudades contemporáneas. Desde su creación, en 1988, el programa ha movilizado miles de propuestas arquitectónicas y urbanísticas en toda Europa.

En España, el Comité Nacional de EUROPAN está presidido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y cuenta con la participación de administraciones públicas y entidades vinculadas al desarrollo urbano y territorial.

Entrevista a Javier Merino Andrés, presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (COFICAM), acerca de la campaña con la que COFICAM pone el foco en los riesgos del intrusismo y la importancia de acudir a profesionales sanitarios colegiados.

¿Cuál es la situación actual de la fisioterapia en Castilla-La Mancha?

La fisioterapia regional goza de un estado de salud envidiable en todos los ámbitos de actuación que tiene, ya que, tanto a nivel público como a nivel privado, somos una profesión con una alta demanda asistencial, donde el paciente busca al fisioterapeuta para poder mejorar su funcionalidad o disminuir su dolor. Además, formamos parte de los equipos que intervienen en los programas de atención temprana y en los centros escolares. Por último, contamos con grandes investigadores que son referentes nacionales e internacionales por sus trabajos.

¿Por qué decide COFICAM lanzar esta campaña?

El intrusismo profesional sigue siendo un aspecto que preocupa tanto a la profesión como a la institución. Por ello, entendemos que debemos de informar a la población de los riesgos que conlleva no ser tratado por la persona adecuada, ya que lo que parece algo simple puede truncarse y tener un desenlace fatídico.

El lema es 'A cada profesión, las manos adecuadas'. ¿Qué significa exactamente?

Las manos son parte fundamental para cualquier trabajo, pero no todas las manos tienen las mismas capacidades, ya que detrás de las manos hay unos conocimientos que les permiten obrar y actuar para realizar sus funciones. Los fisioterapeutas usan las manos en muchas ocasiones, pero detrás hay un profesional sanitario con un grado universitario y muchos conocimientos que se aplican en cada tratamiento individualizado.

¿Existe realmente el problema del intrusismo en fisioterapia?

Sí, sigue habiendo lo que podemos denominar como un intrusismo clásico, es decir, personal no cualificado que realizar métodos de intervención que son propios de la fisioterapia, y donde, el Tribunal Supremo ya dictó sentencia diciendo que son técnicas propias de la profesión de fisioterapeuta. Pero cada vez más, nos encontramos personal cualificado, que puede ser o no profesional sanitario, que realiza funciones y competencias que son objeto de la intervención de un fisioterapeuta y del tratamiento que este realiza con los pacientes.

¿Qué riesgos puede tener para un ciudadano acudir a alguien no cualificado?

Pues cualquier proceso patológico que no es tratado por la persona adecuada puede simplemente agravarse, es decir, una persona acude por dolor y termina teniendo una patología mayor que le provoca más dolor. Pero también nos podemos encontrar el caso de no conocer lo que se llaman las comorbilidades de una determinada condición de salud, y donde, tras la realización de determinadas metodologías, el cuadro clínico empeora.

¿Qué diferencia a un fisioterapeuta colegiado?

Un fisioterapeuta colegiado es signo inequívoco de seguridad, de calidad en la intervención, de una apuesta segura por un profesional que se va a desvivir por la mejora de cada paciente que acude a su consulta o a su servicio. Es signo claro de compromiso y vocación por ayudar a cada persona.

¿Qué debería tener en cuenta una persona a la hora de elegir fisioterapeuta?

Hay un fisioterapeuta para cada proceso y para cada condición de salud de cada persona. Actualmente, el nivel de especialización de la profesión es muy elevado, a pesar de no tener reconocidas a nivel ministerial la especialidad; por lo que acuden a un gran profesional que les va a atender para mejorar su funcionalidad y su calidad de vida.

¿Qué papel juega COFICAM en todo esto?

Como la máxima institución regional a nivel de fisioterapia, la labor del colegio es la de dar información a la ciudadanía de los riesgos a los que se exponen cuando acuden al lugar equivocado; por lo que les instamos a tomar consciencia de los riesgos a los que están expuestos en su día a día.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a la sociedad?

La fisioterapia es una profesión sanitaria que les acompaña en cada momento vital, confíen en la fisioterapia y mejorará su funcionalidad y su calidad de vida

¿Dónde puede informarse el ciudadano?

La página web de COFICAM cuenta con multitud de opciones para obtener información sobre la fisioterapia regional, por lo que están todos invitados a visitarla.

La enfermería riojana celebra este lunes su día y a través de un manifiesto recuerda la importancia de reflexionar “sobre el estado del sistema sanitario y, sobre todo, sobre quienes sostienen su base más humana y técnica: las enfermeras y enfermeros de nuestra región tanto del ámbito público como privado”.

A través de su escrito, desde el colegio profesional ponen el foco en el momento de transformación en el que se encuentra la salud en La Rioja. “Nos enfrentamos a una población cada vez más envejecida y a un aumento de la cronicidad que requiere un cambio de paradigma. Y en este escenario, la enfermera es la figura central. Sin embargo, no podemos ignorar los retos que nos asfixian: la escasez de profesionales, la precariedad en ciertos contratos y la necesidad urgente de reconocer nuestras competencias de liderazgo”. De esta forma, desde el COER explican que están trabajando en tres ejes estratégicos para que la profesión alcance el lugar que le corresponde “por justicia y necesidad social”.

Uno de los ejes, 'liderazgo y gestión' defiende que “las enfermeras ocupen puestos de alta dirección. No por una cuestión de estatus, sino por eficiencia. Una gestión con ”mirada enfermera“ garantice procesos más humanos y una mejor organización de los recursos”. El segundo eje, 'especialización y desarrollo', impulsa el reconocimeinto real de las especialidades. “Es fundamental que cada enfermera riojana desarrolle su potencial allí donde su conocimiento experto sea más valioso. Nuestras especialistas en enfermería del trabajo, geriatría, pediatría, salud mental, familiar y comunitaria, obstétrico-ginecológica deben ver que hay una apuesta real por parte de los empleadores creando las plazas con perfil especialista que son necesarias”. Y un tercer eje, 'formación e investigación' aboga por la formación de los profesionales. “Desde el Colegio facilitamos becas y formación continuada para que la evidencia científica sea la que guíe nuestros cuidados en todos los centros de nuestra comunidad. Aportamos también nuestra experiencia y conocimientos a la sociedad, con actividades y cursos que lleguen a los ciudadanos”.

Y también en esta jornada piden a la Administración que adecúe las ratios. “No es un capricho corporativo; es una cuestión de seguridad para el paciente. Menos enfermeras por habitante significa, matemáticamente, menos salud y más riesgos”. Y además, solicitan la reclasificaión al Grupo A1 “es una deuda histórica con una profesión que hoy es universitaria, experta y autónoma”. Y es que, concluye el manifiesto, “las enfermeras son el hilo que teje la confianza entre el paciente y el sistema”.

Actos en La Rioja

Para la jornada de este martes se han organizado varios actos: