La Audiencia Nacional ha rechazado admitir la querella presentada por las asociaciones Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress, WUC) y Don't Fund Russian Army (DFRA) en la que acusaban a las filiales españolas de las compañías chinas Huawei, Hikvision y Dahua de un delito de colaboración con el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la minoría uigur en la región autónoma china de Xinjiang. Este tribunal especial indica que, siguiendo el criterio de la Fiscalía, no es competente para conocer los hechos.

En el auto del magistrado Ismael Moreno, cuyo contenido ha podido consultar elDiario.es, se indica que en el presente caso la querella se apoyaba en el principio de jurisdicción universal y relataba que esas filiales operativas y con sede en España podrían haber intervenido en la canalización comercial y financiera de los sistemas tecnológicos empleados en la represión. Esos sistemas incluirían, por ejemplo, cámaras de reconocimiento racial.

El juez, parafraseando al fiscal, explica que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014 limitó de manera notable la persecución de los delitos cometidos en el extranjero y estableció determinados requisitos “que no se cumplen en el caso que nos ocupa”.

El juez resalta que el artículo 23.4 de esa ley exige que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España. “Cabe señalar que los querellados (Huawei Technologies, Hikvision y Dahua Technology) no son personas físicas, sino personas jurídicas y, además, sociedades chinas, cuyo vínculo con el territorio español se establecería a través de sus filiales en España”, indica.

Destaca que esas filiales españolas “tendrían que haber tenido algún tipo de participación directa y autónoma respecto de su matriz en la comisión del delito denunciado (porque comparten responsabilidad automáticamente) lo cual no se desprende del escrito presentado”.

Como ejemplo, explica que la querella menciona el desarrollo de sistemas de reconocimiento racial, pero “ningún dato se ofrece de que la filial en España haya participado de uno y otro modo en el desarrollo de esos sistemas que habrían sido empleados en la zona de desarrollo humano de los uigures con los fines delictivos que se predican”.

Por otro lado, apunta que en el delito de lesa humanidad “no existe previsión legal de que pueda ser cometido por personas jurídicas”. Por tanto, concluye su auto señalando que “no existiendo posibilidad de responsabilidad penal de la persona jurídica en España, no puede ser de aplicación el principio de personalidad”.

Colaboración con el terrorismo

Frente a esta resolución, la representación legal de ambas asociaciones ha presentado un recurso directamente ante la Sala de lo Penal. En él, advierte de que el juez rechaza su querella por falta de competencia de los tribunales españoles en atención a las reglas de la jurisdicción universal y porque las filiales no comparten identidad con la matriz. Frente a esto, recuerda que en la querella se hizo valer la calificación jurídica de delito de colaboración con organización terrorista, y lamenta que este matiz haya sido ignorado por el magistrado en su resolución porque ese tipo penal sí que permite “la responsabilidad penal de las personas jurídicas” y otorga jurisdicción a los tribunales españoles.

Por otro lado, lamenta que la resolución inadmita la querella por esa desconexión que tendría la filial española de su matriz china. Para la representación legal de las asociaciones, esta es una “interpretación excesivamente formalista del principio de personalidad jurídica” que se dicta desconociendo “tanto la realidad económica subyacente como la doctrina jurisprudencial consolidada en torno a los grupos de sociedades y la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

Destaca, así, que “la sociedad filial querellada constituye una entidad íntegramente participada por la sociedad matriz, careciendo de autonomía real en la toma de decisiones estratégicas y operativas, y actuando en la práctica como un mero vehículo instrumental para la proyección de la actividad de aquella en el territorio español”.

A esto, el letrado suma que las sociedades matrices de estas compañías disponen “de un auténtico domicilio operativo en España a través de la estructura organizativa y las dependencias de su filial”. “Ello determina que, a efectos materiales, la matriz cuente con presencia efectiva en territorio español, lo que legitima plenamente la dirección de la acción penal frente a la entidad que canaliza dicha actividad”, apuntala. Y por todo ello, solicita la admisión de la querella.

“Política de exterminio”

En la misma, a la que tuvo acceso elDiario.es y que fue elaborada por la representación legal de estas asociaciones que ejerce el despacho penalista Soriano i Piqueras, se sostiene que desde 2014 el Partido Comunista de China practicó “una política sistemática de exterminio en la denominada región autónoma de Xinjiang”, de la que es natural el pueblo uigur: una etnia de religión mayoritaria islámica, cuya lengua forma parte del grupo de lenguas túrquicas y se escribe en alfabeto árabe.

Relata que las operaciones para llevar a cabo este genocidio que se desarrollaron entre 2016 y 2021 supusieron “numerosos actos de asesinato, detención ilegal, esterilización forzada o aborto, todos ellos incardinables en las conductas propias de los delitos de lesa humanidad”. Y añade que tuvieron lugar sobre una región que constituye aproximadamente una sexta parte de la superficie del país y que antes de ser anexionada en el siglo XVIII mantenía una vinculación histórica y cultural mucho más cercana al mundo turco-iraní que a la propia China.

Según explican los querellantes, fue a finales de los ochenta cuando las manifestaciones multitudinarias en Xinjiang provocaron el temor del Gobierno chino a perder el control sobre la región y esto conllevó el endurecimiento del régimen sobre esa zona con medidas como ejecuciones arbitrarias de disidentes, destrucción de mezquitas, adoctrinamiento forzado, o inmigración masiva de la etnia mayoritaria 'han', entre otras.

Además, siempre según la querella, el Ejecutivo chino “utilizó el contexto internacional de lucha contra el terrorismo tras el 11-S para justificar la intensificación de la represión contra el pueblo uigur”.

Alegaron, así, supuestos vínculos de sectores de la oposición uigur con redes islamistas de Asia Central, y se calificó a las revueltas uigures como actos terroristas. Y, bajo el pretexto de una supuesta radicalización de determinados movimientos nacionalistas, Pekín instauró desde 2014 una política destinada a ejercer un control sin precedentes sobre el pueblo uigur.

“Dicho programa se encuentra enmascarado bajo expresiones oficiales tales como estabilidad social, lucha contra el terrorismo islamista, reeducación o reducción de la pobreza, si bien los objetivos efectivos de tales medidas son de muy distinta naturaleza”, lamentan las dos asociaciones, que añaden en su escrito que se buscó limitar el crecimiento demográfico uigur con medidas para controlar la natalidad y llevando a cabo esterilizaciones forzadas de mujeres.

“En 2018, el 80% de los dispositivos intrauterinos (DIU) colocados en China se concentraron en Xinjiang. Entre 2015 y 2018, la tasa de crecimiento poblacional descendió un 84% en las dos principales prefecturas uigures”, recuerdan.

Nuevas tecnologías

Por otro lado, la querella explica que la utilización de nuevas tecnologías permitió a China “ampliar de forma exponencial el alcance de esta represión, creando una base de datos denominada 'Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas', que reúne ingentes cantidades de información sobre cada individuo”. Y apunta que la misma “se halla vinculada a una de las redes de videovigilancia más densas del planeta, instalada en las principales ciudades de Xinjiang”.

En este sentido, los querellantes indican que las compañías Hikvision y Dahua dominan el mercado mundial de la videovigilancia, mientras que la empresa Huawei “ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de las telecomunicaciones”. Las tres, recuerdan, “obtienen una parte sustancial de su facturación de su colaboración con el régimen chino”.

En el caso de Huawei, la querella destaca, además que “coopera directamente con la policía de Xinjiang en proyectos de seguridad pública, participando en el desarrollo del sistema regional de vigilancia policial”. Y suman a esto que las tres “habrían desarrollado programas de reconocimiento étnico, destinados a las autoridades”. “Estos sistemas permitirían alertar a la policía local en caso de detectar la presencia de individuos identificados como uigures o tibetanos, entre otros”, concluye.

En septiembre de 2022 la ONU concluyó, tras realizar una investigación independiente, que China pudo cometer crímenes de lesa humanidad contra la minoría uigur al desarrollar políticas que provocaron detenciones arbitrarias masivas. En ese marco, asociaciones internacionales como el Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress, WUC) y Don't Fund Russian Army (DFRA) presentaron a finales de 2025 una querella ante la Audiencia Nacional en la que acusaban a las filiales españolas de las compañías chinas Huawei, Hikvision y Dahua de un delito de colaboración con una organización terrorista en relación con un delito de lesa humanidad. ¿La razón? Haber contribuido presuntamente a “la canalización comercial y financiera de esos sistemas tecnológicos empleados en la represión”.

Pero ese primer intento ha sido recientemente rechazado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que informó en contra de la admisión de esa querella al entender que ese tribunal especial no era competente porque si bien la jurisdicción universal permite a España investigar delitos internacionales graves, la reforma de 2014 limita la persecución de ese tipo de delitos.

El Ministerio Público explicaba que la querella no daba pruebas de la participación de esas filiales en el delito denunciado y que, además, la legislación no contempla que los delitos de lesa humanidad puedan ser cometidos por personas jurídicas —empresas—. A esto sumaba que también debía decaer porque era necesario el requisito de doble incriminación, que los hechos denunciados sean delito tanto en el país de origen (China) como en el que se presenta la querella, dado que ese país no considera el delito de lesa humanidad como figura punible en su ordenamiento interno.

Pero ahora la representación legal de las dos asociaciones valora, según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, una ampliación de la querella que pueda combatir la tesis del fiscal. Recuerdan que lo que denuncian es que esas compañías participaron en el “desarrollo, suministro y despliegue de sistemas tecnológicos de vigilancia masiva y reconocimiento biométrico” en el marco de un sistema de represión y que, precisamente, lo que solicitan es que se investigue en España el grado de intervención de esas sociedades en la comercialización, financiación o soporte técnico de esos sistemas.

Así, lamentan que desde la Fiscalía se anticipe una “inexistencia” de participación de las filiales españolas sin practicar diligencia alguna y obviando la existencia de indicios suficientemente racionales de criminalidad. Y añade que la propia argumentación del fiscal del caso reconoce que el derecho internacional admite formas de participación accesoria en la comisión de crímenes internacionales, siendo una la de la colaboración mediante el suministro de medios para la comisión del delito.

La querella

En la querella, a la que tuvo acceso elDiario.es y que fue elaborada por la representación legal de estas asociaciones que ejerce el despacho penalista Soriano i Piqueras, se sostiene que desde 2014 el Partido Comunista de China practicó “una política sistemática de exterminio en la denominada región autónoma de Xinjiang”, de la que es natural el pueblo uigur: una etnia de religión mayoritaria islámica y cuya lengua forma parte del grupo de lenguas túrquicas y se escribe en alfabeto árabe.

Relata que las operaciones para llevar a cabo este genocidio se desarrollaron entre 2016 y 2021 y supusieron “numerosos actos de asesinato, detención ilegal, esterilización forzada o aborto, todos ellos incardinables en las conductas propias de los delitos de lesa humanidad”. Y que tuvieron lugar sobre una región que constituye aproximadamente una sexta parte de la superficie del país y que antes de ser anexionada en el siglo XVIII mantenía una vinculación histórica y cultural mucho más cercana al mundo turco-iraní que a la propia China.

Según explican los querellantes, fue a finales de los ochenta cuando las manifestaciones multitudinarias en Xinjiang provocaron el temor del Gobierno chino a perder el control sobre la región y esto conllevó el endurecimiento del régimen sobre esa zona con medidas como ejecuciones arbitrarias de disidentes, destrucción de mezquitas, adoctrinamiento forzado, inmigración masiva de la etnia mayoritaria 'han', entre otras.

Además, siempre según la querella, el Ejecutivo chino “utilizó el contexto internacional de lucha contra el terrorismo tras el 11-S para justificar la intensificación de la represión contra el pueblo uigur”. Alegaron, así, supuestos vínculos de sectores de la oposición uigur con redes islamistas de Asia Central, y se calificó a las revueltas uigures como actos terroristas. Y, bajo el pretexto de una supuesta radicalización de determinados movimientos nacionalistas, Pekín instauró desde 2014 una política destinada a ejercer un control sin precedentes sobre el pueblo uigur.

“Dicho programa se encuentra enmascarado bajo expresiones oficiales tales como estabilidad social, lucha contra el terrorismo islamista, reeducación o reducción de la pobreza, si bien los objetivos efectivos de tales medidas son de muy distinta naturaleza”, lamentan las dos asociaciones, que añaden en su escrito que se buscó limitar el crecimiento demográfico uigur con medidas para controlar la natalidad y llevando a cabo esterilizaciones forzadas de mujeres. “En 2018, el 80% de los dispositivos intrauterinos (DIU) colocados en China se concentraron en Xinjiang. Entre 2015 y 2018, la tasa de crecimiento poblacional descendió un 84% en las dos principales prefecturas uigures”, recuerdan.

Nuevas tecnologías

Por otro lado, esa querella explica que la utilización de nuevas tecnologías permitió a China “ampliar de forma exponencial el alcance de esta represión, creando una base de datos denominada 'Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas', que reúne ingentes cantidades de información sobre cada individuo”. Y apunta que la misma “se halla vinculada a una de las redes de videovigilancia más densas del planeta, instalada en las principales ciudades de Xinjiang”.

En este sentido, los querellantes indican que las compañías Hikvision y Dahua dominan el mercado mundial de la videovigilancia, mientras que la empresa Huawei “ocupa una posición de liderazgo en el mercado mundial de las telecomunicaciones”. Las tres, recuerdan, “obtienen una parte sustancial de su facturación de su colaboración con el régimen chino”.

En el caso de Huawei, la querella destaca, además que “coopera directamente con la policía de Xinjiang en proyectos de seguridad pública, participando en el desarrollo del sistema regional de vigilancia policial”. Y suman a esto que las tres “habrían desarrollado programas de reconocimiento étnico, destinados a las autoridades”. “Estos sistemas permitirían alertar a la policía local en caso de detectar la presencia de individuos identificados como uigures o tibetanos, entre otros”, concluye.

Consultados por esta querella, desde Huawei de momento rehúsan hacer comentarios al respecto a la espera de recibir algún tipo de notificación.

La nueva Ley europea de Ciberseguridad propuesta este martes por la Comisión Europea va a añadir más obstáculos a la contratación de la compañía china de tecnología Huawei por la Administración española. Esta nueva normativa “tiene como objetivo reducir los riesgos en la cadena de suministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC de la Unión Europea provenientes de proveedores de terceros países con preocupaciones de ciberseguridad”. En este sentido, la Comisión Europea ha avisado varias veces a España por los contratos públicos concedidos a la multinacional china.

Según la nueva normativa, sería “obligatorio la eliminación de riesgos en las redes de telecomunicaciones móviles europeas de proveedores de terceros países de alto riesgo, basándose en el trabajo ya realizado bajo la caja de herramientas de seguridad 5G”. Es decir, en los futuros contratos no se debería contratar a compañías que se suponen que están en la lista de peligrosas. Entre estas compañías se encontrarían Huawei y ZTE.

Solo hace un mes, la Comisión Europea volvió a recordar a España que “Huawei (y ZTE) presentan riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores de 5G” y que como institución europea “se comprometió a evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan Huawei y ZTE”.

La Comisión también consideró que “las decisiones adoptadas por los Estados miembros para restringir o excluir Huawei y ZTE están justificadas”. La compañía china siempre ha negado estas acusaciones y ha asegurado que las comunicaciones en su infraestructura son seguras.

El pasado agosto, el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública incluyó a Huawei en el Centro de Operaciones de Seguridad 5G, el organismo que se encarga de la supervisión de la seguridad de los sistemas y redes de la telefonía móvil. Desde el Ministerio que dirige Óscar López se aseguró entonces que la compañía china solo entraba en este centro a efectos consultivos y sin acceso a información crítica.

La Comisión Europea argumenta para justificar la nueva legislación que “recientes incidentes de ciberseguridad han puesto de manifiesto los grandes riesgos que suponen las vulnerabilidades en las cadenas de suministro de telecomunicaciones, que son esenciales para el funcionamiento de los servicios e infraestructuras críticas. En el panorama geopolítico actual, la seguridad de la cadena de suministro ya no se trata solo de la seguridad técnica de productos o servicios, sino también de los riesgos relacionados con un proveedor debido a la dependencia y la interferencia extranjera”.

España no es el único páis cuya red de telecomunicaciones 5G está contratada con Huawei. De hecho, la mayoría de los 27 estados miembros de la UE salvo Dinamarca, Lituania, Estonia y Letonia tienen algún porcentaje de sus redes contratados con la multinacional china. Alemania anunció que para 2029 de comprometía a no tener ninguna de sus redes con la participación de la empresa china.

La comisaria europea de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, ha asegurado que se abrirá un periodo de transición de tres años para que se eliminen a los proveedores de alto riesgo una vez que la ley entre en vigor. La ejecutiva de la UE estima que el “impacto económico” de eliminar a los proveedores de alto riesgo de la red móvil sería de entre 3.000 millones y 4.000 millones de euros, según ha informado Politico.

Además, con la nueva Ley se garantizará que los productos y servicios que lleguen a los consumidores de la UE sean probados para verificar su seguridad de una manera más eficiente. Habrá un nuevo Marco Europeo de Certificación de Ciberseguridad (ECCF) por el que las certificaciones se desarrollen en un plazo de 12 meses.

Por otro lado, la ENISA, la agencia de la Unión Europea para la ciberseguridad, tendrá más capacidad para emitir alertas tempranas sobre amenazas e incidentes cibernéticos y trabajará en cooperación con Europol y los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática en la respuesta y recuperación de ataques de ransomware.

El nuevo reglamento de Ciberseguridad será aplicable inmediatamente después de su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Una vez aprobada, los Estados miembros tendrán un año para implementar la Directiva en la legislación nacional.

Polémica por la adjudicación de Interior

El Ministerio del Interior adjudicó por 12,3 millones de euros a Huawei “la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales”. Esta decisión provocó una tormenta política tras las advertencias de la Comisión Europea. Entonces Interior se defendió alegando que “la contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei no comporta ningún riesgo para la seguridad y cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad”. 

El Gobierno español informó en septiembre que el concurso adjudicado a Telefónica, pero con equipos de Huawei, para la red de fibra óptica pública RedIRIS se canceló. La Administración explicó que se iba a abrir una nueva licitación sin exclusiones y la compañía china se podrá presentar, según la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz. Finalmente, la compañía china solo se quedará fuera de la parte del concurso que corresponde al Ministerio de Defensa.

No solo la Administración central ha adjudicado concursos a la compañía tecnológica china. La Generalitat de Catalunya acaba de adjudicar en octubre a la empresa Sirt, con equipamientos de Huawei, un contrato de 127 millones de euros para conectar todos sus servicios públicos y equipamientos con una red de fibra óptica.

La Comisión Europea ha vuelto a recordar a España que “Huawei (y ZTE) presentan riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores de 5G” y que como institución europea “se comprometió a evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan Huawei y ZTE”. La compañía china siempre ha negado estas acusaciones y ha asegurado que las comunicaciones en su infraestructura son seguras.

El Ministerio del Interior adjudicó por 12,3 millones de euros a Huawei “la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales”. Esta decisión provocó una tormenta política tras las advertencias de la Comisión Europea. Entonces Interior se defendió alegando que “la contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei no comporta ningún riesgo para la seguridad y cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad”. 

Sobre este contrato en particular, la Comisión Europea apunta que “tiene el potencial de generar una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera”.

La Comisión también considera que “las decisiones adoptadas por los Estados miembros para restringir o excluir Huawei y ZTE están justificadas”. Además, “instó a todos los Estados miembros a aplicar dicho conjunto de instrumentos y a adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores”.

La posición de la Comisión se ha vuelto a conocer tras una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, quien alertó sobre el contrato adjudicado por el Ministerio del Interior a Huawei para suministrar infraestructura de almacenamiento del sistema SITEL, que gestiona interceptaciones telefónicas judiciales y cooperaciones policiales internacionales. Montserrat señaló que este contrato ponía en riesgo “la seguridad judicial y la integridad de la cooperación internacional en materia de inteligencia, al depender de un proveedor calificado por la UE como de alto riesgo”.

En su respuesta, la vicepresidenta europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, ha añadido que “la Comisión examinará de manera más general la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus infraestructuras en la próxima revisión del Reglamento sobre la Ciberseguridad, a fin de evitar dependencias críticas de proveedores de alto riesgo y reducir el riesgo en nuestras cadenas de suministro de TIC”.

Para justificar las contrataciones públicas con la empresa china, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que China “un socio estratégico. Hay que conseguir abrir el mercado chino. Y tenemos también que hablar de seguridad económica respecto a atraer inversiones en sectores donde las necesitamos”.

La semana pasada una delegación española que incluía a los reyes de España, el ministro Cuerpo y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, viajaron a China para cerrar varios acuerdos de carácter económico, cultural y científico además de estrechar la relación bilateral entre ambos países.

El Gobierno español informó en septiembre que el concurso adjudicado a Telefónica, pero con equipos de Huawei, para la red de fibra óptica pública RedIRIS se canceló. La Administración explicó que se iba a abrir una nueva licitación sin exclusiones y la compañía china se podrá presentar, según la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz. Finalmente, la compañía china solo se quedará fuera de la parte del concurso que corresponde al Ministerio de Defensa.

No solo la Administración central ha adjudicado concursos a la compañía tecnológica china. La Generalitat de Catalunya acaba de adjudicar en octubre a la empresa Sirt, con equipamientos de Huawei, un contrato de 127 millones de euros para conectar todos sus servicios públicos y equipamientos con una red de fibra óptica.

El Ministerio para la Transformación Digital ha cancelado un contrato para renovar las redes de fibra óptica utilizadas por diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa, con equipos de Huawei, tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es. La adjudicación había recaído en Telefónica, que iba a encargarse de renovar parte de la RedIris, una infraestructura de más de 15.000 kilómetros de fibra que actualmente ya incorpora dispositivos de la firma china, instalados en 2020.

“El contrato se cancela por un cambio de estrategia. Se va a proceder a elaborar y publicar un nuevo contrato para renovar el equipamiento de una tercera parte de la RedIRIS con nuevo equipamiento dado que el actual está finalizando su ciclo de vida útil”, ha informado una portavoz del Ministerio. “Son motivos de estrategia digital y autonomía estratégica”, inciden las mismas fuentes, indicando que se va a optar por renovar los equipos en vez de actualizar los ya existentes.

La RedIRIS es la red académica y de investigación española, gestionada por Red.es, entidad pública que depende de Transformación Digital. Proporciona conectividad y servicios digitales a universidades, centros de investigación y otras instituciones públicas, y forma parte del entramado europeo de redes científicas de alta capacidad. Su infraestructura es clave para la comunidad científica y educativa, pero también para la seguridad nacional, debido a “la reciente conexión de las Academias Militares y centros educativos del Ministerio de Defensa”, como explica el pliego de condiciones publicado por Red.es.

Actualmente, la RedIris tiene una capacidad de 100Gbps y la intención de la empresa pública era elevarla hasta los 400Gbps. Para ello pedía la actualización de 12 routers y 77 switches (los equipos que gestionan el tráfico de datos dentro de la red y permiten que miles de usuarios se conecten y trabajen al mismo tiempo) de Huawei, debido a que eran los instalados hasta ahora. Transformación Digital optará ahora por sustituir ese equipamiento por completo.

La empresa china se ha convertido en un proveedor controvertido para este tipo de infraestructuras críticas debido a las sospechas de ciberespionaje ligadas a su proximidad con el Gobierno chino. Aunque la compañía siempre ha negado estas acusaciones, varios países europeos y Estados Unidos han impuesto restricciones a su participación en redes de telecomunicaciones o defensa, alegando riesgos de seguridad nacional.

'Serpiente de verano' es el término con el que se suele denominar a un fenómeno recurrente en agosto: justo cuando escasea la actualidad por las vacaciones estivales, desde los partidos o algunos medios de comunicación se intenta elevar a categoría de noticia o escándalo cualquier anécdota o trivialidad. Este año el PP ya tiene la suya y consiste en tratar de presentar como “una pieza más del entramado de corrupción 'sanchista'” la adquisición por parte del Ejecutivo de un equipo de almacenamiento de la empresa de telecomunicaciones china Huawei.

Obviando los casos que han afectado a los gobiernos de José María Aznar o Mariano Rajoy, la dirección de Alberto Núñez Feijóo y el propio líder del PP llevan semanas tildando al Ejecutivo como el “más corrupto” de la historia, mezclando las acusaciones por supuestas mordidas a cambio de contratos públicos contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, o el exministro José Luis Ábalos con las causas abiertas en los tribunales sin que existan pruebas concretas contra la esposa de Pedro Sánchez o contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el Tribunal Supremo ha situado al borde del banquillo por la supuesta filtración del correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesaba su fraude fiscal.

Justo después de que estallara el escándalo sobre el exministro del PP Cristóbal Montoro, imputado por un supuesto caso de amaños de leyes a cambio de dinero, Génova 13 ha decidido tratar de enfangar al Gobierno en un supuesto nuevo caso. Este miércoles, el secretario general del PP habló de “una nueva derivada” e incluso de la “rama china” de la corrupción del Ejecutivo, aunque para ello ha utilizado las relaciones de España con Huawei, una empresa con la que también tienen vínculos los gobiernos autonómicos del propio PP, cuyos presidentes han llegado a alabar a la compañía recientemente.

Lo que denuncian los populares es la existencia de un contrato de 12,3 millones de euros adjudicado por el Ministerio del Interior a la multinacional china para adquirir los dispositivos de almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales. Según dijo este miércoles Tellado, la empresa está obligada por ley a entregarle al gobierno chino “todo lo que le pida”, lo que, a su juicio, compromete la seguridad nacional, ya que según la teoría del PP esas escuchas telefónicas podrían llegar al Ejecutivo del gigante asiático. “No es un episodio aislado, es una trama más”, apuntó Tellado.

En realidad lo que ha hecho el Gobierno es adquirir durante varios años equipos de almacenamiento a la empresa china, pero, según explica Interior “dichas adquisiciones nunca se han realizado directamente a Huawei, sino a las empresas nacionales e internacionales que figuran en el sistema dinámico, que se encuentran sometidas a la normativa de contratación nacional y disponen de las acreditaciones requeridas en el Esquema Nacional de Seguridad expedidas por autoridades de certificación independientes”.

Es decir, la contratación de estos sistemas de almacenamiento no comporta ningún riesgo para el material almacenado porque la empresa proveedora –en este caso, Huawei– no es la que almacena la información, sino que la misma se custodia en los centros de procesos de datos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Zapatero, “reina madre” de la corrupción

Pese a todo, el PP cree que se trata de un contrato “turbio” y este miércoles Tellado incluyó sin pruebas en la supuesta trama al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero, al que llamó “la reina madre de toda la corrupción del PSOE”, y al exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, José Blanco, llegando a asegurar que con Santos Cerdán y Ábalos él sería el “tercer” secretario de Organización socialista con supuestas corruptelas.

Su argumento es que “Huawei contrató al lobby de José Blanco, Acento, para llevar sus relaciones con el poder en España” y que en Acento trabajó el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, antes de llegar a la Moncloa. “Hernando pasó de trabajar para Huawei al Gabinete de Sánchez que ha dado a Huawei contratos millonarios muy sospechosos y su mujer pasó de trabajar para Huawei, a través de Acento, a ser una de las sustitutas de (Santos) Cerdán en la dirección del PSOE”, afirmó Tellado. Hernando nunca ha trabajado para Huawei, sino que lo hacía para Acento.

Otro de los argumentos de Tellado es que Blanco es “íntimo de Zapatero y primer mentor de Sánchez”. Y Zapatero es “el perejil de todas las salsas, la sombra detrás de cada atropello de Sánchez al Estado de Derecho y las arcas públicas, sean en Suiza o en China. Siempre está Zapatero” destacó. “Ya no hay dos secretarios de organización involucrados, sino probablemente tres”, agregó. El PP ha pedido que Hernando comparezca en el Congreso, además de los ministros de Defensa, Exteriores e Interior.

La inquina con la que ahora el PP se refiere a Huawei choca con la actitud complaciente que ha mantenido el partido con la compañía china. Hace justo un año, en agosto de 2024, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, viajó a Pekín y visitó las instalaciones del gigante de las telecomunicaciones. “Es una referencia mundial de la ‘marca China’ en el mundo”, dijo allí, que “contribuye al liderazgo chino en tecnologías de las telecomunicaciones y en la producción de circuitos integrados y componentes electrónicos”.

Las inversiones de Huawei alabadas por el PP

En 2022, el presidente murciano, López Miras, celebraba la inversión del gigante chino de las telecomunicaciones en Murcia para abrir un laboratorio de innovación, y así lo anunció a través de un comunicado, después de reunirse con su CEO en España. Y un año antes, Ayuso inauguró un centro de alto rendimiento de la propia Huawei para prestar servicios y apoyo a las empresas de telecomunicaciones desde Madrid a Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. “Proyectos como este suponen la creación de más de 200 puestos de trabajo de alta cualificación y un impulso a nuestra región a la que sitúan como referente tecnológico y digital del continente”, dijo ella.

Pero quien más fervientemente ha defendido a Huawei desde el PP ha sido su portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. En un artículo de opinión publicado en El Confidencial en 2020, Pons defendía la presencia de la compañía china en la Unión Europea y en España por ser entonces la más avanzada en materia de 5G e inteligencia artificial.

“En ningún caso es aceptable la presión que está ejerciendo EEUU contra la UE para que vetemos, como ha hecho Trump, la participación de Huawei en el desarrollo de las infraestructuras de 5G. Tengo la sospecha de que detrás de esas amenazas no hay tanta preocupación por la seguridad como miedo a perder en favor de China y quizá de Europa la ventaja competitiva que ahora ostentan sus empresas en la economía digital. No podemos quedarnos fuera de la carrera solo para beneficiar a EEUU. Nosotros también aspiramos a liderar la inteligencia artificial”, escribió.

“Hoy por hoy, sin Huawei no hay 5G posible en Europa y no sé si debemos permitirnos el retraso que conllevaría semejante veto. No podemos quedarnos fuera de la carrera solo para beneficiar a EEUU. Nosotros también aspiramos a liderar la inteligencia artificial. No somos la colonia digital de nadie”, añadía González Pons.

Cinco años después, su partido utiliza a esa misma empresa para tratar de fabricar de la nada una nueva supuesta trama corrupta contra el Gobierno, dando a entender que esa misma Huawei alabada por Ayuso, Moreno o Pons es una suerte de herramienta de espionaje chino al que el Gobierno quiere ayudar a través de Zapatero, el expresidente al que el PP vincula con todos los males del país y de parte del extranjero.

Pasará agosto y las durísimas acusaciones de los populares contra la compañía tecnológica y el Gobierno serán sustituidas por nuevas palabras altisonantes, en la estrategia del ruido y del “quien pueda que haga” ideada por José María Aznar para atacar al Gobierno progresista por todos los frentes, incluso inventados. Lo de Huawei y el Gobierno será otra serpiente de verano más que el PP utilizó para llenar titulares durante la canícula.

La policía federal de Bélgica registró este jueves la sede del gigante tecnológico chino Huawei en Bruselas y los domicilios de varios de sus lobistas por sospechas de que podrían haber participado en delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva con miembros del Parlamento Europeo.

Una investigación de los diarios belgas Le Soir y Knack junto a los medios de investigación Follow the Money y Reporters United reveló que a primera hora de esta mañana se han registrado 21 domicilios en Bruselas, Valonia, Flandes y Portugal y que habría una quincena de eurodiputados (actuales y antiguos) involucrados en el caso, según sospechan los investigadores. Según Le Soir, las autoridades detuvieron a varios lobistas de la compañía china.

Citada por este diario, la Fiscalía Federal belga ha confirmado, sin mencionar a Huawei por su nombre, que los delitos se produjeron entre 2021 y la actualidad “bajo la apariencia de lobby comercial y adoptando diversas formas, como la remuneración por tomar determinadas posiciones políticas o incluso la entrega de regalos excesivos, como comidas y gastos de viaje, o incluso invitaciones regulares a partidos de fútbol”. El diario también habla de “transferencias de varios miles de euros”.

China ha criticado la investigación, que considera “infundada”, según la portavoz del ministerio de Exteriores Mao Ning. “No se deben politizar los asuntos comerciales ni reprimir empresas mediante medios infundados”, declaró en una rueda de prensa, según recoge EFE.

La nacionalidad o la filiación política de los eurodiputados presuntamente implicados en los sobornos aún no ha trascendido, pero según Le Soir no hay ningún parlamentario belga implicado. Por otra parte, la fiscalía federal belga ha publicado un comunicado en el que señala que se han clausurado los despachos de dos asistentes parlamentarios implicados en la trama y que se ha detenido a una persona en Francia.

El objetivo de estas actividades de presión, según los medios que publican la investigación, sería contrarrestar los intentos de Estados Unidos para excluir a las compañías de telecomunicaciones chinas de mercados sensibles, así como para abogar por que el mercado europeo se abra a compañías chinas.

“Los beneficios financieros vinculados a la presunta corrupción pueden haber sido mezclados en flujos financieros relacionados con gastos de conferencias y pagados a diversos intermediarios, con el objetivo de ocultar su naturaleza ilícita o permitir a los autores eludir las consecuencias de sus actos. Desde esta perspectiva, la investigación también está tratando de identificar elementos de blanqueo de capitales, en su caso”, dijo la fiscalía federal belga, citada por Le Soir.

Por el momento, el Parlamento Europeo no ha recibido ninguna solicitud de levantamiento de inmunidad ni se han producido registros en sus sedes. Una portavoz de la Eurocámara señaló a EFE que han tomado nota de las informaciones publicadas en prensa y que la institución “siempre coopera plenamente” con las autoridades judiciales cuando se le requiere.

Preguntado por el caso durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, el portavoz de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, no entró a comentar los registros y detenciones pero subrayó que la Comisión Europea ya recomienda desde 2023 que los Estados miembros “restrinjan o excluyan” a Huawei de sus redes 5G.

“La seguridad de nuestras redes 5G es crucial para nuestra economía. La Comisión ha evaluado que Huawei representa un mayor riesgo material que otros proveedores [...]. Urgimos a todos los Estados miembros a actuar porque una falta de reacción rápida podría exponer a la UE en su conjunto a un riesgo claro”, señaló Regnier y recoge EFE.

Esta nueva investigación llega cuando aún no se han dirimido plenamente las responsabilidades derivadas del Qatargate, el escándalo de corrupción por sobornos a diputados para interceder en favor de Qatar y Marruecos.

Durante su viaje a China, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), le ha ofrecido a Huawei y al think tank China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) la posibilidad de instalar en Sevilla “tanto un centro de investigación tecnológico”, para este último, “como un laboratorio de conectividad avanzada en la Cartuja” y un “hub tecnológico de investigación”, para el primero.

Así lo ha dado a conocer este viernes el regidor hispalense, tras reunirse en la ciudad de Shanghái con Liy Yujuan, director del centro de investigación científica y el citado think tank chino CAICT, y con Chen Chuanfei, presidente de Huawei Wireless Strategy. De esta forma, Sanz ha intentado “estrechar lazos de cooperación entre Huawei y Sevilla para aumentar la conectividad 5G de la ciudad, así como avanzar en el proyecto Smart City en el que se encuentra trabajando”.

Con este afán, les ha propuesto “instalar tanto un centro de investigación tecnológico del Caict, como un laboratorio de conectividad avanzada con las tecnologías Huawei en la Cartuja y puesto a disposición de ambas instituciones el porfolio de servicios que ofrece la oficina Sevilla Open for Business del Ayuntamiento de Sevilla, a la hora de captar inversiones y empresas de alto valor añadido”, según ha trasladado el Ayuntamiento.

Convertir Sevilla en referente tecnológico

Además, el alcalde de Sevilla ha declarado haber ofrecido al presidente de la compañía tecnológica Huawei “la posibilidad de implantar en nuestra ciudad un hub tecnológico de investigación de Huawei”. “Hemos podido presentarles la ciudad de Sevilla a los ejecutivos de la compañía, centrándonos fundamentalmente en las ventajas competitivas que ofrece la ciudad para las empresas que desean instalarse en la misma”, ha señalado José Luis Sanz desde China.

Acompañado de una delegación del Gobierno municipal, en la que se encuentran el edil de Hacienda, Participación Ciudadana, Turismo y Transformación Digital, Juan Bueno y el director de la oficina municipal para la captación de inversiones, Sevilla Open for Business, Manuel Parejo, el alcalde de Sevilla ha continuado este viernes con su misión empresarial y comercial en China reuniéndose con los directivos de Huawei y los responsables del CAICT, que considera “una de las instituciones más importantes del país, dedicada a la investigación en materia de 5G y 6G, internet industrial, cloud computing y big data, entre otros”.

Todo ello con la mirada puesta en “mejorar el Plan Estratégico Digital de Sevilla” que, entre otros objetivos, pretende convertir a la ciudad “en un referente en la mejor tecnología 5G”.

El copresidente del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla, saludaba el otro día a miembros del grupo parlamentario de su formación en el Bundestag exclamando un sonoro: '¡Ni hao!'. Así se dice el saludo típico en China.

Esta escena, con Chrupalla saludando en chino de modo irónico en la Cámara Baja germana, la traía en una de sus crónicas la cadena privada de televisión de información continua alemana N-TV. Ese '¡Ni hao!' era la respuesta del líder de AfD a cómo se ha visto envuelto en una sombra de sospechas su principal candidato para las próximas elecciones europeas del 9 de junio: Maximilian Krah.

A este jurista de 47 años, formado en la prestigiosa Columbia Business School de Nueva York, miembro de la dirección nacional de AfD y desde 2019 eurodiputado en el Parlamento Europeo, se le cuestiona estos días por su particular relación con China. La semana pasada, uno de los ayudantes de Krah, identificado como “Jian G.”, un ciudadano alemán nacido en China, era detenido por espionaje. Se sospecha que este colaborador de 43 años realizó labores de espionaje a favor del régimen chino.

Esta situación ha traído como consecuencia que lluevan los reproches sobre Krah. Entre otras cosas, se echa en cara a Krah el haber tenido especial cercanía con la empresa tecnológica china Huawei.

Es a raíz de la detención de su colaborador cuando han aparecido los testimonios contra Krah. Por ejemplo, la ex diputada de AfD - ahora es independiente porque dejo la formación ultra - Joana Cotar vio cómo Krah, tras su ahora polémico viaje a China, le pidió que dejara de presentar iniciativas parlamentarias contra Huawei, según ha contado Cotar en sus redes.

“Krah viajó a China, fue invitado por Huawei y luego me visitó en el Bundestag para prohibirme, como portavoz de política digital, presentar mociones contra Huawei. Hacer lobby a favor de China es algo de lo que puedo prescindir”, decía Cotar este lunes.

Se refería Cotar al viaje que realizó Krah a finales de 2019 a China, una estancia que le llevó, entre otros lugares, a un centro de investigación de la compañía tecnológica del gigante asiático. Parte de los gastos corrieron a cargo de la empresa china.

Además, Krah pasó por la Oficina Internacional de Enlace del Partido Comunista de China, según ha informado en su última edición del dominical conservador Die Welt am Sonntag. Dicha publicación da cuenta cómo en el Grupo Parlamentario de AfD le invitaron a plantearse el viaje debido a que corría “riesgos agudos de espionaje” en China.

El Welt am Sonntag ha tenido acceso al escrito que, varias semanas después de visitar China, Krah remitió al jefe entonces del grupo parlamentario de AfD, al que planteó que las “sospechas” sobre el régimen de Xi Jinping no le parecían “convincentes”. Esa idea suya sobre Huawei sigue estando vigente pues, a raíz de saberse sobre la detención de su colaborador, y de su viaje con gastos pagados por la empresa, Krah ha manifestado que seguirá liderando la campaña de la ultraderecha alemana en las europeas.

“Si ustedes creen que este es el final de mi candidatura, les decepcionaré: soy y sigo siendo, el cabeza de lista”, manifestaba Krah a la prensa en plena cascada de noticias sobre la detención de su colaborador y de su viaje a China.

Huawei, señalada por generar riesgos en la infraestructura digital

Huawei, compañía con sede en Shenzhen que emplea a 140.000 personas en todo el mundo, mantiene desde hace tiempo a la clase política alemana enfrentada. Causa división incluso dentro del Gobierno del canciller Scholz, cuando hay que decidir qué hacer con la presencia de componentes de Huawei en su red móvil 5G.

En el Ministerio del Interior, en manos de la socialdemócrata Nancy Faeser, se mira con recelo – cuando no desconfianza – la presencia china en la infraestructura digital alemana. Faeser ha dicho que, en caso de reconocer riesgos en componentes de la red móvil 5G de empresas como Huawei, habría que prohibirlos.

Krah es de los que no sólo no ve problemas en la participación de China en la red móvil 5G de Alemania, él ha llegado a considerar a Huawei como “necesario”. “Del mismo modo que ocurre con la energía de Nord Stream 2, necesitamos a Huawei para seguir siendo soberanos en el siglo XXI”, señaló Krah allá por 2020. 

Dicho gasoducto no llegó a entrar en funcionamiento, pues el canciller Olaf Scholz lo dio por congelado a raíz del reconocimiento de Moscú de las repúblicas separatistas prorrusas del Dombás. Posteriormente, el Nord Stream 2 fue saboteado. La autoría de ese sabotaje está aún por dilucidar.

El número dos de Krah, acusado de recibir dinero de Rusia

Pese a todo, la dirección de AfD no cuestiona a Krah. La semana pasada decidía mantenerlo al frente de la campaña de las elecciones europeas. Por lo visto, quieren hacer la vista gorda ante este escándalo, esperando seguramente que no pase factura en las encuestas.

Los sondeos de intención de voto, justo después de que se supiera del trato de Krah con Huawei y de la detención de su ayudante, siguen viendo a AfD como segunda fuerza política, pero con un 17% y alejándose del 20% que ocupaban hasta no hace mucho.

No sólo Krah está protagonizando una accidentada campaña hacia las elecciones europeas. También su número dos, Petr Bystron, se ha visto envuelto en una turbia oleada de acusaciones por haber recibido dinero de un portal de noticias prorruso radicado en Praga llamado The Voice of Europe. Bystron ha negado las acusaciones de haber recibido dinero.

Los servicios de inteligencia de la República Checa ha identificado oficialmente a ese medio de comunicación como una empresa dedicada a la propaganda prorrusa dentro de la Unión Europea (UE). Detrás de The Voice of Europe está el oligarca ucraniano Victor Medvedchuk, acusado en Ucrania de alta traición.

Nueva maniobra legal de LaLiga. La patronal de los clubes de fútbol profesional ha pedido a la jueza instructora de una de sus demandas por piratería que cite como investigados a los directores de Google, Apple y Huawei en España. Les imputa “un delito de desobediencia grave” por no impedir que los usuarios de sus teléfonos sigan utilizando en sus teléfonos la app a la que acusa de ser un vehículo para las retransmisiones ilegales de fútbol.

En el mismo proceso de diligencias previas, al que ha tenido acceso elDiario.es, solicita a su vez que se impute por los mismos motivos a las empresas que dirigen. A estas las acusa de “cooperación necesaria” en el delito de piratería cometido supuestamente por el desarrollador de la aplicación, llamada Newplay, y les declare “partícipes a título lucrativo” de este.

Newplay es un reproductor que permite acceder a las retransmisiones IPTV, las siglas en inglés de Televisión por Protocolo de Internet. En lugar de depender de la transmisión tradicional por cable o satélite, el IPTV utiliza la infraestructura de Internet para entregar contenido a los usuarios. Ese contenido pueden ser series, películas, vídeos propios o cualquier otro multimedia.

A pesar de usar la infraestructura de Internet, las apps IPTV no emiten en abierto. Al contrario, funcionan como decodificador de las “listas M3U” (llamadas así por el formato de archivo), que son documentos de texto que contienen direcciones URL de esos contenidos multimedia. Una especie de mapa sobre dónde encontrar y cómo decodificar cada retransmisión.

Aunque las listas M3U se utilizan tanto para contenidos legales como ilegales, las apps IPTV se están usando para la piratería debido a que permiten esconder retransmisiones ilícitas donde otros usuarios redifunden la señal de los canales de pago. Es el motivo por el que LaLiga demandó en 2020 al desarrollador de Newplay, al que acusa de lucrarse con esa actividad puesto que la app incluía publicidad o la posibilidad de eliminarla contratando una suscripción.

“El investigado utilizaba su 'simple' reproductor de video como instrumento necesario para que sus clientes puedan acceder a los servicios de Televisión que ofrece a cambio de una suscripción o publicidad vulnerando los derechos de los titulares de los contenidos”, acusa la organización dirigida por Javier Tebas en uno de los documentos del proceso al que ha tenido acceso este medio.

En un auto de abril de 2022, la jueza dio la razón a LaLiga y pidió a Google, Apple y Huawei que retiraran Newplay de sus respectivas tiendas de aplicaciones. Además, también les solicitó “impedir a los usuarios” que la hubieran descargado “el acceso a la aplicación”, “cesar de forma inmediata en el abono de las comisiones” derivadas de su versión de pago y poner a disposición del juzgado “los importes que pudieran tener pendiente de entrega” al desarrollador de Newplay.

Contra las tecnológicas

La app de Newplay ya no está disponible para la descarga. Sin embargo, dos años después de ese auto, la patronal del fútbol entiende que las tecnológicas no han cumplido con el resto de requerimientos: el de bloquear su uso a las personas que ya la tengan descargada en sus teléfonos y el de consignar en el juzgado de Instrucción número 1 de Cieza el dinero que la app haya ganado por esas suscripciones.

Por ello, LaLiga acusa a los responsables de estas multinacionales en España de “desobedecer gravemente” lo ordenado por la jueza, un delito castigado penas de tres meses a un año de prisión o una multa de seis a dieciocho meses.

Sobre las propias empresas, la organización de Tebas afirma que el hecho de que no hayan impedido que los usuarios que la descargaron la sigan utilizando implica que “habrían incurrido no solo en responsabilidad penal por los hechos que se están investigando en la presente causa, sino también en responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados”.

Es decir, la patronal del fútbol pide que se impute a las tres tecnológicas el delito de “cooperación necesaria” en el proceso de piratería y que las declare “partícipes a título lucrativo” por no entregar el dinero que supuestamente habría ganado Newplay durante este tiempo. “Eran conocedoras de la conducta realizada a través de la aplicación que es objeto de este procedimiento y continúan en la actualidad facilitando sus infraestructuras a los usuarios de la app de tal forma que el ilícito continúa produciéndose”, achaca.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Google, Apple y Huawei para incluir su posicionamiento en esta información, pero las tres han rehusado responder debido a que sus equipos legales están aún analizando las peticiones de la LaLiga.

La defensa de Newplay destaca que los partidos de fútbol no pueden ser considerados un bien protegible con derechos de autor, lo que deslegitima la demanda de LaLiga. Añaden que la app y su responsable no tienen nada que ver con las listas M3U que se distribuyen entre los usuarios para ver contenidos ilegales. “Newplay es un reproductor multimedia como lo puede ser VLC o cualquier otro”, afirma su abogado, Carlos Sánchez Almeida.

“Son los usuarios los que a través de métodos completamente ajenos al programador de Newplay se proveen de listas de reproducción. Esas listas de reproducción son compartidas por los usuarios como se compartía el P2P antiguamente. De la misma forma que no se ha podido perseguir a los usuarios de eMule y a los usuarios de Torrent, ahora ocurre lo mismo. Lo que ocurre aquí es que han buscado un cabeza de turco que es el programador de Newplay”, denuncia el letrado.

El nuevo 'caiga quien caiga' del copyright

Tanto LaLiga como las entidades de gestión de derechos de autor han iniciado una ofensiva 'caiga quien caiga' para proteger su modelo de negocio en los últimos meses. Su punto culmen podría haber sido el bloqueo cautelar de Telegram en España que llegó a decretar el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El motivo era una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso. Tras un fin de semana de reflexión, el juez anuló el bloqueó que iba a iniciarse el último lunes de marzo, entendiendo que la suspensión supondría “un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas)”.

LaLiga también ha intentado llevar más allá sus esfuerzos contra las retransmisiones pirata amenazando a aquellos que la consumen con demandarlos. Lo hace basándose en una interpretación de un auto de un juzgado de lo Mercantil de Barcelona no exenta de polémica y que el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desmentido.

“Detrás de la piratería no hay ningún héroe ofreciendo contenido pirateado de forma altruista, sino organizaciones delictivas que se lucran con el trabajo de los legitimas creadores, eliminando así́ puestos de trabajo de la industria del fútbol y el entretenimiento”, aseguran fuentes de la patronal del fútbol a elDiario.es. “Es por ello que LaLiga va a seguir invirtiendo una gran cantidad de recursos económicos, tecnológicos y humanos para seguir protegiendo su producto”, añaden.

Pedro Sánchez aterrizó el miércoles en China. El presidente ha participado en la inauguración del foro económico de Boao (el Davos chino) y se verá con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, así como con el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional Popular y turoperadores chinos. Sánchez ha hablado de la invasión rusa de Ucrania y de los lazos económicos hispano-chinos. Sin embargo, el Gobierno ha evitado que China pueda cuestionar la postura española respecto a dos de los temas que molestan a Pekín a nivel internacional: los vetos a Huawei y TikTok, con las que España ha adoptado un perfil más bajo que muchos de sus socios europeos o EEUU.

Las dos tecnológicas chinas están en el punto de mira del mundo occidental. A ambas se las relaciona con el espionaje chino por las alertas que ha elevado sobre ellas EEUU, que no ha podido presentar pruebas sólidas de esta situación. En ambos casos España se ha colocado del lado de sus aliados, pero en la práctica ha evitado señalar públicamente a las compañías chinas.

El caso más claro es el de Huawei. Esta tecnológica es uno de los proveedores punteros de la infraestructura de telecomunicaciones 5G, pero EEUU la acusa de estar dejando agujeros en sus dispositivos con el objetivo de que las agencias de inteligencia chinas puedan colarse en las redes europeas para ciberatacar infraestructuras críticas o lanzar misiones de espionaje. Washington alega que, incluso aunque esas brechas no se hayan descubierto hasta ahora, la presión que el régimen chino puede ejercer sobre estas empresas y sus directivos hace que exista un gran riesgo de que las abran en el futuro a petición de Pekín. Tanto Huawei como China han negado estas acusaciones en todo momento.

A finales de 2020, en medio del chaparrón diplomático estadounidense contra Huawei, el Gobierno presentó una ley de ciberseguridad para el 5G que no nombraba a la compañía asiática pero permitía excluir de la infraestructura española a “suministradores de alto riesgo” por su “exposición a injerencias de terceros”. En marzo de 2021 decidió aprobar la norma por el procedimiento de urgencia por el contexto generado tras la invasión rusa de Ucrania. El texto final cita expresamente la posibilidad de vetar a proveedores sometidos al “poder de un tercer Estado para ejercer presión” o con “vínculos con los gobiernos de terceros países”.

El texto daba tres meses (hasta junio de 2022) para confeccionar el listado de proveedores de “alto riesgo” que deberían quedar excluidos de la red 5G española. El plazo concluyó hace nueve meses y, pese a la premura para aprobar la norma, la lista aún no existe. Fuentes oficiales aseguran a este medio que este hecho no implica que España haya dejado de trabajar por la seguridad del 5G, pero aseguran que lo hace “con prudencia”. Un año después de la aprobación de una ley pensada específicamente para las empresas chinas, España ha evitado señalar públicamente a Huawei ni a ZTE (el otro proveedor chino más señalado por sus conexiones con Pekín) o colocarlas en una lista negra.

Instamos a los Estados miembros que aún no han impuesto restricciones a los proveedores de alto riesgo [de 5G] a que lo hagan sin demora, con carácter de urgencia

Margrethe Vestager — vicepresidenta de la Comisión Europea

Este hecho le valió una reprimenda de Bruselas. “Instamos a los Estados miembros que aún no han impuesto restricciones a los proveedores de alto riesgo a que lo hagan sin demora, con carácter de urgencia”, afirmó en noviembre Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de asuntos digitales. “Varios países han aprobado legislación, pero no la han puesto en vigor... Hacer que funcione es aún mejor”, añadió.

Vestarger citó expresamente a Alemania por su alta dependencia de la tecnología de Huawei. “Pero no es solo Alemania”, recalcó. Un informe de la consultora danesa Strand señala que “los datos sugieren que Alemania parece no tomarse en serio la amenaza de China para la seguridad. Nord Stream 2 fue la debacle de Alemania en el suministro de energía petrolera procedente de Rusia; parece que Alemania configura un escenario similar en el ámbito de las comunicaciones con Huawei y ZTE”.

Según esta consultora, España se encuentra en el segundo escalón de riesgo tras el país germano, con los proveedores chinos aún muy presentes en su red. “Los grandes países europeos –Alemania, Italia, Polonia, Portugal, Austria y España– compran cantidades significativas de equipos 5G a proveedores chinos”, advierte.

De perfil con TikTok

La escalada de tensión de 2020 y 2021 contra Huawei es la que se está dando en este momento contra TikTok y su matriz china, ByteDance. La acusación occidental, muy similar a la que se hizo contra su compatriota: la app de la red social podría usarse por los agentes chinos para colarse en teléfonos de líderes políticos occidentales.

En cuestión de semanas EEUU, la Comisión Europea, Reino Unido, Dinamarca, Letonia y Nueva Zelanda han prohibido descargar e instalar TikTok en dispositivos oficiales. La última en sumarse al grupo ha sido Francia, aunque el país galo ha añadido a la lista de apps vetadas a Netflix, Twitter o CandyCrush. Alegado que “no ofrecen los niveles de ciberseguridad y de protección de datos suficientes.

España tampoco se ha posicionado en este caso. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Gabinete de Presidencia, de quien dependen los teléfonos oficiales de los miembros del Gobierno, para preguntar sobre si estudia promover alguna medida en lo referente a TikTok. Fuentes oficiales han evitado aclarar cuál es la posición española en este aspecto.

Como en el caso de Huawei y el 5G, China y TikTok niegan las acusaciones. “ByteDance no está bajo la propiedad o el control del Gobierno chino. Es una empresa privada. No tengo pruebas de que el Ejecutivo chino tenga acceso a los datos. Nunca nos lo han pedido”, afirmó hace unos días el consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, en una sesión especial con los congresistas estadounidenses. Además, recordó que TikTok no tiene sede en China y que sus oficinas están en Singapur y en Los Ángeles.

El último movimiento de EEUU ha sido amenazar a la red social con bloquearla en todo el país (su principal mercado, con más de 100 millones de usuarios) si ByteDance no vende todas las acciones que le quedan en su filial TikTok. Pekín ha denunciado que esto “viola gravemente los principios de la economía de mercado y de la competencia leal” y supone “un abuso de poder estatal”. “Todos los países deben proporcionar un entorno comercial equitativo y no discriminatorio para la inversión y operación normal de las empresas extranjeras”, afirma China, que ha expulsado de su territorio a redes sociales extranjeras y otros servicios como Google.

Los observadores independientes recalcan que estos movimientos tienen una motivación geoestratégica. “Se ha creado cierto temor que a día de hoy parece infundado acerca de lo que hace TikTok”, expone Diego Naranjo, jefe de políticas públicas de European Digital Rights. “Respecto a la posible injerencia del Gobierno chino: a día de hoy no tenemos pruebas, pero no es descartable. Pero en todo caso, teniendo en cuenta las pruebas con todo lujo de detalles del espionaje masivo a escala global de la NSA que nos descubrió Snowden, lo que pueda hacer China con TikTok se quedaría en una mera travesura de adolescente”, recuerda.

El Gobierno podrá sacar de la parte crítica de la red 5G española todo dispositivo o programa informático que provenga de empresas que supongan un riesgo de “injerencias externas”. Esto es: que ellas o sus cadenas de suministro tengan “vínculos con los gobiernos de terceros países”, que puedan verse sometidas al “poder de un tercer Estado para ejercer presión”, que no formen parte de acuerdos de cooperación internacional sobre delitos cibernéticos o que no respeten las leyes de protección de datos españolas.

Estas medidas se incluyen en el Real Decreto-ley “para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación” aprobado por el Consejo de Ministros como parte del “Plan Nacional de Respuesta” a la guerra de Ucrania y ha sido publicado en el BOE este miércoles. La norma no cita a ninguna compañía concreta ni a Rusia. Tampoco a China, acusada por EEUU de utilizar los equipos 5G de Huawei como una herramienta de espionaje. El Gobierno estadounidense no ha ofrecido hasta la fecha pruebas de ello y la empresa china lo niega.

Pedro Sánchez había adelantado la aprobación de una ley específica para proteger la red 5G en el plan de recuperación del coronavirus, pero el Ejecutivo ha decidido acelerar su entrada en vigor “por el incremento considerable del riesgo de ciberataques por motivos geoestratégicos”, explican fuentes oficiales. Tras la invasión rusa de Ucrania, España elevó el nivel de alerta ante ciberataques del grado dos al tres (en una escala de cinco escalones) e instó a funcionarios y diplomáticos a reforzar la atención a la ciberseguridad en su entorno.

La estrategia de respuesta a la guerra aprobada por el Consejo de Ministros también incluye un nuevo “Plan Nacional de Ciberseguridad” con 150 medidas para mejorar las defensas de las pymes, crear mecanismos de alerta y respuesta ante ataques informáticos en administraciones locales o “promover un mayor nivel de cultura de ciberseguridad”. Está dotado de 1.000 millones de euros. El contenido del plan aún no se ha hecho público y el Ministerio de Presidencia y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital no han ofrecido más detalles sobre él ante las preguntas de elDiario.es.

El plan también menciona la necesidad de “acelerar” la creación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado, un organismo anunciado por Sánchez por primera vez en 2018, que fue relanzado en mayo de 2021 ante la avalancha de ciberataques que sufrían las instituciones públicas y que vuelve a aparecer ahora en un plan de emergencia del Gobierno.

Proveedores “de alto riesgo”

Por el momento la única medida de ciberseguridad que ha llegado al BOE son las nuevas normas para el 5G. En ellas el Ejecutivo ha planteado una protección basada en la declaración de distintos niveles de riesgo que pueden entrañar determinados proveedores de esta tecnología de telecomunicaciones.

Para vetar los productos de una determinada empresa de la parte crítica de las redes 5G —las que controlan el núcleo de la red, sus sistemas de control o incluso toda la red de acceso en zonas geográficas concretas— el Consejo de Ministros deberá declararla como un “suministrador de alto riesgo”. Para ello tendrá que contar con un informe del Consejo de Seguridad Nacional y convocar a una audiencia previa a las teleoperadoras que podrían verse afectadas por esta decisión, así como a la propia compañía señalada.

El Real Decreto-ley establece un período de tres meses desde este miércoles para que el Gobierno pueda calificar por primera vez a un suministrador como “de alto riesgo” y congelar su presencia en la infraestructura 5G. El plazo mínimo que la norma da de margen a las operadoras para sacar completamente de sus redes los dispositivos de un proveedor vetado es de un año. El Reino Unido ha empezado en 2022 este mismo proceso para excluir completamente de su infraestructura los productos de Huawei.

Un “suministrador de alto riesgo” tampoco podrá tener ningún tipo de presencia en las redes de centrales nucleares o de “centros vinculados a la Defensa Nacional”, así como en otras ubicaciones especialmente relevantes para la seguridad nacional o el mantenimiento de servicios esenciales o sectores estratégicos. La lista completa de lugares vedados la elaborará el Consejo de Seguridad Nacional y su contenido será material clasificado.

Cualquier acceso a las tripas del 5G deberá quedar registrado con nombre y apellidos

El Real Decreto-ley recoge también un nuevo paquete de normas de seguridad que deberán aplicar las teleoperadoras. “Son totalmente nuevas y limitadas a la tecnología 5G”, explican a este medio fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Una de las más llamativas es la necesidad de elaborar un registro que incluya a toda persona que abra la caja del 5G, ya sea en su parte física o digital. Las operadoras deberán “seleccionar e identificar” a los profesionales que puedan manipular “todos los activos que integran una red de telecomunicaciones, todo lo que compone y garantiza el funcionamiento de una red, no sólo equipos, estaciones base, concentradores, etc., sino también sistemas y aplicaciones (software)”, detallan fuentes oficiales.

La nueva ley también hace hincapié en la necesidad de que las operadoras de comunicaciones diseñen una “estrategia de diversificación en la cadena de suministro” para impedir que sus sistemas dependan de un solo proveedor, un plan que deberán actualizar periódicamente y comunicar al Ministerio de Asuntos Económicos. Además deberán someterse a auditorías de ciberseguridad externas.

La tecnológica china Huawei ha anunciado este lunes que su beneficio neto aumentó un 75,9% en 2021 hasta los 113.700 millones de yuanes (16.280 millones de euros). No obstante, la compañía, que no cotiza en bolsa, ha revelado que durante 2021 su facturación total se redujo en un 28,5% interanual en 2021 hasta los 636.800 millones de yuanes (91.190 millones de euros).

Según el informe presentado por la empresa, la unidad de servicios a consumidores, que incluye las ventas de teléfonos móviles inteligentes, descendió alrededor de un 50% interanual hasta los 243.500 millones de yuanes (34.770 millones de euros). Sus dispositivos se ven lastrados por el veto de EEUU a que sus tecnológicas vendan tecnología a Huawei, lo que la ha privado del acceso a componentes y a software, como el sistema operativo Android desarrollado por Google. El movimiento forzó a la firma china a desarrollar el suyo propio, que lanzó el pasado verano, pero parece que no ha convencido a los consumidores, que desde finales de 2020 no ha vuelto al top 5 de los principales vendedores.

El servicio dedicado a servir a operadoras telefónicas facturó 281.500 millones de yuanes (40.210 millones de euros), un 7% menos que el año anterior. En este caso su negocio podría verse afectado por un posible veto completo a su tecnología en las redes 5G de los países europeos. El Gobierno británico ha anunciado que está consultando con sus operadoras esta posibilidad. Medidas como estas se suceden desde que en 2019 el presidente de EEUU denunciara los vínculos de Huawei con la inteligencia china.

“Pese a que la facturación bajó en 2021, nuestra capacidad para generar beneficios y generar flujo de caja ha ido creciendo, y ahora somos capaces de lidiar con todas las incertidumbres que debamos afrontar”, aseguró la directora financiera de la firma, Meng Wanzhou, durante una rueda de prensa virtual celebrada en la ciudad meridional china de Shenzhen, donde Huawei tiene su sede.

Era la primera vez que Meng participaba en un evento público de estas características desde que regresó a China en septiembre del año pasado después de que Canadá la pusiera en libertad como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses para suspender el proceso judicial por fraude contra ella y la tecnológica china.

El Gobierno británico ha abierto un proceso de consultas con las principales teleoperadoras que operan en su territorio antes de ordenar la “retirada de todos los equipos de Huawei de las redes 5G para finales de 2027”, ha informado el Ejecutivo de Boris Johnson este lunes. El paquete de medidas también incluye disposiciones para detener por completo la instalación de dispositivos de la firma china de manera inmediata.

“El Gobierno considera que impedir cualquier instalación futura de estos equipos aborda el riesgo para la seguridad nacional que supone Huawei en las redes de fibra completa, pero estudiará las opiniones de los consultados antes de tomar una decisión definitiva”, avanza el comunicado de Londres. Esta consulta es obligatoria por la Ley de Telecomunicaciones promulgada en noviembre, aunque desde julio de 2020 Londres ha venido pidiendo a sus empresas de telecomunicaciones que reduzcan la dependencia de los equipos de Huawei afectados por las sanciones de EEUU.

La consulta durará cuatro semanas y el Gobierno británico recabará también la opinión de la compañía china. “Desde Huawei tomamos nota de la consulta del Gobierno y seguiremos apoyando a nuestros clientes del Reino Unido con nuestros equipos de red, que son reconocidos como unos de los más seguros y fiables del mundo”, explican fuentes de la compañía consultadas por elDiario.es.

“Las presiones políticas ya han obligado al Gobierno a excluir a Huawei de la red 5G, retrasando su despliegue varios años. Estas mismas presiones pondrán en peligro el despliegue de la banda ancha de fibra, elevando innecesariamente los costes para las empresas y las familias”, añaden las mismas fuentes: “Reino Unido tiene derecho a esperar que las decisiones se tomen basándose en hechos y no en infundadas cuestiones de seguridad”.

La orden del Ejecutivo de Johnson incluye la medida exprés de sacar los equipos de Huawei del “core” de las redes de telecomunicaciones del Reino Unido antes de un año. Esta es la parte más crítica de la infraestructura y la que eleva las preocupaciones de los gobiernos occidentales ante una posible “puerta de atrás” dejada por Huawei para que agentes chinos puedan infiltrarse en la red.

En España los operadores explicaron a elDiario.es que los aparatos de Huawei “se encuentran en la parte radio de la red y solo un porcentaje muy pequeño en el core (la que contiene más cantidad de información sensible)”. En 2020 el Gobierno presentó una ley de seguridad para el 5G que incluye controles especiales a “suministradores de alto riesgo” y que permite ordenar su retirada ante sospechas sobre su desempeño.

La ley recibió el pasado diciembre el posicionamiento a favor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “Entre los criterios de valoración del perfil de riesgo se incluyen aspectos técnicos y aspectos geopolíticos que pueden impactar en la seguridad, como el nivel de exposición a injerencias de terceros países. Por tanto, las medidas relacionadas con el perfil de riesgo de los suministradores pueden alterar las condiciones de competencia en el mercado”, reflejaba, por lo que instaba al Gobierno a tener en cuenta esta cuestión en la redacción final.

La alarma en torno a Huawei se desató en la primavera de 2019, cuando el ex presidente de EEUU Donald Trump sancionó con un veto completo a este fabricante, acusándolo de trabajar para el Gobierno chino. La orden obligó a las multinacionales digitales a cortar sus relaciones con Huawei, lo que afecta tanto a las redes de comunicaciones como al software y es el motivo de que, por ejemplo, los móviles de esta marca no puedan instalar el sistema operativo Android de Google.

La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, detenida en Canadá desde 2018 y a la que EEUU acusa de fraude bancario, ha llegado a un acuerdo con Washington para declararse culpable y pagar una elevada multa a cambio de que las autoridades estadounidenses renuncien al proceso de extradición.

El periódico The Globe and Mail ha señalado este viernes que fuentes cercanas al caso han confirmado el acuerdo y que Meng, hija del fundador de la compañía, Ren Zhengfei, comparecerá hoy de forma virtual ante un tribunal federal de Nueva York para sellar el acuerdo. Las mismas fuentes indicaron al periódico que el acuerdo no incluye la liberación de Michael Spavor y Michael Kovrig, dos canadienses a los que China detuvo inmediatamente después del arresto de Meng el 1 de diciembre de 2018 y que han sido acusados por las autoridades chinas de espionaje.

La detención de Meng, Spavor y Kovrig ha causado una profunda crisis diplomática entre Canadá y China, con acusaciones mutuas de violaciones de derechos humanos y repercusiones comerciales.

El pasado sábado, The Globe and Mail señaló que las autoridades estadounidenses había retomado conversaciones con Huawei para que la compañía china se declarara culpable de fraude bancario a cambio de un acuerdo de enjuiciamiento diferido contra el gigante de las telecomunicaciones chino que permitiría a Meng regresar a China. El caso de extradición de Meng está a la espera de sentencia en un tribunal de Vancouver (Canadá) tras casi tres años de proceso.

En agosto pasado, los abogados defensores y la Fiscalía canadiense presentaron su argumentos finales ante la jueza Heather Holmes, del Tribunal Supremo de Columbia Británica (Canadá), en contra y a favor de la extradición a Estados Unidos. Estaba previsto que Holmes diera a conocer su decisión en las próximas semanas.

La compañía tecnológica china Huawei lanzará la semana que viene su sistema operativo para móviles HarmonyOS, que desarrolló tras perder acceso a Android debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, informa este lunes la prensa oficial del país asiático. Los medios chinos citan un mensaje publicado por la cuenta oficial del sistema operativo en Weibo -el equivalente chino de Twitter- en el que anuncia un evento de presentación el próximo 2 de junio.

HarmonyOS, llamado Hongmeng en chino, ya había sido lanzado para otro tipo de dispositivos como tabletas o tecnología ponible ('wearables') en agosto de 2019. La compañía espera que más de 300 millones de dispositivos operen sobre HarmonyOS hacia finales de este año, de los que en torno a un tercio serían aparatos de otras compañías que lo incorporarían como sistema operativo, apunta la agencia de noticias Xinhua.

Las ventas de teléfonos móviles de Huawei se vieron afectadas después de que la compañía fuese incluida en una lista negra estadounidense por supuestos vínculos con la inteligencia china, que limitó su acceso a tecnología desarrollada en el país norteamericano como el sistema operativo Android, perteneciente a Google. También lo hizo con otros fabricantes como Xiaomi, aunque en este caso la compañía ya ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Defensa de EEUU para que este la saque de la lista de “empresas militares comunistas chinas”. La persecución de la red social de matriz china TikTok también ha quedado en punto muerto.

A diferencia de los años anteriores, Huawei decidió no hacer público el dato de 'smartphones' vendidos a lo largo de 2020, aunque la consultora Canalys apuntó que en el cuarto trimestre cayó por primera vez en seis años del 'top 5' de vendedores globales de móviles, en parte debido a que se deshizo de su marca Honor para que ésta pudiera desmarcarse del efecto de las sanciones.

España no vetará la presencia de tecnología china en su red 5G. Eso sí, exigirá “las máximas condiciones de seguridad tecnológica, acceso a los datos, autonomía y privacidad” en el despliegue de esta nueva red de comunicaciones, lo que concierne directamente a los proveedores chinos. Así se lo ha expresado Pedro Sánchez a uno de los principales responsables de la diplomacia china, Yang Jiechi, en una reunión que han mantenido este jueves en La Moncloa.

La posición española coincide con la postura recomendada por la UE. Bruselas ha llevado a cabo una extensa investigación de la tecnología china 5G desde finales de 2019, cuando EEUU impugnó a su principal fabricante en este sector, Huawei, acusándolo de dejar agujeros de seguridad en sus dispositivos que permiten el espionaje y los ciberataques de los hackers que trabajan para el Gobierno de su país.

China y Huawei negaron desde el principio las acusaciones. Aunque Bruselas no ha encontrado pruebas que demuestren esa estrategia oculta por parte del fabricante y tampoco ha pedido a los estados miembros que eviten los productos chinos, sí que ha desarrollado un extenso paquete de medidas de seguridad para intentar blindar la seguridad de la red 5G europea.

España es uno de los países europeos que ha hecho una mayor apuesta por el 5G. La visita del mandatario del gigante asiático, director de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, se produce horas después de que Telefónica encendiera oficialmente su red 5G, dando el pistoletazo de salida en la carrera entre operadores. Telefónica promete lograr una cobertura del 75% de la población antes de final de año. Vodafone comenzó a conectar ciudades con su 5G en el verano de 2019 y ya está disponible en las principales urbes, mientras que se espera que Orange siga estos pasos y empiece a ofrecer este servicio en las próximas semanas.

Huawei, muy presente en la red 5G española

El 5G está llamado a protagonizar una nueva revolución en las telecomunicaciones, aumentando la velocidad de transferencia de datos y disminuyendo la latencia. Esto puede resultar clave en procesos como la computación en la nube, la robotización o la inteligencia artificial. Se espera que el 5G impulse la automatización en sectores como la industria, el transporte, la banca, el turismo o la sanidad, así como que facilite el despegue definitivo de negocios como el del hogar inteligente y el Internet de las Cosas.

Sin embargo, la denuncia de EEUU sobre la tecnología china puso en entredicho todo el despliegue, puesto que varios equipamientos fabricados por Huawei, como los dispositivos que se usan para la transferencia de datos entre el emisor y la antena que lo recibe, son de los más avanzados del mercado. Las empresas estadounidenses se encuentran a mucha distancia y aunque la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson son dos de las compañías más avanzadas en Europa en el desarrollo de la tecnología 5G, no llegan al nivel de Huawei en esos determinados equipamientos.

En España, Huawei tiene cuotas superiores al 30% en las redes de algunos operadores, como Vodafone. Las ratios son similares en muchos países europeos. Renunciar completamente a sus productos habría retrasado unos dos años el despliegue del 5G en el continente, explicaron a elDiario.es fuentes del sector.

La acusación de la administración Trump se produjo justo cuando Huawei estaba a punto de cerrar varios acuerdos con más países europeos para distribuir sus productos. Se encuadró dentro de la pugna geoestratégica que se desarrolla entre las dos potencias, en la que la tecnología digital juega un papel clave. Washington presionó a sus socios para que dieran de lado a las empresas chinas y vetó que sus multinacionales digitales implantaran su software en el hardware de Huawei. Esto provocó por ejemplo que los móviles del fabricante chino, cuyos modelos habían sido de los más vendidos en España hasta entonces, dejaran de poder utilizar el sistema operativo Android, diseñado por Google.

Pese a las trabas, España no ha bloqueado el empleo de tecnología de Huawei y de hecho algunos de sus productos 5G han recibido la certificación de seguridad del CNI, como ocurrió el pasado 4 de junio. Eso sí, la vigilancia se mantiene y las medidas de seguridad no se han relajado: “Con la certificación de este producto en concreto de la marca, no se puede inferir en ningún caso un aval de la seguridad de la tecnología de Huawei”, declaró el subdirector del Consejo de Ciberseguridad Nacional.

El 5G está llamado a ser parte clave de una revolución. Aunque para el usuario medio hoy en día esta tecnología suponga poco más que jugar o ver series en su móvil mucho más rápido que con el 4G, su implantación puede ser determinante en el transporte, la banca, el sector energético o la sanidad. Desarrollos como el vehículo autónomo o la posibilidad de que un cirujano opere a distancia a través de un robot necesitan una transmisión de datos más rápida y estable que la actual para evolucionar. El problema llegó cuando EEUU desató la tormenta perfecta sobre Huawei, un proveedor clave en las redes de 5G, justo cuando esta empresa empezaba a colaborar en proyectos piloto en todo el mundo para probar esta nueva tecnología.

La Administración Trump acusa a la empresa de ser una plataforma para el espionaje del Gobierno chino. Pekín alega que Washington solo quiere frenar su desarrollo. Una guerra comercial que dejó en tierra de nadie a la UE, que pidió tiempo para valorar la situación.

Las respuestas que ha ofrecido la Unión cinco meses después no resuelven demasiadas dudas. En un informe publicado este miércoles, la UE reconoce que utilizar tecnología china es un riesgo potencial para el 5G, pero evita citar directamente al gigante asiático o pedir a los países miembros que no instalen dispositivos de Huawei en sus redes de comunicaciones.

En el análisis de riesgos, elaborado por la Comisión Europea y expertos de ciberseguridad de los gobiernos nacionales, la UE señala que una de “las principales amenazas” de esta nueva tecnología son “los proveedores y las cadenas de suministros” de “terceros países” en los que “no existan controles y equilibrios legislativos o democráticos” o con los que no haya “acuerdos de seguridad o protección de datos”. Teniendo en cuenta que en las redes 5G europeas apenas están participando otros dos fabricantes junto a Huawei, y que uno es finlandés (Nokia) y otro es sueco (Ericsson), no es difícil saber en qué empresa pensaban los especialistas comunitarios al redactar la lista de amenazas.

“Podemos seguir con el debate sobre por qué se nombra o no se nombra a actores individuales, pero el objetivo del informe era detallar los riesgos asociados a esta tecnología, no citar a países o proveedores concretos”, ha tenido que zanjar Minna Kivimäki, representante del Consejo Europeo, ante la avalancha de preguntas de los periodistas sobre por qué la UE ha evitado deliberadamente mencionar a China o a Huawei.

La UE promete que presentará un nuevo informe “antes de final de año” en el que incluirá medidas concretas. “Entendemos el interés por saltar directamente a las conclusiones, pero estamos evitando deliberadamente ir directamente a las conclusiones”, ha reconocido Julian King, comisario de Seguridad, también presente en la rueda de prensa. “El rol de los proveedores es un riesgo que tenemos que supervisar muy de cerca”, ha añadido, refiriéndose a “un proveedor que es objeto de interferencia por parte de un país no europeo”, pero sin mencionar a Huawei en ningún momento.

Huawei en toda la red 5G española

“Huawei tiene una cuota de mercado en el sector del 35% en Europa y a día de hoy es uno de los tres únicos proveedores de calidad de equipos de red. La diversidad de fabricantes es clave para asegurar la resiliencia de las redes. Sin embargo, la realidad hoy es que la industria está concentrada en pocos jugadores”, explican fuentes de Vodafone a eldiario.es. Este proveedor ha sido el primero en instalar red 5G en España, presente ya en 15 ciudades, a las que se sumarán otras 32 en breve.

Vodafone utiliza tecnología de Huawei en la red española. “La mayoría de los equipos de Huawei que desplegamos se encuentran en la parte radio de la red y un porcentaje muy pequeño en el core (la que contiene más cantidad de información sensible)”, alegan las mismas fuentes.

En España, Huawei ha sido incluso beneficiaria de ayudas del Gobierno. A principios de mayo, antes de que EEUU denunciara a la empresa ante la escena internacional, logró una subvención de 6 millones de euros para un proyecto conjunto con Vodafone para probar 30 casos de uso del 5G en ciudades andaluzas. Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva y Jaén han comenzado ya a probar escenarios de realidad aumentada, drones o reconocimiento facial empleando la conectividad ofrecida por la empresa china. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 25 millones de euros en total.

La preminencia tecnológica de los equipos de la multinacional china ha empujado a sus brazos al resto de teleoperadoras interesadas en implantar redes 5G en España. Orange y Telefónica también están llevando a cabo pruebas que involucran a Huawei. La primera tiene proyectos piloto en ocho ciudades, donde “trabaja con Ericsson, Huawei, Nokia, Samsung o ZTE en calidad de proveedores de red, fija o móvil. La información sobre el proveedor de cada apartado es confidencial”, especifican fuentes de la empresa a esta redacción.

Telefónica es la que cuenta con unos planes de implantación de red 5G más difusos. “La visión de Telefónica es que las tecnologías 4G y 5G coexistirán (por algún tiempo) en el futuro”, alega la compañía que, no obstante, también prueba esta nueva tecnología: “Estas pruebas se están realizando con numerosos proveedores, entre ellos Nokia, Ericsson, y Huawei, de servicios innovadores. Estamos hablando en cualquier caso, de colaboración en pruebas y casos de uso para testar la tecnología, no de adjudicaciones. Todavía no hay ninguna adjudicación para 5G”.

Comprar tecnología al país que la hackea

Otro de los puntos en los que la UE apunta a China, sin nombrarla, es en su advertencia a las empresas de telecomunicaciones sobre los riesgos de emplear tecnología que proviene de los mismos países sospechosos de financiar grupos dedicados a ciberatacar infraestructuras críticas de otros países. En el sector se los conoce como los “CRINK”: China, Rusia, Irán y Corea del Norte (esta última por sus siglas en inglés).

Estos grupos pueden romper sistemas informáticos a través de fuerza bruta o bien aprovechar agujeros presentes en ellos que se conocen como “puertas traseras”. Estas pueden estar ahí por defectos de diseño... o haber sido creados al efecto para ser una vía para penetrar en ellos una vez instalados. Estas estrategias de cibertaque, que como reveló Edward Snowden han sido empleadas ampliamente por los servicios de inteligencia de EEUU a través de empresas de puertas traseras en servicios digitales estadounidenses, son las mismas que ahora elevan las dudas sobre la tecnología china.

“Las puertas traseras, tanto involuntarias como intencionadas serán más fáciles de introducir y más difíciles de detectar”, ha avisado este miércoles el comisario de Seguridad.

Aunque el informe señala que el 5G “jugará un rol central en la transformación digital de la sociedad y la economía de la UE”, también alerta de que puede aumentar exponencialmente el riesgo de hackeo por situaciones como esta. Conforme el 5G impulse la digitalización de servicios, la presencia de robots en la industria o el tratamiento cada vez más masivo de datos personales de los ciudadanos, las posibles puertas traseras en los sistemas de comunicaciones “también tendrán un impacto más severo y generalizado”, ha reflejado King.

Estados Unidos permitirá a las empresas del país que vendan productos al fabricante chino Huawei, según ha anunciado este sábado el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump ha hecho el anuncio al referirse a lo convenido en la reunión que poco antes tuvo con el presidente chino, Xi Jinping, con el fin de avanzar para contener la guerra comercial que enfrenta a ambos países desde el año pasado.

“Hemos acordado que las empresas estadounidenses puedan vender productos a Huawei”, ha agregado Trump, que se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka para participar en la cumbre del G20 que comenzó este viernes y se cerró este sábado. “Vendemos a Huawei una tremenda cantidad de productos. He dicho que eso está bien. Es un tema complejo, por cierto”.

Trump, sin embargo, no ha querido precisar si como parte de esa revisión en el caso del fabricante chino la compañía será sacada de lista del Tesoro de Estados Unidos donde están incluidas empresas vetadas de hacer negocios con firmas estadounidenses. “No hemos hablado de eso. Tenemos una reunión mañana o el martes”, agregó Trump, y cuando se le volvió a insistir sobre si él creía que Huawei saldría de esa lista, recalcó que no quería hablar de ello.

Además, el presidente de EEUU ha confirmado que su Gobierno no impondrá nuevos aranceles a las importaciones desde China y ha señalado que seguirán las negociaciones entre Washington y Pekín para cerrar un acuerdo comercial.

“Si podemos llegar a un acuerdo será un evento histórico”, ha afirmado Trump, que ha recordado también que Estados Unidos estaba analizando la posibilidad de imponer aranceles a importaciones chinas por valor de más de 300.000 millones de dólares. “Vamos a suspender esos aranceles y ellos van a comprar nuevos productos agrícolas”, ha añadido en la rueda de prensa ofrecida poco después de que se cerrara la cumbre de dos días que celebró el G20 en Osaka.