La apertura de diligencias penales contra la mujer y los hijos del empresario Antonio Plasencia, uno de los condenados a prisión por el caso de Las Teresitas, precipitó el acuerdo dado a conocer este miércoles por la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife por el cual la ciudad recupera 95 millones de euros producto de aquella malversación, criada y ensolerada en la etapa más floreciente del poder de Coalición Canaria.

Desde el ingreso en prisión del empresario Antonio Plasencia, sus hijos y su esposa se habían dedicado sigilosamente a opacar las propiedades a su nombre para presuntamente eludir la acción de la justicia. Las empresas fueron desprendiéndose de patrimonio, el empresario formuló concurso personal voluntario de acreedores y las arcas se vaciaron para que ninguna administración pudiera proceder al embargo. Los abogados del Ayuntamiento rastrearon todas las empresas hasta que descubrieron una muy particular, Puzolana y Áridos de Tenerife, S.L., que Antonio Plasencia, ya condenado, había vendido a sus hijos por una cantidad ridícula, 93.000 euros, pagaderos en cómodos plazos durante diez años y previo pago inicial de tan solo 15.000 euros. La operación fue aportada por Plasencia a su concurso personal de acreedores, donde se personó el Ayuntamiento de Santa Cruz para impugnarlo y rastrear todo lo rastreable. De ahí tiraron los servicios jurídicos municipales para formular una querella por alzamiento de bienes contra la esposa y los hijos del acaudalado empresario.

Una jueza de instrucción de la capital tinerfeña admitió a trámite la querella, citó a declarar a la esposa e hijos de Plasencia como imputados y, a partir de ese momento, la estrategia de escamoteo se vino abajo. Nada le apetecía menos al empresario que ver sufrir a su esposa el mismo calvario que él mismo vive en estos momentos por negarse a pagar.

Esa querella y sus consecuencias le obligan a hacer frente a prácticamente toda la deuda generada por la condena de Las Teresitas porque, al tratarse de una responsabilidad solidaria de todos los condenados, el Ayuntamiento puede elegir sobre quién cargar el cobro. De modo que, al haber encontrado la rendija en el entramado empresarial de Plasencia, tanto la familia del otro empresario condenado, Ignacio González, fallecido en prisión sin haber pagado, como el exconcejal Manuel Parejo y los técnicos municipales que corrieron igual suerte procesal, sólo tendrán que hacer frente a cantidades menores. Pero los responsables municipales se han comprometido públicamente a emplearse a fondo hasta conseguir de la familia González Martín los mismos resultados que con la familia Plasencia.

El levantamiento del velo

Puzolana y Áridos de Tenerife, la empresa a partir de la cual se empezó a sospechar el alzamiento de bienes de los Plasencia, era la dueña de un atractivo solar ubicado junto al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, un suelo que el Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de Fernando Clavijo, le compró por 5 millones de euros que el empresario, gracias a la venta que hizo a sus hijos, pretendía escaquear del pago por su condena de Las Teresitas. El mismo Gobierno de Coalición Canaria aceptó asimismo un justiprecio de tres millones de euros para otro solar cercano, con lo que la familia Plasencia no sólo velaba las propiedades del patriarca frente a posibles reclamaciones patrimoniales, sino que además se llevaba el dinero de una Administración pública para los fines que le parecieran más pertinentes.

No fue esa la única operación de Coalición Canaria opuesta a la obligación pública de cobrar la deuda por la condena del pelotazo de Las Teresitas. El entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, inició en 2018 un expediente para comprarle a dedo, es decir, sin concurso, a la empresa Carlacand, del conglomerado Plasencia, un atractivo edificio de Cabo Llanos con el que acaba de hacerse el Ayuntamiento de Santa Cruz, vía embargo, para el pago de una parte importante de la deuda. La operación se frustró por las dudas suscitadas por la Intervención y el revuelo político y mediático que se generó. No solo no reclamaba lo que pertenecía a las arcas públicas, lo que en realidad hacía Coalición Canaria era inyectar capital a las empresas de Plasencia sin garantizar de ningún modo que hiciera efectiva la deuda a la ciudad. Al fin y al cabo se trató siempre del empresario del régimen, intocable para Coalición Canaria, presente en todos los negocios de calado, desde Las Teresitas a los áridos de Güímar, que le dejaron extraer sin oposición institucional hasta que otra condena penal lo detuvo.

Coalición Canaria no movió un papel durante los dos años que transcurrieron entre la primera sentencia del caso de Las Teresitas, en 2017, y la resolución definitiva del Tribunal Supremo, en marzo de 2019, en vísperas de las últimas elecciones municipales. Podía haber pedido una ejecución provisional de la sentencia, de manera que las propiedades de los dos empresarios encartados, Antonio Plasencia e Ignacio González, quedaran trabadas a favor de la administración acreedora, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que en los tiempos del alcalde Miguel Zerolo, hoy en prisión, les pagó 52 millones de euros por el frente de la playa que, en realidad, era de propiedad municipal. Y, en cualquier caso, muy por encima de las tasaciones oficiales.

El gobierno municipal de José Manuel Bermúdez, que ahora pretende volver a la alcaldía mediante una moción de censura a través de una concejala de Ciudadanos a punto de tomar posesión, sólo había conseguido recuperar 100 euros de una deuda que con intereses se aproximaba a los 100 millones de euros. Y su única gestión formal para conseguirlo fue la adhesión del Ayuntamiento a la petición de ejecución de la sentencia de 2017 formulada por la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, a la que la nueva alcaldesa quiere distinguir dándole su nombre a la plaza del emblemático edificio de Plasencia en Cabo Llanos. Constan documentos que acreditan la comunicación formal de Bermúdez a los servicios jurídicos municipales, pero no consta nada más.

Todo cambió a partir del cambio en el gobierno municipal, en la primera ocasión en la que Coalición Canaria o su formación antecesora, la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), o los precursores de esta (UCD), abandonaba el poder en democracia. La llegada a la alcaldía de la socialista Patricia Hernández dio un vuelco no sólo al empantanado asunto de Las Teresitas, con casi veinte años de estancamiento, sino a otros muchos que dormían bajo las alfombras y que, en tan solo un año, han logrado mostrar el modo de operar de la anterior mayoría gobernante.

Patricia Hernández fortaleció los servicios jurídicos de la Corporación recuperando al jurista Ruymán Torres, que en 2015 había abandonado voluntariamente la plaza de funcionario interino que ocupaba en el Ayuntamiento ante lo que él consideró un cambio contraproducente de estrategia de la Corporación para recuperar el dinero malversado de Las Teresitas. La nueva alcaldesa lo llamó, lo nombró coordinador de los Servicios Jurídicos municipales, y como asesora externa se hizo con los servicios de la abogada Sandra Rodríguez. Ambos hicieron un estudio minucioso de la causa en busca del dinero público que se había esfumado, y los resultados fueron positivos. Enseguida el Ayuntamiento pidió la liquidación de intereses, y los 52 millones del pelotazo de 2001 pasaron a ser 97; ante la Justicia, el consistorio pidió el levantamiento del velo sobre la titularidad de los dos edificios que pasan ahora a propiedad municipal, y tras la querella, los representantes legales de los Plasencia se sentaron a negociar. Se harán cargo de 95 de los 97 millones mediante la aportación de esos dos inmuebles y el aplazamiento de 14 , avalados por otras propiedades que siguen siendo suyas.

Hasta que aparezca el patrimonio de la familia de Ignacio González.

La alcaldesa de Santa Cruz se anota un tanto político justo en vísperas de que la incorporación de una concejala de Ciudadanos con particulares ambiciones pueda propiciar una moción de censura que devuelva el poder a Coalición Canaria. Justo después de que se coronara con éxito para el interés público el mayor escándalo de corrupción político-empresarial hasta ahora juzgado en Canarias.

Diecinueve años después de que se produjera la operación de Las Teresitas, por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó 52 millones de euros a dos empresarios a cambio de un frente de playa que ya era de titularidad municipal, la ciudad va a recuperar el dinero malversado. Será a través de dos de las propiedades de uno de los condenados, el empresario Antonio Plasencia, actualmente cumpliendo pena de cárcel precisamente por esa operación en la que también resultó condenado su socio, Ignacio González, ya fallecido en prisión, y el entonces alcalde, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, también preso.

La familia Plasencia ha accedido finalmente a pagar la mayor parte de la deuda cediendo al consistorio dos edificios situados en Santa Cruz de Tenerife después de que los servicios jurídicos municipales detectaran un presunto alzamiento de bienes tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que convirtió en firme la que dos años antes había emitido la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Declarada en concurso de acreedores, a la deuda de la familia Plasencia no han podido aplicársele intereses sobre los intereses de la deuda (anatocismo), pero se les exigirá a los demás condenados. Los dos edificios que se enajenarán a favor del Ayuntamiento son el que ocupa actualmente la Consejería de Educación y otro que el anterior presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de Coalición Canaria, pretendió comprar la pasada legislatura a la familia Plasencia en una operación que resultó frustrada por los servicios de jurídicos de la Corporación insular.

La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández (PSOE), en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por su equipo de gobierno ha indicado que los dos inmuebles forman parte de la deuda 95 millones de euros contraída por los condenados, un dinero que se “había robado” a los vecinos de la capital y ahora va a “ser devuelto”.

Hernández ha dejado claro que “se acabó la impunidad” e incidió en que “con determinación” se consiguen los objetivos, asegurando que este litigio judicial es un “ejemplo” de lo que querían hacer desde que llegaron a gobernar en el consistorio.

“El dinero público se debe gestionar mejor que si fuera propio, con más diligencia. Si se quiere se puede y además se debe”, ha agregado.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el exconcejal de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo Alfonso, contra la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que el pasado 20 de marzo acordó no permitirle el acceso a un régimen de semilibertad asimilable al tercer grado.

En su resolución la Sala tiene en cuenta la gravedad de los hechos por los que fue condenado -un total de diez años de cárcel por su implicación cuando era concejal de Urbanismo en el caso Las Teresitas-, que en contra de sus alegaciones aún no ha cumplido la mitad de la pena, al tiempo que no ha procedido al abono íntegro de las responsabilidades civiles derivadas de la segunda condena, por importe de 61 millones de euros.

En su recurso, Parejo alegó que no era cierto que no hubiera abonado parte de la suma que debía pagar, ya que le habían ejecutado embargos por valor de 29.533,63 euros. La Sala entiende, no obstante, que tales embargos no pueden tener la consideración de “reparación voluntaria del daño”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tiene obligación de afrontar algún coste o abonar cantidad o devolución a Inversiones Las Teresitas SL (ILT) en concepto de compensación por el fallido contrato de compraventa suscrito por ambas partes el 18 de septiembre de 2001, referido a las once fincas que conformaban el frente de playa, según declara el fallo emitido hoy por el Juzgado de Primera Instancia, número 6 de Santa Cruz de Tenerife.

La sentencia es un triunfo de la tesis defendida por el Ayuntamiento y da respuesta al pleito iniciado en 2010 por los propietarios de la sociedad ILT, tras fallar la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en 2007 la nulidad del contrato de adquisición de los terrenos del frente de la playa por parte del equipo de gobierno municipal de entonces, siendo su alcalde Miguel Zerolo, por un importe de 52 millones de euros.

La petición de ILT ahora rechazada exigía al Ayuntamiento la devolución de 116 millones de euros por el total de la operación de compraventa anulada.

El fallo respalda así al completo la posición del Consistorio en este pleito, al declarar “como efectos de la nulidad por causa ilícita del contrato de compraventa de 18 de septiembre de 2001”, celebrado entre Inversiones Las Teresitas SL y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que la Corporación local “no tiene obligación de devolver a Inversiones Las Teresitas” el objeto del contrato -las once fincas del frente de la playa-, “manteniéndose la titularidad” del Ayuntamiento sin perjuicio además de la responsabilidad civil de Inversiones Las Teresitas, tal y como se declaró ya en la sentencia de procedimiento penal dictada el 26 de marzo del pasado año.

Ese pleito determinó la comisión de delitos en la operación de compraventa y el perjuicio sufrido por el Ayuntamiento con tales hechos. A resultas del mismo se sentenció en condena firma y con penas de cárcel para el exalcalde Miguel Zerolo, el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y otros cargos directivos de la Corporación, además de a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

En este sentido, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia subraya en el fallo que resuelve el pleito civil que “evidentemente”, aquella sentencia “condiciona la determinación de los efectos civiles”. A su juicio, las pretensiones de Inversiones Las Teresitas “no pueden ser mantenidas después de la sentencia penal, pues ésta declara la ilicitud de la causa y le declara responsable civil, al haberse aprovechado de los efectos del delito”.

Contra la sentencia de hoy cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de veinte días.

Este procedimiento judicial tiene su importancia al desentrañar el proceso y desenlace de las reclamaciones solicitadas por el nuevo equipo de gobierno local a los propietarios de Inversiones Las Teresitas, que en el momento del contrato eran los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, este último ya fallecido. La cuantía de esa reclamación económica alcanza los 52 millones de euros más intereses.

El portavoz del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha anunciado este jueves en la comisión de control municipal la paralización en la tramitación del Plan Especial de Las Teresitas.

En declaraciones a los periodistas, ha apuntado que se da un plazo de un mes para abrir un proceso de negociación con fuerzas políticas y agentes sociales para buscar consenso en torno al 15% del planeamiento en el que aún hay diferencias, especialmente acerca de la construcción del hotel y los nuevos aparcamientos.

El gobierno municipal ha tomado esta decisión tras la rectificación de Unidas Podemos, que ha retirado su apoyo mientras no se produzcan modificaciones sustanciales al plan que había realizado en el Consejo Rector de Urbanismo.

El concejal de Unidas Podemos Ramón Trujillo explicó en un comunicado que votó sí al Plan por “confusión”, y que su partido ve “necesario” replantear el modelo de movilidad del plan Especial que, por una parte, prevé llevar tranvías y guaguas hasta la playa de Las Teresitas, “sin decantarse por un modelo eficaz de transporte público colectivo, y, por otra, vuelve a plantear construir aparcamientos en la zona del mamotreto, descartando así otras alternativas”.

Las Teresitas, el mayor 'pelotazo' urbanístico de Canarias

La ordenación del frente de playa de Las Teresitas dio pie al llamado caso Las Teresitas, que culminó con el ingreso en prisión del exalcalde de CC Miguel Zerolo, de los empresarios Ignacio González (ya fallecido) y Antonio Plasencia, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González.

El caso, por el que el Ayuntamiento compró (contra el criterio de los interventores municipales) unos terrenos muy por encima de su valor real y de los que en realidad ya poseía una parte, ha supuesto el mayor pelotazo urbanístico de Canarias y un quebranto multimillonario a las arcas públicas de la capital tinerfeña, que aún no ha recuperado el dinero malversado.

La playa de Las Teresitas, una de las más emblemáticas de Tenerife, desaparecerá mientras que la zona de las dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, sufrirá graves afecciones si el nivel del mar sube un metro en los próximos 50 años, según ha avanzado este lunes el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena.

“El agua llegará hasta el murito”, ha descrito de forma gráfica en el encuentro SER sostenible, donde ha repasado los planes del Ejecutivo regional en la lucha contra el cambio climático y con el fin de “suavizar” sus efectos.

Valbuena ha apuntado que Canarias “no está aislada” del problema aunque solo sea responsable del 0,035% de las emisiones de gases de efecto invernadero y ha admitido que los territorios insulares sufrirán “con más virulencia” los efectos. “El planeta nos pide que paguemos la factura”, ha subrayado.

El consejero ha advertido de “un desastre y una verdadera tragedia” si la Tierra aumenta su temperatura media en cinco grados a lo largo de este siglo ya que “está en riesgo la vida” como se conoce actualmente.

En ese sentido, ha lamentado la ausencia de Estados Unidos de la Cumbre Mundial del Clima que se celebra en España, al optar por una reunión de la OTAN. “Es una desgracia y tienen claro su rumbo”, ha comentado.

Valbuena ha apuntado que en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China --los dos países que más gases emiten--, la Unión Europea debe erigirse en “abanderado” de la lucha contra el cambio climático, y ahí, Canarias debe ser la base de las políticas comunitarias en relación con África.

Movimientos migratorios por cambios en el clima

Por ejemplo, ha apuntado que el archipiélago ya cuenta con 30 nuevas especies de aves que se han desplazado por los cambios en las condiciones de vida, y lo mismo está ocurriendo con las grandes migraciones de personas, de ahí que haya que “preparar” políticas de acogida en las islas.

“Canarias no va a estar ajena a los movimientos migratorios”, ha indicado, de ahí que defienda especialmente las inversiones en desarrollo en África para que “la gente no tenga que salir de su lugar de origen”.

Con todo, ha señalado que el cambio climático exige una “profunda solidaridad” y pensar en las personas que no han nacido pues “puede que ya estén naciendo los primeros niños que vean desaparecer la vida en la Tierra”.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha anunciado en el Pleno municipal que este viernes se interpondrá una querella por alzamiento de bienes contra una de las empresas de Antonio Plasencia -condenado por el caso Las Teresitas- propietaria de los terrenos anexos al Hospital de La Candelaria, vendidos al Gobierno de Canarias por 5,5 millones.

Hernández ha apuntado que no va a “consentir” que “el patrimonio se mueva de manos a manos y pase de padres a hijos” con una operación millonaria “coordinada” con el Gobierno de Canarias para poder construir un aparcamiento público junto al hospital. “Han intentado esconder dinero a los juzgados”, ha subrayado.

La regidora hizo este anuncio durante el debate dos mociones presentadas por CC y PP --que fueron rechazadas-- en la que solicitaban presentar enmiendas al presupuesto de la Comunidad Autónoma para bloquear la compra del edificio que ocupa la actual Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y que cuenta con una partida de 9,1 millones en las cuentas autonómicas.

Sobre la orden de embargo de propiedades de Plasencia, ha apuntado que la petición del 'levantamiento del velo' la realizó el actual gobierno local el pasado 2 de septiembre “por muchas mentiras que se quieran decir”.

“Sabíamos que los edificios eran de Plasencia y fuimos al juzgado a demostrarlo”, ironizando con que la oposición “ahora se entera de que eran de Plasencia”. “Lo único que hizo el anterior equipo de Gobierno fue adherirse a la Fiscalía en la petición de ejecución de sentencia”, ha agregado.

Hernández ha señalado que la “inacción” del anterior equipo de gobierno no permitía recuperar el dinero, y subrayó que el empresario siempre quiso vender el edificio de Cabo Llanos próximo a la ermita de Regla, “vacío y con deterioro”, que otro, el de la Consejería, que le daba una renta anual de más de 3 millones de euros.

Ha recordado que el edificio se construyó en un suelo público que fue subastado y adquirido por el empresario, que incluso “llegó a cobrar alquiler” durante la construcción. “Fue una operación redonda, con más suerte que la gasolinera de Granadilla”, ha señalado.

La alcaldesa ha indicado que, ahora mismo, el edificio “está trabado”, de ahí que si se acomete la compra, el dinero irá a parar al Ayuntamiento, aparte de que cuenta con el “compromiso” del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente, Román Rodríguez, de que la operación “será pactada” con el consistorio.

La alcaldesa da el tema “por zanjado”

“No sé si lamentan que el dinero no va a llegar a Plasencia, para mí es un tema zanjado”.

Además, ha comentado que la oposición “le rentan mucho” los 9,1 millones porque “lo mismo sirven” para la PCI, rehabilitar el balneario o acabar las obras de la vía Ofra-El Corrillo.

La primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, ha comentado que la labor del anterior equipo de gobierno fue una “triste adhesión” a la petición de la Fiscalía, y entiende que si hubieran hecho la ejecución de sentencia “en el momento oportuno” ahora se estaría debatiendo en el Ayuntamiento sobre el uso de los 100 millones del 'caso Las Teresitas' “y no los 9”.

El portavoz del Grupo Socialista, José Ángel Martín, ha admitido que ha “llorado” por el 'caso Las Teresitas' pero hoy le han provocado una “risotada” cuando desde CC han defendido su acción judicial. “Si estaban seguros, ¿por qué no señalaron los edificios en los juzgados?”, se ha preguntado.

Martín ha relatado que no “había nadie” junto a él cuando luchaba por el dinero de Las Teresitas y “vi a gente de CC en el banquillo”, y desde que accedieron al Gobierno municipal han ido “armando el puzzle” que ha culminado con el auto de embargo judicial.

Así, ha señalado que en la cuenta del embargo por el 'caso Las Teresitas' solo había 100 euros cuando accedieron al gobierno municipal “y ni siquiera habían solicitado la liquidación de los intereses, que eran 40 millones”.

“Es la cruda realidad, los éxitos es de quien se los ha currado y ha sido la alcaldesa. Esos bienes van a garantizar el pago”, ha indicado.

Yaiza Gorrín, de Unidas Podemos, ha resaltado la “voluntad” del Gobierno municipal por recuperar el dinero, incidiendo en que el edificio de la Consejería de Educación, “por el que se han pagado más de 50 millones”, se construyó en parte gracias a la RIC “y se pudo comprar en 2010 y no se hizo, y ahora vale 46 millones”.

Sobre el uso de los 9,1 millones previstos para su compra, ha comentado que los presupuestos de la Comunidad Autónoma ya consignan 88 millones para cubrir la PCI y la nueva renta ciudadana, más otros dos millones a los ayuntamientos para agilizar trámites.

No es prioritario comprar el edificio, según Coalición Canaria

El portavoz de CC, Juan José Martínez, ha afirmado que “no es prioritario” comprar el edificio y por ello, propone que los 9,1 millones se destinen a un conjunto de obras pendientes en la ciudad a la atención a personas sin hogar.

Martínez ha indicado que la alcaldesa apoyó el pago de alquileres a la empresa de Plasencia cuando era parlamentaria, y más aún con José Miguel Pérez (PSOE) al frente de la Consejería de Educación, advirtiendo de que la semana pasada fue a inaugurar un hotel que 'sospechan' que también es de Plasencia.

Ha comentado que “es mejor” destinar 9 millones a luchar contra la pobreza que comprar un edificio, más aún cuando el inmueble está retenido y, en todo caso, el importe del alquiler debe acabar en las arcas municipales.

Asimismo, ha defendido la labor de CC en los últimos años pues desde la Alcaldía se ganó el juicio, se recuperaron los terrenos y se pidió la ejecución de sentencia.

Carlos Tarife, del Grupo Popular, ha descrito los 9,1 millones como “la partida de la vergüenza”, destacando que el Ayuntamiento ha podido presentar acciones nuevas porque en septiembre Antonio Plasencia se declaró en concurso de acreedores.

Ha dicho que el 'caso Las Teresitas' “es un dinero robado a Santa Cruz” que la ciudad tiene que “recuperar”, al tiempo que criticó a la alcaldesa por apoyar el alquiler de la consejería como diputada regional.

A los dos edificios sobre los que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el embargo preventivo para recuperar el dinero malversado en la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas les une, además de su titularidad, la del condenado constructor Antonio Plasencia, un historial de protección por parte de administraciones con el sello de Coalición Canaria (CC), con operaciones en ocasiones consumadas, en ocasiones frustradas a tiempo. 

El primero de ellos está situado en la Avenida Tres de Mayo de la capital tinerfeña y alberga la sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El contrato de alquiler, firmado en 2005 por el entonces consejero de Hacienda José Carlos Mauricio, uno de los fundadores de CC, incluía una opción de compra por importe de 46 millones de euros. Esta opción se podía ejecutar desde 2010, una vez transcurrido el periodo fijado para que el empresario pudiera venderlo sin tener que renunciar a los beneficios fiscales de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), a la que se había acogido. Los sucesivos gobiernos presididos por Adán Martín, Paulino Rivero y Fernando Clavijo nunca llegaron a materializar la compra del inmueble, que mientras tanto seguía reportando ingentes ingresos a su titular, la empresa Carlacand, vinculada a Plasencia.

En los últimos 14 años el constructor se ha embolsado más de 40 millones de euros por el alquiler de una sede que desde 2010 pudo comprar por 46. O lo que es lo mismo, ha abonado más del 90% de su valor de tasación. El contrato firmado en la época de Mauricio estipula que, en caso de que se ejecute la opción de compra, de ese precio se descontará el 30% de lo pagado en concepto de arrendamiento. De materializarse en los próximos meses, el coste de esta operación para las arcas públicas ascenderá a unos 75 millones de euros, según estos cálculos.   

En el año 2012, el Gobierno de Canarias ejecutó la opción de compra que se había reservado, con la misma fórmula, sobre otros dos edificios: el de Usos Múltiples III de Las Palmas de Gran Canaria y el Prodamer, sede de la Consejería de Hacienda en Santa Cruz de Tenerife. No hizo lo propio con el inmueble de Plasencia, que siguió alquilando hasta que, en 2015, finalizados los diez años de arrendamiento que constaban en el contrato, se planteó la disyuntiva de renovarlo otra década o no hacerlo. El entonces director general de Patrimonio, Abel Morales, optó por una solución intermedia, la de extender el alquiler dos años con vistas a una compra en cuanto finalizase ese periodo. Un informe técnico alertaba entonces de que mantener el acuerdo de 2005 otros diez años suponía “un gasto enorme en alquileres”, de manera la administración acabaría gastando “más del doble del valor del edificio” en caso de ejecutar la opción de compra. El contrato volvería a ser prorrogado posteriormente por el Gobierno liderado por CC.

Ahora ha sido precisamente el partido denominado nacionalista quien ha puesto el grito en el cielo ante el anuncio del cuatripartito encabezado por el PSOE de consignar una partida presupuestaria de cerca de nueve millones de euros para la adquisición del edificio. Una decisión que, según aseguran fuentes oficiales de la Consejería de Hacienda, aún no está tomada. Desde este departamento afirman que se trata de una cantidad reservada en las cuentas regionales para el próximo ejercicio que se ejecutará en caso de que, dentro del plan de reformas de sedes de la administración acometido por el gobierno, se concluya que la opción más beneficiosa sea la compra de un edificio por el que, en la actualidad, se están abonando 3,5 millones al año.

Hacienda asegura que el auto de embargo preventivo dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no afecta, en principio, a los más de 600 trabajadores que prestan servicio en la sede de la Consejería de Educación de la capital tinerfeña. Las mismas fuentes aseguran que el alquiler se seguirá pagando y que lo único que puede variar es su destinatario: la empresa del constructor Antonio Plasencia, doblemente condenado a penas de cárcel por el caso de Las Teresitas y por la extracción ilegal de áridos del Valle de Güímar, o los juzgados.

Una adjudicación a dedo

CC ha querido equiparar esta consignación presupuestaria de 9 millones de euros con el revuelo que generó a finales del pasado mandato el polémico expediente del Cabildo de Tenerife para la adquisición, por una cifra cercana a los 30 millones de euros, del otro edificio que acaba de ser embargado por la Audiencia Provincial en el proceso de ejecución de sentencia del caso de Las Teresitas. La corporación insular presidida por Carlos Alonso (CC) impulsó la compra de este inmueble, situado en el barrio de Cabo Llanos, para destinarlo a un centro sociosanitario al que derivar a las personas mayores que estaban alojadas en el obsoleto Hospital Febles Campos.

El edificio, de 13 plantas, estaba inicialmente destinado a oficinas y se sitúa enfrente del Auditorio Adán Martín. El consejo rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de Tenerife llegó a aprobar en diciembre de 2018 la compra con un único voto discrepante, la abstención del representante de Podemos en la corporación insular. A pesar de que el inmueble se ubica en suelo de uso administrativo, no sociosanitario, el Cabildo de Tenerife gobernado por CC decidió aceptar la oferta del constructor, que le traspasaba el edificio a cambio de 29,1 millones de euros. La corporación insular renunció al concurso público y adjudicó a dedo.

El servicio de Intervención del IASS dio el visto bueno al inicio de la tramitación del expediente para la compra, pero ya advirtió en su informe de que ese beneplácito no se refería al pago concreto, puesto que, a su juicio, era necesario disponer de más documentación y tiempo. Además, expresaba sus dudas con respecto a la fórmula de adjudicación directa y consideraba que las razones para justificar la renuncia al concurso público debían estar “mejor explicitadas”.

El expediente para la compra del edificio de Plasencia tensó las relaciones entre CC y su entonces socio de gobierno, el PSOE, a quien Carlos Alonso llegó a amenazar con romper el pacto tan solo tres días después de que, ante el torbellino generado, decidiera recular y anunciar la apertura de una oferta pública a la que pudieran concurrir diferentes empresas. El presidente del Cabildo admitió entonces que había dado marcha atrás “como respuesta a la controversia” e instó a la familia Plasencia a “mantener viva” la oferta de venta del inmueble ubicado en Cabo Llanos.

Finalmente, a finales de enero, el pleno de la corporación insular acabó frustrando la compra al desistir de la adjudicación a dedo. CC aceptó entonces una enmienda presentada por el PP que no cerraba la puerta a que el empresario condenado en Las Teresitas y en el caso Áridos se pudiera presentar en un futuro concurso. El PSOE, aún socio de los nacionalistas en el Cabildo, y Podemos habían presentado sendas mociones para dejar sin ninguna opción al constructor y promover la construcción de un nuevo edificio para realojar a los usuarios del Febles Campos.

Antonio Plasencia fue condenado, al igual que el recientemente fallecido Ignacio González, a cinco años y tres meses de cárcel por malversación de caudales públicos en la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, un ‘pelotazo’ por el que se embolsaron más de 50 millones de euros. La sentencia obligaba también a los condenados a asumir la responsabilidad civil y, por tanto, a devolver lo malversado, una cantidad que, contando intereses, se sitúa ya en una cifra cercana a los 100 millones de euros. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha dicho este miércoles en rueda de prensa que el Consistorio capitalino gobernado por CC solo recuperó “100 euros” de esa cantidad desde que la sentencia devino firme y que los esfuerzos de los servicios jurídicos en estos últimos meses han logrado que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife dé un paso importante para recuperar los fondos.

El empresario Antonio Plasencia, en la cárcel por el caso Las Teresitas, se ha declarado en concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos, antes de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife haya recuperado los cerca de 100 millones de euros, resultado de sumar los 53 millones malversados y los intereses generados, que los seis condenados tienen que devolver a las arcas públicas por su responsabilidad civil en el pelotazo del frente de playa, según ha publicado Mírame TV.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este lunes 23 de septiembre dos autos del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Santa Cruz de Tenerife en los que se declara el concurso de acreedores voluntario de Antonio Plasencia, como persona física, y de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad instrumental que el expresidente de la patronal de la construcción creó en 1998 junto a Ignacio González para llevar a cabo la operación urbanística.

Con la estrategia de Plasencia, el empresario consigue que se suspenda, en lo que a su persona se refiere y en el caso de ILT, la ejecución de la responsabilidad económica derivada del delito de malversación por el que fueron condenados. Así lo recoge el artículo 568 de la Ley de Enjuciamiento Civil, que deriva a la legislación concursal el cobro de la indemnización fijada en la sentencia penal.

El concurso de acreedores se produce cuando un empresario, incluso en los casos en los que dispone de bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, prevé que no puede pagar sus obligaciones a tiempo por falta de liquidez temporal. Esta figura legal permite, una vez aceptada por un juzgado, que los abonos pendientes puedan ser aplazados.

Antonio Plasencia e Inversiones Las Teresitas, con la declaración del concurso de acreedores, han sido suspendidos de sus facultades de gestión y disposición de su patrimonio, que pasa a estar en manos de los nuevos administradores concursales. El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha nombrado a las entidades Legal y Económico Administradores Concursales SLP y Advecon Law & Economics SLP, respectivamente, como responsables de los bienes del empresario y de la sociedad que utilizó junto a Ignacio González para especular con el suelo de la playa.

En los autos judiciales publicados en el BOE, tanto en el caso de Antonio Plasencia como en el de Inversiones Las Teresitas, se otorga el plazo de un mes a los acreedores para comunicar la existencia de la deuda contraída. Según las resoluciones, la administración concursal dispone de cinco días para indicar si los bienes ejecutados “tienen la consideración de necesarios” para la actividad de la empresa.

Entre los acreedores figura el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ahora tendrá que dirigirse al Juzgado de lo Mercantil Número 1 para ejercer sus derechos. Será la nueva administración de los bienes de Plasencia e ILT la encargada de decidir ahora cómo se realizan los pagos de las deudas contraídas, lo que puede retrasar aún más la devolución del dinero malversado.

Plasencia ya había aportado una serie de bienes a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, encargada de velar por la correcta ejecución de la sentencia de Las Teresitas, pero muy lejos de cubrir la responsabilidad solidaria a la que ha sido condenado junto a otros cinco procesados, entre los que figura Ignacio González, su socio en Inversiones Las Teresitas.

Junto al expresidente de la patronal de la construcción e Ignacio González, también han sido condenados y están en la cárcel por la trama de Las Teresitas Miguel Zerolo, exalcalde de la capital tinerfeña y exsenador; Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo; los funcionarios José Tomás Martín y Víctor Reyes; así como las empresas Promotora Puntalarga, propiedad del propio Plasencia, y Promotora Victoria, ambas de forma subsidiaria.

El cadáver de un cetáceo varado ha sido encontrado este sábado en el exterior de la escollera de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Cecopal.

Voluntarios de Protección Civil han colaborado en la retirada de los restos del animal, de un peso de 1.000 kilos, a pesar de que una parte de su cuerpo estuviera dañado. Ha sido Salvamento Marítimo la entidad que ha remolcado el cuerpo y que procedió a su traslado a la Dársena Pesquera de la capital tinerfeña, un espacio dependiente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

El cetáceo era un macho adulto de calderón tropical. Su cadáver estaba muy deteriorado y había sido mordido por tiburones. Sus restos han sido gestionados por el Centro de Atención de Fauna Silvestre La Tahonilla, dependiente del Cabildo de Tenerife.

En la actualidad, está en el Complejo Ambiental de Arico, donde se le practicará la necropsia el lunes por profesionales del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Aún se desconoce cuál es la causa de la muerte, pero este año ya han muerto al menos dos ejemplares de ballenas.

Así, el pasado mes de marzo, veterinarios del Cabildo tinerfeño sacrificaron a una ballena calderón con una lesión mortal causada por un barco. El cetáceo fue localizado en aguas del sur de Tenerife, cerca del puerto de Los Cristianos, y el mal estado del animal aconsejó la práctica de la eutanasia.

En abril, un cachalote de ocho metros varó en una playa de El Médano tras ser herido de muerte por una embarcación rápida.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia dictada el pasado 17 de junio, ha desestimado un recurso presentado por la entidad Desurcic, filial de Mapfre, para cobrar una indemnización por los supuestos daños provocados por la paralización de las obras de Las Huertas. El fallo, al que ha tenido acceso mirametv.com, supone un primer revés para la empresa que se aprovechó del pelotazo urbanístico que supuso la recalificación de los terrenos de la trasera de Las Teresitas, en una operación clave en la trama corrupta que ha llevado a la cárcel, entre otros, a Miguel Zerolo, exalcalde y exsenador de CC, y a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

La empresa Desurcic llevó a la vía contencioso-administrativa la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de rechazar sus pretensiones de cobrar una indemnización de 43,9 millones de euros. La filial de Mapfre solicitó en su recurso, desestimado por el juez Francisco Eugenio Úbeda, el pago por parte del Consistorio del lucro cesante provocado por la imposibilidad de acometer la urbanización del valle de Las Huertas, después de que los vecinos se movilizaran para impedir el trabajo de la maquinaria de Dragados, la constructora encargada de las obras.

Desurcic cifró en 22,6 millones el supuesto lucro cesante, pero también reclamó el pago de otros 18,5 millones por los gastos de los préstamos de financiación y los avales. El resto de la indemnización solicitada se corresponde con la cuantía que la filial de Mapfre tuvo que abonar a Dragados por los daños causados (1,6 millones), el coste de los servicios jurídicos (727.148 euros) y la mitad de la cuantía abonada por la seguridad de la obra (388.189 euros).

En contra de los argumentos esgrimidos por Desurcic en su recurso, el juez considera que no existe derecho a indemnización por lucro cesante, el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener, al “no poder hablar de que se haya producido al tiempo de la reclamación un daño real y efectivo”.

La sentencia concluye que “la venta de viviendas que ni siquiera están construidas no resulta más que un lucro hipotético que no se basa en un hecho cierto”, y añade que “el mismo no constituye el beneficio que perdió como consecuencia del retraso imputable a la administración, sino un beneficio total”.

La recalificación del valle de Las Huertas, una suelo agrícola que el Ayuntamiento capitalino transformó en una zona urbanizable, así como el trasvase de edificabilidad desde el frente de la playa, supuso uno de los elementos claves en el pelotazo de Las Teresitas. Tras las modificaciones urbanísticas, y después de que el Consistorio adquiriera los terrenos del acantilado por tres veces su valor real, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González vendieron las parcelas de la trasera, que habían sido expoliadas a sus legítimos dueños, a Mapfre Inmuebles por 92 millones de euros.

Los vecinos de Las Huertas, que han ganado en la vía judicial el reconocimiento de sus derechos por el expolio de sus terrenos, básicamente porque la junta de compensación incluyó en la operación gran parte de un suelo que no era suyo, se pusieron en diversas ocasiones delante de las palas de Dragados, lo que impidió el desarrollo de unas obras que terminaron en los tribunales. Desurcic considera que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue el responsable de los perjuicios que el conflicto provocó a la compañía, pero su primer intento en el contencioso-administrativo ha pinchado en hueso, aunque contra la sentencia cabe recurso.

Otros gastos

Otros gastosAdemás de rechazar un posible lucro cesante, el juez Francisco Eugenio Úbeda también descarta la responsabilidad del Ayuntamiento por el sobrecoste producido en la ejecución de las obras. La sentencia razona que “si la obra fue voluntariamente abandonada en 2011”, después de que el proyecto de compensación fuera anulado por sentencia en 2007, “es evidente que una reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada casi tres años más tarde es claramente extemporánea”.

El hecho de que la junta de compensación no presentara un nuevo proyecto tras la anulación del original supone que “no se contara con disponibilidad sobre los terrenos, no pudiendo achacarse tal deficiencia a la administración sino, en todo caso, a la junta de compensación de la que la propia recurrente forma parte”.

Tampoco considera viable el fallo judicial una posible indemnización por los gastos de servicios jurídicos, toda vez que “no hay ningún justificante de pago, por lo que no consta que la recurrente haya satisfecho la cantidad facturada” en relación a los honorarios profesionales. Es decir, al no quedar probado el abono de las cantidades que reclama Desurcic, no se puede argumentar “que se haya sufrido, al menos hasta ahora, una pérdida patrimonial”.

En cuanto a los gatos financieros y avales bancarios, que la filial de Mapfre cuantifica en 18,5 millones, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife concluye que fueron asumidos “voluntariamente por la empresa interesada para adquirir las parcelas y no están relacionados en modo alguno con el hecho lesivo”.

El juez insiste en que Desurcic “tiene la obligación de soportar los gastos financieros que dice sufridos, habida cuenta de que es a ella a quien compete el desarrollo de la gestión urbanística del ámbito donde se incluyen sus terrenos”. No hay que olvidar que la urbanización de Las Huertas se engloba en un sistema de ejecución privada en el que la junta de compensación ostenta “un amplio porcentaje de participación”, como asevera la sentencia.

La última cuestión que aborda el fallo es la reclamación por el sobrecoste en la vigilancia de las obras. Mientras que Desurcic solicita 388.189 euros, la Gerencia de Urbanismo, cuyo criterio se respalda en la sentencia, rebaja esa cifra a 93.434 euros, en alusión al coste proporcional que no tenía el deber de soportar ni la empresa urbanizadora ni la junta de compensación.

La cuantía reconocida en la vía administrativa ya ha sido abonada por el Ayuntamiento; un hecho al que se agarra la propia Desurcic en su reclamación. El problema para la parte privada radica en que, mientras que el criterio municipal se basa en un informe de un técnico de Urbanismo incorporado al expediente, la cuantía aportada por la filial de Mapfre no se sustenta es un dictamen contradictorio. El juez recuerda que, en su propio escrito de demanda, “la actora manifiesta espontáneamente que el 50% reclamado no obedece a una regla de cálculo objetiva”, e insiste en que “no se ha practicado prueba en los autos que permitan a este juzgador formarse la íntima convicción de que exista sobrecoste en los gastos de vigilancia de las obras por importe equivalente al 50% del costo total”.

Aunque la empresa Desurcic es una filial de la multinacional Mapfre, su representante en Tenerife durante el conflicto de Las Huertas fue Pedro González, hijo del empresario Ignacio González, en la cárcel por malversar con la operación de compraventa del frente de playa. Un dato que pone de relieve la vinculación de intereses entre la entidad encargada del desarrollo de las obras e Inversiones Las Teresitas, la sociedad que se constituyó para llevar a cabo lo que la Intervención del Ministerio de Hacienda calificó como “un pelotazo de libro”.

El servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó el pasado miércoles ante la Audiencia Provincial un escrito en el que solicita a este órgano que dicte las diligencias necesarias que impulsen la ejecución de la sentencia sobre Las Teresitas, en particular la responsabilidad civil y la recuperación del dinero. 

La solicitud se produce tras la instrucción formulada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el pasado 29 de marzo, un día después de conocerse la resolución del Tribunal Supremo sobre esta causa y una vez los servicios jurídicos hayan constatado que las aclaraciones solicitadas por algunas de las partes no tienen afección sobre el ámbito del Ayuntamiento.

Una nota del Ayuntamiento indica que la citada instrucción, de la que ahora dimana la petición a la Audiencia, ordenaba a la asesoría jurídica del Ayuntamiento las actuaciones necesarias para recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos del frente de la playa, así como hacer efectivas las indemnizaciones en favor de esta entidad local.

Para el Ayuntamiento, con esta actuación se da un nuevo paso para la restitución de los perjuicios provocados al patrimonio municipal en el llamado caso Las Teresitas, por el que cumplen condena el exalcalde de la ciudad y exsenador de CC Miguel Zerolo (de CC), el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (de CC), el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Juan Víctor Reyes y el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González. También se encuentran cumpliendo condena los empresarios Antonio Plasencia y Ignacio González.

La nota remitida desde el Ayuntamiento afirma que acordó en mayo de 2017 adherirse a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal y asegurar “la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento”.

Dos años “sin mover un dedo”

Sin embargo, la oposición ha criticado en repetidas ocasiones la inacción del Ayuntamiento ya que, en palabras del portavoz socialista local, José Ángel Martín, tras ese acuerdo en mayo de 2017 no se llevó a cabo ninguna medida para recuperar el dinero. 

El portavoz socialista negó en marzo de 2019 esa buenas intenciones del alcalde y de Coalición Canaria, y señalaba dos operaciones (de momento fallidas), del Cabildo de Tenerife, presidido por Carlos Alonso (CC), y de la Comunidad Autónoma, por Fernando Clavijo (CC), con las que se ha tratado de beneficiar económicamente a uno de los empresarios condenados, Antonio Plasencia, históricamente vinculado a las grandes operaciones económicas del partido.

Patricia Hernández, candidata del PSOE a la alcaldía de Santa Cruz, criticaba el pasado 30 de marzo que el alcalde no haya “movido un solo dedo en estos dos últimos años en los que se podría haber pedido la ejecución de la sentencia para salvaguardar los intereses de la ciudad”.

En su opinión, “tardar dos años da el suficiente margen a los condenados para mover su dinero y que, a la hora de la verdad, puedan utilizar triquiñuelas para no pagar ni un solo euro de los que le deben a los chicharreros”, alertó.

La sentencia sobre este caso, avalada por el Tribunal Supremo, afirma que el Ayuntamiento pagó 52 millones de euros por la compra de varias parcelas del frente de la playa a la empresa Inversiones Las Teresitas, SL, cuando algunas tasaciones, entre ellas la municipal, situaban el precio en 20 millones de euros. Además, había parcelas que se ha demostrado que son de titularidad pública.

Antes de esta sentencia, la Audiencia Provincial había anulado la operación de compraventa y requería la devolución de los fondos pagados a los vendedores, Inversiones Las Teresitas, al Ayuntamiento capitalino.

El grupo municipal del PSOE en Santa Cruz de Tenerife tachó este jueves de “lamentable” que ningún miembro de la Junta de Gobierno del alcalde Bermúdez haya acudido a la comparecencia solicitada por la oposición para abordar la estrategia que sigue el Ayuntamiento con el objeto de recuperar el dinero que se le adeuda a la ciudad por el pelotazo de Las Teresitas, aseguró el PSOE en una nota.

El portavoz municipal de ese partido, José Ángel Martín, relata que, en otras ocasiones en las que un concejal no puede acudir, el procedimiento habitual es enviar a otro miembro del gobierno o a algún técnico de la Corporación que conozca la materia.

Martín indicó que el asunto “es lo suficientemente importante como para que no se escondan en la que es, casualmente, la última Comisión de Control del Ayuntamiento”, asegura Martín. También añade que varias semanas después de conocer la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo nadie ha detallado qué pasos se están siguiendo para poder recuperar esos más de 100 millones de euros.

Para Martín, sería “de vital importancia” conocer si el Ayuntamiento ha solicitado, por ejemplo, la paralización ante el Cabildo de Tenerife del proceso de compra del edificio de Cabo Llanos a Antonio Plasencia. “Tras la sentencia, señala Martín, ese edificio pertenece al Ayuntamiento, igual que los terrenos anexos al Hospital de la Candelaria”, se afirma en el comunicado.

Al PSOE también le gustaría conocer la opinión del alcalde Bermúdez y del Gobierno local sobre los cambios accionariales que se han producido en la empresa Inversiones Las Teresitas, SL, y los efectos que esto tiene a la hora de poder recuperar el dinero. “Se les ha dado demasiado tiempo a los condenados. Y cuanto más tiempo pase, más difícil será recuperar el dinero, una responsabilidad que es solo de Bermúdez”, subrayó Martín.

Asimismo, el portavoz municipal había solicitado la comparecencia del concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, para que explicase en Comisión sus contradicciones respecto al futuro aparcamiento que el Ayuntamiento piensa construir en la playa de Las Teresitas.

En un principio, Arteaga había dado declaraciones a La Opinión asegurando que habría un edificio de parking de 700 plazas y “a precio económico”, lo que para los socialistas era “un nuevo mamotreto injustificado”.

Sin embargo, este jueves ha quedado de manifiesto la improvisación y las mentiras de Arteaga, que ha retrocedido y ha explicado ahora que lo que pretenden hacer es la construcción de un parking en superficie, con 200 plazas y gratis.

El empresario Ignacio González ha ingresado este jueves en el centro penitenciario de Tenerife II para cumplir su pena de 5 años y tres meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos en la playa de Las Teresitas por un precio muy superior al que tenía en realidad.

El empresario retrasó su entrada en la cárcel, una condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 28 de marzo, alegando problemas de salud, que fueron desestimados por dos médicos forenses que le examinaron. “Tras el reconocimiento médico del Sr. González Martín, se informa de que el mismo, si bien presenta problemas de salud relacionados con su edad, no presenta en el momento actual una repercusión cognitiva que le impida entender el sentido de la pena que se le ha impuesto, por lo que no resulta posible suspender la ejecución de la pena (art. 60 CP)”, indicó entonces el tribunal en un auto.

González fue encontrado culpable de un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la adquisición de unos terrenos por un precio (52 millones de euros) muy superior al que tenía en realidad (casi 20 millones).

El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.

Con su ingreso en prisión, todos los condenados por el caso de Las Teresitas se encuentran ya entre rejas para cumplir sus respectivas condenas.

Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de CC, así como el que fuera gerente de Urbanismo de la capital tinerfeña, Miguel Parejo, se encuentran desde el 1 de abril internados también en el centro penitenciario Tenerife II, donde cumplen su condena de 7 años de cárcel por los delitos de malversación y prevaricación administrativa.

Ignacio González, empresario condenado a 5 años y tres meses de cárcel por el pelotazo de Las Teresitas, ha sido enviado hoy a prisión tras no encontrar los forenses motivos médicos que le impidan cumplir la condena impuesta por los delitos de malversación y prevaricación.

“Tras el reconocimiento médico del Sr. González Martín, se informa de que el mismo, si bien presenta problemas de salud relacionados con su edad, no presenta en el momento actual una repercusión cognitiva que le impida entender el sentido de la pena que se le ha impuesto, por lo que no resulta posible suspender la ejecución de la pena (art. 60 CP)”, indica el auto del tribunal.

González fue examinado este miércoles por dos médicos forenses, encargados de evaluar su estado de salud.

Al no haber riesgo de fuga debido su estado de salud, la Audiencia le da un plazo de cinco días para entrar en prisión.

González es el cuarto condenado que va a entrar en prisión a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, pues ya han ingresado en Tenerife II el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo (también de CC) y el empresario Antonio Plasencia.

González fue encontrado culpable de un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la adquisición de unos terrenos por un precio (52 millones de euros) muy superior al que tenía en realidad (casi 20 millones).

El gasto que suponía la compra de las parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.

Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) pide a Coalición Canaria (CC) que, si quiere asumir sus responsabilidades políticas por el caso Las Teresitas, debe expulsar a quienes integraron su representación parlamentaria en julio de 2011 “y votaron para que Miguel Zerolo fuera nombrado senador” por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, propone que también deberá dejar fuera de sus listas a quienes en julio de 2001 votaron en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz a favor de la operación de Las Teresitas.

Unidas Podemos recuerda en una nota que, en julio de 2011, un periódico ya advirtió de la existencia de tasaciones del frente de playa de Las Teresitas por un valor muy inferior al que asumiría el pleno.

De hecho, comenta que “hubo destacados representantes políticos que advirtieron públicamente de que el expediente de Las Teresitas iba a pleno sin informe de valoración de los técnicos municipales, y todo apuntaba a que se iba a producir un pelotazo contra las arcas municipales”.

Unos años más tarde, apuntan, la compraventa del entorno de Las Teresitas fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo y, por otra parte, la Fiscalía presentó un “demoledor” escrito de acusación contra Zerolo y otros implicados en el caso Las Teresitas.

Así, “fue después de estos hechos cuando Coalición Canaria decidió enviar a Zerolo al Senado sabiendo que esa decisión conllevaba aforarlo ante el Tribunal Supremo y retrasar la acción de la Justicia”.

Unidas Podemos considera también que, en 2011, “Coalición Canaria tenía la obligación de ser perfectamente consciente de la operación corrupta que había protagonizado la persona que elegían para ser nombrado senador”.

Por ello, la confluencia sostiene que “quienes votaron a favor de nombrar senador a un político corrupto humillaron la dignidad del Senado y, asimismo, demostraron una tolerancia hacia la corrupción indigna de cualquier cargo público en cualquier país democrático”.

En su opinión, “Coalición Canaria debe expulsar a quienes tomaron tan indigna y miserable decisión”.

Unidas Podemos recuerda que en el Parlamento de Canarias, en 2011, tenían escaño por Coalición Canaria Isaac Castellano, Flora Marrero, María del Mar Julios, José Miguel Barragán, Belén Allende, María Luisa Zamora, Claudina Morales, José Miguel Ruano o Antonio Castro, entre otros.

Ignacio González, empresario condenado a cinco años y tres meses de cárcel por el caso Las Teresitas, seguirá en su casa al menos un día más.

El empresario, que ha sido evaluado hoy por médicos forenses, alega motivos de salud y elude, por el momento, su ingreso en prisión. 

Fuentes del TSJC afirman que la audiencia aún no ha tomado una decisión acerca del ingreso en prisión del empresario, por lo que este continuará en su casa a la espera.

Mientras tanto, Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de CC, así como el que fuera gerente de Urbanismo de la capital tinerfeña, Miguel Parejo, ya se encuentran desde este martes internados en el centro penitenciario Tenerife II, donde deberán cumplir su condena de 7 años de cárcel por el 'pelotazo' de Las Teresitas.

La asociación de juristas Justicia y Sociedad, que ejerció la acusación popular en el caso Las Teresitas, ha advertido sobre la responsabilidad política “ineludible” del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que se ha negado a tomar la decisión “exclusivamente suya” de ordenar la ejecución provisional de la sentencia.

En un comunicado Justicia y sociedad afirma que no habrá “normalidad democrática” hasta que se asuman responsabilidades políticas por parte de las personas que votaron a favor de este “pelotazo” y “quienes defendieron políticamente a capa y espada a los condenados”.

Añade que la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de ordenar la detención y el ingreso inmediato en prisión de los principales condenados resulta acertada en tanto que ajustada a los parámetros de necesidad y proporcionalidad aplicables a estos casos.

Justicia y Sociedad considera que, efectivamente, tal y como ha razonado la Audiencia, la gravedad de los delitos por los que han sido condenados y las penas impuestas unido a su respectiva alta capacidad económica hace que el riesgo de que eludan la acción de la justicia sea objetivamente alto.

Para Justicia y Sociedad el riesgo de fuga de los principales condenados en este caso ha estado presente desde el momento en que se dictó, por la propia Audiencia Provincial, la Sentencia de 27 de abril de 2017, razón por la cual solicitó en su momento la prisión provisional de los principales condenados.

También la Fiscalía solicitó, en la vistilla celebrada en 2017, la prisión provisional de los condenados a penas de mayor gravedad.

Justicia y Sociedad afirma que desde punto de vista humano es consciente de que éste es un momento difícil, en lo personal y familiar, para las personas condenadas, “que tienen toda nuestra comprensión por su difícil situación”.

Por ello confía en que el sistema penitenciario haga que se cumpla en este caso la finalidad constitucionalmente establecida para las penas de prisión de modo que cuando recuperen su libertad los condenados sean personas plenamente reeducadas, rehabilitadas y reinsertables en la sociedad y dejen de representar un peligro para la colectividad.

Ahora bien, reitera que “no habrá justicia para Las Teresitas ” hasta que se recupere hasta el último euro saqueado al pueblo de Santa Cruz“.

El líder de Sí Se Puede en Santa Cruz de Tenerife y candidato a la alcaldía en ese municipio, Pedro Fernández Arcila, ha pedido este lunes la “inmediata depuración de responsabilidades por la dejación absoluta del Gobierno de CC-PP a la hora de cobrar el dinero” que deben a la Corporación los condenados por el caso Las Teresitas, que se acerca a los 100 millones de euros (principal más intereses de demora).

Arcila destacó en una nota de prensa que los responsables del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife “no han hecho labor alguna de investigación y presentación de escritos que alertaran de actuaciones que estaban sucediendo con el patrimonio de los condenados, lo que dificultará enormemente el cobro de esa deuda”. 

La actuación municipal se ha limitado a “adherirse a una petición del fiscal y no hacer nada más en dos años”, subrayó el portavoz de Sí Se Puede en referencia a la única intervención del Gobierno de CC-PP tras la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el caso, ahora confirmada por el Tribunal Supremo.

“Con esta falta de compromiso se explican los motivos por los que el Gobierno de Santa Cruz ha sido opaco y ha negado a Sí Se Puede la información que hemos estado reclamado constantemente sobre las actuaciones puestas en marcha para la ejecución provisional de la sentencia de la Audiencia Provincial de 27 abril de 2017, tal y como tuvo que reconocer finalmente el concejal de Hacienda (de CC), Juan José Martínez, ante el pleno”, aseguró Fernández Arcila.

El concejal de Hacienda solo pudo asumir su responsabilidad por la falta de información ante una pregunta del portavoz ecosocialista en la sesión plenaria del pasado viernes, 29 de marzo, sobre la causa de no haberle entregado la documentación que acreditara esas actuaciones, tal y como se comprometió en una Comisión de Control de enero pasado.

Muy al contrario, se indica en el comunicado de Sí Se Puede, la información que el responsable de Hacienda ahora entregó por escrito a Sí Se Puede no se corresponde con la respuesta que dio el propio Martínez durante la sesión de enero de la Comisión de Control, cuando afirmó que el Gobierno de CC-PP sí había remitido escritos al juzgado.

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento, Pedro Fernández Arcila, mostró en el pleno municipal del viernes su temor a que los condenados se hayan desprendido de bienes y preguntó por la documentación sobre las actuaciones municipales para recuperar el dinero que el mismo grupo de gobierno se había comprometió a entregar en enero, en la mencionada Comisión de Gobierno.

Sobre este particular, también en el pleno reseñado, el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, pidió disculpas por el retraso, achacable a bajas laborales en los servicios jurídicos y entregó la documentación requerida a Fernández Arcila durante esa misma sesión plenaria. Estos papeles son los que Fernández Arcila asegura que no avalan las afirmaciones realizadas por Martínez en la Comisión de Gobierno de enero pasado, cuando este afirmó que sí se habían cursado escritos al juzgado.