La empresa del pelotazo de Las Teresitas reconoce un agujero patrimonial de 109 millones en sus cuentas

La empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad instrumental que los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (fallecido en prisión) crearon para llevar a cabo el pelotazo de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, reconoce que al cierre del año 2024 tenía un patrimonio negativo neto de 109,4 millones de euros.

Ese agujero en las cuentas de la mercantil, protagonista a principios de siglo de uno de los mayores casos de corrupción en Canarias, se explica por los 64,3 millones que adeuda a la Agencia Tributaria (con los que lidera la lista de nuevos morosos) y por los 80,6 millones de responsabilidad civil que debe al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Los activos de la compañía, es decir, el conjunto de su patrimonio, ascienden a 26,3 millones de euros. La diferencia con el pasivo, de 135,7 millones, sitúa el agujero patrimonial en 109,4 millones. A esa cifra habría que añadir unos 10 millones adicionales de deuda con Hacienda, no incluidos en las cuentas de la firma. ILT entró formalmente en concurso de acreedores en septiembre de 2019.

La monstruosa deuda tiene como denominador común las condenas derivadas del caso Las Teresitas.

La trama se remonta a 2001, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró a Inversiones Las Teresitas las parcelas del frente de la playa homónima por 52,5 millones de euros, un precio inflado que casi triplicaba su valor real, estimado en unos 18 millones, alegando que quería proteger la costa de los proyectos turísticos que estaban previstos en ella.

Sin embargo, la justicia concluyó que el verdadero objetivo de la compra no era satisfacer el interés público, sino ejecutar un plan orquestado (una “actuación concertada”, recoge la sentencia del Tribunal Supremo, de 2019) entre responsables políticos, entre ellos el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, ambos de Coalición Canaria, y empresarios, con el fin de beneficiar a estos últimos a costa de fondos públicos.

ILT había comprado las parcelas de Las Teresitas en 1998 mediante un préstamo de la extinta CajaCanarias por 33,6 millones de euros, el más cuantioso concedido por la entidad en toda su historia. El crédito fue aprobado además por Ignacio González, consejero de la propia caja, que participaba en Inversiones Las Teresitas al 50% a través de un testaferro, Felipe Manuel Armas.

La empresa funcionaba a todas luces como una sociedad pantalla. No tenía actividad económica que le generase recursos suficientes para afrontar el pago del crédito y tampoco disponía de patrimonio para hacerlo. El fallo del Supremo detalla de hecho que, si la operación no tenía éxito, CajaCanarias habría asumido “íntegramente” las pérdidas. Pero entró en escena el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El Consistorio compró el frente de la playa por 52,5 millones de euros pese a que el valor real de esos terrenos, dadas las fuertes restricciones urbanísticas, de costas y la moratoria turística vigente entonces, se situaba en torno a los 18 millones. La Corporación ocultó los informes técnicos independientes de tasación y se apoyó, en cambio, en valoraciones elaboradas a medida de los intereses de los vendedores.

El acuerdo incluyó además la transferencia gratuita a ILT de aprovechamientos urbanísticos públicos, un total de 24.410 metros cuadrados, desde el frente de la playa hacia las parcelas traseras que los empresarios ya tenían en propiedad, con una extensión total de 120.719 m2. El valor de ese ‘regalo’ superaba los 9,1 millones de euros.

El Ayuntamiento modificó asimismo el planeamiento urbanístico de esas parcelas para cambiar su uso de turístico, imposible de desarrollar en aquel momento debido a la moratoria, a uso residencial intensivo.

Gracias a esa recalificación, Inversiones Las Teresitas vendió esos terrenos en 2006 a la empresa Desarrollos Urbanos CIC (Desurcic) por 92,2 millones de euros. Tenía que pagar 27,5 millones en el Impuesto de Sociedades por esas ganancias. Pero para no desembolsar ni un céntimo, aplicó de manera irregular una reducción ficticia de 61,5 millones en su base imponible acogiéndose a los beneficios de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

El dinero de esa reserva, no obstante, en lugar de reinvertirse como exige la ley (en proyectos como vivienda o investigación), fue retirado por los mismos dueños de ILT camuflando la entrega como préstamos de la empresa. “Cuando en realidad lo que se hizo fue”, recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 2025, “repartir en forma de dividendos el importe de la venta de las parcelas”, a través de dos sociedades que ellos mismos controlaban, Promotora Punta Larga y Promotora Victoria.

En total, entre la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de la playa de Las Teresitas y la venta de las restantes parcelas a Desurcic, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González ingresaron más de 100 millones de euros sin arriesgar un solo euro.

El Tribunal Supremo los condenó por la primera de esas operaciones a cinco años y tres meses de prisión y al pago de una indemnización de 52,5 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una cantidad que, con los intereses acumulados, ascendía a cerca de 100 millones en 2019. Según las cuentas de ILT correspondientes a 2024, esa deuda figura contabilizada como un pasivo a largo plazo de 80,6 millones.

En cuanto a la segunda operación, la venta de las parcelas a Desurcic, el Tribunal Supremo condenó a ILT en 2025 por un delito de fraude fiscal. La sentencia obligó a la empresa a abonar a la Agencia Tributaria los 27,5 millones de euros correspondientes a la cuota defraudada del Impuesto de Sociedades de 2006, además de una sanción de 26,9 millones por la comisión de una infracción tributaria muy grave. Ambas cantidades figuran en el pasivo a corto plazo de la sociedad, que asciende a 54,4 millones de euros.

En la lista de morosos de Hacienda, eso sí, la deuda asciende a 64,37 millones de euros, unos 10 millones más de los que figuran en las cuentas de la compañía. La diferencia podría corresponder a intereses de demora.

“Se consolida una deuda tributaria histórica de elevada cuantía (incluida sanción) que no puede ser satisfecha con los recursos disponible. (…) Ante la gravedad de esta situación, esta administración ha decidido iniciar los trámites para la presentación de concurso voluntario de acreedores en fase de liquidación”, admite ILT.