Los dos empresarios condenados por Las Teresitas vaciaron en tres años más de 60 millones de la empresa con la que dieron el pelotazo

Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad que crearon en 1998 los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia para adquirir los terrenos de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife, se encuentra en vías de disolución por su estado de insolvencia. Hubo un tiempo en que el dinero llenaba de ceros las cuentas de la empresa, gracias a un pelotazo urbanístico que infló su patrimonio en más de 120 millones de euros, hasta que se evaporó de forma progresiva a medida que se acercaba la resolución de una investigación judicial que ha conducido a los dos constructores a la cárcel por delitos de malversación.

La empresa que constituyeron Plasencia y González, con un testaferro de por medio, perdió más de 60 millones de euros de patrimonio neto en solo tres años. Un vaciado que provocó que el valor de Inversiones Las Teresitas, según datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso mirametv.com, pasara de 87,1 millones en 2009 a 26,2 millones en 2012.

Las situación financiera de los dos empresarios y de sus sociedades es uno de los elementos claves de cara a la obligación que tienen, junto al resto de condenados, de hacer frente a la responsabilidad civil que se deriva del delito de malversación por el que se encuentran en la cárcel de Tenerife II. La Audiencia Provincial dejó claro en la sentencia del caso Las Teresitas que los seis reos, entre los que se encuentra el exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo, tendrán que devolver al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de forma solidaria, el dinero que obtuvieron por la compraventa del frente de playa de Las Teresitas y por las plusvalías que generó la reclasificación del valle de Las Huertas. Una cifra que, sumados los intereses correspondientes, ronda los 90 millones.

¿Tienen liquidez suficiente los condenados para indemnizar al Ayuntamiento de la capital tinerfeña? Esta es una pregunta que debería de obtener una respuesta lo antes posible, cuando el Consistorio, que se negó a solicitar la ejecución provisional de la sentencia pese a ser consciente de que los procesados habían reducido su patrimonio de forma considerable en los últimos años, ejerza las acciones oportunas como administración perjudicada. Durante el procedimiento de la causa civil, que quedó suspendido hasta la resolución de la vía penal, los servicios jurídicos municipales ya advirtieron del vaciado de patrimonio que había sufrido Inversiones Las Teresitas en solo tres años.

La sociedad de Plasencia y González tenía un patrimonio neto de 87,1 millones de euros en 2009, pero sus cuentas sufrieron “un grave deterioro”, como llegaron a alertar los letrados del Ayuntamiento, hasta reducir su valor a solo 26,2 millones en 2012. Según las cuentas de ILT, la cifra cayó hasta los 24,1 millones en 2017. Tras la sentencia firme del caso Las Teresitas, la sociedad perdió la propiedad de los terrenos del frente de la playa, lo que a su vez redujo de forma drástica el activo no corriente de la entidad y provocó su entrada en números rojos.

La otra gran pregunta es dónde están los beneficios que generó la operación corrupta. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento, tras presentar una demanda reconvencional en 2011, detectaron operaciones sospechosas entre las cuentas de Inversiones Las Teresitas y las dos empresas de cabecera de los constructores, Promotora Puntalarga y Promotora Victoria. Unos movimientos tóxicos a los que ahora tiene que seguir la pista la actual Corporación municipal si no quiere perder una oportunidad única de recuperar alrededor de 90 millones.

Los trasvases de dinero entre ILT y las dos sociedades de cabecera de Antonio Plasencia e Ignacio González son trascendentales, ya que tanto Promotora Puntalarga como Promotora Victoria han sido condenadas de forma subsidiaria al pago de la responsabilidad civil. Es decir, si los procesados no tuvieran capacidad de afrontar el desembolso de la indemnización, el dinero tendría que salir de las dos empresas constructoras.

La insolvencia de ILT contrasta con la rentabilidad que produjo la operación de Las Teresitas para los empresarios. Sin arriesgar ni un céntimo, y por medio de una sociedad que se acababa de constituir y tenía como administrador a un testaferro de González, obtuvieron un crédito de 33 millones de euros de la extinta CajaCanarias. Con ese dinero compraron en 1998 todo el frente de Las Teresitas y la zona de Las Huertas. Tres años después, vendieron los terrenos de la playa por más de 52 millones al Ayuntamiento, que además cambió el uso del suelo del valle trasero para permitir la urbanización de lo que hasta entonces era un área agrícola. La trama se cerró en 2005, cuando Mapfre Inmuebles pagó 90 millones por las parcelas convenientemente reclasificadas.

El vaciado que ha sufrido el patrimonio de Inversiones Las Teresitas es aún más preocupante si se tiene en cuenta que los empresarios, al menos hasta el momento, han eludido afrontar de forma directa el pago de la indemnización. Plasencia y González han presentado bienes para cubrir su responsabilidad civil, algunos de muy difícil amortización por parte de la administración local, cuando lo normal en estos casos es que el Ayuntamiento exija primero el cobro en dinero efectivo, o en productos que se conviertan fácilmente en líquido, a todos los condenados.

Deuda Pública

Deuda PúblicaParte del dinero de la operación de Las Teresitas se subió durante años en un noria. Salió y regresó a las instituciones públicas de diferentes formas, como demuestran algunas de las operaciones en las que se vio inmersa la sociedad de Plasencia y González. Según la documentación consultada, y pese que pueda resultar paradójico que algunas administraciones se hayan financiado con un capital malversado, ambos empresarios llegaron a comprar más de 18 millones de deuda de instituciones canarias, principalmente del Cabildo de Tenerife.

Entre la deuda pública que adquirió ILT con dinero de la operación corrupta se encuentran bonos del Cabildo de Gran Canaria (2,3 millones), la Comunidad Autónoma (1,6 millones) y el Cabildo de Tenerife (11,4 millones y 2,9 millones). Este tipo de operaciones tiene una escasa rentabilidad directa, pero generan importantes ventajas fiscales para los empresarios a través de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

En el caso de la compra de bonos de deuda pública al Cabildo de Tenerife por valor de 11,4 millones, que tuvo lugar en 2006, con un periodo de amortización de ocho años, los intereses de los cinco primeros ejercicios eran de solo el 0,75%, mientras que en el resto se tomó como referencia el Euribor a 12 meses.

La escasa cuantía de los intereses de este tipo de bonos de deuda pública venía compensado por la posibilidad que se ofrecía a los inversores interesados de acogerse a las deducciones fiscales de la Reserva de Inversiones para Canarias que, cuando se materializan de forma legal, suponen un ahorro considerable para las empresas.

Los servicios jurídicos municipales intentaron sin éxito que el juzgado liberara a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el valor de la amortización de los bonos de deuda pública adquiridos por ILT, por lo que la sociedad de Plasencia y González recuperó la cuantía invertida en 2014. Un dinero que también se ha evaporado junto con el resto de plusvalías del pelotazo del caso Las Teresitas.