La Policía ha detenido este martes en Málaga a Emilio Lozoya, director de Pemex durante la etapa en la que la petrolera mexicana y la Xunta de Núñez Feijóo acordaron una “alianza estratégica” que dio lugar a varios acuerdos y promesas de construcción de una veintena de buques en Galicia y miles de puestos de trabajo. Aquellos acuerdos se quedaron, no obstante, reducidos a la construcción de dos buques, la fracasada compra del astillero vigués Barreras, un montón de promesas incumplidas y una denuncia de la Fiscalía de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó a las 4.30 de la tarde de este martes –hora española– la detención de Lozoya, prófugo de la Justicia desde hace tiempo y también uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Inhabilitado ya para ocupar cargos públicos durante diez años en su país, el exdirector de Pemex fue también acusado por el Ministerio Fiscal por delitos como blanqueo de capitales en el marco de la aprobación de la compra, por parte de la petrolera, de plantas de fertilizantes que, según las acusaciones, habían sido adquiridas por grandes sumas de dinero a pesar de estar prácticamente quebradas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía de su Gobierno, Francisco Conde, llegaron a reunirse y fotografiarse en México en 2014 con Lozoya, que fue clave en la compra del astillero Barreras por parte de Pemex, una operación denunciada por el nuevo Gobierno mexicano de López Obrador, que en una rueda de prensa junto a los nuevos gestores de Pemex puso recientemente el foco en aquel acuerdo con la Xunta y en la participación de la petrolera en el astillero vigués, que fue denunciada ante la Fiscalía.

Los nuevos mandatarios de México censuran la administración “muy deficiente y con muchos problemas” después de que la empresa azteca “nunca se involucrara en el negocio”, así como el encargo de los floteles (buques-hotel) construidos en Galicia, que “nunca se pudieron ocupar” del todo y que no se han podido vender al estar “muy por debajo del precio al que se construyeron”.

La detención de Lozoya supone un duro golpe para el anterior Gobierno mexicano presidido por Enrique Peña Nieto, aliado de Feijóo en aquellos acuerdos en Galicia, ya que el ahora detenido era uno de sus hombres de confianza y figura del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el caso Odebrecht, tres exdirectivos de la constructora brasileña habían asegurado que el exdirector de Pemex llegó a recibir más de 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 para ayudar en la firma de contratos. Pero hay más casos, como el caso Fertinal, en referencia al nombre de una de las empresas adquiridas. En este, el gabinete de López Obrador no solo implica a Lozoya. También otros directivos clave en los negocios en Galicia y que compartieron reuniones con Feijóo, con el conselleiro Francisco Conde y con otras autoridades gallegas en los años de los mencionados anuncios. Es el caso de Carlos Roa, jefe de asesores de Lozoya en Pemex y vicepresidente de Barreras hasta 2016, que según el expropietario de Fertinal fue quien negoció la venta de la fábrica.

También José Manuel Carrera Panizzo, antiguo director de la filial internacional de Pemex, PMI. Panizzo había sido uno de los protagonistas de las operaciones de los floteles y a quien la Xunta había presentado como uno de los garantes de que Pemex iba a construir en Galicia hasta 14 remolcadores que nunca fueron encargados. Fue también miembro del consejo de Barreras.

A Carrera Panizzo y la Roa los señalan las nuevas autoridades de aquel país por otra compra sospechosa en Pemex, la de Campo Nitrogenados, compañía de fertilizantes que según diversos medios mexicanos llevaba más de una década paralizada y sin posibilidad de ser reactivada cuando la petrolera la compró con presuntos sobrecostes. El nuevo Gobierno del país y la propia Fiscalía intentan esclarecer si detrás de todos estos negocios sospechosos está el expresidente Enrique Peña Nieto.

Para diciembre, cuando acabe el sexenio de Enrique Peña Nieto, en México habrán asesinado a 15.016 niños y adolescentes, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a las que mexico.com tuvo acceso.

Y de seguir la tendencia actual, durante los siguientes seis años (2019-2024) morirán en las mismas condiciones violentas otros 26.824 menores de edad, esto es, 4 .470 al año o 12 cada día.

El mismo documento estima que, entre 2013 y 2018, recibieron atención hospitalaria casi 135.000 infantes a causa de lesiones por violencia, y proyecta que entre 2019 y 2024 la cifra se duplicará hasta alcanzar a los 276.000.

“La violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, en sus distintas formas de expresión, muestra una tendencia ascendente en los últimos cinco años. La violencia física se ha incrementado en un 85%, la psicológica en más del 500%, la violencia sexual en 270%, la económica en 363% y la generada por abandono o negligencia en casi 200%”, dice el informe del SIPINNA.

Juan Martin Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), considera que la estrategia de militarización implementada para combatir el crimen organizado ha metido al país en una espiral de violencia de la que ni los niños están a salvo.

“Una guerra necesita dinero, capacidad de fuego y soldados. ¿Esto qué significa? Que hemos duplicado el dinero al Ejército y a la Marina, tienen más efectivos militares, más armas y eso es un incentivo perverso para la guerra. Al estar confrontándose con los grupos del crimen organizado, estos también necesitan soldados y se ha dado un fenómeno terrible de reclutamiento forzado de adolescentes y personas jóvenes que son los primeros a los que matan.

“Si el próximo gobierno mantiene la estrategia de militarizar la lucha contra el crimen organizado seguiremos teniendo la misma cantidad de muertos porque es una guerra”, considera el experto.

Desde hace más de una década, REDIM ha analizado el fenómeno del homicidio de menores en el marco del combate contra el crimen organizado. Durante ese tiempo la organización civil ha observado un cambio en los patrones de asesinatos. Al inicio de esta lucha —que comenzó el expresidente Felipe Calderón a finales de 2006— los menores que perdían la vida eran víctimas del fuego cruzado entre organizaciones criminales o entre estas y las fuerzas públicas. Calderón los llamaría “daños colaterales”.

A partir de 2011, los grupos criminales comenzaron a matar niños y adolescentes para enviar mensajes a sus enemigos como “no te maté a ti, pero sí a tu familia”, explica el experto. Finalmente, hacia 2015 este grupo se volvió blanco de reclutamiento forzoso por parte de los grupos criminales para convertirlos en halcones y “soldados desechables”.

La impunidad también abona este panorama desesperanzador. Las pocas sentencias, en general benévolas, se convierten en el mejor estímulo para que la vida literalmente no valga nada.

“La militarización es lo que ha ocasionado esta cantidad impresionante de muertos, tenemos que cambiar ya esa estrategia reconocida como fallida, regresar al Ejército de manera paulatina, fortalecer las policías y abatir la impunidad. De otra manera no hay posibilidad de que este escenario cambie”, sentencia el especialista.

El tercero y último debate entre los candidatos a la Presidencia de México no moverá sustancialmente las preferencias electorales marcadas durante los últimos meses. En las tertulias y post debates organizados durante los últimas horas en los medios de comunicación, analistas, intelectuales, periodistas y algunos representantes de los equipos de campaña han analizado los sucedido la noche del pasado martes; cada uno de ellos puede decir quién ganó y quién perdió. Pero en lo que no quedó duda es que esto no cambiará las cosas.

Y es que el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador llegó más fortalecido que en las dos ocasiones anteriores a pesar de los errores que comete frecuentemente por no contar con un equipo de comunicación capaz.

Unas horas antes del tercer debate, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) difundió una encuesta en la cual el abanderado del Movimiento de Regeneracón Nacional (MORENA) apareció con el 39.5% de las preferencias, seguido por el derechista Ricardo Anaya con 18.6% y, ya en un lejano tercer lugar el representante del oficialismo José Antonio Meade con 12.1%. Ni hablar de quien está en el fondo, el candidato independiente Jaime Rodríguez con un 2.3%

La encuesta fue levantada por uno de los organismos empresariales más poderosos de México. De hecho, sus principales dirigentes como Gustavo de Hoyos han calificado a López Obrador como un autoritario quien pretende regresar a los tiempos en los cuales el Estado era omnipresente.

Aquí en este mismo espacio describimos como los dueños de las compañías más poderosas se habían convertido en la oposición a la cual López Obrador debería enfrentar en la última etapa de su campaña.

Sin embargo, esto ha cambiado: el pasado 5 de junio, López Obrador y los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios se reunieron a puerta cerrada. Al salir de este encuentro, tanto el candidato como algunos de los hombres más ricos del país, dijeron haber limado asperezas y, sobre todo, acordaron trabajar juntos.

Él ha no ha vuelto a llamarlos “la mafia del poder”. Ellos detuvieron –al menos públicamente- la campaña para invitar a no votar por el candidato de MORENA. Apenas un día después de ese encuentro, López Obrador anunció que su cierre de campaña será nada menos que en el Estadio Azteca, el recinto más importante dentro de la liga mexicana de futbol, propiedad de Emilio Azcárraga, dueño de Televisa –uno de los grupos televisivos más importantes de América Latina- y, sobre todo, miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

El equipo de López Obrador ha dicho que el Azteca fue rentado. Hasta el momento, no han revelado el monto que pudieron pagar pero, de cualquier manera, hubiese sido impensable que, en las dos elecciones presidenciales anteriores en que compitió López Obrador (2006-2012), sucediera algo así. Previamente, el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por partido de centro izquierda que apoya al derechista Anaya se negó a prestar el zócalo para los seguidores de MORENA.

En resumen: López Obrador llegó al tercer debate más sólido que en las ocasiones anteriores y, quizá por ello, los golpes recibidos de parte de sus adversarios no representarán un vuelco en las encuestas sobre preferencias electorales.

En este último debate, por ejemplo, el candidato derechista, Ricardo Anaya, (candidato de la coalición Por México al Frente) dijo que un empresario llamado José María Riobóo elaboró un proyecto para López Obrador para construir dos nuevas pistas en la base militar de Santa Lucía luego de que no pudo conseguir nada para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que apenas se construye por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, lo acusó de ser “el contratista favorito” de López Obrador toda vez que fue él quien diseñó el distribuidor vial del periférico de la Cuidad de México y otras obras con un valor de unos 8 millones de dólares (unos 170 millones de pesos mexicanos ).

Sin embargo, Anaya no aclaró si en esas obras hubo algún acto de corrupción o tráfico de influencias. Únicamente dijo que se trató de un contratista favorecido. López Obrador aceptó la relación con el empresario pero rechazó alguna irregularidad.

Por otra parte, Meade también se fue contra López Obrador. En una de sus intervenciones, dijo que “el socio de Odebrecht” en México ha sido la familia Jiménez Espriú. Uno de sus integrantes, Javier Jiménez Espriú, fue propuesto por MORENA como futuro secretario de Comunicaciones y Transportes. En las siguientes horas, el aludido reconoció que ha formado parte del Consejo de Administración de IDESA –una de las compañías socias del gigante la construcción brasileño acusado de actos de corrupción en América Latina- pero descartó, en lo particular, haber cometido algún delito.

Si estos golpes dañaran en algo a López Obrador, no serán suficientes para derrumbarlo del primer lugar en las preferencias electorales por algo que, al paso de las horas, es sencillo de entender: en ninguno de los dos señalamientos hay pruebas para acusar al candidato de la izquierda por actos de corrupción. Hasta el momento, tampoco se sabe de algún juicio contra el empresario constructor de obra pública en la ciudad de México y el nombre de Javier Jiménez Espriú no ha surgido en las investigaciones sobre el caso Odebrecht, al menos en México.

El tercer debate y las horas que han transcurrido después han sido importantes en la contienda política en México. Todavía faltan 18 días para la elección presidencial pero a partir de las próximas horas, la atención de la gente estará en el mundial de fútbol y no en los candidatos.

En un país cuya pasión ha sido siempre ese deporte –a pesar de sus mediocres resultados-, no habrá espacio para otras cosas. Al menos los tres partidos de México en la primera ronda de Rusia 2018, cubrirán el espacio suficiente para considerar que la elección, en términos mediáticos, quizá ha llegado a su fin.

No obstante, algunos analistas en México han señalado que, justamente, ese periodo de silencio podría abrir un compás para que los partidos muevan sus estructuras, su gente a pie de tierra a favor de los candidatos, especialmente, aquellos como el oficialista Partido Revolucionario Institucional, el PRI, cuya cabeza en los hechos es el Presidente Enrique Peña Nieto.

Cinco años después del ambicioso programa de reformas educativas del presidente Peña Nieto, México sigue el último en el ranking de la OCDE

El Ministerio superó el dinero presupuestado para comunicación en un 2.700%, cuando a menudo las escuelas rurales no tienen tejado, electricidad ni agua

El ambicioso programa de reformas que iba a revolucionar el sistema educativo de México era el buque insignia del presidente Enrique Peña Nieto. Pretendía mejorar los niveles educativos, controlar al todopoderoso sindicato de profesores y acabar con la corrupción rampante, como los salarios para “profesores fantasma”.

Cinco años después de su lanzamiento, el plan apenas ha modificado los niveles educativos: México sigue el último en el ranking educativo entre los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El ministerio encargado de supervisar la reforma está ahora en el punto de mira tras una investigación de la web Animal Político que revela que el año pasado la Secretaría de Educación Pública (SEP) se gastó más dinero en comunicación que en formación del profesorado.

Otra información publicada en el periódico Reforma ha descubierto que la SEP se pasó del dinero presupuestado para comunicación en un 2.700%, incluso cuando a menudo las escuelas rurales no tienen tejado, electricidad ni acceso a agua.

“Esto debilita la credibilidad de la reforma”, señala Marco Fernández, profesor en el Tecnológico de Monterrey. Fernández añade que la Secretaría de Educación Pública no se gastó el año pasado todo el dinero presupuestado para el desarrollo docente, pero, sin embargo, entre 2013 y 2017 se gastó en comunicación 10 veces más de lo previamente establecido.

La polémica vuelve a implicar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), actualmente en el Gobierno, en un escándalo que coincide con la campaña de las elecciones presidenciales del 1 de julio, donde la reforma educativa se ha convertido en un asunto importante.

El candidato favorito, Andrés Manuel López Obrador, busca ganarse el apoyo de los profesores y ha prometido acabar con la reforma. Los profesores tienen un papel organizativo importante en las elecciones en zonas rurales, donde las escuelas a menudo se utilizan como colegios electorales.

El exministro de Educación y actual director de campaña del PRI, Aurelio Nuño, ha defendido el gasto en comunicación. “Lanzamos una exitosa campaña de comunicación que permitió a la gente entender mejor esta gran transformación”, ha declarado a MVS Radio. “La educación de los menores y jóvenes mexicanos es una de las principales batallas de estas elecciones”.

López Obrador ha prometido aumentar el gasto en educación pública, dar más becas a los estudiantes e introducir programas de almuerzo escolar. También ha asegurado que cualquier política educativa futura se debe hacer con las aportaciones del profesorado.

De acuerdo con una encuesta publicada este lunes en el periódico El Financiero, López Obrador cuenta con el 46% de apoyo entre los votantes, 20 puntos por encima del segundo, Ricardo Anaya, del PAN. Solo el 20% de los encuestados elige al candidato del PRI, José Antonio Meade.

La política y la educación están entrelazadas en México, donde después de la revolución se envió a los profesores a áreas rurales remotas para dar presencia estatal y contrarrestar la influencia de la Iglesia católica.

Poco antes de introducir la reforma educativa en 2013, Elba Esther Gordillo, la poderosa jefa del sindicato docente, fue arrestada acusada de corrupción. En diciembre, justo el mismo día en que el PRI formó una alianza electoral con un pequeño partido que antes había estado controlado por Gordillo y su sindicato, fue puesta en régimen de arresto domiciliario.

Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el Gobierno, le espetó el pasado 11 de mayo Enrique Peña Nieto al empresario Claudio X. González Laporte durante una reunión con las élites más poderosas del país. Se refería el presidente de México a Claudio X. González Guajardo, un activista social, abogado de 54 años, fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que últimamente ha provocado la incomodidad de Peña Nieto por las denuncias sobre la corrupción de su administración.

Pablo X. Gonzalez Laporte (el padre), también ha sido actualidad en los últimos días al ser señalado por Andrés Manuel López Obrador, el candidato de izquierdas a la presidencia de México y con gran ventaja en las encuestas, como uno de los millonarios que está intentando frenar su llegada al poder. Hablamos en Madrid con el Claudio X. activista, que ha venido a España a recoger el premio Ortega y Gasset de periodismo por La Estafa Maestra, una investigación elaborada junto a Animal Político en la que precisamente se denuncia un fraude millonario del actual Gobierno Federal de México.

¿Qué es Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad?

Es un esfuerzo ciudadano muy joven, nació apenas hace un par de años, que busca combatir la corrupción, un problema que está lastimando gravemente a nuestro país. Algunos creen que solo nos dedicamos a combatir la corrupción pública, porque hemos hecho denuncias importantes en ése ámbito, pero también combatimos la corrupción privada y social, muy conscientes de que es indispensable que México tenga un estado de derecho más pleno como condición necesaria para el desarrollo más sustentable, más justo, más equilibrado. Creo que hay dos temas fundamentales que tiene que resolver México: educación de calidad y estado de derecho.

Y se apoyan en el periodismo para conseguir esos objetivos...

Efectivamente. En Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tenemos un equipo de periodismo de investigación, con diez de los mejores reporteros que hay en nuestro país, liderados por Salvador Camarena, que han demostrado a lo largo de su trayectoria ser muy profesionales, muy apasionados por su trabajo y muy valientes. Hemos tratado de generar unas condiciones muy difíciles de lograr en un medio de comunicación en nuestro país: libertad, tiempo para trabajar y condiciones dignas para hacerlo, todo esto complementado con investigación aplicada de índole legal por litigio estratégico. Cuando tenemos indicios suficientes derivados de nuestras investigaciones para ir a la corte así lo hacemos. Le llamamos litigio estratégico porque busca sentar precedentes de cambio en nuestras leyes. Por último, también tenemos un área de movilización social para darle difusión a lo que hacemos.

Todo esto en un país en el que ejercer el periodismo es un trabajo de altísimo riesgo ¿Cómo protegen a sus periodistas?

Ciertamente nuestros periodistas corren riesgos, como todos los que buscan hacer su trabajo en libertad, con independencia. México es uno de los países más peligroso para hacer periodismo y es un asunto que tenemos que cambiar en nuestra nación. Debo decir que es más peligroso entre más te alejas de la Ciudad de México. En ese sentido nuestros periodistas no es que no corran riesgos, pero ciertamente no están viviendo los peligros de los de Tamaulipas, Veracruz o Michoacán. Dicho esto, tenemos que transformar la situación para todos los periodistas en México. Tenemos que impulsar el periodismo libre y con seguridad en nuestro país. Ese es uno de los cometidos de nuestra organización, pero por ahora hay que correr riesgos en esta etapa difícil para hacer el trabajo de denuncia y de transformación.

Han recibido presiones muy fuetes del poder, del Gobierno del presidente Peña Nieto. Usted es una persona conocida, sobre todo su padre es un empresario muy importante en México ¿Cómo les han llegado esas presiones y cómo las han manejado?

El Gobierno en México no está acostumbrado a este tipo de actividad ciudadana. Yo creo mucho en el trabajo de la sociedad civil organizada, de la ciudadanía que se compromete, que se responsabiliza, que exige y propone cambios. Lo hice en una primera etapa en temas de educación y también recibí amenazas de grupos sindicales que se oponían al cambio educativo. Uno va teniendo la piel más gruesa con el paso del tiempo y cuando existe la convicción de que las cosas tienen que cambiar hay que seguir adelante a pesar de las presiones. Se han materializado durante la presente administración, pero estoy seguro de que las siguientes administraciones seguirán con estos medios o encontrarán otros y nosotros a pesar de ello vamos a seguir adelante.

¿Pero cómo se han concretado las amenazas?

A través de auditorías fiscales a la organización, a mí personalmente o a otras organizaciones que yo he fundado de índole filantrópico. Y también a través del espionaje. Se ha podido comprobar que al menos tres miembros de nuestra organización han sido espiados con el llamado malware Pegasus que compró el Gobierno Mexicano a un proveedor israelí y que supuestamente solo se puede adquirir con la condición de que se utilice contra la delincuencia organizada. Desafortunadamente este tipo de tecnología se está utilizando en contra de ciudadanos que dan la batalla, periodistas, en contra de quienes pelean por los derechos humanos.

¿Y eso lo hace el Gobierno?

Estimamos que sí. Tenemos denunciado esto formalmente ante la Procuraduría General. Y estamos esperando a ver qué pasa después de las elecciones. Todo indica que el actual oficialismo [el PRI] no va a seguir en el poder y sería bueno que hubiera una investigación. Creo que ha sido un abuso y a mi me encantaría evitar que si mis hijos deciden dar una pelea ciudadana les estuvieran espiando.

¿Cómo está la salud del periodismo más tradicional en México?

Muy frágil. A las consideraciones de fragilidad que corresponden a todo modelo periodístico en el mundo se suma el hecho de la dependencia profunda que existe en nuestro país de la gran mayoría de los medios nacionales y locales por la compra de medios por parte del Gobierno. Es muy lastimoso que haya llegado el año 2018 y no hayamos podido construir un periodismo más independiente, más libre y con las condiciones de salud económica que son indispensables para tener esa libertad y esa independencia. Sí hay algunos medios libres en nuestro país, pero es la situación es muy frágil.

¿Cuánto más grande es un medio en México, menos libre?

Todos, inclusive los importantes, tienen fragilidad económica y eso les vuelve cada vez más dependientes. Nosotros conocemos y valoramos mucho el modelo que han construido ustedes [por eldiario.es] y creemos que es la vanguardia de lo que debe suceder en el mundo, ir más por la vía electrónica y de los socios que están dispuestos a sufragar el periodismo libre e independiente. Tenemos que construir modelos de ese tipo en nuestro país para que se haga un periodismo que ayude a transformar la nación porque los medios no han sido suficiente contrapeso del poder y eso evidentemente lastima la calidad del debate y la democracia.

Hablando con un mexicano influyente como usted no podemos obviar que estamos en plena campaña electoral. Las encuestas dan ahora una gran ventaja a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frente a sus dos principales oponentes y justo hace unos días se empezó a hablar de que un grupo de empresarios estaba presionando para impedir la llegada de López Obrador a la presidencia. Primero fueron rumores, luego el propio López Obrador señaló a los empresarios con nombres y apellidos, y uno de ellos era su padre ¿Cómo ve esta situación electoral y cómo convive un filántropo como usted con una historia familiar como la suya?un grupo de empresarios estaba presionando

Efectivamente hay un líder claro en este momento en la contienda electoral en México y es Andrés Manuel López Obrador. Creo que la pelea ya está solo entre él y Ricardo Anaya [candidato de Por México al Frente, militante del PAN], el candidato oficial ha caído a un lejano tercer lugar. Pero falta todavía un tramo importante de campaña, alrededor de 50 días, que es mucho tiempo. Faltan dos debates entre los candidatos y nosotros estamos tratando de provocar desde la trinchera ciudadana un tercer debate con un formato más abierto, más fresco, en el que se puedan dar intercambios y donde tengan que responderle directamente a ciudadanos en el foro y través también de las redes. Creo que hay que fomentar una lógica de mayor participación ciudadana para fortalecer la democracia en México.

¿Y la intervención de los empresarios?

Las contiendas electorales son eso: luchas por el poder entre distintas opciones y lo que se está viviendo en México es parecido a lo que sucede en elecciones en distintos lugares del mundo en donde hay diferencias en la visión de país, hay diferencias de proyecto y estas se manifiestan de distintas maneras. No es desconocido que ha habido animadversión, no solo en esta elección, si no en pasadas elecciones entre Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial. Tienen visiones distintas de por dónde debe caminar el país y las manifiestan. Y opino que es parte de una contienda, de una lucha por el poder y lo que es importante es que se mantenga dentro de los cauces legales. Pero es sano que se aireen las diferencias, es el momento para hacerlo.

¿Y en este escenario cree que las elecciones van a ser limpias? Ya ha habido episodios anteriores en los que López Obrador acusó de que se habían manipulado los resultados...

Se puede asegurar que vamos caminando cada vez a elecciones más legítimas, es un tema en el que el país todavía tiene un déficit, pero vamos avanzando. Creo que si se dan rompimientos del orden legal no solo son en un bando y, desafortunadamente, todavía es algo que sucede y que hay que monitorear y tratar de limitar de manera importante, pero pienso que las elecciones en nuestro país han ido ganando en legitimidad.

Estamos hablando de México, un país muy grande, muy poderoso, pero con cincuenta millones de pobres y con un grupo de empresarios muy pequeño que controla un porcentaje de la riqueza descomunal. Parece difícil contemplar un escenario en el que esos empresarios tan poderosos y de los que depende tanta gente puedan consentir perder el poder, es la historia de México, la historia del PRI...

En toda Latinoamérica hay desafortunadamente mucha desigualdad. Ese es uno de los temas que tenemos que atender y corregir. Creo de nuevo que educación y estado de derecho es el camino que hay que recorrer, eso va a llevar tiempo, tenemos un déficit importante en ambos temas y eso nos ha llevado a este tipo de desequilibrio. Creo que hay cada vez más conocimiento y compromiso para resolver este problema, pero hay visiones también distintas de cómo lo debemos hacer. En términos de diagnóstico todos estamos de acuerdo en que hay que combatir la desigualdad, en el cómo hay diferencias importantes. Ahora, yo siempre voy a pugnar porque haya cada vez mayor responsabilidad del lado de las élites de nuestro país y he dedicado buena parte de mi vida a tratar de gestionar esta mayor conciencia. Creo que el privilegio debe estar empatado con la responsabilidad, si no, hay injusticia. Y ese es mi llamado siempre a todos los que tienen posibilidades de transformar algo en México, hay que transformarlo y hay que hacerlo cuanto antes.

¿Y en esa línea una presidencia de López Obrador puede ayudar?

Mire, hay distintas visiones. Hay quienes piensan que esa es la solución y hay a quienes les preocupa que las medidas económicas que él propone y las medidas de apoyo social no sean el camino indicado para resolver la problemática de la pobreza. Es cierto que existe un número muy importante de personas que carecen de las oportunidades que merecen en nuestro país y eso, repito, hay que corregirlo lo antes posible. Hay quienes piensan que las fuerzas del libre mercado son una mejor avenida que la intervención gubernamental para resolver este tipo de problemas. Son visiones distintas. Lo que no cabe duda es que tenemos que generar dinamismo económico para ir adelante, para tener los recursos para temas como la educación o la justicia y repito, hay visiones diferentes de lo que puede generar ese dinamismo.

¿Y cuál es su visión?

Estoy más del lado de tener un Gobierno con funciones reducidas a la seguridad, a la educación, a la salud, al combate contra la pobreza, a las infraestructuras, pero que sea realmente funcional porque en México tenemos un Gobierno poco funcional, muy poco eficaz, que derrocha muchos recursos, pero en algún lugar se tienen que generar esos recursos y el dinamismo económico es el que puede generarlos.

¿Tiene miedo de que la llegada al poder de López Obrador pueda paralizar la economía?

Espero que no, porque México tiene ya una sofisticación y un dinamismo económico importante, pero hay quienes piensan que pudiera afectar al crecimiento económico, a la inversión nacional y a la inversión extranjera. Si eso llegara a suceder sería un golpe muy importante para el país porque aquí, en España, en México y en cualquier lugar del mundo el dinamismo económico es lo que genera los recursos con los cuales tenemos que ofrecer oportunidades y mayor equilibrio social.

No se puede hablar de México sin recordar la violencia de las mafias del narcotráfico. En el anterior sexenio la situación fue una calamidad y en el actual las cosas no han mejorado ¿Qué soluciones ve para este problema que avanza geográficamente cada vez más?

La seguridad y la corrupción son los dos temas a debate durante la presente campaña electoral. Esos dos y el asunto del modelo económico del que ya hablamos. Ha habido una gran ineficacia del Gobierno para solucionar este problema. El Gobierno ha fallado, no solo el actual del PRI, los del PAN tampoco lograron resolver este asunto. Creo que se requiere mucha mayor inversión en temas de seguridad y más concretamente en temas policiales. No tenemos la policía que México necesita, ni a nivel federal ni a nivel local. Hace falta mucha mayor coordinación de las fuerzas del orden, incluyendo al Ejército, al que se ha tenido que recurrir debido al déficit de la fuerza civil. Esta situación es necesario que se corrija con el paso del tiempo. También siento que este tema de la delincuencia organizada y el narcotráfico ha generado una problemática muy dolorosa en nuestra nación y como creo en las fuerzas del mercado, mientras haya incentivos económicos tan poderosos para que esto siga adelante, difícilmente vamos a poder atajarlo.

¿Piensa entonces que la legalización de las drogas sería una solución?

Sí, creo que lo debemos considerar. Lo que hemos intentado a lo largo de las tres últimas administraciones no es la respuesta. Estoy a favor de considerar muy seriamente la legalización. En este asunto dependemos del mercado con EE UU y muchas de las armas que lastiman a los mexicanos vienen también de allí, es un problema inmenso y complejo con el que tenemos que lidiar y hay que buscar fórmulas distintas, lo que estamos haciendo hasta ahora no está funcionando. Creo que hay que intentar la legalización como un camino diferente, estamos derramando de manera trágica mucha sangre que no debería derramarse.

En México, se ha registrado un duro encontronazo entre el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en el cual se encuentran algunos de los empresarios más ricos de América Latina como Carlos Slim y el candidato de la izquierda para la Presidencia de la República, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 1 de mayo, Javier Lozano el vocero del abanderado oficialista, José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal) reveló que existe una fuerte presión de “una corriente empresarial” para que declinen en favor del candidato de la derecha y de la centro izquierda, Ricardo Anaya, a fin de dar alcance a López Obrador en la carrera por llegar a la residencia oficial de Los Pinos.

En una entrevista en Radio Formula, dijo que su candidato de esa alianza llamada “Todos por México” no irían ni a la esquina con Anaya. De hecho, días más tarde, fue destituido el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien en términos políticos podría catalogarse más como un golpeador que como un estratega y, en su lugar, colocaron a René Juárez, un persona de línea dura, con mayor experiencia en la operación electoral. Ellos siguen.

Hasta el momento parece que el PRI no cederá a estas presiones. Sin embargo, no por ello los empresarios lo han dejado de intentar: Jorge Camacho, el vocero de la candidata independiente Margarita Zavala –esposa del expresidente Felipe Calderón– confirmó que sí hay presión por parte de empresarios para declinar a favor de Ricardo Anaya.

Ni Lozano ni Camacho mencionaron los nombres de esos hombres de negocios; dejaron la puerta abierta a la especulación. Los analistas y periodistas encontraron en esas palabras el sustento para crear escenarios, hipótesis sobre la identidad de esos empresarios. No obstante, todo ha sido especular con sus posibles nombres.

En esta bruma electoral, López Obrador aseguró hubo al menos una reunión –hace alrededor de un mes– en la cual el Consejo de Hombres de Negocios pidió a Anaya no amenazar más con meter a la cárcel a Peña Nieto por posibles actos de corrupción, en aras de conseguir una declinación por parte del candidato oficialista.

En ese primer arranque, el candidato de la izquierda, López Obrador, hizo generalizaciones: habló del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios sin distinciones. Tampoco ofreció más pruebas que no esa su propia voz; como si fuera, en ese momento, un asunto de fe o de convicción.

Lo cierto es que, desde los primeros días de mayo, Anaya no ha vuelto a mencionar la posibilidad de encarcelar a Peña Nieto por posibles delitos relacionados con actos de corrupción. No lo hizo ni siquiera en el primer debate entre candidatos. Nada. Ni una palabra.

A López Obrador le urge un comunicólogo o un encargado de manejar sus mensajes de manera distinta: los suelta sin planeación, sin una estrategia eficaz para dar golpes certeros, sin contextualizar, sin conciencia de los códigos que implican sus palabras. Una de las consecuencias de esta torpeza es que abre la puerta, deja un flanco libre para que le respondan. Allá él.

Unas horas después de esa declaración, en otro mitin, López Obrador dijo que “un amigo cercano” le ha comentado que los empresarios que se aliaron para detenerlo son lo siguientes:

Al día siguiente, los empresarios publicaron un desplegado en el cual calificaron de “preocupante” que un candidato presidencial recurra a señalamientos “calumniosos” y “denigrantes”, contra quienes no comparten sus ideas. A esa postura se ha sumado el Consejo Coordinador Empresarial.

López Obrador los ha llamado “mafia del poder”, “minoría rapaz”, que verán mermados sus negocios ilegales, según él. El enfrentamiento está abierto. Al menos el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios se ha convertido, en los hechos, en el principal adversario del candidato de la izquierda.

Pero así como a López Obrador le hace falta una estrategia de comunicación, a los hombres de negocios tampoco les vendría mal un ejercicio de autocrítica. Paradójicamente, ellos también han caído en la generalización en ese enfrentamiento con López Obrador.

Los empresarios saben bien que, entre sus filas, se han colado personajes que han hecho negocios millonarios al amparo del poder. Uno de esos casos ha sido el de Carlos Peralta Quintero, presidente ejecutivo y director general del Grupo IUSA, quien ha sido el rey de los medidores de luz.

Este amigo de Peña Nieto y de los hermanos Salinas de Gortari ha sido el gran ganador de las licitaciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para comprar miles de watthorímetros. Su fórmula consiste en participar en las licitaciones con dos empresas que simulan ser competidoras pero que, en realidad, no lo han sido. En los últimos cinco años, bajo este engañoso mecanismo de competencia, las compañías ligadas a Peralta Quintero han obtenido contratos públicos que en conjunto ascienden a más de 11 mil 833 millones de pesos, es decir poco más de 654 millones de dólares.

El personaje que construyó La Casa Blanca de Peña Nieto con un valor de 7 millones de dólares, Juan Armando Hinojosa Cantú, también ha sido un empresario consentido del régimen y había ganado la licitación del primer tren de alta velocidad en México.

Carlos Peralta e Hinojosa Cantú han sido empresarios. El primero de ellos incluso ha seguido ganando licitaciones, bajo el mismo modelo, aunque existan investigaciones en su contra.

Estos han sido apenas algunos ejemplos. Tanto empresarios como servidores públicos han participado en actos de corrupción. Ninguno de ellos, como gremio o grupo, pueden asumirse como pulcros y honestos. Es decir, libres de toda culpa. El fenómeno de la corrupción es mucho más amplio y complejo de lo que ellos mismos quieren aceptar en sus desplegados.

La disputa entre los hombres de negocios y el candidato puntero en las encuestas para ocupar la Presidencia se libra en un país en el cual tenemos 200 mil homicidios entre los años 2016-2018, 30 mil desaparecidos, 150 periodistas ejecutados y 80 candidatos a puestos de elección popular asesinados en los últimos días.

¿Quién puede llamar a atemperar los ánimos en un país con esas características? La disputa aumenta. En redes sociales hay mensajes amenazantes. Quizá debería tomar las riendas el Instituto Nacional Electoral (INE). Ya no tenemos alternativa.

El Presidente Enrique Peña Nieto no se ha comportado como un Jefe de Estado. Por el contrario, en sus discursos se lanza, veladamente contra López Obrador. El jefe del Ejecutivo ha tomado partido en un país en crisis de inseguridad y en proceso electoral.

Ricardo Anaya, candidato presidencial mexicano del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), ha acusado al servicio de inteligencia del país de estar vigilando su campaña como parte de un presunto patrón de vigilancia contra los opositores al presidente Enrique Peña Nieto y su Gobierno.

Anaya publicó un tuit este martes en el que denunció que una persona le seguía desde un Jeep. Después de un incómodo apretón de manos, el conductor se identificó como trabajador del Cisen, el servicio de inteligencia mexicano. Dijo que estaba siguiendo a Anaya “para que no hubiera ningún problema”.

“En lugar de perseguir delincuentes, espían a los opositores al Gobierno”, criticó Anaya en el mismo tuit. “En eso gastan los recursos del Estado. Por eso estamos como estamos”, añadió, aludiendo a que 2017 fue el más mortífero del país según las estadísticas de delitos violentos.

El candidato de izquierdas Andrés Manuel López Obrador también ha dicho que él y su familia han sido espiados. Ha prometido desmantelar el Cisen si gana las elecciones del próximo 1 de julio.

Las últimas acusaciones llegan justo cuando México se prepara para una disputada campaña presidencial. El Partido Revolucionario Institucional actualmente en el Gobierno se ha visto sacudido por varios escándalos de corrupción y también por culpa del estilo demasiado discreto del candidato propuesto, el exministro de Hacienda José Antonio Meade, que ha fracasado a la hora de estimular a sus votantes.

Anaya, excongresista del PAN, se sitúa en segundo lugar en la mayoría de las encuestas. En las redes sociales ha recibido críticas que le acusan de intentar hacerse publicidad antes de que comience oficialmente la campaña electoral.

El año pasado, ya aparecieron acusaciones de espionaje utilizando sofisticados programas informáticos por parte del Gobierno de Peña Nieto. Periodistas, trabajadores de ONG y políticos de la oposición tenían sus teléfonos intervenidos, según expertos de la Universidad de Toronto.

Esta no es la primera vez que el Cisen vigila a la oposición. “A lo que estaban sometidos normalmente era a filtraciones estratégicas de conversaciones grabadas que ponían en evidencia a dicha persona”, dice Federico Estévez, profesor de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

El Cisen, según ha añadido, “se ha convertido en un centro de espionaje político”.

El ministro de Interior, Alfonso Navarrete, rechazó las acusaciones y dijo que el personal de Cisen está simplemente “siguiendo actividades públicas y eventos que se producen en el país”.

Traducido por Cristina Armunia Berges

Los mexicanos están atónitos ante el nombramiento de un exfiscal a una posición destacada dentro de los servicios de inteligencia del país, a pesar de que supervisó la búsqueda durante nueve días de una niña desaparecida que al final fue hallada muerta en su propia cama.

Alberto Bazbaz, aliado cercano al presidente Enrique Peña Nieto, fue nombrado el jueves como nuevo director de la agencia mexicana de inteligencia, Cisen, en un momento en el que las autoridades del país están teniendo dificultades para contener la violencia.

Anteriormente, Bazbaz estuvo al frente de la unidad de inteligencia del Ministerio de Finanzas, poco después de la toma de posesión de Peña Nieto en diciembre de 2012.

Sin embargo, es más conocido por haber supervisado el caso de Paulette Gebara, una niña de cuatro años que en 2010 fue declarada desaparecida del apartamento familiar en una urbanización de Ciudad de México.

A pesar de una amplia cobertura mediática y extensas misiones de búsqueda, los investigadores no encontraron rastro de la niña durante nueve días, momento en el que su cuerpo en estado de descomposición fue hallado en su propia cama, pese a que supuestamente la policía había precintado su habitación.

Por aquel entonces, Peña Nieto era el gobernador del Estado de México (que rodea la capital nacional por tres lados), y Bazbaz era el fiscal general de la región.

Bazbaz dimitió ante el escándalo del caos de la búsqueda, y una investigación posterior concluyó que Paulette murió accidentalmente por asfixia.

Los analistas señalan que durante el liderazgo de Bazbaz en la unidad financiera de inteligencia México fue incapaz de avanzar en el proceso de rastreo de las fortunas de los cárteles de droga del país.

Su nombramiento en Cisen tiene lugar a menos de seis meses de las elecciones presidenciales.

El cambio en la dirección de Cisen –que corresponde al Ministerio de Interior– se produce tras la dimisión del ministro de Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, que dejó su puesto el miércoles para hacerse con un puesto en el Senado. Dimitió después de un 2017 especialmente violento, que será el año con más asesinatos de la historia reciente.

Observadores políticos señalan que el nombramiento de Bazbaz se debe más a su relación con el círculo interno de Peña Nieto que a sus aptitudes como autoridad del orden público.

“La cuestión aquí no es tu área de conocimiento, sino a qué grupo [político] perteneces”, dice Carlos Bravo Regidor, profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. “Si tienes algo de experiencia relevante, está muy bien, pero no es un requisito previo para el trabajo”.

Traducido por Marina Leiva

Elba Esther Gordillo, la líder del sindicato de profesores de México, fue detenida en 2013 cuando salía de un jet privado que acababa de llegar de California. Conocida simplemente como 'la maestra', Gordillo era famosa por sus numerosas cirugías plásticas, su espectacular riqueza y su dominio político implacable.

Se le acusó de malversar cerca de dos millones de dólares del sindicato para financiar casas de lujo en San Diego y por sus compras compulsivas en los grandes almacenes Neiman Marcus. Al poco de descubrirse, fue encarcelada.

En ese momento, la caída en picado de Gordillo se entendió como una prueba de que el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, se tomaba en serio la lucha contra la corrupción. También se abrió el camino para que se llevasen a cabo reformas educativas a las que se había opuesto de manera férrea el sindicato.

Cinco años después, Gordillo ha vuelto a aparecer a la escena pública y, en esta ocasión, parece preparada para ayudar precisamente a Peña Nieto, cuyo Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ve superado en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio de 2018.

Gordillo, que ha negado todas las acusaciones, fue liberada de prisión la semana pasada y trasladada a su elegante ático de la capital en el barrio de Polanco. Ese mismo día, el PRI forjó un acuerdo electoral con Nueva Alianza (Panal), un pequeño partido político que controlado por Gordillo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, dijo que la puesta en libertad de Gordillo “no tiene nada que ver con asuntos políticos”, mientras que el gobierno dijo que está comprometido en impulsar reformas educativas que someterán a los profesores a evaluaciones y que combatirán enérgicamente la corrupción dentro del sistema escolar.

Pero el momento de la liberación ha hecho que se levanten las sospechas en un país en el que la política y la justicia a menudo van en  direcciones diferentes.

Gordillo, de 72 años, reúne las condiciones necesarias para estar bajo arresto domiciliario durante dos años más, pero hasta hace poco la fiscalía había hecho lo posible por mantenerla en prisión, aunque 'la maestra' no había sido condenada por ningún delito.

Para muchos, el caso define a la Administración de Peña Nieto, que comenzó con discursos decididos en favor de reformas estructurales y renovación, pero que se ha visto inmersa en acusaciones de corrupción, grandes apuros financieros y una escalada de delincuencia.

¿Un golpe real contra la corrupción?

Peña Nieto no puede presentarse a la reelección y la trascendental reforma educativa todavía no se ha aplicado por completo. Por el contrario, los intereses arraigados que el PRI había prometido dejar al margen siguen siendo asombrosamente resistentes y políticamente eficaces.

“Así empezó el sexenio (el mandato de Peña Nieto: el arresto se presumía como el gran golpe a la Corrupción. El gran golpe de autoridad. La mano dura”, tuiteó Max Kaiser, el director de investigaciones contra la corrupción del think tank Instituto Mexicano para la Competitividad. “Así acaba el sexenio: era puro show, pura grilla. No hubo mano dura, todo lo contrario. La IMPUNIDAD (en mayúsculas en el original) fue la marca del sexenio, que acaba de manera grotesca”.

La liberación de Gordillo de nuevo ha puesto de relieve el peso político que tienen los profesores mexicanos, que frecuentemente asumen un rol de autoridad en regiones lejanas y ejercen una fuerte influencia en época electoral.

“Cuando los colegios electorales están en escuelas públicas, son los profesores los que los dirigen. Y hay una prima: unos pocos puntos extra” [a favor del partido que apoyan], explica Federico Estévez, profesor de Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Tradicionalmente, los maestros mexicanos han apoyado al PRI, que gobernó ininterrumpidamente hasta el año 2000 y que volvió al poder en 2012. Después de que el país pasase de un gobierno de un solo partido en el año 2000, el sindicato protegió sus apuestas, gestando alianzas con otros partidos y creando Panal para proteger sus intereses.

Sigue sin estar del todo claro cuánta influencia conserva Gordillo sobre los maestros. La cúpula de Panal asegura que ellos han seguido adelante sin ella.

Algunos expertos dicen que el encarcelamiento de Gordillo tuvo mucho que ver con el realineamiento del sindicato con el PRI, que la expulsó a mediados de los 2000 por llegar a acuerdos con el entonces presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional.

“Fue promiscuidad política. El sindicato se metió en la cama con cualquier partido que estuviera en el poder”, asegura Ilán Semo, un historiador de la Universidad Iberoamericana. “La metieron en la cárcel para dejar claro que lo que había hecho no se iba a tolerar más”.

Traducido por Cristina Armunia Berges

Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el Gobierno federal. “Pero si él sólo hace chambitas de plomería, mire su casa”, dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre, en Villahermosa, Tabasco.

Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad.

Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que “su empresa” ganó en contratos firmados en poco más de dos años. “Si hubiera tenido todo eso no estaría aquí”. Pero acepta que firmó unos papeles. “Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”.

La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7.670 millones de pesos del Gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3.433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.

El desvío de recursos lo hicieron once organismos, tan variados como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.

Los organismos involucrados son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía al frente a Alfredo del Mazo Maza –gobernador electo del Estado de México–; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el Gobierno federal ha firmado 2.061 convenios, que involucran 31.668 millones de pesos.

Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.

Eludir la ley

El esquema siempre es igual. Para eludir la Ley de Adquisiciones, que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir, los organismos firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.

¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades, que hablaron a condición de anonimato, dicen que los funcionarios las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.

Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.

El desfile de empresas fantasma

De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.

Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.

Un primer ejemplo: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM por 4.934.000 pesos. La contrataron para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.

El mismo Fondo dio en 2013 un contrato por 17.578.000 pesos a la empresa Impactel S.A. de C.V., aunque ésta ya tenía una investigación abierta por la Procuraduría General de la República porque un año antes había incumplido un contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 68 millones de pesos.

Otro caso. La empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33.633.000 pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.

Animal Político y MCCI visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos

accionistas. Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, o Tláhuac, en la capital del país; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.

Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, según informó a Animal Político y MCCI.

Pero dos años después, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015 sigue abierta.

Campesino y trabajadores, los pretextos del fraude

Tener una casa propia es la meta natural de cualquier trabajador y nadie podría criticar que un organismo como el Fondo de Vivienda del ISSSTE simplifique los procesos burocráticos para obtener un crédito.

La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223.000.087 pesos del

FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.

Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15.389.000 pesos.

También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.— que son investigadas desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.

El ISSSTE dijo a Animal Político y MCCI que los servicios sí se realizaron y que “el Fondo de Vivienda recibió en tiempo y forma todos los entregables derivados de la contratación”.

“Fue la propia Universidad quien declaró expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas”. Y añadió: “no es competencia del contratante (FOVISSSTE) ser auditor del proceso de la prestación de servicios del proveedor (U.A.E.M)”.

Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación encontró lo contrario y concluyó que no hay prueba de que la universidad o las empresas hayan dado los servicios contratados. La ASF explicó que los únicos comprobantes son documentos que “carecen de nombre y firma del personal que elaboró, verificó y aceptó los servicios”, por lo que se realizaron pagos injustificados para servicios que no se realizaron.

Y hay más casos: el programa Proagro debía servir para financiar a productores del campo. El problema es que la Secretaría de Agricultura firmó un convenio por 13.077.000 pesos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que no hizo el trabajo.

Lo que sí hizo esa universidad, sin que hubiera un solo contrato de por medio, fue transferir todo el dinero a siete empresas. Una de ellas fue Comercializadora GEAR, S. A. de C. V., que reportó su domicilio fiscal en Santa María la Ribera, en donde no hay ninguna oficina, sino una casa particular. El inquilino dijo que tiene cinco años viviendo en el lugar y que está “harto” de que personas y el SAT busquen a una empresa que “nunca ha estado ahí”

El dinero también llegó a Fortalitia, S. A. de C. V., CEO Marne México, S. A. de C. V. y Soluciones Globales Reggan, S. A. de C. V. Ninguna de las tres ha operado en la dirección fiscal que registraron, según se confirmó al visitar los domicilios. Y una más, Grupo Comercializador Cónclave S. A. de C. V., que en abril pasado fue declarada como fantasma por el SAT.

Animal Político y MCCI solicitaron a la Secretaría de Agricultura comprobantes de que los servicios se ejecutaron. Vía transparencia pública se pidieron fotografías, documentos, bases de datos o cualquier prueba sobre los servicios. La Secretaría de Agricultura, en su respuesta oficial, aceptó que no existen comprobantes del servicio.

También los analfabetos

El fraude también involucró apoyos destinados a cuatro millones de analfabetos del país. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó un convenio en 2014 con la Universidad Autónoma del Estado de México por 97 millones de pesos. La contrató para desarrollar una metodología que permitiera la “ubicación de personas de 15 años o más de edad que no supieran leer y escribir un recado en español”.

De nuevo, la Universidad se declaró incapaz de hacer la totalidad del servicio y subcontrató a Estrategia Solutions, S. A. de C. V., que ganó 9.558.000 pesos. Además de no estar registrada ante la Secretaría de Economía, en la visita a su domicilio fiscal en Sevilla 30, colonia Juárez, en la Ciudad de México, trabajadores del edificio confirmaron que la empresa no opera ahí, pero cada determinado tiempo acude una persona a recoger correspondencia.

Del resto del dinero, 87 millones de pesos, no se sabe nada. Animal Político y MCCI

solicitaron, vía transparencia, las pruebas de que el servicio se realizó, pero el INEA respondió que los únicos datos disponibles están respaldados en discos compactos con un “formato inactivo” de lectura, por lo que ya no es posible tener acceso a la información.

Una y otra vez

Los fraudes documentados por Animal Político y MCCI no siempre son iguales. Los casos más simples se resumen en dos pasos: una dependencia del Gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma.

Pero hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o dos empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada.

Por ejemplo, el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, estaba al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) en 2013, cuando el organismo firmó tres convenios por 491 millones de pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México, un fideicomiso público que ofrece asesorías, outsourcing o capacitación, y cuya gestión es independiente de la Universidad.

Para hacer los servicios “de control, operación y soporte” de la red interna de Banobras, el Fondo contrató a dos empresas, una de ellas Intellego Servicios de Consultoría S.A. de C.V., que se quedó con una comisión y que a su vez contrató a cinco más. Todas, excepto una, tienen una constante: irregularidades —como que no tienen ni siquiera dirección fiscal— que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.

La única localizada, que opera de forma aparentemente legal, fue QUITZE, S. A. de C. V. Recibió 452.500 pesos para realizar los servicios, es decir, el 1.18% del monto original de los convenios firmados por Banobras. Prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.

Intellego Servicios de Consultoría opera en Paseo de la Reforma 1236. Mauricio Barragán, que se identificó como consultor externo de relaciones públicas de la firma, envió por correo electrónico dos cartas en las que confirmó que la empresa subcontrató a otras para los servicios del FONDICT con Banobras.

Pero sobre la legalidad de esas compañías dijo que Intellego “no verifica el registro de sus proveedores ante la Secretaría de Economía” porque no es de su competencia, y agregó que la emisión de facturas les “da plena confirmación de la ”existencia legal“ de cualquier firma.

Banobras, para probar que se realizaron los servicios, entregó vía transparencia 82 hojas con informes mensuales en los que personal del Banco Nacional describen que las redes de comunicación interna funcionan, pero no se menciona nada del sobreprecio ni del destino final del dinero.

Además respondió a Animal Político y MCCI que “en el presente ejercicio fiscal no se ha suscrito contrato alguno con institución de educación superior” y que “es política de esta administración reducir al mínimo indispensable las contrataciones” usando el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que se violó en este esquema.

Alfredo del Mazo, por su parte, se negó a responder sobre las irregularidades que esta investigación confirma y que ocurrieron durante su mandato al frente de Banobras.

En palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias federales son los responsables aunque los que firman los convenios con las universidades son mandos medios de las dependencias. En el caso de Banobras, la firma estuvo a cargo del subdirector de Recursos Materiales, Luis Efrén Ramírez García; y del gerente de Servicios de Tecnologías de la Información, Gerardo Pavón Luna. Mientras que por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnología (FONDICT) de la UAEM, firmó Erick Harzaín Torres Mulhia, director general.

La estafa documentada por Animal Político y MCCI sumó 7.760 millones de pesos, y fue hecha por 11 instancias del Gobierno federal: el Banco Nacional de Obras (491 millones), el Registro Agrario Nacional (447 millones), la SEP (278 millones), FOVISSSTE y SUPERISSSTE (249 millones), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 millones), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 millones), la Secretaría de Economía (96 millones), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 millones) y la Secretaría de Agricultura (19 millones).

Las dos dependencias con los mayores desvíos son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que alcanzó los 2.224 millones de pesos, y Petróleos Mexicanos con 3.576 millones. Esos dos casos se desarrollarán en las siguientes entregas de este reportaje.

De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3.433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con mil millones más por ser parte de la estafa, sin realizar un solo servicio.

Para el fraude, los prestanombres como Francisco, el conserje de escuela, son indispensables. La empresa Maheca, S. A. de C. V., de la que era supuesto dueño, fue creada en 2010 en Villahermosa, Tabasco y en los siguientes dos años ganó 502 millones de pesos en ocho contratos con PEMEX-Producción y Exploración.

Aunque la empresa supuestamente se dedicaba a la “prestación de servicios profesionales propios de los licenciados en derecho y en informática”, fue contratada para la “asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste” de la petrolera. Tampoco hay pruebas de que haya hecho el servicio.

Como parte de la investigación, se visitaron 84 direcciones de empresas y 21 de accionistas en cinco entidades: Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Se entrevistó a un centenar de personas, entre supuestos dueños, representantes legales y vecinos de los lugares donde debían estar las empresas, pero nadie conocía la existencia de las compañías.

El equipo de investigación hizo 350 solicitudes de información a las dependencias y

universidades sobre los convenios y contratos que realizaron entre ellas y con las supuestas empresas. Las respuestas sobre los comprobantes de los servicios fueron de dos tipos: que“no existe evidencia” del servicio contratado; o documentos que dicen “sí se dieron los servicios”, pero sin ningún elemento que lo pruebe.

El rastreo de cada una de las 186 empresas incluyó, además, la revisión en el Registro Público de Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, el Sistema Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores y contratistas sancionados y en los Portales de Transparencia de las dependencias.

También la relación de empresas fantasmas del SAT, donde se alista a empresas falsas, que no reportan ingresos o que no cuentan con empleados, pero que aun así fueron contratadas por las dependencias. Y finalmente, en todos los casos, la Secretaría de Economía proporcionó un informe, donde se consigna los nombres de las empresas que ni siquiera tienen registro legal.

Miles de personas han salido este domingo a las calles de distintas ciudades mexicanas bajo la consigna #VibraMéxico para protestar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus políticas contra el país. Las marchas, que aspiraban a ser una muestra de unidad nacional, también ha incluido críticas contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“A México se le respeta”, “Unidos somos invencibles” y “Duro contra el muro”, se leía en algunas de las pancartas visibles en las manifestaciones en Ciudad de México, plagadas de banderas mexicanas y en las que se escucharon cánticos espontáneos como el Cielito lindo, muestra de su talante pacífico. Entre las consignas también había pancartas en las que Trump era tildado de “Narcisista y psicópata”, y en otra que lo comparaba con Adolfo Hitler.

Algunos manifestantes portaban también carteles en inglés con mensajes como “Friends, no borders” (amigos, no fronteras), en respuesta a los planes de Trump de construir un muro en la frontera con México y hacérselo pagar a este país y de deportar a millones de inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

En declaraciones al diario El Universal durante la marcha, el historiador Enrique Krauze ha aclarado que la protesta “no es en contra de Estados Unidos ni del pueblo americano”.

“Es una marcha en contra del absurdo, la injusticia y el atropello del que nuestros paisanos en Estados Unidos y sus familias, y en general todo el pueblo de México, están siendo víctimas”, ha explicado Krauze, quien se ha referido a Trump como “ese monstruo que por un accidente histórico ocupa la Casa Blanca”.

La marcha ha sido convocada por las redes sociales bajo la consigna de #VibraMéxico en varias ciudades del país. Entre ellas, Ciudad de México, Mérida (Yucatán), Villahermosa (Tabasco), Guadalajara (Jalisco), Monterrey (Nuevo León), Hermosillo (Sonora), Colima (Colima), León e Irapuato (Guanajuato) y Morelia (Michoacán).

La manifestación más multitudinaria la acogió precisamente Ciudad de México, con una asistencia de unas 20.000 personas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

“Es abusivo”

La manifestación, que empezó en el Auditorio Nacional y que concluyó en el Ángel de la Independencia del emblemático Paseo de la Reforma, pretendía expresar “rechazo e indignación ante las pretensiones del presidente Trump, a la vez de contribuir a la búsqueda de soluciones concretas ante el reto que ellas implican”, según los organizadores.

“Estamos enojados, nos ha insultado, es un abusivo, que no respeta”, afirmaba una de las asistentes, Gabriela Torres. Como ella, muchos participantes mostraron su disconformidad con las políticas del republicano, al que tildaron de “narcisista” y “psicópata” e incluso llegaron a comparar con “Hitler”.

El movimiento se define como “apartidista, pacífica y respetuosa los derechos de todos de exigir un buen gobierno y celebrar el orgullo de ser mexicano”. Entre las más de setenta organizaciones que se han sumado a la iniciativa están Amnistía Internacional o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Junto a #Vibraméxico, otro movimiento bautizado Mexicanos Unidos ha salido también a las calles en contra del “muro de Trump” y por la “dignidad” y los “derechos” de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Este grupo está formado por 35 organizaciones civiles como Alto al Secuestro y ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, como Enrique Morones o Juan Manuel Estrada Juárez.

Además del repudio a Trump en las marchas pudieron verse consignas como “Amo a mi país pero rechazo a su Gobierno” o “Fuera Peña”, contra el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Las informaciones sobre la supuesta amenaza de Donald Trump de utilizar las tropas estadounidenses para tratar con los “bad hombres” en México revive una antigua tradición de intimidación y humillación gringa que para México ya había pasado a la historia.

El presidente utilizó un lenguaje propio de las películas del oeste –quizá más cercano al de Blazing Saddles (Sillas de montar calientes) de los 70 que al de Los Siete Magníficos de 2016–. Pero para los mexicanos las consecuencias son demasiado reales: el matón de la superpotencia vuelve al ataque.

¿De qué otra manera más se puede interpretar una conversación entre Trump y el presidente Peña Nieto que, si se confirma, pasará a los anales de la historia?

“Tienes un montón de 'bad hombres' allá abajo”, dijo el líder estadounidense, según una transcripción filtrada por AP el miércoles. “No haces lo suficiente para frenarlos. Creo que tu ejército está asustado. Nuestro ejército no lo está, así que quizá lo mande para que se encargue de esto”. [Más tarde la Casa Blanca desmintió que se tratara de una amenaza]

La amenaza y falta de respeto impactó a México. Fue como entrar en una máquina del tiempo y leer titulares sobre las incursiones estadounidenses para capturar a Pancho Villa. “Pobre de México, tan lejos de dios y tan cerca de Estados Unidos”. Todos los mexicanos se saben esta cita de memoria. Una triste reflexión sobre la proximidad a un vecino poderoso y expansionista atribuida al astuto dictador Porfirio Díaz.

La turbulenta historia comenzó poco después de que México se independizara de España en 1821. La joven y destartalada república carecía de recursos y de población para cultivar y proteger las tierras del norte de los comanches y del expansionismo estadounidense.

Así que, en un error garrafal (que todavía lamentan hoy), México invitó a pobladores estadounidenses a cultivar la tierra con la condición de que abandonasen la esclavitud, adoptasen la fe católica y jurasen lealtad a México. Los colonos se rebelaron y crearon la República de Texas en 1836.

Una década después, el presidente Polk vio la posibilidad de extender EEUU hacia el sur y hacia el Pacífico. La invasión entre los años 1846 y 1848 y la ocupación asoló México. También les obligó a ceder lo que hoy conocemos como California, Nevada y Utah, así como gran parte de Arizona, Nuevo México y Colorado, más un poco de Wyoming.

México sigue venerando a “los niños héroes” que, al parecer, lucharon contra los invasores y después saltaron desde una fortaleza al vacío sosteniendo una bandera en lugar de rendirse. Los uniformes verdes de los marines ocupantes provocaron los gritos de los mexicanos: “green go” y así surgió el término 'gringo'.

Las fuerzas estadounidenses volvieron en 1914, durante el tumulto revolucionario, para ocupar Veracruz. Y de nuevo en 1916 para cazar a Pancho Villa, un renegado señor de la guerra que había matado a estadounidenses a ambos lados de la frontera. A pesar de enviar a un comando con 5.000 soldados, aviones y camiones, los estadounidenses no consiguieron atraparle.

La entrada de EEUU en la Segunda Guerra Mundial calentó las relaciones con México. Necesitaban metales y trabajadores mexicanos. El Programa Bracero permitió que millones de personas trabajasen en campos y fábricas. Cambió la tendencia en 1954, cuando el presidente Eisenhower ordenó la Operación Espalda Mojada, una polémica política que acorraló y deportó a unos 3,8 millones de mexicanos.

Poco a poco, las relaciones se fueron caldeando en los 60 y 70. Se diseñaron tratados para resolver diversos cabos sueltos diplomáticos, allanando el camino para lo que se anunció como el mayor acuerdo de todos: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en 1994.

El NAFTA eliminó las barreras en el comercio y la inversión, y transformó México abriendo su economía a 1.430 millones de euros diarios en comercio fronterizo, y alimentando la clase media en detrimento de granjas tradicionales y otros sectores.

Los mexicanos llegaron a acostumbrarse a ver a los presidentes estadounidenses abrazando a sus homólogos mexicanos y llamándoles compañeros. George Bush y Barack Obama extendieron la seguridad fronteriza, incluyendo casi 1.000 kilómetros de valla a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera. Pero todo esto no interrumpió lo que parecía ser una integración cada vez más estrecha, con comida, cultura y expresiones mexicanas impregnando la tradición estadounidense.

Los mexicanos se quejaban de que los estadounidenses se llevaban las drogas hacia el norte y enviaban armas hacia el sur, dejando que ellos pagasen las consecuencias de la guerra de la droga con sangre mexicana. Pero la broma sobre estar tan lejos de dios y tan cerca de EEUU parecía desfasada. Ambos países eran, a fin de cuentas, 'amigos' (en castellano en el texto original).

Y después llegó Trump.

Traducido por Cristina Armunia Berges

El presidente de EEUU, Donald Trump, insiste en que México pagará el muro en la frontera entre ambos países. Para ello, estudia fijar un arancel del 20% sobre todas las exportaciones de México hacia Estados Unidos para costear la barrera fronteriza, según adelantó este jueves el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

El portavoz describió a los periodistas a bordo del Air Force One esa medida como una decisión ya tomada por Trump, después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se negara a costear la valla fronteriza como exige el nuevo presidente estadounidense. Minutos después, el mismo portavoz se contradijo a sí mismo y dijo que esa es una de las alternativas que estudia el nuevo Gobierno para sacar dinero al Estado mexicano.

Ese impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), firmado por EEUU, Canadá y México hace más de dos décadas y que Trump también quiere revisar.

El anuncio de esta posible medida elevó el jueves aún más la tensión entre ambos países por el tema del muro fronterizo –una de las medidas estrella de Donald Trump durante su campaña electoral–, que ha ocasionado varios choques entre los mandatarios.

Después de que Trump firmara la orden ejecutiva para su construcción, el presidente mexicano reiteró en un mensaje que su país no pagará “ningún muro”. Peña Nieto se comprometió, no obstante, a asistir a la reunión que tenían prevista ambos líderes para el próximo martes.

Pero poco después Trump lanzó una amenaza a su homólogo a través de su cuenta personal de Twitter: si México no tiene intención de pagar el “tan necesario muro”, entonces “sería mejor cancelar la inminente reunión”.

Finalmente, Peña Nieto comunicó la suspensión de su viaje a Estados Unidos y reiteró la voluntad de México “de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.

Reunión anulada de mutuo acuerdo, según Trump

Poco después, en un discurso desde Filadelfia, donde asistió a una reunión del partido republicano, Trump detalló que la suspensión de su encuentro con Peña Nieto fue de mutuo acuerdo. “El presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestra reunión planeada para la semana próxima”, explicó.

“A menos que México vaya a tratar a Estados Unidos de forma justa, con respeto, esa reunión sería estéril y quiero seguir una ruta diferente. No tenemos alternativa”, añadió el magnate.

También en Filadelfia, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y del Senado, Mitch McConnell, cifraron este jueves el coste estimado de ese muro en una cantidad entre 12.000 y 15.000 millones de dólares.

En febrero de 2016, en plena campaña electoral, Trump dijo que calculaba que construir el muro costaría alrededor de 8.000 millones.

Ambas cifras son, no obstante, inferiores a los cálculos independientes, como el del grupo Bernstein de Investigación, que situaron la factura total entre los 15.000 y los 25.000 millones.

Trump podría empezar a construir el muro por su cuenta, ya que una ley del año 2000 permite levantar una valla de hasta 700 millas (1.126 kilómetros, de los que más de mil ya están construidos).

Sin embargo, si quiere construir en las 1.200 millas restantes (1.930 kilómetros) que forman la frontera común, el presidente necesitará que en algún momento el Congreso apruebe una partida de gasto para ello.

Donald Trump ha respondido este jueves al presidente mexicano, después de que Enrique Peña Nieto haya afirmado que su país no pagará el muro fronterizo con Estados Unidos, como pretende el magnate. Trump ha amenazado con cancelar la reunión con su homólogo mexicano, fijada para el próximo martes, si su país no está dispuesto a pagar por el “tan necesario” muro que quiere construir en la frontera.

“Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)”, señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.

Anteriormente, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto había lamentado la decisión de su homólogo estadounidense Donald Trump de firmar la orden para iniciar la construcción de un nuevo muro entre EEUU y México. “México no cree en los muros. México no va a pagar el muro”, ha afirmado en un discurso publicado en su cuenta de Twitter. 

Después de pedir “respeto para México”, Peña Nieto confirmó que no cancelaría el viaje a los EEUU previsto para el próximo martes. “Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos”, ha apuntado. 

En respuesta a los decretos en materia de inmigración firmados por el presidente estadounidense este miércoles, Peña Nieto ha dado la orden, asegura, para que “la Secretaría de Relaciones de Exteriores refuerce las medidas de protección” de los mexicanos residentes en EEUU.

“Los 50 consulados desplegados de México en EEUU se conviertan en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”, ha explicado el mandatario, quien ha convocado también a “legisladores y organizaciones de la sociedad civil” a “sumar esfuerzos”.

Este miércoles Donald Trump firmó las primeras órdenes ejecutivas en materia migratoria. La primera, aprueba el empleo de gastos federales para ampliar la construcción del muro con EEUU. La segunda, insta a castigar a las llamadas “ciudades santuario”, cuyas autoridades evitan las deportaciones de migrantes.

Además, el republicano prometió por primera vez como presidente lo que tantas veces había asegurado en campaña. El muro, indicó, sería financiado “de una manera u otra” por México.

“Yo digo que empezaremos pronto, en cuestión de meses y que, en principio, lo pagaremos nosotros pero luego lo reembolsará México”, aseveró Trump en su primera entrevista como presidente con la cadena ABC.

Entre la enfurecida pero pacífica muchedumbre que protesta en Ciudad de México, Héctor Pérez, gerente de ventas de una empresa de seguros, recita del tirón una lista llena de quejas que justifican la ola de protestas desencadenada tras el aumento del precio del petróleo, fijado por el Gobierno.

“No es porque todos tengamos coches. Cuando suben los precios de la gasolina, todo lo demás sube: las tortillas de maíz, el transporte público... todo”, se queja Pérez.

Pero ante la repregunta comienza a mencionar otra serie de razones para su descontento: el presidente Enrique Peña Nieto y su Partido Revolucionario Institucional (PRI) justificaron su programa de reformas estructurales bajo la promesa del crecimiento para todos pero, en su lugar, han presidido una economía en estancamiento.

Al mismo tiempo, una serie de notables escándalos de corrupción ha intensificado la sensación de que, mientras los mexicanos de a pie sufren una caída progresiva en su capacidad adquisitiva, los políticos del país se hacen más ricos.

“Los gobernadores estatales del PRI han robado mucho dinero y el presidente no es capaz de frenarlos”, señala Pérez en referencia a casos como el del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, que actualmente está a la fuga tras ser acusado de robar del tesoro público.

Las protestas por la subida del 20% en los precios de la gasolina, el gasolinazo, han sumergido en el caos regiones de México donde los ciudadanos protestan en las calles y bloquean las autopistas, gasolineras e instalaciones de la gigante Pemex, de propiedad estatal. Más de 250 establecimientos comerciales han sido saqueados y se han lanzado acusaciones de que hay agitadores pagados infiltrados en las protestas.

El gasolinazo fue la chispa de las protestas, pero los analistas aseguran que el descontento social se ha estado gestando durante meses. El peso mexicano ha caído ininterrumpidamente y las amenazas del presidente electo estadounidense, Donald Trump, han sembrado el caos en la economía nacional.

El salario mínimo de México es de solo cuatro dólares al día y la gente es tan vulnerable al aumento de precios que las subidas en el precio del transporte público son unas de las principales causas por las que estudiantes de instituto abandonan la escuela, según los datos de la secretaría de Educación Pública del país. El lunes, el instituto nacional de estadística anunció que la inflación había alcanzado un máximo de 3,36% en dos años, un dato que los economistas esperan que sea aún más alto en 2017.

Incluso después de una década de guerra contra las drogas que se ha cobrado aproximadamente 200.000 personas y ha generado terribles abusos de derechos humanos como el secuestro y presunto asesinato de 43 estudiantes en 2014, el gasolinazo parece ser demasiado para los mexicanos.

“Esto es un insulto a la gente”, señala Ilán Semo, historiador en la Universidad Iberoamericana. “Hay políticas erróneas y casos de corrupción, pero normalmente no es algo que afecte a los bolsillos de la gente”, añade.

El momento elegido por el Gobierno tampoco ha ayudado: el anuncio del gasolinazo coincidió con las ya tradicionales noticias de fin de año de los medios sobre las escandalosas pagas navideñas a los políticos: aproximadamente 10.388 euros para cada senador. Poco después salió a la luz que los legisladores y jueces también habían pedido beneficios especiales sobre el precio de la gasolina como parte de su paquete de prestaciones.

Para los mexicanos de a pie es fácil ver la relación entre la subida de precios de los productos proporcionados por el Estado, como la gasolina y la electricidad, y la generosidad que los políticos se procuran a sí mismos, explica Semo. “Para los mexicanos, la política es percibida como el negocio de tu vida. Ven los cargos públicos como un sistema para acumular riquezas privadas”, añade.

Incluso antes de que se anunciase el aumento de precio de la gasolina, ya se habían formado largas colas en las gasolineras del país, dada la escasez atribuida al robo en los oleoductos, una mala distribución y un supuesto acaparamiento de las gasolineras.

También persisten los problemas eternos de la pública PEMEX, que ha perdido “529.000 euros la hora” durante toda la última década, según escribió el director del Instituto Mexicano de Competitividad, Juan Pardinas, en el periódico Reforma. “Al mismo tiempo que sube los precios de la gasolina, el Gobierno no ha dado ninguna explicación pública de las medidas que tomará para frenar este inmenso desperdicio de recursos públicos”, añade.

En un discurso a la nación la semana pasada, Peña Nieto suplicó comprensión. El presidente argumentó que los subsidios solo beneficiaban a los ricos y reducían los fondos disponibles para programas sociales destinados a los mexicanos más pobres.

“¿Que hubieran hecho ustedes?”, preguntó. Su discurso desencadenó una tormenta en redes sociales en la que los mexicanos utilizaron el hashtag #QuéHubieranHechoUstedes para sugerir medidas alternativas, tales como cortar las subvenciones a los partidos políticos, o simplemente dimitir.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Los mexicanos cabreados con la visita de Donald Trump a su país para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto descargaron su ira sin piedad. Las burlas fueron dirigidas tanto a su líder como al candidato republicano a la Casa Blanca este miércoles. Tanto antiguos presidentes como conocidos políticos y activistas cargaron contra las actitudes y las políticas de Trump. Una oleada de memes apareció en Twitter criticando la reunión y la complicada historia entre EEUU y México.

El escritor Antonio Ortuño comparó la reunión del miércoles con la del conquistador español Hernán Cortés –que encabezó la caída del imperio azteca– y el emperador azteca Moctezuma.

Poco después de la reunión, Ortuño tuiteó un dibujo de Moctezuma con el siguiente texto: “Peña Nieto explica a sus compatriotas los resultados de la reunión con Trump”.

Tanto el hashtag #noeresbienvenidotrump como #Srtrumpcontodorespeto se hicieron trendig topic durante la visita de Trump.

Durante meses Trump ha prometido que México pagará su plan de construir un muro para impedir a los migrantes indocumentados entrar a los EEUU. Pero en la reunión de este miércoles Trump no insistió en esta idea. “Discutimos sobre el muro, no sobre el pago del muro”, dijo Trump. Varios usuarios de Twitter se ofrecieron a pagar un muro basado en la antigua frontera mexicana de mediados del siglo XIX, la cual dibuja un corte de casi la mitad de los EEUU, incluida la costa oeste y la mayor parte del sur.

La banda de rock mexicana Molotov –que canta mezclando el inglés con el castellano– tuiteó la letra de su canción de 2.003 Frijolero acompañada de un cartel de la película 'Dos tontos muy tontos' protagonizada por Trump y Peña Nieto.

Los memes de 'Dos tontos muy tontos' fueron populares, un reflejo de la falta de popularidad del propio Peña Nieto, cuyo índice se sitúa tan solo al 23%.

Denise Dresser, un profesor de Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en la capital del país, preguntó en Twitter por qué Peña Nieto invitó al candidato republicano.

Cuando la encuesta se cerró, 'Que Higa construya el muro' (una empresa mexicana de construcción) ganó con un 49% con más de 8.000 votos en Twitter.

También se hizo popular un dibujo hecho por el humorista gráfico mexicano Paco Calderón en el que Trump –mal colgado en una rama– tiende su mano a Peña Nieto, que está a punto de caerse.

Como todos los memes en Internet, muchos fueron groseros y vulgares: ambos teniendo relaciones sexuales, Trump enseñando a Peña Nieto el saludo racista heil Hitler o multitud de fotos de personas sosteniendo armas de manera manifiestamente amenazante y con un lenguaje que no se puede publicar. Otro usuario compartió un tuit con Hulk dando un puñetazo con el siguiente mensaje: “Oye Peña Nieto, espero le pases nuestro mensaje a Donald Trump”.

Varios tuiteros compartieron una imagen de Paquita La Del Barrio, una querida cantante mexicana, reuniéndose con el presidente, simulando que el pelo rubio repeinado de la artista era el del multimillonario.

Trump ha sido carne de memes en México desde hace más de un año, desde el momento en el que anunció que competiría en la carrera para presidente y declaró que entre los migrantes mexicanos sin papeles había “violadores” y “criminales”. Sus planes de construir el infame muro también incrementaron su impopularidad entre los latinos.

En un meme, Trump dice: “No hagan negocios con México, estafan a EEUU”, cuando Birdman, el héroe de la película ganadora de un Oscar del director mexicano González Iñárritu, le da un golpe en la cabeza y le dice: “Cállate, imbécil”.

Traducción de Cristina Armunia Berges

La Universidad Panamericana ha reaccionado ante la última polémica que pone en entredicho al presidente mexicano y que afecta a la institución. Tras la publicación de una investigación que acusa a Enrique Peña Nieto de plagiar casi el 30% de su tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho, la universidad ha afirmado que revisará el caso.

En un breve comunicado, la Universidad Panamericana apunta que “la Facultad de Derecho está a cargo de revisar lo concerniente a este tema”.

Este lunes, Aristegui Noticias denunció que Peña Nieto plagió un 28,8% del contenido de su tesis universitaria, en la que se adjudicó palabras de autores a los que no había citado de manera correcta y, en algunas ocasiones, ni siquiera mencionó en su trabajo.

Según la investigación, de los 682 párrafos que componen la tesis, “197” fueron copiados. Al menos “diez autores” se vieron afectados por los 'corta-pega' del hoy presidente de México. El caso más sangrante, destacan los periodistas, es el del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, al que Peña Nieto no mencionó en ningún momento y “reprodujo íntegros al menos 20 párrafos” de su libro Estudios de Derecho Constitucional.

La Presidencia de México ha reconocido “errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía”, pero ha lamentado que sean de “interés periodístico” dos décadas y media después.

La Universidad Panamericana defiende sus criterios, “calidad” y “ética” y destaca que la institución no fue consultada en la investigación que acusó de plagio al presidente.

Además, el organismo recuerda que “cuenta con procedimientos para que los procesos de titulación cumplan con los requisitos previstos en la normatividad avalada por las autoridades correspondientes”. Ahora la Facultad de Derecho revisará si la tesis de Peña Nieto respetó esas normas.

Este nuevo escándalo se suma a otras investigaciones que afectan al presidente mexicano y a su esposa, como la publicada recientemente por The Guardian que los relacionan con apartamento de lujo de un valor superior a los dos millones de dólares comprado por el Grupo Pierdant, uno de los candidatos a construir puertos en México.

Una nueva polémica azota el mandato del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Una investigación del equipo liderado por la periodista mexicana Carmen Aristegui revela que el presidente plagió parte de su tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. En concreto, el “28.8% del contenido de su tesis de abogado fue robado de las obras de otros autores”, subraya.

La tesis universitaria de Peña Nieto, titulada, El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, fue presentada por el hoy presidente en 1991. Está compuesta por 200 páginas y 682 párrafos, de los 197 fueron copiados de otros autores. Aristegui Noticias recoge en un gráfico interactivo varios de los extractos plagiados con las mismas frases de los textos originales.

Las partes copiadas pertenecen a “al menos diez autores”, indica la investigación, que el presidente Peña Nieto no citó. Entre ellos figuran “el historiador Enrique Krauze, y los doctores en derecho, Diego Valadés, Jorge Carpizo y Jesús Orozco Henríquez, actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex magistrado electoral”.

Uno de los casos más sangrantes es el del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, al que Peña Nieto no menciona en ningún momento ni incluye en la bibliografía. La tesis del líder del PRI “reprodujo íntegros al menos 20 párrafos” del libro Estudios de Derecho Constitucional, de Miguel de la Madrid, publicado en 1977.

En otros casos, Peña Nieto cita a otros autores de forma ocasional pero no les atribuye algunos párrafos que copia literalmente y rara vez usa comillas. En otras ocasiones, los errores responden a una mala atribución. Por ejemplo: “Utilizó dos citas textuales de Justo Sierra, uno de los fundadores de la Universidad Nacional Nacional Autónoma de México (UNAM). Pero no las atribuyó al verdadero autor sino a otro historiador, Martín Quirarte”, denuncia la investigación.

La Presidencia lo llama “errores de estilo”

En la Presidencia de México han reaccionado en un comunicado, en el que el portavoz Eduardo Sánchez lamenta que “errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico”.

“El licenciado Peña Nieto presentó esa tesis hace 25 años. Cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado”, recalca Sánchez.

Enrique Peña Nieto vive uno de sus momentos de menor popularidad, como ha reconocido él mismo. Según una encuesta publicada recientemente por el diario Reforma, solo dos de cada 10 ciudadanos aprueba su gestión.

La periodista Carmen Aristegui fue despedida de la emisora Noticias MVS en 2015, tras publicar una información sobre la polémica mansión propiedad de la primera dama, Angélica Rivera, denominada 'casa blanca'. Este episodio relaciona a la pareja presidencial con el empresario Armando Hinojosa, que aparece en los Papeles de Panamá. El caso obligó a Peña Nieto a pedir disculpas.

Rivera volvió a estar bajo la lupa poco después debido a una investigación de the Guardian que revela que Angelica Rivera usa un apartamento de lujo de un valor superior a los dos millones de dólares comprado por el Grupo Pierdant, uno de los candidatos a construir puertos en México.

La primera dama de México está utilizando una lujosa propiedad en Florida comprada por una compañía que, muy probablemente, hará ofertas para conseguir lucrativos contratos gubernamentales, ha averiguado the Guardian. Angelica Rivera, la mujer del presidente Enrique Peña Nieto, está utilizando un apartamento valorado en más de dos millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, con la aparente aprobación del Grupo Pierdant, empresa candidata a construir puertos en México.

La compañía también ha pagado el impuesto de propiedad de un apartamento en Key Biscayne comprado por un holding creado por Rivera. Los acuerdos recuerdan a algunos aspectos de la compra de una mansión de siete millones de dólares en Ciudad de México a otro contratista del gobierno, escándalo conocido como el de 'Casa Blanca'.

El conflicto de intereses del matrimonio con algunos procesos de contratación del Gobierno cayó como un jarro de agua fría en 2014, arruinando la popularidad de Peña Nieto y sus credenciales reformistas, y reviviendo las constantes preocupaciones sobre la corrupción en el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La investigación de the Guardian sobre las propiedades en Florida revela una relación irregular entre la primera dama y el Grupo Pierdant, centrada en el complejo de Ocean Tower One, una comunidad privada con piscina, pistas de tenis y conserje de guantes blancos en Key Biscayne, una zona acomodada en el condado de Miami-Dade.

Rivera, una antigua estrella de telenovelas, compró una propiedad de tres dormitorios, el número 304, en 2005. Ella misma reveló su existencia públicamente en noviembre de 2014 cuando se dio a conocer el caso Casa Blanca, por el que tuvo que dejar que investigasen sus finanzas. Rivera dijo que había vivido en el apartamento de Florida durante un año con sus hijas. Según Zillow, el valor actual de la propiedad ronda los 3,5 millones de dólares.

Sin embargo, ella no mencionó al Grupo Pierdant ni al fundador de la compañía, Ricardo Pierdant, que tiene grandes intereses económicos en México y Estados Unidos. En 2009 Pierdant compró el apartamento 404 en el complejo de Ocean Tower One a través de una compañía, Biscayne Ocean Holding, aparentemente creada para este propósito. Desde entonces, parece haber dejado a la primera dama usar la propiedad de manera adicional a su otro apartamento. Esto les permite utilizar ambos como si solo fuera uno.

El empresario paga los impuestos de Rivera

Los propietarios utilizan el mismo número de teléfono. Una mujer que hablaba en español, que se identificaba a sí misma como María, dijo que los envíos para Rivera podían enviarse a cualquiera de las dos propiedades: “Es la misma”, explicó.

En marzo de 2014 la compañía Pierdant hizo más evidente el enlace –lo que suscita nuevas preguntas– al pagar los impuestos a la propiedad no solo del apartamento 404 sino también del 304, a pesar de que está a nombre de Rivera. La última factura fiscal de este año asciende a 29.703 dólares.

La creación de Pierdant de Biscayne Ocean Holdings para adquirir su apartamento sigue los pasos de Rivera, que registró su propia compañía, UNIT 304 OTO INC, para adquirir el suyo. Pierdant y Rivera son los únicos directores y propietarios de cada una de sus compañías.

El nexo entre ambos levanta sospechas porque una de las compañías de este empresario, Grupo Pierdant, está compitiendo por conseguir contratos del Gobierno para desarrollar puertos en México.

Cuando the Guardian llamó a Pierdant para preguntar sobre estas propiedades, este colgó sin dar ninguna explicación. El equipo de gobierno rechazó hacer comentarios, diciendo que nadie estaba disponible para discutir el asunto. La oficina del presidente rechazó más tarde una segunda petición diciendo que las propiedades de la primera dama son un asunto de seguridad.

Los vínculos entre Pierdant y el presidente de México y su pareja son noticia para los norteamericanos, que lo conocen como el cofundador de DecoBikes, un servicio para compartir bicicletas en Miami y San Diego. El conflicto de intereses entre su otra firma, Grupo Pierdant, y la primera dama hacen que se vuelva a recordar el caso de Casa Blanca, una mansión blanca modernista en la capital de México con siete dormitorios, suelos de mármol y un spa.

El escándalo explotó en 2014 cuando se descubrió que Rivera había comprado la mansión al Grupo Higa, una compañía asociada con un consorcio liderado por China que ganó un contrato del gobierno por 3,7 millones de dólares para la construcción de un tren de alta velocidad.

Rivera y su marido, que preside México desde 2012, negaron cualquier conducta impropia, con el argumento de que ella estaba pagando la casa a plazos con la fortuna que hizo en televisión. Sin embargo, la primera dama devolvió la propiedad y el mes pasado Peña Nieto se disculpó diciendo que el escándalo había dañado la confianza en la presidencia y el gobierno. “Por esta razón, con toda humildad pido que me perdonéis”, dijo. “Reitero mi sincera y profunda disculpa por la ofensa y la indignación que os he causado”.

La periodista que destapó el escándalo, despedida

El presidente pidió disculpas en la firma de una ley contra la corrupción, con la que el partido espera relanzar su dañada credibilidad en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, Carmen Aristegui, la periodista que destapó la historia de Casa Blanca, ha sido despedida del programa de radio en el que trabajaba y ha sido demandada, junto a su editorial, en un intento de que la denuncia no llegue a las librerías.

La divulgación del acuerdo de propiedad en Florida pueda provocar nuevas sospechas en torno al partido de gobierno, sinónimo de corrupción durante el siglo XX. Las propiedades de Ocean Tower One, “la urbanización más exclusiva frente a la playa en la bonita isla de Key Biscayne”, según dice la agencia inmobiliaria, no es la única conexión entre la Administración y Pierdant.

En 2014, la comisión nacional de hidrocarburos, que regula la explotación de hidrocarburos, pagó 61.500 dólares a la hermana del empresario, la abogada Aurora Pierdant, por el asesoramiento de la legislación energética.

Esto sucedió a pesar de que en 2011 –el año anterior a que Peña Nieto llegase al poder– la empresa pública Pemex la despidiese de la gerencia por una negligencia administrativa y por violar las normas al asignar un gran contrato. Se le prohibió trabajar en el sector público durante un año. La descripción que hace su empresa consultora la define como una experta en la elaboración de contratos con el Gobierno y de las bases de licitación.

Con información adicional de Rory Carroll

Traducido por Cristina Armunia Berges

Todos los meses Antonio paga una tasa equivalente a 3 dólares diarios que le da derecho a conducir un taxi en esta ciudad situada a unos 300 kilómetros al sur de la frontera con Texas. El gobierno local no recauda este dinero; lo hacen los Zetas, un grupo de crimen organizado que es tan extremadamente violento que Antonio, como muchos otros lugareños, ni siquiera se atreve a pronunciar su nombre.

Nunca trabaja de noche ya que no es seguro salir a la calle. Durante el día tampoco hay mucha actividad. Los tiroteos son frecuentes y la mayoría de los lugareños solo sale a la calle cuando es estrictamente necesario.

Sin embargo, Antonio no culpa al crimen organizado de la anarquía que reina en Ciudad Victoria. Culpa a los políticos de México, y más concretamente al partido en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El sentimiento generalizado es que la gente cree que el PRI es el culpable de todos los males que sufrimos”, explica Antonio, mientras espera que llegue un cliente en la parada de taxis de la plaza mayor: “A nadie, absolutamente a nadie, le gusta el PRI”.

Doce estados mexicanos celebran elecciones el próximo 5 de junio, entre ellos, Tamaulipas, cuyos votantes están sopesando una opción impensable hasta ahora: echar al PRI, que gobierna en este estado desde hace 86 años.

La popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, ha caído a mínimos históricos y los candidatos del PRI que se presentan a estos comicios en feudos del partido gobernante se enfrentan a candidatos advenedizos.

Los residentes, exasperados por la situación, afirman que quieren que su voto sirva para resolver problemas locales. En Tamaulipas esto no se traduce en la construcción de carreteras, pago de impuestos o escuelas; significa secuestros, extorsión y carreteras tan peligrosas que nadie en su sano juicio viajaría si no lo escoltan otros automóviles.

El PRI se está defendiendo con anuncios que atacan a sus adversarios y los acusan de tener vínculos con los grupos armados y con el tráfico de drogas.

El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, recientemente revocó las candidaturas de tres contendientes a la alcaldía de localidades en el estado que habían apoyado abiertamente la campaña del Partido Acción Nacional (PAN) alegando que “habían sido comprados y amenazados por criminales”.

Acusar a un candidato de complicidad con el crimen no es nada nuevo: dos exgobernadores del PRI, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, se enfrentan a cargos criminales en tribunales de Texas y la justicia de los Estados Unidos considera que son unos fugitivos. La fiscalía alega que Yarrison aceptó sobornos y permitió que el cártel del Golfo introdujera cocaína en Estados Unidos mientras que a Hernández lo acusan de conspirar para blanquear dinero. Los dos políticos niegan que estas acusaciones sean ciertas.

Controles ilegales, veto a la ayuda de emergencia...

El hecho de que el PRI acuse a sus adversarios de ser cómplices del crimen no deja de ser irónico y a la oposición no le pasa desapercibido.

Señalan que en el estado existe una segunda estructura de poder, paralela a la oficial: obligan a pagar por protección, establecen puntos de control ilegales en las carreteras e incluso prohíben la entrada de ayuda de emergencia en barrios pobres sacudidos por los huracanes.

“Tenemos dos gobiernos”, explica la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota durante un mitin del PAN en Tamaulipas. “Tenemos un gobierno de 9 de la mañana a 6 de la tarde y otro de las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana. El primero fue elegido por los ciudadanos mientras que el segundo se impone con secuestros, extorsiones, desapariciones, balas y muertes”.

Tamaulipas tiene forma de siete abultado y está embutido en el extremo noreste del país. En el pasado, la industria del petróleo se asentaba en el estado pero en la actualidad esta zona solo produce corrupción y contrabando.

Los cárteles de la droga han operado en el estado durante décadas pero hasta los noventa nunca amenazaron a la población local o se metieron en política. Según tres candidatos a gobernadores de la oposición, todo se torció cuando los partidos locales pidieron la ayuda a los capos de los grupos de crimen organizado para conseguir la victoria en elecciones muy ajustadas. 

“Los políticos les abrieron las puertas porque lo único que querían era ganar y estos bastardos empezaron a pedir”, indica Gustavo Cárdenas, un congresista que es el candidato del modesto Partido Movimiento Ciudadano. “Empezaron a pedir una participación de la gestión de los servicios públicos; contratos públicos, redes municipales de abastecimiento de agua, la policía de tráfico y la policía municipal. Muchos de los suyos todavía trabajan para las autoridades municipales”, subraya.

La inseguridad estalló en Tamaulipas en 2010, cuando el ala armada del cártel del Golfo, los Zetas, se enfrentó a sus jefes y terminaron con la pax mafiosi del estado con una espiral de violencia y de luchas intestinas por el control del territorio.

El volumen de atrocidades cometidas por estos grupos criminales es simplemente aterrador; han asesinado a miles de personas, han asaltado autobuses llenos de viajeros y los han masacrado, un cartel consiguió instalar un sistema de 120 cámaras de seguridad en la ciudad de Reynosa sin que las autoridades se opusieran, hombres armados invadiendo explotaciones agrícolas y secuestrando a todos los trabajadores. Se calcula que unos 3600 ranchos del estado están desocupados.

Asesinatos políticos

El derramamiento de sangre también ha salpicado a la clase política; en 2010 el candidato del PRI Rodolfo Torre Cantú (el hermano del actual gobernador) fue asesinado en la víspera de las elecciones. Se esperaba que ganase por una mayoría aplastante.

Todos los habitantes tienen una historia de violencia por contar.

En un mitin de Cárdenas celebrado en Ciudad Victoria, Fernanda, una estudiante de 18 años que prefirió no dar su apellido, explica que a principios de año su hermanastra, que estaba embarazada, y su cuñado fueron asesinados durante un tiroteo que tuvo lugar a las cinco de la tarde cerca de su escuela.

La impunidad es la norma y los medios de comunicación apenas hablan de la violencia. Los cárteles controlan a la mayor parte de los medios de comunicación del estado con amenazas y sobornos. Las redes sociales intentan llenar este vacío de información. En algunas ciudades, Twitter se incendia durante los tiroteos.

“De alguna forma, todavía censuramos”, indica Ramón Cantú Deándar, un candidato a alcalde en Nuevo Laredo, que se ha presentado como independiente y es el exdirector del periódico El Mañana. El propietario del periódico fue asesinado en 2004 y la redacción ha sido atacada en dos ocasiones con granadas y fusiles de asalto. El Mañana se vio obligado a dejar de informar sobre las bandas de crimen organizado.

La cobertura política tiende a favorecer al PRI. Tres periodistas locales reconocieron este hecho durante la campaña del PAN en la localidad petrolera de Tampico.

“El PRI siempre nos ha tratado muy bien”, explica uno de los periodistas. Reconoció que varios candidatos a la alcaldía le han dado dinero. Otro de los periodistas pregunta a the Guardian si le puede transmitir un mensaje al candidato del PAN, que estaba almorzando en el mismo acto: “Por favor, dile que tiene que velar por nosotros o los criticaremos”.

Un sondeo reciente realizado por Consulta Mitofsky da la victoria al candidato del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca. En sus mítines siempre luce botas de vaquero y se hace un sinfín de selfies con sus seguidores haciendo “cuernos” con las manos como es tradición en la Universidad de Texas. Habla sin embudos de problemas como la corrupción y la inseguridad.

En un mitin del PAN celebrado en la localidad petrolera de Tampico, Cabeza de Vaca subraya que “Tamaulipas es el estado con un mayor número de niños de entre 12 y 17 años imputados por delitos federales”.

“Si no hacemos nada al respeto, estos chicos se convertirán en la siguiente generación de sicarios, extorsionadores y secuestradores. Estamos condenando a nuestra sociedad”.

Tras el mitin, Cabeza de Vaca, que estudió en Texas, nos ofrece una entrevista, amenizada con nachos de carne y agua embotellada. El candidato pasa sin dificultad del inglés al español, si bien cuando habla de situaciones delicadas baja la voz y dice: “hablemos en inglés”.

“¿A qué peligro nos enfrentamos? Luchar contra un sistema que está en connivencia con el crimen organizado”, indica: “No estamos luchando contra el PRI. Luchamos contra el sistema. Hay más buenas personas que malas. Queremos reunir a todas las personas buenas”.

Cabeza de Vaca también ha levantado sospechas tras la compra de un apartamento en México DF que, según el periódico Reforma, está valorado en 2,5 millones de euros. Él asegura que el apartamento vale unos 700.000 euros y niega las acusaciones.

Sacos de frijoles para no votar a la oposición

Lo cierto es que a pesar de la retórica optimista de la oposición, la maquinaria del PRI sigue siendo muy robusta. Atiborra a los votantes más pobres con sacos de frijoles, arroz y aceite y alerta a aquellos que quieren votar a la oposición de la posible pérdida de las prestaciones sociales.

Fernanda, la estudiante cuya hermana murió en un tiroteo, afirma que unos militantes del PRI la amenazaron con quitarle la beca de estudios de 1.500 pesos mensuales si no trabaja para la campaña.

Los responsables de la campaña del candidato del PRI, Baltazar Hinojosa, no respondieron a las reiteradas solicitudes de entrevista.

En Ciudad Victoria, Juan Carrizales, que trabaja de limpiabotas, nos explica que va a votar al partido en el gobierno: “Trajeron muchos botes de betún”.

Cuando le preguntamos su opinión sobre otros problemas, como la corrupción y la inseguridad, nos muestra una tarjeta sindical con el logo del PRI: “siempre hemos apoyado al PRI”.

Traducción de Emma Reverter