En julio de 2025, unos días después de que Donald Trump anunciara el tarifazo del 50% a Brasil, el presidente brasileño, Lula da Silva, divulgó en sus redes un mensaje con una frase: “O PIX é nosso, my friend”. PIX, el sistema público de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), estaba en el epicentro de la disputa comercial entre los dos países. Un día antes del post de Lula, la agencia federal responsable de la política comercial internacional del gobierno estadounidense había incluido a PIX en su investigación por “perjudicar la competitividad de empresas estadounidenses que actúan en esos sectores”, en alusión velada a las corporaciones de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, a las que PIX ha arrebatado el liderazgo de los pagos electrónicos en Brasil.

Una semana después del tarifazo de Trump, el premio Nobel de economía Paul Krugman escribió un artículo en defensa de PIX, tecnología que definió como el dinero del futuro del mundo: “Las transacciones en PIX son casi instantáneas (tardan 3 segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y 28 de las tarjetas de crédito). Los costes son bajos: el sistema es gratuito para personas físicas y cobra apenas el 0,33% del valor transferido para empresas (frente al 1,13% de la tarjeta de débito y el 2,34% de las de crédito)”.

En su texto, Paul Krugman destacaba que PIX “parece estar substituyendo rápidamente tanto el dinero como las tarjetas”. En efecto, el dinero físico casi ha desaparecido de Brasil. En las tiendas nadie tiene cambio. Apenas el 6% de los brasileños usa billetes y monedas, frente al 90,9% que utiliza PIX. En 2025, PIX pulverizó todos los récords: 35,32 billones de reales en transacciones (58,69 billones de euros) y 63.500 millones de operaciones. Además, PIX está incorporando nuevas funcionalidades, como el pago automático de la cuenta de la luz, el agua o Internet, entre otras cosas. “Como medio de pago preferido de los brasileños, PIX ha mostrado ser práctico, rápido y más seguro, especialmente evitando la necesidad de sacar dinero en los cajeros de los bancos”, explica a elDiario.es Frederico Glitz, abogado especialista en derecho internacional, fundador de Glitz & Gondim Consultoría Jurídica. Por si fuera poco, PIX va consolidándose como medio de pago en el mundo empresas. Las transacciones entre personas y empresas han aumentado del 30% a finales de 2022 al 55%, informa el Banco Central de Brasil a este medio.

PIX muere de éxito. Y su proyección internacional, a pesar de Donald Trump, es imparable: se prepara una especie “PIX internacional” (Proyecto Nexus) y una expansión de PIX al universo económico de los BRICS, el bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que busca contrapesar la influencia financiera y política de Occidente. 

Sistema público

Krugman destacaba en su artículo el carácter público de PIX: “La industria financiera de Estados Unidos no permitiría nunca que un sistema público compita con sus servicios, especialmente si el sistema público es superior”. Aunque otros países de los BRICS tienen sistemas de pago electrónico parecidos a PIX (SBP en Rusia, UPI en India, WeChat Pay en China), ninguno es 100% público. Por su parte, el Bizum de España fue lanzado por un consorcio de bancos. En la mayoría de los casos, las operadoras privadas acaban siendo favorecidas. En el UPI indio, la participación de empresas privadas acabó provocando la concentración de los pagos instantáneos en multinacionales como Google o Walmart.

Carlos Eduardo Brandt, considerado el padre del PIX, que en 2025 dejó el Banco Central do Brasil (BCB) para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera imprescindible el carácter público de los sistemas de pago. “Para alcanzar un ecosistema de pagos realmente inclusivo, lo más apropiado es tener un agente neutro. En el caso brasileño, el agente neutro por excelencia es el Banco Central de Brasil”, aseguró Brant a la BBC. 

Para la economista Carla Beni, profesora de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), la administración Trump está incomodada con PIX porque no solo compite con las empresas de tarjetas de crédito, sino con las big tech, las grandes tecnológicas. “Sustituye gran parte del uso de tarjetas de débito y de crédito, especialmente tras el lanzamiento de servicios como PIX crédito (crédito) o Pix parcelado (pagar a plazos). También hubo reclamaciones de que el Banco Central habría impuesto barreras al WhatsApp Pay, algo que fue muy bueno para PIX y para Brasil, y eso acabó impactando negativamente también a Apple Pay y Google Pay”, asegura Beni en una conversación con elDiario.es.

¿Hacia un PIX global?

Una de las funciones de Carlos Eduardo Brandt como Experto Senior del Sector Financiero del FMI es estudiar cómo PIX puede aplicarse en una escala global. Simplificar los pagos instantáneos entre diferentes países es uno de sus cometidos. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira. Con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres, según Tobias Adrian, director del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Brandt ha acompañado de cerca el sistema que pretende intercomunicar el sistema de pago de los dieciséis países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y el Proyecto Nexus, bautizado como el “PIX internacional”, que ya está siendo implementado en cinco países asiáticos (India, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Carla Beni considera que 2026 es el año de transición en el que PIX va a pasar de ser un sistema de efectuar pagos domésticos para ser una herramienta de integración global y geopolítica. La especialista cita como referencia el Proyecto Nexus, del Banco de Compensaciones Internacionales (BIS). “Va a interconectar los sistemas de pagos instantáneos de más de sesenta países, incluso algunos como Italia, de la zona euro”, matiza.

Frederico Glitz considera que, al margen de decisiones geopolíticas, la expansión internacional de PIX ya está en marcha. “El consumidor brasileño ya encuentra establecimientos extranjeros que aceptan PIX, porque permite una mayor simplificación de operaciones internacionales”, sostiene Glitz. En Argentina, existen incluso aplicativos como Belo o PagBrasil que ya permiten pagar vía PIX. Carla Beni también destaca el crecimiento del PIX en el exterior por medio del sector privado. “Algunos establecimientos comerciales en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España también aceptan pagar con códigos QR vía PIX, con conversión inmediata para el real brasileño”, afirma Beni.

Por si fuera poco, para desconsuelo de Trump, PIX ha sido el primer sistema de pagos digitales que tiene la tecnología lista para conectarse al sistema de pago BRICSPay, una especie de “Pix de los BRICS”, que aspira a acabar con la hegemonía mundial del dólar.

La mala noticia ambiental de la explotación del bloque FZA-M-59 de petróleo en la desembocadura del Amazonas ha llegado antes de lo previsto. Un informe secreto del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), publicado por el Deutsche Welle, confirma que el pasado 4 de enero se produjo un escape de 18.440 litros de fluido con capacidad “tóxica suficiente para impactar animales marinos y el medio ambiente hasta su degradación completa”, a pesar de estar a 175 kilómetros de la costa.

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que el área costera donde está comenzando la cuestionada perforación del petróleo “engloba la mayor formación del mundo de manglares, algo que construye una reserva natural de carbono tan eficiente cuando las selvas, contribuyendo para la regulación de las temperaturas globales”. 

El IBAMA aplicó una multa de 2,5 millones de reales (algo más de 400.000 euros) a la empresa Petrobrás. Además, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), obligó a la petrolera a hacer cambios de parte de sus equipos –vedar el riser, tubos que conectan el pozo con la sonda flotante– y a realizar formación a su equipo. La ANP ya ha autorizado la vuelta a las operaciones de perforación, según Deutsche Welle, aunque realizará operaciones de monitoreo. El IBAMA se limitó a destacar el carácter secreto del proceso, que “solo podrá ser discutido con el público en general después de que haya sido juzgado administrativamente”. 

Escándalo y denuncias de autocensura en medios

El escape ha caído como una bomba en la sociedad civil. Varias organizaciones, entre ellas Greenpeace y el Observatorio del Clima, que ya recurrieron a los tribunales a finales de 2025 contra la explotación de petróleo en el pozo 59, han vuelto a pedir a la justicia el fin de la licencia ambiental en la desembocadura del Amazonas a Petrobrás, una empresa que acumula 1.790 multas del IBAMA desde 2020.

Además, la propia Fiscalía ha solicitado entrar como coautora de la Acción General Pública de las organizaciones de la sociedad que pedía en 2025 anular la licencia de explotación en el Bloque FZA-M-59. Ha pedido expresamente la “anulación o paralización de la licencia ambiental, con interrupción de las actividades del bloque exploratorio”. 

Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima y presidenta del IBAMA entre 2016 y 2019, que negó la explotación del bloque 59 hasta en cinco ocasiones, asegura en entrevista con elDiario.es que si el escape hubiera ocurrido con petróleo, los daños habrían sido inconmensurables: “A nuestro entender, el proceso no estaba suficientemente maduro para esa liberación. Es una área muy sensible. Petrobrás no demostró a lo largo del proceso haber cuidado de todos los elementos necesarios para una actividad de ese tipo. También se infravaloraron los riesgos de un accidente”, asegura Suely Araujo.

Por otro lado, denuncia la falsa narrativa de infalibilidad de la petrolera. “Petrobrás no puede considerar un absurdo que las personas cuestionen la capacidad de gestionar accidentes en una área como la desembocadura del Amazonas”, matiza. Por su parte, Mariana Andrade, coordinadora de Océanos de Greenpeace Brasil, denunció en declaraciones a DW que no ha sido realizado un análisis del impacto climático de la perforación a la hora de “emisión de la licencia”. 

El escape de 18.440 litros de fluido tóxico no ha tenido apenas repercusión en los grandes medios brasileños. El periodista Bruno Torturra denunció en su popular podcast Calma Urgente no sólo el escape, sino la autocensura imperante en los sobre los problemas Petrobrás, uno de los principales anunciantes de Brasil.  

Producción récord de petróleo en Brasil

La polémica del escape de fluido en la desembocadura del Amazonas llena en el momento de mayor bonanza brasileña de extracción de petróleo. La producción de crudo de Brasil alcanzó 3.953 millones de barriles diarios en enero, un alta de 14,6% en comparación al mismo mes del año pasado. En 2025, Brasil ya había registrado un volumen récord de extracción de petróleo, 3.770 millones de barriles, un aumento de 12,3% en relación a 2024. 

Por otro lado, tras la eclosión de la guerra en Irán, Petrobrás sacó pecho y afirmó que tiene capacidad para evitar el alza del precio internacional del petróleo, ya que la empresa abandonó en 2023 la política de paridad con el precio internacional. “La política de precios internacionales cambió y ahora lleva en consideración factores internos”, aseguró Ticiana Álvares, directora Instituto de Estudios Estratégicos en Petróleo (INEEP), al Jornal do Tocantins. 

El ofrecimiento petrolífero de Petrobrás llega a las vísperas de la celebración de la primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, organizada conjuntamente por Colombia y Países Bajos, que se celebrará el 28 y el 29 de abril en Santa Marta, en el Caribe colombiano. Irene Vélez Torres, ministra de Medio Ambiente de Colombia, sostiene que exigen al mundo “una hoja de ruta para eliminar gradualmente los combustibles fósiles”.

Por su parte, la presidencia brasileña de la COP30 continúa trabajando en una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles. Aunque dicho documento se quedó fuera de la Declaración de Belém de la COP30 el pasado noviembre, el proceso continúa. Brasil, que presentará su propuesta antes de la COP31, ha abierto el documento a comentarios de la sociedad civil hasta el próximo 31 de marzo.

Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de São Paulo en las elecciones de octubre, ha sorprendido incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza al alza. La última encuesta de Datafolha revela que el 46% de los brasileños consideran que la economía ha empeorado en los últimos meses, frente al 24% que piensa que ha mejorado y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explica en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirma Braz.

El experto argumenta, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad sube hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo dados del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha revela que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marca la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunciase un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogía que el 45% de los brasileños consideraba que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmaba que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula ha conseguido el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad ha realizado la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.

Brasil deja de proteger la embajada de Argentina en Caracas. La decisión forma parte de las piezas que se han movido con el drástico cambio del tablero político luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina de Venezuela, y tiene como telón de fondo las posturas antagónicas de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei.

El líder brasileño condenó la acción militar ilegal de la Administración Trump contra Venezuela, mientras que el mandatario argentino la apoyó. A esto se suman las publicaciones provocadoras de Milei en redes sociales como X e Instagram. El presidente ultraderechista difundió un mapa de América del Sur en el que se ubicaba a Argentina junto a Ecuador y Bolivia como futuristas y a Brasil y a Colombia, entre otros países gobernados por la izquierda, como favelas.

El canciller brasileño Mauro Vieira salió a responder. “Este mapa publicado por el presidente Milei requiere una actualización urgente”, dijo, y amplió con cifras económicas favorables a Brasil, y recordando que su país “tiene una moneda estable desde hace 30 años” y que no debe “ni un centavo al FMI”. Otro post del mandatario ultra argentino provocó malestar: un vídeo reciente de un discurso suyo en el que apoyaba “la presión de EEUU para liberar al pueblo venezolano” y finaliza con una foto de Lula abrazando a Maduro.

“El agravio terminó con la paciencia estratégica del presidente Lula. Como la mayoría de las cosas que produce nuestro presidente, una foto de Lula con Maduro, reproducida por las redes sociales a instancias de Milei, fue la gota que rebasó el vaso de enojo y Brasil deja de hacer los mandados para la representación diplomática argentina”, dice el excanciller argentino Rafael Bielsa (2003-2005) a elDiario.es.

Desde agosto de 2024, la diplomacia brasileña se había hecho cargo del edificio de la representación argentina a petición del mandatario ultraderechista. Milei había roto informalmente las relaciones con Maduro tras las elecciones presidenciales de ese año, y el Ejecutivo venezolano había exigido la retirada del personal diplomático argentino.

En aquellos momentos posteriores a los comicios, seis opositores venezolanos se habían refugiado en la embajada de Argentina en Caracas y, gracias a las gestiones brasileñas, lograron exiliarse en Estados Unidos en mayo del 2025. Mientras el Gobierno argentino habló de rescate por parte de la Administración Trump, otras fuentes revelaron que se trató de una negociación de Brasil que terminó otorgándoles una salvoconducto para que salieran de Venezuela por el aeropuerto internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía.

“Brasil ya hizo su parte”

“Brasil ya hizo su parte” al garantizar la integridad de los asilados y la inviolabilidad de la embajada, publicó el diario O Globo citando fuentes diplomáticas. Recuerdan también las gestiones realizadas en Caracas para liberar a Nahuel Gallo, el militar argentino que fue detenido en diciembre de 2024, acusado de vínculos con actividades de desestabilización por medio de “actos terroristas”.

En Buenos Aires ha crecido la expectativa sobre la liberación de Gallo, en medio de las excarcelaciones del Gobierno de Delcy Rodríguez. Según fuentes diplomáticas, el escenario cambia con la asunción de Rodríguez, en sustitución de Maduro. Durante año y medio, Lula había solicitado al mandatario venezolano que presentara las actas de las elecciones como prueba de su victoria electoral, algo que nunca sucedió.

Ahora, frente al ataque de Estados Unidos a Venezuela, el presidente brasileño se manifestó en contra de las acciones norteamericanas que llevaron al secuestro de Maduro y su mujer Cilia Flores, con el posterior encarcelamiento de ambos en Nueva York.

A diferencia del Gobierno brasileño, Milei asumió una postura de total respaldo a las acciones militares ordenadas por Trump. El intelectual Emir Sader señala a elDiario.es el contraste de posturas. “Lula, junto con varios presidentes latinoamericanos como México, Colombia, Chile y Uruguay condenaron vigorosamente el secuestro de Maduro. Milei, como voz aislada, saludó ese secuestro como un avance en la libertad de América latina”.

Que Brasil deje de proteger la sede diplomática argentina en Caracas también se lee como un gesto que aproxima a Lula da Silva con el Gobierno de Rodríguez, con el que ya ha mantenido contactos y al que le ha enviado 40 toneladas de medicamentos para pacientes renales que fueron destruidos con el ataque de Estados Unidos.

Se especula con la idea de que la sede diplomática argentina pase a estar custodiada por la Administración de la italiana Giorgia Meloni, con quien Milei tiene sintonía ideológica. También Lula mantiene una buena relación con Meloni. Voces expertas apuntan a que Lula movió los hilos para el voto favorable de Italia al acuerdo Unión Europea-Mercosur.

TikTok ha anunciado este miércoles una inversión de unos 200.000 millones de reales (37.735 millones de dólares o 32.258 millones de euros) en la construcción de un centro de datos que operará en Brasil.

El anuncio fue hecho por la directora de Políticas Públicas de la filial de la empresa de origen chino en Brasil, Mônica Guise, en el marco de una ceremonia encabezada por el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva. “Será el primer centro de datos de TikTok en América Latina y demandará una inversión de más de 200.000 millones de reales”, ha dicho Guise, quien ha apuntado que la cunatía de la iniciativa “demuestra el compromiso de la empresa con Brasil, uno de los mercados digitales más dinámicos del mundo”.

El centro de datos funcionará en el Complejo de Pecém, ubicado en el estado de Ceará (noreste), un puerto marítimo en el que ya operan otras empresas de alta tecnología y donde fue realizado el acto.

TikTok, la conocida red social de vídeo horizontal, es una de las plataformas tecnológicas más influyentes y que más crece en el mundo. La representante de TikTok no ha dado más detalles sobre el proyecto en Brasil, que se discute desde hace más de un año, pero aseguró que el centro de datos funcionará con “energía 100 % limpia” que, en parte, será generada por un parque eólico que la propia empresa construirá en Ceará y que es parte de la inversión proyectada.

Lula subrayó que la empresa “tiene el compromiso” de utilizar energía limpia, incluso la que será generada con el agua de los canales construidos para el trasvase del río San Francisco. Ese proyecto monumental que llevó agua desde la zona central del país hasta la árida región noreste, fue impulsado por el propio Lula desde 2007, cuando ejercía su segundo mandato.

“Cuando hicimos el trasvase del río San Francisco, no fue pensando en un centro de datos sino en llevarle agua a la gente del noreste”, aclaró este miércoles Lula, nacido en esta región hace 80 años. El mandatario añadió que “ese centro de datos va a ser una cosa extraordinaria para el desarrollo tecnológico del país” y manifestó su deseo que “sirva como ejemplo para otras empresas”. 

El estado de Ceará forma parte de la vasta franja semiárida del noreste brasileño, caracterizada por la irregularidad de las lluvias y los periodos recurrentes de sequía. Pese al trasvase del río San Francisco, se trata de un territorio con una disponibilidad de agua históricamente frágil.

Por ahora, ni TikTok ni el Gobierno han detallado cuánta agua necesitará el centro ni cómo se mitigarán posibles tensiones en épocas de escasez. Organizaciones ambientalistas alertan de que los centros de datos pueden convertirse en grandes consumidores en zonas vulnerables si no emplean sistemas de refrigeración eficientes o reciclaje intensivo.

La Policía Federal de Brasil ha detenido este sábado de forma preventiva al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado. La decisión de la Corte Suprema del país pone fin así al arresto domiciliaro del ultraderechista, que ya llevaba más de 100 días en prisión en su residencia, según apuntan medios locales y la agencia EFE.

Un grupo de policías ha acudido a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestado al dirigente de extrema derecha, que ha sido trasladado inmediatamente después a dependencias policiales. La Corte Suprema brasileña ha decretado la prisión preventiva del exmandatario para “garantizar el orden público”, después de que, aseguran los jueces, el expresidente intentara romper la tobillera electrónica que controla sus movimientos. Pretendía fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según ha afirmado la Corte.

El líder ultraderechista, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado y conducido a instancias policiales para “garantizar el orden público”, según justificó el Supremo en su decisión.

Bolsonaro fue condenado el pasado mes de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra el progresista Lula da Silva. La justicia brasileña concluyó que Bolsonaro había sido líder y principal beneficiario de un plan para impedir que Lula asumiera el cargo en 2023.

Se trata de la primera vez en la historia del país que un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia tras haber perdido las elecciones en 2022.

Bolsonaro ha permanecido bajo arresto domiciliario estricto por violar medidas cautelares. Este mismo viernes, la defensa del expresidente había pedido a la Corte Suprema que el ultraderechista pudiera cumplir la condena entera bajo el régimen de prisión domiciliaria, alegando motivos de salud. Sin embargo, la petición no ha sido escuchada, y sus abogados no se han pronunciado todavía sobre su arresto.

Aun así, se espera que su defensa solicite de nuevo el permiso para permanecer bajo arresto domiciliario. Durante estos 100 días, Bolsonaro ha tenido prohibido acceder a redes sociales, aunque ha podido disfrutar de otros beneficios, entre otros las visitas o llamadas de líderes y compañeros internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado su juicio en varias ocasiones de “cacería de brujas”.

Según medios locales, la prisión preventiva de Bolsonaro de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, que se espera que comience durante las próximas semanas, después de que el Supremo haya rechazado los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

En el marco del proceso por golpismo, el Supremo también ordenó este viernes la prisión preventiva para el diputado Alexandre Ramagem, gran aliado de Bolsonaro que también ha sido condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos. Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

Sonaba a pensamiento mágico o estrategia de presión y la realidad de las negociaciones climáticas lo ha confirmado. El plan público del presidente de la COP30, André Correa do Lago, era “adoptar el 19 de noviembre” un bloque decisiones sobre los asuntos más espinosos que había denominado Paquete Político de Belém. Ahí había colado el asunto de la hoja de ruta para superar la dependencia de los combustibles fósiles. El martillazo para sellar ese documento no llegó. Ni siquiera una segunda propuesta de acuerdo.

Desde el martes por la tarde, los delegados y observadores en la COP30 esperaban nuevos borradores, es decir, propuestas, por parte de la presidencia de la cumbre a las partes negociadoras. Lo único que se ha certificado en estas 48 horas es que la idea de abordar los asuntos más polémicos de manera separada no ha acelerado la conclusión.

Los “cuatro grandes temas” –así los llaman en la conferencia– son: cómo encauzar el dinero que el Norte Global debe aportar a los países en desarrollo; el comercio de emisiones; la transparencia a la hora de evaluar qué tal lo están haciendo los países y qué hacer para que los planes climáticos de los estados sean lo suficientemente efectivos para contener el calentamiento global a 1,5ºC. En este punto es donde Do Lago habla sobre los combustibles fósiles.

“Han seguido las reuniones a puerta cerrada, lo que significa que los desencuentros prosiguen”, analiza desde la sede de la COP30, el responsable de cambio climático en de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. “También indica que, al menos, las delegaciones tienen algo sobre lo que negociar”, añade.

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, ha vuelto a Belém do Pará para impulsar el proceso. Da Silva ha insistido de nuevo en la necesidad de abrir una hoja de ruta encaminada a que los países abandonen el petróleo, el gas y el carbón, pero “sin imponer nada a nadie”, dijo ante los medios en la ciudad amazónica.

Además, el político admitió que, en las COP, “todo tiene que ser por consenso”, lo que ha puesto en evidencia el principal escollo en estas cumbres: de nada sirve el impulso o la determinación de una figura política internacional de alto perfil como Lula da Silva, si no consigue construir una acuerdo más o menos unánime en torno a una postura concreta.

“La intervención de Lula da Silva ha sido en un tono muy optimista, como si la COP30 ya hubiera concluido y hubiera mucho que celebrar, pero no estamos ahí”, aclara la directora ejecutiva de Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali. Necesitamos planes efectivos para abandonar los combustibles fósiles y la deforestación. Belém puede ofrecer una COP maravillosa, pero eso depende del texto final que aún no ha llegado“.

Contradicciones

Las posturas sobre los hidrocarburos no son novedosas, aunque el presidente de la COP ha dicho en una entrevista con el periódico The Guardian, que en estos momentos “están en extremos opuestos: unos muy favorables [al abandono] y otros muy desfavorables. No hay muchos países que se muestren indiferentes”.

Correa do Lago ha repetido que los “países productores de petróleo”, y Brasil es uno de ellos y pretende incrementar sus extracciones, “tienen decidir por ellos mismos cómo interpretar la transición lejos de los combustibles fósiles”. Las contradicciones de estos estados que representa su país –produce petróleo, tienen los mayores bosques tropicales, es un gigantesco productor de carne y sus emisiones de CO₂ provienen sobre todo de la deforestación– son claras.

La cumbre está prevista hasta el viernes 21 de noviembre. En los últimos diez años, nunca ha terminado dentro del calendario inicial.

Incisiva, contundente, directa. Alessandra Korap (1985), más conocida como Alessandra Munduruku, la activista indígena más influyente de Brasil, se expresa con autoridad. “Quiero hablar más, no quiero que me interrumpas”, dice en un momento de la entrevista. Alessandra Munduruku recibe a elDiario.es a bordo del barco Imperatriz, sobre el río Guamá. Rodeada de su familia, en un pequeño descanso en medio de su intensísima agenda durante la COP30, Korap habla de las reivindicaciones indígenas, de la importancia de mantener la selva en pie y de la falta de escucha del presidente brasileño Lula da Silva. “Está sordo, todavía está ciego. No ha aprendido lo suficiente”, afirma. 

Cuando el micrófono no está grabando, Korap ironiza sobre la ocupación de la Zona Azul por parte de los pueblos indígenas que ocurrió el segundo día de la COP30. “La ONU pensaba que nadie podía ocupar la Zona Azul, y ahí llegamos nosotros y la ocupamos”, comenta sonriendo. A su vez, el pasado viernes, el pueblo Munduruku cortó el acceso a la Zona Azul, para reivindicar la demarcación de dos tierras indígenas en el río Tapajós, amenazado por buscadores de oro, empresas mineras y por un polémico nuevo proyecto de hidrovía. Tras el bloqueo, Alessandra Korap entró a la Zona Azul para negociar con el gobierno, que demarcó las tierras indígenas de forma inmediata. 

En Brasil, Alessandra Munduruku es un icono pop. Su rostro estampa muros, paredes, camisetas. Protagoniza portadas de revistas de moda. En el mundo, es una de las indígenas más respetadas.  En 2019, dio un discurso para más de 270 personas en la Puerta de Brandemburgo de Berlín. En 2022, ganó el premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en Estados Unidos. En 2023, fue homenajeada con el Premio Goldman, considerado Nobel del medio ambiente.

El pasado viernes el pueblo Munduruku cortó el acceso a la Zona Azul de la ONU. ¿Cuáles fueron los motivos? 

La ONU dice que tiene 192 países, y todos esos países no están escuchándonos. Estamos en mi casa, en la Amazonia, en el estado de Pará. Algunos tenemos incluso acceso al espacio (Zona Azul), pero no tenemos voz. Sé que se está intentando escuchar a los pueblos indígenas, pero no es suficiente. Necesitan oír mucho más, escuchar y sentir lo que está ocurriendo con los ríos, con la selva y principalmente con los pueblos indígenas. 

Tras el corte, el pueblo Munduruku fue recibido por Sônia Guajajara (ministra de los Pueblos Indígenas) y por Marina Silva (ministra de Medio Ambiente). El Gobierno demarcó dos tierras indígenas Munduruku que estaban pendientes. ¿No podían haberlo hecho antes?

En Brasilia, el presidente nunca nos escucha. Ahora aprobó el decreto 12.600 (decreto presidencial que abre el camino para construir hidrovías en algunos ríos de la Amazonia). Por eso dijimos, vamos a cortar el acceso a la ONU ahora. El resto de países también son responsables, porque compran minerales y madera de nuestra tierra. Son ellos los que incentivan al gobierno de Brasil a crear leyes y a expulsarnos de nuestro territorio. Son responsables de matar nuestro río y de frenar las demarcaciones de tierras indígenas en Brasil.

El segundo día de la COP30, por primera vez en la historia, la Zona Azul de las negociaciones fue ocupada. En ese preciso momento, en uno de los principales espacios paralelos, la COP do Povo, los activistas celebraron que los indígenas entraron en la Zona Azul como si fuera un gol en un mundial de fútbol. Algunos llevaban intentando ocupar la Zona Azul desde la Cumbre de Copenhague de 2009. ¿Cómo se consiguió esa hazaña?

Tenemos mucha fuerza. Solemos decir que nos llega mucha energía del río, de la selva, de los rituales que hacemos. Eso es lo que nos motiva. Los enemigos nos invisibilizan. Cuando los enemigos no nos prestan atención y se despistan, ya estamos ahí, haciendo una acción para que la vean de todas las partes del planeta.

¿Cuál es la importancia conservar la selva en pie para los pueblos indígenas, y para el clima del mundo? Estos días, todos los indígenas que han intervenido en paneles o hecho declaraciones a medios de comunicación han resaltado que están sintiendo el cambio climático de una manera fuerte... 

Ninguna empresa minera o petrolera está preocupada con el medio ambiente. En Europa, la gente está en el frío o en el aire acondicionado, decidiendo en una oficina por nosotros. Aquí, ya sentimos el cambio climático. La tierra se seca. Cuando hace tanto calor, la yuca, el açaí, se queman. Los ríos se secan y los peces se mueren. Ya estamos sintiendo los incendios, las enfermedades. Si los ríos se secan, ¿dónde vamos a beber agua? Estamos teniendo que comprar agua porque el agua desapareció. Queman la selva para plantar soja, y ese humo es peor que la contaminación de São Paulo. La Amazonia vive en el caos porque las empresas financian al agro-negocio para invadir nuestras tierras.

El gobierno de Brasil ha propuesto el Fundo Florestas Tropicais em Pé para Sempre (TFFF), un fondo global para que el mundo por conservar las selvas en pie. ¿Cómo le explicaría a alguien de Europa que en la mayoría de los casos, en esa selva en pie hay habitantes, gente que cuida de la selva, indígenas, afrodescendientes, población ribeirinha?

Mira, quienes han venido a la COP30 desde todo el mundo ya se han dado cuenta de que Belém es una ciudad grande. Hay edificios, casa, coches, tecnologías, aviones. Los indígenas, los pescadores, los ribeirinhos, estábamos tranquilos. De repente, llegan la ciudad y las empresas expulsándonos. Colonizan las mentes con dinero, porque necesitan dividirnos. Cuando el gobierno dice que va a invertir recursos, para nosotros no llegan. La sanidad está precaria, estamos enfermos. Las mujeres se enferman con el mercurio de los buscadores de oro. Y ahora llegan todas esas empresas que están invadiendo nuestras tierras diciendo que van a salvar las Amazonia... 

¿Aparte de inversión pública, sería importante tener financiación directa del fondo global propuesto por Brasil, gestionado directamente por pueblos indígenas y las comunidades locales que ayudan a conservar la floresta? 

El gobierno piensa que somos incapaces de hacer eso. Pero si tenemos de todo, estamos muy organizados. Tenemos fondos asociaciones, institutos, medios de comunicación. Claro que somos capaces. 

A Belém han venido movimientos ambientalistas de todo el mundo, pero también movimientos sociales de las más diversas causas. ¿Considera importante la alianza de los pueblos indígenas con movimientos sociales urbanos, incluso del norte global? 

Sí, me parece importante esa alianza. La ciudad también está sufriendo. Las ciudades están despertando. Los jóvenes están despertando. Pero es insuficiente. Necesitamos parar el avance del capitalismo que nos está matando. Quien vino a la marcha (Macha Mundial por el Clima del pasado sábado) es porque está entendiendo la importancia de conservar el medio ambiente y sabe que el cambio climático está ocurriendo. Me siento muy feliz al ver que ese grito no es solo mío, sino de todo el mundo.

Unas semanas antes de la COP, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA) liberó la perforación de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas. ¿Qué le parece la idea de continuar explotando petróleo?

Cuando se abre un camino de un proyecto grande que va a perjudicar el medio ambiente, a los ríos, a los pueblos de la selva, abre la puerta a otros proyectos. Si no existe consulta previa, como es el caso, se está violando el derecho. La violación de la naturaleza y de los pueblos indígenas ya comenzó. Si se derrama petróleo, ¿quién va a ser el responsable?

A pesar das contradicciones del presidente Lula da Silva, el gobierno tiene por primera vez en la historia una ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara. ¿Cómo evalúa al gobierno Lula en relación a los pueblos originarios?

El presidente Lula tiene mucho que aprender. Su primer error fue construir la presa de Belo Monte (se refiere a la presa de Belo Monte del río Xingu, construida durante el mandato de Dilma Roussef). Después, intentaron más presas en ríos sagrados. Después, en nuestro río Tapajós. Solo no consiguieron construir la presa porque no dejamos a los investigadores y técnicos pasar. 

Ahora dice que está oyendo a los pueblos indígenas, pero aprueba la privatización de nuestro río con el decreto 12.600. Aprobó la perforación de petróleo, del ferrogrão (ferrovía para llevar grano de soja al río Amazonas desde el sur). O sea, todavía está sordo, todavía está ciego. No ha aprendido lo suficiente. No está respetando los derechos de los pueblos indígenas. De nada sirve que hable de medio ambiente si no escucha a los pueblos indígenas. 

En la marcha había muchos carteles con la frase, “eu sou corpo-território” (yo soy cuerpo-territorio). ¿Cómo explicaría de manera didáctica a los europeos que los pueblos indígenas no consideran la naturaleza algo externo, sino parte de su propio cuerpo? 

Los blancos usan la biblia, religiones. Si hieres esa Biblia, sienten que hieren sus cuerpos, ¿no? Estás hiriendo su espíritu. ¿Por qué no podemos decir nosotros que el río y la selva son parte de nuestro cuerpo? Si se hiere a un cura, los blancos se indignan. Si rasgas la biblia, se sienten ofendidos. ¿Por qué el río no puede ser nuestro dios? Los blancos no entienden que el río es cuerpo, es territorio, es naturaleza. 

Hace unas semanas usted protagonizó la portada de la revista Vogue. ¿Por qué aceptó? ¿Era una guiño a las mujeres, al movimiento feminista? 

Bueno, tenemos que enseñar a los hombres a respetar a las mujeres. Tienen que dejar espacio a las mujeres. Sobre la revista Vogue... nunca había oído hablar de ella, porque mi lucha es a ras de suelo, en el enfrentamiento. El mundo de la moda tiene que entender que es necesario valorar más los productos de la naturaleza y ayudar a quienes lo necesitan. Hay comunidades que no tiene escuelas o agua. La moda no entiende que luchamos por el territorio, que es el río. A la gente de la moda les da igual la selva, los ríos. Necesitan cambiar y empezar a hablar de la naturaleza y de los pueblos tradicionales, ¿no? 

¿Cómo protegen las mujeres el territorio? 

Todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto. Yo no ando sola. Decidimos todo en conjunto. Somos nosotras quienes muchas veces hacemos el enfrentamiento. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones somos invisibilizadas. Yo aprendo mucho con las mujeres.

Hablando de su imagen. Ha adquirido mucha potencia en redes sociales. Y los pueblos indígenas están muy organizados comunicativamente hablando. Tienen colectivos como Mídia Indígena... ¿Qué importancia tienen las redes sociales para su causa? 

Las uso mucho. Las uso para mostrar nuestros cánticos, para denunciar, para mandar un recado, porque a veces nadie quiere oírnos. Se convirtieron en un arma. La tecnología ayuda en nuestra lucha. Y mucho. No quiero que me maten después de haber sido invisibilizada. Quiero hablar ahora de la lucha. Quiero enseñarle a todo el mundo nuestro río, nuestra selva, nuestro pueblo. 

¿Cómo consigue imaginar el futuro? 

El futuro depende de la juventud, de los niños. Si crecen en las universidades, en las escuelas, si les educamos en casa lo que es respetar a los pueblos indígenas, si usan la tecnología para visibilizar la conservación de la Amazonia, el futuro va a mejorar. Si no nos respetan, no hay demarcación de tierras y solo se sangra la tierra va a ser un desastre y el cielo va a caerse.

El tarifazo del gobierno de Estados Unidos empieza a volverse en su contra. El pasado 28 de abril, un influencer chino publicó un vídeo mostrando navíos brasileños descargando soja en el puerto de Ningbo-Zhoushan, próximo a Hangzhou y Shanghái. “Después de que China redujera las compras de Estados Unidos, navíos con soja brasileña están apareciendo uno detrás del otro”, afirmó en la plataforma Weibo. Tras el revuelo, Chao Chenxin, vicedirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del gobierno de China se vio obligado a dar una rueda de prensa para confirmar que la soja brasileña estaba sustituyendo a la estadounidense, tal como recoge un artículo de la Cámara de Comercio de Desarrollo Internacional Brasil-China. “Incluso sin la adquisición de cereales y de granos oleaginosos de Estados Unidos, el suministro doméstico continuará estable”, declaró Chao Chenxin.

El pasado mes de abril llegaron al puerto de Ningbo-Zhoushan 700.000 toneladas de soja brasileña, un 32% más que en el mismo mes de 2024. Mientras tanto, las exportaciones estadounidenses a China se desploman. La segunda semana de abril China compró 72.800 toneladas de soja a Estados Unidos, mientras que en la tercera semana apenas fueron 1.800, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La previsión de importación de granos por parte de China desde abril hasta finales de junio representa un récord histórico, según Bloomberg: treinta millones de toneladas, provenientes principalmente de Brasil, Argentina y Uruguay.

Las alarmas han estallado en el interior de EEUU. Los agricultores estadounidenses empiezan a alzar la voz contra la política arancelaria del presidente Donald Trump. “Los productos comprados por China de nuestros competidores en Brasil o Argentina no tienen el arancel extra de los estadounidenses. China recurrirá primero a América del Sur y sólo comprará soja de Estados Unidos cuando sea absolutamente necesario”, afirmó Caleb Ragland, presidente da Asociación Americana de Soja y productor en Kentucky, a CNN.

El eje México-Brasil se robustece

Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, aprovechó su visita a la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta mexicana el año pasado para estrechar las relaciones económicas con México. Lula lanzó la propuesta de instaurar un foro económico bilateral permanente y de realizar dos grandes eventos empresariales, uno en cada país. Desde entonces, el eje México-Brasil está robusteciéndose. Sheinbaum viajó a la cumbre de presidentes del G20 en Río de Janeiro. Fernando Haddad, ministro de Economía de Brasil, acaba de reunirse en México con la presidenta y empresarios de ambos países para trabajar conjuntamente la transición energética e integración de la región. “Hasta ahora, México era considerado un país de economía orientada a las exportaciones a América del Norte, pero poco integrado con los vecinos del sur. Esto va a cambiar con la política aislacionista de Trump”, argumenta el analista político Alexander Busch en un artículo. 

Leonardo Paz, investigador del Núcleo de Prospección e Inteligencia Internacional de la Fundação Getúlio Vargas (FGV), asegura a elDiario.es que la reacción latinoamericana al gobierno Trump está siendo más económica que política. “No veo movimientos de integración en la región. Para que eso ocurra tienes que tener un país liderando eso. Brasil ocupaba ese papel en los años 2000. Brasil y Argentina, en este momento, son países, básicamente, antagonistas en un sentido ideológico”, afirma Paz.

El investigador reconoce que aunque el tarifazo de Trump produce el efecto colateral de aumentar el comercio interno latinoamericano, la mayoría de los países “están buscando una solución fuera de la región”. El cambio, según el investigador, está ya ocurriendo. “Los países latinoamericanos están moviendo sus cadenas de producción hacia otros lugares. Básicamente, desplazas a otros mercados la ruta de los flujos comerciales, para que la cadena tenga más eficiencia económica. Brasil, por ejemplo, está dejando de comprar una serie de productos de Estados Unidos”, asegura Paz.

La vía asiática

Colombia se incorporó el pasado mes de mayo a la Franja y la Ruta, conocida popularmente como la Nueva Ruta de la Seda, un ambicioso proyecto de integración global de China en el que ya participan 140 países. Como contrapartida, China ofreció a Colombia una línea de financiación de 8.250 millones de euros y prometió aumentar sus importaciones del país.

El ingreso en la Nueva Ruta de la Seda de Colombia, aliado histórico de Estados Unidos, desequilibra aún más la guerra comercial entre Pekín y Washington en América Latina. Brasil, que a pesar de tener una relación comercial privilegiada con Pekín no forma parte de la Nueva Ruta de la Seda, acaba de cerrar acuerdos billonarios con el gigante asiático en economía digital e Inteligencia Artificial.

Por su parte, Chile, que ya forma parte de la Nueva Ruta de la Seda, está en un proceso acelerado de aproximación económica al gigante asiático. La inversión china en Chile creció un 1.370% entre 2016 y 2023, según Invest Chile, especialmente en infraestructuras.

A pesar de que Panamá no renovó el memorándum con China, después de presiones directas de Estados Unidos, la Nueva Ruta de la Seda tiene pilares sólidos en América Latina: veintiún países de la región forman parte del proyecto.  

Por otro lado, la nueva política comercial de la Casa Blanca está provocando en América Latina otro efecto colateral con sabor asiático: el estrechamiento de relaciones comerciales con India. El pasado abril, Nueva Delhi acogió el encuentro empresarial India-América Latina con el objetivo de garantizar el acceso del país a los minerales estratégicos para su cadena productiva. Durante la visita de Gabriel Boric a India, la chilena Codelco, mayor empresa de cobre del mundo, firmó un acuerdo con la estatal india Hindustan Copper. El año pasado, India firmó un acuerdo con Argentina para la explotación conjunta de litio entre las empresas públicas Khanij Bidesh India y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado.

Los múltiples acuerdos recientes de India en la región, detallados en un artículo de Folha de São Paulo, vienen de la mano de la apertura de nuevas embajadas. La última, en Bolivia, país rico en litio. La vía asiática de América Latina se redondea con el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y los Emiratos Árabes, de aprobación inminente.

Por si fuera poco, los impuestos por la Administración Trump también acercan a la economía latinoamericana a Europa. No solo facilitando la posible aprobación definitiva del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, sino propiciando una aproximación histórica con la European Free Trade Association (Efta), bloque comercial formado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En julio concluyeron las negociaciones del acuerdo de libre comercio del Mercosur y la Efta. El acuerdo se firmó oficialmente en Río de Janeiro el pasado 16 de septiembre y busca crear una zona de libre comercio que abarca a unos 300 millones de personas. El tratado entrará en vigor una vez que sea ratificado por los parlamentos de cada país miembro.

Mientras el presidente norteamericano despliega su guerra comercial, la caza de brujas a los inmigrantes y su propaganda, la diplomacia silenciosa de Brasil aleja a América Latina de las garras del Tío Sam. El candidato apoyado por Estados Unidos para presidir la Organización de Estados Americanos (OEA), creada en 1948 y con sede en Washington (EUA), retiró su candidatura por la falta de apoyos. El candidato de Lula –el progresista Albert Ramdin, exministro de asuntos Exteriores de Surinam– presidirá la organización hasta 2030. La OEA vuelve a mirar al sur.

Desde este lunes y hasta el 20 de noviembre, el mundo se reúne en la ciudad brasileña de Belém do Pará para la Cumbre del Clima de la ONU. La COP30 debe dilucidar si esta manera colectiva de afrontar la crisis climática, el llamado multilateralismo, está enchufada a un soporte vital tras el boicot activo de EEUU o si puede concretar acciones después de los discursos.

El mismo presidente brasileño, Lula da Silva, ha colocado alto el listón: “No es momento de más discursos”, pero la COP llega en una situación “de decrecimiento en la confianza hacia el multilateralismo” como fórmula para conseguir avances, como dice el jefe de estudios de energía y clima del Instituto Montaigne, Joseph Dellate. Así que se abre la duda de si esta cumbre sirve para salvar el multilateralismo y si, además, puede obtener avances en la lucha contra el cambio climático.

Multilateralismo es la palabra que revolotea todo el rato. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo a Lula nada más llegar a Brasil: “Gracias por tu firme compromiso con el multilateralismo ahora que es el mundo lo que está en juego”. ¿Pero qué es? En principio, algo tan simple como la colaboración entre países para afrontar problemas comunes.

Parece diseñado para atajar el gran problema común de la humanidad: el cambio climático. Y fue el modelo que permitió llegar a un acuerdo legalmente vinculante como es el Acuerdo de París de 2015. París se aprobó por consenso, sin votaciones, y establece que cada parte se compromete a hacer lo que esté en su mano para frenar el calentamiento global. Se autoobliga a cumplir al firmar el Acuerdo.

Fue lo que salvó la acción contra la crisis climática después del fracaso sin paliativos que supuso la COP de Copenhague 2009 que debía renovar el Protocolo de Kioto (al que nunca se adhirieron por ejemplo, EEUU o Canadá).

Sin embargo, y cumpliendo con el papel autoasignado de anatema de la colaboración, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha decidido no enviar delegados de alto nivel a la COP30. Aunque Trump anunció en enero que su país abandona el Acuerdo de París, la salida efectiva toma un año. Además, la COP es un evento de la Convención de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (UNFCCC) de la que EEUU sigue participando. Es decir, si no van es porque no quieren.

EEUU ha bombardeado directamente la negociación climática al declarar oficialmente que no admiten que ninguna medida ambiental pueda perjudicar sus intereses.

“Belém será la prueba definitiva de si el multilateralismo puede responder a la emergencia climática o si el sistema está capturado definitivamente por intereses corporativos y de los países más ricos”, resume el coordinador del área climática de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, horas antes de viajar a Brasil.

La respuesta parece que está en Europa, China y la anfitriona Brasil. “He sido negociador climático durante muchos años y lo que ha cambiado es el sentimiento de urgencia actual”, explica el presidente de la COP de Belém, André Corrêa, quien ha subrayado la importancia del sistema multilateralista.

Con todo, esos tres actores aterrizan con sus rémoras. La UE casi llega a Brasil sin plan climático común, China se ha comprometido a un leve recorte de emisiones una vez que alcance su pico y Brasil acaba de aprobar nuevas perforaciones petrolíferas.

¿Qué puede salir de Belém?

Llegados a este punto y con las delegaciones en la Amazonia, el Gobierno de Brasil pretende transformar la COP30 de Belém en la Cumbre Climática de las “implementaciones”. Apoyado en la autoridad moral de pueblos indígenas y en el talismán verde de la selva, el anfitrión planea dirigir su reconocida “diplomacia cordial” hacia el campo ambiental. Una mezcla de diplomacia y pragmatismo, irreverencia para modificar la hoja de ruta oficial y presión popular.

Brasil quiere colocar la deforestación en el epicentro de las discusiones. El Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, de sus siglas en inglés), es la propuesta estrella del gobierno Lula. El plan pretende captar fondos para que países como Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo, sean remunerados por los “servicios ambientales” prestados por sus selvas tropicales. En esta COP, Brasil aspira a que los recursos ofrecidos por el primer mundo no sean solo préstamos, sino donaciones.

Por otro lado, “un punto importante del TFFF es que el 20% de los fondos sean destinados directamente a comunidades tradicionales y pueblos indígenas”, asegura en entrevista telefónica Ciro Brito, abogado y analista de políticas climáticas del Instituto Socio Ambiental (ISA), negociador oficial en la COP30. Por otro lado, Brasil pretende conseguir otros hits paralelos: un acuerdo global para apoyar el uso de biocombustibles (el 22,5% del combustible usado en el país es bio) y la creación de un mercado único de carbono que ponga orden y corrija prácticas de greenwashing.

Lo que ocurre es que el gran asunto sigue siendo cómo desenganchar a la humanidad de los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el carbón y el gas, que son los que mandan el 75% de las emisiones de gases a la atmósfera. Reducir ese foco es lo que en las COPs se llama mitigación.

“En mitigación no vamos a poder tener mucho porque los planes nacionales, como el de la Unión Europea, han llegado mucho más tarde de lo que debían”, explica Javier Andaluz. “Lo que vemos es que Brasil, que quiere que salga algo positivo de su cumbre, puede conseguir varios acuerdos entre diversas partes sobre diferentes asuntos, pero no en el acuerdo global de todos los países. Y eso, que tiene mucha menos fuerza legal, nace casi ya como papel mojado”, remata.

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas tendrán una presencia histórica en la COP30. No sólo están representados en algunos paneles de la Blue Zone, sino que cuentan con una aldea propia levantada en la Green Zone reservada para la sociedad civil. Célia Xakriaba, única diputada indígena de Brasil, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en declaraciones a elDiario.es considera que la COP en la Amazonia representa la oportunidad de conseguir un cambio real y concreto. “Nosotros, indígenas, no queremos ser más vistos como parte del paisaje, sino como sujetos políticos de un nuevo tiempo. Estamos listos para construir un pacto vivo entre pueblos, selvas y futuros posibles”, afirma Célia. La causa indígena contará con una manifestación propia, el día 17, cuyo lema es “A Resposta Somos Nós” (nosotros somos la respuesta).

Brasil incorporará al lado no oficial la COP30 uno de sus legados sociales más queridos: la Cúpula dos Povos (Cúpula de los Pueblos). Fundada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, pieza clave del ciclo del antiglobalización protagonizado por el Foro Social Mundial (nació en 2001 en Porto Alegre), la Cúpula dos Povos celebrará una verdadera contra cumbre en la que los movimientos sociales son los verdaderos protagonistas. “La presencia de cuatro mil indígenas de todo el mundo meterá presión a las negociaciones. La Cúpula dos Povos tiene una metodología: hacer debates temáticos y presentar al final una carta a la presidencia. Esa carta será crítica y nos ayudará a cambiar el escenario de las negociaciones”, matiza Ciro Brito.

El día 12, una manifestación de barcos sui generis saldrá desde la Cúpula de los Pueblos por el río Guama que baña Belém. Y el día 15, la Cúpula lidera la Marcha Global Unificada. Por si fuera poco, Belém aporta más novedades populares: las Yello Zones (puntos de debate en periferias y favelas) y una Black Zone para discutir cuestiones como el racismo ambiental. Ruth Ferreira, una las coordinadoras de las siete Yellos Zones de Belém, asegura a este medio que quieren poner sobre la mesa cómo el racismo ambiental y la crisis climática afectan a las periferias del mundo. “Cada zona tiene la particularidad de su propio territorio. Queremos que las personas se sientan dentro del debate climático y se vean como agentes de cambio”, afirma Ferreira a elDiario.es.

Así que la partida se juega en Belém, ciudad en la que antes de las alteraciones climáticas el chaparrón torrencial de cada tarde era tan fuerte que la gente quedaba sin hora concreta “depois da chuva”. A las puertas de la estación húmeda, la previsión del tiempo para los negociadores del clima es un verdadero recado de la Tierra: más calor y mucha menos lluvia de lo habitual para estas fechas.

La cumbre del clima de la ONU tiene un elefante en la sala: el petróleo. El pasado 20 de octubre, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), autorizó a la empresa Petrobras a perforar un pozo de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas. A pesar de estar a 175 kilómetros de la costa, el llamado 'bloque 59' está dentro de la cuenca hidrográfica del mayor río del mundo. “Aunque haya sido una decisión difícil, se impuso el criterio técnico. Haberlo anunciado después de la COP30 habría sido hipócrita”, aseguró hace unos días Rodrigo Agostinho, presidente del IBAMA, en una entrevista a Folha de São Paulo. La decisión, que llega tras fuertes presiones del gobierno de Brasil, queda en entredicho por un informe negativo de 29 técnicos del propio IBAMA, que alertan de posibles daños ambientales serios. “Yo ya había dicho que no es posible abrir la mano del combustible fósil de un día para el otro”, afirmó el presidente de Brasil, Lula da Silva, el pasado martes.  

A las puertas de la COP30, que arranca el próximo lunes en la ciudad amazónica de Belém, la decisión ha caído como una bomba. Ocho grandes organizaciones de la sociedad civil han recurrido la decisión a la Justicia, alegando que la licencia de perforación ignora los impactos ambientales. El Partido Socialismo y Liberdade (PSOL), aliado izquierdista de Lula, ha criticado con dureza la decisión. “Necesitamos salir de la dependencia del uso de combustibles fósiles, porque es lo que está calentando la temperatura de la Tierra”, ha declarado Marina Silva, ministra de medio ambiente, a la Agência Brasil, sin atacar directamente la decisión del IBAMA.

La explotación petrolífera profundiza la división del gobierno de Lula. Además de hacer frente al rechazo de la ministra Marina Silva y a Sônia Guajajara (ministra de los Pueblos Indígenas), Lula tendrá que dirimir sus diferencias con Guilherme Boulos, el recién nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Su partido, el PSOL, ha presentado un proyecto de ley en el congreso para prohibir la explotación de petróleo en la denominada margen ecuatorial (franja oceánica que incluye la desembocadura del río Amazonas).

El presidente brasileño ha reunido este jueves a jefes de estado y de gobierno antes del inicio de la Cumbre del Clima de la ONU, y ha se ha referido a este asunto, aunque sin mencionarlo explícitamente: “Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos un itinerario para, de forma justa y planeada, revertir la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para esos objetivos”.

Sabotaje a la COP30

La decisión de autorizar la explotación petrolífera en la región amazónica, además de quitar legitimidad ambiental a Brasil, puede dificultar los posibles acuerdos sobre transición energética de la COP30. “Es una especie de sabotaje a las discusiones en relación con el petróleo. Se anuncia en el peor momento posible. Se podrían haber esperado unos días para que no influyera en la conferencia”, asegura Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima y presidenta del IBAMA entre 2016 y 2019, en entrevista telefónica con elDiario.es. La nueva frontera petrolífera de Brasil en aguas ecuatoriales enfría la aplicación del compromiso que firmaron todos los países en la COP28 de Dubai para abandonar los combustibles fósiles. Araújo, que rechazó hasta en cinco ocasiones la explotación de petróleo en proyectos similares al del 'bloque 59', sostiene que la decisión del IBAMA tiene “problemas técnicos” y “problemas jurídicos”.  

La denuncia colectiva presentada en la Justicia contra el IBAMA, la empresa Petrobras y el gobierno de Brasil argumenta que para la liberación de la perforación era necesario un estudio detallado sobre un posible derrame de petróleo. Además, debería haberse presentado un plan de emergencia. “En caso de accidente, el petróleo podría llegar a la Guayana francesa en 12 horas. Existen corrientes profundas que también llevarían petróleo hacia la costa brasileña, que es riquísima en biodiversidad, está llena de manglares y de puntos habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes”, afirma Araújo. 

Rodrigo Agostinho defiende en la citada entrevista que el IBAMA autorizó la perforación, que había sido rechazada en mayo de 2023, porque Petrobrás aceptó todas las exigencias de seguridad. Sin embargo, el Observatorio del Clima, que engloba a más de 130 organizaciones, acusa a Petrobras de usar datos obsoletos de la cuenca hidrográfica del Amazonas, de las corrientes marinas y de los sedimentos arrastrados por el río. En caso de derrame, el 20% del petróleo se hundiría y afectaría al gran sistema amazónico de arrecifes.

Luena Karipuna, líder indígena de la región de Oiapoque, una de las más afectadas por la explotación petrolífera en aguas oceánicas, denuncia que la aprobación de la perforación no ha respetado el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas recogido por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Recibimos la noticia con mucha indignación, con el sentimiento de que nuestra tierra está siendo violada. Es una falta de respecto para quien vive en el territorio hace milenios”, asegura Karipuna, que es coordinadora Ejecutiva de la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Amapá y del Norte de Pará (APOIANP).

La explotación del bloque 59 tiene consecuencias más allá y abre una nueva frontera petrolífera en Brasil. En una costa que posee la mayor franja continua de manglares del mundo, 27 bloques de extracción esperan su licencia ambiental. En una subasta realizada en junio, Petrobras y la estadounidense Exxon Mobil se adjudicaron diez bloques y Chevron y la China CNPC, otros nueve. Aunque la extracción todavía no haya comenzado, la región ya sufre los problemas de la fiebre del petróleo. “Hemos visto cómo han aumentado la falsificación de títulos de propiedad de la tierra, las invasiones en territorios indígenas, la expansión inmobiliaria y el crimen. Desde 2022, se están construyendo siete barrios nuevos en la ciudad de Oiapoque (tiene unos treinta mil habitantes)”, sostiene Karipuna. 

Frente global anti petróleo

La luz verde a la explotación petrolífera en la desembocadura del Amazonas ha caído también como un jarro de agua fría en el frente internacional de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, del que forman parte casi mil legisladores de todo el mundo. Juan Carlos Losada, diputado colombiano del Partido Liberal, miembro del frente, asegura a elDiario.es que la decisión del gobierno brasileño debilita la credibilidad de la región frente al liderazgo climático que el planeta espera de la Amazonía y de América Latina. “Es un golpe simbólico a la esperanza de que esta cumbre marque el inicio del fin de los combustibles fósiles y la transición hacia economías descarbonizadas”, asegura Losada. A pesar de ello, el diputado colombiano considera que el contratiempo puede transformarse en una oportunidad. “La COP30 deberá convertirse en el espacio donde los países amazónicos definamos una hoja de ruta realista y ambiciosa para abandonar progresivamente los fósiles, proteger los ecosistemas estratégicos y consolidar un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la bioeconomía, las energías limpias y la justicia social”, matiza.

La explotación del bloque 59 sintetiza, en palabras de Suely Araújo, la gran contradicción ambiental del gobierno Lula. “Hay una decisión bien clara del gobierno de intensificar, y mucho, la producción. El petróleo ya da más dinero que la exportación de soja. Brasil no necesita explotar más petróleo. Con la mitad de su producción, abastecería el consumo interno. Debería dejar de exportar”, asegura. Brasil es el sexto productor de petróleo del mundo (3,9 millones de barriles diarios), según Trading Economics. Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía, que quiere que Brasil entre en la Organización de Productores de Petróleo (OPEP), reveló en marzo de 2023 que quiere convertir a Brasil en el cuarto productor de crudo del mundo, gracias al petróleo del margen ecuatorial. 

La ambición petrolera del gobierno Lula choca de frente con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que demandan el fin de la extracción de combustibles fósiles. Los países que concedan nuevas licencias de exploración o de subsidios a los fósiles puede llegar a ser acusados por la ONU de cometer “actos internacionalmente ilícitos”.

Con al COP30 de Belem todavía sin comenzar oficialmente, Brasil ha reunido en la ciudad amazónica sede de la conferencia del clima de la ONU a los jefes de estado y de gobierno que van a participar en las negociaciones a partir del lunes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, les ha dicho: “Lo que falta es coraje político”.

El anfitrión, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva le ha dado la razón en su discurso inaugural al convenir que “esta COP es la COP de la verdad” y repetir que en Belem se va a comprobar si los dirigentes son capaces de “encarar la realidad. Si tenemos el coraje”.

Lula da Silva ha intentado bajar la, a veces, farragosa diplomacia climática que suele desfilar por las cumbres de la ONU a un lenguaje más cercano a los ciudadanos: “La gente puede no entender qué es una gigatonelada de CO₂, pero sí siente la contaminación. Puede no saber qué es un sumidero de carbono, pero sí conoce la belleza de la naturaleza”.

El presidente brasileño ha dejado claro dónde está la batalla actualmente al subrayar que se detecta “una desconfianza internacional” porque “están prevaleciendo los intereses egoístas y cortoplacista sobre los intereses comunes y a largo plazo”, a la hora de encarar el problema de la crisis climática y sus soluciones.

De hecho, las soluciones están claras. El secretario general de la ONU lo ha resumido así: “Nadie puede negociar con la física”. El brasileño ha aportado que, durante las negociaciones, piensan arrancar en esta cumbre compromisos concretos “no discursos” sobre el abandono de la “dependencia de los combustibles fósiles, la deforestación y la financiación”.

Lula ha descrito que lo que está en juego es prolongar “un sistema que aprisiona a las generaciones futuras a un modelo de desigualdad y destrucción de la naturaleza”.

En este sentido, Antonio Guterres ha insistido en que “cada fracción de grado [que se recalienta el planeta] significa más hambre, más desplazamientos y más pérdidas”. Y ha llamado a los países a cerrar la brecha que hay entre los planes climáticos que han presentado y el camino necesario para contener realmente el calentamiento del planeta en 1,5ºC extra al final del siglo.

“Falta el coraje político”, ha dicho, para, por ejemplo, “cortar las subvenciones a los combustibles fósiles que lleva miles de millones de los ciudadanos” al origen del cambio climático. “No más greenwashing”, ha clamado el secretario general. Así que ha rematado: “Hay que implementar, implementar, implementar. No es tiempo de más conversación”.

Ni de derechas ni de izquierdas

Este encuentro de jefes de estado y gobierno ha tenido un color diferente a las últimas COP. Tras el discurso de Lula Da silva han intervenido el presidente chileno, Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro.

El colombiano ha entrado a todo gas al hablar del peligro que representa el presidente estadonunidense Donald Trump y sus “amenazas de invasión a Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil o México”. Y ha hablado de “asesinatos” al referirse a los misiles estadounidense en el Caribe.

Petro ha señalado al “lobby petrolero presente en esta asamblea. Su codicia ha ido contra la vida. Y eso es inmoral. Inhumano. El mismo lobby que, en unas naciones más que en otras, cobra sus resultados. Y sus resultados son medibles: los 1,5 ªC que no queríamos alcanzar ya se alcanzaron. Nos acercamos a algo que ya no es crisis climática, sino colapso climático que significa, un punto de no retorno. Muerte general en el planeta. No es apocalipsis literario, sino real. Ni de derechas ni de izquierdas”.

La palabra coraje o valentía se ha multiplicado durante este primer encuentro en Brasil. Las negociaciones que empiezan la semana que viene demostrarán si hay verdad detrás de ese discurso.

A medida que se desvanece la sólida y casi inmutable relación de siglo y medio entre Estados Unidos y Colombia, se recrudece la confrontación verbal entre Donald Trump y Gustavo Petro. Y las consecuencias en una relación asimétrica para el país sudamericano, tanto en el plano económico como en el comercial, son inciertas.

El mandatario estadounidense no ha dudado en tachar a su homólogo colombiano de narcotraficante y retratarlo como “un lunático con muchos problemas mentales”. Desde Bogotá, se han equiparado las políticas migratorias de Washington con la forma en la que “Hitler trató a los judíos” y se ha calificado al magnate republicano de “grosero e ignorante”.

Trump, con varios frentes abiertos más urgentes en la geopolítica mundial, había mirado de soslayo los embates de Petro. Hasta este fin de semana. El punto de quiebre, al parecer, fueron las recientes afirmaciones del Gobierno colombiano de que una de las lanchas impactadas por Washington en el Caribe no pertenecía a los narcos, sino a un humilde pescador “amante del mar”. Acto seguido, el presidente estadounidense advirtió en una publicación de su red social Truth que cerraría el grifo de pagos y subsidios a Colombia.

Con el espejo del pulso diplomático que sostiene el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Petro busca posicionarse como una figura de oposición a Trump en la región, donde EEUU ha disparado la tensión con ataques considerados ampliamente ilegales contra supuestas 'narcolanchas' en aguas del Caribe –y ahora frente a la costa pacífica colombiana– mientras rescata a Argentina con 40.000 millones de dólares a pocos días de las elecciones legislativas. En este intento de aumentar su influencia en América Latina, Trump premia a líderes afines como Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele, quien acordó albergar en su cárcel de máxima seguridad a migrantes sin papeles deportados de EEUU. En cambio, redobla la presión sobre quienes le plantan cara, como Lula y, ahora, el presidente progresista colombiano.

El Ministerio de Exteriores de Colombia informó el martes que, tras una reunión en Bogotá entre Petro, el embajador colombiano en EEUU, Daniel García Peña, y el encargado de negocios de la Casa Blanca, John McNamara, se acordó avanzar hacia una solución al “impasse bilateral”. Un día después, tras la acción militar de EEUU en el Pacífico, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano llamó al Gobierno de EEUU a “cesar este tipo de ataques” y a “respetar las normas que dicta el derecho internacional”.

Las presidenciales, en el horizonte

El choque entre Bogotá y Washington se ha agravado a siete meses de la primera vuelta de unas presidenciales en las que Petro no se puede presentar a la reelección. “El país no estaba en el lugar más visible de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. No éramos protagonistas. Por eso han sido las declaraciones del presidente colombiano, con mucha gradualidad, pero también con mucha contundencia, las que nos ha puesto en esa palestra. Y creo que lo que uno se encuentra es, primero, una estrategia electoral. Él está pensando en su papel protagónico como líder de una sociedad civil transnacional”, explica Sandra Borda, profesora de Ciencia Políticas, a elDiario.es.

Habiendo tomado nota de los réditos que dejó a Lula el cisma político con Washington, Petro parece decidido a agudizar la ruptura. “En los casos de Brasil, México y Canadá, donde los presidentes y el primer ministro se han beneficiado de trazar una línea clara de entendimiento con Trump, ninguno ha forzado la situación. Ellos no han sido vocales en generar la tensión”, dice Borda. “Además, los tres tienen modelos distintos de control de daños, de negociación. Han sido tan firmes como prudentes e institucionales en el manejo de las relaciones con Estados Unidos. Su estrategia de política exterior ha primado y luego, de forma casi indirecta, han tenido resultados electorales positivos o buenos índices de favorabilidad. La historia de Petro, sin embargo, es al revés”.

Petro está pensando en su papel protagónico como líder de una sociedad civil transnacional

Sandra Borda — Profesora de Ciencia Políticas

El analista Dorian Kantor coincide en que Gustavo Petro ha convertido la “confrontación en parte de su narrativa postcolonial de periferia contra centro”. Sin embargo, a diferencia de los movimientos del presidente Lula, en este caso entra en juego la enorme dependencia económica de Colombia, de los recursos que necesita para sostener el aparato militar contra los actores armados ilegales. “Ese componente es clave —aunque no el último— en la estrategia más amplia de lidiar con la violencia”. El país ha sido el mayor receptor de ayudas monetarias en medio siglo en el hemisferio occidental. La inversión extranjera directa estadounidense asciende al 42% del total recibido por el país sudamericano y el 29% de las exportaciones colombianas al mundo tienen como destino la gran potencia del norte.

El duro mensaje de Trump no se lo pone fácil a la oposición política en Colombia. Aunque las críticas al manejo diplomático han brotado en redes sociales y otros canales, las agresiones directas del republicano contra Petro resultan más difíciles de respaldar. “Es muy importante tener claro que la competencia por lanzar el peor insulto no empezó ayer. Esto es una situación que viene desde enero con el tema de los deportados. Desde entonces, Petro venía preparando el camino para ponerlo donde está”, afirma Borda. 

El presidente de izquierdas, a su juicio, ha salido beneficiado. A pesar de la reputación de saber aprovechar la debilidad de sus interlocutores, Trump parece haber mordido el anzuelo, según más de un estudioso. La receta es conocida: activar el discurso nacionalista en Colombia y delimitar cualquier duda ideológica en torno a su norte político. “Le sirve para cerrar filas en torno al candidato del Pacto Histórico (el partido de Petro). Es útil y eficiente en las urnas. Porque cualquiera que no esté ahí, es considerado un apátrida. Resuelve el problema de los indecisos”, precisa Borda. 

Venezuela, otra ficha clave

Venezuela es, por último, una ficha clave a la hora de entender la situación entre Colombia y Estados Unidos. Se trata de una relación triangular donde juegan aspectos de seguridad fronteriza, flujos migratorios e intereses petroleros. Con la nueva estrategia del Pentágono para combatir el narcotráfico, que incluye patrullajes y bombardeos a supuestas 'narcolanchas' en aguas del Caribe, los analistas intuyen que Gustavo Petro se irá despojando de las pocas ambigüedades que mantenía en su relación con Nicolás Maduro, cuya victoria en las últimas elecciones no ha reconocido.

Por su parte, Trump, en opinión de Dorian Kantor, también tendrá espacio para romper aún más costuras en el orden internacional y la lucha contra las drogas. “Al insistir en militarizar un problema multidimensional, intensifica un ciclo que América Latina conoce demasiado bien: más violencia, instituciones debilitadas y estancamiento estratégico”, concluye.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confirmado este jueves que disputará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026, durante una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia.

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, le ha dicho Lula a su homólogo indonesio Prabowo Subianto, al término de una reunión bilateral en Yakarta, según el discurso leído por el mandatario brasileño y divulgado por la Presidencia del país suramericano.

En su pronunciamiento, el líder progresista ha señalado que aunque su mandato actual termina a finales de 2026, está “preparado para disputar otras elecciones”.

Lula, quien cumplirá 80 años el próximo 27 de octubre, ha apuntado que pese a su edad tiene la misma energía que cuando tenía 30 y ha subrayado que esta decisión fortalecerá las relaciones bilaterales: “Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa”.

El anuncio se ha producido tras la firma de acuerdos sobre energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Indonesia.

Lula y Subianto, además, han acordado avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial Mercosur-Indonesia antes de diciembre próximo.

Tras la visita oficial a Indonesia, el mandatario brasileño, Lula viajará a Malasia, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que se prevé un posible encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Lula es fundador del Partido de los Trabajadores (PT), gobernó en dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2011, y regresó al poder el 1 de enero de 2023 tras derrotar en las elecciones al entonces presidente, Jair Bolsonaro. 

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Flávio Dino, ha ordenado este jueves a la Policía Federal brasileña que investigue las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que acaba de ser condenado por golpismo, durante la pandemia de Covid-19, que dejó más de 700.000 fallecidos en el país americano.

El magistrado ha pedido la reapertura del caso judicial abierto tras los peores meses de la pandemia y que fue archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022 por el fiscal Augusto Aras, fiel al bolsonarismo y que rechazó el contenido del informe elaborado por la comisión especial del Senado. Este informe, en el que se basa ahora el juez Dino, analizó la gestión política del Gobierno de Jair Bolsonaro frente a la pandemia sanitaria y detectó numerosas irregularidades.

El informe parlamentario, de hecho, acusó a Bolsonaro de un total de nueve delitos incluidos en el Código Penal brasileño: crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo. Ahora el juez pide a la policía que le investigue a él así como a tres de sus hijos y a otros 20 aliados de Bolsonaro, entre ellos cinco diputados.

Dino fue nombrado como magistrado del Supremo Tribunal en febrero de 2024, tras ser nominado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cuyo último gobierno era ministro de Justicia desde enero de 2023. Durante lo peor de la pandemia de Covid-19, Flávio Dino era gobernador del estado de Maranhão, al noreste del país, cuando fue un duro crítico del negacionismo acientífico del Gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria.

En el documento en que ha ordenado reabrir el caso, el juez sostiene que “la investigación parlamentaria señaló indicios de crímenes contra la administración pública, sobre todo con contratos, fraudes con licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos públicos” o firmas de contratos con empresas pantalla, entre otros.

Algunas de esas actuaciones se refieren a la compra de medicinas supuestamente efectivas contra la COVID-19, pero que luego resultaron ineficaces y que aún así fueron adquiridas por el Gobierno y distribuidas a través de la red de salud pública, como la cloroquina, de la que Bolsonaro fue uno de sus pocos defensores a nivel internacional.

El informe llegó a presentar acusaciones contra Bolsonaro y otras 77 personas por diversos delitos asociados a la pandemia y en su momento fue descalificado por el líder de la extrema derecha, que lo describió como un “documento político” elaborado por una comisión controlada por la oposición a su Gobierno.

La decisión de Dino da ahora un plazo de 60 días que puede ser prorrogado para que la Policía Federal investigue el asunto. La policía brasileña había solicitado acceso a las pruebas y había concluido que era necesario continuar con las investigaciones tras el archivo de la causa, lo que ha sido ahora aprobado por Flávio Dino.

Esta investigación ha sido anunciada apenas una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual el magistrado forma parte, condenase a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por la conspiración golpista urdida después de que Lula le derrotase en las urnas, en las elecciones de octubre de 2022.

La condena a 27 años de prisión para el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en 2023 es una noticia histórica en un contexto político caracterizado por el auge de un nuevo fascismo y la impunidad del autoritarismo en grandes países del mundo. Aquella intentona golpista se inspiró en el asalto al Capitolio de Estados Unidos de enero de 2021 por los seguidores de Donald Trump. Por eso, la sentencia es un espejo en el que no se quieren mirar otros líderes seducidos por el autoritarismo. 

Hacemos un breve repaso que ayuda a comprender cómo se ha llegado a los hechos que se han juzgado este verano en Brasil, y con Bernardo Gutiérrez, colaborador de elDiario.es en Brasil, analizamos las claves de esta sentencia.

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido este viernes en defensa del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado la víspera a 27 años y tres meses de prisión por varios delitos graves entre los que se incluyen los de liderar una organización criminal armada, el intento de abolición del Estado Democrático de Derecho o golpe de Estado, además de otros delitos como daño cualificado con violencia o de amenaza grave contra el patrimonio de la Unión.

Abascal, que no ha dudado en calificar el juicio del Supremo Tribunal Federal de Brasil de “venganza política y represiva de Lula y sus secuaces”, ha enviado públicamente su apoyo tanto al ultraderechista, que ya se encontraba en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, como a su familia.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), el líder del partido Vox ha compartido una publicación de 'La Gaceta' en la que se recuerda que el juez que presidió el juicio del Supremo, Cristiano Zanin, fue abogado de la defensa del presidente Lula da Silva desde 2013. Zanin Martins participó como miembro del despacho Teixeira Martins Advogados en la defensa de Lula en el marco de la causa Lava Jato, que terminó siendo archivada por el Tribunal Supremo por irregularidades en la obtención de las pruebas.

Cristiano Zanin fue propuesto como magistrado del Supremo el 1 de junio de 2023 y, a pesar de las críticas de una parte de la oposición, en concreto de la ultraderecha, Zanin fue ratificado como juez del Supremo Tribunal Federal primero en la Comisión de Justicia con 21 votos a favor y 5 en contra y después en el pleno del Senado federal con 58 votos favorables frente a 18 en contra. El Senado brasileño está presidido desde las últimas elecciones por Rodrigo Pacheco, miembro del PSD, uno de los partidos de centroderecha que apoyó la destitución de Dilma Rousseff en 2016. El Partido de los Trabajadores de Lula tiene una representación de apenas 8 de los 81 senadores desde las elecciones de octubre de 2022.

“Lo único que persiguen es acabar con la esperanza de millones de brasileños que representa Bolsonaro”, asegura Santiago Abascal, que trata de enfrentar a su colega Bolsonaro con la supuesta “corrupción y la deriva totalitaria” de la que acusa a Lula da Silva.

Sin embargo, en sus sesiones de los últimos días, los magistrados del Supremo Tribunal brasileño han puesto de manifiesto con detalle cómo fue Bolsonaro quien, apoyándose en autoridades políticas, policiales e incluso militares, difundió una narrativa falsa sobre un supuesto mal funcionamiento de las urnas electrónicas de votación para crear un estado de opinión propicio para la promoción de un golpe de Estado.

Así mismo, en el juicio se relató cómo después esta organización criminal promovió y facilitó el ataque de miles de seguidores bolsonaristas contra las instituciones de la República brasileña en Brasilia con el objetivo de mantener a Jair Bolsonaro en el poder así como de restringir la capacidad de actuación de los distintos poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial.

El Tribunal Supremo de Brasil ha convertido a Jair Bolsonaro en el primer expresidente en la historia del país condenado por intento de golpe de Estado.

El líder ultraderechista de 70 años dice ser víctima de una persecución política, pero cuatro de los cinco jueces concluyeron este jueves que está suficientemente probado que él y sus aliados cercanos trataron de dar un golpe de Estado para anular las elecciones de 2022, en las que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

También han sido condenados otros siete miembros de su administración, entre ellos, altos mandos militares, algo que tampoco tiene precedentes en un país que sufrió una brutal dictadura militar entre 1964 y 1985.

¿Qué ha revelado el juicio?

Tras meses de investigación, la policía federal y el fiscal general han concluido que una “organización criminal” liderada por Bolsonaro ejecutó un largo listado de acciones para mantener al exparacaidista en el poder a toda costa. El complot incluía un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente, y al juez Alexandre de Moraes, que en 2022 presidía el tribunal electoral. Tras las elecciones, Lula y Moraes fueron vigilados de cerca por soldados de las fuerzas especiales.

Según los investigadores, el complot de asesinato fue abandonado porque Bolsonaro solo logró convencer a uno de los tres jefes de las fuerzas armadas, el comandante de la marina. El jefe de la fuerza aérea y el del ejército se negaron a formar parte de él.

El punto álgido del intento de golpe de Estado fue el motín ocurrido una semana después de que Lula asumiera el cargo, el 8 de enero de 2023, cuando cientos de seguidores de Bolsonaro saquearon el palacio presidencial, el Congreso y el Supremo en Brasilia, la capital del país.

El único juez que ha absuelto a Bolsonaro se llama Luiz Fux. Argumenta que la fiscalía no ha logrado demostrar la culpabilidad del expresidente y sostiene que el juicio debe anularse porque el caso no es jurisdicción del Tribunal Supremo. También respalda la alegación de la defensa diciendo que los abogados de Bolsonaro no han podido revisar todo el material del caso, que tiene unos 70 terabytes de documentos generados por la investigación.

¿Qué pasará ahora?

Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y tres meses de cárcel. El expresidente vive bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto, acusado de intento de intimidación contra los jueces del Tribunal Supremo. Esta campaña de intimidación es liderada desde EEUU por su hijo Eduardo Bolsonaro y ha tenido como resultado la imposición de aranceles y sanciones por parte del Gobierno de Donald Trump.

El expresidente tiene derecho a apelar, aunque el margen con el que se ha aprobado su condena hace poco probable una revocación. Los jueces decidirán dónde cumplirá su condena una vez concluido el proceso de apelación, probablemente en octubre o noviembre.

Debido a los recurrentes problemas de salud que sufre tras el apuñalamiento de la campaña electoral de 2018, es probable que Bolsonaro siga bajo arresto domiciliario, en un hospital o en una unidad especial dentro de un cuartel o una instalación policial.

¿Qué futuro político tiene Bolsonaro?

Incluso antes de esta condena, Bolsonaro ya había sido inhabilitado para presentarse a elecciones en dos sentencias anteriores del tribunal electoral. Una, por atacar el sistema de votación; y otra, por utilizar la presidencia con fines electorales.

Pero el Congreso brasileño, mayoritariamente conservador, podría aprobar una ley de amnistía para él y para cientos de personas condenadas por los disturbios del 8 de enero. Los jueces ya han considerado inconstitucional la propuesta de amnistía. Si se aprueba, se espera una batalla judicial.

Mientras tanto, figuras de la extrema derecha entre los que figuran los hijos de Bolsonaro que se dedican a la política y su esposa, están luchando por decidir el nombre del candidato que desafiará a Lula, el presidente progresista que ya ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones de 2026.

¿Cómo ha respondido Donald Trump, aliado de Bolsonaro?

Trump ya había criticado el caso contra Bolsonaro y lo había invocado como una de las razones para imponer aranceles del 50% a las importaciones procedentes de Brasil. La mayoría de los expertos jurídicos brasileños coinciden en que hay pruebas sustanciales para la condena y que se ha respetado el debido proceso.

Tras el fallo del jueves, el presidente estadounidense dijo estar “muy descontento” con la condena y añadió que siempre ha considerado a Bolsonaro como alguien “excepcional”. Su secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en la red social X que Washington “respondería adecuadamente a esta caza de brujas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ha calificado el comentario de Rubio como una amenaza contra “la autoridad brasileña” que ignora “los hechos y las pruebas convincentes que figuran en los expedientes”. El ministerio añade que la democracia brasileña no se dejará intimidar por Estados Unidos.

Trump ya había revocado los visados de Moraes y otros magistrados del Tribunal Supremo brasileño. El juez también fue objeto de las sanciones Magnitsky, reservadas por lo general para las personas que cometen graves violaciones contra los derechos humanos.

Traducción de Francisco de Zárate.

Alivio en Brasilia. Frustración en Washington. A pesar de las amenazas y sanciones del Gobierno estadounidense, el Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de condenar a 27 años y tres meses de prisión a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, por intento de golpe de Estado. Por primera vez en la historia del país sudamericano, un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia del país.

Tras tres jornadas de tenso juicio contra los ocho acusados del denominado núcleo duro del intento de golpe de Estado, la jueza Carmen Lúzia ha votado este jueves a favor de condenar al expresidente de Brasil por los cinco crímenes por los que estaba acusado por la Fiscalía General del Estado. La jueza consideró culpable a Jair Bolsonaro y al resto de acusados de intento de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho, los dos cargos más fuertes, así como de formación de organización criminal armada y de dos cargos relacionados con daños y deterioro de patrimonio del Estado.

El voto de Carmen Lúzia deja el recuento de la votación en 3 magistrados a favor de la condena y uno en contra, haciendo imposible el cambio del resultado, pues apenas queda el voto del juez Cristiano Zanín. El pasado martes los magistrados Alexandre de Moraes (relator del proceso de la trama golpista en el STF) y Flávio Dino votaron a favor de la condena. El miércoles, Luiz Fux votó en contra.

El resultado final supuso un alivio para el Supremo brasileño y para el Gobierno del progresista Lula da Silva. El martes, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos estudia nuevas medidas contra Brasil en caso de que Bolsonaro fuera condenado y llegó a insinuar que el presidente Donald Trump podría “usar medios militares” para defender la libertad de expresión en el mundo. El miércoles, el juez del Supremo Luiz Fux, con un claro historial punitivista, sorprendió al arremeter duramente contra el propio proceso judicial contra Bolsonaro. Fux, cuyo voto negativo era esperado, afirmó que el Supremo no era el espacio apropiado para el juicio y comparó el proceso con la persecución de “brujas, herejes y judíos”, con palabras similares a las usadas por Donald Trump. El voto de Fux, celebrado por el Gobierno Trump, dio alas a los abogados de la defensa de Jair Bolsonaro y sirve de combustible para al ala radical del bolsonarismo.

“Lo conozco bastante bien, fue un buen presidente de Brasil”. ha afirmado Trump tras una pregunta ante los medios en la Casa Blanca este jueves, informa Andrés Gil: “Es muy sorprendente que esto pudiera suceder. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Pero solo puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre”.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, amenazó a Brasil: “La persecución política del violador de derechos humanos sancionado Alexandre de Moraes continúa: él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil han decidido injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas”.

Giro trumpista

Con un tono virulento e irónico, Luiz Fuz justificó su voto a lo largo de una exposición de más de 13 horas. Los argumentos del ministro, que eximió a Jair Bolsonaro de cualquier responsabilidad en el intento de golpe de Estado, entraron en contradicción con la postura que hasta entonces venía defendiendo. Si el miércoles Fux calificó a los actos del 8 de enero de 2023 en Brasilia como fruto de una “turba desordenada”, en marzo les acusaba de graves incidentes antidemocráticos, como algo “repugnante” e “inaceptable”. Las contradicciones de Fux también fueron jurídicas. El ministro condenó con fundamentos semejantes a más de seiscientos reos implicados en los actos del 8 de enero de 2023 por los mismos crímenes imputados a Jair Bolsonaro.

Sin embargo, Fux sí votó a favor de condenar por intento de abolición del Estado democrático y de derecho a Walter Braga Netto (exministro de la Casa Civil) y a Mauro Cid (principal ayudante de órdenes del expresidente), que ha colaborado con la policía a lo largo del proceso para reducir su pena. “Condenar a quien cumple las órdenes de Bolsonaro y absolver a quien da las órdenes no tiene lógica. Es de una malformación jurídica absurda”, asegura Duda Salabert, diputada del Partido Democrático Trabalhista (PDT), en entrevista telefónica con elDiario. “El lado positivo de ese voto (contra Cid y Braga Netto) es que deja claro que sí hubo un intento de golpe en Brasil”, matiza Salabert.

Marcelo Crespo, coordinador del curso de derecho de la universidad ESPM de São Paulo, cree que el giro bolsonarista de Luiz Fux no tiene explicación jurídica. “Su cambio solo se puede ser entendido en clave política. Dio un triple salto mortal”, aseguró Crespo al periódico Estado de São Paulo. Algunos analistas políticos interpretan el voto de Fux como la semilla para ser ministro de Justicia en un futuro gobierno de Tarcísio de Freitas, el candidato más probable de la extrema derecha brasileña en las elecciones de 2026.

La ministra Carmen Lúzia, única mujer del Supremo en el juicio, enfatizó al comienzo de su intervención la excepcionalidad de la jornada en ciernes. “La presente acción penal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, con su presente y con su futuro”, afirmó. A su vez, la ministra destacó que a partir de 2021 “nuevas prácticas antidemocráticas” empezaron a amenazar a Brasil, tal como apuntaba la acusación de la Fiscalía contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores.

El juez Flávio Dino, interpelado por Carmen Lúzia, aseveró que el golpe militar de 1964 contaba con menos pruebas que el que el Supremo ha juzgado. Por su parte, Alexandre de Moraes, intervino para recalcar que las amenazas contra las instituciones democráticas y las amenazas concretas del expresidente Bolsonaro contra el Supremo no pueden ser consideradas libertad de expresión.

Tras una durísima crítica a los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 (“no fueron un acontecimiento banal”), contra lo que denominó “la máquina del golpe” y de asegurar que el Supremo es la instancia apropiada para un juicio contra el intento de golpe de Estado, Carmen Lúzia votó a favor de la condena de los ocho acusados.

Con posterioridad, el ministro Cristiano Zanín comenzó su argumentación asegurando que el Supremo es la instancia apropiada para juzgar la trama golpista, en clara alusión a Luiz Fux. A continuación realizó una minuciosa descripción de las amenazas a la democracia perpetradas por los acusados. Zanín aseguró que Jair Bolsonaro, con ayuda del resto de condenados, montó una organización criminal con el objetivo de mantenerse en el poder tras su derrota electoral. Además, afirmó que el juicio contra la trama golpista “pacificará el país”. Cristiano Zanín votó a favor de la condena de todos los acusados en todos los cargos. El resultado final quedó con cuatro votos a favor de la condena y uno en contra.

Próximos pasos

El número de años de la sentencia de cada uno de los condenados en el juicio será calculado realizando una media de las peticiones de los magistrados del Supremo que votaron a favor. Alexandre de Moraes definirá el lugar en el que Jair Bolsonaro cumplirá su condena. Todo indica que el ex residente ingresará en el Complejo Penitenciario de Papuda, una región de máxima seguridad de Brasilia. De acuerdo con aliados próximos, Bolsonaro tiene pánico de entrar en dicha prisión y considera una humillación entrar en una prisión común, en lugar de una militar, según reveló Folha de São Paulo.

La defensa de Jair Bolsonaro, que recibió una bocanada de esperanza tras el voto de Luiz Fux, ya ha anticipado que pedirá su prisión domiciliar, debido a motivos de salud. Tras el denominado “acordão” de la condena (texto final), la defensa puede presentar diferentes recursos, aunque nada garantiza que sean aceptados. Posteriormente, pueden ser solicitados “embargos de la declaración”, en caso de divergencia en la pena propuesta por diferentes ministros o en el caso de que la defensa considere impresiones, contradicciones u omisión en la sentencia. La revisión de la sentencia es bastante improbable.

Jair Bolsonaro, que ya está cumpliendo prisión domiciliar por obstrucción de la justicia y riesgo de fuga del país, podría ingresar en prisión antes del fin de 2025.

Las negociaciones entre el Gobierno de Brasil y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, están paralizadas. El presidente brasileño, Lula da Silva, que hace semanas buscaba puentes de diálogo con la Casa Blanca para evitar tarifas del 50% a los productos de su país, declaró el miércoles a Reuters que no va a “humillarse” llamando a Trump.

“No tengo por qué llamar al presidente Trump porque en las cartas que mandó y en sus decisiones no habla en ningún momento de negociación. Lanza nuevas amenazas”, aseguró Lula. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil devolvió la carta en la que el Gobierno de Estados Unidos comunicaba oficialmente el tarifazo, por no respetar el protocolo diplomático y por haber publicado su contenido en redes sociales antes de su entrega.

La mano dura de Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha provocado un verdadero cortocircuito en las relaciones entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos. La prisión domiciliar del expresidente brasileño, decretada el pasado lunes, dinamitó cualquier puente entre ambos gobiernos. “El arresto domiciliario suspende las negociaciones. En este momento, nadie va a querer discutir una negociación en medio de ánimos exaltados”, aseguró José Augusto de Castro, presidente ejecutivo de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil (AEB), en entrevista al Correio Braziliense.

La orden de instalar una tobillera electrónica a Jair Bolsonaro, duramente criticada por Trump, provocó inmediatamente la aplicación de la Ley Magnitsky (sanciones) estadounidense contra Alexandre de Moraes, que le prohíbe cualquier transacción con personas o empresas de Estados Unidos, incluidas tarjetas de crédito. El Gobierno brasileño, que defendió a Moraes tras la activación de la Ley Magnitsky contra él, ha preferido mantenerse en silencio tras la prisión domiciliar de Bolsonaro.

Ante la parálisis de las negociaciones con el Gobierno estadounidense, Lula ha preferido denunciar oficialmente el tarifazo de Trump en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y activar la “vía BRICS”. El jueves llamó a Narendra Modi, primer ministro de la India, para buscar una respuesta conjunta de los BRICS a Estados Unidos.

Motín bolsonarista

El cerco judicial contra Jair Bolsonaro ha reactivado el avispero de la extrema derecha brasileña. El pasado domingo São Paulo acogió una manifestación más multitudinaria de lo esperado en defensa de Bolsonaro. Durante toda la semana, motociatas (protestas en motos) y carreatas (en coche) han recorrido diversas ciudades brasileñas. La oleada de indignación del bolsonarismo ante la prisión domiciliar de su gran líder desembocó en una revuelta en el Congreso y el Senado.

Diputados bolsonaristas bloquearon el Congreso durante treinta horas. Algunos de ellos llegaron a pernoctar en el hemiciclo. Usando esparadrapos en las bocas, denunciaron la supuesta censura impuesta por Alexandre de Moraes, que prohibió usar redes sociales a Jair Bolsonaro. En el Senado, que también estuvo paralizado por bolsonaristas, la oposición empezó a recoger apoyos para el impeachment de Alexandre de Moraes. En el epicentro de la revuelta bolsonarista están el proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a Bolsonaro y otros proyectos de ley para blindar a los legisladores del STF.

El ataque estadounidense a la soberanía brasileña enfría la posibilidad de que la ley de amnistía y el impeachment contra Alexandre de Moraes sean votados en las respectivas cámaras. Sin embargo, el Gobierno de Lula reconoce que el cerco a Bolsonaro está unificando a la derecha. El bolsonarismo, con su estrategia de victimismo, ha conseguido atraer a fuerzas políticas más moderadas.

Miembros del Gobierno Lula reconocen off the record que la mano dura de Moraes contra Bolsonaro es un tiro en el pie. Si hace unas semanas la opinión pública responsabilizaba al bolsonarismo por el tarifazo, el malestar (incluso de fuerzas progresistas) empieza a dirigirse contra Alexandre de Moraes. Un miembro del Gobierno declaró en off a Folha de São Paulo que Moraes desperdició la oportunidad de realizar un “acto magnánimo”, perdonando la prisión dominical a Bolsonaro.

La épica de los BRICS

El pasado martes, en medio del cortocircuito diplomático entre Estados Unidos y Brasil, un día antes de la aplicación del tarifazo, el vídeo viral Iron Tariffs presentaba a los BRICS como una liga de superhéroes contra Donald Trump y la familia Bolsonaro. El vídeo, realizado con Inteligencia Artificial (IA), desplegaba la épica del Sur Global contra Estados Unidos en estilo anime japonés. En el vídeo, Lula aparece retratado como un héroe tranquilo y un decidido estratega. Trump tiene expresiones distorsionadas y gestos exagerados. Jair Bolsonaro es el loco del Iron Tariffs. Su hijo Eduardo, el conspirador. Y el juez Alexandre de Moraes surge blindado ante sus enemigos.

El vídeo Iron Tariffs, que circuló ampliamente en el ecosistema de redes sociales de izquierda y algunas fuentes insinúan extraoficialmente que fue lanzado en secreto por el propio Gobierno, sirvió de aperitivo para la vía BRICS. Un día después del vídeo viral, Lula declaró que iba a llamar al primer ministro de India, Narendra Modi, y al presidente de China, Xi Jinping, para articular una solución conjunta de los países pertenecientes a los BRICS. El jueves se produjo la llamada de Lula a Modi. Durante la misma, el presidente brasileño incidió en reforzar la relación comercial con India y confirmó su visita oficial al país asiático en 2026.

Las tarifas estadounidenses del 50% a Brasil y del 25% a India están llevando a dos gigantes de la economía global a un entendimiento comercial inédito, a pesar de que el derechista Modi y el izquierdista Lula no comparten ideología política.