Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a Destino Bergen, la productora del presentador y humorista Roberto Vilar, a abonar más de 40.000 euros a un guionista del programa Land Rober-Tunai Show, el espacio estrella de TVG, al que despidió de forma improcedente en 2024 y al que pagaba por debajo de lo que establecía el convenio estatal del audiovisual. Sólo entre enero de 2023 y octubre del año siguiente, el programa –del que es coproductor– costó a las arcas públicas casi siete millones de euros. La sentencia es firme y ante ella no cabe recurso.

El guionista, con 27 años de experiencia en el sector y que había trabajado en formatos como El Intermedio o Caiga Quien Caiga, era uno de los cuatro escritores con los que contaba el late night, hoy reconvertido de semanal a diario –de lunes a jueves–, bajo su nueva denominación como Land Rober-Máis show. Tres de los guionistas se encargaban de los sketches, uno por cabeza, mientras que la cuarta persona se ocupaba de escribir la continuidad. Pese a que su labor era crear escenas de humor, el demandante estaba contratado desde 2021 como guionista de no ficción. Esta categoría cuenta con una tabla salarial más baja que la del guionista de ficción, un asunto en el que la jueza de lo Social no entró. El argumento de la productora para su despido por causas organizativas, admitiendo desde el inicio que era improcedente, fue la reducción de tres a dos números cómicos por programa. Una explicación que no se creen ni el afectado ni su defensa.

“Eso fue un paripé”, asegura en conversación con elDiario.es el abogado Raúl Curto, representante legal del sindicato de guionistas ALMA. Curto cree que Destino Bergen no quería hacer frente a los nuevos salarios aprobados en convenio, que incluían la actualización de los atrasos de forma retroactiva desde 2022, y que por eso decidió prescindir de uno de sus trabajadores. “Le tocó a él”. La jueza de lo social tampoco dio crédito a las explicaciones de la productora: “No desvirtúa las afirmaciones de la demanda de que el programa Land Rober-Tunai Show funcionaba perfectamente con excelentes datos de audiencia y su emisión estaba garantizada para la siguiente temporada”. La indemnización por aquel despido apenas superó los diez mil euros pero, una vez fue firme, abrió la puerta para reclamar el impago de cantidades pendientes.

En el momento en el que fue puesto en la calle, en julio de 2024, el guionista cobraba un salario bruto mensual de 3.415,39 euros. Según el convenio estatal, el sueldo de aquel año para un guionista en un programa del presupuesto de Land Rober era de 4.172,53 euros. Su nómina no alcanzaba ni siquiera a la actualización retroactiva para 2022, fijada en 3673,81 euros.

El tramo más alto de presupuesto

El convenio establece tres tramos para los sueldos de los guionistas, según el coste del espacio en el que trabajen. En aquel momento, el más bajo incluía a programas con presupuestos inferiores a 40.000 euros por temporada o 5.000 por capítulo. El medio, los que iban de 40.000 a 2.500.000 de euros por temporada –o entre 5.000 y 300.000 por capítulo– y el tramo alto, para aquellos que superaban los 40.000 euros por entrega y los 2,5 millones de euros por temporada. El sueldo de un escritor oscilaba así, según el tramo, desde los 2.347,05 a los 3.129,39 y, por último, los 4.172,53 euros.

La defensa trató de hacer pasar a Land Rober por un programa del tramo medio para justificar el bajo salario del guionista despedido. Pero esa estrategia se vino abajo ya que TVG es un medio público y, por tanto, también lo son todos sus contratos. El abogado del trabajador reclamó esa información a la CRTVG y pudo acreditarla en la sala.

Entre el uno de enero de 2023 y el 31 de octubre de 2024, Land Rober costó al erario público 6.842.442,51 euros (IVA incluido), lo que lo coloca con holgura en el tramo más elevado. La empresa de Vilar trató de justificar que esas cantidades se le adjudicaban a otra productora, CTV, que era quien después subcontrataba con ellos servicios –“el artista, el público, el contenido del programa”– por un montante total que su representante legal no aclaró. No funcionó: la jueza se remitió al coste total del espacio, tal y como recoge el convenio, y condenó a Destino Bergen a indemnizar al guionista despedido con 41.748,15 euros, cuatro veces la cifra inicial, al tener en cuenta los atrasos.

Vilar no se rindió y presentó recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Tumbado el argumento del tramo salarial del programa, probó una nueva táctica: tratar de demostrar que el guionista no tenía derecho al sueldo completo porque su jornada “efectiva” no era completa, sino de sólo 33 horas semanales. La Sala de lo Social lo desestimó al considerar que la jueza de instancia “da por acreditado que la jornada era a tiempo completo y fija también el salario correspondiente”. Destino Bergen tuvo que hacerse cargo de las costas. elDiario.es se ha puesto en contacto con la productora pero no ha obtenido respuesta a su solicitud de información.

ALMA exige más control a las televisiones públicas

Curto considera la sentencia “un precedente” en el sector. Lo mismo opina el sindicato de guionistas ALMA, con más de un millar de profesionales asociados, que pone el foco en el carácter público de TVG. “Las televisiones públicas tienen que ser el ámbito en el que de manera más clara y más pulcra se cumpla con la ley, y el convenio colectivo es parte de la ley”, aseguran a elDiario.es. “Cuando se financian producciones audiovisuales con dinero público, los derechos laborales deben respetarse escrupulosamente y es necesario que las televisiones y administraciones públicas pongan los medios para asegurar que se hace.”

Además, la central sindical recuerda que los salarios de los guionistas son “los únicos del convenio que van ligados al presupuesto de producción”, a pesar de que sus equipos tienden a ser “los más pequeños”. “Además de no ser legal, tampoco es serio escudarse en el presupuesto para incumplir el convenio. Los salarios de guión se adecúan a los distintos tramos de presupuestos y si una productora no tiene dinero para pagarlos, quizá habría que revisar cómo gestiona ese presupuesto”, concluyen.

Villar es, desde hace años, el rostro estrella de la TVG. En su programa lanzó su precampaña Alfonso Rueda, quien llegó a copiar una de sus frases más conocidas como eslogan de su primera carrera hacia la Xunta. Desde el arranque de esta temporada, Land Rober se emite en el acces prime time de lunes a jueves, en competencia directa con El Hormiguero y La Revuelta, y se ha convertido en la gran baza de audiencia de una cadena pública que tampoco en mayo levantó cabeza: 7,5% de share, tercera peor marca de su historia, cuarta opción en Galicia y sexta en la Forta.

Esa dependencia de Vilar –que hasta otoño hizo doblete por las tardes con el desaparecido Quen anda aí?– ha propiciado que TVG le encargue un nuevo programa, esta vez sólo como productor. Se trata de Como ser feliz?, un espacio para la noche del domingo con ecos al Moros y Cristianos de Xavier Sardá. En las dos primeras entregas, entre los invitados que explican a los asistentes la fórmula de la felicidad han aparecido coaches que realizaron todas sus intervenciones en castellano, el economista Miguel Anxo Bastos, admirado por Milei, o los Mozos de Arousa, liderados por el diputado Raúl Santamaría, único candidato a presidir las Novas Xeracións del PP en Pontevedra.

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona ha condenado a un hombre a seis meses de prisión y a más de 950 euros de indemnización por agredir a dos agentes de la Policía Nacional que acudieron a una intervención en las inmediaciones de una discoteca de Pamplona tras producirse un altercado entre un varón y su pareja.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de julio de 2025. Durante la actuación policial, el hombre “mostró una actitud violenta, obstaculizando la labor policial y llegando a agredir físicamente a los agentes intervinientes”. Como consecuencia de la agresión, “dos policías nacionales resultaron lesionados”. Uno de los agentes sufrió contusiones faciales, excoriaciones y lesiones en un brazo, además de daños en su teléfono móvil personal. El segundo agente padeció “lesiones musculares y limitación funcional derivados del forcejeo necesario para reducir al agresor”, según ha informado en una nota el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra.

El tribunal ha condenado al autor de los hechos por “un delito de atentado contra agente de la autoridad y dos delitos leves de lesiones”, imponiéndole una pena de seis meses de prisión y el pago de las costas procesales. Además, obliga al condenado a indemnizar a los policías agredidos con 375 euros por las lesiones causadas al primer agente y 575 euros por las lesiones ocasionadas al segundo agente. Además, deberá pagar por los daños provocados en el teléfono móvil del agente perjudicado.

El secretario general de SUP Navarra, Eduardo Riballo, ha advertido de “la creciente preocupación existente por el aumento de la violencia contra policías nacionales durante intervenciones ordinarias” y ha señalado que “quien agreda a un policía nacional debe saber que responderá ante la Justicia y asumirá las consecuencias penales y económicas derivadas de sus actos”. Según ha afirmado, el SUP continuará personándose en todos aquellos procedimientos en los que resulte agredido o lesionado un miembro de la Policía Nacional.

El Puerto de Santander ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que le condena por rebajar la sanción administrativa a la trabajadora que fingió un acoso sexual por parte de otro empleado, desmentido por las grabaciones de una cámara de seguridad. Ambos –la institución y la empleada– tienen que indemnizar con 42.500 euros al trabajador por haber vulnerado su derecho al honor.

La administrativa denunció a un compañero de trabajo, con el que no se llevaba bien, de un falso acoso sexual. El juzgado acabó condenándola a ella por inventarse dos denuncias falsas y, de rebote, a la propia Autoridad Portuaria por reducir la posterior sanción administrativa interna a la empleada de los dos años de suspensión de empleo y sueldo –que proponía la resolución inicial del instructor del expediente externo por falta muy grave– a dos meses. El propio presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, firmó la rebaja argumentando que no fue para tanto porque “no se había producido daño reputacional”. El magistrado consideró que el Puerto había “banalizado” lo sucedido.

Pese al varapalo del juez, ambos recurrieron sin éxito el primer veredicto del Juzgado de lo Social nº 6 de Santander. La Sala de lo Social del TSJC del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) acaba de confirmar la sentencia. Pero el Puerto ha decidido recurrir al Supremo, en contra del interés del trabajador afectado y a favor de la reducción de la polémica sanción a la empleada.

El afectado por las dos denuncias falsas es un veterano trabajador del Puerto de Santander, donde lleva empleado más de 40 años. Ambos compitieron por una plaza en un proceso de promoción interna que finalmente ganó ella.

Fue a raíz de este episodio, en 2023, cuando se produjo la primera denuncia. Presuntamente, la mujer desde hacía quince años padecía “las actitudes invasivas, molestas, insistentes, reiteradas, intimidatorias y manipuladoras de forma continuada en el tiempo” de su compañero. Como episodios concretos declaró haber recibió dos correos electrónicos suyos con la palabra 'Hola' –quedó acreditado que eran pruebas hechas con el ordenador– y que según ella “demostraba mala fe” por intentar presentarse a la promoción interna a la que aspiraba.

El Puerto reaccionó a la denuncia de la empleada y trasladó el puesto de trabajo del denunciado a más de dos kilómetros de distancia, “con una difamación absoluta en el seno de la empresa, sin tan siquiera habérsele comunicado la causa, ni habérsele escuchado”, reprocha la sentencia.

La segunda denuncia se produjo un año más tarde. La empleada declaró que el trabajador había accedido al edificio donde ella trabaja y que se había comportado de forma provocativa. Las cámaras de seguridad desmintieron a la mujer y evidenciaron que nunca llegó a entrar. Ella misma acabó confesando que esas afirmaciones fueron fruto de un estado de confusión, cuando supo que la iban a expedientar.

Las dos denuncias se archivaron pero el denunciado exigió abrir un expediente disciplinario a la denunciante al estar previsto en el Protocolo antiacoso que las denuncias falsas son constitutivas de actuación disciplinaria. El instructor del mismo propuso una sanción de dos años de empleo y sueldo para la trabajadora por lo que se consideró una falta muy grave. Pero lo corrigió el propio presidente César Díaz y se quedó en dos meses. “Puede considerarse como otra ignominia cometida por la Autoridad Portuaria de Santander contra la persona falsamente denunciada”, subraya la sentencia.

Es más, el juez considera que la participación del Puerto de Santander ha sido decisiva “para la gravedad de la intromisión legítima en el derecho al honor del demandante”. Al tiempo que señala la “evidente animadversión del superior jerárquico” hacia el afectado por las denuncias falsas. Añade –textualmente– que no cabe escudarse en que había una denuncia (sin indicios) para poder privar de derechos esenciales al trabajador, como el derecho a la defensa, dado que no se le escuchó antes de trasladarle de puesto de trabajo. “Otro escarnio más”, subraya la sentencia.

Ahora, el proceso se alarga con el recurso ante el Tribunal Supremo del propio Puerto de Santander donde la institución parece tener más interés a la empleada condenada por fingir el acoso que al empleado víctima de la situación.

El Juzgado de Instancia de Logroño ha condenado a un vecino autor de un delito leve de amenazas tras intimidar a un concejal del Ayuntamiento de Nájera por el sentido de su voto en un pleno municipal. Los hechos ocurrieron en el contexto de la polémica y la tensión local generada en torno a la aprobación de los presupuestos que incluían un la construcción de un nuevo campo de fútbol junto a la Plaza de Toros. Los presupuestos, tal y como se preveía, no salieron adelante por el voto en contra de la oposición al completo, PSOE, PR+ e IU.

Delito leve de amenazas

La sentencia, a la que ha tenido acceso Rioja2, condena al acusado, autor criminalmente responsable de un delito leve de amenazas, a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros (lo que suma un total de 720 euros), además del pago de las costas procesales. Por el contrario, el fallo desestima la petición de la acusación de imponer una orden de alejamiento de 100 metros durante seis meses, al considerarla “desproporcionada” por tratarse de un hecho puntual.

Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2025 sobre las 18:00 horas en la calle Nueva de Nájera. El concejal se encontraba en un cajero automático de la zona. Su mujer e hijo menor (nueve años) le esperaban en el interior del coche. Tal y como declaró el concejal y recoge la sentencia, “había acudido a hacer alguna gestión a un cajero del municipio. Estaba pendiente de la celebración de un pleno en el que había una partida destinada al campo de fútbol”. Un pleno que generó “tensión en Nájera porque era público que la oposición, entre los que se encuentra el concejal denunciante, iba a votar en contra”.

De esta forma, y mientras el edil continuaba en el cajero, oyó gritos y al salir vio al denunciado con el coche parado y la ventanilla bajada a unos cuatro metros de distancia. “Tenéis que votar sí o sí... cago en dios”, gritaba el acusado a lo que el concejal respondió que votaría lo que entendiera mejor. En ese momento, “el denunciado, pasándose el dedo índice extendido por debajo de su cuello y mirándole, le dijo, como no votéis que sí, te corto el cuello”. Todo ello en presencia de su familia y “de hijo que entonces tenía nueve años que se asustó mucho por el incidente” hasta tal punto de “no dormir bien y no querer quedarse solo en casa”.

Durante la vista oral, el acusado admitió haber increpado al concejal en tono “alto” para pedirle el voto a favor, pero negó rotundamente haber realizado gestos amenazantes o haber pronunciado dicha frase. Sin embargo, el magistrado ha otorgado total credibilidad a la versión del edil que la califica de “clara, coherente y mantenida en el tiempo”.

En el juicio también declaró la mujer del concejal. Y aunque “dada la relación matrimonial entre denunciante y testigo la prueba testifical ha de valorarse con especial cautela, la declaración testifical no deja lugar a dudas”. Y es que, prosigue la sentencia, la testigo describe pormenorizadamente lo sucedido desde su punto de vista y cómo se da cuenta de que algo anormal está sucediendo“. En su declaración, la mujer relata que se bajó del coche al oír los gritos y presenció, a escasos tres metros, el gesto amenazante del acusado. También reiteró las secuelas para su hijo que sufrió problemas de sueño y temor a quedarse solo tras el altercado.

Asimismo, en los fundamentos de derecho, la sentencia señala igualmente el contexto en el que se produjo la amenaza “te voy a cortar el cuello” y justifica la pena argumentando que se profirió contra un concejal del Ayuntamiento por motivos relativos a la postura política de su grupo político ante una cuestión concreta y de posición política no compartida con el denunciado.

Contra esta resolución cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de La Rioja en un plazo de cinco días. La sentencia es del 18 de mayo.

El órdago del Gobierno de La Rioja

Finalmente, el Gobierno de La Rioja salió al paso y horas después de que los presupuestos no salieran adelante, y tampoco el campo de fútbol, el ejecutivo de Capellán se comprometió con el Ayuntamiento de Nájera a actualizar el convenio en vigor entre ambas administraciones y aumentar su inversión para financiar así íntegramente el coste del nuevo campo de fútbol de la localidad, cuyo presupuesto ronda el millón de euros, siguiendo el proyecto propuesto por el PP.

Víctor San Vidal vuelve a ser objeto de polémica. El que fuera alcalde de Fontanar (Guadalajara) y que dimitió tras hacerse público un vídeo en el que llamaba “retrasada mental”, insultaba y humillaba a una empleada municipal, ha sido contratado como personal laboral en el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox. La cuestión es que su contratación es como “operario de cultura”, es decir, empleado público, y San Vidal está condenado además por malversación de caudales públicos e inhabilitado para empleo o cargo público.

Según el decreto municipal al que ha tenido acceso este medio, Víctor San Vidal aparece contratado como personal laboral con fecha de 14 de mayo, por un periodo de dos meses, para el Área de Cultura, que dirige el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Toquero, de Vox.

Este texto justifica su contratación en la “necesidad” de personal con motivo del “incremento ocasional e imprevisible” de actividad el departamento municipal de Cultura del Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que San Vidal fue condenado hace justo un año por la Audiencia Provincial de Guadalajara, por malversación de fondos públicos y prevaricación, junto a otras cuatro personas, a raíz de la denuncia de varias trabajadoras del Ayuntamiento. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con una rebaja de penas a finales del años pasado, pero manteniendo la inhabilitación para cargo o empleo público.

Es el motivo por el que desde el Grupo Municipal AIKE de Guadalajara han dado la voz de alarma. Han realizado una consulta jurídica y consideran también “verificado” que el exalcalde no puede ocupar ese puesto. Por eso han registrado en el Ayuntamiento una petición en la que solicitan a la alcaldesa, Ana Guarinos (PP), y al mencionado concejal de Cultura, de Vox, que se “depuren responsabilidades ”sobre dicha contratación y se tomen de forma urgente las medidas oportunas que garanticen el cumplimiento de dicha sentencia“.

En este escrito piden evitar que “una persona con inhabilitación especial y con dos sentencias más, una por agresión y otra por delito de acoso laboral a una trabajadora municipal” cuando Víctor San Vidal Martínez ocupaba el cargo de alcalde de Fontanar, forme parte de la plantilla del área de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.

AIKE hace así referencia también al hecho de que San Vidal también fue condenado en febrero de 2025 a cuatro meses de prisión por un delito de acoso laboral tras someter a una mencionada empleada municipal a años de “reiterados” actos “hostiles y humillantes”. El entonces alcalde admitió los hechos y dimitió.

Vox deriva la responsabilidad al PP que justifica el contrato

Preguntado por este medio por su versión de los hechos, el Área de Cultura, a cuyos mandos está Vox, deriva la responsabilidad de la contratación y de las acciones a tomar en relación con el caso en la Concejalía de Recursos Humanos, Contratación y Compras, al frente de la cual está Isabel Nogueroles, del PP.

Mientras, según el informe del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, el Consistorio justifica la contratación del exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, en una respuesta a las preguntas planteadas por el Grupo Municipal AIKE.

Confirman que la contratación se produjo mediante decreto con fecha 13 de mayo de 2026, durante dos meses como personal laboral “por circunstancias de la producción” y para realizar tareas de operario de Cultura. Un contrato con efectos desde el 14 de mayo.

El consistorio esgrime que “en el expediente de contratación del Sr. San Vidal consta declaración jurada firmada por él de no estar inhabilitado para el desempeño del puesto de operario de Cultura por no serle aplicable la inhabilitación especial para empleo o cargo público a la que fue condenado”.

También aluden a un auto aclaratorio de la Audiencia Provincial de Guadalajara de fecha 13 de febrero de 2026, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y que, según se establece en su parte dispositiva, la pena impuesta al exalcalde concreta que la inhabilitación especial solo está relacionada “con la contabilidad, gestión económica o control de tesorería de los caudales públicos relacionados con la administración local”.

Finalmente, justifica el ayuntamiento que la contratación del exalcalde condenado “no ha sido una contratación directa, ya que este forma parte de la bolsa de empleo de operarios de servicios/peones vigente del Ayuntamiento de Guadalajara, resultante del proceso selectivo llevado a cabo” y que “la primera persona disponible en dicha bolsa en el momento de la contratación era el Sr. San Vidal” por lo que “en cumplimiento del reglamento regulador de los criterios de gestión de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara era obligado su llamamiento”

El departamento de Recursos Humanos considera que “no existía ningún motivo para excluirle del llamamiento ya que a la vista del auto aclaratorio, la inhabilitación especial no alcanza al puesto objeto de contrato (peón de cultura), puesto que sus funciones no están relacionadas con la contabilidad, gestión económica o control de tesorería de los caudales públicos del Ayuntamiento de Guadalajara”.

Se considera que el contrato “es conforme a la legalidad” y recuerdan finalmente a la concejala Susana Martínez que “no hay impedimento, ni legal ni jurisprudencial, para que el señor San Vidal pueda acceder a un puesto de operario de Cultura”. También sostienen que “en ningún caso cabía la posibilidad de excluir o saltar al aspirante al que correspondía la contratación, según el orden establecido en la bolsa de trabajo, formada a resultas de un proceso selectivo basado en los prinicipios de igualdad, mérito y capacidad”.

La sentencia del Juzgado de lo Social de Murcia, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, ratifica los hechos que que varias futbolistas del Alhama ElPozo C.F. denunciaron durante años. El fallo condena al entrenador Juan Antonio García Martínez, conocido como 'Randri', a su esposa y ahora presidenta del club Tamara Ruiz, y al propio Alhama CF, que deberán abonar una multa de 32.000 euros a las demandantes. García fue acusado en 2023 por algunas futbolistas de trato machista y discriminatorio. El detonante para las jugadoras fue recibir una foto de contenido sexual en la que aparecen varias personas del cuerpo técnico del club.

El texto judicial acredita que las jugadoras sufrieron un trato sistemático de humillación y vejación por parte del técnico. La sentencia recoge expresamente algunas de las frases que el entrenador les dirigía: “Estáis gordas”, “no podéis correr porque el culo os pesa”, “estáis tan gordas que no sé cómo podéis follar” o “habéis llegado a Primera división por ser mujeres y chupar pollas, si no habríais llegado ni a Tercera”.

La jueza también valida la información sobre el envío de una imagen de contenido sexual a toda la plantilla: “Todas las jugadoras recibieron mediante WhatsApp, desde el móvil del entrenador a través de una lista de difusión, una fotografía en la que aparecían varios miembros del equipo técnico del Alhama CF completamente desnudos y duchándose en los vestuarios”.

La condena llega en un momento especialmente significativo: Randri García regresó al banquillo del Alhama CF hace apenas unos meses, tras cumplir los dos años de inhabilitación que le impuso la RFEF tras su investigación interna. Durante ese período ejerció como director deportivo del club. En aquella sanción federativa, Tamara Ruiz también fue inhabilitada durante un año en su cargo de directora deportiva, y el club fue multado con 6.001 euros, una cifra inferior a la que ahora establece la justicia ordinaria.

“Una fotografía inapropiada”

El ‘Caso Alhama’ comenzó el mismo día en el que aparecieron informaciones sobre el trato vejatorio del técnico hacia sus jugadoras, incluyendo la difusión a toda la plantilla de una fotografía inapropiada. Según las propias denunciantes, los mensajes se envían desde el teléfono de Randri García, pero fue Tamara García la que asume esa responsabilidad. 

A partir de entonces, se sucedieron los comunicados. Asesoradas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), 17 de las 22 futbolistas del equipo murciano publican un vídeo en el que afirman: “En ningún momento nos hemos sentido acosadas con gestos o hechos que pudieran vulnerar nuestra dignidad e intimidad personal y profesional. No estamos de acuerdo en acusar al entrenador como un acosador sexual”. Las otras cinco jugadoras, Andrea Carid, Lucía Martínez, Noelia Gil, Nerea Vicente y Érica Sastre, no firman el documento ni aparecen en el vídeo. Todo ese tiempo fue el sindicato FUTPRO, formado por abogadas y futbolistas, quien lideró las denuncias.

Exfutbolistas del club, como Nazaret Segura (24 años), señaló, entonces, a este diario que “haber dejado el fútbol por culpa de Randri y estar en tratamiento psicológico”: “Tenía un buen contrato, con un plus económico por marcar goles, pero en los entrenamientos y en los partidos tenía que aguantar insultos y gritos del entrenador públicos llamándome gorda. No sólo a mí, también a mis compañeras, y al final contestaba y eso a él no le gustaba”. Segura tomó la decisión de abandonar el equipo porque no podía aguantarlo: “Él era el dueño del club, su padre es el presidente y fundador, y contra eso no se podía hacer nada. Hubo más jugadoras que también abandonaron por culpa suya”.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) deberá abonar 96.190 euros al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) después de que una magistrada le haya condenado por el impago parcial de una factura de 2025 correspondiente a la cuota censal del primer trimestre. Esta resolución judicial llega después de que en enero de este año el Consejo decidiera expulsar de su directiva al decano de Madrid, Eugenio Ribón, quien llevó al ICAM a ejercer la acusación popular en la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Según recuerda la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el asunto que ha acabado en condena para el ICAM viene de 2024. Fue el 13 de diciembre de ese año cuando se celebró el pleno del CGAE en el que se aprobaron los presupuestos para el año 2025.

En ese marco se debatió una propuesta del ICAM que consistía en detraer de su aportación anual al CGAE el importe correspondiente a la cantidad que aporta para el sostenimiento del Consejo de Colegios de la Comunidad de Madrid y que se estimaba en 376.613 euros para el ejercicio 2025. Esta propuesta no fue aceptada y los presupuestos fueron aprobados tal y como los presentó el Consejo General sin impugnación ninguna, según refleja la sentencia.

Ya en marzo de 2025 el CGAE giró factura correspondiente a la aportación colegial trimestral cuyo importe final para Madrid era de 733.814 euros. El CGAE recibió una transferencia el 2 de mayo de 2025 por importe de 637.623,63 euros. Es decir, una cantidad inferior a la solicitada. Y por eso, en mayo de 2025 requirió al ICAM el pago completo de la cuota acordada. Pero éste respondió al requerimiento rechazando el pago. Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, las aportaciones de los colegios que cuenten con un consejo autonómico “deben atemperarse”.

Ahora, la magistrada da la razón al CGAE porque el ICAM no impugnó en tiempo y forma los presupuestos de 2025, y recuerda que el artículo 98 del Estatuto General de la Abogacía Española establece que para atender a los gastos que se originen para el cumplimiento de los fines señalados, el Consejo General de la Abogacía Española contará, entre otros, con las cuotas que se fijen y que serán abonadas por todos los colegios “en función del número de colegiados residentes de cada uno, ejercientes y no ejercientes”.

“Dado que los presupuestos aprobados para el ejercicio 2025 del CGAE no han sido impugnados, procede la íntegra estimación de la demanda, condenando al ICAM a pagar al CGAE la totalidad de la factura emitida correspondiente a la cuota censal del primer trimestre del año 2025”, reza la resolución.

Cabe recordar que a nivel interno, en las juntas del ICAM de finales de 2024, Ribón había justificado que el colegio madrileño estaba pagando dos veces por el mismo servicio al contar Madrid con un Consejo de Colegios que agrupa el de la capital y el de Alcalá de Henares.

“Cabe detraer de la aportación presupuestaria la cantidad que el ICAM aporta para el sostenimiento del Consejo de Colegios de la Abogacía de la Comunidad de Madrid”, dijo antes de obtener el apoyo unánime de la Junta de Gobierno madrileña.

Fuentes del CGAE recuerdan ahora, sentencia en mano, que el Consejo actúa como órgano representativo de la Abogacía Española con decisiones adoptadas de forma colegiada y representativa. Y que, de hecho, la decisión de interponer el recurso fue adoptada por el pleno, integrado por los decanos de todos los colegios de abogados de España y por los consejeros de la institución, evidenciando cohesión y unidad de acción institucional.

Por otro lado, añaden que el presidente, Salvador González, ha trasladado por mail a los consejeros su agradecimiento por la confianza y ha destacado que todos los miembros del CGAE han actuado con responsabilidad y lealtad institucional frente a una actuación que se consideraba contraria a la ley y a los intereses de la abogacía española.

La Audiencia de Badajoz ha condenado a dos menores a cuatro y tres años de internamiento, respectivamente, por agredir sexualmente a una niña en Extremadura, decisión fruto del recurso interpuesto por la Fiscalía pacense tras la sentencia previa dictada por el Juzgado de Menores.

Según la sentencia de la Audiencia pacense, a la que ha tenido EFE, se considera probado que la menor acudió en la tarde del 22 de diciembre de 2023 “a ver a un amigo, primo de uno de los menores expedientados, a verle entrenar en un campo deportivo”. Cuando éste último le pidió que le acompañara a las traseras del campo para mantener relaciones sexuales, la víctima se negó, ante lo cual éste la amenazó. Como consecuencia de estas amenazas, la menor accedió a un episodio sexual.

Por otra parte, en la tarde del 5 de enero de 2024 la víctima volvió a quedar con el joven que “creía era su amigo”, y estando éste aparecieron otros tres chicos, entre ellos el primo de aquél y el otro menor expedientado.

Sin que se haya acreditado la intervención de los otros dos menores y aprovechando “la superioridad numérica y la zona” comenzaron a decirle a la víctima que “tenía que hacerles lo mismo que le había hecho” al menor el 22 de diciembre de 2023 a través de “expresiones atemorizantes”. La menor se negó, pero los chicos la agredieron sexualmente mientras expresaban que “si intentaba parar le pasaría algo a ella, a su hermana y a su familia”.

“A causa de estos hechos la menor presenta una sintomatología persistente de tipo ansioso reactiva a factores de estrés, presenta alteraciones emocionales y de la esfera cognoscitiva, afectando a sus funciones ejecutivas y adaptativas propias de personas que han estado sometidas a una situación traumática”, recoge textualmente el fallo.

Por estos hechos, el Juzgado de Menores número 1 de Badajoz dictó sentencia el 5 de diciembre pasado donde condenaba a los dos menores por un delito de agresión sexual a menor de 16 años a dos años y a 18 meses, respectivamente, de internamiento en régimen cerrado en centro de reforma, lo que llevó a sendos recursos de las defensas de los condenados y del Ministerio Fiscal.

La sentencia de la Audiencia pacense desestima el recurso de apelación de la defensa y estima parcialmente el interpuesto por el Ministerio Fiscal, por lo que acuerda la medida de internamiento en régimen cerrado en centro de reforma de cuatro y tres años, respectivamente, para los dos menores.

Uno de los condenados deberá abonar por su parte a la víctima 6.000 euros en concepto de daño moral por los hechos acaecidos el 22 de diciembre de 2023, y ambos procesados de modo conjunto y solidario en 7.000 euros por los hechos acontecidos el 5 de enero de 2024, además de 30.000 euros en concepto de daños morales. 

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado la sentencia que condenó a diez años de prisión a un hombre por agredir gravemente a otro en un establecimiento público de Valencia de las Torres (Badajoz), debiendo indemnizarle con 63.489 euros por las severas secuelas.

La sentencia relata cómo el acusado increpó y amenazó repetidamente a un conocido en un bar durante la madrugada del 24 de diciembre de 2023. Mientras la víctima estaba distraída, le propinó por sorpresa un fuerte codazo en el rostro. La agresión, realizada con clara intención lesiva, lo dejó inconsciente en el suelo con una fractura craneal.

El afectado, de 32 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que requirió intervención especializada en neurocirugía y otorrinolaringología. Tras un proceso de curación de 131 días, han persistido secuelas permanentes: anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida parcial del gusto) y presenta una notable sordera en el oído derecho, además de una cicatriz facial.

El recurrente denuncia un error en la valoración de la prueba, alegando una infracción del derecho a la presunción de inocencia respecto al ánimo de lesionar, la agravante de alevosía y la omisión de la atenuante por intoxicación etílica, bajo el argumento de que el testimonio de la víctima y de un único testigo de cargo resultan insuficientes.

No obstante, el tribunal sostiene que la declaración de la víctima fue sólida, coherente y creíble, constituyendo una prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia conforme a la doctrina del Tribunal Supremo. Aunque el afectado no recuerda el momento exacto de la agresión tras perder el sentido por el impacto, sí relató con claridad las amenazas previas recibidas tanto ese día como en fechas anteriores. A esto se suma el testimonio de cuatro testigos imparciales y conocidos de la localidad, sin motivos de venganza, a quienes el tribunal otorga plena credibilidad. Por el contrario, la declaración del procesado presentó contradicciones que restaron veracidad a su versión.

Finalmente, la resolución judicial considera incuestionable la conexión entre la agresión y las lesiones. La intención de lesionar se desprende de la violencia y la naturaleza fulgurante e inesperada del golpe, lo que descarta la tesis de la imprudencia. De este modo, queda acreditado un dolo genérico de lesionar que asume los resultados graves derivados de la acción.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el marido de una mujer fallecida en 2015 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su domicilio, y ha rechazado la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración sanitaria por la supuesta tardanza en la asistencia. La familia había reclamado inicialmente 233.070 euros, una cantidad que posteriormente se redujo a 69.021 euros, al considerar que el envío de una ambulancia convencional en lugar de una Unidad Médica de Emergencias (UME) privó a la paciente de una oportunidad de supervivencia.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye en su sentencia que la actuación del servicio de emergencias fue adecuada a los protocolos y a la información disponible en cada momento.

Los hechos se remontan al 11 de junio de 2015, cuando la mujer, con un estado de salud muy delicado tras años de enfermedad renal, diálisis y anemia crónica, comenzó a encontrarse mal en su domicilio. Una llamada al 061 activó el dispositivo sanitario, aunque en un primer momento se facilitó una dirección incorrecta, que posteriormente fue corregida.

Según recoge la resolución, durante la comunicación con los servicios de emergencia se describieron síntomas como mareo, vómitos y tensión baja, pero no consta que se trasladaran indicios de extrema gravedad como dolor torácico o dificultad respiratoria. Este punto resulta clave para el tribunal, que considera improbable que tales síntomas se hubieran comunicado sin quedar registrados por la operadora o la doctora que gestionó el aviso.

En función de esos datos, se activó una ambulancia urgente —no una UVI móvil— que llegó al domicilio en seis minutos. Fue tras la llegada de los sanitarios cuando la paciente entró en parada cardiorrespiratoria, momento en el que se solicitó una UME con soporte vital avanzado, que se desplazó de inmediato.

Los magistrados descartan que existiera un retraso determinante en la asistencia. De hecho, subrayan que, incluso en el supuesto de que se hubiera enviado una UME desde el inicio, el tiempo de activación habría sido similar debido al protocolo de triaje obligatorio. En total, entre la primera llamada y la llegada de la unidad avanzada transcurrieron 22 minutos, con atención sanitaria desde los primeros compases de la intervención.

Además, la Sala incide en que no se ha aportado prueba pericial que acredite que una actuación más temprana hubiera cambiado el desenlace. En este sentido, recuerda que la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario no se basa en el resultado final, sino en la existencia de una actuación contraria a la lex artis y en la relación causal con el daño.

La sentencia también menciona que las grabaciones de las llamadas al 061 no pudieron ser aportadas al procedimiento al haberse perdido, lo que supuso una merma probatoria para la parte demandante. No obstante, el tribunal considera que, con el resto de pruebas disponibles, no puede concluirse que existiera una actuación negligente. Por todo ello, el TSJA desestima íntegramente el recurso y confirma que la actuación del servicio de emergencias se ajustó a los estándares exigibles. La Sala no impone las costas del procedimiento al apreciar dudas de hecho en el caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que absolvió a un vecino de Tenerife acusado de agresión sexual, desestimando los recursos presentados por el fiscal y la acusación particular.

Los hechos juzgados ocurrieron de la noche del 22 al 23 de febrero de 2023, cuando el procesado pernoctó junto con otras personas, entre las que se encontraba la víctima, de 15 años de edad, en un domicilio familiar.

Fue la madre de la menor quien denunció ante la Policía los hechos al día siguiente.

La sentencia que ahora confirma el TSJC, dictada el 15 de julio de 2025 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, estableció que no quedó finalmente acreditado que el procesado, aprovechando que la menor dormía a su lado, se aproximase a ella e intensase agredirla sexualmente por medio de tocamientos.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado un recurso presentado por una paciente que sufrió daños irreversibles tras ser intervenida en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, y ha condenado al Sergas a indemnizarla en más de 50.000 euros, según una sentencia con fecha del pasado 26 de marzo.

Según recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en 2016, cuando la mujer fue intervenida para la implantación de una malla suburetral como parte del tratamiento de una incontinencia de esfuerzo. A raíz de esta operación, la mujer sufrió lesiones en el nervio pudendo, con consecuencias irreversibles, tales como dolor crónico intenso o imposibilidad de mantener relaciones sexuales.

La mujer presentó una reclamación ante el Sergas, que le fue denegada, y un juzgado de Santiago validó inicialmente ese rechazo, al no quedar probada la mala praxis médica, ya que la indicación de la cirugía había sido correcta, la neuralgia es una complicación “posible” y no se constató el uso de una técnica defectuosa.

No obstante, el TSXG ha estimado el recurso porque, aunque no hubiera mala praxis y no se haya podido probar un error del cirujano, debe aplicarse la 'doctrina del daño desproporcionado', “debido a la evidente asimetría entre la intervención programada y el resultado obtenido”.

Así, recuerda que la paciente se sometió a una operación por una patología que no compromete la integridad vital, “y el resultado ha sido una lesión neurológica bilateral crónica con dolores quemantes y punzantes de gran intensidad”. En estas circunstancias, expone el TSXG, se produce “una inversión de la carga de la prueba” y no es la paciente la que debe probar el error del cirujano, sino la Administración la que debe demostrar una causa fortuita o de fuerza mayor que rompa el nexo causal (entre la intervención y el resultado lesivo).

Al no haber podido explicar el Sergas de forma coherente por qué la colocación de esa malla terminó lesionando los nervios, la Sala concluye que el daño es “jurídicamente insoportable”, y esa conclusión se apuntala por el hecho de que no ha sido posible retirar la malla por “motivos técnicos”. “Esta circunstancia sitúa a la paciente en un escenario de desamparo que agrava la desproporción: no solo sufrió una lesión inesperada en una cirugía, sino que el sistema sanitario admite que no puede retirar el agente causante”, señala el TSXG en su sentencia.

Por todo ello, revoca la sentencia de instancia y anula la resolución del Sergas que denegó la reclamación, reconociendo el derecho de la paciente a ser indemnizada en 50.427,76 euros más intereses legales. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha abierto una pieza disciplinaria a un abogado por citar dos sentencia inexistentes del Tribunal Supremo y el Constitucional en su recurso de apelación contra el fallo que condenó a los miembros de una banda de narcotraficantes de Lanzarote.

La Sala de lo Penal detectó esa irregularidad, que considera “intolerable”, al revisar la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que impuso penas de hasta seis años de cárcel por tráfico de drogas a nueve personas que introducían cocaína en Lanzarote.

Para combatir esa resolución, uno de los abogados defensores invocó una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y otra del Tribunal Constitucional de 1990, que le servían para cuestionar la documentación que justificaba la actuación de la Policía.

El TSJC remarca que el letrado presenta esas citas jurisprudenciales como centrales en su recurso, las entrecomilla y resalta en negrita, y fundaba en ellas una grave consecuencia procesal: la posible nulidad de las actuaciones.

Sin embargo, añaden los magistrados, hay un problema: los párrafos con la supuesta jurisprudencia que menciona el letrado no aparecen en las sentencias citadas, ni en otras con una numeración conexa.

La sentencia del Supremo que invoca “no solo no guarda ninguna relación con esta cuestión (documentación de las diligencias policiales) sino que no contiene ni ese texto, ni ninguno parecido”, explica la Sala. Y lo mismo sucede con la sentencia del Constitucional, que “ni contiene este texto transcrito, ni uno parecido, ni trata de esta cuestión directa o indirectamente”.

Para el TSJC, no se trata de un “mero desliz o error venial”, sino de una conducta “intolerable” por parte del letrado que puede merecer una corrección disciplinaria.

Los magistrados comparan lo sucedido con la otro caso reciente en el que detectaron que un abogado había invocado jurisprudencia inventada por una aplicación de inteligencia artificial, sin hacer una comprobación para verificarla.

“Esta conducta tiene otro efecto, que es el de la pérdida de la confianza en la profesionalidad técnica, lo que conduce a desviar la tarea judicial a la comprobación de las citas jurisprudenciales invocadas en los escritos de los profesionales, lo que conduce a una ralentización de las resoluciones”, advierte. “Los órganos del Poder Judicial no pueden quedar pasivos ante estas conductas”, remacha.

Respecto al fondo del asunto, el TSJC rechazada los recursos y confirma las condenas dictadas por la Audiencia de Las Palmas para los narcotraficantes juzgados en esta causa.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las de los ríos Tajo y Segura.

Estos planes son el principal argumento del Gobierno de Castilla-La Mancha para pedir la revisión de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que suponrían el recorte de las transferencias de agua para respetar el caudal ecológico del Tajo. De hecho, ha demandado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que las apruebe cuanto antes.

Se trata de la séptima sentencia del Supremo que avala la tesis defendida por el Gobierno de Emiliano García-Page.

En este caso, el Alto Tribunal ha declarado inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante “por falta de legitimación activa”. Se remite en la sentencia a su criterio “consolidado y que es de plena aplicación” en lo referente a la legitimación de las entidades locales, entre ellas las diputaciones provinciales, para impugnar planes hidrológicos, que en términos generales se ha negado.

Las entidades locales no tienen “legitimación” en este tema

Entre los argumentos contemplados en la sentencia recuerda que las entidades locales “no tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso-administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado (...), sino solo en la medida que dicha disposición general afectase a su ámbito de autonomía”.

La sentencia recoge también los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

El recurso de la Diputación de Alicante es uno de los dos de cuya resolución estaba pendiente el Gobierno de España para cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como le reclama Castilla-La Mancha. Queda un recurso más pendiente de resolución: el presentado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS).

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar 250.000 euros a un paciente que sufrió una demora en la intervención que necesitaba tras padecer un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto tribunal gallego ha incrementado de 150.000 a 250.000 euros la indemnización que le corresponde a la víctima al considerarla “más ajustada a derecho”.

De esta manera, acoge parcialmente el recurso de apelación presentado contra la sentencia de la Plaza número 2 de la Sección Contencioso-administrativa del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela.

El fallo explica que el paciente fue inicialmente atendido en el hospital Ribera Povisa tras sufrir una hemorragia subaracnoidea, teniendo que aguardar más de 15 horas para ser derivado al Cunqueiro, hospital de referencia en estos casos.

Los jueces subrayan que “ningún protocolo” obliga a esperar en un pronóstico así, mientras que “queda acreditada la existencia de guías que obligan a actuar lo antes posible”.

“Debemos concluir que no hacerlo supuso una infracción clara de la lex artis ad hoc. Es decir, la no realización de la intervención que estaba pautada en las guías y que además tenía como uno de sus efectos principales evitar la producción de un resangrado que al producirse empeoró el pronóstico del paciente”, añaden.

Precisamente, el estado final del varón es de “gran invalidez” con dependencia “total” y con un grado de discapacidad del 95%.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso contra la misma.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) confirma la sentencia que saca de las listas a un profesor interino de Enseñanza Secundaria en La Rioja tal y como avanzó El Día de La Rioja. La resolución judicial a la que ha tenido acceso este medio ratifica que el docente incurrió en un “notorio incumplimiento de sus funciones” y en “grave desconsideración” hacia su alumnado, incluyendo un empujón a una de ellas.

Los hechos se remontan al inicio de aquel curso (2022-2023), cuando apenas un mes después de comenzar las clases, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja inició un expediente disciplinario tras detectar graves irregularidades en la labor del docente. Y es que, tal y como recoge la sentencia, al poco tiempo de comenzar el curso, surgieron conflictos con sus compañeros y el equipo directivo. “En la primera reunión del departamento del 13 de septiembre de 2022 surgieron desavenencias”, cita textualmente. Tras varias incidencias, la Consejería de Educación inició el 20 de octubre de 2022 un expediente disciplinario basado en tres cargos principales. Uno de ellos, tipificado como falta muy grave, el incumplimiento de sus deberes básicos como programar las clases, evaluar correctamente al alumnado, realizar tutorías con las familias y mantener un clima de respeto en el centro.

Un segundo cargo (falta grave) por trato desconsiderado hacia el alumnado durante las clases, “puesto de manifiesto tanto en expresiones concretas como en el modo o forma de dirigirse o responder a los discentes”. Y el tercer cargo (falta grave) hace referencia a un incidente específico donde se le acusa de “haber empujado e insultado a una alumna”.

Expediente abierto por Función Pública de La Rioja

En mayo de 2023, la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja consideró a este docente responsable de “una falta de notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”. Falta tipificada como muy grave y con una sanción de rescisión del nombramiento de interino además de sacarlo de las listas durante cerca de seis años. Por el segundo cargo, desconsideración con al alumnado, la sanción también contempla la rescisión del nombramiento de interino y sacarlo de las listas cerca de tres años. Por el incidente con la alumna, la Dirección General de Función Pública acuerda suspenderle de sus funciones y sueldo hasta final de curso.

El docente interino recurrió y solicitó en los tribunales la anulación de estas sanciones. Y el Juzgado de Primera Instancia decidió reducir las sanciones porque las consideraba excesivas, reconociendo a su vez su existencia. Sin embargo, el profesor interino, no conforme con esta decisión, volvió a recurrir y apeló a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) solicitando la anulación total de las sanciones y la devolución de los sueldos no percibidos. El fallo de la sala ha supuesto un nuevo revés para el docente.

Y es que en este nuevo fallo, uno de los puntos clave es el incidente ocurrido con una alumna. Según el relato de los hechos probado por el tribunal, el profesor empujó e insultó a una estudiante que intentaba salir del aula tras haber desobedecido sus órdenes. Aunque el docente alegó que se trató de un “choque fortuito”, el tribunal se apoya en los testimonios de dos compañeros de clase, del jefe de estudios y de la directora del centro —quien afirmó que el propio profesor le reconoció inicialmente el empujón— para determinar que existió una agresión física, independientemente de que no hubiera intención de causar daño. Además, en la sentencia se recoge que “la versión de la alumna fue corroborado por dos compañeros que presenciaron los hechos y relataron lo sucedido de forma coincidente. Además, después del recreo, la alumna y el profesor se reunieron con el jefe de estudios y la directora del centro. El propio interesado manifestó que hubo un choque fortuito, los que significa que sí hubo contacto entre ambos. Aunque su intención no fuera causar daño a la alumna, es incontrovertido que se produjo una colisión entre ambos, que provocó que la alumna rebotara y que permite encuadrar esta situación como al que se ha declarado probada de empujón”.

Y además, el fallo ratifica la desatención de las funciones docentes porque más allá de este incidente puntual, la justicia confirma una falta muy grave por el incumplimiento de las tareas esenciales de supuesto. En concreto, entregó un documento a las familias con criterios de evaluación que contravenían la normativa LOMLOE, otorgando a un examen un valor superior al permitido. Asimismo reitera la falta de implicación en las tareas de tutoría y reconoce un “grave desorden” en el aula presenciado por el equipo directivo del centro en varias ocasiones.

Las sanciones: fuera de las listas de interinos

Aunque el Tribunal ha ajustado ligeramente la duración de las sanciones propuestas inicialmente por la Administración para cumplir con el principio de proporcionalidad, las consecuencias para el docente son severas. Por la falta muy grave: Rescisión de su nombramiento como interino e imposibilidad de obtener un nuevo contrato en la administración riojana durante tres años y un día. Y por las faltas graves: Rescisión del nombramiento e inhabilitación para nuevos contratos por un periodo de un año, además de la suspensión de funciones durante el tiempo que restaba de curso.

Esta sentencia agota la vía ordinaria y respalda la actuación del Gobierno de La Rioja.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado que la promotora Live Nation, un gigante que lleva las giras más importantes a nivel mundial, no tenía derecho a reclamar más de cuatro millones de euros a Robe Iniesta por la cancelación de la gira de despedida de Extremoduro. El fallo supone una victoria judicial póstuma para el cantante, fallecido el pasado 10 de diciembre a los 63 años. Según la sentencia, fue la propia empresa la que decidió dar por terminado el proyecto de forma unilateral, mientras el músico defendía aplazar los conciertos por las circunstancias sanitarias de la pandemia hasta que pudieran celebrarse. Con esta resolución del pasado 11 de marzo, el tribunal respalda la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona y condena a Live Nation al pago de las costas. Aun así, el fallo no es definitivo y puede ser recurrido.

El conflicto se originó tras la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro. La anunciaron en 2019 y tenían previsto subirse a los escenarios a partir de mayo de 2020. Había vendido cerca de 400.000 entradas para 14 conciertos, pero la irrupción de la pandemia obligó a posponer los espectáculos en varias ocasiones, lo que acabó desencadenando desacuerdos entre la promotora y el propio Iniesta.

Live Nation reclamaba 4,2 millones de euros: 1,3 millones como devolución de la fianza ya cobrada por el extremeño y 2,9 millones por supuestos daños y perjuicios. Sin embargo, el auto se pronuncia claramente en contra de la empresa, la cual asegura que “incumplió el pacto”, según especifica el auto. Argumentan que Robe quería llevar a cabo la gira “cuando las condiciones lo permitiesen”, pero se volvió imposible “cuando el 22 de julio de 2021 la parte recurrente, Live Nation, decidió dar por terminadas las negociaciones para celebrar en el futuro la gira de despedida de Extremoduro y procedió a devolver a los compradores el precio de las entradas”.

La Audiencia Provincial de Navarra detalla en su resolución otros aspectos del caso: “El hecho de que el demandado Sr. Iniesta en aquellas fechas estuviera también pensando en su gira en solitario, en absoluto implica que desechara la gira de Extremoduro”, declaran. Este razonamiento coincide con uno de los argumentos defendidos por el músico, que sostenía que, mientras no fuera posible celebrar los conciertos de Extremoduro en grandes recintos, optaría por desarrollar su proyecto en solitario, ya que este sí encajaba dentro de las limitaciones sanitarias al realizarse en espacios de menor tamaño. Las circunstancias de esta gira eran distintas: Podía estar adaptada a espacios más pequeños y permitida en ese momento, por lo que no implica —según la sentencia— que renunciara a la despedida de Extremoduro.

El caso también estuvo marcado por tensiones internas dentro del grupo. Iñaki “Uoho” Antón, guitarrista de la banda, se alineó con la postura de la promotora, aunque esta circunstancia no ha tenido impacto en la decisión judicial final, sino que, más bien, le ha beneficiado. Precisamente, aquellos desacuerdos dieron lugar a comunicados cruzados entre ambos por los que Live Nation acusó a Iniesta de difamación.

“Parece que tienen algún tipo de alergia a la palabra devolución. En el comunicado que sacaron, ni siquiera la mencionaban. Encima, querían que lo firmáramos conjuntamente. ¡Hace falta ser zoquetes! No ganan nada con esto, solo tocar los cojones. Y no creo que sea el mejor momento. Espero no tener que volver a reconvenirles”, denunciaba el cantante. De hecho, FACUA-Consumidores en Acción, denunció a la promotora, a la que acusó de dificultar el reembolso de las entradas de los conciertos tras la cancelación definitiva del evento. Ahora, el tribunal rechaza la acusación de difamación y considera que las palabras de Robe no eran constituyentes de delito.

El juez Luís Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020 y al que la Xunta había señalado en varias ocasiones por sus sentencias sobre los parques eólicos, ha sido apartado de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La decisión la ha tomado la nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio, quien tomó posesión a principios de mes tras competir por el cargo con el propio Villares. La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) teme que el mensaje que se envíe a la ciudadanía con esta “inusual” medida es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes.

Según ha adelantado la Cadena SER, Recio justifica el traslado forzoso de la Sección Tercera de la sala a la cuarta –donde entenderá sobre tributos o catastro– para “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Junto a él, mueve a otros tres jueces –una de ellas, María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias cuestionadas por el PP–, aunque lo hace por motivos bien diferentes: promover su “crecimiento profesional” y una “oportunidad” en su carrera.

Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares. En todas ellas había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente a las sentencias iniciales del juzgado de instancia. El Supremo ordenó entonces retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”.

“Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribe Recio en una resolución en la que invoca la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. La presidenta incluye la “propia salvaguarda” de Villares, “el magistrado cuya imparcialidad ha sido sometida a valoración judicial por el Tribunal Supremo” y suma a ella las “necesidades reorganizativas” derivada de número de procedimientos de cada sección para concluir que la reestructuración “va a reforzar el buen funcionamiento de la Sala”.

Para XXpD, la resolución del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que considera “habitual en la vida normal de los tribunales”, no justifica un movimiento con el que se “discuten los criterios jurisdiccionales de la sección”.

“Ataques mediáticos y políticos”

La asociación de jueces ve “sorpresiva” una decisión tomada por Recio el pasado día 12, sólo seis días después de asumir el cargo de presidenta de la sala. En un comunicado, recuerda que durante los últimos “meses y años” fueron habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no sólo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”.

En el texto, ponen el foco en lo “inusual” de un traslado forzoso “de tanta envergadura” y las formas en las que se llevó a cabo, sin consulta previa a los presidentes de las secciones ni a los magistrados afectados. Frente al modo habitual de realizar cambios individuales para no “perturbar” el trabajo de las secciones, aquí se “desmantela” la tercera al trasladar a dos de sus cuatro integrantes. Todos llegan a nuevos puestos en los que carecen de experiencia previa, lo que provocará “disfunciones” en el funcionamiento de ambas salas.

XXpD considera que apartar a la mitad de la sección “afecta directamente a la continuidad de los criterios jurisdiccionales defendidos”, lo que les provoca “serias dudas” de que esa no sea la “intención” real del movimiento. “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la Sección del TSXG que conoce de los litigios sobre los parques eólicos en Galicia”.

“La imagen del Tribunal y de su independencia quedan muy afectadas”, añaden. Les preocupa que se transmita que “el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados”. Temen que “la especial trascendencia mediática y social” de los casos tratados por la Sección Tercera –los eólicos, pero también causas de contratación administrativa, como el propio hospital de Vigo– junto al “sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición”, trasladen a la ciudadanía una “sospecha” –“esperemos que infundada”– sobre la “finalidad perseguida” por la decisión de la nueva presidenta.

BNG: “El poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”

El BNG, primera fuerza de la oposición en la cámara gallega, respaldó los argumentos de XXpD. “Estamos ante una decisión absolutamente arbitraria, injustificada y a golpe de decreto, porque no es un juez en concreto”, sino que, según la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, “cambia por completo en su integridad la Sección Tercera del TSXG”.

Rodil cree que no hay “ninguna justificación” al traslado forzoso de personas “que estaban desarrollando su trabajo con absoluta normalidad. ”Es evidente que ya ni siquiera esconden cómo el poder de las eléctricas y, sobre todo, los tentáculos del PP injiriendo en la judicatura son cada vez más extensos“, concluyó.