El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a pagar 250.000 euros a un paciente que sufrió una demora en la intervención que necesitaba tras padecer un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto tribunal gallego ha incrementado de 150.000 a 250.000 euros la indemnización que le corresponde a la víctima al considerarla “más ajustada a derecho”.

De esta manera, acoge parcialmente el recurso de apelación presentado contra la sentencia de la Plaza número 2 de la Sección Contencioso-administrativa del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela.

El fallo explica que el paciente fue inicialmente atendido en el hospital Ribera Povisa tras sufrir una hemorragia subaracnoidea, teniendo que aguardar más de 15 horas para ser derivado al Cunqueiro, hospital de referencia en estos casos.

Los jueces subrayan que “ningún protocolo” obliga a esperar en un pronóstico así, mientras que “queda acreditada la existencia de guías que obligan a actuar lo antes posible”.

“Debemos concluir que no hacerlo supuso una infracción clara de la lex artis ad hoc. Es decir, la no realización de la intervención que estaba pautada en las guías y que además tenía como uno de sus efectos principales evitar la producción de un resangrado que al producirse empeoró el pronóstico del paciente”, añaden.

Precisamente, el estado final del varón es de “gran invalidez” con dependencia “total” y con un grado de discapacidad del 95%.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso contra la misma.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) confirma la sentencia que saca de las listas a un profesor interino de Enseñanza Secundaria en La Rioja tal y como avanzó El Día de La Rioja. La resolución judicial a la que ha tenido acceso este medio ratifica que el docente incurrió en un “notorio incumplimiento de sus funciones” y en “grave desconsideración” hacia su alumnado, incluyendo un empujón a una de ellas.

Los hechos se remontan al inicio de aquel curso (2022-2023), cuando apenas un mes después de comenzar las clases, la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja inició un expediente disciplinario tras detectar graves irregularidades en la labor del docente. Y es que, tal y como recoge la sentencia, al poco tiempo de comenzar el curso, surgieron conflictos con sus compañeros y el equipo directivo. “En la primera reunión del departamento del 13 de septiembre de 2022 surgieron desavenencias”, cita textualmente. Tras varias incidencias, la Consejería de Educación inició el 20 de octubre de 2022 un expediente disciplinario basado en tres cargos principales. Uno de ellos, tipificado como falta muy grave, el incumplimiento de sus deberes básicos como programar las clases, evaluar correctamente al alumnado, realizar tutorías con las familias y mantener un clima de respeto en el centro.

Un segundo cargo (falta grave) por trato desconsiderado hacia el alumnado durante las clases, “puesto de manifiesto tanto en expresiones concretas como en el modo o forma de dirigirse o responder a los discentes”. Y el tercer cargo (falta grave) hace referencia a un incidente específico donde se le acusa de “haber empujado e insultado a una alumna”.

Expediente abierto por Función Pública de La Rioja

En mayo de 2023, la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja consideró a este docente responsable de “una falta de notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”. Falta tipificada como muy grave y con una sanción de rescisión del nombramiento de interino además de sacarlo de las listas durante cerca de seis años. Por el segundo cargo, desconsideración con al alumnado, la sanción también contempla la rescisión del nombramiento de interino y sacarlo de las listas cerca de tres años. Por el incidente con la alumna, la Dirección General de Función Pública acuerda suspenderle de sus funciones y sueldo hasta final de curso.

El docente interino recurrió y solicitó en los tribunales la anulación de estas sanciones. Y el Juzgado de Primera Instancia decidió reducir las sanciones porque las consideraba excesivas, reconociendo a su vez su existencia. Sin embargo, el profesor interino, no conforme con esta decisión, volvió a recurrir y apeló a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) solicitando la anulación total de las sanciones y la devolución de los sueldos no percibidos. El fallo de la sala ha supuesto un nuevo revés para el docente.

Y es que en este nuevo fallo, uno de los puntos clave es el incidente ocurrido con una alumna. Según el relato de los hechos probado por el tribunal, el profesor empujó e insultó a una estudiante que intentaba salir del aula tras haber desobedecido sus órdenes. Aunque el docente alegó que se trató de un “choque fortuito”, el tribunal se apoya en los testimonios de dos compañeros de clase, del jefe de estudios y de la directora del centro —quien afirmó que el propio profesor le reconoció inicialmente el empujón— para determinar que existió una agresión física, independientemente de que no hubiera intención de causar daño. Además, en la sentencia se recoge que “la versión de la alumna fue corroborado por dos compañeros que presenciaron los hechos y relataron lo sucedido de forma coincidente. Además, después del recreo, la alumna y el profesor se reunieron con el jefe de estudios y la directora del centro. El propio interesado manifestó que hubo un choque fortuito, los que significa que sí hubo contacto entre ambos. Aunque su intención no fuera causar daño a la alumna, es incontrovertido que se produjo una colisión entre ambos, que provocó que la alumna rebotara y que permite encuadrar esta situación como al que se ha declarado probada de empujón”.

Y además, el fallo ratifica la desatención de las funciones docentes porque más allá de este incidente puntual, la justicia confirma una falta muy grave por el incumplimiento de las tareas esenciales de supuesto. En concreto, entregó un documento a las familias con criterios de evaluación que contravenían la normativa LOMLOE, otorgando a un examen un valor superior al permitido. Asimismo reitera la falta de implicación en las tareas de tutoría y reconoce un “grave desorden” en el aula presenciado por el equipo directivo del centro en varias ocasiones.

Las sanciones: fuera de las listas de interinos

Aunque el Tribunal ha ajustado ligeramente la duración de las sanciones propuestas inicialmente por la Administración para cumplir con el principio de proporcionalidad, las consecuencias para el docente son severas. Por la falta muy grave: Rescisión de su nombramiento como interino e imposibilidad de obtener un nuevo contrato en la administración riojana durante tres años y un día. Y por las faltas graves: Rescisión del nombramiento e inhabilitación para nuevos contratos por un periodo de un año, además de la suspensión de funciones durante el tiempo que restaba de curso.

Esta sentencia agota la vía ordinaria y respalda la actuación del Gobierno de La Rioja.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado que la promotora Live Nation, un gigante que lleva las giras más importantes a nivel mundial, no tenía derecho a reclamar más de cuatro millones de euros a Robe Iniesta por la cancelación de la gira de despedida de Extremoduro. El fallo supone una victoria judicial póstuma para el cantante, fallecido el pasado 10 de diciembre a los 63 años. Según la sentencia, fue la propia empresa la que decidió dar por terminado el proyecto de forma unilateral, mientras el músico defendía aplazar los conciertos por las circunstancias sanitarias de la pandemia hasta que pudieran celebrarse. Con esta resolución del pasado 11 de marzo, el tribunal respalda la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona y condena a Live Nation al pago de las costas. Aun así, el fallo no es definitivo y puede ser recurrido.

El conflicto se originó tras la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro. La anunciaron en 2019 y tenían previsto subirse a los escenarios a partir de mayo de 2020. Había vendido cerca de 400.000 entradas para 14 conciertos, pero la irrupción de la pandemia obligó a posponer los espectáculos en varias ocasiones, lo que acabó desencadenando desacuerdos entre la promotora y el propio Iniesta.

Live Nation reclamaba 4,2 millones de euros: 1,3 millones como devolución de la fianza ya cobrada por el extremeño y 2,9 millones por supuestos daños y perjuicios. Sin embargo, el auto se pronuncia claramente en contra de la empresa, la cual asegura que “incumplió el pacto”, según especifica el auto. Argumentan que Robe quería llevar a cabo la gira “cuando las condiciones lo permitiesen”, pero se volvió imposible “cuando el 22 de julio de 2021 la parte recurrente, Live Nation, decidió dar por terminadas las negociaciones para celebrar en el futuro la gira de despedida de Extremoduro y procedió a devolver a los compradores el precio de las entradas”.

La Audiencia Provincial de Navarra detalla en su resolución otros aspectos del caso: “El hecho de que el demandado Sr. Iniesta en aquellas fechas estuviera también pensando en su gira en solitario, en absoluto implica que desechara la gira de Extremoduro”, declaran. Este razonamiento coincide con uno de los argumentos defendidos por el músico, que sostenía que, mientras no fuera posible celebrar los conciertos de Extremoduro en grandes recintos, optaría por desarrollar su proyecto en solitario, ya que este sí encajaba dentro de las limitaciones sanitarias al realizarse en espacios de menor tamaño. Las circunstancias de esta gira eran distintas: Podía estar adaptada a espacios más pequeños y permitida en ese momento, por lo que no implica —según la sentencia— que renunciara a la despedida de Extremoduro.

El caso también estuvo marcado por tensiones internas dentro del grupo. Iñaki “Uoho” Antón, guitarrista de la banda, se alineó con la postura de la promotora, aunque esta circunstancia no ha tenido impacto en la decisión judicial final, sino que, más bien, le ha beneficiado. Precisamente, aquellos desacuerdos dieron lugar a comunicados cruzados entre ambos por los que Live Nation acusó a Iniesta de difamación.

“Parece que tienen algún tipo de alergia a la palabra devolución. En el comunicado que sacaron, ni siquiera la mencionaban. Encima, querían que lo firmáramos conjuntamente. ¡Hace falta ser zoquetes! No ganan nada con esto, solo tocar los cojones. Y no creo que sea el mejor momento. Espero no tener que volver a reconvenirles”, denunciaba el cantante. De hecho, FACUA-Consumidores en Acción, denunció a la promotora, a la que acusó de dificultar el reembolso de las entradas de los conciertos tras la cancelación definitiva del evento. Ahora, el tribunal rechaza la acusación de difamación y considera que las palabras de Robe no eran constituyentes de delito.

El juez Luís Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020 y al que la Xunta había señalado en varias ocasiones por sus sentencias sobre los parques eólicos, ha sido apartado de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La decisión la ha tomado la nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio, quien tomó posesión a principios de mes tras competir por el cargo con el propio Villares. La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) teme que el mensaje que se envíe a la ciudadanía con esta “inusual” medida es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes.

Según ha adelantado la Cadena SER, Recio justifica el traslado forzoso de la Sección Tercera de la sala a la cuarta –donde entenderá sobre tributos o catastro– para “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Junto a él, mueve a otros tres jueces –una de ellas, María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias cuestionadas por el PP–, aunque lo hace por motivos bien diferentes: promover su “crecimiento profesional” y una “oportunidad” en su carrera.

Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares. En todas ellas había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente a las sentencias iniciales del juzgado de instancia. El Supremo ordenó entonces retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”.

“Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribe Recio en una resolución en la que invoca la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. La presidenta incluye la “propia salvaguarda” de Villares, “el magistrado cuya imparcialidad ha sido sometida a valoración judicial por el Tribunal Supremo” y suma a ella las “necesidades reorganizativas” derivada de número de procedimientos de cada sección para concluir que la reestructuración “va a reforzar el buen funcionamiento de la Sala”.

Para XXpD, la resolución del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que considera “habitual en la vida normal de los tribunales”, no justifica un movimiento con el que se “discuten los criterios jurisdiccionales de la sección”.

“Ataques mediáticos y políticos”

La asociación de jueces ve “sorpresiva” una decisión tomada por Recio el pasado día 12, sólo seis días después de asumir el cargo de presidenta de la sala. En un comunicado, recuerda que durante los últimos “meses y años” fueron habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no sólo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”.

En el texto, ponen el foco en lo “inusual” de un traslado forzoso “de tanta envergadura” y las formas en las que se llevó a cabo, sin consulta previa a los presidentes de las secciones ni a los magistrados afectados. Frente al modo habitual de realizar cambios individuales para no “perturbar” el trabajo de las secciones, aquí se “desmantela” la tercera al trasladar a dos de sus cuatro integrantes. Todos llegan a nuevos puestos en los que carecen de experiencia previa, lo que provocará “disfunciones” en el funcionamiento de ambas salas.

XXpD considera que apartar a la mitad de la sección “afecta directamente a la continuidad de los criterios jurisdiccionales defendidos”, lo que les provoca “serias dudas” de que esa no sea la “intención” real del movimiento. “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la Sección del TSXG que conoce de los litigios sobre los parques eólicos en Galicia”.

“La imagen del Tribunal y de su independencia quedan muy afectadas”, añaden. Les preocupa que se transmita que “el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados”. Temen que “la especial trascendencia mediática y social” de los casos tratados por la Sección Tercera –los eólicos, pero también causas de contratación administrativa, como el propio hospital de Vigo– junto al “sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición”, trasladen a la ciudadanía una “sospecha” –“esperemos que infundada”– sobre la “finalidad perseguida” por la decisión de la nueva presidenta.

BNG: “El poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”

El BNG, primera fuerza de la oposición en la cámara gallega, respaldó los argumentos de XXpD. “Estamos ante una decisión absolutamente arbitraria, injustificada y a golpe de decreto, porque no es un juez en concreto”, sino que, según la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, “cambia por completo en su integridad la Sección Tercera del TSXG”.

Rodil cree que no hay “ninguna justificación” al traslado forzoso de personas “que estaban desarrollando su trabajo con absoluta normalidad. ”Es evidente que ya ni siquiera esconden cómo el poder de las eléctricas y, sobre todo, los tentáculos del PP injiriendo en la judicatura son cada vez más extensos“, concluyó.

El Tribunal de Instancia de Zaragoza ha condenado a J. M. M. A., un técnico auxiliar del Ayuntamiento, por un delito de coacciones en su modalidad de acoso hacia una agente de la Policía Local con la que coincidía en el edificio del Seminario. El fallo judicial considera probado que el acusado sometió a la víctima a un patrón de “conducta insistente y reiterado” que alteró “gravemente el desarrollo de su vida cotidiana”. La resolución judicial destaca que, pese a que la mujer comunicó el hostigamiento a través de mensajes donde pedía que “no se acerque” y afirmaba sentirse “acosada e intimidada” , el procedimiento planteado por las jefaturas “no ha resultado eficaz porque no contempla a la denunciante como víctima”.

La sentencia subraya que esta situación se mantuvo debido a una “inacción para evitar el asunto desde su raíz”, llegando a considerar a que el acoso “se permite y se incita por parte de algunas personas del equipo de trabajo y por el oficial al mando” –el máximo responsable policial en el edificio del Seminario–. Así lo señala al hacerse eco de las “contundentes consideraciones y conclusiones” de un informe del Servicio de Prevención y Salud Laboral.

Fuentes municipales explican que, al conocerse los hechos, se abrió un expediente disciplinario al acusado y que los mecanismos “funcionaron correctamente”. El procotolo se inicio en junio del 2022, cuando la víctima lo comunicó, y se finalizaron las conclusiones en diciembre de ese mismo año. El 4 de enero de 2023, el Ayuntamiento aprobó de forma cautelar el traslado forzoso del trabajador a otro edificio.

Según la resolución, a raíz del divorcio de la agente en 2020, el acusado empezó a “interesarse más por ella”. Desde septiembre de 2021, J. M. M. A. “propiciaba de manera insistente encontrarse con la denunciante y buscar su cercanía física”. Para ello, el encausado la buscaba “prácticamente a diario” allí donde se hallaba o preguntaba a otros agentes en qué zona del edificio prestaba servicios.

La sentencia relata que el acusado “no cesaba de ir casi a diario al cuarto de seguridad”, accediendo incluso a su interior pese a ser una “estancia reservada a agentes policiales”, donde llegó a arrodillarse ante la víctima “pidiéndole que le hablase y exigiéndole explicaciones”. También consta la entrega de una nota donde le decía que ella era una “persona muy especial” junto a un “emoticono con forma de corazón”. Pese a que la denunciante le envió mensajes advirtiéndole que no le insistiera más, que se sentía “acosada e intimidada” y que “no estaba autorizado” a acudir a sus puestos de trabajo, J. M. M. A. hizo “caso omiso” a estas peticiones y a las advertencias verbales de sus jefes en una reunión mantenida en abril de 2022. Esta “prolongada situación sufrida” ocasionó que la víctima tuviera que “cambiar sus hábitos en el trabajo y estar permanentemente en alerta”, derivando en un diagnóstico de “síndrome de estrés postraumático y ansiedad”.

Fuentes del entorno de la agente señalan que ha estado “cinco años luchando sola” y apuntan a que lo que ha “vivido ha sido un infierno”. “Lleva cinco años encerrada sin poder salir de casa”, explican. A su vez, lamentan que no ha recibido “nada de ayuda del entorno policial”. “Estaba convencida de que si no denunciaba acabaría pasando una desgracia”, indican las mismas fuentes.

“Inacción” del entorno laboral

La sentencia critica la “inacción” del entorno de trabajo para evitar este “hostigamiento psicológico con componente sexual del denunciado hacia la denunciante”. Ante la reiteración de los comportamientos de acoso por parte del condenado, el Servicio de Prevención y Salud Laboral recoge en su informe de diciembre de 2022 que se permitió “y se incitó por parte de algunas personas del equipo de trabajo y por el oficial al mando, a pesar del evidente malestar psicológico de la trabajadora”. Añaden que el procedimiento planteado por las jefaturas “no ha resultado eficaz porque no contempla a la denunciante como víctima”.

Este mismo informe recoge que el denunciado reconoció que tenía “obsesión” por la denunciante. Desde Prevención también constatan que el ambiente laboral “ha resultado intimidatorio y hostil para la denunciante al no identificarse las conductas de acercamiento del denunciado como inadecuadas en un entorno laboral” y que, cuando denunció, no se pusieron medios “para darle la debida protección para desarrollar su trabajo con dignidad”.

Según se expone, la agente y el ahora condenado tuvieron una reunión con sus respectivos jefes “en la que se reconoció que el tema era serio y que podía dar lugar a responsabilidades”. En esa reunión fue advertido y “se habría comprometido a poner fin a los contactos, pero sin que de esa reunión salieran instrucciones u órdenes concretas”. La víctima pidió la baja cuando comprobó que él seguía acercándose a su puesto: “Siendo especialmente frustrante para esta que su superior se quedase con él riéndose, en lugar de ampararla”. Fue ahí cuando acudió al Servicio de Prevención y Salud Laboral y fue derivada a la mutua médica, donde se le dio la baja. En la sentencia se traslada que fue ella “la que resulto cambiada de puesto de trabajo y no al revés”, lo que “acrecienta la victimización y frustración de la perjudicada”.

En junio de 2022, la trabajadora informó de los hechos en base al protocolo contra el abuso sexual, según explican fuentes municipales a este diario. Este protocolo finalizó en diciembre y, el 4 de enero de 2023, se aprobó como medida cautelar el traslado forzoso del trabajador a otro edificio.

En el escrito judicial se recoge un testimonio de un testigo que asegura que no se le impidió acceder a espacios reservados para la policía donde pudo ver los cuadrantes con los horarios de la víctima. Explica también que hubo una reunión y los compañeros “no recibieron instrucciones escritas para no dejarle acceder”. El mismo testigo confirma que a “la denunciante se la veía angustiada”.

Apertura de expediente

Fuentes municipales explican que, cuando se conoció el informe de Prevención, se abrió un expediente disciplinario al ahora condenado, pero que se paralizó al interponerse la querella, tal y como establece el protocolo. Aseguran que se tomó como medida preliminar que el acusado no pudiera estar en contacto con la denunciante mientras el expediente siguiera abierto. Todo esto sucedió antes del traslado de la agente. Las mismas fuentes explican que el Ayuntamiento no es parte en esta causa y que, al producirse la sentencia, se ha reactivado el expediente disciplinario interno. Cuando se resuelva, “se le aplicará un régimen sancionador de empleo y sueldo”.

Finalmente, el magistrado ha impuesto a J. M. M. A. una pena de “siete meses de prisión” con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, además de la “prohibición de que se aproxime” a la persona de la agente, a su domicilio o a su lugar de trabajo a una distancia “inferior a 200 metros” por un tiempo de “tres años”. Igualmente, se le impone la “prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio” durante el mismo periodo, la condena al pago de las “costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular”, y la obligación de indemnizar a la víctima en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los “días de curación y eventuales secuelas”.

Todo comenzó el 15 de febrero de 2023. Aquel día, Alberto Ordóñez, redactó una de esas rutinarias noticias que cada mes informan de los avances del IPC. “Los precios subieron en Galicia en el mes de enero un 6,4%. En toda España, la subida fue del 5,9. Son los datos oficiales que hoy publicó el Instituto Nacional de Estadística”, escribió en la entradilla que tendría que leer el presentador del informativo de la Radio Galega antes de darle paso. Cuando pulsó el botón de enter, este respetado periodista económico, con más de dos décadas en la emisora autonómica, no podía imaginar que estaba a punto de verse involucrado en una cadena de traslados que tanto él como el resto de implicados siempre consideraron una clara represalia. Dos años y media docena de derrotas judiciales después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia les ha dado la primera alegría. La Sala de lo Social ha condenado a la CSAG, la antigua CRTVG, por vulnerar los derechos fundamentales de una de sus compañeras.

Parece una obviedad recordar que el ámbito de influencia de la Radio Galega es Galicia y, por eso, con un lógico criterio periodístico, Ordóñez puso para aquella información los datos de la comunidad autónoma en primer lugar, sin valorar que eran peores que los del conjunto del Estado y que eso podía resultar incómodo para el discurso oficial. Tal y como relató después ante la jueza, su superior le pidió “de forma ambigua” que modificase la pieza para “disimular” esas malas cifras. “Ya sabes...”, contó que le dijo. El periodista, que había dejado su pieza grabada, se amparó en la cláusula de conciencia para negarse a cambiar nada. Sin embargo, cuando la noticia se emitió en antena, el paso fue muy diferente: “Dato definitivo del IPC. Los precios subieron en enero en toda España un 5,9% con respecto a hace un año. La inflación subyacente, que no cuenta ni los alimentos frescos ni los carburantes, se sitúa en el 7,5%”. Tras todos esos datos, llegaba el autonómico: “En Galicia, los precios subieron en el mes de enero un 6,4%”.

Al día siguiente, empezaba un tsunami de cambios. El subdirector de Informativos llamaba a su despacho a Ordóñez para comunicarle que, tras 23 años en la radio, se iba a la TVG, a cubrir una jubilación en el programa Vivir o mar, lejos de la actividad económica que había marcado su carrera y en un medio que desconocía. Con él se iba también a la tele Nuria López, redactora multipremiada sin experiencia en el medio televisivo y que acabaría trabajando en la página web. El cambio de cromos se completaba con dos redactores de la tele, completamente neófitos en su nuevo destino, que daban con sus huesos en la radio: David Fernández, el “daño colateral”, y Mónica Rosas, vinculada al canal desde 1998. A ella es a quien el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le acaba de reconocer la vulneración de derechos fundamentales por parte de la corporación gallega de medios públicos, la CSAG (la antigua CRTVG).

Desde el primer momento, Ordóñez, Rosas y López denunciaron esos cambios de puesto como una represalia por su postura crítica con la manipulación informativa, que los había convertido en rostros visibles del movimiento Defende a Galega. Era habitual verlos posar cada venres negro —van ya 407— vestidos de luto junto a decenas de compañeros. Tanto ellos como el comité intercentros entendieron que se estaba enviando un mensaje a los disidentes. La respuesta fue una convocatoria de huelga que hizo caer programas de las parrillas de la radio y la televisión y que llevó las protestas hasta la puerta del Senado. Allí, en la Cámara Baja, con un escaño otorgado por designación autonómica, debutaba el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que iniciaba su carrera como líder del PP en Madrid. Precisamente, a ese nuevo papel de Feijóo achaca lo que le sucedió la quinta protagonista de este juego de las sillas.

Mayte Cabezas era otro rostro histórico de la TVG. Llevaba más de 30 años en pantalla, los últimos como parte del equipo de Vivir Aquí. En 1989, días después de que ella empezase a trabajar en el canal autonómico, el padre Cabezas, guardia civil, fue asesinado por los Grapo. En 2019, Feijóo, como presidente de la Xunta, se acercó a Mayte en un homenaje para comprometerse personalmente, “de manera muy íntima y vehemente” a aprobar de inmediato una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. Cuatro años más tarde, sin que de esa ley siga sin saberse nada y con Feijóo ya en Madrid, el candidato popular afirmaba: “Hacer política que merece la pena pasa por recordar a las víctimas del terrorismo”. Era sábado, 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Cabezas estalló en su muro de Facebook personal y respondió que Feijóo “con mayoría absoluta dio la espalda sistemáticamente a las víctimas”. “Qué sinvergüenza. Reír por no llorar”, añadía entre signos de exclamación. El lunes, cuando llegó a su puesto de trabajo, tenía esperando sobre su mesa la carta que le comunicaba su traslado inmediato a la radio. La explicación oficial aseguraría después que el motivo era la cancelación del programa, algo que estaba previsto con anterioridad. La CSAG ha llegado a respaldar esa afirmación presentando ante la Justicia unos correos electrónicos supuestamente previos a las afirmaciones de la periodista. Ni ella ni sus abogados se lo creen y han presentado una impugnación por falsedad. La admisión o rechazo de esa querella está aún en trámite en un juzgado compostelano.

El vía crucis judicial

Todos los afectados por estos cambios recurrieron a la Justicia, excepto Fernández. A él le habían dejado claro que era un “daño colateral” en esos movimientos de piezas. “Tú no estás castigado... Bueno, nadie está castigado”, declaró ante la jueza que le había dicho el subdirector de informativos, Alejandro López Carballeira, hoy ascendido a director. Hablar en favor de sus compañeros tuvo un coste para él. Como tantos otros trabajadores que habían pasado años encadenando contratos temporales, denunció a la CSAG y la Justicia lo declaró indefinido. En una decisión “sin precedentes”, según el comité, en lugar de readmitirlo, como siempre se había hecho, lo indemnizaron y lo despidieron. Y eso que, cuando lo enviaron de la tele a la radio —un medio en el que también carecía de experiencia— lo hicieron “para crear equipo y generar buen ambiente”. Pero eso fue antes de comparecer ante la jueza.

Ordóñez, Rosas, López y Cabezas denunciaron que los traslados suponían una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y la vulneración de sus derechos fundamentales. Las dos juezas que vieron sus casos fallaron lo mismo: que como esa modificación no existía, no era necesario entrar al fondo del asunto. Las magistradas consideraron equivalente el trabajo en la radio, en la televisión y en la página web, aunque hubiese que utilizar programas informáticos y herramientas diferentes para los que los afectados no habían recibido formación. Una de las expertas encargadas de defender la postura de la CSAG fue Ana Isabel Rodríguez, decana de la Facultade de Comunicación de Santiago en la que —junto a otros cargos de la Corporación— imparte clases López Carballeira. Entre sus argumentos, que “en la titulación oficial de Licenciado/Graduado en Periodismo no existe una especialización en función de los soportes de distribución de la información”.

Tras ese primer fracaso, que no indaga bajo la superficie de los cambios, llegan las distintas estrategias judiciales y los resultados diferentes, incluso opuestos, hasta utilizando los mismos argumentos. Ordóñez recurrió la sentencia ante el TSXG, que desestimó sus demandas y cerró el caso. Sus tres compañeras, sin embargo, se agarraron a la decisión de las juezas de no entrar al fondo de la cuestión y solicitaron, ante el mismo órgano, la anulación de la sentencia y que la causa se recondujese a la vulneración de derechos fundamentales. Con las mismas razones, la petición de Rosas y Cabezas sí fue aceptada; la de López, que recayó en otra sala, se rechazó.

La CSAG anuncia recurso

La de Mónica Rosas, con fecha de 2 de marzo y conocida este fin de semana, ha sido la primera de las sentencias favorables. Después de cinco derrotas judiciales, fue recibida con alborozo tanto por la plataforma Defende a Galega como por el comité y los trabajadores críticos con la deriva de los medios públicos. En su escrito, la Sala de lo Social hacía suyo “el reproche jurídico” a la jueza de primera instancia que suponía admitir el recurso justo antes decretar “la existencia de vulneración de los derechos fundamentales de la actora” y ordenar a la CSAG “cesar en esa conducta”.

Además, el TSXG condena a la corporación a abonar a la periodista 7.501 euros “en concepto de indemnización por daños y perjuicios morales por la vulneración de derechos fundamentales”. Una cantidad que puede parecer irrisoria tras los dos años de proceso y después de que Rosas tuviese que acogerse a una baja por trastorno de ansiedad tras un traslado que ahora la justicia considera injustificado. “Qué barato resulta violar la Constitución”, resume Matías Movilla, consejero del despacho de abogados Vento –su compañero, Ignacio Alén, llevó la demanda de Rosas– y todo un veterano en la defensa de los trabajadores de la CSAG.

Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema (CUT), la sentencia es “importantísima” porque, a partir de ahora, la corporación tendrá “la obligación de justificar muy bien” cualquier decisión de traslado de trabajadores que hasta ahora utilizaba “como una excusa para las represalias”.

Este lunes, en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda envió balones fuera y pasó la pelota a la Corporación. En su respuesta, Rueda obvió que la actual directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo era la directora de informativos y superior directa de López Carballeira cuando se produjo la vulneración de derechos fundamentales sentenciada ahora por el TSXG. “La decisión del cambio de unidad orgánica de la demandante se tomó por el Director de Informativos de la CRTVG, Don Alejandro López Carballeira, junto con las Direcciones implicadas en dicho cambio”, escriben textualmente los magistrados.

Pombo llegó a la dirección xeral de la Corporación el pasado mes de julio, después de un cambio en la ley de medios públicos que permitió al PP designarla en solitario sin necesidad de una mayoría cualificada y pese a ser señalada como principal responsable de la manipulación informativa durante los casi ocho años que ejerció la jefatura del departamento. Cuando ascendió a lo más alto, López Carballeira heredó su puesto.

Tras el despeje de Rueda, llegaba la respuesta de la CSAG, fiel a sí misma. A través de correo electrónico, un portavoz relacionaba la demanda de Rosas con las otras tres, todas presentadas a raíz de lo que define como “reestructuración organizativa”, una “potestad de la dirección empresarial” y señala que los cuatro casos “obtuvieron sentencias favorables para la Corporación en primera instancia”. Añade que contaron con informes de la Fiscalía que, “al igual que las resoluciones judiciales, no apreciaban vulneración de derechos fundamentales”. Sin embargo, esos fallos no negaban la vulneración: simplemente, las juezas evitaban valorar si existía amparándose en que no había una modificación sustancial de las condiciones laborales.

“De los cuatro casos, éste es el único en el que el TSXG hace una lectura distinta y se aparta del criterio establecido previamente”, concluye antes de anunciar que la Corporación “recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo al entender que la reestructuración organizativa responde a una causa objetiva”.

Queda por saber si esa “lectura distinta” será la última. El caso de Mayte Cabezas está pendiente de la resolución de la querella por supuesta falsedad en los correos de la CSAG antes de seguir adelante. El de Nuria López, en punto muerto tras la decisión del TSXG de no anular su primera sentencia, podría reavivarse tras el empujón que ha supuesto el final feliz del de su compañera. Un final que aún no es definitivo, ante el anuncio de recurso de la Corporación, pero la defensa de las trabajadoras otorga muy pocas posibilidades a ese último intento. Afirman que la Sala de lo Social del Supremo apenas admite un 2% de los recursos de casación para la unificación de doctrina. Para conseguirlo, necesitarían encontrar un caso similar al de la periodista gallega en el que se justificase un desenlace diferente. Algo que no parece nada fácil.

El Tribunal Militar Territorial de A Coruña ha condenado a un brigada de la Guardia Civil y destinado en Monforte de Lemos (Lugo) por un delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de acoso sexual, por enviar menssajes de contenido sexual a una subordinada a través de Whattsapp. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena al agente con seis meses de prisión, suspensión militar de empleo durante el tiempo de la condena, entre otras medidas, así como al pago de un indemnización de 4.170,50 euros a la víctima por los “daños psíquicos causados”.

El fallo declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el pago de la referida cantidad por haberse producido los hechos durante el desempeño de sus funciones profesionales. Según consta como hechos probados, en febrero de 2023 víctima y condenado, entre otros agentes, prestaban servicio en la plana mayor de la compañía de la Guardia Civil en Monforte. “En algunas ocasiones el brigada hacía comentarios con doble intencionalidad o distendidos o que pudieran tener una segunda interpretación con alguna connotación de carácter sexual”, apunta.

Mensajes reiterados

Así, concreta que en varias ocasiones envió a su subordinada mensajes de contenido sexual. Entre ellos, “el conocido dibujo 'hombre de Vitrubio de Leonardo Da Vinci y en la parte superior una imagen semejante representando a una persona desnuda sobre otra” que el tribunal califica de “meme” con el objetivo de “hacer un requerimiento sexual”.

Ante el mismo, la mujer le contestó que “no le mandara 'guarradas'”. No obstante, ese mismo día, le remitió un vídeo en el que “tras verse la imagen de un incendio, aparece una mujer gritando mientras es penetrada violentamente por un hombre con su pene”. Con él, a juicio de la Sala “tuvo la aptitud para provocar” en la agente “una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”.

“Nos encontramos con una proposición o insinuación sexual efectuada por un brigada de la guardia civil respecto a una guardia civil, subordinada directa, conducta que se lleva a cabo en horario laboral, mientras se encuentran desempeñando sus funciones”, recalca. Por ello, lo considera autor de una “conducta claramente atentatoria a la dignidad y libertad sexual de la guardia civil” y lo califica de delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de acoso sexual.

En horario laboral

Además, recalca que estas conductas “siempre tuvieron lugar durante el desempeño de sus funciones profesionales, en horario laboral y desempeñando sus servicios reglamentariamente designados”. Añade que fueron “durante el horario de trabajo” y “exclusivamente, entre militares, en el transcurso del desempeño de actos de servicio”.

Por ello, procede declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el pago de la indemnización de 4.170,50 euros impuesta en concepto de responsabilidad civil por “haberse producido los hechos durante el desempeño de sus funciones profesionales”. La sentencia no es firme ya que cabe interponer recurso de casación ante la Sala Militar del Tribunal Supremo.

UGT La Rioja celebra la sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo que obliga al SERIS a pagar los pluses de noches y festivos durante los permisos retribuidos y además le exige que lo haga de oficio “y evitar así que las trabajadoras y trabajadores tengan que judicializarlo”, explica la secreatria del sector de Sanidad, Nuria Aldonza. Entre los permisos retribuidos afectados se encuentran los permisos por ingreso hospitalario de familiares, por matrimonio, por fallecimiento de un familiar, por intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario o por deber inexcusable de carácter público y personal y días de libre disposición. En todos estos casos, los complementos de noches y festivos deberán abonarse con el promedio de los últimos seis meses, al igual que sucede en las vacaciones.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativa, número 2 de Logrño ha estimado al demanda presentada por la formación sindical el derecho al abono de los permisos retribuidos con un complemento que se calculará con el mismo promedio que para las vacaciones.

Y además, Aldonza ha explicado que “se ha reconocido el abono con efecto retroactivo de cuatro años lo que respalda la reclamación que desde UGT se lleva realizando desde hace tiempo en defensa de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Riojano de Salud”.

Por todo ello esperan que el SERIS asuma esta sentencia y que “a partir de ahora comience a abonar de oficio estos complementos sin que sea necesario acudir nuevamente a la Justicia” porque consideran que no sería razonable que cada trabajador o trabajadora tubiera que acudir a la justicia de forma individual para ver reconocido un derecho que ya ha sido avalado judicialmente“.

Por último, desde UGT La Rioja recuerdan que esta no es la primera sentencia ganada. “Se logró un acuerdo en relación con las situaciones de Incapacidad Temporal, y desde el 1 de enero de 2025 se abonan estos complementos en los casos de IT. Con esta nueva resolución judicial pedimos que se actúe con la misma responsabilidad y que se aplique el criterio también a los permisos retribuidos”.

La Fiscalía pedía más de dos años de cárcel por aumentar de forma fraudulenta los gastos de un curso subvencionado por el Gobierno de La Rioja para enriquecerse. El juicio se ha celebrado este lunes y la Audiencia Provincial de La Rioja ha dictado una sentencia de conformidad contra el acusado de obtener una subvención del Fondo Social Europeo en 2009 mediante falsificación de documentos mercantiles.

El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado 5 meses y 10 días de prisión, así como una multa de 204 Euros. En cuanto a la responsabilidad civil, el Tribunal impone al acusado la obligación de devolver al Ayuntamiento de Alfaro, ante el que se tramitó la ayuda, el dinero obtenido de manera fraudulenta que podría ascender como máximo a 25.642 euros. En cualquier caso, la cantidad exacta se determinará en ejecución de la sentencia.

Se ha suspendido la pena de prisión con la condición de que el acusado con cometa ningún delito durante los próximos tres años y devuelva las cantidades exigidas como responsabilidad civil. La Fiscalía ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas para acordar una sentencia de conformidad.

Según el relato de los hechos, con motivo de una convocatoria en 2009 de subvenciones financiadas por el Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de Alfaro solicitó y obtuvo una ayuda para impartir una acción formativa denominada “Agente comercial para exportación. Inglés comercial”.

Para la ejecución del curso, el Ayuntamiento contrató a una persona que, a su vez, subcontrató a dos docentes. Con el fin de aparentar formalidad contractual, el acusado aportó al expediente contratos con firmas simuladas de los profesores, ya que la relación real se había acordado verbalmente.

Además, presentó facturas y justificantes simulados por conceptos inexistentes o por importes superiores a los reales, especialmente en concepto de dietas y kilometraje. Mientras que los docentes solo emitieron tres facturas por un total de 7.680 euros, el acusado percibió del Ayuntamiento 23.360 euros para gastos de docencia, obteniendo un beneficio ilícito de 15.880 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación del Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia que da luz verde definitiva al parque fotovoltaico Clarita en Movera. El fallo judicial confirma que la promotora, Valdenforne Solar SLU, ha consolidado su derecho al proyecto debido al “silencio administrativo” positivo del Ayuntamiento de Zaragoza. Para la plataforma Salvemos la Huerta de Movera, el fallo es “un desastre” que deja en evidencia “las maneras de hacer del Ayuntamiento y del consejero de Urbanismo”.

Desde el área de Urbanismo explican que el Ayuntamiento actuó en cuanto tuvo conocimiento de la magnitud de los planes para la huerta, impulsando la Modificación 214 del Plan General. Sin embargo, el proyecto Clarita se encontraba en una fase administrativa muy avanzada: ya contaba con todos los permisos autonómicos (INAGA y Energía) y la licencia se había solicitado en febrero de 2023. Fuentes municipales aclaran que, si bien se pudieron paralizar los parques que estaban iniciando trámites, no era legalmente posible frenar aquellos que ya habían solicitado la licencia en firme antes del cambio normativo.

La portavoz de la plataforma, Violeta Marqués, lamenta que la “falta de diligencia administrativa” suponga el fin de este regadío. “Nos deja vendidos porque obliga al Ayuntamiento a otorgar las licencias cuando podrían haberlas denegado en su momento; se acogieron al silencio y ahora tienen que concederlas”, crítica Marqués.

El proyecto solicitó licencia en febrero de 2023. En mayo, en plena recta final del mandato anterior, el responsable de Urbanismo acordó suspender la tramitación de licencias en suelos de regadío y “huerta honda”. Sin embargo, la sentencia señala que la resolución se dictó por una “autoridad manifiestamente incompetente”, ya que la facultad de suspender licencias para modificar el Plan General corresponde al Pleno municipal y no al Consejero.

Además, el tribunal califica la resolución municipal como un “híbrido extraño”. Reprocha que el Ayuntamiento intentara justificar la parálisis como una “actuación complementaria”, cuando en realidad buscaba un “replanteamiento, desde el punto de vista de la discrecionalidad”, de una normativa que no le interesaba aplicar.

Al declararse nula la paralización, el tribunal determina que el reloj de la administración nunca se detuvo. El Ayuntamiento disponía de un plazo de cuatro meses para resolver la solicitud conjunta de licencia ambiental y urbanística presentada en febrero de 2023. Según el fallo, el plazo expiró el 10 de julio de 2023 sin que existiera una resolución expresa. En consecuencia, se produjo un silencio administrativo positivo en la licencia ambiental (según la Ley 11/2014 de Aragón). Respecto a la licencia urbanística, aunque el silencio es negativo por norma general, el tribunal reconoce el derecho a obtenerla al comprobar que el proyecto era compatible con la legalidad vigente en ese momento. El parque, previsto sobre más de doce hectáreas de regadío en Movera, deberá ser autorizado conforme al proyecto presentado.

La sentencia subraya que la Modificación Aislada 214 del Plan General —aprobada posteriormente para limitar estas instalaciones— no tiene efectos sobre este caso. El derecho de la empresa se consolidó meses antes de que el nuevo blindaje urbanístico entrara en vigor, dejando al Consistorio sin margen de maniobra legal para denegar el proyecto. Desde la plataforma vecinal Salvemos la Huerta de Movera, su portavoz Violeta Marqués señala que esta resolución deja “en evidencia” la gestión de los tiempos del área de Urbanismo. El colectivo lamenta que la falta de un informe desfavorable en el momento oportuno y el recurso al silencio administrativo obliguen ahora a hipotecar 13,5 hectáreas de regadío tradicional.

El Ayuntamiento ha sido condenado además al pago de las costas procesales, limitadas a un máximo de 1.500 euros. Contra esta sentencia todavía cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o recurso de casación ante este tribunal por infracción de derecho autonómico. Sin embargo, fuentes municipales explican que no se plantean recurrir porque ya ha habido dos sentencias con la misma argumentación: “La asesoría jurídica ce que lo correcto sería acatarlo”.

“Luchamos contra gigantes”

El parque, previsto sobre 13,5 hectáreas de regadío en el polígono 63, es solo una pieza de un despliegue mayor que amenaza con ocupar 47 hectáreas en el entorno con otros cuatro proyectos. Violeta Marqués advierte del peligro de que Movera se convierta en “la pila del polígono industrial” de Malpica. “Tememos que las plantas solares se extiendan junto a las líneas de evacuación y terminen con todo el regadío”, señala, apuntando además que proyectos como Clarita y El Perdigal comparten infraestructuras.

La protección que ofrecía la Modificación Aislada 214 del Plan General —aprobada en 2024 para alejar las placas 750 metros de las viviendas— no afectará a Clarita por haber llegado tarde. “Esperamos que no tumben la modificación 214 en los tribunales, porque si no todo se quedaría desprotegido. Luchamos contra gigantes”, concluye la portavoz.

Si tienes un familiar hospitalizado por enfermedad grave o una operación quirúrgica que requiere reposo, el Estatuto de los Trabajadores te permite disfrutar de un permiso laboral de cinco días hábiles para poder acompañarlo y cuidarlo. Ahora, una sentencia del Juzgado de lo Social de Ciudad Real ha sentado un precedente al establecer que no hace falta justificar con partes médicos continuados esa hospitalización para poder obtener esos días libres.

La resolución judicial la han ganado los servicios jurídicos del área de Industria de CCOO en Ciudad Real. Asegura el sindicato que con ello se paralizan las “prácticas arbitrarias” de algunas empresas que supeditan el disfrute de ese derecho con el envío de los partes médicos o de hospitalización.

El proceso judicial se inició tras el ingreso hospitalario del hijo menor de un trabajador y la posterior prescripción de reposo domiciliario. La empresa le negó el disfrute del permiso alegando que el reposo no estaba cuantificado y, además, le advirtió de que, si lo disfrutaba, tendría que recuperarlo. Es decir: pretendía “convertir un derecho retribuido en tiempo a devolver”.

La sentencia es “rotunda”. El permiso reconocido en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores “no puede condicionarse a exigencias arbitrarias de la empresa”, aduce la sentencia.

“No hace falta más documentación que la del hecho causante”

“No es necesario aportar más documentación que la justificación del hecho causante legalmente previsto. Tampoco puede supeditarse su duración a la cuantificación empresarial del reposo domiciliario, a la persistencia de una baja médica del familiar ni a la presentación de justificantes continuados durante su disfrute”.

El Juzgado de lo Social indica en la sentencia, sobre la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que esta práctica empresarial “introduce un requisito no contemplado en la norma legal desnaturaliza el carácter finalista del permiso y supone una interpretación restrictiva de un derecho de conciliación configurado como mínimo indisponible” y que “el eventual uso inadecuado del permiso no legitima la imposición preventiva de cargas probatorias adicionales no previstas legalmente”

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, argumenta a este respecto que cada vez que la clase trabajadora conquista un derecho, “algunas empresas intentan enturbiarlo bajo la sospecha permanente de un uso abusivo y fraudulento” por parte de las personas trabajadoras. “Defender los derechos no es abusar de ellos. Lo abusivo es tratar de restringirlos”, resalta.

Esta sentencia, según ha indicado el secretario general del área de Industria del sindicato, Víctor Arias, cumple con “el espíritu de la normativa europea que configura el permiso de cuidados como una herramienta esencial para fomentar la corresponsabilidad”.

“No hablamos solo de conciliación: hablamos de igualdad real entre hombres y mujeres, de reparto equilibrado de responsabilidades familiares y de avanzar hacia un modelo laboral más justo”, concluye.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado sentencia desestimando el recurso interpuesto por un trabajador que reclamaba 137.926 euros a su empresa y a la aseguradora por los daños sufridos tras un grave accidente laboral. Los hechos se remontan al 4 de junio de 2022, cuando el trabajador, -mecánico de profesión- acudió a ayudar a un compañero que intentaba aflojar un tornillo oxidado. Para ello utilizó una maza y un martillo. Durante la maniobra, una esquirla metálica procedente de la herramienta impactó en su ojo derecho. En ese momento no llevaba puestas las gafas de protección.

Como consecuencia del accidente, el trabajador precisó dos intervenciones quirúrgicas, un largo periodo de incapacidad temporal y sufrió secuelas permanentes: pérdida de visión en el ojo derecho, alteraciones traumáticas en el iris, trastorno neurótico postraumático y perjuicio estético.

La Inspección de Trabajo investigó el accidente y concluyó que no existía incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. El plan preventivo de la empresa contemplaba expresamente el riesgo de proyección de partículas en el puesto de mecánico y establecía la obligación de utilizar gafas de protección UNE-EN 166. Además, constaba acreditado que la empresa había entregado dicho equipo al trabajador, que disponía de formación preventiva y que podía obtener nuevas gafas en una máquina tipo vending situada en el propio centro de trabajo.

La sentencia de instancia ya había desestimado la demanda al considerar que el accidente se produjo exclusivamente porque el trabajador no utilizó el equipo de protección individual facilitado por la empresa. 

El fallo recuerda que la responsabilidad empresarial en accidentes laborales queda excluida cuando el empresario acredita haber adoptado todas las medidas preventivas exigibles. En este caso, el Tribunal considera probado que la empresa evaluó el riesgo, formó al trabajador, le entregó los equipos necesarios y los puso a su disposición en todo momento.

Por ello, la Sala concluye que la causa única del accidente fue la actuación imprudente del trabajador al no utilizar las gafas de protección obligatorias, desestimando definitivamente su reclamación indemnizatoria y confirmando la absolución de la empresa y de la aseguradora.

Una familia de Logroño será indemnizada con 16.000 euros tras la pérdida de los huesos en el osario municipal, pedían “al menos 60.000 euros”. Los hechos se remontan a 2010, año del fallecimiento. Ese mismo año, a la familia se le concedió un nicho en el cementerio municipal, y una vez cumplido el plazo inicial de concesión, solicitaron su renovación que fue expresamente autorizada por el Ayuntamiento de la capital riojana. Sin embargo, durante la vigencia de dicha concesión, los restos óseos fueron trasladados de forma errónea al osario común, impidiendo su posterior identificación e individualización.

La familia tuvo conocimiento de este traslado indebido en 2021 y presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento, que reconoció el funcionamiento anormal del servicio público funerario y fijó inicialmente una indemnización de cuantía inferior. Disconformes con esa valoración, los afectados acudieron a la vía judicial, obteniendo una primera sentencia que elevó la indemnización hasta los 16.000 euros por los daños morales causados.

Frente a esta resolución, los familiares interpusieron recurso de apelación solicitando una indemnización mayor (al menos 60.000 euros), al considerar insuficiente la cuantificación del daño moral sufrido, especialmente por la imposibilidad definitiva de acudir a un lugar concreto donde honrar y recordar al familiar fallecido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, tras analizar el recurso, concluye que la indemnización fijada en primera instancia de 16.000 euros es “razonable, proporcionada y ajustada a Derecho”, al tener en cuenta el vínculo familiar, el impacto emocional derivado de la pérdida irreversible de un lugar de enterramiento. La Sala subraya que no se aprecia error ni irracionalidad que justifique su revisión y de hecho a desestimado el recurso de apelación y confirma íntegramente esta resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño que fijaba la cuantía de la indemnización en 16.000 euros más los intereses legales correspondientes.

El Tribunal Supremo ha condenado al investigador Francisco Álamo Felices, de la Universidad de Almería, por una “cantidad ingente de plagios” a un colega, José R. Valles Calatrava, con el que había colaborado en el pasado. En una providencia fechada el pasado mes de octubre y adelanta por la web especializada Retraction Watch, el Supremo rechaza el último recurso de Álamo Felices y confirma la condena –civil, no penal– impuesta en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Almería en 2019 y avalada por la Audiencia Provincial en 2023, que ordena al profesor retirar dos libros y siete artículos, además de abonar 5.000 euros como indemnización por daños morales a Valles Calatrava.

“Se trata de una ingente cantidad de plagios en distintos momentos y artículos que revelan una sistemática y concienzuda actitud parasitaria y una voluntad de apropiación que supone, en un contexto académico y con los medios de difusión actuales, un ninguneo considerable de la labor creativa de su autor, que sin duda le supone un padecimiento indemnizable”, explicó en su momento la Audiencia Provincial ante el primer recurso de Álamo.

El investigador condenado negó a Retraction Watch haber plagiado las obras, y argumenta que las piezas simplemente ampliaban varias entradas de un libro que había coescrito con Calatrava, Diccionario de Teoría de la Narrativa, un texto que contiene casi mil términos de diversos campos de la narratología, según Felices. También alega que la Universidad de Almería, donde ambos investigadores trabajan, rechazó previamente una queja sobre esta misma cuestión, aunque la resolución del rector argumentaba que los hechos no eran constitutivos de infracción, pero tampoco descartaba el plagio.

Según Retraction Watch, Álamo ya había tenido que retirar trabajos previos por ser copias de obras suyas anteriores.

La sentencia de primera instancia destacaba que “la afectación es mayor por la relevancia académica del suceso, la conmoción que sin duda ha ocasionado y la considerable afectación a la convivencia y buen ambiente dentro del centro de trabajo”.

“Está haciendo desaparecer la figura del autor”

Álamo y Valles trabajan en el mismo departamento de la Universidad de Almería. Se conocían y, de hecho, publicaron algún trabajo juntos, como el citado Diccionario de Teoría de la Narrativa. Más tarde, entre 2009 y 2017, el investigador ahora condenado publicó algunas obras propias en las que, explica la sentencia, incorporó fragmentos sustanciales de los trabajos comunes –y de otros previos de Valles– sin cita correcta ni reconocimiento de la autoría.

“Ha de tenerse presente (...) que en el caso particular de la copia/plagio sin cita se está haciendo desaparecer la figura del autor, y ya no es que se atente contra la integridad de la obra, o que se perjudiquen los derechos meramente patrimoniales, sino que se rompe el vínculo entre autor y su obra, para apropiarse sin más del resultado de la actividad creativa de éste”, destaca la sentencia condenatoria de primera instancia.

Porque la Audiencia Provincial concluyó que Álamo se había apoderado para sus obras de partes de los trabajos comunes que pertenecían a Valles, y haber firmado un artículo o libro a medias no da derecho a cada autor a considerar como propio todo el material contenido en esa obra.

“Lo cierto es que los textos que incluyen los libros y artículos del demandado [Álamo] no coinciden con las aportaciones que él realizó a las obras en colaboración, y empleó las aportaciones de Valles omitiendo toda referencia tanto al actor como a las obras en colaboración. En este sentido, no puede obviarse que el señor Álamo no es el autor exclusivo de las repetidas obras en colaboración, por lo que, en todo caso, la utilización de las pretendidas aportaciones comunes requeriría indicar la fuente y el nombre de los autores”, se lee en la sentencia de la Audiencia Provincial que el Supremo ha confirmado.

No todo es plagio, pero esto sí

Ese mismo texto dedica unos párrafos a explicar que no todo es plagio. “No toda reproducción de una obra ajena es ilícita”, sostiene el juez, que argumenta que la ley de propiedad intelectual “admite la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, (...) solo con fines docentes o de investigación (...) e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada”.

Por el contrario, sí son plagio, continúa, las situaciones “de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarlas de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original”. Las que ha cometido Álamo, acaba concluyendo.

Los jueces de la Audiencia Provincial compararon los textos originales de los supuestamente plagiadores y encontraron similitudes entre ambos. La sentencia distingue tres tipos: la copia casi literal, en la que “ni siquiera se procura la modificación de las palabras secundarias”; el parafreaseo, donde “las oraciones siguen el mismo esquema”, con “los términos científicos y las palabras relevantes y hasta las concisiones o precisiones a las ideas expuestas, de tal manera que sólo se cambia no el ritmo de las frases, su composición o los términos que conforman el mensaje en toda su precisión, sino las palabras meramente instrumentales para la transmisión de las ideas reflejadas en el texto”; y la reformulación más elaborada, “donde la mera copia se encuentra más escondida, ya que se han cambiado las formas hasta el punto de hacerlas más difícilmente reconocibles, no obstante lo cual tampoco superan un control de autenticidad”.

Álamo apeló también en sus recursos a que el trabajo de Valles no era lo suficientemente original como para estar protegido por las leyes de la propiedad intelectual. La Audiencia Provincial tumba este argumento al afirmar, citando sentencias anteriores, que “las creaciones científicas no son objeto de propiedad intelectual por razón de su contenido (…) sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión”, y añade que “en el ámbito de la producción académica, en general, no puede exigirse de una obra para predicar su originalidad que incorpore conceptos de nueva creación, articule nuevas teorías o rebata los posicionamientos mantenidos hasta la fecha por todos sus colegas”, sino que la originalidad puede estar en “la mera analítica y sistematización”.

O sea, que “la recopilación, comparación, crítica, conceptualización, caracterización y/o síntesis que dé como resultado una producción con finalidad o bien docente o bien científica y con proyección más allá del estricto ámbito de la formación del alumnado ha de estimarse que es en sí misma suficiente para que la obra pueda ser amparada en sus derechos de autor siempre y cuando la misma forma atienda a ciertas pautas de originalidad”.

Feministas de La Rioja no comparte ni el planteamiento del centro, ni la denuncia, ni el fallo de la sentencia ni el enfoque del comunicado difundido sobre el caso del IES Sagasta de Logroño

Desde la asociación Feministas de La Rioja, ante la reciente sentencia sobre el caso del IES Sagasta de Logroño, que al inicio del curso escolar 2025-2026 impidió la asistencia a clase de una alumna por llevar velo islámico, queremos expresar nuestra posición. No compartimos ni el planteamiento del centro, ni la denuncia, ni el fallo de la sentencia ni el enfoque del comunicado difundido recientemente por algunas organizaciones feministas en apoyo al centro educativo, porque contribuyen a polarizar el debate y lo alejan de lo que consideramos fundamental: la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres.

Creemos necesario abrir un debate sereno, con calma y dentro del marco legal vigente, que tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida, la protección y la libertad real de estas niñas y mujeres, y no utilizarlas como arma política o ideológica. Para ello, consideramos imprescindible que este debate se aborde con el máximo rigor y conocimiento, escuchando a expertas con una trayectoria reconocida en este ámbito y con las organizaciones que trabajamos en el territorio.

Defender los derechos de las niñas y mujeres de contextos musulmanes no puede convertirse en un circo mediático ni en un enfrentamiento entre bandos, ya que esto no beneficia ni a las alumnas ni a la comunidad educativa. Por ello, consideramos un error reducir este debate únicamente al uso del velo como elemento visible. Creemos que poner el foco exclusivamente en ese símbolo invisibiliza realidades mucho más profundas que afectan a estas niñas y mujeres, como pueden ser las presiones familiares y sociales y las dificultades reales para el ejercicio pleno de sus derechos.

Consideramos imprescindible diferenciar entre la prohibición del velo y la decisión de impedir el acceso de una alumna a su centro educativo. Es necesario y urgente que las autoridades educativas aborden esta cuestión desde su responsabilidad, en toda su complejidad y con las máximas garantías para que el profesorado de todos los centros pueda educar para la igualdad con los enfoques y recursos adecuados para lograrlo.

Por todo ello, desde Feministas de La Rioja reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de derechos de todas las niñas y mujeres, sin excepciones ni instrumentalizaciones.

El Ayuntamiento de Benidorm pide el rescate al Gobierno para evitar el colapso de sus cuentas tras el varapalo judicial por la indemnización de Serra Gelada. El consistorio dirigido por el también presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), ha solicitado formalmente un rescate al Gobierno de España a través del Fondo de Impulso Económico tras la demoledora sentencia de 352 millones de euros como compensación urbanística. Esta indemnización millonaria, reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), supone una carga inasumible para el municipio, dado que su presupuesto para 2026 se estima en apenas 146 millones de euros.

La solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico se ha tramitado por decreto de Alcaldía para obtener un crédito inicial de 55 millones de euros. Esta cantidad busca cubrir solo una parte de la deuda total, que duplica con creces la capacidad económica anual de la ciudad. El Fondo es un mecanismo del Ministerio de Hacienda destinado a ayuntamientos saneados que necesitan financiación para atender sentencias judiciales firmes con tipos de interés más bajos, situados en torno al 3,5%.

Sin embargo, esta ayuda conlleva un compromiso a largo plazo: el préstamo deberá devolverse en un periodo máximo de 12 años. Este calendario de amortización implica hipotecar el presupuesto municipal y condicionar las inversiones de la ciudad hasta el año 2038. La decisión se ha tomado con urgencia al coincidir con el último día de plazo para adherirse a este mecanismo estatal, y dos días después de que los dueños del suelo hayan pedido la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.

La crisis se agrava tras las recientes decisiones judiciales que han dejado al consistorio con un margen de maniobra muy limitado. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado anteriormente sobre la nulidad de los convenios urbanísticos del APR-7, rechazando los recursos municipales y ratificando que los acuerdos firmados en 2003 para compensar a los dueños del suelo eran ilegales al vulnerar la protección ambiental de la zona.

Además, el escenario jurídico se volvió crítico cuando el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que fijaba el justiprecio. Al agotarse la vía constitucional, la condena económica se volvió firme, obligando al municipio a afrontar el pago inmediato de los 352 millones de euros, una cifra que incluye el valor del suelo y los intereses de demora acumulados durante años.

En las últimas horas hemos conocido el fallo de la justicia con respecto a la prohibición del velo islámico en el Instituto Sagasta de Logroño. La Justicia ha reconocido que esta prohibición “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El Juzgado de lo Contencioso ha estimado el recurso presentado por Eman Akram, la alumna de Bachillerato que fue expulsada de clase por llevar velo al principio de curso y desde entonces tiene que retirárselo para asistir a las clases. El fallo reconoce también una indemnización por daños morales de 2.000 euros, frente a los 45.000 que reclamaba la afectada.

Una decisión que el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, “respeta y acata” este pronunciamiento judicial, como no puede ser de otro modo“. En este sentido, es preciso subrayar que, ante la ausencia de una normativa estatal común y un criterio único para todos los centros educativos, el Gobierno de La Rioja siempre cumple con la legalidad, tal y como ha hecho hasta ahora y seguirá haciendo, una vez conocido este pronunciamiento. Así, cabe recordar que, conforme se cita en la propia sentencia, ”la respuesta que, hasta la fecha, habían venido dando los tribunales españoles a esta cuestión ha sido, en general, dar primacía a la potestad de autoorganización del Centro como una manifestación del derecho a la educación proclamado en el art. 27 de la Constitución Española“, motivo por el que hasta este pronunciamiento, sin una normativa estatal común, esta decisión ha recaído en los propios centros docentes a través de su Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).  En este sentido, la nota del Ejecutivo regional concluye informando de que ”en cuanto se tuvo conocimiento del contenido de esta sentencia, se trasladó a la dirección del IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño para su cumplimiento a partir de hoy, día 28 de enero“.

IU pide a Educación que actúe en otros centros

Desde Izquierda La Rioja también han valorado el fallo que califican de “victoria frente a la islamofobia institucional”. Y así, celebran la sentencia dictada por el Juzgado de Logroño y exige a la Consejería de Educación que “actúe de inmediato en los centros donde se estén aplicando normas discriminatorias”.

Este fallo judicial confirma lo que IU ha venido denunciando desde el inicio del curso: “no estamos ante un caso aislado, sino frente a una práctica de discriminación islamófoba en un centro público, amparada por una supuesta neutralidad que, en realidad, no se aplica de forma equitativa en el sistema educativo”.

El diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, considera que la resolución es clara y contundente. “Es una victoria frente a la islamofobia institucional. La justicia ya ha hablado. ¿Qué va a hacer ahora la Consejería de Educación, no solo con este caso, sino con el resto de centros donde se está vulnerando sistemáticamente este derecho fundamental?”. Y recuerdan que eseta no es una situación puntual. En septiembre se denunció públicamente “que varios institutos de La Rioja estaban aplicando normativas que impedían a las alumnas acudir a clase con hiyab. Una realidad que ha forzado a muchas a elegir entre su identidad y su derecho a estudiar. En lugar de intervenir, la Consejería respaldó estas decisiones, justificándolas con la autonomía de los centros y su democracia interna.”

“Es inadmisible que la Consejería siga mirando hacia otro lado mientras se vulneran derechos fundamentales en centros públicos que están bajo su responsabilidad. Desde Izquierda Unida hemos llevado ya varias iniciativas al Parlamento para exigir una solución. Ya lo preguntamos en su momento y entonces se lavaron las manos. Hoy, con una sentencia firme encima de la mesa, no pueden seguir escondiéndose”, ha señalado Ollero.

Para Izquierda Unida, el problema no es un pañuelo, sino un modelo de gestión que permite, cuando no legitima, prácticas excluyentes, lejos de la visión laica e integradora real en el sistema educativo que defienden desde la formación. “Si de verdad queremos debatir sobre laicidad en la escuela pública, adelante. Nosotras estamos encantadas. Pero mientras se sigan impartiendo clases de religión católica en horario lectivo, pagadas con fondos públicos y dentro de espacios públicos, que nadie intente disfrazar de neutralidad lo que es racismo e islamofobia”, ha añadido el diputado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a indemnizar a un trabajador interino de una residencia de mayores dependiente de la Consejería de Bienestar Social, tras ser cesado después de más de tres años de trabajo para cubrir una vacante de forma provisional.

Así se ha pronunciado el Alto Tribunal castellanomanchego en una sentencia con fecha del 15 de enero de 2025 que ha difundido el Sindicato de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM) y que estima parcialmente el recurso presentado tras el despido.

Previamente el Juzgado de lo social nº 1 de Albacete había desestimado la demanda interpuesta por este trabajador como personal de limpieza en el centro. Ahora el TSJ ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por el propio trabajador interino. El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que abonar al demandante una indemnización de 5.237,56 euros, al haberse estimado parcialmente la demanda interpuesta por el trabajador afectado.

Ante esta sentencia solo cabe recurso de casación ante el propio Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para la unificación de doctrina en el plazo de diez días desde su notificación.

A partir de la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, se recalca que el demandante suscribió un contrato de interinidad por vacante como personal de limpieza a tiempo completo en la residencia de mayores 'Las Hoces' de Cuenca. Prestó servicios durante más de cuatro años, hasta el 12 de noviembre de 2024, fecha en la que se le comunicó su despido por “la incorporación del titular”.

¿Por qué tiene derecho a indemnización?

El TSJ afirma en la sentencia que “procede” reconocerle el derecho de una indemnización a consecuencia de que la relación laboral ha superado “ampliamente” la duración de tres años.

Por un lado, sostiene la sentencia que hay “falta de concurrencia de datos que permitan entender que una demora de más de cuatro años para la cobertura de una plaza de personal de limpieza pueda entenderse justificada”.

Por otro, el tribunal señala que “una vez superado el indicado plazo de tres años, procedía haber reconocido al actor la condición de indefinido no fijo” y que al producirse la extinción de su contrato le correspondía el abono de “una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades”.

Desde STAS-CLM animan “al resto de personal interino de la Junta a denunciar ante los tribunales el uso abusivo de la contratación laboral temporal, solicitando la condición de indefinido no fijo a los que tengan una antigüedad en la misma plaza de más de tres años ininterrumpidos; así como cuando se produzca el cese de aquellos que lleven más de los tres años mencionados”.

El Tribunal Supremo ha confirmado la “relación laboral fija” de una profesora de Música y Artes del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate con el Gobierno de Navarra tras encadenar doce años de contratos temporales. Ratifica así la condena del Juzgado de lo Social nº4 de Pamplona, que obliga al Ejecutivo foral a reconocerla como trabajadora fija desde 2010.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, estima que durante años no se justificaron adecuadamente las nuevas contrataciones y ratifica el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que considera los contratos como “irregulares” y que “encubrían una verdadera relación laboral” de la profesora con la Administración.

La profesora accedió al puesto tras unas oposiciones, aunque no consiguió la plaza, por lo que los contratos que se le realizaban eran temporales a pesar de “cubrir necesidades permanentes”, según reconoce la sentencia. Además, las resoluciones administrativas que autorizaban esas contrataciones se dictaban incluso después de la firma de los contratos, lo que para el Supremo evidencia una gestión “irregular”. Por otro lado, pese a que su puesto respondía a “necesidades permanentes” y estructurales del servicio, la trabajadora nunca fue incorporada a la plantilla orgánica.

El Tribunal Supremo, además de confirmar una “verdadera relación laboral”, también ratifica que la contratación administrativa irregular debe resolverse en los juzgados laborales. De esta forma, evita que la Administración pueda disfrazar relaciones laborales con contratos temporales administrativos para “eludir la aplicación del Derecho laboral (con los elementos propios de una relación laboral ordinaria)”.

Desde la acusación, ejercida por Unive Abogados (que lleva habitualmente casos de abuso de temporalidad en la Administración, consideran que la sentencia “refuerza la protección jurídica” de los trabajadores del sector público que “cubren puestos estructurales”, cuestionando de esta forma “la contratación abusiva” de los organismos públicos.