La Audiencia de Navarra condena ha condenado a 22 meses de prisión a un hombre de 59 años, natural de Pamplona, por maltrato físico y psíquico a su esposa y sus dos hijos. Según recoge la sentencia, que ha sido dictada de conformidad entre las partes, el procesado tampoco podrá comunicarse ni acercarse a su mujer, de la que está en trámites de separación, ni a sus hijos a menos de 300 metros durante cuatro años.

El condenado, de “carácter voluble y agresivo”, según se recoge en la sentencia, se dirigía habitualmente hacia su esposa, con la que llevaba conviviendo más de 20 años, con expresiones insultantes y vejatorias. Un comportamiento que se fue agravando con el tiempo y que sumió a la mujer “en una situación de miedo y angustia, temiendo la misma cualquier reacción de su esposo ante cualquier cosa que hiciera que le pudiera molestar”.

Un trato que según la resolución judicial también sufrían los dos hijos que tienen en común. Su hija era insultada, recibía empujones, alguna bofetada e, incluso, llegó a cogerla del cuello. A su hijo también le abofeteó en alguna ocasión por las notas. “Esta agresividad del encausado, que también se dirigía contra sus hijos en forma de gritos, reproches y empujones o golpes”, llevó a la esposa en enero de 2023 “a una situación extrema”, que dio lugar a un intento autolítico por parte de la mujer, según se recoge en la sentencia.

A finales de junio de 2023, cuando la madre fue dada de alta y regresó al domicilio familiar, se inició una nueva discusión, en la que el procesado volvió a insultarla. La hija avisó a la Guardia Civil. Desde ese día, el inculpado abandonó la vivienda y los trámites de separación siguieron adelante.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la violencia de género y doméstica. La Sección Segunda de la Audiencia, con la anuencia de las acusaciones y la defensa, ha acordado la suspensión durante 2 años de la pena impuesta a condición de que el condenado realice cuantos actos sean precisos para hacer frente a la responsabilidad civil, cumpla con las prohibiciones de acercamiento y comunicación y participe en un programa formativo de igualdad de trato y no discriminación.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ya con nueva composición sin los magistrados Luís Villares y Dolores López trasladados de forma forzosa a la sección cuarta, ha resuelto por unanimidad acoger el recurso de Adega y paralizar el parque Pena do Pico, que impulsa Greenalia con autorización de la Xunta en los Ancares lucense.

Este auto con fecha de 15 de junio de 2026, recogido por Europa Press, la Sala sostiene que “tolerar el inicio de la actividad bajo la promesa de una reparación futura e incierta contravendría la lógica más elemental de la protección ecológica, que exige evitar la producción del daño antes de que este adquiera carácter irreversible”.

En una pieza separada de medidas cuatelares, este auto da la razón a la asociación ecologista Adega y estima su solicitud de decretar la suspensión de las autorizaciones previas y de construcción emitidas por la Xunta.

“El hecho de que las codemandadas”, en referencia a Xunta y Greenalia, “invoquen un interés público general (como la transición energética), no lo convierte automáticamente en prevalente, ya que dicho interés debe coexistir armónicamente con la preservación del entorno regulado en la DIA (declaración ambiental) y los informes sectoriales”, deja claro el TSXG. “Ninguna norma valida, ni en sede cautelar ni sustantiva/principal, el desarrollo de un proyecto industrial si puede menoscabar algún elemento del medio susceptible de protección”, avisa.

En concreto, se trata de la primera paralización cautelar adoptada en un contencioso eólico tras el polémico traslado de jueces entre secciones, cuestión recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Adega censura que esos cambios fueron “una maniobra aplaudida sin disimulo por la Xunta, que achacó a la supuesta parcialidad de Villares la paralización del sector eólico del TSXG”.

Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental de la Xunta

Esta resolución recoge los argumentos de Adega que apunta a la existencia de peligro de daño jurídico ('periculum in mora') por la afección a elementos de patrimonio natural, ya que se autorizó en un territorio (municipio de Baralla y Quiroga, en los Ancares lucenses), designado por la propia Xunta para ampliar la Red Natura 2000, considerado como zona de exclusión eólica por parte del Ministerio. Apunta a la presión sobre especies amenazadas como el aguilucho cenizo o el aguilucho pálido.

El Tribunal indica que la documentación aportada por Adega “goza de un indubidable valor indiciario y de verosimilitud que no puede ser ignorado por esta Sala”.

Al respecto, Adega carga contra la “chapuza” de la tramitación ambiental del Gobierno gallego, que “ejerce más como expedidora de permisos que como garante del patrimonio y del interés público”. “Este Auto del TSXG apunta directamente a las graves carencias en la tramitación administrativa del proyecto, particularmente en el que alcanza a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”, agrega.

La Audiencia Provincial de Ourense ha estimado parcialmente el recurso presentado por los padres de una alumna víctima de acoso escolar a causa de su orientación sexual, condenando a un colegio de Ourense a pagar una indemnización de 12.000 euros.

Según informa Europa Press, en la sentencia se recoge que los denunciantes presentaron recurso de apelación contra el fallo del Juzgado de primera instancia Número 3 de Ourense, que desestimaba la demanda frente al colegio por actos de acoso que la menor había sufrido durante el curso académico 2022-2023.

En este sentido, la demanda indicaba que el centro educativo no había adoptado las medidas oportunas para que cesase el acoso al que la víctima había sido sometida, “en especial, por dos compañeros de clase”, motivado por la condición homosexual de esta.

Así, los padres de la menor solicitaban el abono de 50.000 euros, dictándose tras el juicio una sentencia desestimatoria al considerar que “no ha quedado acreditada la realización de actos de hostigamiento, humillación o menosprecio por parte de los alumnos del centro escolar”.

Los hechos

En esta línea, tal y como expone la sentencia de la Audiencia, tras examinar la prueba documental y testifical practicada, se extrae que, antes del inicio del curso 2022-2023, concretamente en los meses de verano del año 2022, dos alumnos del centro crearon un grupo de WhatsApp llamado “No al LGBT”, añadiendo “sin previo consentimiento” a la víctima.

Asimismo, a dicho grupo, los dos alumnos enviaron iconos de banderas LGTBI tachadas, así como imágenes con esvásticas, y chatearon en privado con la víctima remitiéndole uno de ellos un icono con un mono con la leyenda “el de abajo es gay”, así como una fotografía con las frases “nosotres sabemes limpier”, “te falta fairy” y “el patriarcado es peligroso”.

Además, consta aportada una conversación entre la perjudicada y uno de los alumnos, a quien los demandantes señalan como “principal acosador”, en el que los dos adolescentes discuten sobre el rol del hombre y la mujer, procediendo el alumno a decirle a la víctima “escoria, normal que nadie te quiera, puedes tener razón, pero simplemente me la suda, tu pedazo de engendro, me caes como el puto culo, eres una mierda”, entre otros mensajes.

Argumentos

Ahora, la Audiencia Provincial de Ourense ha estimado parcialmente el recurso presentado contra dicha sentencia, al señalar que “ha quedado acreditado” que la víctima “padeció una situación de acoso escolar motivada fundamentalmente por su orientación sexual, pero también por razones sexistas”.

En concreto, la Sala ha considerado “acreditado” que varios compañeros de la perjudicada interactuaron con ella a través de mensajería, lo que llevó a sus padres a denunciar la situación ante el colegio y mostrar a lo largo del curso una “profunda preocupación por el estado emocional de su hija”.

Asimismo, el Tribunal ha recalcado que “resulta también probado” que otros compañeros de clase se sumaron “al menos puntualmente” a la realización del mismo tipo de comportamiento, y que la víctima “no se relacionaba en el patio con sus compañeros de clase, hablando solo con su compañera de al lado”, llegando incluso a finalizar el curso en modalidad de atención educativa domiciliaria temporal.

“Actitudes como las que hemos descrito en fundamentos precedentes, en las que se menosprecia a la víctima por su orientación sexual y su ideología de género, son claramente capaces de producir en cualquier adolescente los sentimientos de angustia y ansiedad que reflejan los informes psicológicos aportados”, ha añadido la Sala.

La ley de amnistía dio un trato “ostensiblemente privilegiado” a los independentistas catalanes y no era “idónea” para alcanzar la convivencia y dejar atrás el procés. Así se expresó el Tribunal Supremo en un durísimo auto de 2024 contra una norma recién aprobada y que provocó manifestaciones inéditas de magistrados vestidos con toga ante las sedes judiciales.

Durante toda su tramitación, la propuesta sufrió una ofensiva parlamentaria y en la calle por parte del PP, que ahora llama a “pasar página” del procés en vista a eventuales acuerdos con Junts, pero impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional.

Dos años después, el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al olvido penal del procés no se limita a un visto bueno jurídico. También se desmarca del relato contrario a la ley que alcanzó hasta al abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien llegó a tildar la ley de “autoamnistía”, en referencia al apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Estas son las claves de la sentencia:

La amnistía, una vía correcta

Sin trufar el texto de adjetivos ni frases subordinadas, el TJUE respalda la ley y sus objetivos. Remarcan los jueces europeos que la norma fue aprobada “para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación”, algo que, recuerdan, está dentro de la competencia de cualquier Estado Miembro de la UE.

Durante la vista del caso, el abogado la Comisión Europea negó que la ley respondiera al “interés general” al formar parte del acuerdo político para la investidura de Sánchez. En otra de sus resoluciones, la Sala de lo Penal del Supremo también consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura.

El TJUE se aparta de estas argumentaciones. El “objetivo de reconciliación nacional o la búsqueda de un compromiso político” detrás de la amnistía, dice la sentencia de este jueves, pasa por “no enjuiciar ciertos hechos determinados, incluso constitutivos de delitos graves”.

En suma, los jueces de Luxemburgo no respaldan que la amnistía sea un cambio de cromos para la investidura, sino que la conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”.

Sin margen para postergar la amnistía a los CDR y los gastos del 1-O

Uno de los puntos de la sentencia que el independentismo aguardaba era el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo podrían dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía. La respuesta es diáfana: ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal de Cuentas (las dos instancias que enviaron cuestiones prejudiciales) pueden demorar la aplicación de la amnistía a los casos de los CDR acusados de terrorismo y a los exaltos cargos encausdos por los gastos del 1-O.

Ahí la Comisión Europea obtiene otra derrota, pues había abogado por que la última palabra para determinar si la ley es demasiado “amplia o vaga” correspondía a los tribunales nacionales.

En cambio, el TJUE destaca que “la obligación” de los tribunales de archivar los casos que entran en la ley “es consustancial al principio mismo de la amnistía”. “Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluirlo con una resolución de extinción de la responsabilidad”, asevera la sentencia.

La norma acota tiempo y conductas

La resolución del TJUE recuerda que una ley como la de amnistía “se aparta de las normas jurídicas ordinarias”. Sus objetivos son excepcionales: detener los procedimientos judiciales y no ejecutar las penas ya impuestas.

Otra de las tachas que ponían los contrarios a la norma era su excesiva ambigüedad para permitir mayores beneficiarios de la misma. El TJUE descarta esta crítica, y remarca que la ley no presenta deficiencias técnicas. La norma, inciden los magistrados de Luxemburgo, “determina de manera objetiva y abstracta, conforme a los propios términos usados en su preámbulo, el ámbito de aplicación” y los beneficiarios y excluidos de la norma, limitada a los hechos que ocurrieron durante el proceso soberanista catalán entre 2011 y 2023

No hay peligro para el sistema judicial

La ley “circunscribe” su ámbito de aplicación a “la resolución del conflicto político en torno al proceso independentista catalán”. Al estar bien acotada en tiempo y conductas, los jueces europeos niegan que la amnistía “pueda generar problemas de tal envergadura que presenten carácter sistémico capaces de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”.

No se quiebra la igualdad ni la seguridad jurídica

Que la ley no fije “con detalle” el umbral de gravedad de los actos excluidos de la norma (como las violaciones graves de derechos humanos en actos de terrorismo) “no quebranta las exigencias del principio de seguridad jurídica”, señala la sentencia del TJUE sobre el caso de los CDR de la Audiencia Nacional, los principales beneficiarios del fallo de este jueves.

La ley de amnistía tampoco vulnera el principio de igualdad de trato ante la ley debido al “exclusivo contexto” en el que se aprueba, lo que hace que no sea “comparable” con otras situaciones, argumentan los magistrados de Luxemburgo. La norma tampoco “menoscaba” la Directiva Europea contra el terrorismo.

Sin afectar al presupuesto de la Unión

La negativa del Supremo a amnistiar la malversación y la duda enviada a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas versaba sobre la afectación de los gastos del procés en los intereses financieros de la Unión Europea.

El TJUE también es rotundo en negar esta tesis: “No puede apreciarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la Renta Nacional Bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha eximido a la Xunta de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras decretar que le corresponde hacerlo a la concesionaria. Es la misma decisión que había tomado en 2022 y que, entonces, fue tumbada por el Tribunal Supremo al considerar que existían dudas sobre la “imparcialidad” del juez Luís Villares. “Salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” fue el argumento que utilizó la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, para trasladar a Villares y su compañera Dolores López a la sección cuarta desde una sección tercera donde habían sido duramente criticados por PP y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos. El entorno del juez considera esta nueva sentencia, emitida por un tribunal totalmente diferente, una “buena noticia” ya que “disipa las dudas sobre su imparcialidad” pero admiten que “llega tarde”.

Entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Cunqueiro poniendo en tela de juicio la “imparcialidad” de Villares, que fue líder de En Marea entre 2012 y 2016. Pese a que la Xunta de Alfonso Rueda lo había convertido en una de sus bestias negras, el juez, en todas sus resoluciones, había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente al fallo de los juzgados de instancia. Tras aceptar los recursos, el alto tribunal ordenó retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”. Esa sala es la que acaba de fallar en el mismo sentido que la anterior.

La decisión del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que es –según Xuíces e Xuízas para a Democracia– “habitual en la vida normal de los tribunales”, dio a una recién nombrada presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el argumento que necesitaba para “desmantelar” –el término es también de XXpD– la Sección Tercera, que llevaba tiempo en el objetivo de la derecha política y mediática por sus sentencias que llegaron a paralizar, de forma cautelar, más de 60 parques eólicos en Galicia.

Recio y Villares compitieron por la presidencia de la Sala y en el entorno del juez existe el convencimiento de que esa supuesta falta de imparcialidad fue determinante en el apoyo a su rival por parte de los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recio tomó posesión en mayo y en sólo unos días firmaba la resolución que enviaba a Villares y López a la Sección Cuarta. Se amparaba en lo dicho por el Supremo: “Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribió en una resolución en la que invocaba la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. Villares ha recurrido su traslado forzoso.

Antes, XXpD fue la primera entidad en oponerse. Consideraba que se estaba enviando a la sociedad el mensaje de que el TSXG se “doblaba” ante los intereses de las partes tras unas “inusuales” y “desmedidas” presiones. La asociación de juristas Xustiza e Sociedade pidió al CGPJ que aclarase si se podía entender “desviación de poder” en la decisión de Recio. La CIG, el principal sindicato gallego, junto a la asociación ecologista ADEGA han denunciado a la presidenta de la Sala por una posible prevaricación. Y la Fiscalía Superior de Galicia cree que los traslados adolecen de “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos”, lo que puede generar “apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad”.

La sentencia

La nueva sentencia del TSXG anula la emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, en la que se condenaba a la Xunta a reembolsar a la concesionaria del Cunqueiro el IBI correspondiente a 2019 por un importe cercano al millón de euros. Según la Sección Tercera, la documentación del contrato “no permitiría deducir racionalmente a un licitador medio” que los derechos y obligaciones que adquiría “resultarían distintos a los previstos en dicha documentación”. Particularmente, destaca “que en el caso de que el Ayuntamiento de VIgo eliminase la exención del IBI –como sucedió–, el Sergas debía garantizar la indemnidad del futuro concesionario”.

Los jueces explican así que rechazan “una interpretación al abrigo de la documentación complementaris que suponga generar una obligación” frente a “cualquier vicisitud surgida durante la ejecución del contrato por la que esta última dejase de disfrutar del beneficio fiscal previamente existente”.

En un tono que suena a reproche, la Sala destaca que, “ante la claridad de los términos del contrato”, la regla interpretativa del Código Civil “impide acudir a alambicadas interpretaciones extraídas de documentos que carecen de naturaleza contractual para constituir nuevas obligaciones no expresamente previstas y que contradicen de forma radical su clausulado”.

El fallo de la Sección Tercera no es firme y cabe presentar, una vez más, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) multa con 1.800 euros a un abogado por presentar un recurso elaborado con Inteligencia Artificial (IA) con reiteradas “incoherencias o invenciones”. En total, el magistrado ponente identificó 24 citas –y sus textos adicionados– “de libérrima creatividad jurídica”. La Sala de lo Social dará traslado de la resolución al Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, “a los efectos disciplinarios que procedan”.

Tal y como informa el propio TSXG, el auto explica que, si bien el letrado indica haber “reconocido los hechos, pedido disculpas e informado de lo ocurrido a su propio cliente, no ha ofrecido ”explicación suficiente sobre el modo en que tal resultado pudo haberse producido ni sobre la herramienta empleada“, es decir, ”qué IA utilizó“.

Los magistrados indican que “el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa en el ejercicio de la abogacía no es, en sí mismo, una práctica vedada”, pero advierten de que, tanto en el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía, como la Instrucción 2/2026 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, señalan que debe de haber un “control humano consciente y efectivo”, así como que su uso está “restringido a la preparación o estudio -no a la elaboración del cuerpo del escrito procesal debido-”.

“La conclusión es clara” para los magistrados: “el uso de herramientas generativas obliga no solo a un control ex ante (evaluación del sistema de IA que se pretende utilizar), sino también ex post (verificación de los resultados arrojados: reserva de humanidad)”, subraya la Sala.

Partiendo del marco normativo y deontológico sobre el uso de la IA, el TSXG concluye que la conducta del abogado constituye una infracción merecedora de una corrección. Así, señala que tuvo “una forma de actuar poco diligente, al menos, cuando no directamente reveladora de una mala fe procesal, dado que no se ha comprobado la veracidad de las citas, su existencia y su literalidad, sino que o bien se han inventado directamente o bien se han asumido como válidas, tras la perniciosa –y habitual- alucinación de la inteligencia artificial utilizada para su redacción”.

Así, el TSXG recuerda que la buena fe procesal “impone a los profesionales que actúen ante los tribunales el deber de comportarse con lealtad, veracidad y coherencia, absteniéndose de conductas que, aun sin dolo, resulten contrarias a los deberes de honradez y rigor que presiden las relaciones entre las partes, sus representantes y el órgano jurisdiccional”, por lo que destaca que “la presentación de un recurso sustentado sobre una fundamentación jurisprudencial fabricada –al margen de que ello obedezca a simple negligencia y no a un propósito de engaño– constituye una infracción objetiva de dicho principio”.

Jurisprudencia “íntegramente inventada”

A ello añade que la conducta analizada “supone una vulneración de los deberes deontológicos más elementales que el ejercicio de la abogacía impone”. Además, incide en que “traiciona la confianza que su cliente ha depositado en él”, así como que “supone una falta de respeto” al TSXG, pues advierte de que suministrarle “una fundamentación jurisprudencial íntegramente inventada, con apariencia de rigor y de autenticidad, aumenta la carga de trabajo del Tribunal, desvirtúa la función del recurso y compromete la credibilidad del propio proceso, con independencia de la intención que hubiera guiado al autor del escrito”.

A la hora de fijar la cuantía de la sanción, los magistrados resaltan que la legislación les faculta para imponer una multa de 600 hasta 6.000 euros. “Como ya advertíamos, y para determinar su importe, se ponderarán la gravedad de la conducta, los perjuicios causados al procedimiento, a la parte contraria y a la Administración de Justicia, la capacidad económica del infractor y la posibilidad de reiteración”. Todo ello, según manifiestan en el auto, les conduce a fijarla en 1.800 euros, pues tienen en cuenta “no solo el alcance del incumplimiento, sino también de la reprobación que la conducta merece, de cuál ha sido su evidente causa y de su palmario remedio: una IA generativa especializada de pago”.

El auto cita en precedente en Canarias para justificar el uso “como fiel el coste de una herramienta de inteligencia artificial diseñada específicamente para la investigación jurídica –y verificada–, cuyo uso habría eliminado o reducido drásticamente el riesgo de que se produjeran las alucinaciones constatadas”, explica el TSXG, quien señala que “las principales editoriales jurídicas del mercado español ofrecen suscripciones a soluciones de inteligencia artificial integradas con bases de datos jurisprudenciales verificadas, con planes de acceso anual que oscilan, en modalidades básicas, entre 1.500 y 3.000 euros”. De esta forma, afirma que “la contratación de cualquiera de estas herramientas (o, en su defecto, la simple comprobación de las citas a través del CENDOJ, de acceso gratuito y muy intuitivo) habría impedido el resultado que ahora se enjuicia”.

En definitiva, asegura que ese coste es el que le parece adecuado “para cumplir las dos facetas que tiene toda multa: la sancionadora, para castigar el comportamiento inadecuado –vulneración de la buena fe procesal– y la disuasoria, a fin de evitar que se reitere en el futuro”. Por otra parte, la Sala considera, como factores atenuantes, “tanto el reconocimiento expreso de los hechos por parte del letrado implicado, como la comunicación espontánea de la situación a su propio cliente, pasando por una acreditada ausencia de antecedentes similares”.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por su contratación en 2017 como coordinador de conservatorios de la Diputación pacense. Con este fallo, el tribunal descarta la pena de hasta seis años de prisión que solicitaban las acusaciones populares (PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum) por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Por su parte, la Fiscalía había solicitado la libre absolución de todos los procesados, incluido el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

La sentencia se ha conocido un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz 'enchufó' a David Sánchez y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.

Consulta aquí el documento íntegro:

El matrimonio alemán que durante casi tres años y medio mantuvo aislados a sus tres hijos en una casa situada en las afueras de Oviedo quedará en libertad con carácter inmediato después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya revisado su pena, les haya absuelto de los delitos de maltrato psicológico y haya anulado las medidas cautelares adoptadas.

La Audiencia Provincial condenó a los padres el pasado mes de mayo a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato psicológico habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absolvió del de detención ilegal.

A los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, se les había inhabilitado también durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrían comunicarse con sus hijos.

El TSJA, sin embargo, ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa de los padres, a los que mantiene seis meses de prisión por el delito de abandono de familia por lo que los progenitores podrán abandonar el Centro Penitenciario de Asturias en cuanto estén listos los autos que la Sección Segunda de la Audiencia está preparando ya para comunicar la sentencia, han informado a EFE fuentes judiciales.

Según el tribunal, los padres no pueden ser condenados por un delito de violencia psíquica porque no se han acreditado actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar en el que los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, ahora bajo la tutela de los servicios sociales del Principado, estuvieron aislados entre diciembre de 2021 y abril de 2025.

Para los magistrados, lo que se dio fue una reclusión familiar producto dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

No obstante, el fallo reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35 por ciento.

Para el TSJA, de lo que sí que son responsables es de un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el ocultamiento social de los menores, que se vieron privados deliberadamente por sus progenitores del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceros durante años.

Los recursos presentados por la Fiscalía y el Principado de Asturias, que pedían que se estimase el delito de detención ilegal, han sido desestimados porque no consta que hubiese elementos de sujeción física o cierres forzosos en la vivienda y porque no había una voluntad deliberada de privarles de libertad.

El matrimonio, en prisión preventiva desde finales de abril del pasado año, admitió durante el juicio que la situación familiar era anómala, pero insistió en que siempre trató de hacer lo mejor para los niños.

Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Logroño. Y es que tal y como asegura UGT La Rioja, la Justicia ha condenado al Ayuntamiento de Logroño a destinar más de cuatro millones de euros de fondos de UNESPA para mejorar el servicio de bomberos. Inversión para la que le da un plazo de diez días.

Así, desde la formación sindical explican que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja da razón a los bomberos de Logroño y condena expresamente a la Administración local a destinar los fondos procedentes de las contribuciones especiales de UNESPA al establecimiento y ampliación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento así como a la adquisición de los medios materiales necesarios. Los fondos afectados por este pronunciamiento judicial, correspondientes a las anualidades comprendidas entre 2021 y la actualidad, superan ya los 4,3 millones de euros.

En concreto, el Ayuntamiento de Logroño ingresó por contribuciones especiales de UNESPA 665.357,95 euros en 2021; 711.285,88 euros en 2022; 728.508,68 euros en 2023 y 761.645,23 euros en 2024, lo que supone un total de 2.866.797,74 euros. A esta cantidad deberán sumarse los importes correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, cuya cuantía exacta deberá determinarse durante la ejecución de sentencia mediante la correspondiente información de la Intervención Municipal, aunque en ningún caso será inferior a la recaudada en 2024. En consecuencia, el importe que el Ayuntamiento deberá destinar a su finalidad legal supera ya los 4.366.797 euros.

Uso de estos fondos para fines distintos

UGT destaca que la sentencia pone fin a años de utilización de estos fondos para fines distintos de los previstos legalmente y recuerda que las contribuciones UNESPA solo pueden destinarse a la mejora del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento mediante la adquisición de los medios materiales necesarios. Y la situación actual del servicio demuestra las consecuencias de no haber destinado estos fondos a su finalidad.

En concreto citan la situación de las autoescalas con las que cuenta el servicio. “Solo una se encuentra plenamente operativa. Una segunda está fuera de servicio desde hace meses y la tercera presenta averías frecuentes debido a su antigüedad”. Denuncian además que el parque carece de una autoescala de reducidas dimensiones “para intervenir con garantías en las calles estrechas del Casco Antiguo de Logroño o en municipios de La Rioja a los que presta servicio el Ayuntamiento logroñés”.

La adquisición de un vehículo de estas características calculan que supondría una inversión aproximada de 700.000 euros. A ello se suma que únicamente existe un vehículo de salvamento, con bastantes años de servicio, “lo que impide atender simultáneamente accidentes de tráfico con varios vehículos implicados o realizar varios rescates al mismo tiempo. Un vehículo así tiene un coste aproximado de 350.000 euros”.

Y además, la formación sindical denuncia que el “servicio no dispone de capacidad material suficiente para afrontar con garantías accidentes relacionados con mercancías peligrosas o rescates de personas atrapadas en derrumbes de edificaciones, carencias que podrían corregirse mediante la correcta utilización de estos fondos”.

Además de esta obligación económica, la sentencia firme condena al Ayuntamiento de Logroño a elaborar y aprobar el Reglamento Interno de Guardias Localizadas, un compromiso adquirido en el año 2020 y que continúa pendiente de desarrollo. La ausencia de esta regulación está provocando “la aplicación de criterios arbitrarios por parte de la Administración en la organización de las guardias localizadas, con consecuencias directas sobre las condiciones laborales de la plantilla y sobre los derechos de conciliación de los trabajadores”.

La tercera obligación impuesta por la sentencia es la elaboración y aprobación del Plan de Parque. El acuerdo específico suscrito con la representación de los trabajadores establecía que este documento debía haberse desarrollado e implantado antes del 1 de enero de 2021, “más de cinco años después sigue sin estar”. La inexistencia de este Plan de Parque ha provocado “una falta de absoluta planificación del servicio porque actualmente solo existen 62 bomberos operativos, trece menos de los previstos en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento”. Incluso si se cubrieran la totalidad de las plazas, la plantilla alcanzaría únicamente los 75 efectivos, una cifra que UGT considera “claramente insuficiente para un servicio de bomberos de las características de Logroño, donde serían necesarios alrededor de 90 bomberos”.

A esta insuficiencia de efectivos se añade un incremento muy importante de la actividad del servicio. En los últimos cinco años las intervenciones han pasado de situarse entre las 1.200 y las 1.400 actuaciones anuales a alcanzar entre 1.800 y 1.900 intervenciones cada año, “sin que la plantilla haya aumentado proporcionalmente para responder a ese incremento de la demanda”. La consecuencia, advierten. “se están produciendo retrasos en los tiempos de intervención y actuaciones bajo los mínimos de personal establecidos, lo que supone una importante merma de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y un incremento del riesgo laboral para los bomberos”. Por todo ello, UGT La Rioja subraya que “mientras

UGT Servicios Públicos La Rioja subraya que, “mientras los bomberos están cumpliendo con los compromisos adquiridos y garantizando la atención a la ciudadanía gracias a su esfuerzo, profesionalidad y buena voluntad, es la Administración quien no está cumpliendo con las obligaciones asumidas”.

Un vecino de Gijón de 38 años, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, ha aceptado este jueves una pena de cinco años y medio de prisión al reconocer que agredió e intentó matar a su pareja, con la que convivía pese a tenerlo prohibido por una sentencia judicial.

Los hechos por los que iba a ser juzgado en la sección Tercera de la Audiencia Provincial, se remontan al 16 de junio de 2025, cuando el procesado, que en un primer momento había agredido e insultado a su pareja, intentó clavar varias veces en el pecho de su pareja un cuchillo de unos 17 centímetros de hoja .

La víctima, que pudo esquivar algunas cuchilladas, sufrió finalmente dos cortes en el muslo izquierdo de los que tuvo que ser atendida en el hospital.

El ataque se produjo en un momento en el que el procesado aún estaba cumpliendo la pena que se le había impuesto en agosto de 2024, y que estaba vigente hasta diciembre de 2025, que le prohibía acercarse a su pareja sentimental a menos de 500 metros, de su domicilio y de su lugar de trabajo.

No obstante, el procesado había reanudado la convivencia con su pareja en octubre de 2024 y se mantenía hasta el momento en el que se produjo la agresión.

Según la Fiscalía y la acusación particular, los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, con las agravantes de parentesco y desprecio de género, de dos de lesiones en el ámbito familiar, con la agravante de reincidencia y de otro de quebrantamiento de condena.

Tras reconocer los hechos, el procesado asumió cinco años de prisión y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante once años por el delito de homicidio en grado de tentativa; seis meses de cárcel por el de quebrantamiento de condena, y 160 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de portar armas durante tres años por los delitos de lesiones.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó en octubre de 2024 contra la Ley Orgánica aprobada meses antes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la normalización institucional, política y social en Catalunya, denominada como 'Ley de Amnistía'.

La sentencia aplica la doctrina establecida en resoluciones anteriores del Tribunal, como la que avaló esta normativa del Gobierno de manera parcial y que ya resolvió las principales cuestiones de constitucionalidad planteadas respecto de la Ley de Amnistía.

En relación con la impugnación de la ley en su conjunto, la sentencia se remite a la doctrina conforme a la cual de la Constitución no se deriva una prohibición de amnistiar. Asimismo, recuerda que el legislador no incurrió en arbitrariedad al aprobar esta Ley y que, por tanto, “no vulnera la reserva de jurisdicción ni los principios de separación de poderes, solidaridad e igualdad territorial y seguridad jurídica”.

El Tribunal desestima igualmente la alegación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo referente a que el Estado carezca de competencia para aprobar una ley de amnistía. La sentencia señala que los recurrentes “no suscitan una verdadera controversia competencial ni identifican competencia autonómica alguna que hubiera resultado vulnerada”, sino que reiteran la tesis de que la amnistía “solo podría incorporarse al ordenamiento mediante una previa reforma de la Constitución”.

Asimismo, rechaza que la ley vulnere las competencias que la Constitución atribuye al Rey y al Gobierno en materia de derecho de gracia.

No es “exigible” un acto del Rey refrendado por el Gobierno

Concretamente, la sentencia recuerda que la amnistía y el indulto son “instituciones distintas” y que, por su propia naturaleza, la amnistía solo puede ser establecida mediante una ley aprobada por el Parlamento, “sin que resulte exigible” un acto del Rey refrendado por el Gobierno para su concesión o aplicación.

El Tribunal también descarta que la ley “menoscabe” las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal. Razona que la imposibilidad de ejercer la acción penal respecto de los hechos amnistiados es “una consecuencia inherente a la extinción de la responsabilidad penal acordada por el legislador”,

El Gobierno castellanomanchego presentó este recurso de inconstitucionalidad en octubre de 2024 después de que en julio de ese mismo año el Consejo de Gobierno le diera luz verde, tras un informe del Consejo Consultivo a requerimiento del presidente regional.

Este es uno de los muchos frentes que Emiliano García-Page tiene abiertos con el Gobierno de Pedro Sánchez, que van desde una demanda judicial para exigir las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, hasta el modelo de financiación autonómica y la petición de elecciones generales anticipadas.

La Audiencia Provincial de Asturias ha absuelto el exjefe de la Policía Local de Siero de un delito contra la integridad moral y acoso laboral sobre un subordinado en este cuerpo.

El alto tribunal asturiano ha absuelto al mando local al considerar que no hay responsabilidad penal en los hechos denunciados tras la repetición del juicio, después de una primera condena de 18 meses de prisión y 9.000 euros de indemnización impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo que fue anulada en febrero de 2025 al declararse la incompetencia objetiva de esa instancia en este caso.

Durante el juicio, la Fiscalía pidió que se le impusiese al subinspector, que en ausencia del comisario desempeñaba labores de jefe accidental, una pena de un año de prisión y el pago de una indemnización de 6.000 euros.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha celebrado la absolución y que “se haya hecho justicia” tras sostener que el exjefe de la Local “siempre gozó” de su “máxima confianza” porque “hacía las cosas por servir al municipio”.

Que un piso se dedique al alquiler turístico o al mercado convencional no tiene incidencia en las competencias de administración aeronáutica. Esto, que parece evidente, acaba de plasmarlo por escrito el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para rechazar un recurso de la Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) contra la regulación de esta actividad en Santiago de Compostela, el único que quedaba pendiente. Entre sus argumentos, todos refutados por la sentencia, estaba la falta de los informes preceptivos de la Dirección General de Aviación Civil. La resolución del alto tribunal es firme, por lo que la normativa –tres años y medio después de su aprobación por el ayuntamiento compostelano– puede ya volar segura.

El 16 de febrero de 2023, un pleno municipal extraordinario daba luz verde a la modificación del título 3 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para prohibir la apertura de pisos turísticos en el Casco Histórico y su entorno –una zona reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad–, además de establecer límites en otros barrios de la ciudad. Aviturga alegó entonces que la decisión se tomó sin solicitar la aprobación de Aviación Civil ni de la Delegación del Gobierno en Galicia.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo –a la que ha tenido acceso elDiario.es– considera que esos informes “no resultan relevantes” ya que la modificación puntual del PXOM “tiene por objeto simplemente la categorización de nuevos usos”, sin modificar los que ya existían en las ordenanzas urbanísticas. Señala que la memoria justificativa incluye un anexo donde se “advierte que la modificación puntual tampoco altera las actuales determinaciones del plan vigente que afectan al ejercicio de las competencias de la administración aeronáutica”. Tampoco cambian los ámbitos afectados por servidumbres o “afecciones acústicas” ni se tocan “las otras restricciones y condiciones protectoras establecidas en el planeamiento vigente”. En cuanto a la Delegación del Gobierno, los magistrados consideran que “ante la falta de mayor precisión” de los denunciantes “se puede entender irrelevante en atención a la modificación puntual recurrida, ya que no se aclara en qué aspecto pudiera afectar” su falta.

Una norma con “mero interés político”

El recurso de Aviturga cargaba con dureza contra la decisión política de poner coto a las viviendas turísticas (VUTs) con una normativa que, a su entender, “no responde al interés general, sino a un mero interés político y al particular de personas y organizaciones”. Su argumentación consideraba que la modificación suponía “una vulneración de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, atenta contra la seguridad jurídica, resulta lesivo para derechos adquiridos con anterioridad al mismo y, además se ha dictado sin respetar el procedimiento administrativo legalmente previsto”.

También esto fue desestimado por la Sala: “Merece ser rechazado por cuanto no concreta qué derecho vulnera” la modificación del PXOM, “, ya que la referencia al derecho de propiedad privada regulado en el artículo 33 es simplemente genérica y, por ello, no puede fundamentar la nulidad que impetra la parte recurrente”.

Quedaba todavía un tercer argumento que los magistrados se encargaron de desmontar: la falta de motivación de un normativa con “criterios de regulación arbitrarios y no adecuados” a las “finalidades confesadas en la tramitación”. La Asociación trata de demostrar que la definición, por parte del ayuntamiento, de la vivienda de uso turístico como actividad de hospedaje “es errónea”. El tribunal, sin embargo, no lo vio así. “El artículo 111 de las normas urbanísticas es claro” y define el uso de hospedaje como “el que no se destina a satisfacer las necesidades de vivienda habitual de las personas residentes, sino que provee necesidades de alojamiento temporal no residencial por turismo de vacaciones u otros motivos laborales”. Por tanto, incluir las VUTs como hospedaje “es adecuado y conforme a la normativa referido a alojamiento temporal que se realiza en viviendas” y, así, afirman que “la modificación puntual en modo alguno puede ser inmotivada, sino que es coherente con el ordenamiento vigente”.

Fueron dos los recursos contra esta medida que llegaron al alto tribunal. El primero, que consideraba que la normativa invadía competencias autonómicas, fue desestimado en febrero. Ahora, esta nueva decisión –anunciada en rueda de prensa por la portavoz del gobierno local, Miriam Louzao–, supone el cierre del único que continuaba abierto. En su comparecencia, Louzao confirmó que ya había transcurrido el plazo para que Aviturga recurriese en casación ante el Supremo, por lo que la sentencia fue declarada firme, mediante decreto del alto tribunal, el pasado 25 de junio. Y, con ella, también, la regulación de viviendas turísticas de la capital gallega.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, la socialista María Concepción Monzón, a la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo. Con ello, ratifica su condena a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa tras retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

Según el fallo, el Alto Tribunal castellanomanchego rechaza la primera de las alegaciones de presentadas por Monzón en su recurso en la que afirma que en el fallo de la Audiencia Provincial de Toledo que la condena existe un “déficit de motivación”, para señalar que “no asiste la razón a la recurrente”. “Podrá disentir del razonamiento, pero en modo alguno existe el déficit de motivación que denuncia”, añade.

Respecto a que la alcaldesa alegue en su recurso que la licencia había expirado el 11 de enero de 2021, por lo que el 8 de marzo de 2021 el vendedor no era titular de ninguna licencia y que ello “condiciona el punto de partida para la aplicación del artículo 404 del Código Penal (que regula el delito de prevaricación administrativa), así como la sanción impuesta”, el TSJCM concluye que se trató de una decisión “administrativa arbitraria”.

Del mismo modo, el tercer motivo que alega la alcaldea se basaba en la infracción de normas del Ordenamiento Jurídico en la medida en que defiende la existencia de la “indebida aplicación” del artículo 404 del Código Penal. Ante ello, el TSJCM apunta que, en el presente caso, se desprende del relato fáctico “con claridad” la “consciente injusticia” de la “arbitraria actuación” de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, “por lo que procedería la desestimación del motivo”.

Por todo ello, el Ato Tribunal castellanomanchego afirma que la decisión alcanzada por la Audiencia Provincial de Toledo es “coherente y razonable”, así como “conforme a las máximas de experiencia y reglas de la lógica”, por lo que este último motivo que alega la demandnate “se desestima”.

En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas

La alcaldesa ha mostrado su respeto por la resolución del TSJCM, pero ha anunciado que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “en ejercicio de los derechos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico”.

“En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago, velando por el interés general del municipio”, apunta la regidora, que añade que durante todo este proceso ha mantenido “una actitud de plena colaboración” con la Administración de Justicia y que seguirá actuando con el mismo respeto institucional en las sucesivas fases del procedimiento.

No obstante, el coordinador general de Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco, ha exigido al PSOE que actúe con “responsabilidad y coherencia” y “obligue” a dimitir de “inmediato” a la alcaldesa. “El tribunal es contundente al señalar que la actuación de Monzón no fue un simple error administrativo ni una interpretación jurídica discutible, sino una decisión administrativa arbitraria, adoptada tras un enfrentamiento personal y completamente al margen de la legalidad”, ha argumentado.

Velasco ha explicado que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula, en su artículo 6, que no pueden seguir en sus cargos los condenados por sentencia, aunque no sea firme, contra la Administración Pública, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Así, para el coordinador provincial del PP, la situación en el municipio de Villarrubia de Santiago es “insostenible”. De hecho, ha advertido de que el PP estudiará todas la acciones jurídicas oportunas ante una alcaldesa “enrocada” en el cargo “en coincidencia con la actual política socialista en el Gobierno de España de mantenerse en los puestos aunque se demuestren graves ilegalidades”.

“El PSOE debe decidir si está del lado de la legalidad y la ética pública o si, una vez más, prefiere proteger a sus cargos condenados, confirmando que ya no tiene otra bandera que la de los casos judiciales y la corrupción”, ha concluido el coordinador general del Partido Popular de Toledo.

La Audiencia Provincial ha absuelto a un hombre que inicialmente fue condenado por un delito de desobediencia tras negarse a identificarse legalmente en un hotel de Almería durante la pasada temporada veraniega alegando ser nacional de la ficticia 'República Errante Menda Lerenda'.

La sentencia, consultada por Europa Press, revoca el fallo dictado por la titular de la Plaza 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería al considerar que los hechos no revisten la gravedad suficiente para ser considerados delito, aunque deja la puerta abierta a que la Policía Nacional pueda abrir un expendiente por infracción administrativa.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de agosto del pasado año, cuando el acusado se encontraba en uno de los hoteles de la zona de El Toyo, en la capital almeriense, donde intentaba identificarse en la recepción como nacional de la 'República Errante Menda Lerenda' mediante un “burdo” pasaporte.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento hotelero comisionados al respecto y se entrevistaron con el hombre, quien comenzó a mostrar una “actitud desafiante a los agentes”, a quienes negó su identificación.

El hombre comenzó a vociferar y a realizar aspavientos sin hacer caso los agentes, quienes le pedían que depusiera su actitud porque estaba molestando a otras personas en el hotel. Finalmente, tuvieron que sacarlo a la fuerza del edificio ya que “no obedecía a los agentes” ni mostraba “colaboración alguna”.

La mera negativa a identificarse ya no es delito

Aunque la Audiencia considera probados estos hechos, estima el recurso de apelación impulsado por la defensa y considera que lo ocurrido, pese a ser un acto de “rebeldía”, no fue lo suficientemente grave para ser considerado delito conforme al artículo 556.1 del Código Penal.

En esta línea, la Sección Segunda incide en que tras las reformas legislativas recientes, la mera negativa a identificarse a requerimiento de los agentes del orden ha sido expulsada de la órbita penal.

De este modo, recalca que conductas basadas en la mera negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad policial están contempladas como una infracción administrativa en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Con ello, revoca el fallo original que le imponía seis meses de multa a razón de seis euros diarios así como las costas.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 13 años y 6 meses de prisión impuesta el pasado marzo por la Audiencia Provincial a un acusado que el 8 de julio de 2023, en plenos Sanfermines, violó a una joven de 15 años en Pamplona tras amenazarla con una navaja en el cuello en las murallas de la ciudad. 

En 2023, el agresor, que tenía entonces 18 años, y la víctima convivían en un centro de menores. El 6 de julio, los dos, junto con otros compañeros del centro y algunos educadores, acudieron al Chupinazo de los Sanfermines. Día que “tontearon” y “se liaron”, aunque ella ya le advirtió entonces que “no quería mantener relaciones sexuales completas”. El día 8 volvieron a salir en compañía de otro joven que había estado en el centro hasta mayo. Por la tarde asistieron a un concierto en la plaza de los Fueros. Entretanto, compraron una botella de pacharán, que se tomaron entre los dos chicos. Ella no bebió.

En un momento dado, el acusado dijo que quería ir al baño. Ella le acompañó. Pasaron de largo la estación de autobuses, a donde ella creía que iban. Él dijo que habría mucha cola en los baños, y la llevó hacia las murallas, a una zona apartada. Allí, según recoge la sentencia, el inculpado le dijo que quería tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Él insistió. La tocó “por todo el cuerpo” y la agarró para que no se pudiera marchar. Sacó una navaja de la riñonera y se la colocó en el cuello a la adolescente. Le espetó que, si gritaba, se lo rajaba. Entonces, la violó.

Cuando el encausado se marchó, la víctima se quedó allí un rato en estado de shock. De regreso al centro, recibió un mensaje del inculpado en el que la amenazaba para que no contara lo ocurrido. En una de sus respuestas, la víctima le contestó: “Déjame en paz […]. Me has jodido la vida. Espero que te quedes Agusto [sic] después de lo que me has hecho”. Una semana más tarde, el día 15, el condenado le escribió otra vez para indagar si había “contado algo” y volvió a amenazarla.

El agresor se marchó del centro a principios del mes de agosto. En octubre, la víctima relató a su terapeuta la agresión sexual sufrida. Pusieron los hechos en conocimiento de la coordinadora del centro, quien los comunicó a la fiscalía e interpuso denuncia ante la Policía Foral.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante 16 años. Además de cumplir una medida de libertad vigilada y deberá ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 9 años. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la joven con 25.000 euros por el daño moral.

Un testimonio “persistente y carente de contradicciones”

La sentencia condenatoria dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra fue recurrida por la defensa ante el Tribunal Superior, que ha desestimado íntegramente el recurso.

Al respecto, el Tribunal considera que el testimonio de la denunciante reúne todos los requisitos que exige la jurisprudencia para servir como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. “Esta sala, visionada la grabación de su declaración, comparte el criterio de la sala de instancia acerca de su verosimilitud, estimando que dicho testimonio resulta ser creíble, verosímil, fiable y coherente, apreciando la sala sinceridad en la forma de expresarse la misma y narrar los hechos imputados”, apostilla.

Asimismo, los magistrados destacan la existencia de elementos que sustentan la versión de la víctima, entre ellos los mencionados mensajes, cuyo contenido juzgan “perfectamente acorde con la versión mantenida por la denunciante y corroborador de la realidad de la misma, sin que la versión ofrecida por el acusado constituya explicación razonable de ese contenido de las comunicaciones”.

Por lo que atañe a la persistencia en la incriminación, agrega la Sala, el testimonio de la denunciante fue persistente y carente de contradicciones, sin que se aprecien reticencias, inexactitudes ni modificaciones, en lo fundamental. “La misma narró los citados hechos que afirma que le sucedieron en la forma recogida, esencialmente, en la sentencia de instancia, lo que mantuvo en todo momento, desde que los narró a la terapeuta y a la directora del centro en el que residía, lo que igualmente manifestó en su denuncia, en el juzgado de instrucción y, últimamente, reiteró en el acto del juicio”, remarcan los jueces.

Una sentencia reconoce a una trabajadora personal laboral de un centro educativo de la provincia de Toledo el derecho a disfrutar de los días de asuntos particulares en periodo lectivo y la Junta de Castilla-La Mancha se ve obligada a retribuirle el día que le fue descontado.

Desde CCOO Castilla-La Mancha señalan que una mujer, personal laboral fijo en un instituto toledano, solicitó un día de asuntos particulares -que es retribuido- en diciembre de 2024 por el fallecimiento de una tía, pero “la administración lo rechazó descontándole el día de sueldo por no asistir al trabajo”. A través de una demanda, donde el sindicato ha sido la parte defensora, el Tribunal de Instancia de Toledo, de la Sección Social ha reconocido su derecho “tal y como refleja el convenio colectivo del personal laboral”.

La administración alegaba que, por necesidades del servicio y por analogía con el régimen de vacaciones, los asuntos particulares deben disfrutarse en periodos de menor actividad o no lectivos, algo que no ocurría con el día solicitado. Sin embargo, la magistrada concluye que “no existe norma que obligue a disfrutar de los asuntos propios exclusivamente en periodos no lectivos ni la administración puede imponer restricciones que el convenio colectivo no contempla”. Este es el punto “más relevante” para la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Ana Delgado, que hace hincapié en otro aspecto positivo de la sentencia y es que “refuerza la seguridad jurídica y la fuerza vinculante de la negociación colectiva porque los derechos que se pactan en el convenio pueden aplicarse tal y como están redactados sin entrar en interpretaciones”

Según Delgado, la sentencia realiza una defensa “muy relevante” de la propia naturaleza de los días de asuntos particulares, retribuidos, porque están concebidos para que las personas puedan atender circunstancias personales, familiares o administrativas sobrevenidas en cualquier momento del calendario por eso “los derechos de conciliación y de organización de la vida personal no pueden quedar vacíos de contenido por decisiones de la administración”.

La sentencia es firme

El tribunal estima la demanda, reconoce el derecho de la persona trabajadora a disfrutar del permiso por asuntos particulares, y condena a la Consejería de Educación a abonarle los 58,29 euros detraídos más el 10% de interés pro mora. La resolución es firme y no cabe recurso.

CCOO tiene interpuesto un conflicto colectivo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del que espera sentencia y confía en que esta resolución pueda sentar un precedente a la hora de orientar futuras actuaciones de la administración.

Sobre la negociación del convenio colectivo del personal laboral

La secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CLM, Carmen Juste, ha felicitado a la trabajadora que ha conseguido “de forma valiente” el reconocimiento de un derecho que afecta a todo el personal laboral. De ahí que haya apuntado que CCOO “ha sido el único sindicato que se posicionó a favor de aprobar el texto del noveno convenio colectivo del personal laboral de la Junta y que incluía numerosas mejoras peleadas por el sindicato”. Entre ellas, el complemento específico para 700 mujeres de centros educativos que tienen jornada de tarde; que 70 fijos discontinuos fueran fijos; que la administración aceptara aplicar en su máxima extensión la jubilación parcial del personal laboral; una nueva regulación de bolsas de empleo para que el personal laboral de nuevo ingreso tenga mejores condiciones; garantías para quienes cambian de trabajo por motivos de salud y para los casos de incapacidad permanente total.

Juste ha lamentado que CCOO se haya quedado sola en este posicionamiento y se pregunta, apelando al resto de sindicatos que no quisieron firmar, “¿tenemos derecho las organizaciones sindicales a primar los intereses particulares a los intereses generales del conjunto de los trabajadores de la Junta?”. Asimismo, ha expuesto que “todas esas personas que iban a empezar a disfrutar de todos esos derechos no podrán hacerlo el próximo 1 de julio y la negociación seguirá sin cerrar”.

El Tribunal de Justicia de Navarra (TSJN) obliga al Departamento de Educación del Gobierno foral a aplicar en los centros privados que reciben concierto educativo las mismas reducciones de ratios que las tienen los centros de la red pública. La sentencia estima así un recurso presentado por las patronales de la educación concertada el pasado mes de septiembre.

El consejero Carlos Gimeno, que ha anunciado que el Gobierno navarro recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo, ha lamentado el fallo que da la razón a la patronal de la red concertada. “¿Un centro concertado en Navarra, de los de más prestigio, presenta las mismas necesidades educativas de un colegio público de Pamplona, o de la Comarca, o de la ciudad de Tudela, con cuatro veces más necesidades educativas?”, ha planteado. “Yo entiendo que la ratio que se aplica en los centros públicos por parte del Departamento de Educación es una medida de protección y de compensación ante las necesidades que tiene la escuela pública”, ha añadido.

En ese sentido, Gimeno ha afirmado que “la situación de las dos redes no es idéntica”. “Respeto el fallo del TSJN, pero consideramos que no partimos de una base igualitaria. No compartimos, pero sí respetamos, que no aplicamos el principio de igualdad. Nosotros creemos que siempre se puede aplicar la desigualdad si hay una justificación objetiva y absolutamente razonable. No lo digo yo, lo dicen sentencias del Tribunal Constitucional y es lo que establece el principio de equidad educativa. Por lo tanto, no entendemos que no se analice o no se contemple el índice de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que hay en cada centro”, ha señalado.

La sentencia resuelve que la reducción de ratios debe aplicarse desde el próximo curso 2026/2027 (la legislación preveía su aplicación para el curso 2027/2028). “Aplicar el fallo de esta sentencia hoy obviamente reduciría las vacantes en los centros concertados. Tendríamos que volver a repetir el proceso de admisión, porque habría que reducir la ratio de 25 en Infantil a 23, la ratio de 25 en primero de Primaria a 23, y la ratio de 30 en primero de la ESO a 28”, ha explicado. Carlos Gimeno ha asegurado que “en tres años habría centros que tienen cinco o seis unidades donde 10 o 12 alumnos deberían salir”.

El consejero ha asegurado que aplicar esta sentencia generaría un “caos organizativo en el sistema educativo navarro absolutamente ostensible”. “Aplicar la sentencia precisamente perjudicaría a las familias, a los centros y al alumnado de los centros concertados”, ha lamentado.

El consejero de Educación, además, ha recordado que en Euskadi también existen diferentes ratios entre la red pública y la red concertada por norma. “Y luego hay una cuestión que queremos también aclarar con respecto al fallo y es que en esta comunidad han existido ratios diferentes entre la red pública y la red concertada desde el 2007 hasta el 2018. Es una cuestión que ya se ha producido en esta comunidad con otros Gobiernos”, ha apostillado.

El empresario Víctor de Aldama no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

De hecho, el comisionista, que logró una rebaja sustancial de la pena gracias a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, no debe abonar responsabilidad civil alguna, y el Alto Tribunal sólo le condena solidariamente al decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho por un importe total de 430.298 euros. También hará frente a dos multas que juntas llegan a los 72.000 euros por los delitos de organización criminal y cohecho.

Aldama ha sido condenado finalmente por esos dos delitos pero no por el de aprovechamiento de información privilegiada, que es en el que el Ministerio Público y las acusaciones solicitaban esa multa equivalente a la cuantía de la comisión. Los magistrados indican que en realidad “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia y que la licitación sería inminente”.

No obstante, la resolución indica que en ese contexto de pandemia “los tres acusados, de mutuo acuerdo, ante la necesidad de compra de material sanitario, en coordinada actuación, utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, mercantil vinculada a Víctor de Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio Ministerio: Puertos del Estado y ADIF”. “De Aldama se lucraba, a través de las comisiones concertadas con Soluciones de Gestión, y con cargo a las mismas, de ese importe, pactaron que una parte la entregaría Víctor de Aldama a los otros dos acusados”, recuerda la sentencia.

Según el relato de hechos, la primera compra se concretó el 20 de marzo por medio de una orden ministerial firmada por Ábalos y publicada al día siguiente en la que se disponía la adquisición de 8.000.000 de mascarillas si bien con la finalidad de ser adjudicada a Soluciones de Gestión. Cuatro días antes de la publicación de la orden ministerial, Soluciones de Gestión firmó con la sociedad Comercial Cueto 92 SL un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para la contratación y suministro de mascarillas. El 21 de marzo de 2020, la presidencia de Puertos del Estado adjudicó el contrato a la empresa de la trama por un importe de 20.000.000 de euros (2,5 euros por mascarilla).

Días después, relata la sentencia, se concretó una segunda compra centralizada de 5 millones de mascarillas a través del ente empresarial público, dependiente del Ministerio, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Esa empresa pública acordó la compra por valor de 12,5 millones de euros.

Los magistrados cifran la comisión de Aldama por la compra de Puertos del Estado y Adif en 3,7 millones de euros. Utilizó para el cobro dos sociedades, MTM 180 y Deluxe Fortune. Advierte de que esa cifra no es la global que pudo obtener el comisionista por todas sus operaciones de mascarillas porque si se incluye lo que se llevó por el suministro al Ministerio del Interior (que no es objeto de acusación), así como el negocio con el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears (que se investigan en la Audiencia Nacional) los beneficios llegan a los 6,6 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.