La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a diez años de prisión al expresidente de la entidad blanquinegra, Joaquín Parra, por liderar una trama dedicada al fraude del IVA en la comercialización de carburantes durante el ejercicio 2020. El agujero provocado a las arcas públicas asciende a 13 millones de euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, impone penas a un total de siete procesados que suman más de 34 años de cárcel. En el caso concreto de Parra, el fallo le atribuye cuatro años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, otros cuatro por blanqueo de capitales y dos años más por un delito continuado de falsedad documental. Además de la pena privativa de libertad, la justicia le condena al pago de una multa de 32 millones de euros.

Una red de sociedades pantalla para evitar el pago del IVA

La resolución judicial considera plenamente probado que el empresario “diseñó, impulsó y dirigió la operativa” mediante un entramado de sociedades instrumentales. A través de esta arquitectura societaria, la trama colocó masivos volúmenes de hidrocarburos en el mercado nacional omitiendo deliberadamente el ingreso del IVA repercutido.

El tribunal remarca que, aunque varias de estas empresas figuraban formalmente a nombre de testaferros o terceros, la “dirección efectiva” de todas las operaciones recaía de forma exclusiva en Parra. La sentencia aclara que el impago de impuestos no obedeció a un problema puntual de liquidez, sino a una “interposición societaria” planificada para retener las cuotas del tributo y dificultar el rastreo por parte de la Agencia Tributaria.

Casi tres millones de euros desviados al CD Badajoz

El fallo detalla el recorrido del dinero defraudado. En una primera etapa, los fondos circularon entre empresas vinculadas a la red para, posteriormente, derivarse a gastos personales del propio Parra y desembolsos patrimoniales de lujo, tales como la compra de vehículos, inmuebles, embarcaciones e instalaciones deportivas.

Dentro de esta red de flujo de capitales, la justicia ha acreditado que el Club Deportivo Badajoz fue uno de los grandes receptores de los fondos ilícitos. Una parte “relevante” de las salidas de dinero de una de las firmas principales administradas por el empresario tuvo como destino directo la entidad blanquinegra, que llegó a recibir aportaciones totales por valor de 2,9 millones de euros.

Una comunidad de vecinos de una localidad del País Vasco ha pleiteado durante diez años hasta que el Tribunal Supremo les ha dado permiso para instalar un ascensor en el edificio. Los jueces han obligado finalmente al dueño del restaurante de la planta baja del edificio a otorgar la servidumbre necesaria para poder hacer la obra, que afecta a la cocina del local, pero obliga al resto de propietarios a calcular y pagar una indemnización por los inconvenientes que causará la instalación. La comunidad de vecinos empezó a estudiar en 2012 la posibilidad de instalar el ascensor por la presencia de personas mayores con movilidad reducida entre los vecinos. Según fuentes del caso, varias de esas personas mayores han fallecido mientras esperaban a que se solucionara el pleito.

La documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es revela que esta comunidad de vecinos de una localidad costera y turística de Gipuzkoa encargó los primeros informes para instalar un ascensor en 2012. La razón: varios vecinos eran personas mayores con “problemas de movilidad” y era necesario facilitarles el acceso a sus casas. La decisión definitiva de los propietarios llegó en 2016, cuando se votó mayoritariamente a favor de la obra y la correspondiente derrama, un proceso en el que el propietario del restaurante no pudo participar al acumular deudas con la comunidad.

Los pleitos arrancaron poco después. Diversos frentes judiciales, incluso penales, en los que el propietario del restaurante de la planta baja del edificio se opuso a tener que pagar las derramas dado que su local, ubicado en la planta baja, no iba a hacer uso del ascensor. La comunidad de vecinos contestó con una reconvención de la demanda para que fuera obligado a prestar la servidumbre –la autorización para hacer obras en su local– dejando claro en todo momento que iba a ser indemnizado con decenas de miles de euros por las molestias que se iban a causar al restaurante, entre otras cosas a la cocina. Él pedía casi 80.000 euros.

El conflicto se tramitó primero ante los tribunales vascos, donde los jueces dieron la razón a la comunidad de vecinos. El dueño del local, para empezar, no tenía derecho a recurrir los acuerdos de la junta de vecinos al tener dinero pendiente de pago, aunque él alegaba que eran poco más de 100 euros de deuda. La Audiencia Provincial entendió que la servidumbre que necesitaban los vecinos para instalar el ascensor estaba “suficientemente definida” y que el local no quedaba “inservible”, sino que se comía un par de metros de la cocina por los que el hostelero debía ser indemnizado.

El caso de este edificio de cinco plantas sin ascensor llegó a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo este año, una década después del acuerdo de la comunidad de vecinos para hacer la obra y cuando varios de los vecinos mayores que iban a usar el ascensor ya habían fallecido. Los jueces han confirmado que el dueño del local debe otorgar la servidumbre para facilitar la instalación del ascensor, pero ha estimado parcialmente sus alegaciones y ha establecido que la ejecución de esta sentencia debe incluir un cálculo de la indemnización que debe cobrar por la afectación al local.

“La comunidad puede imponer la servidumbre”

La Sala de lo Civil da luz verde al ascensor de esta comunidad de vecinos tras 10 años de pleito y 14 de proyecto y lo hace repasando sus propias sentencias que desde 2008 dan poder a las comunidades de vecinos para “imponer la servidumbre” en estos casos, aunque con “límites o condiciones”. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha estudiado casos de servidumbres, pero también de indemnizaciones negadas a vecinos afectados por la instalación de un ascensor: desde una zapatería que sufrió desperfectos en el local hasta una vecina que perdió luz en su casa tras la obra.

En este caso, los jueces estiman parcialmente el recurso del hostelero de la planta baja y ubican en la fase de ejecución de la sentencia el cálculo de la indemnización para el dueño del local. “Si no de manera simultánea, sí en el mismo procedimiento”, especifican. Se le debe resarcir, a través de un informe pericial, por aspectos como “el valor de la superficie realmente ocupada, la depreciación del local, los gastos de adaptación que se estimen necesarios, la pérdida o disminución de ingresos derivada de la paralización o reducción de la actividad que se desarrolla en el local mientras se ejecuten las obras, y, en general, cualquier otro daño”.

La Sala de lo Civil alude a los diez años que el proceso ha tardado en ser sentenciado en firme y explica que esta decisión es la única que acorta los plazos y evita que el pleito se alargue todavía más hasta que la obra del ascensor se complete. La “procedencia” de instalar el ascensor está “debidamente acreditada” y cualquier otra solución llevaría la obra a “otro procedimiento por tiempo indeterminado”, añadido a “los diez años transcurridos desde la presentación de la demanda”, todo “en perjuicio de los propietarios, y, en particular, de aquellos que por su edad o problemas de movilidad, no pueden hacer uso de las escaleras”. Además, añade, comunidad y hostelero “están de acuerdo en que la demandante tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios”.

La estimación parcial del recurso del dueño de la planta baja del edificio tiene otro efecto: no se le condena a pagar las costas del proceso y, por tanto, a hacerse cargo de parte de los gastos legales en los que han incurrido sus vecinos para combatir sus recursos a lo largo de la última década.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Comisiones Obreras (CCOO) contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2023 del polémico PlanXCuenca, que clausuró el tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel de la línea Aranjuez-Valencia, con paso por la provincia de Cuenca, y condena a costas a la parte recurrente.

De acuerdo con la sentencia, el tribunal desestima los distintos argumentos presentados por el sindicato. En primer lugar, rechaza que haya existido una vulneración del procedimiento administrativo general en el acuerdo y afirma que las partes interesadas tuvieron tiempo suficiente para presentar alegaciones entre la presentación del informe de Ineco que determinaba la falta de rentabilidad de la línea y el acuerdo del Consejo de Ministros recurrido.

En segundo lugar, el tribunal entiende que los informes aportados para responder a este informe “no son suficientes para desvirtuar el detallado y minucioso estudio técnico realizado y los datos económicos aportados”.

El tribunal también rechaza la evaluación ambiental

Finalmente, la sentencia también desestima los argumentos defendidos por los demandantes para reclamar que el PlanXCuenca, que prevé el aprovechamiento urbano de los terrenos ferroviarios, tenía que haberse sometido a evaluación ambiental.

No es la primera vez que el Supremo avala el PlanXCuenca. En diciembre de 2024 confirmaba la decisión del Gobierno de cerrar el tramo ferroviario que une Tarancón y Utiel. Los jueces rechazaron entonces los recursos que una decena de ayuntamientos presentaron contra la medida del Consejo de Ministros, tomada a principios de 2023.

Entonces, el tribunal argumentó que los consistorios no habían aportado ninguna prueba sobre por qué este cierre vulnera derechos o ha sido tomado con arbitrariedad. Entre otras cosas, la administración alegó que la línea no alcanzaba “los umbrales mínimos” de ratio de viajeros y recurrencia para mantener el tramo abierto.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 18 meses de prisión a un hombre como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa agravada, y a nueve meses de cárcel a su yerno por estafa continuada, tras acreditarse que manipularon los cuentakilómetros de al menos 12 vehículos de segunda mano para venderlos a un precio muy superior al de mercado. La resolución judicial considera probado que el fraude, cometido entre los años 2013 y 2017, causó un perjuicio económico acumulado a los compradores de 63.866,98 euros.

El fallo, dictado por la Sección Primera del tribunal pacense, se ha producido por conformidad de las partes tras el reconocimiento expreso de los hechos por parte de los acusados. Al ser un acuerdo firme entre la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas, la sentencia es definitiva y no admite recurso ordinario. Por su parte, la esposa del principal procesado ha quedado totalmente absuelta al constatar que desconocía por completo los negocios y maniobras de su marido.

Subastas europeas, facturas retocadas e internet

Según los hechos probados de la sentencia, el principal condenado adquiría turismos, principalmente en el mercado europeo de ocasión y mediante subastas, cuyas facturas originales sí reflejaban la distancia real recorrida. Para dificultar el descubrimiento del engaño, alteraba la documentación de compra haciendo desaparecer los kilómetros antes de presentar las facturas ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz.

Paralelamente, rebajaba de forma sustancial los odómetros de los vehículos. En diversos casos analizados en la causa, los turismos acumulaban entre 120.000 y más de 210.000 kilómetros reales, pero eran ofertados reflejando marcas de entre 50.000 y 70.000 kilómetros. Los automóviles, entre los que se encontraban modelos Citroën C4, Audi A4, Audi A3, Peugeot 5008 y Mazda CX, se anunciaban y comercializaban a través de portales de compraventa en internet como 'milanuncios' o 'coches.net'.

El segundo de los acusados, yerno del primero, participaba en la comercialización de algunos de estos vehículos a sabiendas de que los cuentakilómetros habían sido trucados para lograr que los compradores abonaran un precio más elevado.

Reparación del daño y dilaciones indebidas

A ambos condenados se les han aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas. Respecto a esta última, el tribunal señala que la causa judicial estuvo paralizada por motivos no imputables a los procesados desde febrero de 2024 hasta marzo de 2025 en el juzgado de instrucción antes de su remisión a la Audiencia Provincial.

Asimismo, con anterioridad a la celebración del juicio, los encausados consignaron fondos para hacer frente a las indemnizaciones: 37.000 euros por parte del principal responsable y 9.080,20 euros por parte de su yerno. Para cubrir la totalidad de la indemnización fijada en 55.366,98 euros para el primero, la Sala ordenó completar el pago mediante los fondos embargados cautelarmente al condenado y a su esposa absuelta, quien prestó su consentimiento expreso durante la vista pública.

Debido a la ausencia de antecedentes penales en ambos procesados y a que las penas no superan los dos años de prisión, la Sala ha acordado la suspensión de las penas privativas de libertad. La medida queda condicionada a que no vuelvan a delinquir durante un periodo de cinco años en el caso del principal implicado y de tres años para el segundo, además de completar el pago íntegro de las indemnizaciones adeudadas a los 12 afectados.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha archivado de forma definitiva la querella presentada hace un año contra la exgerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) Inmaculada Sánchez Polo. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el querellante contra el auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de Badajoz, que ya había acordado el pasado mes de primavera el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de criminalidad.

La investigación judicial examinaba acusaciones como presunta falsedad documental, alzamiento de bienes y estafa agravada, formuladas por el socio de una mercantil sanitaria en la que Sánchez Polo figuraba previamente como administradora. Sin embargo, el fallo judicial zanja el procedimiento al concluir que no existen elementos que sustenten tales imputaciones penales.

En declaraciones a la agencia EFE, Sánchez Polo ha acogido la resolución con “mucha satisfacción” aunque con la sensación de que era un desenlace “esperado”, defendiendo que su trayectoria profesional se ha caracterizado siempre “por la honradez y la humildad”.

La exresponsable autonómica y exdiputada regional ha lamentado haberse cruzado en su camino con “personas sin escrúpulos” cuyas acusaciones ha tildado de “gratuitas y sin sentido” con el único propósito de “hacer daño” y aprovecharse de su adscripción política.

Asimismo, ha denunciado el impacto personal y mediático que supuso la admisión a trámite de la querella en octubre de 2025: “Resulta muy doloroso ver cómo se ha cebado una parte de la prensa y por supuesto las redes sociales en un entorno donde la crueldad no tiene límites”.

Con este fallo, la exgerente del Sepad recalca que la justicia “ha vuelto a poner en su sitio” a este sector empresarial, recordando que este procedimiento se suma a otros litigios previos en los que ya ha obtenido sentencias favorables.

Tras este archivo, Sánchez Polo valora junto a su letrado, José María Reynols, la posibilidad de emprender acciones legales adicionales para resarcir el perjuicio personal sufrido durante este periodo.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a dos años de prisión a un hombre y a un año y seis meses de prisión a una mujer por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causa grave daño a la salud. La resolución se ha dictado tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados, por lo que la sentencia es firme al haber manifestado las partes su voluntad de no recurrir.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas del 17 de septiembre de 2024, cuando ambos procesados circulaban a bordo de un turismo Nissan Micra por la autovía A-5 a una velocidad excesiva. Agentes de la Policía Nacional dieron el alto al vehículo tras percatarse de maniobras extrañas. Durante el registro posterior, los agentes descubrieron en la ropa interior del varón un calcetín negro que contenía dos bolsas de plástico con cocaína. La sustancia estaba destinada a su distribución y venta en el mercado ilícito de la provincia de Badajoz.

En concreto, la primera bolsa albergaba un peso neto de 100,64 gramos con una pureza del 77,6%, valorada en 24.331,20 euros. La segunda bolsa contenía 100,35 gramos netos con una pureza del 86%, cuyo valor en el mercado ilícito ascendía a 26.890,17 euros. En total, la droga incautada superaba los 200 gramos y un valor de mercado de más de 51.000 euros.

Durante el juicio, el tribunal ha considerado al varón autor del delito, apreciando en su conducta circunstancias atenuantes analógicas relacionadas con su trastorno de la personalidad, TDAH y dependencia a las sustancias estupefacientes, puesto que cometió los hechos bajo los efectos de dichas sustancias con la capacidad mermada. Por su parte, la mujer ha sido condenada en concepto de cómplice, sin que concurrieran circunstancias modificativas de su responsabilidad penal.

Además de las penas privativas de libertad de dos años de cárcel para el hombre y un año y seis meses para la mujer, la sentencia impone a ambos una multa de 50.000 euros a cada uno, con una responsabilidad personal subsidiaria de dos meses de privación de libertad en caso de impago, así como el pago de las costas procesales por mitad y el comiso y destrucción de la sustancia estupefaciente intervenida.

Asimismo, la Sala ha acordado conceder a la condenada el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un plazo de tres años y medio, condicionada a que no vuelva a delinquir durante dicho periodo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha reconocido el derecho de una trabajadora a percibir el subsidio de incapacidad temporal por las complicaciones surgidas tras someterse a una operación de cirugía estética. La sentencia estima el recurso presentado por la trabajadora y revoca la resolución del órgano judicial de instancia, que había rechazado su reclamación.

El Tribunal condena a la Mutua Fraternidad Muprespa a abonar la prestación correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 6 de mayo de 2024. La trabajadora se sometió el 1 de marzo de 2024, durante sus vacaciones anuales, a una dermolipectomía abdominal, reconstrucción de la pared abdominal, abdominoplastia y varias liposucciones.

Tras la intervención, sufrió una dehiscencia de la herida quirúrgica y un seroma abdominal. Estas complicaciones requirieron asistencia sanitaria, con sesiones para retirar el seroma durante seis semanas y curas diarias hasta el cierre de la herida.

El Servicio Canario de la Salud emitió la baja médica el 11 de marzo de 2024, y la trabajadora recibió el alta el 6 de mayo, reincorporándose a su puesto al día siguiente. La mutua había rechazado el abono de la prestación, al considerar que la baja derivaba de una intervención de cirugía puramente estética y que las incidencias surgidas durante la recuperación formaban parte del proceso normal de convalecencia.

La Sala recuerda que la cirugía estética voluntaria no está comprendida, por sí misma, entre las contingencias protegidas por el sistema de Seguridad Social. En este sentido, la sentencia señala que estas intervenciones, aunque puedan provocar una suspensión del contrato de trabajo, no constituyen una situación de incapacidad temporal cuando responden exclusivamente a una decisión personal de mejora de la apariencia física.

Precisa, sin embargo, que esta exclusión no alcanza a las complicaciones o patologías que puedan aparecer como consecuencia de la intervención. La resolución afirma que la doctrina del Tribunal Supremo permite reconocer la protección cuando se produce una alteración de la salud que va más allá de la simple convalecencia posterior a una operación estética.

En el caso analizado, la Sala considera que la dehiscencia de la herida y el seroma abdominal no fueron meras incidencias propias del proceso normal de recuperación, sino complicaciones que afectaron al estado de salud de la trabajadora, exigieron asistencia sanitaria adicional y retrasaron su recuperación.

Respecto de la dehiscencia, la sentencia destaca que la separación de los bordes de una herida quirúrgica antes de su cicatrización completa requiere atención médica y no puede considerarse parte del proceso normal de curación.

Según la resolución, se trata de una complicación que puede incrementar el riesgo de morbilidad, prolongar la recuperación y afectar a la cicatriz. En relación con el seroma abdominal, la Sala diferencia entre los casos en los que el líquido se reabsorbe espontáneamente en un periodo de dos a cuatro semanas y aquellos en los que, por su duración o entidad, son necesarios drenajes o punciones.

En estos últimos supuestos, entiende que existe una complicación sobre la que debe actuarse para evitar infecciones, la apertura de la herida o el encapsulamiento del líquido. La resolución subraya que, en este caso, el seroma tuvo que ser tratado durante seis semanas, por lo que no podía considerarse una mera consecuencia ordinaria de la intervención.

La sentencia concluye que las complicaciones surgidas tras la operación constituyeron una alteración de la salud atribuible a enfermedad común y dieron lugar a una situación de incapacidad temporal protegida por el sistema. En palabras de la Sala, “no se trata de una mera eventualidad del proceso normal, natural o lógico derivado de la intervención quirúrgica, sino de complicaciones que efectivamente pueden surgir tras una actuación de tales características, pero que inciden necesariamente en el estado de salud de la paciente, precisan de asistencia sanitaria adicional y retrasan la recuperación definitiva”.

Por ello, el Tribunal estima el recurso de suplicación, reconoce el derecho de la trabajadora al subsidio de incapacidad temporal derivado de contingencia común y condena a la mutua a su abono.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado de forma firme la condena de un año y medio de prisión y una multa de 1.440 euros impuesta a un hombre por coaccionar y amenazar a su cuñada, que había denunciado a su hermano por un caso de violencia de género. El tribunal desestima el recurso de apelación presentado por el procesado y ratifica íntegramente la sentencia de instancia que lo considera culpable de un delito de obstrucción a la justicia por intentar condicionar la actuación procesal de la denunciante mediante graves intimidaciones.

Según los hechos probados recogidos en la resolución judicial, el acusado se personó en la vivienda de la afectada acompañado por una tercera persona que no ha podido ser identificada. Tras abrirles la puerta la madre de la denunciante, ambos comenzaron a exigir la retirada inmediata de las acciones legales emprendidas días antes contra la expareja de la mujer, hermano del procesado. En un primer momento, dirigieron la presión hacia la madre, amenazándola con cortarle el contacto y no permitirle volver a ver a otros nietos de la familia si la denuncia no se retiraba.

La situación se intensificó cuando la denunciante salió a la entrada del domicilio y rechazó tajantemente ceder a las exigencias. Ante la negativa a frenar el procedimiento por violencia machista, el procesado lanzó amenazas explícitas ligadas directamente a la acción judicial y aludió al riesgo para su vida. Según consta en el fallo, le advirtió de que “si mi hermano entra en prisión se le puede ir la cabeza” y añadió: “Si luego sales por la televisión como tantas mujeres asesinadas no te vayas a sorprender”.

En su resolución, la Sala respalda plenamente la valoración de la prueba realizada en la primera instancia y concluye que el testimonio de la denunciante ha sido “claro, persistente y contundente”. Los magistrados precisan que el hecho de que la madre de la mujer no pudiera precisar con exacta exactitud cuál de los dos hombres pronunció cada frase en la puerta de la casa no resta credibilidad ni valor incriminatorio a la prueba de cargo.

Asimismo, el tribunal pone de relieve las incoherencias en la estrategia del acusado para eludir su responsabilidad. Mientras que en su escrito de defensa alegó que acudió al inmueble acompañado por un tercero, durante la vista oral cambió su versión afirmando que había ido solo. Para los jueces, este viraje en el relato supone un “vano intento de minimizar o neutralizar la situación de intimidación”, la cual resulta objetivamente más acusada al presentarse dos personas en la vivienda de la denunciante.

La Audiencia remarca que el empleo de expresiones conminatorias de tal calibre busca infundir temor y angustia para viciar la voluntad de la denunciante en el proceso judicial. Con la confirmación de esta sentencia firme, la justicia penaliza con rotundidad las presiones ejercidas por el entorno de un investigado para forzar la impunidad en los tribunales.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un total de 72 años de prisión a un hombre por cometer múltiples delitos continuados de agresión sexual, corrupción de menores y coacciones contra una decena de niñas menores de 16 años.

La resolución judicial, dictada de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre las partes en la vista oral, incluye además el cumplimiento de 85 años de libertad vigilada y la prohibición estricta de comunicarse o acercarse a las víctimas durante un periodo de diez años. La sentencia declara la firmeza inmediata del fallo al haber manifestado la defensa y la acusación su voluntad de no interponer ningún recurso.

El fallo detalla que el procesado actuaba de forma premeditada dirigiéndose a niñas en situación de extrema vulnerabilidad, aprovechándose de sus problemáticas familiares, sus necesidades económicas y las condiciones de marginalidad social en las que se encontraban.

Para ganarse su voluntad e instaurar un vínculo de dependencia, el agresor las agasajaba con regalos, las llevaba de viaje y realizaba continuas recargas de saldo en sus teléfonos móviles, llegando a comprarles terminales nuevos a varias de ellas. Sin embargo, cuando las menores intentaban romper el contacto u oponerse a sus pretensiones, el condenado mostraba una actitud violenta e intimidatoria, amenazándolas con interponer denuncias falsas contra ellas por supuestos robos.

La condena total suma 72 años de cárcel distribuidos en función de la gravedad de los hechos cometidos contra cada una de las víctimas. En concreto, el tribunal le impone penas por cinco delitos continuados de agresión sexual que alcanzan hasta los 13 años y seis meses de prisión en los casos de acceso carnal, siete delitos de corrupción de menores con penas de entre seis meses y dos años de cárcel por obligar a las víctimas a presenciar actos sexuales, mostrar o elaborar material pornográfico o solicitar relaciones a cambio de dinero, además de cuatro delitos de agresión sexual por proposiciones para concertar encuentros penalizados con multa y un delito de coacciones.

Junto a las penas privativas de libertad y los 85 años de libertad vigilada, la Audiencia de Badajoz ha dictado la prohibición total de que el condenado se comunique o aproxima a las víctimas por cualquier vía durante diez años, así como su inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique un contacto regular y directo con personas menores de edad.

En la misma causa, el tribunal ha condenado a un segundo procesado a nueve meses de multa, cinco años de prohibición de comunicación con las víctimas y dos años de inhabilitación para actividades con menores.

El sindicato CCOO ha anunciado hoy su intención de presentar una reclamación ante los tribunales - en el ámbito de lo Social de las cinco provincias de Castilla-La Mancha- exigiendo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce que los trabajadores interinos de las empresas públicas tienen derecho a reclamar daños morales cuando llevan más de tres años con un contrato de interinidad.

CCOO recuerda que, en la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), a la que están adscritos los bomberos forestales de prevención y extinción de la comunidad, hay “un 90% de interinos que superan esa antigüedad”. A estos trabajadores les ha ofrecido asesoría jurídica, teniendo en cuenta que ya existen una treintena de sentencias favorables en España sobre esta cuestión que han reconocido daños morales por esta situación cuantificados entre 1.000 y 10.000 euros por persona.

Además, hoy, el presidente del Comité de empresa de Geacam Manuel Amores aprovechaba también para afear la reducción de efectivos con la llegada del mes de septiembre, como ya recordaba también CSIF la semana pasada.

Ha recordado que “otras comunidades limítrofes a la nuestra mantienen el dispositivo de extinción al 100% hasta el 15 de octubre”, dentro del que se considera “periodo alto de incendios forestales”, y sin embargo eso no ocurre en Castilla-La Mancha.

Ha criticado que la Consejería de Desarrollo Sostenible esté “transformando” contratos indefinidos en fijos-discontinuos con las plazas indefinidas de compañeros que se van jubilando, y eso según asegura ha provocado que retrocedan “casi 40 años” en una situación que Manuel Amores ha calificado de “lamentable”.

Acompañado por el responsable de CCOO Geacam en Guadalajara, Ignacio Blanco; del responsable de CCOO Geacam en Toledo, Javier Rubio, y del delegado en Geacam en Cuenca, Alejandro García, ha pedido también que la bolsa de interinos sustituya todas las vacantes que hay sin cubrir en la región. Ascienden a 672, pese a que en la bolsa hay solo 500 interinos.

Al respecto, Javier Rubio ha explicado que desde 2008 han “perdido más de 640 puestos de trabajo” y que la voluntad de la Consejería del ramo “no es revertir esta situación”, lamentando que en los meses de noviembre y diciembre solo haya dos personas por turno, preguntando al departamento del Ejecutivo autonómico qué se puede hacer con esta cantidad de efectivos ante situaciones como inundaciones, nevadas o incendios.

Por su parte, el responsable de CCOO Geacam en Guadalajara ha criticado “que cada año se las ven negras para venir a trabajar cien días”, buscando alquileres “donde no hay casas” o dándose “palizas de kilómetros todos los veranos para ejercer la profesión que les gusta”.

A lo anterior, Alejandro García añadía que en las zonas rurales más despobladas se ofrecen contratos de tres meses y sin una oferta de trabajo estable “la gente no va ir a los pueblos”.

“Si Page no tiene ni idea de lo que está pasando que escuche”, ha añadido Ignacio Blanco, quien ha recordado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que “el año que viene hay elecciones” y se vota “y mintiendo las patas son muy cortas”, ha zanjado Javier Rubio.

Siguen los “recortes”, según CCOO

Por otro lado, y pese a un intenso verano de incendios, como el ocurrido en La Mierla, el presidente del Comité de empresa de Geacam ha asegurado que “sigue habiendo recortes”, y actualmente solo están activados el 76% de los medios en al región pese a que “estamos en periodo alto de incendios”.

Además, ha asegurado que el viernes próximo, día 25, solo quedará el 33% de todos los medios de extinción y vigilancia, lo que supone “un tercio del dispositivo en un periodo alto de incendios forestales”.

Ha incidido en que los recortes “traen consecuencias graves para el medio ambiente de la región”, como ocurrió el pasado año con el incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara. Por eso ha insistido en que los servicios de prevención y extinción “no deberían desactivarse en septiembre”.

Finalmente ha recordado que llevan tres años y medio esperando una reunión con la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Una disputa laboral entre dos funcionarias ha terminado con una sentencia firme tras estallar con amenazas y agresiones en plena fiesta de Nochevieja. La Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado la sanción económica de 3.000 euros impuesta a una funcionaria como autora de un delito leve de amenazas y otro de maltrato de obra.

La relación entre ambas mujeres, que mantenían un trato cercano extendido a sus respectivas familias, se rompió por completo cuando la procesada solicitó de forma reiterada a la denunciante, que ejercía responsabilidades de gestión de personal en una administración pública, un traslado de puesto que nunca se le concedió. A partir de ese momento, los encuentros fortuitos derivaron en descalificaciones continuas en las que la acusada vertía graves reproches profesionales sobre la víctima.

Altercado en Fin de Año

El episodio definitivo ocurrió durante la madrugada del 1 de enero de 2025 en un espacio de ocio de la capital cacereña. La agresora se aproximó con actitud provocadora hacia la víctima y, mientras esta consumía una bebida, le espetó de forma intimidatoria: “sí, bebe, bebe, que vas a morir envenenada, de eso ya me encargo yo”.

Poco después, en la zona de salida del local, la mujer arremetió contra el cónyuge de la denunciante, a quien agarró por la solapa y empujó con violencia contra una mesa alta hasta que varios testigos presenciales lograron interponerse para frenar la agresión.

La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de la procesada al considerar que la valoración de la prueba en primera instancia fue totalmente imparcial y lógica.

El tribunal concluye que la advertencia lanzada constituye una amenaza leve y que el acometimiento físico vulnera la dignidad del agredido, ratificando la sanción e imponiendo las costas a la recurrente.

La asociación ultra HazteOir, una de las acusaciones populares personadas en la causa contra David Sánchez, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó por prevaricación a los 11 procesados en el procedimiento. La asociación reclama que se considere también cometido un delito de tráfico de influencias y solicita seis años de prisión para el hermano del presidente del Gobierno.

El recurso de apelación no cuestiona los hechos en los que la Audiencia Provincial sustentó las condenas por prevaricación, sino la decisión de excluir el delito de tráfico de influencias. HazteOir sostiene que las mismas actuaciones pueden encajar también en este segundo delito porque, a su juicio, las decisiones sobre las plazas estuvieron acompañadas de una influencia ejercida para favorecer a sus beneficiarios.

En concreto, la acusación popular sostiene que existió un “concurso medial” entre la prevaricación y el tráfico de influencias en las decisiones que dieron lugar a la contratación de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, posteriormente como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, y de Luis María Carrero como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas.

HazteOir considera que la Audiencia Provincial aplicó un concepto demasiado restrictivo de la influencia al descartar este delito. Según expone en su recurso, para que exista tráfico de influencias no es necesario que haya una orden, un mandato o una petición formal, sino que puede consistir en una actuación destinada a “alterar el proceso motivador” de quien adopta la decisión.

La asociación sostiene que las plazas fueron creadas, modificadas y adjudicadas y que de ellas se derivaron retribuciones y ventajas profesionales para sus ocupantes. A partir de ahí, defiende que las actuaciones encajan también en el delito de tráfico de influencias.

Sobre esta base, la asociación ultra pide al TSJEx que modifique la calificación jurídica de los hechos y eleve las penas solicitadas. Para David Sánchez reclama seis años de prisión y más de 20 años de inhabilitación para cargo público. Para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo solicita cuatro años de cárcel y 19 años de inhabilitación. La asociación también reclama penas de prisión e inhabilitación para otros nueve procesados.

Nueva denuncia contra Gallardo por la plaza de Carrero

Además del recurso, HazteOir ha presentado una nueva denuncia contra el que fuera líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación de la plaza que posteriormente ocupó Luis María Carrero. La asociación recuerda que este asunto no fue investigado respecto a Gallardo en el procedimiento seguido ante la Audiencia Provincial de Badajoz. La propia resolución dejó abierta la posibilidad de que se ejercitaran acciones sobre este extremo.

Esa organización sostiene ahora que la competencia para crear esa plaza correspondía al pleno de la Diputación, que estaba presidido por Gallardo, y que no se trataba de una competencia susceptible de delegación.

La denuncia también cuestiona el procedimiento seguido para cubrir el puesto, que, según la asociación, se hizo con urgencia y sin concurrencia en favor de Carrero, al que identifica como “amigo” de David Sánchez.

HazteOir vincula esta actuación con las decisiones anteriores relacionadas con la plaza de David Sánchez y sostiene que Gallardo mantenía facultades sobre la delegación mediante la que se llevó a cabo la provisión del puesto.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un auto aclaratorio para responder a las solicitudes de subsanación presentadas por las defensas y las acusaciones populares tras la sentencia del pasado mes de julio en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. La resolución judicial delimita el alcance exacto de las penas a los condenados en la causa, entre ellos el expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, y el músico David Sánchez Pérez-Castejón.

El pronunciamiento aclara los efectos prácticos del fallo, en el que la Audiencia condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y al que fuera líder del PSOE extremeño a 18 años de inhabilitación por prevaricación administrativa en la creación y adjudicación de la plaza en la Oficina de Artes Escénicas.

En el nuevo auto, la Sala precisa que la pena de inhabilitación especial acarrea la pérdida definitiva de los cargos u ocupaciones sobre los que recayeron los hechos, de carácter electivo o discrecional, así como la imposibilidad de acceder a otros de la misma naturaleza en cualquier administración pública durante el tiempo de la condena. Sin embargo, el tribunal matiza que esta pena no conlleva la pérdida de la condición de funcionarios de carrera o empleados públicos que los procesados pudieran ostentar de forma previa.

Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 314/2017), los magistrados explican que la condena impuesta es de inhabilitación especial y no de inhabilitación absoluta. En este sentido, privar a los procesados de cualquier plaza en la administración equivaldría a aplicar los efectos de una inhabilitación absoluta, figura reservada a supuestos de mayor gravedad penal.

Por ello, la Audiencia concreta el alcance para los principales implicados. En el caso de David Sánchez, queda privado de forma definitiva de la plaza de la Diputación cuya transformación originó la condena, imposibilitado para obtener puestos electivos o de libre designación en la administración durante el periodo de pena, manteniendo igualmente su estatus previo en la función pública si lo tuviera.

Gallardo pierde definitivamente el cargo de presidente de la Diputación de Badajoz y cualquier otro puesto electo o discrecional, quedando inhabilitado para optar a ellos durante 18 años, aunque no perderá su estatus de empleado público si lo tuviera con anterioridad.

Los exdiputados delegados de Cultura y directores de área o servicio juzgados se ven despojados de sus puestos discrecionales o electivos en los mismos términos, conservando el carácter de funcionarios que tuvieran previamente.

Reparto de costas

Junto a la delimitación de las penas, el auto acordado por la Sala da luz verde a la petición planteada por la acusación popular ejercida por la Asociación HazteOir para remitir al Tribunal de Cuentas testimonio de la sentencia y de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de retribuciones de la Diputación pacense. El objetivo es que el órgano fiscalizador evalúe si existió quebranto contable en los sueldos percibidos por David Sánchez.

Asimismo, la resolución modifica el apartado de costas procesales del fallo original, atribuyendo a Miguel Ángel Gallardo dos duodécimas partes de la mitad de las costas (incluidas las devengadas por las acusaciones populares), mientras que fija una duodécima parte a cada uno del resto de los condenados. Por último, el tribunal contempla la reserva de acciones para las acusaciones respecto a la actuación de Gallardo en el denominado “Bloque C”, excluido del juicio oral.

El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de un mes sin empleo y sueldo interpuesta a un guardia civil de la provincia de Ávila que apoyó a la formación de extrema derecha en una entrevista tras un acto de la campaña electoral autonómica de 2022 en Castilla y León y que, además, hizo diversas publicaciones en Twitter a favor del partido de Santiago Abascal. La sanción, calificad de muy grave, fue ratificada por el Tribunal Militar Central, pero ahora el Supremo la censura por falta de motivación.

Los hechos se remontan al año 2022, en plena campaña electoral que supuso la entrada por vez primera de la ultraderecha en un gobierno autonómico de coalición, cuando Vox realizó un mitin en la localidad abulense en la Plaza de la Constitución de Arévalo, protagonizado por Iván Espinosa de los Monteros, hoy ya fuera de Vox. Allí tuvo lugar una entrevista grabada por el canal EDATV de Javier Negre en la que el guardia civil alabó al partido político de forma expresa y se identificaba como víctima del terrorismo. “Vox es el que está consiguiendo romper esa cadena y ese silencio, porque el Partido Popular está acojonado, por no decir de una forma más suave, están acojonados... a quedarse calladitos”, aseguró realizando también críticas al PSOE, “Hace unos días se han juntado los del Partido Socialista de Euskadi con los de Bildu y lo puse en mi Twitter. Digo, la reunión de la cumbre del GAL con ETA, es que tiene cojones”.

El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Ávila recibe información a través de mensajes de WhatsApp sobre la intervención y abre un expediente informativo. Los guardias civiles tienen prohibido por su régimen “el desarrollo de actividades políticas o sindicales, así como ”organizar o participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical“. Del video se pasó a identificar la cuenta de Twitter (hoy X) y Facebook del agente en la que se realizaba expresiones como ”El Gobierno es cómplice de pederastas. Pásalo“, retuiteos a cuentas de Vox y comentarios de apoyo explícito a las candidaturas de Vox a las Cortes de Castilla y León.

Su actividad en las redes sociales, donde en algún mensaje sí se identificaba como guardia civil, llevó a varios medios de comunicación a identificarle y revelar que un agente del cuerpo realizaba manifestaciones políticas contrarias a su régimen disciplinario, algo que el Tribunal Militar Central consideró de relevancia por su identificación.

En julio del 2022 la Dirección General de la Guardia Civil impuso al agente una sanción de un mes de suspensión de empleo como autor de una falta muy grave por no cumplir su deber de neutralidad política. El Tribunal Militar Central ratificó en noviembre del 2025 la sanción al considerar que “No se está limitando a mostrar en calidad de víctima honorífica del terrorismo, el disgusto o la desafección, o el cansancio, o el desacuerdo o la decepción con determinadas políticas en esta materia, sino que explícitamente se está decantando por una opción política, la cual es Vox, y lo está haciendo tras un mitin de esta formación y en plena campaña electoral”.

Pero ahora el Supremo anula la sentencia del Tribunal Militar Central y ordena retrotraer las actuaciones para que el tribunal dicte una nueva sentencia valorando de forma explícita toda la prueba de descargo, ya que consideran en la sentencia condenatoria sin esa valoración vulnera los derechos del condenado y no pueden suplirse con jurisprudencia. Entre los testigos figuraba un hermano del agente que aseguró en sede judicial que el autor de la entrevista era él y no su hermano y la periodista que realizó la entrevista. El alto tribunal matiza, sin embargo, que “el reproche hemos de ceñirlo a la sentencia objeto de impugnación y no extenderlo a las resoluciones disciplinarias que en dicho recurso se revisaban”.

Según el criterio del Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Militar Central que ratificaba la sanción debe valorar expresamente el rechazo, o aceptación en su caso, de todas las pruebas que han llevado a condenar al guardia civil, ya que existe “el derecho del recurrente a conocer las razones por las que el Tribunal de instancia no toma en consideración las pruebas en las que ha basado su defensa en el recurso contencioso-disciplinario”.

Un juzgado de Santiago de Compostela ha condenado al Servicio Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con casi 300.000 euros a la viuda y los hijos de José Manuel Brey, el hombre que falleció el 4 de agosto de 2018 en el PAC (Punto de Atención Continuada) de la localidad pontevedresa de A Estrada sin recibir atención médica porque no había ningún facultativo en el centro. El juez considera “innegable” que la tardanza privó al paciente “de la probabilidad o expectativa” de salvarse y culpa a las deficiencias del servicio. La familia lo consideró entonces “una consecuencia palpable” de los recortes en sanidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue emitida el pasado miércoles por la Plaza Número 1 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia y adelantada por La Voz de Galicia. En ella se recuerda cómo José Manuel, paciente de párkinson, llegó a las cinco y media de la tarde de aquel sábado al PAC acompañado de su mujer. Presentaba un cuadro de fiebre, dolor abdominal y dificultad para respirar. A las 19:13 comenzaron los vómitos que le taponaron las vías respiratorias. Media hora despues, a las 19:45 –dos horas y cuarto después de llegar a urgencias–, fallecía en la sala de espera, ahogado en su popio vómito, sin que en todo ese tiempo apareciese ningún médico para atenderlo.

Aquella tarde, el centro debería haber contado con dos facultativos. Uno se encontraba a algo más de 30 kilómetros de allí, en el PAC de Vilagarcía. Según relató, lo convocaron por teléfono para cubrir los dos refuerzos y aceptó el de Vilagarcía. Sin embargo, en el sistema del Sergas aparecía con las dos guardias asignadas. Al mismo tiempo.

El otro médico de guardia sí estaba en su puesto, pero tuvo que salir a atender una urgencia. Cuando lo hizo, avisó a la central del Sergas de que el servicio quedaba descubierto. El Servicio Galego de Saúde explicaría después que fue imposible encontrar sustituto. Se escudó en la falta general de médicos a lo que se sumaba que la demanda aparecía en un sábado de agosto. En ese tiempo en el que el PAC quedó vacío, fue cuando llegó José Manuel. Sin nadie para atenderlo, murió en las propias instalaciones.

La familia del fallecido inició entonces una batalla legal que pasó primero por la absolución de los médicos pese a que la sentencia, penal, reconocía que el desenlace podría haber sido diferente si lo hubiese atendido un facultativo. “Si el médico no tuvo la culpa, la tiene el Sergas”, aseguró entonces su hija. Es lo que ha entendido, ocho años después, el juez compostelano que, en vía administrativa, condena al Servizo Galego y su aseguradora a pagar 120.000 euros –60.000 para la viuda y 30.000 para cada uno de sus hijos–, una cantidad que, aplicados los intereses, se espera que ronde finalmente los 300.000 euros.

La “pérdida de oportunidad” es el eje de la sentencia, una figura jurídica que se aplica cuando la falta de celeridad, el error o la demora diagnóstica privan al paciente de la probabilidad de curación, supervivencia o mejoría que habría tenido si se hubiese actuado a tiempo. Aunque no puede asegurar al 100% que el paciente se hubiese salvado con una intervención inmediata, se reconoce como “innegable que la tardanza le privó de la probabilidad o expectativa estadística de lograrlo”. Para el juez, entre otras carencias, faltó una valoración médica inicial o embrionaria del paciente y lo hizo por deficiencias del servicio. No lo ve por tanto, causa directa de la muerte, pero sí causa de la pérdida de oportunidad de haberse salvado.

La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, una posibilidad que ahora estudian los servicios juridicos del Sergas.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión, así como al pago de una multa de 1.082,40 euros, a un hombre que regentaba una peluquería en la capital cacereña y utilizaba el propio establecimiento comercial para la venta de cocaína a terceros.

La sentencia ha sido dictada por conformidad entre la Fiscalía y la defensa del procesado tras el reconocimiento explícito de los hechos.

Según declara probado la resolución de la Sección Segunda del tribunal, la actividad ilícita en el local se prolongó desde principios de 2025 hasta el 19 de agosto de ese mismo año, momento en el que efectivos de la Policía Nacional procedieron a su detención en el establecimiento.

Durante el registro de la peluquería, los agentes intervinieron un botín compuesto por un envoltorio con 4,51 gramos de cocaína, una balanza de precisión con restos de esta misma sustancia, bolsas de plástico con recortes destinadas a la preparación de las dosis, una libreta con anotaciones contables de las transacciones y 405 euros en efectivo repartidos en billetes.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de siete años y seis meses de prisión. Sin embargo, la pena final se redujo tras aplicarse dos circunstancias atenuantes: la analógica de confesión, por haber admitido los hechos en su primera comparecencia judicial, y la de drogadicción, al acreditarse que el acusado padece una adicción de larga duración al consumo de sustancias estupefacientes.

El fallo acuerda también el decomiso definitivo de la droga, el teléfono móvil y el dinero incautado.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la sentencia de la magistrada de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado de diciembre del pasado año que absolvió a 21 personas -doce mujeres y nueve varones- acusadas de un delito de coacciones por concentrarse y rezar ante la clínica Askabide de la capital en la que se realizan interrupciones del embarazo. Era la primera vez en Euskadi, España y Europa en la que se llevaba a juicio un caso en virtud de la reforma legal de 2022 para proteger el ejercicio de un derecho frente a las campañas de organizaciones ultracatólicas, como las que se convocaron en Vitoria. La sentencia fue recurrida y ahora, la Audiencia alavesa en una sentencia del magistrado Jesús Alfonso Poncela García, ha rechazado el recurso interpuesto por la acusación particular ejercida por la clínica Askabide, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y ha confirmado la sentencia absolutoria dictada por la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que la sentencia reconoce que entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022 los acusados acudieron a rezar ante una clínica de Vitoria en la que mujeres ejercen su derecho al aborto, el juzgado ha acordado la absolución debido a que considera que “no hubo actos ofensivos, de intimidación, ni coactivos, ni insultos; ni tampoco prueba de la existencia de hechos ”con una gravedad apreciable“ que pudieran considerarse ”actos molestos“ susceptibles de ser sancionados penalmente. Las personas, como ha quedado probado, se situaban en una acera frente a la clínica, en diagonal respecto a la misma, rezaban unas veces en silencio y otras en voz alta, ”sin que en este último caso los rezos fueran audibles para los usuarios“ que estaban dentro de la clínica, aunque algunas de esas personas portaban carteles ”DIN A4“ con frases como ”no estás sola“, ”estamos aquí para ayudarte“, ”rezamos por ti“.

La sentencia del Juzgado de lo Penal, ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Álava, sostiene que “el juzgado considera que no puede tildarse el comportamiento de los acusados de coactivo, porque nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas” y también “descarta completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza” por parte de los acusados, contra el criterio sostenido por la Fiscalía y por testigos aportados por la clínica Askabide. “No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes”, detalla la sentencia.

En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Álava reconoce que comparte el mismo criterio. “Este tribunal comparte el criterio de la magistrada de la instancia de que la conducta probada llevada a cabo por los acusados no puede considerarse como acoso, ni tiene la entidad suficiente como para crear un acoso ambiental”, afirma ahora la Audiencia alavesa, que detalla que “sería exigible algo más que la conducta llevada a cabo por los acusados para poder ser típica y situarse en un escalón inmediatamente inferior a una conducta coactiva” y constituir así ese “acoso o integrar ese concepto de acto molesto”.

No obstante, el propio tribunal reconoce en la sentencia que está “ante el análisis de un tipo penal novedoso, de escaso desarrollo jurisprudencial y en el que se ha tenido que analizar su interpretación a la vista del conflicto existente entre distintos derechos: derecho de reunión, y libertad de expresión, de culto y de religión frente a la libertad de decisión” e insiste en que “la misma magistrada del Juzgado de lo Penal -Beatriz Eva Román Gobernado- hizo alusión a la escasez de sentencias sobre la materia, y lo novedoso de la situación”. “En este contexto deducir una temeridad manifiesta por la parte recurrente no es proporcionado a la complejidad de la cuestión jurídica que se ha planteado en este procedimiento”, concluye.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por una empresa de Ferrol y ha confirmado que ésta deberá indemnizar por los daños morales derivados del retraso en la tramitación del protocolo antiacoso.

Según se recoge en la sentencia, una sentencia del Juzgado de Social 1 de Ferrol declaró extinguida la relación laboral entre la trabajadora y la empresa, y acordó que la mujer sería indemnizada en 38.081 euros por despido improcedente, y en otros 3.750 euros por daños y perjuicios (cantidad que fue recurrida por la compañía), por la tardanza en tramitar el protocolo antiacoso.

El TSXG considera acreditado que la compañía incumplió de forma reiterada y prolongada su propio protocolo de prevención del acoso, al demorar la constitución de la comisión investigadora y la tramitación de la denuncia presentada por la trabajadora a través de su canal ético.

Así, expone que “la empresa ha incumplido un elemento fundamental de su protocolo antiacoso, como es la urgencia, cometiendo una acción u omisión culposa o negligente, constitutiva de una vulneración de derechos fundamentales, con una doble dimensión: individual, sobre la salud laboral de la propia trabajadora, así como colectiva, dado que, desde la perspectiva del personal de la propia empresa, ese incumplimiento despertará razonables sospechas con respecto al cumplimiento del protocolo”.

De hecho, apunta que, además de producirse un incumpliento de la legalidad ordinaria en materia de prevención de riesgos laborales, los hechos están vinculados con el derecho a la integridad moral reconocido en la Constitución.

El TSXG estima que se ha producido un daño moral, “con independencia de la situación de la incapacidad temporal de la trabajadora demandante”. “La circunstancia de estar la trabajadora fuera de la empresa durante la tramitación del expediente no excluye un daño moral derivado de la tardanza en la tramitación del protocolo antiacoso, que es independiente de si la trabajadora está trabajando o fuera de la empresa”, advierten los magistrados.

Además, subrayan que la cuantía de 3.750 euros fijada en la sentencia de primera instancia resulta proporcionada, al tiempo que recuerdan que es habitual tomar como referencia orientativa las sanciones previstas para las infracciones muy graves por vulneración empresarial de derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Por todo ello, el TSXG desestima íntegramente el recurso de la empresa, aunque la sentencia no es firme y contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha confirmado la desestimación de la demanda interpuesta por un vendedor de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al que reclamaba el reconocimiento de la incapacidad permanente en grado de gran invalidez o, con carácter subsidiario, la incapacidad absoluta o total.

El tribunal ratifica así la sentencia previa dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz. El demandante, nacido en 1981 y afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, presenta una discapacidad del 92% reconocida por el CADEX. En su historial clínico constan diagnósticos de glaucoma juvenil, amaurosis bilateral (ceguera legal) y un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.

El expediente de incapacidad permanente fue iniciado de oficio por el propio INSS en abril de 2024 tras agotar el periodo de incapacidad temporal. Sin embargo, la Dirección Provincial del organismo en Badajoz denegó la prestación al considerar que las lesiones detectadas no eran constitutivas de incapacidad en ninguno de sus grados.

En su resolución, la magistrada ponente avala el criterio de la instancia previa al recordar que la situación de ceguera legal del trabajador ya existía en el momento de su afiliación a la ONCE y que el juzgador de instancia no consideró probado que el cuadro ansioso-depresivo le impidiera desarrollar las tareas esenciales de su trabajo con un mínimo de rendimiento.

Rechazo por fallos en la técnica procesal

La Sala rechaza de plano el intento del demandante de modificar el relato de hechos probados mediante un informe médico pericial que aludía a un “trastorno depresivo mayor grave con riesgo psicótico e ideación suicida”. El tribunal argumenta que la defensa incurrió en un defecto procesal al no proponer una redacción alternativa concreta a los hechos validados en el juicio de instancia, tal y como exige la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

“La correcta aplicación de esta doctrina impide que las salas de suplicación puedan aceptar la modificación de hechos probados si el recurrente no ofrece el concreto texto alternativo”, señala la resolución del TSJEX, recordando que la valoración de la prueba médica practicada corresponde de forma exclusiva al juez de instancia según las reglas de la sana crítica.

Respecto a la petición de gran invalidez, la Sala desestima la pretensión al remarcar que en la versión judicial definitiva no consta acreditada la necesidad de asistencia de una tercera persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse o comer.

El fallo no impone costas al demandante por contar con el beneficio de justicia gratuita y abre la puerta a la interposición de un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.