Juristas gallegos reclaman al CGPJ que aclare si el traslado forzoso de jueces del Tribunal Superior fue desviación de poder

“Uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”. Así define la Asociación Xustiza e Sociedade de Galicia –entidad de carácter progresista que agrupa a más de 200 juristas gallegos– el traslado forzoso de dos magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que los aparta “de los asuntos de autorizaciónes eólicas, contratación administrativa y procedimientos de especial trascendencia pública”. La decisión, tomada “sin la existencia de criterios objetivos”, “desmantela una unidad judicial altamente especializada” y “amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

En un comunicado, Xustiza e Sociedade considera “gravísimos” los acuerdos adoptados el pasado 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, que enviaron a la Sección Cuarta a los magistrados María Dolores López y Luís Villares. Este último, líder de En Marea entre 2016 y 2020, había sido acusado por Xunta y PP de ser “juez y parte” en causas como la paralización de los parques eólicos. Recio tomó la decisión apenas una semana después de asumir un cargo para el que había competido, precisamente, con Villares.

La asociación señala que los traslados pueden suponer “desviación de poder” porque se decidieron sin que existiesen “criterios objetivos aprobados por la Sala de Gobierno”, tal y como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial; tampoco se dio “audiencia” a las personas afectadas, algo que, en su opinión “constituye una alteración irregular del funcionamiento jurisdiccional de la Sección y una posible vulneración de las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial”

“La Sección Tercera ha soportado durante meses presiones políticas, empresariales y mediáticas, derivadas de sus resoluciones sobre proyectos eólicos y contratación pública”. Por eso, si se une la “coincidencia temporal” entre presiones y traslados y la “ausencia de motivación reforzada”, todo junto “genera la apariencia de que la reorganización podría responder a factores ajenos al interés público”. Para la Asociación, “supone un riesgo directo para la apariencia de imparcialidad, para la confianza ciudadana en el Poder Judicial y para el funcionamiento equilibrado de una Sala especializada en asuntos de enorme relevancia”.

Reclaman la intervención del CGPJ

Sociedade e Xustiza ha enviado ya una comunicación formal a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG en la que “exige” la revisión “urgente” de los acuerdos del 12 de marzo, “la rectificación de las decisiones adoptadas y la plena restauración de los principios de legalidad, motivación y transparencia”.

Pero no se ha quedado ahí. También envió otra comunicación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que solicita la apertura de un expediente, la suspensión cautelar de los traslados y la emisión de un informe oficial sobre la conformidad legal del procedimiento. A eso suma la demanda de “medidas correctoras o disciplinarias si se confirma desviación de poder o irregularidad”.

Para la Asociación, los traslados forzosos constituyen “uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”, y eso se debe a que la “reorganización” de la Sección Tercera “desmantela una unidad judicial altamente especializada, afecta directamente a magistrados con experiencia acreditada y amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

“Esto es absolutamente incompatible con un Estado de Derecho sólido y digno de tal nombre”, considera la entidad y, por eso, insta tanto a la Sala como al CGPJ a “actuar con contundencia, transparencia y responsabilidad, protegiendo a los magistrados afectados y garantizando que ninguna decisión interna —ni presente ni futura— pueda interpretarse como una interferencia en la independencia judicial en Galicia”. “La Justicia no puede quedar expuesta a presiones externas. La ciudadanía merece instituciones independientes y creíbles”, concluye el comunicado.