El juez Luís Villares, apartado de la sección que tramita casos de eólicos tras el señalamiento de Xunta y empresarios

El juez Luís Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020 y al que la Xunta había señalado en varias ocasiones por sus sentencias sobre los parques eólicos, ha sido apartado de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La decisión la ha tomado la nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio, quien tomó posesión a principios de mes tras competir por el cargo con el propio Villares. La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) teme que el mensaje que se envíe a la ciudadanía con esta “inusual” medida es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la seccion y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes.

Según ha adelantado la Cadena SER, Recio justifica el traslado forzoso de la Sección Tercera de la sala a la cuarta –donde entenderá sobre tributos o catastro– para “salvaguardar la imagen de la institución y la imparcialidad de la sala”. Junto a él, mueve a otros tres jueces –una de ellas, María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias cuestionadas por el PP–, aunque lo hace por motivos bien diferentes: promover su “crecimiento profesional” y una “oportunidad” en su carrera.

Entre diciembre y enero pasados, el Tribunal Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que existían dudas sobra la “imparcialidad” de Villares. En todas ellas había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente a las sentencias iniciales del juzgado de instancia. El Supremo ordenó entonces retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”.

“Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribe Recio en una resolución en la que invoca la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. La presidenta incluye la “propia salvaguarda” de Villares, “el magistrado cuya imparcialidad ha sido sometida a valoración judicial por el Tribunal Supremo” y suma a ella las “necesidades reorganizativas” derivada de número de procedimientos de cada sección para concluir que la reestructuración “va a reforzar el buen funcionamiento de la Sala”.

Para XXpD, la resolución del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que considera “habitual en la vida normal de los tribunales”, no justifica un movimiento con el que se “discuten los criterios jurisdiccionales de la sección”.

“Ataques mediáticos y políticos”

La asociación de jueces vesecconi “sorpresiva” una decisión tomada por Recio el pasado día 12, sólo seis días despues de asumir el cargo de presidenta de la sala. En un comunicado, recuerda que durante los últimos “meses y años” fueron habituales “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no sólo las resoluciones de la Sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”.

En el texto, ponen el foco en lo “inusual” de un traslado forzoso “de tanta envergadura” y las formas en las que se llevó a cabo, sin consulta previa a los presidentes de las secciones ni a los magistrados afectados. Frente al modo habitual de realizar cambios individuales para no “perturbar” el trabajo de las secciones, aquí se “desmantela” la tercera al trasladar a dos de sus cuatro inegrantes. Todos llegan a nuevos puestos en los que carecen de experiencia previa, lo que provocará “disfunciones” en el funcionamiento de ambas salas.

XXpD considera que apartar a la mitad de la sección “afecta directamente a la continuidad de los criterios jurisdiccionales defendidos”, lo que les provoca “serias dudas” de que esa no sea la “intención” real del movimiento. “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la Sección del TSXG que conoce de los litigios sobre los parques eólicos en Galicia”.

“La imagen del Tribunal y de su independencia quedan muy afectadas”, añaden. Les preocupa que se transmita que “el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados”. Temen que “la especial trascendencia mediática y social” de los casos tratados por la Sección Tercera –los eólicos, pero tambien causas de contratación administrativa, como el propio hospital de Vigo– junto al “sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición”, trasladen a la ciudadanía una “sospecha” –“esperemos que infundada”– sobre la “finalidad perseguida” por la decision de la nueva presidenta.