La maraña de la eólica gallega: decenas de parques parados y dos jueces de la sección que los revisa, trasladados forzosamente

Decenas de proyectos frenados en los tribunales, ataques de la Xunta a decisiones de los jueces, continuas modificaciones normativas y una potencia instalada estancada en los últimos años. El intrincado sector eólico gallego mantiene abiertos varios frentes que se dirimen, sobre todo, en el ámbito de la Justicia. Y que acaban de sumar un nuevo capítulo con un traslado forzoso que cambia la sección de los jueces que hasta ahora se ocupaban de los litigios de la eólica en Galicia. Una decisión que, según avisa la asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), se puede interpretar como una cesión a otros poderes: “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido”. Los partidos de la oposición creen que se ve comprometida la independencia judicial y el BNG traza una línea directa con “el poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”.

La beligerancia en torno a la energía eólica viene de lejos en Galicia: el concurso que llevó adelante el bipartito de PSdeG y BNG -que gobernó entre 2005 y 2009- fue uno de los caballos de batalla de la primera campaña electoral que Alberto Núñez Feijóo hizo al frente del PP gallego, la de las autonómicas de hace 17 años. Logró entonces su primera mayoría absoluta. Una de las medidas con las que se estrenó en la Xunta fue la de anular aquellos planes, en los que veía “tachas graves de legalidad”. La Justicia compartía la opinión de que había irregularidades, pero no por los mismos motivos: lo que el Tribunal Supremo declaró ilegal fue la anulación del ahora presidente del PP español.

Hubo después una década de parálisis en el sector y los aerogeneradores pasaron a ser un asunto recurrente en los juzgados. En los primeros años de la presente década, las nuevas propuestas para instalar molinillos empezaron a multiplicarse en los despachos del Gobierno gallego -con maratón de tramitación incluido-. Y esa proliferación hizo que saltasen las alarmas entre los vecinos que se veían a la sombra de los proyectos. También algunas organizaciones ecologistas, aunque pueda sonar paradójico, empezaron a denunciar ante la Justicia muchos de los planes para renovables que recibían el visto bueno de la administración autonómica: veían fragmentaciones irregulares, problemas en la exposición pública y defectos en la evaluación ambiental.

Estos fueron los tres motivos fundamentales que llevaron a los tribunales decenas de planes empresariales en Galicia. En un sector en el que hay cerca de 200 parques en funcionamiento, con alrededor de 4.000 megavatios de potencia instalada, actualmente son 91 los proyectos eólicos autorizados por el Gobierno autonómico contra los que se ha presentado algún recurso. De ellos, según los datos de la Xunta, 85 -con 2.325 megavatios- están parados provisionalmente por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esas sentencias proceden de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que hasta ahora trabajaba el juez Luís Villares, que ha sido apartado en un polémico traslado forzoso -pasa a la sección cuarta, en la que tendrá que ocuparse de cuestiones de tributos y catastrales-. No es el único que cambia de puesto: la nueva presidenta de esa Sección Tercera, María Azucena Recio, que es la que ha tomado la decisión, mueve a otros tres jueces. Una es María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias sobre la eólica, que han sido cuestionadas por la Xunta y por el PP.

Recio justifica el cambio forzoso con que, entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala en respuesta a tres recursos de casación de la empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo porque consideraba que había dudas sobre la imparcialidad de Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020. Esas anulaciones son “lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala”, expone la resolución que firma Recio, en la que argumenta que debe “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad”.

La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia, sin embargo, pone el foco en las críticas recibidas por las decisiones de esta sección y recuerda que en los últimos meses y años hubo “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no solo las resoluciones de la sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”. El PP gallego ha acusado al TSXG de haber emprendido “una ofensiva” contra la eólica y la Xunta llegó a calificar de “errónea” alguna de sus sentencias.

El sector, a la espera del Supremo

La batalla judicial relacionada con los planes eólicos no se limita al ámbito del TSXG, muchas de cuyas resoluciones han sido recurridas o consultadas en otras instancias. El pasado verano quedó despejada una de las alegaciones que estaban paralizando los proyectos en Galicia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a la Xunta en cuanto a la forma en la que estaba haciendo la exposición pública y manifestó que, al hacer la evaluación ambiental, pueden ser consultados al mismo tiempo el público interesado y las administraciones que emiten informes sectoriales, sin necesidad de que estos estén antes a disposición de los ciudadanos. Aunque el Gobierno gallego presentó este pronunciamiento como un punto de inflexión que debía franquear el camino a los aprovechamientos parados en los tribunales, no era así. De hecho, la primera sentencia tras el pronunciamiento europeo anuló el permiso de un parque eólico. Daba por buena la tramitación, pero no la evaluación ambiental.

El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo, admitía días después de conocerse la decisión del TJUE que el desbloqueo iba a ser “muy complicado” porque la cuestión de la tramitación no era la única que se había alegado en los recursos contra parques eólicos: “Hay una resolución sobre [el procedimiento de] información pública, pero los proyectos tienen otra serie de contenciosos diferentes”, indicaba a elDiario.es en agosto de 2025. Esos otros contenciosos a los que se refería tienen que ver, por una parte, con posibles daños ambientales, que han frenado decenas de iniciativas, y, por otra, con la fragmentación ilegal de parques.

Y este último aspecto es el que centra en la actualidad la atención. El sector está a la espera que de se pronuncie el Tribunal Supremo para aclarar qué se considera fragmentación ilegal. Existe ya un dictamen que afecta al parque de Campelo, entre los municipios coruñeses de Santa Comba y Coristanco. El TSXG consideraba que debía evaluarse conjuntamente con otros aprovechamientos planteados en la misma zona y había impuesto, por ello, una paralización cautelar. El Supremo rechazó esta interpretación y manifestó que el hecho de que dos o más parques compartan instalaciones de conexión a la red “no comporta, ineludiblemente” que haya que considerar que se trata de uno solo a efectos de su evaluación ambiental. Ahora hay otro caso admitido en casación en el Supremo, que se refiere al parque de Bustelo, uno de los que está en las inmediaciones del de Campelo. La decisión se espera para mayo, según publica La Voz de Galicia, y una sentencia en el mismo sentido establecería ya un criterio reiterado.

Un infrecuente desencuentro entre Xunta y eléctricas

Ante el goteo de sentencias del TSXG que iban paralizando cautelarmente proyectos, la postura crítica de Xunta y empresas del sector era compartida. Pero ese entendimiento habitual se resquebrajó con dos decisiones del Gobierno gallego, incluidas -de nuevo, como muchos otros cambios eólicos- en la ley de acompañamiento. En este caso, en la que se aprobó junto a los presupuestos para 2025. Uno de los desacuerdos era en torno a la exigencia de la Administración autonómica de que los nuevos aprovechamientos eólicos e hidráulicos vendiesen al menos la mitad de su producción a ciudadanos y negocios gallegos. El otro se refería a la obligación de repotenciar los parques de aerogeneradores con 25 años de antigüedad. Los promotores empresariales llegaron a acusar al equipo de Alfonso Rueda de ir en contra de la Constitución española.

Estos cambios en la normativa eólica gallega provocaron otras fricciones, estas más esperables. El Gobierno central llevó al Tribunal Constitucional varios puntos de esa ley de acompañamiento que se referían a la repotenciación y a cuestiones relativas a la atención a la dependencia. Aunque inicialmente esos artículos fueron suspendidos, los magistrados votaron después por permitir que la norma gallega se siga aplicando, a la espera de la sentencia.

En medio de todos estos hilos que se entrecruzan en el desarrollo de la eólica en Galicia, la Xunta anunció, en enero de 2025, la elaboración de un nuevo plan eólico, para el que no tenía previsto consultar a las organizaciones ambientalistas. Los trabajos, para los que el Gobierno gallego se dio un plazo de tres años, siguen pendientes.