La Xunta encarece los precios de la vivienda protegida y abre el acceso a hogares que ganan 5.000 euros al mes

La Xunta de Galicia acaba de aprobar su estrategia de impulso a la vivienda protegida. Tiene dos patas: medidas dirigidas a los compradores -fundamentalmente, permitir el acceso de hogares con ingresos más elevados- y medidas pensadas para los promotores, que suponen un incremento del precio al que se van a poder vender los pisos y también ayudas directas a las empresas que los construyan.

Parte de los contenidos de este plan los había adelantado ya el presidente gallego, Alfonso Rueda, en el debate sobre el estado de la Autonomía del mes pasado. Entonces había dicho ya que la vivienda de promoción pública -es decir, dependiente de la propia Xunta- iba a pasar a tener como límite ingresos de cuatro veces el IPREM -4,5 veces en el caso de familias numerosas-. Cuando aplica estas subidas, la Xunta suele poner el ejemplo de una pareja con un hijo. El nuevo tope implica que, en ese supuesto familiar, el máximo de ingresos brutos mensuales es de 3.500 euros. Este lunes, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, añadió que ese incremento en los ingresos máximos permitidos se extiende también a la vivienda de promoción autonómica -la protegida que construyen promotores privados y cooperativistas-. La misma pareja con un hijo pasa de un límite de 3.750 euros brutos mensuales para una vivienda en régimen general a 4.850.

Pero la Xunta ha detectado un problema que no está en el acceso a la vivienda protegida, sino en la construcción de la misma y en las empresas que se dedican a ello. “Hoy no es atractivo construir vivienda de promoción autonómica”, dijo Allegue, que lo atribuyó a factores como el encarecimiento de los materiales, la escasez de mano de obra y unos precios máximos de venta de la vivienda protegida “que no cubren los costes reales”. El análisis se deriva de varias reuniones mantenidas en los últimos meses con representantes de este sector empresarial, expuso.

La respuesta del Gobierno gallego es subir los precios a los que se puede vender una vivienda protegida -que están limitados-. El incremento no es homogéneo para todas las zonas, sino que depende de las áreas y el régimen en el que se construyen. Son “más contenidos” en donde hay más demanda y los precios son ya más elevados, es decir, en las ciudades. La conselleira puso como ejemplo una vivienda tipo de tres dormitorios y 85 metros cuadrados: en régimen especial puede llegar a 206.456 euros; en régimen general el tope estará en 214.840 euros y en régimen concertado se eleva hasta 241.040 euros.

Además, los promotores recibirán ayudas directas porque “este ajuste no resulta suficiente par garantizar la viabilidad de las promociones”, según la Xunta. Estos apoyos pueden llegar a 42.500 euros por vivienda en viviendas protegidas de régimen especial en ciudades como Vigo o Pontevedra. La promesa del Gobierno gallego es construir 4.000 viviendas de promoción pública esta legislatura, que termina en 2028, y facilitar suelo para que se levanten otras 20.000 mediante estas colaboraciones con promotores privados.