Cuando al padre de Laura le subieron el sueldo, en casa no se podían imaginar que iba a convertirse en una mala noticia. El salario anterior ubicaba a la familia dentro del umbral 1 que establece el Ministerio de Educación para repartir las becas al estudio. Es el grupo más bajo, donde entran las personas más vulnerables. Eso permitió a Laura recibir durante cuatro años la ayuda completa, que además del pago de la matrícula universitaria incluye ayudas económicas en mano para gastos. Pero esa mejora salarial, apenas 111 euros –“me acuerdo perfectamente de la cifra, porque generó mucha frustración”, cuenta la joven–, sacó a la familia del umbral 1 por exceso de renta y la encuadró en el 2. Y se esfumó el principal pago en metálico (1.700 euros este año).

“Fue un jarro de agua fría”, explica Laura. “Cuando pasas de umbral es un cambio muy grande. Cobras una miseria más y lo que pierdes es mucho. Una subida de sueldo que al año no supone tanto para la familia te deja sin el tipo de ayuda con la que contabas. Llegas a pensar: 'Preferiría que en mi familia ganáramos un poquito menos y seguir contando con la ayuda'”.

Laura, que actualmente está estudiando un máster, es una de las casi 380.000 personas de entre 18 y 24 años a las que el Gobierno considera demasiado ricas como para acceder a una beca completa, con ayudas directas, pese a que son hogares en riesgo de pobreza, según la definición oficial.

Esto sucede porque el umbral 1 de renta para acceder a las becas, el límite máximo de ganancias que fija el Gobierno para acceder a estas ayudas integrales, lleva años por debajo del que fija la línea de riesgo de pobreza familiar. El Estado reparte tres tipos de becas en función de la renta familiar y otros parámetros como el patrimonio, aunque los ingresos son el principal filtro.

Para ello, cada año se establecen tres límites de renta que fijan los derechos económicos de cada grupo: quien quede por debajo del umbral 1 tiene derecho a la ayuda completa, que incluye un pago directo de 1.700 euros, hasta 2.700 euros para residencia si se estudia en una comunidad autónoma diferente de la familiar, entre 50 y 125 euros en función del rendimiento académico y una cantidad variable de hasta 60 euros en función de una complicada fórmula matemática; los hogares que se sitúen entre el umbral 2 pierden la principal partida, los 1.700 euros; finalmente, por debajo del umbral 3 solo optan a la ayuda vinculada al rendimiento. En los tres casos se incluye el coste de la matrícula.

El problema para Laura y otros cientos de miles de personas en España que potencialmente podrían ir a la universidad si quisieran es que el Gobierno ha fijado este año el máximo de renta familiar que marca el umbral 1 en 23.286 euros anuales (en total, para una familia de cuatro miembros), mientras que la línea que establece el riesgo de pobreza está en 25.662 euros al año para esa misma familia.

Estas personas pueden acceder a la beca media o a la más básica. Pero ninguna de las dos llega a compensar el coste de oportunidad de estudiar (incluso podría cuestionarse con la completa). Y a la universidad va quien puede permitirse no trabajar durante esos años, como recuerda siempre Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Jaén y autor de varios informes sobre financiación universitaria.

El Gobierno ha aprobado este año la partida para becas más alta de la historia con 2.559 millones de euros que beneficiarán, calcula el Ministerio, a un millón de estudiantes. Aunque son para todas las etapas, la inmensa mayoría de ese dinero se destina a la universidad. Desde que el PSOE está en el Gobierno, el presupuesto para becas ha subido un 83% respecto al que aprobaba el PP. Las cuantías han subido y se han elevado los límites de renta que dan derecho a becas (con el PP el umbral 1 que daba derecho a la ayuda completa era de 14.613 euros anuales) hasta los 22.177 euros, ampliando así la base de los beneficiarios.

Pero con la subida del salario mínimo interprofesional y la buena marcha macro de la economía también ha subido la línea que marca el riesgo oficial de pobreza, que se fija de manera automática en un 60% de la mediana de ingresos (siempre ajustado al tamaño del hogar). ¿El resultado? Hoy, como ayer, el umbral 1 queda por debajo del de la pobreza, dejando a millones de personas en ese limbo. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Educación cuáles son los criterios para fijar los umbrales de renta, porque no van automáticamente ligados a ningún indicador, pero no ha obtenido respuesta.

“El sistema de umbrales deja que desear”

“El sistema de umbrales deja que desear en muchas situaciones, no evalúa bien a cada estudiante”, valora Andrés Campillo Ponce, responsable de becas de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. “Nosotros reclamamos que se revisen. Modificarlos, sí, pero también introducir otros requisitos para que la convocatoria sea más justa. Está bien que se eleven los umbrales de vez en cuando, pero nos gustaría que se haga respecto a algún indicador específico, por ejemplo el Índice de Precios al Consumo (IPC)”. Canae, explica Campillo Ponce, está trabajando en una propuesta integral para presentarla en el Observatorio de Becas, el foro de interlocución para este tema con el Ministerio de Educación.

“Nuestra idea ha sido siempre que los umbrales suban de manera que no dejen a nadie atrás. Todos los años nos encontramos subidas del SMI o de los salarios, pero luego estas subidas no se ajustan en los umbrales y de un año para otro ves que sales del umbral 1 al 2 sin haber hecho nada”, expone.

“Es una decisión política”, tercia Santiago Cuesta, trabajador de la Universidad Politécnica de Madrid y representante de CCOO en el Observatorio. “Debería haber un criterio para que los umbrales respondieran a la situación real de las familias. No puede ser que apruebes un umbral que está por debajo de cualquier referencia, no responde a las necesidades reales de las familias y estás excluyendo a personas. Va contra el propio concepto de la beca o ayuda, es un ejercicio teórico que deja fuera a familias que deberían tener derecho, sobre todo en el umbral 1”.

Cuesta cuenta que CCOO lleva “años pidiendo una reforma absoluta del sistema”, y aunque concede que es positivo que el Gobierno esté subiendo las partidas año tras año, insiste en que es necesario “cambiar los criterios, que tienen 20 años”. “No es que haya pérdida de talento, es que le estamos robando expectativas de futuro a los chavales. Si somos una sociedad avanzada como decimos, hay que demostrarlo aquí, en las políticas sociales, esto es básico para el ascensor social”, sostiene.

El problema viene de atrás y no se acaba de resolver. En 2023, las profesoras Mónica Martí y Carmen Ródenas hicieron un estudio en la Universidad de Alicante que ya explicaba que el sistema de becas es “ineficaz” por esta misma cuestión y proponían que el umbral 1 se elevase como mínimo hasta la línea de pobreza para acoger a todo ese colectivo. Aquel informe advertía también de que el carácter lineal de todo el proceso, utilizar las mismas referencias para toda España, junto a la variabilidad de precios universitarios entre las comunidades autónomas, provoca que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar los estudios diverja entre autonomías en términos relativos. Esto es, dice el informe con el precio de las tasas y las rentas de 2023, para una familia catalana o madrileña, el coste universitario se fijaba en un 5,8% sobre la renta mediana; para una gallega en un 3,4%.

Este asunto lo ha abordado el PNV en el Congreso porque Euskadi es una de las comunidades con menos becarios debido a que, al ser una de las más ricas de España, más familias se quedan fuera de las ayudas por renta. “El Gobierno central pone unos umbrales para acceder a becas iguales para todos, pero las condiciones no son las mismas en todo el Estado”, argumentaba el diputado Joseba Agirretxea, “no es lo mismo igualdad que equidad. Y hacer una raya igualitaria en este caso no es equitativo”. El partido le ha pedido al Gobierno que ajuste los umbrales.

Cuantías escasas, plazos tardíos

También preocupan a familias y estudiantes las cuantías que se pagan a los becarios como los plazos de ejecución de las ayudas. “Las cuantías son fundamentales”, dispara Cuesta, de CCOO. “El objetivo de las administraciones es ampliar el espectro, hacer las ayudas accesibles a más personas. Eso está muy bien, pero lo que hay que pensar es cómo las distribuyes para quien más las necesite. El ejemplo de la ayuda de residencia de las becas universitarias es palmario. Tienes una ayuda máxima de 2.700 euros anuales. Es irreal. Sin hablar de Madrid siquiera, no hay prácticamente ningún sitio que baje de 450 euros al mes. Le vas a pagar cuatro meses, pero los estudios duran diez. ¿Eso es una ayuda?”, pregunta retóricamente. El mismo argumento repetirá para la cuantía fija para las becas mejor dotadas, 1.700 euros para todo el año, o la variable (hasta 60 euros).

“Ha habido alguna subida reciente”, concede el estudiante Campillo Ponce, “pero la situación de la vivienda va a peor. Si vives fuera de tu ciudad de residencia en una capital de provincia tienes difícil acceder a una residencia con esa beca. Es cierto que algunas universidades complementan las ayudas, pero no se puede estar dependiendo de las universidades”, elabora. La escasez de los montantes, contaban Martí y Ródenas en su estudio, provoca que estos estudiantes tuvieran que trabajar además de estudiar, “por lo que ya no se puede hablar de igualdad de condiciones y oportunidades”.

Y luego están los plazos. María Sánchez, presidenta de Ceapa, la mayor confederación de AMPAs del país, explica que para muchos hogares es fundamental que se agilice la ejecución de las ayudas, que muy a menudo llegan a los bolsillos de los beneficiarios a mitad de curso. “El plazo de solicitud es amplio, pero eso supone que muchas familias acaban cobrando la beca en marzo y tienes que adelantar el gasto”, cuenta, lo que para algunos hogares se convierte en un obstáculo casi insalvable. “Hay familias que a día de hoy no han cobrado el 100% de la beca”, corrobora el portavoz de Canae. “Nuestra principal reclamación es que cuando empiece el curso, en septiembre, tengan ingresada al menos la cuantía principal para poder hacer frente al curso y que nadie tenga que adelantar dinero”, explica.

Laura cuenta que durante todo su periplo educativo ha vivido en casa de sus padres, “si no, habría sido todo mucho más complicado”. También tenía unos ahorros propios de haber trabajado previamente. “Pero aún así he notado que tengo que limitarme en muchas cosas que otros compañeros no”, explica.

“Si el objetivo del sistema de becas es que cualquier persona que quiera continuar sus estudios lo tenga garantizado, con este sistema, a día de hoy, no da”, cierra Cuesta. “No cuestionamos el esfuerzo inversor que ha hecho la administración, pero, si con ese esfuerzo no se llega, el sistema es fallido”.

Han pasado casi cinco meses desde que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó la resolución provisional de las ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU), uno de los programas más importantes de apoyo a la investigación en España. Pese a que la fecha de incorporación se fijó para el 1 de octubre, los 900 beneficiarios aún no han podido firmar sus contratos al no haberse resuelto el proceso de forma definitiva. Una situación que los aboca a estar “pagando pisos, matrículas y cursos sin percibir un solo euro” e incluso a “trabajar gratis para la universidad”, como denuncian los afectados a elDiario.es.

Las FPU son contratos predoctorales de cuatro años destinados a quienes inician una tesis doctoral en universidades públicas españolas. Para la convocatoria de 2024, el Ministerio simplificó el sistema de evaluación y redujo los criterios de adjudicación a la nota media del expediente académico del grado, en aras de evitar los retrasos que se habían producido años anteriores atribuidos a la burocracia. Aun así, una convocatoria que se resolvió provisionalmente en junio y debería haberse resuelto en agosto sigue sin resolución definitiva, que es la que habilita la firma de los contratos con las instituciones académicas.

Como consecuencia de esta demora, hay en vilo más de 900 personas, “que han tenido que formalizar ya la matrícula en sus escuelas de doctorado, otras que se han mudado a otras ciudades y están pagando un alquiler sin ingresos, y otras que han rechazado otros contratos o ayudas con fecha de 1 de octubre”, como informan desde la asociación FPU Investiga. Este medio ha solicitado información al Ministerio de Universidades y no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Sin investigación, sin contrato y sin sueldo

Ya en noviembre, con el curso académico avanzado, los afectados critican la “opacidad” y “falta de previsión” por parte del Ministerio, que no les informa sobre el estado de la resolución ni les aclara “si van a tardar mucho más tiempo en publicarlo”. Todo ello “nos está afectando a nuestra economía, ya que muchos nos estamos quedando sin ahorros y, lo peor, es que está mermando nuestra salud mental y física”, lamenta Rafa desde Sevilla, uno de los afectados que está intentando dar visibilidad a un problema que ahoga a los mejores expedientes del país.

Rafa recuerda que esta última convocatoria, al haberse simplificado y quedar únicamente la nota media como criterio, “se suponía que iba a ser más ágil”, pero la realidad ha sido la contraria. Según la convocatoria, el Gobierno tiene un plazo máximo de seis meses para dictar la resolución, a contar desde el fin del plazo de solicitud (que se cerró el pasado 14 de febrero). Por tanto, la resolución definitiva con los beneficiarios de las ayudas, entre las más prestigiosas que otorga la administración, debería haberse hecho pública en agosto.

Tres meses después, con el curso académico ya avanzado, el Ministerio aún no ha emitido ninguna comunicación oficial ni ofrecido una nueva previsión. El retraso en la entrada en vigor del contrato implica que no pueden empezar a trabajar de manera formal en sus grupos de investigación, que seguirán avanzando sin ellos. Y, además, implica no cobrar hasta que se formalicen los contratos.

“Trabajando gratis en la universidad”

Desde Valladolid, Manu relata que la espera ha supuesto un duro golpe económico y personal para él: “Después de acabar el máster de investigación necesitaba trabajar porque en mi casa no tenemos la mejor situación económica, pero siempre quise hacer el doctorado. Me dijeron que con mi nota podía optar a la beca FPU. Dejé las clases particulares cuando salió la resolución provisional en junio, confiando en que empezaría a cobrar en octubre. Ahora, en noviembre, después de meses de silencio administrativo y correos condescendientes con copia-pegas, estoy trabajando gratis en la universidad, en una situación límite”, deplora.

Su situación se repite en universidades de todo el país. Carolina, de 23 años, natural de un pueblo de Cáceres, es otra de las jóvenes que permanece en vilo. Con la “ilusión” de comenzar su carrera investigadora, se trasladó a la ciudad donde desarrollará su tesis doctoral y alquiló un piso, “confiando en que el contrato comenzaría el 1 de octubre”, como les notificó el Ministerio a través de un correo electrónico, al que ha tenido acceso este periódico, enviado el 17 de junio, un día después de publicar la resolución provisional de las ayudas.

Sin embargo, el retraso en resolver el proceso de forma definitiva y, por ende, en la firma del contrato, mantienen a Carolina —y a cientos de nuevos investigadores en su misma situación— en un estado de incertidumbre económica y laboral que crece cada día. “Nos piden dedicación plena, pero ni siquiera sabemos cuándo empezaremos a cobrar”, lamenta esta joven de 23 años.

En términos similares se expresa Mario, graduado en Química por la Universidad de Castilla-La Mancha: “Al aceptar la plaza provisional tuvimos que firmar un documento en el que confirmamos no tener ninguna incompatibilidad laboral con la beca”. En otras palabras, “aunque mi grupo de investigación quiera, no puede sacarme ni un contrato temporal hasta que salga la resolución porque estaría incumpliendo el acuerdo”, esgrime para evidenciar que la situación es “especialmente sangrante”.

Un calendario fijo para poner fin a la incertidumbre

Además, “cada semana que pasa sin poder incorporarme al laboratorio supone un perjuicio directo a mi futura carrera académica, puesto que siempre existe el riesgo de que otros grupos saquen investigaciones que pisen la mía, de tal forma que el trabajo de todo el año anterior sería tirado a la basura”, advierte este joven investigador. A ello tiene que sumar el perjuicio económico que está sufriendo: “Firmé un alquiler anual confiando en incorporarme en octubre, el retraso de la publicación de la resolución definitiva me asfixia cada mes que pasa, puesto que noviembre será la tercera mensualidad que pague sin ningún tipo de ingreso adicional”.

“Ante esta situación, el Ministerio actúa de forma totalmente opaca: no solo no da información del por qué del histórico retraso en la publicación de la resolución definitiva, sino que tampoco informa de plazos aproximados de incorporación”, denuncia este químico que quedó entre los cinco primeros de su área en la resolución provisional.

Tal y como apunta Mario, de fondo subyace un histórico de desencuentros entre el Ministerio y el colectivo de jóvenes investigadores, marcado por retrasos reiterados en las convocatorias e incumplimientos de la normativa. En declaraciones a elDiario.es, desde la asociación FPU Investiga recuerdan ser conscientes de que “no todo depende del Ministerio y que distintas entidades están involucradas en este proceso”, pero instan “a que se resuelva cuanto antes para sacar de la incertidumbre a las personas que están esperando”.

Esta asociación nació precisamente de la necesidad de representar a los investigadores FPU en activo “en un panorama científico dominado por la precariedad y la inestabilidad laboral”. Entre sus principales demandas figura “la urgencia de dignificar la carrera científica e investigadora en su etapa inicial, permitiendo que pase de ser una continua carrera de obstáculos a transformarse en una verdadera alternativa profesional”. De ahí que una de sus reivindicaciones históricas sea la de “establecer un calendario fijo para las distintas convocatorias dependientes del Ministerio de Universidades, que permita a las personas solicitantes y beneficiarias planificar su vida laboral y personal, junto a un compromiso firme de cumplimiento del mismo”.

Mientras tanto, los investigadores que permanecen “en el limbo” siguen asumiendo gastos, investigando sin contrato y esperando una fecha que nadie les sabe concretar. “Lo más frustrante es el silencio administrativo: no sabemos si será cuestión de días o de meses”, resume Rafa, recogiendo el sentimiento compartido por cientos de jóvenes investigadores que, pese a haber demostrado su excelencia académica, siguen anclados a la incertidumbre.

El mes de desembre passat, la Conselleria d’Educació publicava la convocatòria de les beques Manuela Solís per al curs 2024-2025 per a alumnes d’ensenyaments universitaris i de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics, les conegudes com a beques salari, “orientades a fer costat a famílies amb recursos econòmics limitats, facilitant l’accés a l’educació superior i promovent la igualtat d’oportunitats”, que concedeixen fins a 6.000 euros als beneficiaris per a la realització dels seus estudis.

La partida habilitada era de 22 milions d’euros, la mateixa que l’exercici anterior, i l’ajuda té una quantitat fixa de 3.500 euros, ampliable segons la nota, en 1.000 euros si la nota mitjana està entre el 9 i el 9,49, i de 2.500 euros si la nota és superior a 9,5.

Tal com denuncien els socialistes, els pressupostos de la Generalitat Valenciana -aprovats pel Partit Popular i Vox –“augmentaven, sobre el paper, els recursos econòmics per a aquestes beques”, ja que passen de 18,5 milions pressupostats el 2023 a aquests 22 milions. No obstant això, la Conselleria d’Educació va aprovar el juny del 2025 la resolució per al curs 2024-2025 per la qual s’hi van destinar de manera efectiva 17.548.500 euros, una quantitat inferior als 18,1 milions del 2024 i als 18.499.800 euros de la resolució de maig del 2023, “la retallada del 2025 respecte del 2023 és de 951.300 euros”.

Pel que fa a les quantitats de les beques salari, el diputat socialista Pedro Ruiz Castell lamenta que “des que governa el PP, cada estudiant beneficiari rep una quantitat fixa més baixa que amb el Botànic, ja que passa de 4.300 euros a 3.500 euros (quasi un 18% menys), i podent augmentar l’import únicament els alumnes que tinguen una nota mitjana superior a 9”.

Els socialistes denuncien que els estudiants valencians rebran menys diners per les seues beques universitàries en el que Ruiz ha qualificat de retallades “vergonyoses”, una reducció que quantifiquen en 1,2 milions d’euros sumant les beques Manuela Solís i les ajudes per a la realització d’estudis (exempció de taxes acadèmiques). Per aquest concepte, segons es recull en una resolució de la Conselleria d’Educació del 21 de juliol, s’han adjudicat beques per un import de 3.782.652,78 euros (la previsió en el pressupost del 2025 era de 5 milions d’euros), una xifra que suposa una reducció del 7% respecte dels 4.061.526 euros abonats pel Botànic en el seu últim exercici.

A més, el diputat socialista censura que la Conselleria haja minorat sensiblement els fons per a les beques de transport universitari, que es van reduir el 2024 a 204.620 euros, davant dels 473.000 euros que va aprovar el Govern del Botànic el maig del 2023, cosa que suposa una retallada del 57%: “Sense ajudes reals, estudiar continua sent un privilegi per a uns pocs”, denuncia Ruiz, per a qui Mazón i el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, “llastren l’educació superior, posant traves i disminuint la quantia de les beques dels que necessiten accedir a ajudes públiques amb què completar els seus estudis universitaris”.

La política de beques universitàries, “reforçada com mai”

La Conselleria no ha respost a la consulta d’elDiario.es sobre les acusacions dels socialistes valencians. Sí que han respost a les paraules de Ruiz des del Partit Popular valencià. La seua diputada Lola Roch defensa la gestió del Consell de Carlos Mazón i assegura que l’actual executiu valencià “ha reforçat com mai la política de beques universitàries davant l’engany i l’abandó del Botànic”, al mateix temps que acusava el PSPV i Compromís de deixar sense executar gran part dels fons per a beques.

Pel que fa a les beques Manuela Solís, el PP subratlla que han arribat a “més de 5.000 estudiants, un 12% més que amb les beques salari del Botànic, ja que no s’ha deixat fora ningú per falta de fons o per no arribar a la nota, a diferència del curs 2022-2023 en què es van denegar 1.997 sol·licituds”.

Roch ha retret que el Botànic “presumia” de xifres milionàries en beques “que mai arribaven a l’alumnat”. Així doncs, ha assegurat que el 2020, per exemple, “no en van convocar ni el 35%”, en el que ha qualificat de “parany”. Davant d’això, Roch ha afirmat que l’actual Consell “va destinar més de 30 milions el 2024 a ajudes reals per a estudiants universitaris i d’ensenyaments artístics superiors i ha consignat 31,9 milions en els pressupostos de la Generalitat per al 2025”.

El pasado mes de diciembre, la Conselleria de Educación publicaba la convocatoria de las becas Manuela Solís para el curso 2024-2025 parra alumnos de enseñanzas universitarias y del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas; las conocidas como becas-salario, “orientadas a apoyar a familias con recursos económicos limitados, facilitando el acceso a la educación superior y promoviendo la igualdad de oportunidades”, que conceden hasta 6.000 euros a los beneficiarios para la realización de sus estudios.

La partida habilitada era de 22 millones de euros, la misma que el ejercicio anterior, y la ayuda cuenta con una cuantía fija de 3.500 euros, ampliable según la nota; en 1.000 euros si la nota media está entre el 9 y el 9,49, y de 2.500 euros si la nota es superior a 9,5.

Tal y como denuncian los socialistas, los presupuestos de la Generalitat Valenciana -aprobados por el Partido Popular y Vox- “aumentaban, sobre el papel, los recursos económicos para estas becas”, al pasar de los 18,5 millones presupuestados en 2023 a esos 22 millones. Sin embargo, la Conselleria de Educación aprobó en junio de 2025 la resolución para el curso 2024-2025 por la que se destinaron de forma efectiva 17.548.500 euros, una cantidad inferior a los 18,1 millones de 2024 y a los 18.499.800 euros de la resolución de mayo de 2023, “el recorte de 2025 respecto a 2023 es de 951.300 euros”.

Respecto a las cuantías de las becas-salario, el diputado socialista Pedro Ruiz Castell lamenta que “desde que gobierna el PP, cada estudiante beneficiario recibe una cuantía fija menor que con el Botànic, al pasar de 4.300 euros a 3.500 euros (casi un 18% menos), pudiendo aumentar el importe únicamente aquellos alumnos que tengan una nota media superior al 9”.

Los socialistas denuncian que los estudiantes valencianos recibirán menos dinero por sus becas universitarias en lo que Ruiz ha calificado de recortes “vergonzosos”, una reducción que cuantifican en 1,2 millones de euros sumando las becas Manuela Solís y las ayudas para la realización de estudios (exención de tasas académicas). Por este concepto, según se recoge en una resolución de la Conselleria de Educación del 21 de julio, se han adjudicado becas por un importe de 3.782.652,78 euros (la previsión en el presupuesto de 2025 era de 5 millones de euros), una cifra que supone una reducción del 7% respecto a los 4.061.526 euros abonados por el Botànic en su último ejercicio.

Además, el diputado socialista censura que la Conselleria haya minorado sensiblemente los fondos para las becas de transporte universitario, que se redujeron en 2024 a 204.620 euros, frente a los 473.000 euros que aprobó el Gobierno del Botànic en mayo de 2023, lo que supone un recorte del 57%: “Sin ayudas reales, estudiar sigue siendo un privilegio para unos pocos”, denuncia Ruiz, para quien Mazón y el conseller de Educación, José Antonio Rovira, “lastran la educación superior, poniendo trabas y disminuyendo la cuantía de las becas de quienes necesitan acceder a ayudas públicas con las que completar sus estudios universitarios”.

La política de becas universitarias, “reforzada como nunca”

La Conselleria no ha respondido a la consulta de elDiario.es sobre las acusaciones de los socialistas valencianos. Sí que han contestado a las palabras de Ruiz desde el Partido Popular valenciano. Su diputada Lola Roch defiende la gestión del Consell de Carlos Mazón y asegura que el actual Ejecutivo valenciano “ha reforzado como nunca la política de becas universitarias frente al engaño y abandono del Botànic”, al tiempo que acusaba a PSPV y Compromís de dejar sin ejecutar gran parte de los fondos para becas.

Respecto a las becas Manuela Solís, el PP subraya que han alcanzado a “más de 5.000 estudiantes, un 12% más que con las becas salario del Botànic, ya que no se ha dejado fuera a nadie por falta de fondos o por no llegar a la nota, a diferencia del curso 2022-2023 en el que se denegaron 1.997 solicitudes”.

Roch ha reprochado que el Botànic “presumía” de cifras millonarias en becas “que nunca llegaban al alumnado”. Así, ha asegurado que en 2020, por ejemplo, “no convocaron ni el 35%”, en lo que ha calificado como una “trampa”. Frente a esto, Roch ha afirmado que el actual Consell “destinó más de 30 millones en 2024 a ayudas reales para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores y ha consignado 31,9 millones en los presupuestos de la Generalitat para 2025”.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha activado una convocatoria de 16 ayudas de iniciación a la investigación dirigidas a estudiantes que hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en 2025 y se matriculen en un grado oficial de esta institución académica para el curso 2025‑2026. Esta propuesta formativa se realiza a través del Vicerrectorado de Política Científica y busca “estimular el interés por la ciencia y la generación de conocimiento desde el inicio de los estudios universitarios”.

Con una dotación individual de 2.500 euros, las ayudas promueven la integración del estudiantado de nuevo ingreso en equipos de investigación de departamentos, institutos y grupos de la UCLM. Bajo la tutela de profesorado investigador vinculado al grado cursado, el programa contempla una colaboración de cinco meses, entre febrero y junio de 2026. Al finalizar el período, los beneficiarios recibirán un certificado oficial que acreditará su experiencia formativa.

Ayudas compatibles con la matrícula gratuita y otras becas

La convocatoria se publicará en los próximos días. El Vicerrector de Política Científica, Ricardo Cuevas, ha destacado que “es una apuesta por la formación temprana en competencias científicas y la atracción de talento joven”. Además, ha enfatizado que “estas ayudas son compatibles con la exención de precios públicos por matrícula gratuita, así como con cualquier otra beca o ayuda concedida por administraciones u organismos públicos o privados”.

De este modo, el estudiantado podrá beneficiarse simultáneamente de todas las modalidades de apoyo disponibles sin incompatibilidad alguna.

La UCLM oferta 6.340 plazas de nuevo ingreso en estudios de grado para el curso 2025‑2026. Una oferta académica cuya preinscripción permanecerá abierta hasta el 4 de julio a las 14:00 horas y que se distribuye en los distintos campus de la universidad regional, abarcando a todas las ramas de conocimiento: Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades.

El estudiantado podrá realizar la preinscripción de hasta nueve titulaciones por orden de preferencia. La primera lista de admisión se publicará el 10 de julio y el periodo de matrícula, para quienes obtengan plaza en esta primera fase, será del 11 al 16 de julio. Posteriormente, se llevarán a cabo nuevas adjudicaciones de plaza en julio y septiembre. Por su parte, en los grados con matrícula directa, esta podrá formalizarse desde el 18 de junio hasta el 30 de septiembre.

Durante el curso 2025-2026, además, la primera matrícula en la UCLM será gratuita para el estudiantado que cumpla los requisitos establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de La Rioja financia la gratuidad de la matrícula del primer curso en las universidades públicas riojanas a más de 420 jóvenes. Una medida del Gobierno de La Rioja dirigida a los jóvenes riojanos de entre 18 y 35 años que cursan su primer año académico 2024-2025 en la UR o la UNED

La Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud ha dado cuenta en la reunión del Consejo de Gobierno, que medida puesta en marcha por el Gobierno regional beneficia a más de 420 jóvenes, de entre 18 y 35 años, matriculados en la Universidad de La Rioja (UR) y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en este curso académico 2024-2025.

Con el objetivo fundamental de facilitar el acceso universal a la universidad de todos los jóvenes riojanos, el Gobierno regional ha impulsado esta ayuda que se ha concedido a 421 estudiantes matriculados en la UR, 193 mujeres y 228 hombres. A ellos se suman hasta 24 expedientes recibidos en UNED y que, tras cerrar ayer su convocatoria, están tramitándose en estos momentos.

Entre las titulaciones que cuentan con más solicitantes destacan los grados de Educación Primaria, Administración y Dirección de Empresas, Educación Infantil, Ingeniería Mecánica y Derecho.

La implantación de esta ayuda, posible gracias a la tramitación realizada por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y la colaboración de las universidades púbicas riojanas, va permitir en concreto la financiación de hasta un máximo de 60 créditos académicos o ECTS de todos aquellos solicitantes que sean jóvenes universitarios empadronados en cualquier municipio riojano, con un mínimo de dos años de permanencia previa a la fecha de matriculación, o que hayan estado empadronados en alguna localidad riojana durante un mínimo de cinco años consecutivos.

Esta novedosa medida del Gobierno de La Rioja, inédita en el conjunto del país, se complementa con la convocatoria de ayudas de movilidad dirigida a estudiantes universitarios que estudian fuera de La Rioja. En este caso, se han recibido un total de 2.050 solicitudes, lo que supone un incremento de más del 50% con respecto a la convocatoria del pasado año.

Una vez que en el plazo habitual se resuelva esta línea de subvenciones, el Gobierno regional destinará 1.932.998 euros para facilitar que los alumnos que no puedan realizar sus estudios superiores en La Rioja puedan seguir desarrollando su formación fuera de la Comunidad. Además, como novedad, los alumnos de primer curso han podido optar a estas ayudas sin limitaciones por sus ingresos o por la renta de familiar.

Estudiar en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) o en la Universidad de Alcalá (UAH) y hacerlo gratis en la primera matrícula será una realidad a partir del próximo curso académico 2025-2026.

Las personas beneficiarias de la medida podrán ser estudiantes de nuevo ingreso o que quieran trasladarse a la universidad con sede en esta comunidad autónoma, siempre y cuando vengan de una universidad pública. Sin embargo, existen otros requisitos que son importantes como la compatibilidad con las becas que otorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Esta iniciativa se lleva a cabo, en palabras del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor, “para que ningún estudiante castellanomanchego que desee iniciar su formación universitaria en las univesidades públicas de Castilla-La Mancha vea condicionado ese deseo y ese inicio por motivos económicos”. El número de beneficiarios llegará a los 5.100 alumnos y alumna en su primera matrícula. De los que unos 4.400 corresponderán a quienes se inscriban en la UCLM y unos 700 en la Universidad de Alcalá, según se ha dado a conocer este martes en una comparecencia pública en la que han participado tanto el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, como el vicerrector de Estudios de Grado y Acceso de la Universidad de Alcalá de Henares, Jorge Pérez.

Los requisitos para optar a esta gratuidad

El coste gratuito será efectivo únicamente para la primera matrícula del estudiante en ambas instituciones académicas -sea de primero, segundo o cursos posteriores- en un curso completo, con un máximo 60 créditos en grados universitarios y 72 créditos en dobles grados.

Para los alumnos de nuevo ingreso que se matriculen por primera vez en la UCLM existen dos condicionantes: uno que tiene que ver con la vía de acceso y otro con la compatibilidad con la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de Universidades. Por lo que respecta a la vía de acceso, se contempla desde el bachillerato tradicional, el baccalauréat o bachillerato francés, y el bachillerato internacional. “Se les exige que hayan superado la PAU o anterior EBAU, en centros educativos de Castilla-La Mancha”.

Asimismo también se incluye a los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 o 45 años, o que hayan realizado estudios de ciclos formativos de grado superior que dan acceso a la universidad en centros de la región.

Además, Amador Pastor ha señalado que para que esta gratuidad sea compatible con el sistema nacional de becas, “es requisito imprescindible que el alumnado haya solicitado esta beca de matrícula en caso de cumplir los requisitos que establece el Ministerio”. La gratuidad de la primera matrícula se haría efectiva en el caso de que el estudiante no recibiese la beca que cubre los gastos de la matrícula.

Por lo tanto, todos los alumnos, cuando realicen sus matrículas, tienen que haber solicitado la beca al Ministerio de Educación o, en los casos de rentas muy altas, haber hecho una declaración responsable de no cumplir requisitos económicos para su obtención.

Alumnos de otras regiones o procedentes del extranjero

Para los alumnos que estudian fuera de la región, pero quieren trasladarse a las universidades de Castilla-La Mancha, los condicionantes serán los mismos que los alumnos de nuevo ingreso. En este caso, la persona beneficiaria deberá haber cursado estudios universitarios en universidades públicas durante el curso 2024-2025. Asimismo, el estudiante que haya estado matriculado en otra universidad anteriormente deberá haber superado entre el 65% y el 90% de los créditos.  

En el caso de los alumnos que hayan desarrollado su Educación Secundaria en el extranjero, pero quieran estudiar en la UCLM “se creará una comisión de valoración mixta con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares, que tendrá carácter colegiado y que determinará si el alumno o no es susceptible de poder entrar y ser beneficiario de la gratuidad de la primera matrícula”.

Por otra parte, se destaca que este modelo de gratuidad no se aplica a estudiantes que vengan de una universidad privada, ni tampoco para aquellos que vayan a realizar su segunda titulación universitaria.

“Estoy sobreviviendo con 150 euros al mes con lo que gano del trabajo y lo que pude ahorrar entre los meses de junio y agosto. Llega un momento en el que te das cuenta de que no puedes pagar el piso o tener un pequeño capricho como comprarte la merienda”. Alba Botija es estudiante del grado en Magisterio en Educación Infantil en la Universitat de València. Enero, tanto para ella como para el resto del estudiantado de esta universidad, es un mes crucial donde se juegan el aprobado de las asignaturas del primer cuatrimestre o de las que deben recuperar de años anteriores.

Mientras subraya varias palabras e intenta memorizar la teoría de la que se examina, Botija comenta que durante esta época “todo se te viene encima”: “No llegas a concentrarte del todo porque estás pendiente de si vas a poder pagar el piso el mes que viene”, subraya. Y es que la carga mental que supone su incertidumbre es una sensación generalizada entre el estudiantado que se encuentra en una situación económica vulnerable y que depende de este pequeño subsidio para poder finalizar sus estudios o residir en la ciudad de su centro educativo.

Otra de las afectadas en esta condición es Alba H., estudiante de un máster en la misma universidad. Desde que empezó el calendario académico en el mes de octubre, está subsistiendo con “un pequeño colchón que ganó en verano” y con una pequeña cantidad que les ingresan de las prácticas para poder afrontar necesidades básicas como el alquiler en una metropoli como València en la que los precios desorbitados te obligan a compartir piso y difuminan la idea de la emancipación completa. “No puedo aguantar más meses con estos pocos ingresos. No sé cómo hubiese pagado gastos o llegado a comer sin tener este dinero”, destaca.

Durante la conversación telefónica con este medio, la universitaria admite que no hubiese podido estudiar la carrera “y mucho menos el máster que cuesta más de 2000 euros” sin la beca MEC: “Me siento afortunada y agradecida por ser beneficiaria. Mis padres no me pueden facilitar más dinero porque su situación financiera es limitada. Estoy un poco desquiciada con no tener ninguna noticia sobre la beca”.

Y aunque entiende que los “retrasos burocráticos” sean lo más habitual, insiste en que este tipo de ayudas a la educación no son ningún capricho y que afecta de forma más patente a la “clase media empobrecida” que precisa de este apoyo para obtener una formación superior y tener las mismas oportunidades en materia educativa que aquellas familias con más recursos.

Laura A. también se suma a la indignación de las demás afectadas. El estado 'En trámite en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes' es lo que se encuentra cada día cuando accede a la sede electrónica, situación con la que coinciden los dos testimonios anteriores. “Pago de alquiler y gastos 250 euros mensuales. Si no hubiese trabajado mientras iba a clase habría sido imposible pagar el máster”, subraya.

Asimismo, añade que la beca MEC le da la oportunidad de residir en València y cursar el Máster Universitario en Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas de la Universidad Católica de Valencia (UCV): “Pagué una prematrícula de 700 euros y ahora desembolso 350 al mes del dinero que ahorré trabajando durante tres meses. No sé si desde el Ministerio me pagarán la parte proporcional de lo que cuesta. En el grado me cubrían la matrícula completa. Ahora mi padre me paga la mitad del alquiler cuando puede”.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que dirige Pilar Alegría adelantó el año pasado la solicitud de becas al mes de marzo con el fin de “agilizar progresivamente los trámites” y que, gracias a esta medida, “muchos estudiantes están cobrando antes su beca”, según fuentes consultadas por este diario. Preguntados por la fecha en la que se mandarán las resoluciones finales con las cuantías que percibirá cada demandante y cuándo se hará efectivo el pago, desde esta cartera prometen que antes de finalizar el mes de enero “se habrán abonado las cuantías fijas” a aquellos que aún siguen sin esta ayuda económica en sus cuentas bancarias. Este primer pago cubre una parte para la residencia (2500 euros) y otra que depende de la renta (1700 euros). Todo ello se ciñe al umbral (límite máximo de la renta familiar) en el que se encuentra cada estudiante para poder tener derecho a la beca.

A finales de diciembre, el Ministerio publicaba una nota de prensa en la que garantizaban la concesión de un 72,8% más de ayudas que en 2021, cuando la solicitud se rellenaba en septiembre; y en líneas posteriores, declaraban que 257.059 universitarios ya “la habían cobrado”. En este sentido, también sostienen que más de 500.000 estudiantes (tanto universitarios como alumnos de bachillerato y de formació profesional) han recibido la cuantía variable con antelación a diferencia de los años anteriores, lo que “supone un 4.000 más que en 2023”. Además, una de las novedades principales es el aumento del 5% de los umbrales de renta para que más estudiantes tuvieran la posibilidad de obtenerla.

Las tres demandantes representan el enfado colectivo de centenares de universitarios que manifiestan su rabia y desesperación a través de mensajes en la red social X (anteriormente Twitter) donde etiquetan a la institución que asenta las bases educativas en el territorio nacional y a su máxima representante, Pilar Alegría. Sin esa parte económica cubierta, el estudiantado queda desamparado, y su bienestar condicionado por unas ayudas creadas para llegar en forma y en tiempo durante el inicio de un curso nuevo.

“Sobrevisc amb 150 euros al mes amb el que guanye de la faena i el que vaig poder estalviar entre els mesos de juny i agost. Arriba un moment en què t’adones que no pots pagar el pis o tindre un petit capritx, com comprar-te el berenar”. Alba Botija és estudiant del grau de Magisteri en Educació Infantil a la Universitat de València. Gener, tant per a ella com per a la resta de l’estudiantat d’aquesta universitat, és un mes crucial en què es juguen l’aprovat de les assignatures del primer quadrimestre o de les què han de recuperar d’anys anteriors.

Mentre subratlla unes quantes paraules i intenta memoritzar la teoria de què s’examina, Botija comenta que, durant aquesta època “tot et cau damunt”: “No arribes a concentrar-te del tot, perquè estàs pendent de si podràs pagar el pis el mes que ve”, subratlla. La raó és que la càrrega mental que suposa la seua incertesa és una sensació generalitzada entre l’estudiantat que està en una situació econòmica vulnerable i que depén d’aquest petit subsidi per a poder finalitzar els estudis o residir a la ciutat del seu centre educatiu.

Una altra de les afectades en aquesta condició és Alba H., estudiant d’un màster en la mateixa universitat. Des que va començar el calendari acadèmic el mes d’octubre, subsisteix amb “un petit matalaf que va guanyar a l’estiu” i amb una quantitat menuda que els ingressen de les pràctiques per a poder afrontar necessitats bàsiques com el lloguer en una metròpoli com València en què els preus desorbitats t’obliguen a compartir pis i difuminen la idea de l’emancipació completa. “No puc aguantar més mesos amb aquests pocs ingressos. No sé com hauria pagat despeses o arribar a menjar si no haguera tingut aquests diners”, destaca.

Durant la conversa telefònica amb aquest mitjà, la universitària admet que no hauria pogut estudiar la carrera “i encara menys el màster, que costa més de 2.000 euros” sense la beca MEC: “Em sent afortunada i agraïda per ser beneficiària. Els meus pares no em poden facilitar més diners, perquè la seua situació financera és limitada. Estic un poc fora de polleguera de no tindre cap notícia sobre la beca”.

I encara que entén que els “retards burocràtics” siguen la cosa més habitual, insisteix que aquesta mena d’ajudes a l’educació no són cap capritx i que afecten de manera més palesa la “classe mitjana empobrida” que necessita aquest suport per a obtindre una formació superior i tindre les mateixes oportunitats en matèria educativa que les famílies amb més recursos.

Laura A. també se suma a la indignació de les altres afectades. L’estat ‘En tràmit en el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports’ és el que es troba cada dia quan accedeix a la seu electrònica, situació amb què coincideixen els dos testimoniatges anteriors. “Pague de lloguer i despeses 250 euros mensuals. Si no haguera treballat mentre anava a classe, hauria sigut impossible pagar el màster”, subratlla.

Així mateix, afig que la beca MEC li dona l’oportunitat de residir a València i cursar el Màster Universitari en Educació i Rehabilitació de Conductes Addictives de la Universitat Catòlica de València (UCV): “Vaig pagar una prematrícula de 700 euros i ara desemborse 350 al mes dels diners que vaig estalviar treballant durant tres mesos. No sé si des del Ministeri em pagaran la part proporcional del que costa. En el grau em cobrien la matrícula completa. Ara mon pare em paga la meitat del lloguer quan pot”.

El Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports que dirigeix Pilar Alegría va avançar l’any passat la sol·licitud de beques al mes de març amb la finalitat d’“agilitzar progressivament els tràmits” i que, gràcies a aquesta mesura, “molts estudiants cobren abans la beca”, segons fonts consultades per aquest diari. Preguntats per la data en què s’enviaran les resolucions finals amb les quantitats que percebrà cada demandant i quan es farà efectiu el pagament, des d’aquesta cartera prometen que, abans de finalitzar el mes de gener, “s’hauran abonat les quantitats fixes” als que encara continuen sense aquesta ajuda econòmica en els seus comptes bancaris. Aquest primer pagament cobreix una part per a la residència (2.500 euros) i una altra que depén de la renda (1.700 euros). Tot això se cenyeix al llindar (límit màxim de la renda familiar) en què està cada estudiant per a poder tindre dret a la beca.

Al final de desembre, el Ministeri publicava una nota de premsa en què garantien la concessió d’un 72,8% més d’ajudes que el 2021, quan la sol·licitud s’emplenava al setembre; i en línies posteriors, declaraven que 257.059 universitaris ja “l’havien cobrada”. En aquest sentit, també sostenen que més de 500.000 estudiants (tant universitaris com alumnes de Batxillerat i de Formació Professional) han rebut la quantitat variable amb antelació a diferència dels anys anteriors, cosa que “suposa uns 4.000 més que el 2023”. A més, una de les novetats principals és l’augment del 5% dels llindars de renda perquè més estudiants tingueren la possibilitat d’obtindre-la.

Les tres demandants representen l’enuig col·lectiu de centenars d’universitaris que manifesten la seua ràbia i la seua desesperació a través de missatges en la xarxa social X (anteriorment Twitter), en què etiqueten la institució que assenta les bases educatives en el territori nacional i la seua màxima representant, Pilar Alegría. Sense aquesta part econòmica coberta, l’estudiantat queda desemparat, i el seu benestar, condicionat per unes ajudes creades per a arribar en forma i en temps durant l’inici d’un curs nou.

Actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en el Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” (IPBLN) de Granada, con un contrato Juan de la Cierva. Sin embargo, no siempre tuve claro que mi carrera profesional me traería hasta aquí.

Desde pequeña, me interesaba la biología aunque, evidentemente, no sabía muy bien qué significaba realmente eso de “investigar”. Decidí estudiar Biología en la Universidad de Granada, y allí descubrí que yo era una bióloga de “bata”: me apasionaba trabajar en el laboratorio, y las asignaturas de genética y bioquímica eran mis favoritas.

En 2013, me fui a Bélgica con una beca Erasmus. Allí tuve la oportunidad de conocer a gente que trabajaba en el campo de la reproducción asistida, lo que despertó en mí un gran interés por ese mundo. Desde entonces, tuve clara mi siguiente meta: estudiar un Máster en Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida en la Universidad de Valencia.

Una vez acabado el máster, en 2018 tuve la suerte de conseguir un contrato FPI para incorporarme de nuevo a la Universidad de Granada, esta vez realizando una tesis doctoral con un proyecto que juntaba mis dos grandes pasiones: la genética y la infertilidad. Durante esta investigación, exploramos los mecanismos moleculares que subyacen a distintos tipos de infertilidad masculina mediante el análisis de datos genómicos. Curiosamente, uno de los resultados más relevantes que encontramos fue que la forma más grave de infertilidad masculina era una condición inmunomediada.

Este resultado despertó mi interés por el fascinante mundo de la inmunología, y empecé a conocer la gran repercusión que tienen las enfermedades relacionadas con el sistema inmune para nuestra sociedad. Así que, tras acabar mi tesis, contacté con el profesor Javier Martín, un referente a nivel internacional en el campo de la inmunología.

En enero de 2024, conseguí una Juan de la Cierva, lo que me permitió unirme a su equipo, donde están centrados en dilucidar las bases genéticas de distintas condiciones autoinmunes, especialmente de la esclerosis sistémica.

La Dra. Gutiérrez-Arcelus ha desarrollado recientemente una línea de investigación en la que utiliza herramientas de integración innovadoras que permiten comprender mejor la patogénesis de las enfermedades complejas. Durante mi estancia, el objetivo es entender y aplicar estas novedosas herramientas al estudio de la esclerosis sistémica

La esclerosis sistémica es considerada una enfermedad compleja, influenciada tanto por factores genéticos como ambientales. A pesar de que muchos estudios en los últimos años han intentado aclarar el componente genético de esta enfermedad, sigue siendo en gran parte una incógnita. En este sentido, nuestro grupo ha realizado varios estudios en los campos de la genómica, epigenómica y transcriptómica. Sin embargo, cada uno de estos estudios por separado sólo nos da una visión parcial de la patogénesis de la enfermedad. Para conseguir una visión más completa de cómo se desarrolla la esclerosis sistémica, es crucial integrar todos los datos obtenidos en los distintos estudios.

Con este objetivo, solicité una ayuda CSIC-Fulbright, una de las más prestigiosas becas a nivel internacional que promueve el intercambio científico, educativo y cultural, fomentando y haciendo posible la movilidad de investigadores españoles a centros de investigación y universidades estadounidenses para colaborar.

En concreto, esta ayuda me permitirá realizar una estancia en el Boston Children’s Hospital, afiliado a la Universidad de Harvard, bajo la supervisión de la Dra. Gutiérrez-Arcelus, experta en el análisis e interpretación de datos ómicos. La Dra. Gutiérrez-Arcelus ha desarrollado recientemente una línea de investigación en la que utiliza herramientas de integración innovadoras que permiten comprender mejor la patogénesis de las enfermedades complejas. Durante mi estancia, el objetivo es entender y aplicar estas novedosas herramientas al estudio de la esclerosis sistémica.

En mi grupo estamos convencidos de que los resultados de este proyecto nos ayudarán a comprender mejor los procesos moleculares detrás de la esclerosis sistémica y nos brindarán una visión más completa de la patogénesis de la enfermedad. Esto nos permitirá enfocar futuras investigaciones, lo que podría conducir a tratamientos más efectivos y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad.

La vida de Anna se empezó a derrumbar cuando tenía tres años. Su madre y su abuelo murieron, su padre se marchó para no volver, y ella y su hermano quedaron al cuidado de su abuela. Empezaba una “mala racha” que duraría casi una década. Pero a Anna las ansias por aprender le habían acompañado desde que nació. Su ilusión por los estudios lo impregnaba todo y volcarse en ellos le servía de “vía de escape”. Estudiante excelente, también sentía que las (buenas) notas eran una manera de ver recompensado su esfuerzo. Sin embargo, cuando estaba a las puertas de la universidad comenzó a sentir que la magnitud de su empeño no iba a ser correspondido “por parte del Estado, por la sociedad”, y la frustración creció en ella.

Mar, alumna también excelente, se encontraba en la misma etapa educativa cuando comenzó a asumir, también desde la frustración, que, si quería ir a la universidad y cumplir su sueño de estudiar Derecho, tendría que hacer la carrera en más años de los habituales. Debido a la situación económica de su familia, encabezada únicamente por su madre, se vería obligada a trabajar a la vez que cursaba el grado para poder contribuir en casa.

Anna y Mar forman parte de esas estadísticas que dibujan un periplo educativo como una carrera de obstáculos para las personas nacidas en una familia humilde en España. Anna y Mar, dicen los datos, partían, de base, con un 48,8% de posibilidades de repetir curso entre Primaria y Secundaria. El riesgo que tenían de acabar abandonando los estudios se encontraba entre el 20 y el 40%. Son dos de ese 30% de los jóvenes que van a la universidad, pero no tienen ningún progenitor con un empleo “de prestigio y bien remunerado” y podrían haber formado parte de ese 15% de universitarios que trabaja mientras estudia. Obtener el título les podría haber llegado a costar hasta tres veces más que a un compañero acomodado, según las estadísticas.

Por eso la abuela de Anna, a la que admira profundamente debido a su “tesón” y la madre de Mar, que tuvo que sacar adelante a sus hijos como madre soltera, sintieron que las cosas comenzaron a aliviarse cuando una fundación, en ese momento desconocida para ellas, llegó a sus vidas para asumir por completo y con creces los gastos universitarios de las jóvenes: la Fundación Dádoris.

“Creamos Dádoris debido a un doble factor: primero, somos personas a las que la vida nos ha tratado bien. Los 25 fundadores hemos podido progresar en nuestras carreras. Era un tema, primero, de gratitud. El segundo factor tenía que ver con que todos teníamos interés en que ciertos valores no se perdieran. Sentimos que la sociedad no debería dejar de valorar la importancia del talento, la necesidad del esfuerzo, y la generosidad”, cuenta Pedro Alonso Gil, presidente de la fundación.

Afirma Gil que, si bien actualmente buena parte de la opinión pública presenta una visión crítica respecto a la meritocracia, pues “no funciona perfectamente y hay personas que toman muchos atajos infames”, para otras “no hay alternativa”: “Para ellos, de momento, ese es el único camino. Los que tienen relaciones personales encuentran otros. El tío de tal, que es amigo de… Pero estos otros jóvenes no tienen ese agarradero”.

Llevar a la práctica el concepto de “cadena de favores”

La premisa de su iniciativa, que inició en 2018, era la siguiente: buscar a estudiantes “brillantes”, pero con severos problemas para poder continuar con éxito sus estudios, para, gracias a la ayuda de mecenas y de voluntarios que sostendrían el proyecto, asegurarles holgadamente unos buenos estudios universitarios. Como la fundación no tendría plantilla a la que pagar –las personas implicadas trabajarían de forma voluntaria–, ni necesidad de invertir en administración o marketing, todo el dinero invertido en Dádoris iría íntegramente a estos alumnos.

También decidieron que no obtendrían recursos públicos de ningún tipo y que el 100% de sus ingresos provendrían de la sociedad civil. Ninguna de las donaciones de las diferentes personas físicas o jurídicas implicadas podría representar más de un 7%-8% del total de los fondos para poder así garantizar ser independientes y la estabilidad del proyecto –que la retirada de un patrocinador no tumbase el proyecto–. Así fue: el primer año eran unos pocos voluntarios, alrededor de 30 donantes, y cinco alumnos premiados. Este año ya son 256 voluntarios, más de 600 donantes y se ha premiado a 76 alumnos.

Operan desde el concepto de “cadena de favores”, por lo que, en el caso de aceptar el premio, los jóvenes se deben comprometer a realizar alrededor de 50 horas de voluntariado por año. Además, se espera de ellos (aunque no se les obliga) que cuando terminen sus estudios ayuden a otros alumnos que se puedan encontrar en una situación similar. “Les decimos que no nos tienen que dar las gracias a nosotros, porque lo estamos haciendo en agradecimiento a los valores y al apoyo que hemos recibido de nuestros padres, y con eso hemos cumplido nuestra deuda. Ellos, en el caso de tener una deuda, no es con nosotros, sino con los chavales que dentro de 20 o 30 años puedan necesitar una mano amiga. Es un tema de sostenibilidad”, asegura Alonso Gil.

Por la fundación han pasado muchos perfiles con un alto riesgo de exclusión social, como personas que crecieron en hogares de acogida, jóvenes cuyas familias llegaron a España en patera u otros pertenecientes al colectivo gitano, como uno de los premiados, que, aseguran, va camino de convertirse en el primer juez gitano del país.

Otro perfil destacado es el de Amina Ashkat, una joven que vino con 12 años a España junto a su madre y a su hermano desde Kazajistán. “Esta chica está ahora en 4º de carrera en la [Universidad] Carlos III [de Madrid] estudiando Ingeniería Física y ha creado una asociación que está presente en 40 países llamada Girls IN STEM (como se conoce a los estudios de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es empoderar a niñas para que se unan a diversos campos de la ciencia, con más de 4.500 mujeres que ya han participado en sus actividades”, cuenta el presidente de Dádoris.

Requisitos que pide la fundación y recursos que ofrece

Estos premios están orientados a jóvenes que hayan cursado el Bachillerato en España, con talento y resultados brillantes (media de sobresaliente, rebasando el 9,5), ambición para acceder a estudios universitarios y centros de excelencia y cuyos ingresos familiares no rebasen el Umbral 1 de la Administración (alrededor de 5.500 euros de ingresos anuales por miembro de la unidad familiar). También podrían optar a ello, excepcionalmente, aquellos estudiantes que ya estén cursando una formación superior, que estén teniendo resultados excelentes, pero a los que les estén sobreviniendo situaciones económicas negativas que les estén impidiendo terminar sus estudios. La convocatoria para los siguientes premios se abrió el 3 noviembre y se cerrará a finales de febrero del año que viene.

Los premiados reciben hasta 9.000 euros al año (según el caso) para alojamiento, manutención, consumos domésticos, transporte, material académico requerido, etc., y otros recursos como un tutor (que atenderá sus necesidades académicas), un mentor (que le ayudará en su integración en el mundo universitario, le orientará y se encargará de su seguimiento y de darle apoyo), y formación complementaria (cursos de idiomas, Erasmus, prácticas, trabajo en compañías de primera categoría...).

“Hay chicos y chicas que proceden de familias desestructuradas o con problemas, y cualquier joven cuando tiene dificultades a donde recurre es a su familia o a su entorno. Pero aquí hay veces que la familia no es que no les quiera ayudar, sino que no puede. La mayoría de ellos son los primeros universitarios de su familia, por lo que no tienen referencias de este tipo. El tutor hace una labor de orientación”, explica Aurelio Medel Vicente, voluntario y tutor de la fundación. 

Una forma de romper ciclos de pobreza

Tras estudiar la carrera de Filosofía, Política y Economía en la Francisco Vitoria de Madrid, Anna se encuentra trabajando en una consultoría, en el departamento de Sostenibilidad. Eligió esta carrera y este departamento porque, asegura, necesita tener un enfoque holístico del mundo. Su vida ha cambiado radicalmente. Le provoca “un sentimiento de injusticia horrible” que haya personas que no puedan acceder a un buen futuro por sus circunstancias económicas y, afirma, eso le sirve como impulso para contribuir ella también en las próximas décadas a mejorar esa situación: “Si me quedase solo en la rabia sería una persona triste toda mi vida, así que prefiero intentar aportar algo también”.

Mar Campos, tras elegir Derecho por considerarlo una “labor social” —una abogada, dice, cumple casi la función de “psicóloga” al solucionarle muchos quebraderos de cabeza a las familias—, y después de pasar por la Universidad de Oxford, se encuentra realizando el máster de acceso a la abogacía. Se imagina el futuro en un despacho internacional. Asegura que se siente privilegiada, ya que “las situaciones injustas se dan en muchas ocasiones”, y su voluntad es dar a conocer la fundación y seguir ayudando. Agradece la paz mental que ha podido tener durante la carrera, que le ha permitido disfrutarla “al 100%” al no haberse tenido que dedicar a la vez a trabajar para contribuir económicamente en su familia.

Alonso Gil recuerda una de las conversaciones que tuvo hace poco con algunos de los premiados que, asegura, resume el espíritu de Dádoris —nombre que proviene del sustantivo de “dar” en portugués (dador), creado por el poeta y ponedor de nombres Fernando Beltrán—: “El otro día les decía: 'Llegará un momento en el que tendréis cuarenta años y muchas responsabilidades. A lo mejor ya estaréis pagando la hipoteca y tendréis un nivel de vida en el que os parecerá que ser socio del club de campo, jugar al golf, viajar, o la tarjeta oro, es algo esencial, y pensaréis que de dónde vais a sacar cien euros para ayudar. Bueno, ese será vuestro dilema: si queréis seguir ayudando o no. Pero en ese momento acordaos simplemente de cómo os sentisteis el día en el que os dijeron que ibais a poder seguir estudiando. Cuando alguien que no os conocía de nada os dijo: apostamos por vosotros'”.

La expedición del título universitario es un trámite ineludible para demostrar que se han superado los estudios. Pero no es gratuito: cada nivel de estudios exige un pago de tasas concreto fijado por las comunidades autónomas. Los precios oscilan entre 115,25 euros para el grado en Castilla-La Mancha hasta los 287,25 euros que acreditan el doctorado en Navarra.

En las siguientes tablas puedes consultar el coste de las tasas en cada centro educativo en grados, máster y doctorado.

Por fin. Como si de una carrera de obstáculos se tratase, te aproximas a la línea de meta: la titulación universitaria. Ya te visualizas en la graduación, celebrando con tus compañeros el cambio de etapa, descorchando la entrada al mundo laboral. Has logrado ir aprobando todo, con más o menos dificultades. Un curso. Otro. Tercero. Cuarto. Crédito a crédito, matrícula a matrícula. Entregas el Trabajo de Fin de Grado. Lo defiendes. Ya está, eres oficialmente titulado o titulada. A falta de un pequeño detalle: pagar.

En España, una vez finalizados los estudios es necesario solicitar la expedición del título en cuestión: de grado, máster, doctorado, etc. No basta con un certificado académico (gratuito) que demuestre que todos los créditos han sido superados.

Los precios para conseguir un título en las universidades públicas varían en función de la titulación y la comunidad autónoma. Las tasas se sitúan entre 115,25 y 218,15 euros, con Castilla-La Mancha como la autonomía con la tasa más baja, y Catalunya como la que tiene un coste mayor. De media, cada graduado o graduada paga 170 euros por su título —un papel con los datos del solicitante, el nombre de la titulación y la firma de la universidad en representación del rey Felipe VI—.

¿Por qué ese precio?

Son las comunidades autónomas las que fijan las tasas de expedición de títulos oficiales. Pero no solo. Las autonomías también determinan los precios de la matrícula en las universidades públicas, así como de las tasas de los exámenes de la EVAU o de secretaría, entre otros.

Esta decisión radica en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. En concreto, en su artículo 57.4.b), que recoge que “los precios públicos y derechos serán fijados por la Comunidad Autónoma o Administración correspondiente, dentro de un marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos”.

Así pues, cada autonomía publica el decreto correspondiente en su boletín autonómico. Por ejemplo, Catalunya, que es la comunidad con mayores tasas de expedición en el caso de los grados universitarios, lo fija en los anexos de su decreto 113/2024, de 18 de junio.

La Generalitat, preguntada por elDiario.es, argumenta que “los precios públicos se fijan de forma que, como mínimo, cubran los costes originados por la prestación de los servicios o por la realización de las actividades gravada”. “En este sentido, el precio de este servicio se basa en una estimación de los costes que supone para la universidad la emisión de los títulos oficiales, costes tanto directos como indirectos”, añade un portavoz.

Entre estos importes se incluye tanto el coste de la impresión, como el tiempo estimado que el personal dedica a la gestión del proceso para la entrega del título solicitado (seguimiento del pago, emisión del resguardo del título y/o certificado supletorio del título, gestión y envío de la información al Ministerio para el registro nacional del titulado, recepción y firma física de los títulos, conservación de los títulos en condiciones determinadas de seguridad, etc.), y demás gastos indirectos que pueda implicar (adquisición de equipamiento, suministros, etc.).

En esta línea, defienden que la Administración del Estado “estaría trabajando en la generación de un modelo de título electrónico que debería permitir simplificar una parte del proceso y, previsiblemente, reducir sus costes”. Y matizan que el Govern de la Generalitat “lleva cuatro años consecutivos aplicando rebajas en el precio público por crédito”.

Consulta el precio de las tasas para grados, máster o doctorado

En el siguiente buscador se puede consultar el importe de expedición para grados universitarios en función de la universidad. Aunque, de acuerdo a los decretos autonómicos, este no variará entre los centros de una misma región. Tras la comunidad catalana, Castilla y León y Murcia son los lugares con tasas más altas.

En el caso de los títulos de máster, el centro con tasas más elevadas es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que cuenta con numerosas sedes en el territorio español y cuyo valor es de 242,02 euros. Por el contrario, son las universidades de Galicia las que requieren un menor gasto para este trámite, con 123,10 euros.

Los títulos oficiales más caros son los doctorados. En Navarra son necesarios 287,25 euros para completar la gestión. De nuevo, es en Galicia donde el precio es menor (aunque con un aumento considerable respecto al de los títulos de máster): 183,10 euros.

No hay becas para esta tasa

Existen determinadas ayudas económicas destinadas a mitigar los gastos de las matrículas académicas. La más común, la conocida como beca MEC, que proviene del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes , que cuenta con diferentes tipos de ayuda, desde una matrícula gratuita hasta una cuantía fija asociada. También las propias comunidades autónomas destinan un presupuesto a financiar becas.

Sin embargo, no hay beca que cubra la tasa de la expedición de títulos oficiales. Un alumno o alumna que haya superado su carrera universitaria con ayudas económicas tendrá que enfrentar el pago final para poder acreditar su graduado, máster o doctorado.

Sí hay ciertas deducciones. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para familias numerosas, además de la exención para las personas con discapacidad. Además, el o la estudiante con mejor nota de cada titulación obtiene un premio extraordinario y no paga el título.

¿Qué pasa si no pago el título?

Has superado todos tus créditos, trabajo de fin de grado incluido, pero no quieres pagar el título. ¿Qué pasa? Que no habría forma de demostrar que eres graduado de forma oficial.

Cualquier nivel de estudios no obligatorios requiere un certificado oficial para acreditar la finalización de dichos estudios. Los títulos universitarios oficiales en España los otorga la Administración del Estado y es la forma de acreditar los estudios concluidos cuando lo pide cualquier empresa o administración donde se quiera trabajar, o para acceder a estudios de nivel superior.

PP y Vox han decidido eliminar el requisito de ingresos familiares bajos para acceder a las becas universitarias complementarias en Extremadura y han aprobado un cheque guardería de 200 euros al mes que beneficiará a las familias que lleven a sus hijos a centros públicos y privados, incluso aunque estos no cuenten con la autorización de la Consejería de Educación.

En concreto, el consejo de gobierno ha dado luz verde a las becas para los gastos de residencia de universitarios del curso 2023-2024, que ascienden a 2.500 euros por estudiante y que no tendrá límite de renta para acceder a ellas. El criterio “prioritario” será el rendimiento académico, ha apuntado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

Se trata de ayudas complementarias pero ahora están dirigidas a los alumnos que se hayan quedado fuera de las que concede el Ministerio de Educación, que sí tiene en cuenta umbrales de renta. Al eliminar este criterio, el Gobierno de PP y Vox asegura que se compensa “el gran esfuerzo que muchas familias realizan para que sus hijos estudien fuera de casa”.

En este sentido, Bazaga ha expuestos dos ejemplos. Según ha dicho, las becas del Ministerio dejan fuera “en muchos casos” a hijos de autónomos “que por la facturación de las empresas no pueden llegar o hijos de agricultores y ganaderos que por su patrimonio tampoco pueden acceder”.

Sin embargo, con las nuevas bases reguladoras de estas ayudas deja de tener sentido la complementariedad que tenían como objetivo estas becas. Es decir, hasta ahora estaban dirigidas a los estudiantes universitarios que también recibían la beca estatal, un suplemento económico motivado por los bajos ingresos familiares. El Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara introdujo en las ayudas complementarias de 2021 el requisito de nota media, por lo que desde ese año en Extremadura había dos modalidades de becas: por rendimiento académico, dotada entre 250 y 400 euros según la nota, y otra ligada a la renta con una cuantía fija de 500 euros. Si el solicitante cumplía los dos requisitos, la cuantía se sumaba.

La finalidad de estas becas complementarias es la de sufragar los gastos de residencia fuera del domicilio familia para realizar estudios de grado en la Universidad de Extremadura o en cualquier universidad pública del territorio español siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura.

Menores de 2 a 3 años con cuenta bancaria

Por otro lado, el consejo de gobierno también ha aprobado el cheque guardería: ayudas de 200 euros al mes durante un año para financiar la escolarización en centros públicos y privados, y también en centros no autorizados de alumnos de 2 a 3 años. Según la Junta , alrededor de 7.000 familias se verán beneficiadas de esta medida, cuyo objetivo es “apoyar a madres y padres” en el cuidado de los niños, aliviar la carga económica de las familias y fortalecer la idea de la escolarización de los más pequeños, ha explicado la portavoz del Ejecutivo extremeño, que ha destacado que las familias tendrán “libertad absoluta” a la hora de elegir la guardería.

En el caso de los menores en centros infantiles autorizados -autonómicos, municipales y privados autorizados- las familias recibirán trimestralmente la ayuda en una cuenta bancaria en la que el menos deberá ser cotitular y contar con DNI o NIF. El presupuesto es de 3,4 millones y está gestionado, en este caso, por la Consejería de Educación.

Esta misma ayuda también llegará a las familias que opten por centros privados no autorizados, muy presentes en zonas rurales, y el dinero llegará directamente al centro, por lo que las familias sólo deberán abonar el resto del importe. La gestión de estas ayudas será competencia de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y se destinan otros 3,4 millones de euros.

La Consejería de Educación y Empleo ha concedido 921 becas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma por un total de 1.368.000 euros. El objetivo de estas ayudas es la financiación parcial de los gastos corrientes derivados de la realización de enseñanzas presenciales que conduzcan a la obtención de un título universitario oficial de Grado o Máster que habilite o sea condición necesaria para el ejercicio de profesión regulada.

De las 921 becas concedidas para el curso 2023/2024, 909 se otorgan por un importe de 1.500 euros y las 12 restantes por 375 euros, al tratarse de estudiantes que realizan el Trabajo Fin de Grado / Máster o se encuentran en el último curso de la titulación y están matriculados en menos de 30 créditos. 

63.700 euros más que la convocatoria anterior

Respecto a la convocatoria anterior, la Consejería de Educación y Empleo ha aumentado el importe destinado este curso en más de 63.700 euros y ha elevado el 20% el umbral de renta de la unidad familiar, con la finalidad de beneficiar a más estudiantes y paliar el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) al que han tenido que hacer frente las familias riojanas. 

Para poder optar a estas becas, los alumnos deben estar realizando estudios que no se impartan con carácter presencial en La Rioja o no haber obtenido plaza en enseñanzas disponibles de forma presencial en la región por no alcanzar la nota de corte el curso académico en el que iniciaron sus estudios. Entre las condiciones para la concesión de las mismas se establecen requisitos académicos, como las calificaciones medias y los porcentajes de créditos aprobados, así como económicos en función de aspectos como la renta y el patrimonio.

Entre la invisibilitat i l'apoderament. L'alumnat gitano de la Universitat de València. Aproximació qualitativa a la realitat. Així és com es diu l'estudi que s'ha presentat a la Facultat de Ciències Socials en commemoració del Dia del Poble Gitano, celebrat el 8 d'abril passat.

La principal dificultat d'accés a estudis universitaris recau sobre els recursos econòmics de l'entorn familiar, però també hi influeixen altres aspectes com la manca de referents familiars que hagen cursat estudis superiors i la pressió de mantenir una nota i no perdre la beca per no abandonar la carrera.

Aquestes dades estan en sintonia amb l'estudi que es va realitzar el 2021: “En aquesta investigació s'ha posat el focus en la perspectiva de gènere, ja que s'ha constatat més presència de dones gitanes a la universitat. Va ser interessant abordar el fet que no es coneixien i provenien de diferents llocs ”, expliquen els ponents.

La degana de la Facultat de Ciències Socials, Elena Mut, va insistir que, des de la Universitat de València, cal implicar-se en la integració de molts col·lectius i buscar eines que siguen inclusives i integradores. “S'ha produït un miratge que l'accés a la universitat és a l'abast de qualsevol i no és així. La classe social juga un pes molt important a l'hora de poder estudiar”, destaca.

Amb això, afegeix que els estudis realitzats demostren que la situació està molt llunyana de la desitjada: “L'estudiantat gitano mostra un enorme esforç per arribar fins ací. Amb les anàlisis hem volgut representar els elements que intervenen en aquesta minoria que ha pogut accedir, així com el seu context sociofamiliar i educatiu. Volem que la classe social, l'edat o el sistema sexe-gènere no siguen un impediment”.

Sylvia Martinez Gallego, vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, ressalta que aquestes investigacions s'han pogut dur a terme amb el suport i la col·laboració de la Generalitat Valenciana mitjançant programes com Kumpania, servei que es va crear el 2019 amb motiu de millorar la situació socioeducativa de les infàncies i la joventut gitana.

Metodologia

Sobre la mostra escollida, el professor de sociologia Francisco Torres, un dels autors de l'estudi, explica que no hi ha dades estadístiques sobre el nombre d'universitaris gitanos, ja que infringiria la Directiva 2000/43/CE del Consell que impedeix elaborar qualsevol cens per motius d'ètnia o de religió.

“Hem fet una aproximació amb els 10 participants que van decidir formar part de la investigació. Cal destacar que va ser molt difícil trobar professorat que volgués participar. Busquem entre més de 25 i tots ens deien que mai no havien tingut algú d'ètnia gitana a classe”, manifesta.

Seguint en aquesta línia, la professora ajudant doctora al Departament de Sociologia i Antropologia Social, Yaiza Pérez, va subratllar que van trobar l'alumnat a través del mètode bola de neu (tècnica de mostreig en què els contactes van buscant persones que encaixen en la investigació), i que posteriorment, es van realitzar entrevistes grupals i individuals.

Barreres a què s'enfronten

El col·lectiu gitano és cada cop més heterogeni, i per tant, cada estudiant adopta un rol dins les aules: n'hi ha que prefereixen mantenir-se en l'anonimat (no expressar obertament la seua ètnia) i impedir qualsevol tipus de discriminació; i d'altres que adopten un sentit d'apoderament i de visibilitat sobre la seua cultura.

Una altra qüestió que reivindica l'estudiantat gitano és la manca d'informació durant el primer curs sobre els recursos a què poden accedir i el funcionament de la institució. Destaquen que estan trencant els esquemes dins de la cultura gitana en ser la primera generació que cursa estudis universitaris.

Respecte l'anterior, des de la Universitat de València s'impulsen ferramentes com el Servei d'Informació i Dinamització (Sedi), que ofereix suport i assessorament a l'estudiantat de qualsevol carrera, igual que el programa Baula que pretén formar i acompanyar a l'alumnat de primer curs, així com reforçar el seu vincle amb els estudis.

En el cas de les dones, afirmen que tenen una càrrega laboral i educativa superior a la que pot patir un home. Segons apareix citat a l'estudi, “se'ls assignen més responsabilitats dins del context familiar i tenen més control sobre el que poden fer o no fer. Denuncien que se senten fora de lloc tant en espais familiars, com universitaris i socials, ja que estan passant per una crisi d'identitat i estan en procés de construcció de nous models de gitaneïtat”.

R. V, graduada en el doble grau de Dret i Ade, assegura que és la primera vegada que la convoquen, des de la Universitat de València, per acudir a una jornada sobre el poble gitano: “Allò més difícil és trencar la barrera a la primera, i més sent dona. He hagut de lluitar sola. Quan vaig entrar a la universitat estava perduda.

Afegeix que seria essencial impulsar mecanismes d'acompanyament per a col·lectius invisibilitzats. A l'estudi, l'estudiant també destaca la necessitat de crear una xarxa de suport.

A les declaracions anteriors, es va sumar una dona gitana llicenciada en el Màster d'Advocacia: “Durant la carrera de dret, vaig haver d'aguantar comentaris esterotipats per part d'alguns professors quan s'exposaven exemples de delictes. Sempre es feia servir el gitano” .

En aquest mateix sentit, els participants de la recerca assenyalen que la universitat és un lloc inclusiu i segur, però que la relació amb alguns docents era escassa perquè havien rebut tractes discriminatoris per part seua.

Entre la invisibilidad y el empoderamiento. El alumnado gitano de la Universitat de València. Aproximación cualitativa a su realidad. Así es como se llama el estudio que se ha presentado en la Facultat de Ciències Socials en conmemoración del Día del Pueblo Gitano, celebrado el pasado 8 de abril.

La principal dificultad de acceso a estudios universitarios recae sobre los recursos económicos del seno familiar, pero también influyen otros aspectos como la falta de referentes familiares que hayan cursado estudios superiores y la presión de mantener una nota y no perder la beca para no abandonar la carrera.

Estos datos están en sintonía con el estudio que se realizó en 2021: “En esta investigación se ha puesto el foco en la perspectiva de género, ya que se ha constatado mayor presencia de mujeres gitanas en la universidad. Fue interesante abordar el hecho de que no se conocían y provenían de distintos lugares”, explican los ponentes.

La decana de la Facultat de Ciències Socials, Elena Mut, insistió en que, desde la Universitat de València, es necesario implicarse en la integración de muchos colectivos y buscar herramientas que sean inclusivas e integradoras. “Se ha producido un espejismo de que el acceso a la universidad está al alcance de cualquiera y no es así. La clase social juega un peso muy importante a la hora de poder estudiar”, destaca.

Con ello, añade que los estudios realizados demuestran que la situación está muy lejana a la deseada: “El estudiantado gitano muestra un enorme esfuerzo por llegar hasta aquí. Con los análisis hemos querido representar los elementos que intervienen en esa minoría que ha podido acceder, así como su contexto sociofamiliar y educativo. Queremos que la clase social, la edad o el sistema sexo-género no sea un impedimento”.

Sylvia Martinez Gallego, vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, resalta que estas investigaciones se han podido llevar a cabo con el apoyo y la colaboración de la Generalitat Valenciana mediante programas como Kumpania, servicio que se creó en 2019 con motivo de mejorar la situación socioeducativa de las infancias y la juventud gitana.

Metodología

Sobre la muestra escogida, el profesor de sociología Francisco Torres, uno de los autores del estudio, explica que no existen datos estadísticos sobre el número de universitarios gitanos, ya que infringiría la Directiva 2000/43/CE del Consejo que impide elaborar cualquier censo por motivos de etnia o religión.

“Hemos hecho una aproximación con los 10 participantes que decidieron formar parte de la investigación. Cabe destacar que fue muy difícil encontrar profesorado que quisiera participar. Buscamos entre más de 25 y todos nos decían que nunca habían tenido alguien de etnia gitana en clase”, manifiesta.

Siguiendo en esta línea, la profesora ayudante doctora en el Departamento de Sociología y Antropología Social, Yaiza Pérez, subrayó que encontraron al alumnado a través del método bola de nieve (técnica de muestreo en la que los contactos van buscando a personas que encajan en la investigación), y que posteriormente, se realizaron entrevistas grupales e individuales.

Barreras a las que se enfrentan

El colectivo gitano es cada vez más heterogéneo, y por lo tanto, cada estudiante adopta un rol dentro de las aulas: hay quienes prefieren mantenerse en el anonimato (no expresar abiertamente su etnia) e impedir cualquier tipo de discriminación; y otros quienes adoptan un sentido de empoderamiento y visibilidad sobre su cultura.

Otra cuestión que reivindica el estudiantado gitano es la falta de información durante el primer curso sobre los recursos a los que pueden acceder y el funcionamiento de la institución. Destacan que están rompiendo los esquemas dentro de la cultura gitana al ser la primera generación que cursa estudios universitarios.

Respecto lo anterior, desde la Universitat de València se impulsan herramientas como el Servicio de Información y Dinamización (Sedi), que ofrece apoyo y asesoramiento al estudiantado de cualquier carrera, al igual que el programa Baula que pretende formar y acompañar al alumnado de primer curso, así como reforzar su vínculo con los estudios.

En el caso de las mujeres, afirman que tienen una carga laboral y educativa superior a la que puede sufrir un hombre. Según aparece citado en el estudio, “se les asignan más responsabilidades dentro del contexto familiar y tienen más control sobre lo que pueden hacer o no hacer. Denuncian que se sienten fuera de lugar tanto en espacios familiares, como univeristarios y sociales, ya que están pasando por una crisis de identidad y están en proceso de construcción de nuevos modelos de gitaneidad”.

R. V, graduada en el doble grado de Derecho y Ade, asegura que es la primera vez que la convocan, desde la Universitat de València, para acudir a una jornada sobre el pueblo gitano: “Lo difícil es romper la barrera a la primera, y más siendo mujer. He tenido que luchar sola. Cuando entré en la universidad estaba perdida. Los gitanos sentimos que es un espacio muy lejano para nosotros y el apoyo familiar es trascendental. Estamos cambiando de mentalidad”.

Añade que sería esencial impulsar mecanismos de acompañamiento para colectivos invisibilizados. En el estudio, el estudiantado también destaca la necesidad de crear una red de apoyo.

A las declaraciones anteriores, se sumó una mujer gitana licenciada en el Máster de Abogacía: “Durante la carrera de derecho, tuve que aguantar comentarios esterotipados por parte de algunos profesores cuando se exponían ejemplos de delitos. Siempre se usaba el gitano”.

En este mismo sentido, los participantes de la investigación señalan que la universidad es un lugar inclusivo y seguro, pero que la relación con algunos docentes era escasa porque habían recibido tratos discriminatorios por su parte.

La portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha anunciado que su grupo presentará alegaciones a las bases reguladoras de las becas complementarias para universitarios que ha publicado el Gobierno extremeño y en las que no se tiene en cuenta el criterio de la renta familiar.

En la Comisión parlamentaria de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Piedad Álvarez ha hecho este anuncio y ha mostrado su gran preocupación por la “deriva” de las becas complementarias universitarias de la Junta al determinar el Ejecutivo de María Guardiola que “ahora solo sean para los alumnos que tienen más de un 8 de nota, aunque sus padres ganan 100.000, 200.000 ó 300.000 euros”. Por ello, ha anunciado que presentarán alegaciones a “esa orden tan injusta, tan poco equitativa y tan poco igualitaria”.

Álvarez ha mostrado también la preocupación de su grupo por el hecho de que el modelo educativo de Guardiola se mire en “el espejo de Madrid”, a pesar de que ambas comunidades autónomas “no tienen nada que ver” y “cuyas necesidades son diferentes”.

En ese sentido, ha acusado al Gobierno de PP y Vox en Extremadura de “estar empeñado en seguir a la señora Ayuso pase lo que pase”, un modelo, “el de la café para todos de la Concertada”, que “no sirve en Extremadura”, “donde afortunada o desafortunadamente las rentas son las que son”, ha insistido.

El proyecto de orden de estas becas complementarias, que está en fase de información pública y, por lo tanto, se puede consultar en el portal de transparencia del Gobierno autonómico, recoge que ya este curso académico 2023-2024 se concederán ayudas a los universitarios que con motivo de sus estudios tengan que vivir fuera del domicilio familiar, ya sea en Extremadura u otra comunidad autónoma, y que tengan al menos un 8 en el curso académico anterior a la convocatoria.

Pero hasta ahora, estas ayudas la recibían quienes cumplieran esos requisitos y también fueran perceptores de las ayudas del Ministerio, es decir, que no superaran un umbral de renta determinado. Pero la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, considera “injusto” que un alumno consiga dos becas a pesar de su situación económica y a pesar de que las que concede la Junta de Extremadura sea complementaria, es decir, un suplemento a las del Ministerio.

De esta forma, el Gobierno extremeño considera que se premian “el esfuerzo y la capacidad”, aunque no tiene en cuenta la influencia que tiene el origen familiar en los estudios: por ejemplo, solo el 18% de quienes tienen padres sin la ESO termina la Universidad.

Recibir dos ayudas de estudio por tener unos ingresos familiares bajos es “injusto”. Eso es lo que piensan PP y Vox en Extremadura, por lo que van a eliminar el requisito de renta en las becas universitarias complementarias que concede la Junta de Extremadura y que se llaman así, precisamente, porque son un suplemento a las que concede el Ministerio de Educación a los estudiantes con bajos ingresos.

El proyecto de orden de estas becas complementarias, que está en fase de información pública y, por lo tanto, se puede consultar en el portal de transparencia del Gobierno autonómico, recoge que ya este curso académico 2023-2024 se concederán ayudas a los universitarios que con motivo de sus estudios tengan que vivir fuera del domicilio familiar, ya sea en Extremadura u otra comunidad autónoma, y que tengan al menos un 8 en el curso académico anterior a la convocatoria.

Hasta ahora, las becas estaban dirigidas a aquellos que también eran perceptores de las que da el Ministerio de Educación, que eliminó el requisito de nota media y por eso el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara lo introdujo en las ayudas complementarias en 2021. Desde ese año en Extremadura había dos modalidades de becas: por rendimiento académico, dotada entre 250 y 400 euros según la nota, y otra ligada a la renta con una cuantía fija de 500 euros. Si el solicitante cumplía los dos requisitos, la cuantía se sumaba.

Sin embargo, PP y Vox eliminarán la segunda modalidad y valorarán únicamente el expediente académico para otorgar las ayudas, sin tener en cuenta la influencia que tiene el origen familiar en los estudios: por ejemplo, solo el 18% de quienes tienen padres sin la ESO termina la Universidad.

Según el proyecto de orden de las becas complementarias, la Junta de Extremadura destinará un millón de euros a estas ayudas, el mismo importe que el año anterior, pero la cuantía se incrementa hasta los 2.500 euros. En la última convocatoria, cuando se tuvieron en cuenta los criterios de renta de las familias con menos ingresos, hubo 776 estudiantes beneficiados, pero en el plan estratégico de Educación, que también está publicado, se estima que el alumnado que podría tener derecho a obtener la ayuda sea de 350 alumnos. Esta estimación se basa en datos del Servicio de Becas de la Universidad de Extremadura, si bien la Consejería de Educación reconoce que no se puede hacer una valoración de los estudiantes de la región que estudian en otras universidades fuera de la comunidad.

Sin impuesto de Patrimonio y con becas

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha preguntado este jueves en la Asamblea a la titular de Educación por “esta perversión del concepto de beca que es una copia del del Ayuso en Madrid” porque es “difícilmente justificable” que una persona que supere los umbrales de renta y cuenta con un patrimonio de 500.000 euros pueda recibir una ayuda complementario para el estudio universitario. “Encima que pagan menos impuestos y que ya no pagan el impuesto de patrimonio, ahora les pagamos las becas”, ha denunciado el portavoz de la coalición de izquierdas.

Macías ha lamentado que no se puede ser más injusto “en una de las comunidades autónomas más pobres de España”, pero ha asegurado que PP y Vox “gobiernan para los más favorecidos y no paran de demostrarlo”, en referencia también a los cheques que entregará la Junta de Extremadura para los gastos de guardería, que incluyen a los centros privados, y para clases particulares de inglés en Secundaria.

Pero la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha justificado estos cambios en las bases reguladoras porque es “injusto” que un alumno sea beneficiario de dos becas, a pesar de las dificultades económicas para estudiar fuera del domicilio que tienen las familias con rentas bajas, mientras que otros no reciben ninguna por su esfuerzo y capacidad.

De esta forma, ha dicho que permitir que los estudiantes con buenos expedientes académicos obtengan una recompensa por su trabajo también sirve para fijar “población y talento” en Extremadura, dando por hecho que los estudiantes extremeños becados pero que estudian fuera de la región regresan a ella para su desempeño laboral y profesional. Según ha subrayado la consejera, “tan importante nos parece garantizar la igualdad de oportunidades como potenciar, retener y motivar el talento de nuestros jóvenes”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que fija los umbrales de renta que determinan quién puede recibir becas para estudiar y cuánto reciben. Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados no hay grandes novedades en el texto validado este año, por el que se invertirá prácticamente lo mismo que el pasado: 2.535 millones de euros que se repartirán un millón de beneficiarios, la mayor partida de la historia en becas. El presupuesto para ayudas a la educación ha subido desde los 1.500 millones de euros que se gastaban en 2018, cuando el Gobierno llegó al poder (una subida del 66% en seis años). Los fondos se destinan tanto a todas las etapas educativas, aunque la mayor parte son para la Universidad.

La principal novedad de este año es que el Gobierno va a elevar un 5% los umbrales de renta que fijan los límites para obtener una beca con el fin de compensar las subidas salariales registradas en los últimos meses y evitar así que más gente se quede sin beca solo porque le hayan actualizado el salario ligeramente. Aún así, el umbral 1, el más bajo, está prácticamente al límite del umbral de la pobreza: quien gane poco más que lo considerado mínimo para no ser pobre no puede optar a la beca máxima. La otra gran novedad es que se rebaja el porcentaje de discapacidad para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ANEAE) del 33% al 25% pueda solicitar una ayuda, una medida que la Ministra de Educación, Pilar Alegría, calcula que beneficiará a unas 10.000 personas. Además, se excluyen del cómputo de los rendimientos patrimoniales las subvenciones al alquiler de la vivienda habitual.

A esto se añade que, a petición del Consejo de Estado, se extiende a las víctimas de violencia sexual menores de edad la flexibilización de los requisitos académicos aplicados a las víctimas de violencia de género. Afectará a unos 2.000 alumnos y alumnas.

Por lo demás, el RD se centra en consolidar las mejoras introducidas en años anteriores: el incremento de la beca de residencia para estudiantes que cambian de localidad (de 1.600 euros a 2.500 euros) y el subsidio de 400 euros para gastos generales de alumnos con necesidades educativas especiales. A falta de confirmación oficial cuando se apruebe la convocatoria, la idea del Gobierno es que se puedan empezar a pedir a partir de finales de marzo.

Tres escenarios, tres ayudas

El sistema de becas en España contempla tres escenarios posibles, marcados por tres umbrales de renta, que dan acceso a diferentes ayudas. Así, los ingresos familiares determinan qué tipo de ayuda se recibe, si es que hay derecho a alguna, en función de unos topes para cada tramo que se decretan año a año. Pero el Gobierno estaba detectando que con la subida de los salarios registrada en los últimos meses, impulsada por el aumento del IPC y por la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), muchas familias estaban corriendo el riesgo de perder su beca, o de cambiar de umbral y perder por tanto algunas ayudas, por lo que ha decidido subir los tres umbrales un 5%.

A falta de que se publiquen las cifras oficiales, el pasado curso para una familia tipo de cuatro miembros estaban fijados en un máximo de 22.177 euros anuales para el umbral 1, que este año subiría, por tanto, hasta los 23.285 euros anuales. Todas las familias que ganen menos de esa cantidad tienen derecho a que se les cubran los costes de la matrícula universitaria, a una cuantía fija de 1.700 euros para gastos, una por rendimiento académico previo de entre 50 y 125 euros (a partir de una nota de 8) y una variable, que se calcula en base a un complicado algoritmo, que contempla un mínimo de 60 euros, además de los citados 2.500 para quien se desplace para estudiar a otra comunidad autónoma, según las cantidades recogidas en el RD del año anterior, que no van a cambiar según ha anunciado al Gobierno.

El umbral 2 estaba el pasado año en 36.421 para la misma familia de cuatro miembros, por lo que aplicado el 5% debería subir hasta 38.242 euros anuales. Este tramo, que incluye a quien gane más que el máximo del umbral 1 pero menos que este tope, da derecho a las mismas ayudas que el 1, excepto la cuantía fija para gastos (los 1.700 euros).

Por último, el umbral 3 estaba el pasado curso fijado en 40.796 euros familiares. Subirá por tanto hasta los 42.835 euros anuales para cuatro miembros en la familia y da derecho al pago de la matrícula y a la cuantía ligada a la excelencia (entre 50 y 125 euros en función de la nota).

Las condiciones para mantener las becas

En los últimos años el Gobierno ha suprimido algunos de los requisitos académicos que implantó el PP para poder mantener las becas de un año para otro, por lo que ya no hace falta nota alguna. En el caso de los estudios postobligatorios pero no universitarios (la FP de Grado Medio y Superior) basta con aprobar en el primer curso y con superar todas las materias excepto una en el segundo.

En el caso de la Universidad, para el primer curso es suficiente con aprobar el Bachillerato y a partir de 2º se exige un 65% de los créditos aprobados en las Enseñanzas Técnicas y de Ciencia, un 80% en Ciencias de la Salud y un 90% en Ciencias Sociales y Jurídicas y Artes y Humanidades. Para los másteres es suficiente con aprobar.