El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado los recursos de apelación presentados por dos vecinos de Tenerife condenados a 11 años de prisión y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que en septiembre del año pasado les declaró autores de un delito de asesinato en grado de tentativa, tras una violenta agresión ocurrida en Arona, en el sur de Tenerife.

La Sala ratifica una pena de once años de prisión para cada uno, además de la inhabilitación absoluta, las prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, la libertad vigilada posterior y la indemnización fijada en favor de los perjudicados.

El conflicto nace por una vivienda ocupada en la localidad aronera de Chayofa: los acusados querían que la víctima la abandonara y, según la sentencia, ya habían ido días antes a presionarlo para que se marchara. La propia resolución dice que el afectado les respondió algo como “¿ustedes otra vez aquí?, creí que había quedado todo arreglado”, lo que encaja con una tensión previa por ese inmueble.

La sentencia apunta a que los acusados, según la Guardia Civil, actuaban en relación con la gestión de ese tipo de viviendas y de su “okupación y desokupación violenta”, y que el lesionado estaba ocupando la casa y se negaba a abandonarla.

También se menciona que uno de los testigos explicó que la víctima vivía en una de esas viviendas pagando 300 euros al mes, y que los acusados habrían ido a recuperar o controlar el inmueble por la fuerza.

Según los hechos probados, ambos procesados actuaron de común acuerdo, y en la tarde noche del 14 de febrero de 2023, atacaron por sorpresa a la víctima cuando salía de una vivienda ocupada, golpeándola en la cabeza con un objeto contundente y continuando la agresión cuando ya estaba en el suelo e indefenso.

La sentencia describe lesiones de extrema gravedad, con riesgo vital, varias intervenciones quirúrgicas y secuelas físicas y psíquicas relevantes. Apunta además el fallo que los acusados también golpearon a la hija del lesionado, cuando esta, testigo de los hechos, intentó que cesaran su agresión.

La Sala rechaza las alegaciones de falta de prueba y vulneración de la presunción de inocencia, al considerar que existió prueba testifical, pericial, documental e indiciaria suficiente para sostener la condena. También avala la calificación jurídica de tentativa de asesinato al apreciar ánimo homicida y alevosía, al tratarse de un ataque sorpresivo, coordinado y ejecutado sobre una víctima sin posibilidad real de defensa.

Asimismo, el tribunal entiende proporcionada la pena impuesta y confirma la responsabilidad civil, que incluye una indemnización de 250.000 euros para la víctima principal, 1.000 euros para la otra perjudicada y la compensación de las secuelas que se determinen en ejecución de sentencia.

La resolución añade la deducción de testimonio por si alguno de los testigos hubiera incurrido en falso testimonio.

El Ayuntamiento de Barcelona realojará a 14 vecinos afectados por la reforma urbanística del barrio de Vallcarca en diversos puntos de la ciudad de Barcelona. Seis personas irán a parar a la Casa Orsola, el edificio del Eixample que se ha convertido en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda tras ser comprada por el Ayuntamiento para evitar la expulsión de sus habitantes.

Esta solución se da después de seis meses de mediación del Síndic de Greuges de Barcelona (Defensor del Pueblo) entre el consistorio y los vecinos, que llevan años ocupando dos fincas y una nave industrial de titularidad municipal. Estos terrenos están afectados por la reforma urbanística que hace años está aprobada en el barrio que derruirá estos inmuebles para edificar una Rambla Verde, equipamientos deportivos y de ocio, así como una promoción de viviendas. De esas, 500 serán alquileres sociales, pero todavía tardarán años en estar disponibles.

La mediación del síndic David Bondia -quien también medió en el caso de la Casa Orsola- ha dado una solución habitacional a 14 de las 30 personas que ocupan las fincas. De ellos, 28 tenían derecho a realojo en viviendas de inclusión, mientras que las otras dos eran personas que no estaban en situación de vulnerabilidad. Según ha asegurado Bondia, las personas que no serán realojadas es porque no han aceptado la propuesta de la Sindicatura.

Por su parte, desde la entidad Som Barri, han querido matizar que quienes no han aceptado lo han hecho porque las “ofertas no satisfacían sus realidades personales porque les obligaban a desmembrarse como familias y porque no tienen en cuenta el arrelamiento en el barrio y les obligan a desubicarse de su entorno”, tal como ha declarado a medios Esther Murillo, abogada de la entidad.

Es cierto que ninguna de las soluciones encontradas por el Síndic están en Vallcarca, algo que le “hubiera encantado”, según palabras de Bondia. “Pero no no hay disponibilidad” de pisos en la zona, asegura. “Hemos ofrecido todo lo que hemos encontrado. Estamos muy contentos porque empezamos sin tener nada y hemos conseguido 28 soluciones en esta ciudad que es Barcelona”, ha remachado el defensor del pueblo.

Los que no han aceptado son una familia de ocho personas: una pareja con dos hijos y sus correspondientes suegros; así como ua pareja con dos hijos y dos personas de edad avanzada. Bondia confía que los “puentes tendidos” puedan acabar dando solución a las personas que no han aceptado la propuesta. Igualmente, asegura que todas esas personas “siempre” han estado acompañadas por Servicios Sociales y entidades del barrio. “Nadie, y mucho menos los menores, se quedarán desamparados”, ha añadido.

Los seis que se mudarán a la Casa Orsola conforman una familia con cuatro hijos. También hay otra de cinco formada por una pareja, los abuelos y un menor que irá a Torre Baró, y una más de tres personas que van al Gòtic. El realojo será a cambio del pago de un alquiler social y el compromiso del Ayuntamiento de mantener el seguimiento de Servicios Sociales.

Un conflicto enquistado

Las fincas afectadas fueron expropiadas por el Ayuntamiento en 2015 y, desde entonces, se mantuvieron vacías. Diversas entidades del barrio, en vista de que el proyecto urbanístico no empezaba y que esas viviendas no estaban siendo usadas, decidieron abrir los pisos y ponerlos a disposición de familias vulnerables, sobre todo de aquellas que tuvieran niños pequeños o estuvieran formadas por personas mayores. La mayoría de ellos venían de procesos de desahucio y algunos, incluso, habían llegado a vivir en asentamientos de chabolas como el que fue desalojado por el Ayuntamiento el pasado mayo.

El conflicto en el barrio hace años que dura. Si bien el inicio del plan urbanístico data de la primera legislatura de Colau, el proyecto se quedó en un cajón que no se volvió a abrir hasta marzo de 2025, ya con Collboni al frente de la alcaldía. El nuevo Gobierno municipal se propuso recuperar los edificios afectados recurriendo al procedimiento administrativo.

Se trata de un proceso largo, pero se aceleró con un incendio que hubo una noche en las barracas y a raíz del cual, los Bomberos decretaron el espacio como infravivienda con “riesgo inminente”. Eso les dio la oportunidad de entrar y desalojar sin previo aviso.

En el caso de los dos edificios, el procedimiento siguió su curso habitual y, después de una inspección, fueron calificados también de infravivienda. Con esto, los expedientes quedaron cerrados y se pidió a los vecinos abandonar sus casas de manera voluntaria. Algunos lo hicieron, pero otros se negaron a irse. En julio, el Ayuntamiento programó un desalojo que no se llegó a llevar a cabo debido a la presión vecinal.

Cinco llamadas, cinco mails y dos consultas a través de la página web. Es el balance de la acciones de la oficina antiokupación de València en sus primeros siete meses de vida, unos datos que apuntan que la actividad no termina de despegar. El departamento, adscrito a la Central de la Policía Local, apenas atiende una docena de casos en medio año, una cifra irrisoria en una ciudad de 840.000 habitantes en la que la alcaldesa considera que es un problema a abordar.

El nuevo departamento inició su actividad en junio del 2025 para centralizar las consultas sobre ocupación irregular y morosidad en alquileres. Ni el consistorio ni la Policía Local han realizado aún un balance de la actividad, pero esta se puede conocer a través de las respuestas que da el Ayuntamiento a los concejales de la oposición. La última, a preguntas del concejal de Compromís Ferran Puchades, detalla la actividad en los dos últimos meses del año. En concreto, en noviembre, en materia de usurpación la oficina recibió una llamada telefónica y correo electrónico; en materia de morosidad en el pago del alquiler, la oficina recibió una llamada telefónica y correo electrónico. La concejalía delegada de Policía Local que encabeza Jesús Carbonell no aportó datos del mes de diciembre en la respuesta, que está fechada en febrero de este año.

No obstante, el departamento de Carbonell apunta que la Policía recibe consultas por otras vías. Señala que la Sala 092 -el teléfono de atención- ha gestionado desde la creación de la oficina 615 intervenciones relacionadas con llamadas por ocupaciones o entradas ilegales en viviendas de la ciudad de València. Para el consistorio, estos datos “pone(n) de manifiesto que existe inquietud social sobre este fenómeno pero desconocimiento sobre las herramientas puestas a disposición de la ciudadanía”. La Sala 092 ya trabaja conjuntamente con la Oficina Antiocupación “para canalizar a esta última la información para su gestión y seguimiento”, afirma la concejalía de Polcía Local.

El consistorio encalomó esta oficina a la Policía Local, ubicada en la sección administrativa de la central. La oficina se integra en las dependencias de la central y cuenta con dos agentes que coordinan las denuncias de las comisarías, de la policía de barrio -la UPIC-, un teléfono y un mail específico. Implica tener a un oficial y un agente en un despacho para atender llamadas y correos electrónicos y prevé que hasta 10 policías de calle puedan pasar a reforzar el servicio, si fuera necesario. Los funcionarios están adscritos a los servicios jurídicos y realizan otras tareas.

Los propios datos proporcionados por la Policía Local ya apuntaban a una rebaja importante de las actuaciones relacionadas con la ocupación de viviendas. El comisario principal Fernando Giménez Oñate, quien coordina todas las comisarías de la ciudad, apuntó que las intervenciones habían pasado de 474 a 83 en dos años. Giménez Oñate, el número dos del Cuerpo, dijo en la presentación de la oficina que la Policía Local aboga por el trabajo de mediación y pedía tener en cuenta el problema de la vivienda en la ciudad. “La vivienda está disparada, la gente tiene que vivir en algún sitio”, consideró.

Cinc telefonades, cinc correus electrònics i dues consultes a través de la pàgina web. És el balanç de les accions de l'oficina antiocupació de València en els seus primers set mesos de vida, unes dades que apunten que l'activitat no acaba d'arrencar. El departament, adscrit a la Central de la Policia Local, només ha atés una dotzena de casos en mig any, una xifra irrisòria en una ciutat de 840.000 habitants en què l'alcaldessa considera que és un problema a abordar.

El nou departament va iniciar la seua activitat el juny del 2025 per centralitzar les consultes sobre ocupació irregular i morositat en lloguers. Ni el consistori ni la Policia Local han realitzat encara un balanç de l'activitat, però aquesta es pot conèixer a través de les respostes que dóna l'Ajuntament als regidors de l'oposició. L'última, a preguntes del regidor de Compromís Ferran Puchades, detalla l'activitat en els dos últims mesos de l'any. En concret, al novembre, en matèria d'usurpació l'oficina va rebre una cridada telefònica i un correu electrònic; en matèria de morositat en el pagament del lloguer, l'oficina va rebre una telefonada i un correu electrònic. La regidoria delegada de Policia Local que encapçala Jesús Carbonell no va aportar dades del mes de desembre en la resposta, que està datada al febrer d'aquest any.

No obstant això, el departament de Carbonell apunta que la Policia rep consultes per altres vies. Assenyala que la Sala 092 -el telèfon d'atenció- ha gestionat des de la creació de l'oficina 615 intervencions relacionades amb trucades per ocupacions o entrades il·legals en habitatges de la ciutat de València. Per al consistori, aquestes dades “posen de manifest que hi ha inquietud social sobre aquest fenòmen però desconeixement sobre les eines posades a disposició de la ciutadania”. La Sala 092 ja treballa conjuntament amb l'Oficina Antiocupació “per canalitzar a aquesta última la informació per a la seua gestió i seguiment”, afirma la regidoria de Policia Local.

El consistori va encomanar aquesta oficina a la Policia Local, ubicada en la secció administrativa de la central. L'oficina s'integra en les dependències de la central i compta amb dos agents que coordinen les denúnces de les comissaries, de la policia de barri -la Upic-, un telèfon i un correu electrònic específic. Implica tindre un oficial i un agent en un despatx per atendre telefonades i correus electrònics i preveu que fins a 10 policies de carrer puguen passar a reforçar el servei, en cas de ser necessari.

Les pròpies dades proporcionades per la Policia Local ja apuntaven a una rebaixa important de les actuacions relacionades amb l'ocupació d'habitatges. El comissari principal Fernando Giménez Oñate, el qual coordina totes les comissaries de la ciutat, va apuntar que les intervencions havien passat de 474 a 83 en dos anys. Giménez Oñate, el número dos del Cos, va dir en la presentació de l'oficina que la Policia Local advoca pel treball de mediació i demanava tindre en compte el problema de l'habitatge a la ciutat. “L'habitatge està disparat, la gent ha de viure en algun lloc”, va considerar.

El Bisbat de Mallorca ha acudit als tribunals per a instar el desallotjament d'una família amb dos menors d'edat que resideix en un antic restaurant situat en el cim de na Burgesa, serra muntanyenca situada als afores de Palma. El local, pertanyent a la diòcesi, roman tancat al públic des de fa anys.

Després que Diario de Mallorca informés dels fets, la institució eclesiàstica ha fet públic un comunicat en què assenyala que l'edifici és propietat de la Parròquia de la Transfiguració del Senyor de Gènova i forma part d'un conjunt religiós protegit que inclou “un santuari, una capella i la imatge venerada de la Mare de Déu”, la qual cosa el converteix en “un lloc de culte i d'especial significat espiritual per a la comunitat i per al veïnat”.

A la seva nota, la diòcesi sosté que el local, que fa anys operava com a restaurant sota el nom Miranda Na Burguesa, “no aplega els requisits bàsics exigits per ser utilitzat com a habitatge”, atès que, al·lega, no disposa d'instal·lacions sanitàries adequades i manca de “condicions estructurals mínimes d'habitabilitat i de serveis essencials que garanteixin la salut i seguretat”.

Així mateix, assevera que a les seves immediacions existeixen infraestructures tècniques -com ara tendits i equips elèctrics d'alta tensió i cablejats auxiliars- que “no són compatibles amb l'ús residencial” i que, per la seva naturalesa -al·lega el Bisbat-, “poden comportar riscos per a la integritat física de les persones, especialment dels menors d'edat implicats”.

La cúria diocesana assegura que, en col·laboració amb els serveis municipals, treballa “activament en la conservació i preservació d'aquest espai”, així com en l'estudi d'alternatives que “permetin recuperar l'ús adequat del local, conforme a la seva naturalesa i en coherència amb l'entorn religiós al qual pertany”.

“Des del moment en què es va tenir coneixement de la presència d'aquestes persones, que van accedir a l'immoble malgrat trobar-se degudament tancat i delimitat, es va establir comunicació regular amb elles i s'ha vingut realitzant un seguiment continu, a través dels serveis socials diocesans, tractant d'atendre la seva situació concreta amb sensibilitat i responsabilitat”, subratlla la institució, que incideix en què, “lamentablement, malgrat les propostes alternatives i solucions ofertes de forma reiterada per les autoritats competents i pels equips socials del Bisbat, la persona adulta responsable de l'ocupació no ha acceptat les opcions d'acompanyament ni de reubicació plantejades, comprometent de forma evident el benestar i la seguretat dels menors al seu càrrec”.

La diòcesi, sota pretext d'haver-se produït una situació “indigna per als qui l'han viscut, potencialment insegura i clarament inadequada per a menors d'edat”, afirma que ha considerat necessari recórrer als procediments judicials competents, sol·licitant la intervenció de la justícia “amb la finalitat de posar fi a una situació que no sols manca de garanties, sinó que entra en conflicte amb les normes de protecció i amb el deure de cura cap als més vulnerables”.

Es dona la circumstància que el 2024 el Bisbat va interposar una denúncia contra l'empresa que explotava el restaurant per determinar qui s'havia d'encarregar de la neteja de la zona, on amb freqüència s'acumula la brutícia. La diòcesi argumentava que no disposava de mitjans per frenar la degradació d'aquest paratge més enllà de les batudes de neteja de voluntaris que de forma puntual organitza la parròquia de Gènova.

Un altre exemple de la disputa de la diòcesi per la propietat de béns immobles és el que va tenir lloc aquest mateix any contra el Monestir de Santa Isabel, al casc antic de Palma. L'Audiència Provincial de Balears va ratificar que la comunitat de religioses jerònimes era la legítima propietària del conjunt -que inclou església, convent i dos habitatges- enfront de la reclamació del Bisbat, que havia inmatriculat els terrenys el 2014 al·legant ser titular dels mateixos.

El tribunal va desestimar el recurs episcopal i va confirmar que les monges posseïen el domini “pública, pacífica i ininterrompudament” durant més de tres dècades, ordenant fins i tot la cancel·lació del seient registral que havia inscrit la diòcesi sota arguments propis de tolerància i possessió. Aquesta sentència va suposar un revés per a la institució religiosa en l'àmbit patrimonial i va obrir un debat sobre les immatriculacions i la propietat històrica de béns vinculats a comunitats religioses a Mallorca i al conjunt d'Espanya.

Mentrestant, el 2018 l'Audiència va estimar el recurs que l'Ajuntament d'Artà va interposar contra la Parròquia de la Transfiguració del Senyor -en aquest cas la ubicada en aquest municipi mallorquí- i va declarar que les muralles i patis interiors del recinte emmurallat de Sant Salvador eren propietat municipal i no eclesiàstica. El tribunal va concloure que aquests terrenys no havien estat vàlidament desamortitzats ni restituïts a l'Església en virtut de la Llei Madoz de 1855 i el Conveni signat el 1865 entre l'Administració de l'Estat i el Bisbat per concretar quins béns havien de retornar-se a l'Església, per la qual cosa va ordenar cancel·lar la inscripció registral practicada a favor de la parròquia en la mesura que indegudament incloïa béns municipals.

La sentència va revocar així la decisió de primera instància i va obligar la parròquia a abstenir-se de realitzar actes de pertorbació sobre els espais declarats de titularitat pública, mantenint únicament la propietat eclesiàstica sobre el temple i la denominada “casa donat”, transformada aleshores en un establiment d'hostaleria obert al públic.

El Obispado de Mallorca ha acudido a los tribunales para instar el desalojo de una familia con dos menores de edad que reside en un antiguo restaurante ubicado en la cima de na Burguesa, sierra montañosa situada a las afueras de Palma. El local, perteneciente a la diócesis, permanece cerrado al público desde hace años.

Después de que Diario de Mallorca informase de los hechos, la institución eclesiástica ha hecho público un comunicado en el que señala que el edificio es propiedad de la Parroquia de la Transfiguración del Señor de Gènova y forma parte de un conjunto religioso protegido que incluye “un santuario, una capilla y la imagen venerada de la Mare de Déu”, lo que lo convierte en “un lugar de culto y de especial significado espiritual para la comunidad y para el vecindario”.

Según el periódico local, la diócesis ha optado por acudir a la jurisdicción penal para recuperar el inmueble, a pesar de que la legislación ofrece vías menos lesivas para recuperar un inmueble -mediante un desahucio por precario o a través del procedimiento verbal sumario de tutela de la posesión previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil-. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Obispado para confirmar este extremo, pero no ha obtenido respuesta. La vía punitiva no se limita a dirimir un conflicto posesorio, sino que abriría las puertas a que los ocupantes sean penalmente investigados y condenados si el juzgado apreciase la existencia de un delito de usurpación.

En su nota, la diócesis sostiene que el local, que hace años operaba como restaurante bajo el nombre Miranda Na Burguesa, “no reúne los requisitos básicos exigidos para ser utilizado como vivienda”, dado que, alega, no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas y carece de “condiciones estructurales mínimas de habitabilidad y de servicios esenciales que garanticen la salud y seguridad”.

Asimismo, asevera que en sus inmediaciones existen infraestructuras técnicas -como tendidos y equipos eléctricos de alta tensión y cableados auxiliares- que “no son compatibles con el uso residencial” y que, por su naturaleza -alega el Obispado-, “pueden comportar riesgos para la integridad física de las personas, especialmente de los menores de edad implicados”.

La curia diocesana asegura que, en colaboración con los servicios municipales, trabaja “activamente en la conservación y preservación de este espacio”, así como en el estudio de alternativas que “permitan recuperar el uso adecuado del local, conforme a su naturaleza y en coherencia con el entorno religioso al que pertenece”.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la presencia de estas personas, que accedieron al inmueble pese a encontrarse debidamente cerrado y delimitado, se estableció comunicación regular con ellas y se ha venido realizando un seguimiento continuo, a través de los servicios sociales diocesanos, tratando de atender su situación concreta con sensibilidad y responsabilidad”, subraya la institución, que incide en que, “lamentablemente, a pesar de las propuestas alternativas y soluciones ofrecidas de forma reiterada por las autoridades competentes y por los equipos sociales del Obispado, la persona adulta responsable de la ocupación no ha aceptado las opciones de acompañamiento ni de reubicación planteadas, comprometiendo de forma evidente el bienestar y la seguridad de los menores a su cargo”.

La diócesis, so pretexto de haberse producido una situación “indigna para quienes la han vivido, potencialmente insegura y claramente inadecuada para menores de edad”, afirma que ha considerado necesario recurrir a los cauces judiciales competentes, solicitando la intervención de la justicia “con el fin de poner fin a una situación que no sólo carece de garantías, sino que entra en conflicto con las normas de protección y con el deber de cuidado hacia los más vulnerables”.

Se da la circunstancia de que en 2024 el Obispado intepuso una denuncia contra la empresa que explotaba el restaurante para determinar quién debía encargarse de la limpieza de la zona, donde con frecuencia se acumula la suciedad. La diócesis argumentaba que no disponía de medios para frenar la degradación de este paraje más allá de las batidas de limpieza de voluntarios que de forma puntual organiza la parroquia de Gènova.

Otro ejemplo de la disputa de la diócesis por la propiedad de bienes inmuebles es el que tuvo lugar ese mismo año contra el Monasterio de Santa Isabel, en el casco antiguo de Palma. La Audiencia Provincial de Balears ratificó que la comunidad de religiosas jerónimas era la legítima propietaria del conjunto -que incluye iglesia, convento y dos viviendas- frente a la reclamación del Obispado, que había inmatriculado los terrenos en 2014 alegando ser titular de los mismos.

El tribunal desestimó el recurso episcopal y confirmó que las monjas poseían el dominio “pública, pacífica e ininterrumpidamente” durante más de tres décadas, ordenando incluso la cancelación del asiento registral que había inscrito la diócesis bajo argumentos propios de tolerancia y posesión. Este fallo supuso un revés para la institución religiosa en el ámbito patrimonial y abrió un debate sobre las inmatriculaciones y la propiedad histórica de bienes vinculados a comunidades religiosas en Mallorca y en el conjunto de España.

Mientras tanto, en 2018 la Audiencia estimó el recurso que el Ajuntament de Artà interpuso frente a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor -en este caso la ubicada en este municipio mallorquín- y declaró que las murallas y patios interiores del recinto amurallado de Sant Salvador eran propiedad municipal y no eclesiástica. El tribunal concluyó que esos terrenos no habían sido válidamente desamortizados ni restituidos a la Iglesia en virtud de la Ley Madoz de 1855 y el Convenio firmado en 1865 entre la Administración del Estado y el Obispado para concretar qué bienes debían devolverse a la Iglesia, por lo que ordenó cancelar la inscripción registral practicada a favor de la parroquia en la medida en que indebidamente incluía bienes municipales.

La sentencia revocó así el fallo de primera instancia y obligó a la parroquia a abstenerse de realizar actos de perturbación sobre los espacios declarados de titularidad pública, manteniendo únicamente la propiedad eclesiástica sobre el templo y la denominada “casa donat”, transformada entonces en un establecimiento de hostelería abierto al público.

La Generalitat Valenciana, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), va anunciar el 18 de gener passat l’adjudicació d’un servei d’instal·lació, manteniment i reposició de 300 sistemes de seguretat i alarma individual en habitatges del seu parc públic per a evitar l’ocupació il·legal d’aquests immobles.

L’import del contracte ha sigut de 4.743.200 euros, per un període de quatre anys i està distribuït en dos lots: un per a la província d’Alacant amb 150 alarmes i un altre conjunt per a les províncies de València i Castelló amb 150 més. Un total de sis empreses van presentar ofertes a aquesta licitació.

Durant el 2025, la Vicepresidència primera i Conselleria d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat ha intensificat les mesures per a evitar l’ocupació irregular dels seus habitatges. Una d’aquestes accions ha sigut la licitació de sistemes de seguretat i instal·lació d’alarmes individuals sense connexió al subministrament elèctric.

La directora general de l’EVha, Estefanía Martínez, ha reconegut que uns dels problemes més importants que afecten el parc públic de la Generalitat és l’assalt i l’ocupació il·legal dels seus habitatges. “Aquestes ocupacions impedeixen la rehabilitació i l’adjudicació posterior d’habitatges a famílies amb necessitats que sí que respecten la legalitat”.

No obstant això, de les estadístiques recollides en l’informe d’Auditoria Operativa sobre Habitatge de Protecció Pública de la Generalitat Valenciana, elaborat per la Sindicatura de Comptes, no es desprén que es tracte, ni de bon tros, d’un gran problema. Entre altres aspectes, el document aborda aquesta qüestió amb dades d’inspeccions de la mateixa Administració autonòmica durant els anys 2023 i 2024.

Segons l’informe, “durant el període fiscalitzat s’ha constatat l’existència de tasques d’inspecció destinades a verificar l’ús dels habitatges de protecció pública com a residència habitual”. En l’exercici 2023 es van fer “un total de 12.357 inspeccions, de les quals 4.248 es van efectuar amb mitjans propis de la Conselleria i 8.109 a través del servei de mediació en comunitats veïnals”. Com a resultat d’aquestes actuacions, “es van iniciar 226 expedients per ocupacions il·legals”. En l’exercici 2024 “es van dur a terme 12.474 inspeccions, amb una distribució similar, 4.275 amb mitjans propis i 8.199 per mediació, que han donat lloc a 172 expedients per ocupacions il·legals”.

L’anàlisi dels resultats posa de manifest que “la taxa d’obertura d’expedients per ocupació il·legal sobre el total d’inspeccions va ser de l’1,83% el 2023 i de l’1,38% en 2024, cosa que reflecteix una disminució de 0,45 punts percentuals, equivalent a una reducció relativa del 24,61% en els casos detectats”.

Si es contrasta aquest volum d’inspeccions amb la dimensió del parc públic d’habitatges autonòmic, que és de 14.404 el 2023 i 14.282 el 2024, “s’obté una ràtio equivalent a 0,86 inspeccions per habitatge el 2023 i 0,87 el 2024, cosa que mostra que l’esforç inspector ha sigut elevat en termes quantitatius”.

El fiasco de les oficines antiocupes

Les xifres que posa en relleu l’informe de la Sindicatura sobre el parc públic van en la mateixa línia de les que es desprenen d’altres fonts referides a tota mena d’immobles i constaten que no hi ha un problema estructural d’ocupació d’habitatges, o dit d’una altra manera, que l’ocupació il·legal no és ni des de lluny un dels grans problemes de l’habitatge, encara menys de l’auge dels preus, pel residual dels casos.

El Ministeri de l’Interior a penes va registrar l’any 2024 un total de 876 denúncies per usurpació d’immobles en tota la província de València, que té un total d’1,4 milions de cases construïdes segons l’última dada de l’INE del 2021. Però és que la Policia Local de València a mitjan any passat tenia registrats un centenar de casos. El comissari principal Fernando Giménez Oñate, responsable de la Divisió Territorial Operativa d’aquest cos, ja va afirmar que “el delicte d’usurpació no es dona a penes en primers habitatges, sinó que més aïna es produeix en cases buides de grans tenidors o en habitatges heretats en què no s’ha produït un acord”.

A mitjan mes de novembre passat, l’Oficina Antiocupació de l’Ajuntament de València, la mesura estrela del PP i Vox en matèria d’habitatge i un anunci electoral molt repetit per l’alcaldessa María José Catalá, a penes havia atés dues consultes al mes des que es va posar en marxa el 16 de juny de l’any passat.

L’abril de l’any passat, el fiscal superior, José Francisco Ortiz, va afirmar a preguntes del diputat de Compromís, Jesús Pla, que els casos d’usurpació “numèricament s’ha reduït” i va advertir de “l’alarma social” que es genera quan transcendeix algun cas concret i “sembla que té més motivació”.

Segons les dades de la memòria que va presentar, el 2023 es van obrir en la Fiscalia Provincial de Castelló 142 diligències per usurpació, un 15,5% menys que el 2022, i en la de València van ser un total de 575, un 9,6% menys que l’any anterior. La Fiscalia d’Alacant, no obstant això, no feia referència a aquest apartat, encara que per les paraules d’Ortiz les xifres es van mantindre estables. La Comunitat Valenciana té uns 3,3 milions d’habitatges construïts.

Malgrat tot, la Generalitat Valenciana va anunciar més mesures per a frenar l’ocupació. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va anunciar el juny de l’any passat un Pla Integral contra l’Ocupació d’Habitatges. Mazón va explicar que aquesta mesura preveu la creació d’una oficina d’atenció a les víctimes d’ocupació, que començarà a funcionar en les pròximes setmanes, i “que tindrà un sistema d’atenció telefònica per a l’assistència immediata a través del telèfon 012”.

La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), anunció el pasado 18 de enero la adjudicación de un servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles.

El importe del contrato ha sido de 4.743.200 euros, por un periodo de cuatro años y está distribuido en dos lotes: uno para la provincia de Alicante con 150 alarmas y otro conjunto para las provincias de Valencia y Castellón con otras 150. Un total de seis empresas presentaron ofertas a esta licitación.

Durante 2025, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha intensificado las medidas para evitar la ocupación irregular de sus viviendas. Una de estas acciones ha sido la licitación de sistemas de seguridad e instalación de alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico.

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha reconocido que unos de los problemas más importantes que afectan al parque público de la Generalitat es el asalto y ocupación ilegal de sus viviendas. “Estas ocupaciones impiden la rehabilitación y posterior adjudicación de viviendas a familias con necesidades que sí respetan la legalidad”.

Sin embargo, de las estadísticas recogidas en el informe de Auditoría Operativa sobre Vivienda de Protección Pública de la Generalitat Valenciana, elaborado por la Sindicatura de Comtes, no se desprende que se trate, ni mucho menos, de un gran problema. Entre otros aspectos, el documento aborda esta cuestión con datos de inspecciones de la propia administración autonómica durante los años 2023 y 2024.

Según el informe, “durante el periodo fiscalizado se ha constatado la existencia de labores de inspección destinadas a verificar el uso de las viviendas de protección pública como residencia habitual”. En el ejercicio 2023 se hizo “un total de 12.357 inspecciones, de las cuales 4.248 se efectuaron con medios propios de la Consellería y 8.109 a través del servicio de mediación en comunidades vecinales”. Como resultado de estas actuaciones “se iniciaron 226 expedientes por ocupaciones ilegales”. En el ejercicio 2024 “se llevaron a cabo 12.474 inspecciones, con una distribución similar, 4.275 con medios propios y 8.199 por mediación, que han dado lugar a 172 expedientes por ocupaciones ilegales”.

El análisis de los resultados pose de manifiesto que “la tasa de apertura de expedientes por ocupación ilegal sobre el total de inspecciones fue del 1,83% en 2023 y del 1,38% en 2024, lo cual refleja una disminución de 0,45 puntos porcentuales, equivaliendo a una reducción relativa del 24,61% en los casos detectados”.

Si se contrasta este volumen de inspecciones con la dimensión del parque público de viviendas autonómico, que es de 14.404 en 2023 y 14.282 en 2024, “se obtiene una ratio equivalente a 0,86 inspecciones por vivienda en 2023 y 0,87 en 2024, lo cual muestra que el esfuerzo inspector ha sido elevado en términos cuantitativos”.

El fiasco de las oficinas antiocupas

Las cifras que pone de relieve el informe de la sindicatura sobre el parque público van en la misma línea de las que se se desprenden de otras fuentes referidas a todo tipo de inmuebles y constatan que no existe un problema estructural de ocupación de viviendas, o dicho de otra forma, que la ocupación ilegal no es ni de lejos uno de los grandes problemas de la vivienda, mucho menos del auge de los precios, por lo residual de los casos.

El Ministerio de Interior apenas registró en el año 2024 un total de 876 denuncias por usurpación de inmuebles en toda la provincia de Valencia, que cuenta con un total de 1,4 millones de casas construidas según el último dato del INE de 2021. Pero es que la Policía Local de València a mediados del pasado año tenía registrados un centenar de casos. El comisario principal Fernando Giménez Oñate, responsable de la División Territorial Operativa de este cuerpo, ya afirmó que “el delito de usurpación no se da apenas en primeras viviendas, sino que más bien se produce en casas vacías de grandes tenedores o en viviendas heredadas en las que no se ha producido un acuerdo”.

A mediados del pasado mes de noviembre, la oficina antiocupación del Ayuntamiento de Valencia, a medida estrella de PP y Vox en materia de vivienda y un anuncio electoral harto repetido por la alcaldesa María José Catalá, apenas había atendido dos consultas al mes desde su puesta en marcha el 16 de junio del pasado año.

En abril del pasado año, el fiscal superior, José Francisco Ortiz, afirmó a preguntas del diputado de Compromís, Jesús Pla, que los casos de usurpación “numéricamente se ha reducido” y advirtió de “la alarma social” que se está generando cuando trasciende algún caso concreto y “parece que tiene más motivación”.

Según los datos de la memoria que presentó, en 2023 se abrieron en la fiscalía provincial de Castellón 142 diligencias por usurpación, un 15,5% menos que en 2022, y en la de Valencia fueron un total de 575, un 9,6% menos que el año anterior. La fiscalía de Alicante, sin embargo, no hacía referencia a este apartado, aunque por las palabras de Ortiz las cifras se mantuvieron estables. La Comunitat Valenciana cuenta con unos 3,3 millones de viviendas construidas.

Pese a todo, la Generalitat Valenciana anunció más medidas para frenar la ocupación. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció en junio del pasado año un Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas. Mazón explicó que esta medida contempla la creación de una oficina de atención a las víctimas de ocupación, que comenzará a funcionar en las próximas semanas, y “que contará con un sistema de atención telefónica para la asistencia inmediata a través del teléfono 012”.

María Elena Menéndez se encarga del mantenimiento de un Palacete en el concejo asturiano de Muros de Nalón. Ayer, domingo, acudió a su puesto de trabajo como hace habitualmente y se encontró con un hombre que aseguraba que era el dueño. No era su jefe. Ella no lo dudó: le instó a él y a las otras dos personas que le acompañaban a que abandonaran voluntariamente el inmueble. Tras cinco horas de tensión, la okupación ilegal se frustraba.

La jornada de ayer no fue un día normal para María Elena Menéndez. Acababa de entrar a trabajar cuando encontró a tres personas en el interior del Palacete, que es propiedad de una familia que habitualmente reside en Madrid y se traslada a Asturias habitualmente en los períodos de vacaciones.

“¿Pero qué dueño es usted, ni qué nada”

Al primero que vio María Elena fue a un hombre que salía de la zona de despachos llevando en su mano unos papeles.

Ella misma lo ha relatado a cámara ante los micrófonos de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) como se puede apreciar en la siguiente imagen.

“Ví a un hombre con unos papeles diciendo que era el dueño. Dije yo: ¿pero qué dueño es usted, ni qué nada. ¡Usted salga de aquí, ahora mismo!, porque usted no es nada aquí”, le exigió.

“Si ustedes se quedan, yo también”

Al comprobar que no estaba solo e iba acompañado de un hombre y una mujer les preguntó: “¿Ustedes se van a quedar?”. Y ante su respuesta afirmativa, María Elena les contestó: “Pues entonces yo también, porque soy la empleada y tengo más derecho a quedarme que ustedes”.

Seguidamente, la empleada pidió a una amiga que avisase a la Guardia Civil.

Los agentes de la Guardia Civil

Un portavoz de la Zona/Comandancia de Asturias de la Guardia Civil ha confirmado los hechos a elDiario.es Asturias.

“Sobre las 10.30 horas de la mañana de ayer, agentes del puesto de Cudillero y Soto de Luiña se trasladaron hasta Muros de Nalón”, explica el portavoz.

Al llegar al Palacete, los agentes procedieron a identificar a los tres ciudadanos de nacionalidad ucraniana. A continuación comprobaron cómo, la víspera, éstos habían roto el candado de la finca y habían estacionado en su interior el vehículo con el que se habían desplazado.

Exigían dinero para irse

Además, en una primera inspección ocular pudieron constatar que habían accedido a través de una ventana por la parte posterior del Palacete.

“Ellos decían que se irían si les pagaban algo. Mis jefes les dijeron que en el caso de que se fueran les pagarían un albergue, pero creo que ni siquiera fueron al albergue”, apostilla María Elena.

La denuncia de los propietarios

Ante la presencia de los guardias civiles y la firme actitud de la empleada, los tres ciudadanos ucranianos decidieron entregarse tras hablar con un abogado.

Tras conocer lo sucedido, la propietaria ha interpuesto una denuncia en una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, que ha sido remitida a la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias.

Un incendio en una vivienda ocupada de Toledo ha dejado un hombre afectado leve por inhalación de humo. La casa ha tenido que ser precintada por riesgo de derrumbe, tal y como han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 Castilla-La Mancha a elDiario.es Castilla-La Mancha. El aviso se ha producido a las 7:56 horas de la mañana. Las llamas ya han sido sofocadas.

El incendio, según fuentes del Ayuntamiento de Toledo, ha ocurrido en la travesía del Barco, número 14 de la capital toledana. Desde el Servicio de Emergencias del 112 han señalado que el varón afectado “no ha querido ser atendido en el lugar y que por sus propios medios se ha trasladado a un centro sanitario”.

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo explican que “el piso no estaba vacío” sino que vivían “varias familias, entre ellos una mujer embarazada y varios niños pequeños”. Apuntan que los bomberos han desalojado el inmueble y dado que la vivienda estaba en “condiciones insalubres” se ha avisado a los servicios sociales. Una de las familias de cuatro integrantes ha sido realojada en un hostal.

La Policía Local confirma al servicio de emergencias que las dos viviendas colindantes han resultado afectadas por el incendio.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado bomberos, Policía Nacional, Policía Local, una ambulancia y los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital toledana.

Los Juzgados de Primera Instancia de Cantabria practicaron entre julio y septiembre de este año un total de 36 lanzamientos de vivienda, frente a los 40 del mismo periodo de 2024, lo que supone un 10 por ciento menos, mientras que el descenso en España fue del 4,8%. Así, la tasa regional por 100.000 habitantes se mantiene por debajo de la media: 6,1 frente a 10,4.

Así se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y difundido este viernes con datos del tercer trimestre.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria aclara que los datos sobre los lanzamientos son estimaciones realizadas por el Servicio de Estadística del CGPJ, que a fecha de hoy no ha recibido la información completa sobre estos procedimientos de un total de 63 partidos judiciales, tres de ellos en Cantabria: Torrelavega, Medio Cudeyo y Castro Urdiales.

Además, en el citado periodo hubo dos demandas de verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda frente a las seis de 2024, lo que supone una caída del 66,7%, mientras que en todo el país bajaron un 44,5%. En relación con la población, esta tasa se sitúa en Cantabria en 0,3, inferior a la media nacional (0,7).

En ese periodo, los órganos civiles recibieron un total de 866 procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios. Esto supone descenso del 67,9%, (-63,7% en España).

Con relación a la población, la tasa de monitorios en la comunidad es de 146,6 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a 182,2 del conjunto del país.

Concurso de acreedores

Por lo demás, los dos Juzgados de lo Mercantil de Cantabria registraron durante el tercer trimestre del año un total de 97 concursos de acreedores, lo que supone un 16,9% más respecto a los ingresados en el mismo periodo de 2024, frente al repunte del 35,4% en el conjunto del país.

Se confirma así una tendencia al alza que en el conjunto del país se observa desde el tercer trimestre de 2020 y en Cantabria se constata en los últimos cuatro años.

Los 97 concursos representan 16,4 por cada 100.000 cántabros, una tasa que es la mitad de la registrada por el conjunto del país (35,4).

Los que más han crecido han sido los de personas naturales empresarias -de 1 a 5- pero los más abundantes son los presentados por particulares (89), que aumentaron un 17,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 (76).

Por su parte, los concursos de personas jurídicas son ya los más escasos y se redujeron a la mitad de un año a otro: de 6 en el tercer trimestre de 2024 a 3 en el mismo periodo de 2025 En el tercer trimestre los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron 326 demandas por despido, un 1,5% menos que un año antes (331), con lo que la tasa de despidos se sitúa en Cantabria en 55,2 por cada 100.000 habitantes, inferior a la nacional, de 83,8.

Las reclamaciones de cantidad disminuyeron un 28,3%, al pasar de 508 en 2024 a 362, y la tasa autonómica por población es superior a la media: 61,6 frente a 57,4. En todo el país los despidos aumentaron un 5,7 por ciento, mientras que las reclamaciones de cantidad se redujeron un 2,2 por ciento.

Lo que debía ser un ilusionante nuevo hogar para ella y su familia se ha acabado conviritiendo en una pesadilla de la que no sabe cómo salir. Ana Tapias lleva dos años viviendo –y pagando– un piso en Reus, pero desde abril de 2024 tiene una amenaza de desalojo. “Ahora me dicen que el piso donde vivo no es el que estoy pagando”, exclama Ana. “Que me tengo que ir de este porque es de un fondo de inversión y, a la vez, que no puedo ir al que estoy pagando porque está ocupado”, lamenta.

El origen de todo el enredo, adelantado por el Diari de Tarragona, fue un error a la hora de anotar la dirección del piso en la escritura de compra. Un fallo inicial que después permitió que la vendedora, Solvia, también vendiera el mismo piso a un fondo de inversión, Graminia Homes. Es ese fondo el que se persona como propietaria del piso de Ana y argumenta ante los tribunales que la reusenca compró en realidad el inmueble contiguo.

Pero, según explica la afectada, esto no es verdad. En primavera de 2022 ella estaba buscando un piso amplio, con cuatro habitaciones, donde poder vivir junto a sus padres, ahora fallecidos, su hijo de 20 años y su perro. Por eso se decidió por una propiedad de 116 metros, con cuatro habitaciones y terraza, que adquirió por algo menos de 100.000 euros tras firmar una hipoteca. Mientras, el piso que a ella le escrituraron es mucho más pequeño, interior y sin zona de exterior.

“Le dieron gato por liebre”, señala su abogado, que ha solicitado la paralización del desahucio. Aunque admite que no hubo mala fe por ninguna de las partes, el letrado sostiene que la única solución que les queda es demandar a la parte vendedora, Solvia o bien intentar que se pongan de acuerdo con el fondo de inversión al que vendieron el piso para arreglar el entuerto. Contactados por esta redacción, desde Solvia señalan que su equipo está estudiando el caso para “ver qué ha pasado exactamente” y tratar de solucionar el error “lo antes posible”.

Ana reclama quedarse en su piso, porque asegura que nunca hubiera comprado el que le acabaron asignando. Pero, desesperada, trató de negociar con la persona que ocupa su propiedad una salida, para tener al menos un sitio seguro en el que vivir, sin que la otra parte accediera.

Víctima de un embrollo jurídico por el que nadie responde, teme que llegue el momento del desahucio. “Si me echan, ¿dónde voy, con un solo sueldo y pagando otra hipoteca? Me siento indefensa luchando sola contra un gran propietario”, se queja. Ana relata los efectos que esta situación ha tenido a nivel personal: “Ha pasado todo seguido, primero murió mi padre, luego mi madre y luego esto; no he tenido tiempo de pasar el duelo porque mi cabeza no está centrada”.

Además, teme los efectos que un posible desahucio puedan tener sobre sus seres queridos. “Si estuviera sola me meto donde sea, me voy al coche y me ducho en un gimnasio. Pero tengo un hijo de 20 años, que está estudiando, y un perro”, asegura, mientras reflexiona que su mayor temor es que le pase algo y acabar “pasándole este marrón” a su hijo.

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El espacio se ha convertido en un privilegio. Tener un hogar, tener una plaza, tener un lugar. En un país donde hay más casas vacías que familias sin techo, se nos ha hecho creer que el problema son los okupas. Mientras los fondos buitres se apropian de barrios enteros, las televisiones emiten reportajes de miedo con una mano y anuncios de alarmas con la otra. Pero los datos desmontan el mito: menos del 0,1% de los inmuebles están ocupados y la mayoría pertenecen a bancos y grandes propietarios. La verdadera amenaza no es la okupación, es la especulación.

Puedes ver el programa completo en vídeo aquí:

Nos adentramos en la historia del movimiento okupa: de los centros sociales a las luchas rurales, de la okupación política a las acampadas por Palestina. Con Oriol Erausquin y Helena Sardà, del colectivo Pantube, activistas del EKO y La Rosa y voces internacionales como la de Camille de Soulevements de la Terre (Francia).

Al parlament valencià, que presideix el grup ultradretà Vox, li han eixit ocupes. Els veïns de la zona del barri antic de València que confronta amb les Corts Valencianes retrauen a la institució que la deixadesa amb una part dels terrenys –un solar que es va expropiar per a construir el parlament– ha propiciat l’entrada d’ocupes en un edifici abandonat en la plaça del Salvador.

L’immoble, que està just davant de la part posterior del parlament, al costat d’un terreny públic que està anys barrat i sense ús, es va ocupar a mitjan mes de novembre, segons indiquen els veïns. L’associació de veïns de la plaça del Salvador ha remés un escrit a la cambra que presideix Llanos Massó en què informa del seu estat, i demanen al parlament que prenga mesures. “La deterioració i la falta de manteniment de la tanca del solar ha sigut un dels elements que ha propiciat l’ocupació”, apunten els veïns en el text, remés a la Mesa de les Corts el 19 de novembre passat, uns tres dies després de la denúncia.

El propietari va demanar un desallotjament immediat al·legant que hi havia risc de solsida, però consta un informe tècnic de Policia i Bombers on no s’aprecia aquest risc, segons ha pogut saber elDiario.es. Els veïns, en conversa amb aquest diari, apunten que l’abandó del terreny públic contribueix a la degradació de la zona.

Els veïns dels carrers que confronten amb el parlament autonòmic remeten un escrit en què retrauen “la inacció de la institució”, que ha descurat la vigilància de la zona, després que un edifici que està 30 anys buit haja sigut ocupat de manera irregular

En l’escrit remés a les Corts, a què ha tingut accés elDiario.es, els veïns reclamen que es trasllade als serveis de seguretat la situació i “s’extremen les mesures de control en la zona per a evitar actes vandàlics, accessos indeguts i situacions que posen en risc la situació del veïnat”, a més d’advertir sobre l’activitat parlamentària. Reclamen també que es col·labore en el procés de desallotjament i il·lustren les demandes amb diverses fotografies de l’estat de l’immoble, que ja està tres dècades deshabitat.

Quant al que competeix a la cambra, els veïns assenyalen en el text que “la tanca semiderruïda i opaca és un focus de brutícia, degradació i ocultació d’actes incívics”. Sol·liciten al parlament una instal·lació més adequada per a l’entorn, en el barri antic, que té especial protecció pel seu valor patrimonial. “Els preguem que el parlament valencià estiga a l’altura d’un problema que en part ha sigut generat per la inacció d’aquesta institució”, incideixen.

Al Parlamento valenciano, que preside el grupo ultraderechista Vox, le han salido okupas. Los vecinos de la zona del casco antiguo de València, que linda con las Corts Valencianes, reprochan a la institución que la dejadez con una parte de los terrenos –un solar que se expropió para construir el Parlamento– ha propiciado la entrada de okupas en un edificio abandonado en la Plaza del Salvador.

El inmueble de titularidad privada, que está justo en frente de la parte trasera del Parlamento, junto a un terreno público que lleva años vallado y sin uso, se ocupó a mediados del mes de noviembre, según indican los vecinos. La asociación de vecinos de la Plaza Salvador ha remitido un escrito a la Cámara que preside Llanos Massó en el que informa de su estado, y piden al Parlamento que tome medidas. “El deterioro y la falta de mantenimiento de la valla del solar ha sido uno de los elementos que ha propiciado la okupación”, apuntan los vecinos en el texto, remitido a la Mesa de las Corts el pasado 19 de noviembre, unos tres días después de la denuncia.

El propietario pidió un desalojo inmediato alegando que había riesgo de derrumbe, pero consta un informe técnico de Policía y Bomberos donde no se aprecia ese riesgo, según ha podido saber elDiario.es. Los vecinos, en conversación con este periódico, apuntan que el abandono del terreno público contribuye a la degradación de la zona.

En el escrito remitido a las Corts, al que ha tenido acceso elDiario.es, los vecinos reclaman que se traslade a los servicios de seguridad la situación y “se extremen las medidas de control en la zona para evitar actos vandálicos, accesos indebidos y situaciones que pongan en riesgo la situación del vecindario”, además de advertir sobre la actividad parlamentaria. Reclaman también que se colabore en el proceso de desalojo e ilustran las demandas con varias fotografías del estado del inmueble, que lleva tres décadas deshabitado.

En cuanto a lo que compete a la Cámara, los vecinos señalan en el texto que “la valla semiderruida y opaca es un foco de suciedad, degradación y ocultación de actos incívicos”. Solicitan al Parlamento una instalación más adecuada para el entorno, en el casco antiguo, que tiene especial protección por su valor patrimonial. “Les rogamos que el Parlamento valenciano esté a la altura de un problema que en parte ha sido generado por la inacción de esta institución”, inciden.

El pleno del Ayuntamiento de Martorell, gobernado por PSC y Junts, aprobó el lunes una modificación de la normativa municipal para prohibir llenar con agua de las fuentes públicas garrafas, botellas o cualquier enser que permita el almacenamiento. La norma prevé multas de hasta 750 euros.

Una plataforma vecinal bautizada como Alianza por el acceso al agua está recogiendo firmas contra una medida que, consideran, quiere “castigar las personas más humildes”. El alcalde de Junts, Xavier Fenollosa, sostiene que la decisión se lleva a cabo “para acabar con la okupación”.

La plataforma denuncia que “hace semanas” que el gobierno municipal “mantiene cerradas” las fuentes de agua públicas de la ciudad y lamentan el “paso más allá” que Junts y PSC hacen ahora con la prohibición.

“El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho humano fundamental”, recuerda la entidad vecinal, que opina que la prohibición es “profundamente injusta” y desde su punto de vista injustificada.

En un comunicado, la entidad asegura que la prohibición de llenar garrafas en las fuentes no tiene justificación económica -el coste lo asume la empresa privada que gestiona el servicio del agua- ni de orden público -afirma que no ha habido “nunca” ningún incidente ni denuncia por esta circunstancia. Por lo tanto, considera que no hay “un problema real” que “explique” el cierre del acceso al agua para toda la población.

“La única motivación para cerrar las fuentes y crear una nueva multa para hacer uso es castigar las personas más humildes con la intención de captar el voto del odio y evitar que la extrema derecha les gane terreno en las próximas elecciones municipales”, afirma la plataforma.

Por todo ello, la plataforma exige al gobierno municipa la “reapertura inmediata” de las fuentes públicas, la retirada de la propuesta de modificación de la ordenanza de convivencia y el inicio de un proceso “abierto” que incluya “las comunidades afectadas y el tejido asociativo”.

“No aceptamos que se señale, sancione o estigmatice familias que ya viven en condiciones de vulnerabilidad. Corresponde al Ayuntamiento garantizar soluciones reales que aseguren que ninguna familia queda desprotegida ante una necesidad tan básica y elemental”, remacha el comunicado.

Dos peticiones en la web, tres correos electrónicos y tres llamadas telefónicas. Es el balance de las actuaciones de la oficina 'antiokupación' del ayuntamiento de Valencia en sus primeros cuatro meses de vida. La medida estrella de PP y Vox en materia de vivienda, un anuncio electoral harto repetido por María José Catalá, cuenta con dos funcionarios de Policía Local a tiempo completo dedicados a esta tarea. Desde su puesta en marcha el 16 de junio, apenas ha atendido dos consultas al mes. Pueden haber hecho una cada uno.

El consistorio encalomó esta oficina a la Policía Local, ubicada en la sección administrativa de la central. La oficina se integra en las dependencias de la central y cuenta con dos agentes que coordinan las denuncias de las comisarías, de la policía de barrio -la UPIC-, un teléfono y un mail específico. Implica tener a un oficial y un agente en un despacho para atender llamadas y correos electrónicos y prevé que hasta 10 policías de calle puedan pasar a reforzar el servicio, si fuera necesario. Por el momento, dada la actividad en estos ocho meses, no parece que vaya a ser necesario. Ni que las consultas sobre ocupación irregular de vivienda sean un clamor popular en la ciudad.

Lo cierto es que los datos de los que disponía el Ayuntamiento ya anticipaban una escasa actividad de la oficina. El consistorio ya reconoció que apenas tiene más competencias que la información y la mediación en caso de ocupación irregular de vivienda y solo cuenta con 83 casos activos en la ciudad, tras un descenso significativo en los últimos años. Lo recoge así una respuesta del pleno a Compromís, pero también lo hizo el comisario principal responsable de la División Operativa, que coordina todas las comisarías de barrio: “Ha habido una rebaja importante” en los casos en dos años, dijo en la presentación del recurso. Pasaron de 474 casos activos a 83 en dos años. Por contra, la oficina por el derecho a la vivienda, que PP y Vox cerraron, atendía a más de 5.000 personas al año.

En una respuesta del pleno al concejal de Compromís Ferran Puchades, el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, informa de que la morosidad en el pago del alquiler, lo que se ha venido a llamar inquiokupación', “no es objeto de actuaciones por parte de esta oficina, ya que no están consideradas como ocupaciones ilegales por parte de la oficina. En consecuencia, tales situaciones se ventilan por cauces jurídicos ajenos a esta oficina”. La respuesta del responsable de Seguridad de València contradice las palabras de la alcaldesa en el acto institucional, cuando aseguró: “El barómetro de la ciudad señala que hay 10.000 viviendas vacías, muchas de ellas no salen al mercado por miedo a la inquiokupación”. Por eso, dijo, la Oficina Antiocupación de València “llega en un momento oportuno para ofrecer respuestas rápidas y alternativas eficaces antes de llegar a los tribunales”.

La moción aprobada por la Junta de Gobierno que impulsó este recurso justifica que se debe “prestar y agilizar, con la mayor seguridad jurídica posible, el apoyo que requieren los vecinos de València para encauzar las acciones que les corresponda y que les permita iniciar los trámites para la celebración de los juicios rápidos”. El Ayuntamiento lleva meses alentando el miedo a la ocupación y asegurando que es la causa por la que las viviendas vacías no salen al mercado; incluso ha pedido a los grandes propietarios -fondos o bancos- que instalen alarmas en los pisos vacíos. El PP y Vox se niegan sistemáticamente a limitar los precios del alquiler. Al margen de la oficina completamente inutilizada y la apelación constante a rebajas fiscales, la alcaldesa anunció una agencia pública de vivienda municipal.

El 80% de las denuncias en Mossos d'Esquadra y policías locales por ocupación son de pisos vacíos de grandes tenedores o fondos de inversión, según datos de la policía catalana recogidos por la ACN. La subjefe ejecutiva de Mossos, Alícia Moriana, admite que cuando el propietario es de ese perfil, hay “cierta dificultad” para localizarlo y que denuncie, un paso clave para que los agentes actúen.

Según la agente, las ocupaciones han descendido en torno a un 18,1% entre enero y octubre de este año respecto al año pasado, pero los intentos frustrados han crecido por “la acción policial” y porque los propietarios “cada vez son más conscientes”. Girona o Sabadell son algunos de los municipios donde más crecieron las denuncias en el 2024, sobre todo, de pisos vacíos, según los consistorios.

El número de ocupaciones denunciadas –sumando tanto las viviendas vacías, como las primeras y segundas residencias– alcanzaron las 6.257 el pasado 2024, una media de 17 cada día. Se trata de un incremento del 8% respecto a 2023 y de la cifra más alta desde 2020, cuando se contabilizaron 6.458. Este año, entre enero y octubre, los Mossos d'Esquadra y las policías locales han registrado 4.345, un millar menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que hace prever en el cuerpo de la Generalitat que la cifra quede sensiblemente por debajo del 2024.

En cualquier caso, los datos sólo muestran los hechos reportados a la policía, y no aquellos en los que el propietario ha decidido ir directamente al juzgado o en los que no han llegado a ninguna instancia.

Con todo, según alerta Moriana, las tentativas de usurpaciones de viviendas -de ocupar pisos vacíos– y los intentos de violaciones de domicilio –primeras o segundas residencias–, los dos tipos penales que reflejan los datos para englobar el fenómeno de los empleos, han ido al alza. Tras un aumento ininterrumpido desde al menos 2019, el pasado año hubo 2.057 intentos frustrados, casi el doble que cinco años antes. Durante los primeros diez meses de 2025 ya se han contado 1.713, seis menos que en el mismo período que en 2024, así que a finales de año las cifras podrían igualar o superar las del año pasado.

En cualquier caso, datos muestran que, tanto este año como los dos anteriores, nueve de cada diez denuncias por ocupaciones consumados son usurpaciones y la práctica totalidad de éstas, unas 5.200 tanto en 2023 como en 2024, fueron pacíficas –sólo un centenar al año son con violencia. Por otro lado, sólo medio millar en cada uno de estos dos ejercicios fue violación de domicilio, es decir, de primeras o segundas residencias.

Moriana cree que los motivos del aumento de intentos fallidos y de la caída de ocupaciones consumadas son, por un lado, “la actuación policial”, y por otro “la sensibilidad de los vecinos”, que permite una acción más rápida de los cuerpos de seguridad sin tener que esperar a un largo proceso judicial. Además, ha aumentado la prevención de los propietarios, que “ponen más medidas físicas de protección”.

Por otra parte, cree que también ha afectado a la ley 1/2023, que introduce medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. Así, ha explicado, en casos de desórdenes públicos o actividades delictivas, si el propietario es un gran tenedor que no denuncia, la comunidad de vecinos o el Ayuntamiento pueden poner en marcha las acciones legales para conseguir el desalojo.

La legislación incluso contempla sanciones de 3.000 a 900.000 euros para los grandes tenedores que no mueven ficha ante una ocupación y el consistorio puede llegar a adquirir el inmueble temporalmente para destinarlo a vivienda social.

“Nos habíamos encontrado que hay pisos que ni siquiera el propio fondo inversor era conocedor de que era el propietario”, explica la agente, que añade que en algunos casos desisten de iniciar un proceso legal por los costes que supone hasta que la vivienda no les sea “financieramente interesante”.

Por todo ello, los Mossos han creado un “buscador de inmuebles” de uso sólo interno de pisos de grandes tenedores, en el que participan Sareb y varias entidades financieras, a fin de comprobar más rápidamente si un inmueble es de este tipo de propietarios y de tener “una persona de contacto para poder activar el recurso policial y judicial” mediante denuncia.

Se trata de una de las acciones que el cuerpo está llevando a cabo en el marco de un plan destinado específicamente a las ocupaciones vinculadas a delitos. Es decir, aquellas en las que la vivienda se convierte en “una plantación de marihuana, un punto de venta de droga, un punto de recepción de objetos robados” o bien donde frecuentan delincuentes que acaban causando conflictos vecinales e inseguridad.

En cuanto a los “empleos más sociales”, de personas vulnerables que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, estas no entran en el plan y Moriana asegura que “el abordaje policial es totalmente diferente” en estos casos.

Los datos muestran un aumento de las ocupaciones entre 2023 y 2024 de un 8%, pero a nivel territorial las evoluciones no son uniformes. Así, el Pla de l'Estany y el Berguedà registran el mayor crecimiento porcentual, aunque con pocos casos. En números absolutos, el Vallès Occidental registró 218 denuncias más el año pasado que el anterior, un 40%, hasta las 761. Se trata de la segunda comarca con mayor incidencia, después del Barcelonès, que sumó 1.467 el año pasado (-4,2% respecto a 2023).

En el Gironès, el aumento interanual fue del 30%, por un total de 387, mientras que también destaca el Baix Empordà, con un 39,7% más de casos y 218 en total. En el otro extremo del ranking, algunas comarcas vieron retrocesos significativos, como la Anoia (-41%) o el Baix Camp (-17%). En conjunto, 25 comarcas han ido al alza y 16 a la baja, mientras que ni en la Val d'Aran ni en el Solsonès se denunció ninguna ocupación ni en 2023 ni en 2024.

Por municipios, con datos sólo de los que tienen más de 10.000 habitantes, las ratios más elevados en 2024 fueron Palafrugell (38 casos por cada 10.000 habitantes) y Salt (37 casos). Canovelles, la Ràpita, Mataró y Calonge, Castelló d'Empúries, Platja d'Aro, Berga y Cunit también tienen más de 20 casos por cada 10.000 habitantes. En cuanto a las capitales de demarcación, la tasa de Barcelona es sensiblemente menor (4,8), similar a la de Lleida (6,5) y Tarragona (7,1), mientras que Girona se disparó hasta un ratio de 21,7 casos.

El negoci dels pisos okupats s'ha disparat a Mallorca. El que fa uns anys era una raresa en els portals immobiliaris s'ha convertit en un nínxol en auge. Els preus, que en alguns casos s'han duplicat en tot just un any, no s'allunyen molt del desorbitat cost d'un habitatge de segona mà sense okupar. Encara que el fenomen és generalitzat, es concentra sobretot en barris perifèrics dels exteriors de Palma, com Son Gotleu o Son Oliva, o en municipis de l'interior de l'illa, com Llucmajor o Manacor. En el pla, el que s'ofereixen són pisos de luxe o xalets amb piscina que tot i sota el concepte “ocupat il·legalment” arriben al milió d'euros. Fins i tot a pesar que els anuncis adverteixen que les fotos podrien no reflectir l'estat real de l'immoble.

Però la palma se l'emporten les àrees ocupades històricament per la classe treballadora, on els preus són més baixos i l'oferta triga més a moure's que en zones de renda alta, on en general és més fàcil vendre. El mercat immobiliari a Balears, marcat per l'escassetat d'habitatge -derivat de l'alta demanda- i un interès inversor in crescendo, és cada vegada més opac i especulatiu. Cases en aquestes condicions que en 2023 oscil·laven entre els 25.000 i els 100.000 euros ara poden arribar als 200.000, segons dades d'Idealista. Els interessats són, en el menor dels casos, famílies amb poques oportunitats de compra, i en la majoria d'ells, inversors que busquen una rendibilitat a mig-llarg termini. De fet, els anuncis penjats en els portals immobiliaris ja assenyalen “oportunitat per a inversors” en les seves descripcions.

Cases en aquestes condicions que en 2023 oscil·laven entre els 25.000 i els 100.000 euros ara poden arribar als 200.000, segons dades d'Idealista

Condicions de terror

Segons xifres oficials d'Idealista, Balears ha sumat aquest trimestre 474 habitatges okupats a la venda, una xifra que situa a les illes entre les regions a Espanya amb major presència d'aquesta mena d'immobles. Encara que el procés de desallotjament pot prolongar-se fins a dos anys, alguns compradors opten per pagar als okupes -de 10.000 a 15.000 euros- perquè marxin pel seu propi peu i així agilitzar el seu alliberament. A Mallorca, hi ha actualment 62 immobles en venda okupats il·legalment entre els 18.090 que s'ofereixen.

En el ventall d'anuncis que “no admeten visites per l'estat ocupacional” conviuen habitatges de luxe amb propietats més modestes: a penes n’hi ha un grapat per 50.000 euros -totes a Son Gotleu o a Camp Redó- i poc més de la meitat baixen dels 300.000 euros. Entre elles, un pis de 91 metres quadrats amb una sola habitació en el barri palmesà de Camp d’en Serralta, que es ven amb okupes pel mòdic preu de 289.000 euros. “L'actiu es troba ocupat per persona sense just títol, es transmet arrendat a tercer”, explica la immobiliària. També detalla un reguitzell d'aspectes que l'adquirent haurà d'assumir, així com que l'estat d'okupació no permet la seva taxació oficial. El que es tradueix en què, l'immoble, mentre perduri la situació ocupacional, no podria ser hipotecat.

En el ventall d'anuncis que 'no admeten visites per l'estat ocupacional' conviuen habitatges de luxe amb propietats més modestes: a penes n’hi ha un grapat per 50.000 euros i poc més de la meitat baixen dels 300.000 euros

La resta de l'oferta sense disponibilitat real, la superior en l'escala de preus, oscil·la entre els 300.000 i els 999.000 euros. Una de les ‘gangues’ és un baix amb tres habitacions i 160 metres quadrats a la zona de Ciutat Jardí que costa 365.000 euros. L'anunci, d'un banc, reconeix obertament que no hi ha fotos ni possibilitat de visita i que l'operació només pot tancar-se al comptat. “Cal pactar amb l'ocupant perquè marxi”, s'indica de manera explícita, indicant sense pudor al comprador que haurà d'assumir el paper de mediador amb els okupes.

A Sa Pobla s'ofereix un altre pis, reformat, de 120 metres quadrats i per 999.000 euros. L'immoble, situat en una zona tranquil·la, però ben comunicada, compta amb tres habitacions, dos banys, cuina independent i balcó. A l'anunci es descriu com un habitatge lluminós, amb parquet, aire condicionat, ascensor, garatge i traster. No obstant això, una nota final adverteix que, malgrat el seu aspecte d'habitatge familiar llest per a entrar a viure, el comprador no podrà accedir-hi ni recuperar la possessió de manera immediata.

El mateix ocorre amb una casa independent al carrer Joan Rosselló de Son Fortesa, a Palma, valorada en 795.000 euros. La promotora adverteix des del primer paràgraf: “Immoble sense possessió i sense accés a l'interior”. Les imatges poden no correspondre's amb l'estat real i el comprador, a més de pagar al comptat, haurà d'assumir tots els tràmits i despeses relacionades amb el desallotjament. Construïda en 1940, la casa disposa de 200 metres quadrats, quatre habitacions i tres banys i es ven exclusivament com una oportunitat d'inversió.

L'escenari també existeix a Eivissa i Menorca, sense arribar als mateixos nivells. A la pitiusa hi ha ara mateix sis anuncis de pisos ocupats i a Menorca, amb una densitat de població menor malgrat ser una illa de major grandària, n’hi ha vuit. A Formentera, a través d'Idealista, no es troba cap anunci d'aquestes característiques. Els preus a totes les Balears, encara així, s'han equiparat als del salvatge mercat. A Eivissa el pis ocupat més barat, ubicat al municipi de Sant Antoni, val 280.000 euros, i a Menorca, un primer amb una habitació i de tot just 62 metres quadrats en val 100.000.

La resta de l'oferta sense disponibilitat real oscil·la entre els 300.000 i els 999.000 euros. Una de les ‘gangues’ és un baix amb tres habitacions i 160 metres quadrats. L'anunci, d'un banc, reconeix obertament que no hi ha fotos ni possibilitat de visita, i que l'operació només pot tancar-se al comptat

Un 50% menys del seu preu real

Les propietats okupades solen vendre's fins a un 50% per sota del seu valor real, una depreciació vinculada a la pèrdua de possessió i a les complicacions legals que implica la seva recuperació, segons la pàgina web d'Idealista. A Palma, els pisos amb okupes suposen el 2,5% del total de l'oferta immobiliària, una xifra una mica inferior a la mitjana nacional, però que evidencia que aquest tipus de transaccions, fins fa poc marginals, s'estan consolidant ja com una possibilitat més del mercat.

La plataforma també és preocupa d'aclarir als usuaris a un dels apartats del seu portal que la “anomenada okupació” no apareix com a tal en la legislació espanyola, però s'engloba en dues figures legals: usurpació i violació de domicili. La usurpació ocorre quan algú entra i viu en un habitatge deshabitat sense permís del propietari (es considera un delicte, encara que amb penes menors si no hi ha violència). La violació de domicili, en canvi, es produeix quan l'habitatge està habitat i es vulnera la intimitat del propietari, el que comporta sancions més greus.

En el primer dels casos -el que amaguen darrere les cases en venda- és necessari interposar una demanda d'ocupació i el procés es pot arribar a prolongar. “Poden ser nou mesos, dos anys o més”, valora Eduard Vila, advocat expert en temes d'habitatge i mercat immobiliari. Després, l'adquirent ni tan sols sap en quin estat es trobarà l'immoble. Per a tirar fora als okupes, les immobiliàries a vegades recorren a vies no legals, com notificar una falsa demanda per a fer-los creure que han de sortir immediatament de la casa si no volen afrontar conseqüències legals. Encara que si no té efecte, vendre continua sent rendible, perquè es compra més barat i el creixement de la demanda ha permès pujar el preu de manera que continua havent-hi benefici.

També es pot donar una inquiocupació, quan una persona accedeix a un habitatge mitjançant un contracte de lloguer, però deixa de pagar i roman en ell. En aquest cas, es tracta d'un inquilí, no d'un okupa, i el propietari només pot recuperar l'immoble després d'una resolució judicial, ja que l'afectat es veu obligat a anar a judici perquè “no té realment una altra opció”, assenyala Vila. Es tracta, gairebé sempre, d'arrendataris que han sofert una pujada sobtada de la renda per part de l'amo i no poden fer-li front o no troben alternativa per la crua situació a Balears.

El negocio de los pisos okupados se ha disparado en Mallorca. Lo que hace unos años era una rareza en los portales inmobiliarios se ha convertido en un nicho en auge. Los precios, que en algunos casos se han duplicado en apenas un año, no se alejan mucho del desorbitado coste de una vivienda de segunda mano sin okupar. Aunque el fenómeno es generalizado, se concentra sobre todo en barrios periféricos de los exteriores de Palma, como Son Gotleu o Son Oliva, o en municipios del interior de la isla, como Llucmajor o Manacor. En el llano, lo que se ofertan son pisos de lujo o chalets con piscina que incluso bajo el concepto “ocupado ilegalmente” rozan el millón de euros. Incluso a pesar de que los anuncios advierten que las fotos podrían no reflejar el estado real del inmueble.

Pero la palma se la llevan las áreas habitadas históricamente por la clase trabajadora, donde los precios son más bajos y la oferta tarda más en moverse que en zonas de renta alta, donde por lo general es más fácil vender. El mercado inmobiliario en Balears, marcado por la escasez de vivienda –derivada de la alta demanda– y un interés inversor in crescendo, es cada vez más opaco y especulativo.

Casas en estas condiciones que en 2023 oscilaban entre los 25.000 y los 100.000 euros ahora pueden llegar a los 200.000, según datos de Idealista. Los interesados son, en el menor de los casos, familias con pocas oportunidades de compra, y en la mayoría de ellos, inversores que buscan una rentabilidad a medio-largo plazo. De hecho, los anuncios colgados en los portales inmobiliarios ya señalan “oportunidad para inversores” en sus descripciones.

Casas en estas condiciones que en 2023 oscilaban entre los 25.000 y los 100.000 euros ahora pueden llegar a los 200.000, según datos de Idealista

Condiciones de terror

Según cifras oficiales de Idealista, Balears ha sumado este trimestre 474 viviendas okupadas a la venta, una cifra que sitúa a las islas entre las regiones en España con mayor presencia de este tipo de inmuebles. Aunque el proceso de desalojo puede prolongarse hasta dos años, algunos compradores optan por pagar a los okupas –de 10.000 a 15.000 euros– para que se marchen por su propio pie y así agilizar su liberación. En Mallorca, hay actualmente 62 inmuebles en venta okupados ilegalmente entre los 18.090 que se ofertan. 

En el abanico de anuncios que “no admiten visitas por el estado ocupacional” conviven viviendas de lujo con propiedades más modestas: apenas hay un puñado por 50.000 euros –todas en Son Gotleu o en Camp Redó– y poco más de la mitad bajan de los 300.000 euros. Entre ellas, un piso de 91 metros cuadrados con una sola habitación en el barrio palmesano de Camp d’en Serralta, que se vende con okupas por el módico precio de 289.000 euros. “El activo se encuentra ocupado por persona sin justo título, se transmite arrendado a tercero”, explica la inmobiliaria. También detalla una retahíla de aspectos que el adquirente deberá asumir y que el estado de okupación no permite su tasación oficial. Lo que se traduce en que, el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado.

En el abanico de anuncios que 'no admiten visitas por el estado ocupacional' conviven viviendas de lujo con propiedades más modestas: apenas hay un puñado por 50.000 euros y poco más de la mitad bajan de los 300.000 euros

El resto de la oferta sin disponibilidad real, la superior en la escala de precios, oscila entre los 300.000 y los 999.000 euros. Una de las ‘gangas’ es un bajo con tres habitaciones y 160 metros cuadrados en la zona de Ciudad Jardín que cuesta 365.000 euros. El anuncio, de un banco, reconoce abiertamente que no hay fotos ni posibilidad de visita, y que la operación solo puede cerrarse al contado. “Hay que pactar con el ocupante para que marche”, se indica de manera explícita, indicando sin pudor al comprador que deberá asumir el papel de mediador con los okupas.

En Sa Pobla se ofrece otro piso, reformado, de 120 metros cuadrados y por 999.000 euros. El inmueble, ubicado en una zona tranquila, pero bien comunicada, cuenta con tres habitaciones, dos baños, cocina independiente y balcón. En el anuncio se describe como una vivienda luminosa, con parquet, aire acondicionado, ascensor, garaje y trastero. Sin embargo, una nota final advierte que, pese a su aspecto de vivienda familiar lista para entrar a vivir, el comprador no podrá acceder a ella ni recuperar la posesión de forma inmediata.

Lo mismo ocurre con una casa independiente en la calle Joan Rosselló de Son Fortesa, en Palma, valorada en 795.000 euros. La promotora advierte desde el primer párrafo: “Inmueble sin posesión y sin acceso al interior”. Las imágenes pueden no corresponderse con el estado real y el comprador, además de pagar al contado, deberá asumir todos los trámites y gastos relacionados con el desalojo. Construida en 1940, la casa dispone de 200 metros cuadrados, cuatro habitaciones y tres baños y se vende exclusivamente como una oportunidad de inversión.

El escenario también existe en Eivissa y Menorca, sin llegar a los mismos niveles. En la pitiusa hay ahora mismo seis anuncios de pisos ocupados y en Menorca, con una densidad de población menor a pesar de ser mayor en tamaño, hay ocho. En Formentera, a través de Idealista, no se encuentra ningún anuncio de estas características. Los precios en todas las Balears, aun así, se han equiparado a los del salvaje mercado. En Eivissa el piso ocupado más barato, ubicado en el municipio de Sant Antoni, vale 280.000 euros, y en Menorca un primero con una habitación y de apenas 62 metros cuadrados vale 100.000.

El resto de la oferta sin disponibilidad real oscila entre los 300.000 y los 999.000 euros. Una de las ‘gangas’ es un bajo con tres habitaciones y 160 metros cuadrados. El anuncio, de un banco, reconoce abiertamente que no hay fotos ni posibilidad de visita, y que la operación solo puede cerrarse al contado

Un 50% menos de su precio real

Las propiedades okupadas suelen venderse hasta un 50% por debajo de su valor real, una depreciación vinculada a la pérdida de posesión y a las complicaciones legales que implica su recuperación, según la página web de Idealista. En Palma, los pisos con okupas suponen el 2,5% del total de la oferta inmobiliaria, una cifra algo inferior a la media nacional, pero que evidencia que este tipo de transacciones, hasta hace poco marginales, se están consolidando ya como una posibilidad más del mercado.

La plataforma también se preocupa de aclarar a los usuarios en uno de los apartados de su portal que la “llamada okupación” no aparece como tal en la legislación española, pero se engloba en dos figuras legales: usurpación y allanamiento de morada. La usurpación ocurre cuando alguien entra y vive en una vivienda deshabitada sin permiso del propietario (se considera un delito, aunque con penas menores si no hay violencia). El allanamiento de morada, en cambio, se produce cuando la vivienda está habitada y se vulnera la intimidad del propietario, lo que conlleva sanciones más graves. 

En el primero de los casos –el que esconden detrás las casas en venta– es necesario interponer una demanda de ocupación y el proceso se puede llegar a prolongar. “Pueden ser nueve meses, dos años o más”, valora Eduard Vila, abogado experto en temas de vivienda y mercado inmobiliario. Luego, el adquirente ni siquiera sabe en qué estado se va a encontrar el inmueble. Para echar a los okupas, las inmobiliarias a veces recurren a vías no legales, como notificar una falsa demanda para hacerles creer que tienen que salir de inmediato de la casa si no quieren afrontar consecuencias legales. Aunque si no surte efecto, vender sigue siendo rentable, porque se compra más barato y el crecimiento de la demanda ha permitido subir el precio de modo que continúa habiendo beneficio.

También se pueden dar casos de morosidad, cuando una persona accede a una vivienda mediante un contrato de alquiler, pero deja de pagar y permanece en ella (lo que desde algunos sectores se denomina “inquiokupación”). En este caso, se trata de un inquilino, no de un okupa, y el propietario solo puede recuperar el inmueble tras una resolución judicial, ya que el afectado se ve obligado a ir a juicio porque “no tiene realmente otra opción”, señala Vila. Se trata, casi siempre, de arrendatarios que han sufrido una subida repentina de la renta por parte del casero y no pueden hacerle frente o no encuentran alternativa por la cruda situación en Balears.