Declaraciones de Mazón, el apagón nacional sin precedentes o conexiones en directo que no han salido a la luz son algunos de los materiales audiovisuales que desde el pasado 15 de abril no se han podido catalogar ni analizar por el servicio de documentación de À Punt, una especie de hemeroteca digital e histórica que nació en 1988, un año antes de la creación de la ya extinta RTVV, conocida popularmente como Canal 9, la cadena valenciana cerrada por el que fue presidente del Consell en 2013, Alberto Fabra.

El equipo que forma parte de esta área encargada de preservar el patrimonio audiovisual y sonoro valenciano trabajan en las instalaciones del la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (Cacvsa) en Burjassot bajo un convenio de colaboración entre el Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), caducado desde 2022, que les permitía digitalizar los archivos históricos de la RTVV y clasificar los materiales de À Punt.

“Se iba a prorrogar otros cuatro años más, pero desde el IVC han puesto siempre pegas”, confiesan los propios empleados, quienes dependen de este organismo y cuyo contrato les permitía seguir ocupando el espacio de la televisión autonómica.

Ahora, el director del IVC, Álvaro López-Jamar Caballero, ha recortado parte de la plantilla, dejando 8 de los 15 documentalistas, “con la excusa de que son compañeros que han estabilizado sus plazas y que deben estar en sedes oficiales del IVC”, considerando así que À Punt no lo es, tal y como explican desde el equipo de documentación.

“Las directrices que nos han mandado es que nos centremos en la digitalización del archivo de Canal 9 y dejemos de catalogar los de À Punt”, concretan. En este sentido, añaden que no entienden por qué han tenido que reducir empleados y asignarlos en tareas no especializadas, como bibliotecarios o recepcionistas, “cuando el 40% de los archivos de Canal 9 siguen sin catalogarse”, tarea en la que quieren que se centren exclusivamente.

Y es que, aunque haya archivos que entran de forma automática en los servidores, el papel de los documentalistas es clave a la hora de catalogar y analizar estos fondos para poder montar una pieza informativa en la que los periodistas necesiten “planos específicos o declaraciones de algún dirigente político” en una fecha determinada y con las palabras exactas que se necesiten. Una tarea que será difícil de asumir ahora que este servicio ha sido suprimido a petición del IVC. “Lo que hoy es noticia, mañana es historia”, recuerdan.

Según fuentes de Cultura consultadas por este medio, los siete trabajadores “han estabilizado su plaza”, lo que les obliga a incorporarse a su puesto de trabajo en el IVC. Además, insisten en que el trabajo de los documentalistas es “la gestión del archivo histórico de Canal 9”, recalcando que los fondos audiovisuales de À Punt, “en tanto no disponga otra cosa el Consell del Audiovisual,” son competencia exclusiva del propio medio público. A su vez, achacan al gobierno del Botànic la no ampliación del convenio en 2022 entre el IVC y la CVMC y “la sustitución por otro”, y confirman estar “explorando todas las vías” para mantener los archivos“.

El fantasma de la gestión de Canal 9

“Es un desastre que los que mandan no sean conscientes que hay que dedicar recursos materiales a un medio de comunicación que crea patrimonio audiovisual y sonoro. Sin estas personas que cataloguen, analicen o planifiquen no tiene sentido”.

Así lo manifiesta Lola Alfonso, exresponsable de Documentación y Archivo d'RTVV, en una entrevista con elDiario.es. Jubilada desde el pasado 20 de diciembre, la experta que ha trabajado 36 años en la antigua televisión pública valenciana, y dos más en À Punt, se muestra indignada por el trato con el que los dirigentes políticos tratan a los técnicos que sostienen estas empresas públicas y velan por la conservación de unos fondos materiales de valor histórico para las futuras generaciones.

En línea similar, Alfonso recuerda que en su momento, tuvieron que “pelearse” con la dirección antigua de Canal 9 para tener un equipo de documentación: “En el ERO pudimos salvarnos”. A ello, añade que la situación de los documentalistas está “desamparada”. “Hay materiales que se han creado gracias a archivos de la televisión antigua, como el documental de Guillem Agulló. Ahora hay un 50% de archivos en cita y vídeo pendiente de digitalizar, y en el caso de la radio las cifras aumentan”, destaca, y a su vez, agrega: “Hay aproximadamente más de 70.000 horas de trabajo realizado. 280.000 cintas de vídeo, la mayoría de ellas Betacam, hacen aproximadamente 8km lineales”.

Asimismo, la que fue responsable de este servicio concreta que el 75% del fondo pertenece a la RTVV, mientras que el 25% restante es de la cadena valenciana actual: “Hay 1.9000.000 documentos audiovisuales en el sistema, y 280.000 cintas Betacam. Cada año se descargan casi 6000 horas de imágenes de archivo”.

Preguntada por la posible pérdida audiovisual de la DANA, Alfonso asegura que está todo salvaguardado, y que hay cerca de cuatro mil horas registradas de la trágica riada, por lo que no afecta a la causa judicial aún abierta. Sin embargo, la documentalista considera que, sin la descripción de las imágenes, será complicado localizar grabaciones concretas- como un libro o un disco enfangado- cuando los periodistas las soliciten, por ejemplo, “para un tema de cultura”. “El material cuenta ahora con unas características técnicas que en un futuro no podrán leerse sin un equipo que continúe digitalizando y transfiriendo los archivos del pasado a los nuevos formatos”, explica.

En palabras de Alfonso, sin ordenadores capaces de almacenar grandes cantidades de datos, y sin un equipo detrás, los fondos audiovisuales de la gota fría y de los meses posteriores a la tragedia- cuando las instituciones autonómicas intentaban eludir sus responsabilidades- “no habrían podido ser archivados”.

Primera baja en la dirección de la radiotelevisión pública valenciana controlada por PP y Vox. El periodista Alfonso Gil deja el Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A. (CACVSA), tres meses después de asumir el cargo. Gil alega motivos personales, según un comunicado remitido por la radiotelevisión pública À Punt, que confirma su dimisión.

El periodista de reconocido prestigio, ex responsable de la Agencia EFE en la Comunitat Valenciana, dimite del órgano de dirección seleccionado por la derecha y la ultraderecha una semana después de la comparecencia de su presidente, Vicente Ordaz, en comisión parlamentaria, y de los cambios en la parrilla de programación. Su salida se da además en plenas negociaciones del PP y Vox para aprobar los presupuestos de Carlos Mazón, donde la ultraderecha tiene en el foco a la televisión pública y presiona para que emita más contenidos en castellano o corridas de toros, tal como apuntó su representante en la comisión parlamentaria.

Según el comunicado remitido, “Alfonso Gil valora muy positivamente su paso en la radiotelevisión pública y espera que en esta nueva etapa la cadena autonómica pueda generar más audiencias y más predicamento social. Al presentar su renuncia, Gil ha manifestado que de esta manera queda liberado para centrarse en su faceta de escritor y poder dedicar más tiempo a algunos proyectos que está barajando”, insiste la corporación.

El periodista fue nombrado por Les Corts el pasado mes de diciembre junto al resto de integrantes del Consejo de Administración. El periodista fue de redactor de deportes y delegado de la Agencia EFE en la Comunitat Valenciana entre 1999 y 2006. Una vez sea efectiva la dimisión, el grupo parlamentario popular deberá proponer otro candidato al pleno y someterlo a votación, por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda.

La radiotelevisión pública valenciana À Punt, dirigida por un consejo de PP y Vox, abre la puerta a la emisión de corridas de toros u otros programas sobre festejos taurinos. El presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Vicente Ordaz, ha apuntado este lunes en las Corts Valencianes la posibilidad de estudiar la emisión de novilladas si se ajustan al presupuesto y a los criterios de audiencia.

“No estamos cerrados”, ha respondido el nuevo responsable de la empresa pública, preguntado por Vox sobre la emisión de estos festejos. Ordaz ha recordado que hay más de 8.000 festejos taurinos anuales en la Comunitat Valenciana -entre novilladas, bous al carrer o bous a la mar- y ha enmarcado la posibilidad en la rentabilidad que ofrezcan: “Si entra en los ratios de coste y audiencias, se estudiará”, ha afirmado en la comisión de las Corts.

Ordaz ha comparecido este lunes para dar cuenta de su proyecto al frente de la radiotelevisión pública valenciana, donde ha insistido en su apuesta por introducir más contenidos en castellano para tratar de enganchar a la audiencia. El exjefe de informativos de la Cadena COPE en Valencia ha recordado que À Punt cuenta con la mitad de presupuesto que otras autonómicas como TV3 o la televisión pública vasca y ha apuntado que tiene buena parte comprometido, por lo que apenas cuenta con 10 millones de euros de margen de maniobra para impulsar su proyecto en este primer año.

El presidente de la corporación ha avanzado que trabaja en una revisión de la relación de puestos de trabajo para “optimizar recursos de las empresas” y “actualizar funciones de plantilla”, que, de momento, está en pleno proceso de subrogación desde la sociedad anterior a la fundada con la nueva ley de PP y Vox.

Compromís crea un observatorio

Minutos antes de la comisión, la coalición Compromís ha anunciado que creará un observatorio sobre la radiotelevisión pública valenciana para combatir “la posible manipulación y censura” que prevén de la nueva dirección y defender “la cultura y la lengua” propias de la Comunitat Valenciana. Crearán “una ventana [online] para que la ciudadanía pueda dirigirse” a él y realizará informes “de manera periódica”. La coalición considera que la radiotelevisión que emana de la ley pactada por PP y Vox “devuelve” a “los tiempos más oscuros de Canal 9” y ha advertido que estarán “vigilantes” para que la información “sea veraz, para que no puedan manipular y para que el valenciano vuelva a ser su idioma vehicular”. 

Al contrari del que sol ser habitual, la informació elaborada per À Punt sobre el nomenament del seu nou director general, Francisco Aura, no és gens avorrida. És institucional, això sí, però explica capítols poc coneguts i molt sucosos del molt zaplanista i mà dreta de l’exdirector de Canal 9 Jesús Sánchez Carrascosa. Diu el comunicat que va ser “enviat especial a les eleccions presidencials dels Estats Units”. També a escenaris de moltíssima més rellevància periodística: a la Guerra del Golf (1990-91), a la Guerra de Bòsnia i al colp d’estat involucionista en l’extinta URSS el 1991. Algú deu haver pensat que és millor contar aventures èpiques abans que torturar el ciutadà/lector/teleespectador amb altres episodis de la seua trajectòria bastant menys glamurosos i que retraten el seu perfil polític, empresarial i com a gestor en Canal 9.

Propaganda i negocis

Viatgem a aquella època en què Francisco Aura es va fer un nom i un home de negocis a l’ombra de Zaplana i del seu lloctinent Sánchez Carrascosa. Aquest, que havia sigut cap de campanya i de gabinet del president condemnat recentment per corrupte, va afavorir la televisió privada Valencia TeVe juntament amb la seua dona i totpoderosa directora de Las Provincias llavors, María Consuelo Reyna. Darrere d’aquest canal, situat al carrer de Foncalent de València, hi havia també publicistes (Mediterránea de Medios) i empresaris com Francisco Segura, els germans Lladró o Fernando Roig. Aquella televisió va nàixer després de l’estiu del 1996 per a convertir-se en el gran far catòdic privat del PP de Zaplana i per al negoci dels seus impulsors. Feia uns mesos que Aznar no havia pogut consumar la majoria absoluta i s’havia vist forçat a pactar amb el “nan” Jordi Pujol.

Del nucli irradiador de Carrascosa

La lectura que es va fer en el Palau de la Generalitat d’aquella amarga victòria en les generals va ser contundent: calia lligar en curt Canal 9 (exactament en aquesta mateixa tessitura estan ara amb À Punt) i impulsar una televisió privada per a la propaganda. I de passada, es procuraria fer negoci mentre s’hissava la bandera i sonava el No-Do. Zaplana no va dissimular el seu afany de control mediàtic i va col·locar el seu cap de campanya, Carrascosa, al capdavant de Canal 9 l’abril del 1996. En la guàrdia de corps del director de la televisió autonòmica estava el cap de programes Francisco Aura. Era tan de la seua confiança que no va dubtar a col·locar-lo de director de l’esmentada Valencia TeVe. Va arribar abans a aquesta tele l’apadrinat que el padrí. Aura, per cert, va ser també accionista d’aquesta televisió privada molt afavorida des de la direcció de Canal 9.

Comissions i privatitzacions

Un dels escàndols de l’època relacionats amb les adjudicacions a productores va tindre Aura com a coprotagonista. Sense deixar de ser personal de la plantilla de TVV, Aura es va associar amb el subdirector llavors, Vicente Andreu, per a muntar Astel Producciones. Una productora que va mitjançar en les contractacions de les retransmissions taurines de la casa i a canvi de comissions. Tot això mentre Aura i Andreu continuaven cobrant la nòmina pública. Disculpen l’autocitació, però aquell episodi, que en el seu moment vaig contar en el diari, es relata en el llibre Ciudadano Zaplana. No va ser l’únic escàndol que va protagonitzar Aura. Amb el seu soci i la productora esmentada, va ser beneficiari de la privatització de l’espai infantil Babalà, que presentava María Abradelo. Pel paquet de programes contractat van cobrar 2,8 milions d’euros. Aquests mateixos continguts costaven 360.000 euros quan l’espai era de producció pròpia de Canal 9.

Francisco Aura va acompanyar també Carrascosa en la seua aventura en Diario de Valencia. Una capçalera històrica adquirida per 42.000 euros i que va tornar al quiosc el 26 de setembre de 2000. Entre els seus accionistes estaven, de nou, Francisco Segura, Enrique Roig (un altre zaplanista de pro) o el mateix Aura.

Nous vells temps

La repesca de Francisco Aura com a nou director general d’À Punt evoca un passat que és molt present: el poder de les terminals del zaplanisme en la Generalitat i l’afany per lligar en curt la radiotelevisió pública. I, de passada, potser algú de la indústria auxiliar del partit governant li toca la grossa o la pedrea.

Al contrario de lo que suele ser habitual, la información elaborada por À Punt sobre el nombramiento de su nuevo director general, Francisco Aura, no es nada aburrida. Es institucional, eso sí, pero explica capítulos poco conocidos y muy jugosos del muy zaplanista y mano derecha del exdirector de Canal 9 Jesús Sánchez Carrascosa. Dice el comunicado que fue “enviado especial a las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.

También a escenarios de muchísima más relevancia periodística: a la Guerra del Golfo (1990-91), a la Guerra de Bosnia y al golpe de Estado involucionista en la extinta URSS en 1991. Alguien habrá pensado que mejor contar andanzas épicas antes que torturar al ciudadano/lector/telespectador con otros episodios de su trayectoria bastante menos glamurosos y que retratan su perfil político, empresarial y como gestor en Canal 9.

Propaganda y negocios

Viajemos a aquella época en la que Francisco Aura se hizo un nombre y un hombre de negocios a la sombra de Zaplana y de su lugarteniente Sánchez Carrascosa. Este, que había sido jefe de campaña y de gabinete del presidente recién condenado por corrupto, auspició la televisión privada Valencia TeVe junto con su entonces esposa y todopoderosa directora de Las Provincias, María Consuelo Reyna. Detrás de ese canal, ubicado en la calle Fuencaliente de València, estaban también publicistas (Mediterránea de Medios) y empresarios como Francisco Segura, los hermanos Lladró o Fernando Roig. Aquella televisión nació tras el verano de 1996 para convertirse en el gran faro catódico privado del PP de Zaplana y para el negocio de sus impulsores. Hacía unos meses que Aznar no había podido consumar la mayoría absoluta y se había visto forzado a pactar con el “enano” Jordi Pujol.

Del núcleo irradiador de Carrascosa

La lectura que se hizo en el Palau de la Generalitat de aquella amarga victoria en las generales fue contundente: había que atar en corto Canal 9 (exactamente en esa misma tesitura están ahora con À Punt) e impulsar una televisión privada para la propaganda. Y de paso, se procuraría hacer negocio mientras se izaba la bandera y sonaba el No-Do. Zaplana no disimuló su afán de control mediático y colocó a su jefe de campaña, a Carrascosa, al frente de Canal 9 en abril de 1996. En la Guardia de Corps del director de la televisión autonómica estaba el jefe de programas Francisco Aura. Era tan de su confianza que no dudó en colocarlo de director de la citada Valencia TeVe. Llegó antes a esa tele el apadrinado que el padrino. Aura, por cierto, fue también accionista de esa televisión privada muy favorecida desde la dirección de Canal 9.

Comisiones y privatizaciones

Uno de los escándalos de la época relacionados con las adjudicaciones a productoras tuvo a Aura como coprotagonista. Sin dejar de ser personal de la plantilla de TVV, Aura se asoció con el entonces subdirector, Vicente Andreu, para montar Astel Producciones. Una productora que intermedió en las contrataciones de las retransmisiones taurinas de la casa y a cambio de comisiones. Todo ello mientras Aura y Andreu seguían cobrando la nómina pública. No fue el único escándalo que protagonizó Aura. Con su socio y la citada productora fue beneficiario de la privatización del espacio infantil Babalà, que presentaba María Abradelo. Por el paquete de programas contratado cobraron 2,8 millones de euros. Esos mismos contenidos costaban 360.000 euros cuando el espacio era de producción propia de Canal 9.

Francisco Aura acompañó también a Carrascosa en su aventura en Diario de Valencia. Una cabecera histórica adquirida por 42.000 euros y que regresó al quiosco el 26 de septiembre de 2000. Entre sus accionistas estaban, de nuevo, Francisco Segura, Enrique Roig (otro zaplanista de pro) o el propio Aura.

Nuevos viejos tiempos

La repesca de Francisco Aura como nuevo director general de À Punt evoca un pasado que es muy presente: el poder de las terminales del zaplanismo en la Generalitat y el afán por atar en corto la radiotelevisión pública. Y, de paso, igual a alguien de la industria auxiliar del partido gobernante le toca el gordo o la pedrea.

El Consejo de Administración de la radiotelevisión pública valenciana nombra a Francisco Aura, director de operaciones de Trece TV desde 2013, como nuevo director general de À Punt. El órgano de administración de la corporación pública, designado por PP y Vox, ha adoptado la decisión en el primer encuentro tras su constitución, que deberá ser ratificada por el pleno del Consell.

Antes de llegar a la televisión de los obispos, Aura fue director de Televisión del Mediterráneo, también participada por la Conferencia Episcopal. Desarrolló parte de su carrera en la extinta Canal 9, donde fue jefe Producción de Programas durante el gobierno del PP, así como productor de Informativos y también de Programas. En la televisión valenciana fue enviado especial a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y cubrió conflictos como la Guerra del Golfo, la Guerra de Bosnia y el Golpe de Estado en Moscú de 1991. La cadena pública destaca su experiencia como ejecutivo en el sector y como gerente de publicidad para Videquip i CRP Media.

El nombramiento del excargo de Canal 9 implica avanzar en la remodelación de la radiotelevisión pública, que había estado paralizada hasta la DANA, pese a que PP y Vox aprobaron la ley en junio. La radiotelevisión pública valenciana operaba sin director general desde que el pasado noviembre dimitiera Alfred Costa, días después de conocer que el presidente de la Generalitat había ofrecido su puesto a la periodista Maribel Vilaplana durante la DANA, quien rechazó la oferta. El vacío en la cúpula directiva forzó a PP y Vox a mover ficha en las Corts Valencianes y proponer a los nuevos consejeros, todos nombrados por ambos partidos.

El pleno del Consell aprobó el pasado martes el nombramiento del periodista Vicente Ordaz, ex director de informativos de la COPE, como presidente de la nueva Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), elegido por el órgano de administración de entre sus ocho consejeros. Una semana antes, el 21 de enero, el Ejecutivo autonómico aprobó la creación de la empresa pública que renovará la radiotelevisión pública valenciana, en virtud de la ley pactada por PP y Vox.

El PSPV pedirá su comparecencia

La diputada socialista Mercedes Caballero, responsable de los asuntos de RTVV, ha cuestionado la elección de Aura, “protagonista de las peores épocas de la extinta Canal 9”, y ha considerado que su vuelta sería “el mazazo final para acabar con los medios públicos valencianos y la vuelta a la censura, el partidismo y las consignas políticas al equipo de profesionales que, día a día y con grandes esfuerzos y aciertos nos informan de forma objetiva y veraz de todo lo que acontece en la Comunitat Valenciana”. 

“O Mazón no ha salido de su noqueamiento o ha dejado de disimular su dependencia del zaplanismo”, ha destacado Caballero que ha insistido en que nombrar a Francisco Aura es “el primer paso para volver a los chanchullos, los comisarios políticos y la telebasura”, ha censurado la diputada, que pedirá su comparecencia para esclarecer si sigue teniendo intereses en productoras audiovisuales.

El Gobierno valenciano empieza a sanear las cuentas de la radiotelevisión pública valenciana en vísperas de que desembarquen los consejeros de PP y Vox. La Generalitat Valenciana ha aprobado este jueves una inyección de 37 millones de euros a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y una transferencia a la sociedad anónima para garantizar la viabilidad de la empresa, que arrastra un conflicto judicial de 24 millones de euros con la Agencia Tributaria por un cambio en el criterio del IVA.

En la orden dictada por la Conselleria de Hacienda se reconoce que la transferencia se realiza “para lograr la estabilización del patrimonio neto de la SAMC y permitir su absorción por la futura Corporación”. En junio, PP y Vox aprobaron una ley para crear la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), una mercantil pública que gestionará la radiotelevisión valenciana y que liquidará la estructura societaria actual. El próximo jueves el pleno de las Corts elegirá a los consejeros del ente, todos a propuesta del PP y Vox, que culminarán su intención de cambiar el funcionamiento de los medios de públicos de titularidad autonómica. Todo apunta que el presidente de la Corporación será Vicente Ordaz, director de informativos de la Cadena Cope y con amplia experiencia en radio, aunque falta por ver quién ocupará la dirección general, un puesto con gran poder de mando y que el presidente de la Generalitat ofreció a una periodista el día de la DANA. La periodista rechazó sumarse al proyecto del PP.

El texto aprobado por la Conselleria de Hacienda reconoce el conflicto de À Punt con la Agencia Tributaria Estatal. Desde 2020, la televisión pública no puede deducirse una parte del IVA de los productos audiovisuales, un lastre para sus cuentas que le impiden tener beneficios económicos, pero además, la reclamación de ese importe de los años 2016 a 2019 implica casi un tercio del presupuesto del ente.

El Consell de Ximo Puig se comprometió a asumir el montante (24 millones) cuando llegara la sentencia, como figura en la ley de presupuestos de los años anteriores, de igual modo que el PP y Vox ya con Mazón al frente de la Generalitat. La transferencia de 37 millones se realiza antes de que finalice el ejercicio, con vistas a que en 2025 la nueva empresa pública ya esté operativa y empiece a absorver a los trabajadores y los recursos materiales de À Punt. El primer paso, la elección del Consejo de Administración, se da la semana próxima, con una toma de posesión que se realizarán antes de Navidad.

En concreto, Hacienda apunta que el IVA ha provocado “pérdidas acumuladas que han deteriorado sus fondos propios. Dichas pérdidas, en su mayoría derivadas por el impacto de dicho cambio de criterio en las cuotas de IVA y su tratamiento contable, han generado un déficit patrimonial que debe ser abordado antes del cierre del ejercicio 2024 para evitar la disolución forzosa de la entidad”. Para su financiación, apunta el departamento que dirige Ruth Merino, “se propone la transferencia de disponibilidades existentes en la línea S1573 «Desarrollo de proyectos de marcado interés económico y social para la Comunitat Valenciana» y en la línea T0034 «Previsión gastos de personal», ambas del capítulo IV del programa 612F00 Gastos diversos”, ambas de Presidencia de la Generalitat, a la sociedad anónima de medios de comunicación, gestora de la televisión y la radio. Con este traspaso, justifica Merino, “se estima que permitirán que el patrimonio neto de la SAMC alcance un valor positivo aproximado de 13.231.000 euros, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y garantizando la continuidad de las operaciones hasta su absorción”.

El Consell Rector de la CVMC, que preside Miquel Francés, órgano que dejará de existir en cuanto el PP culmine el traspaso, ha celebrado a través de un comunicado que el Gobierno valenciano “asegure la viabilidad de la empresa” y que cumpla “por primera vez” este compromiso adquirido en 2022 por el anterior gobierno y que restablece el equilibrio en las cuentas de la cadena.

El partido ultraderchista Vox propone a uno de los gestores de la fundación de Santiago Abascal como consejero de la radiotelevisión pública valenciana À Punt. El grupo parlamentario en las Corts Valencianes ha registrado este martes el nombre de Julio Utrilla como candidato al Consejo de Administración de la nueva corporación, que sustituirá a la empresa gestora actual gracias a la ley aprobada con el PP. Populares y ultras aprobaron una norma el pasado junio que les da el control de los medios de comunicación por su mayoría parlamentaria. En señal de protesta, ni PSPV ni Compromís presentan candidatos.

Según la información facilitada por el grupo ultra, Utrilla es ingeniero superior en minas, y fue patrono de la Fundación Disenso, el think thank de la formación de Abascal. Es un hombre de máxima confianza del dirigente de ultraderecha y formaba parte de la dirección de la fundación, destinada a difundir el ideario de la formación ultra, cuando esta recibió nueve millones de euros en cinco años del grupo parlamentario en el Congreso, como desveló una investigación de elDiario.es. Utrilla formó parte del equipo de Santiago Abascal, que preside la fundación, junto a Enrique Cabanas, amigo de Abascal desde la época en la que presidió la fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) financiada por Esperanza Aguirre y Pablo Sáez, tesorero del partido.

La fundación destina su actividad a organizar congresos, eventos, coloquios, promover ideas, editar informes y difundir noticias en medios ultraconservadores. Entre sus fines, considerados de interés general, cita la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”.

Utrilla fue diputado nacional de VOX por Valencia en la pasada legislatura y director institucional de Vox. Antes de entrar en la formación ultra Director General del Grupo AGEM y trabajó durante nueve años como Director General de ENVITEL Tecnología y Control, según indica en su ficha del partido. Junto a él, Vox ha presentado a Susana Pérez González es técnica especialista en Educación Infantil. Cursó un máster en Periodismo y Comunity Manager, y ha trabajado en varios medios de comunicación como Eko Radio y TV, Alameda TV, À Punt, así como emisoras y televisiones locales.

Por su parte, el PP presenta como consejeros a los periodistas María José Arambul Ballester, ex de Cope Castellón y actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Castellón; Juan Alfonso Gil Irún, que ha sido redactor jefe de la Agencia EFE; Rosalía Mayor Rodríguez, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante; Vicente Ordaz Soriano, director de informativos de Cope Valencia; y María Pilar Caro Carralero es directora general de la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valenciana. Los populares apuntaron a Sergio Peláez, director de la COPE, como posible presidente del órgano, pero finalmente no se ha presentado.

Dimisión del director general

La dimisión del director general de À Punt, Alfred Costa, ha acelerado el proceso de renovación del ente. Costa abandonó su puesto días después de que se hiciera público que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ofreció su puesto -que se conseguía por concurso público- a una periodista en una comida el pasado 29 de octubre, día de la DANA. El limbo legal en el que dejaba la televisión, que se rige por una norma derogada desde junio, ha hecho que los conservadores pisen el aceleador y sigan con su calendario, que preveía tener el Consejo de Administración listo a finales de este 2024.

El Parlamento valenciano tendrá que votar a los candidatos propuestos y sumar un octavo que presente la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Con la nueva ley, basta con una mayoría simple en segunda votación para elegir al órgano que dirija la radiotelevisión pública, por lo que PP y Vox no necesitan a los partidos de la oposición para diseñar los medios públicos. De entre estos ocho consejeros se nombrará al presidente del órgano y, a propuesta del consejo, a un nuevo director general.

El PP apuesta por “activar” la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), el órgano que gestionará la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, y con ello evitar el “vacío de poder” generado tras la reciente dimisión de su director general, Alfred Costa, según ha adelantado la Cadena SER y han confirmado a Europa Press fuentes populares.

“Hay una ley en vigor, que es la de À Punt, que no se ha activado todavía, pero, a la vista de las circunstancias, la dimisión del director general y el vacío de poder generado, se va a activar la ley”, señalan estas fuentes, que consideran que “no tiene sentido que no se active” esta nueva norma, aprobada el pasado junio en las Corts con los votos del PP y Vox, en “la actual situación”.

Los 'populares' habían abogado en los últimos meses por vincular el nuevo consejo de administración de À Punt con la renovación de los órganos estatutarios y pretende que todos los grupos de Les Corts estén representados en el órgano de la radiotelevisión pública valenciana que sustituirá al actual consell rector fruto de la nueva ley que rige el ente.

Por el contrario, desde la oposición, el PSPV mantiene su voluntad de abordar esta negociación siempre que Vox no participe, mientras Compromís cree “complicado” llegar a un acuerdo “tanto con partidos que no creen en los órganos estatutarios como con los que sistemáticamente están cambiando las reglas del juego para imponer a sus candidatos”.

Este proceso se acelera tras la dimisión de Alfred Costa como director general de À Punt, anunciada este pasado miércoles de forma “irrevocable” después de casi cinco años al frente de la radiotelevisión pública valenciana.

En un escrito que hizo llegar a la plantilla, Costa aseguró que la decisión es “fruto de una profunda reflexión personal y profesional” y confió en que su renuncia “permita acelerar el proceso de transformación de los medios públicos de comunicación que prevé la nueva ley”.

Mientras, será el presidente del consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Miquel Francés, quien asumirá provisionalmente las funciones de Costa, según lo establecido en la ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico.

Sin embargo, esta norma --que fue la que permitió recuperar el servicio público en 2016 tras el cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) en 2013-- fue derogada el 27 de junio de 2024 con la aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) por parte de Les Corts Valencianes, gracias a los votos del PP y Vox.

Según esta, el parlamento valenciano “debe iniciar la elección de los miembros del Consejo de Administración en el plazo de un mes tras la aprobación de la ley”, cosa que tampoco se ha producido, por lo que los miembros del actual consejo rector de la CVMC continúan en funciones hasta la constitución del nuevo órgano.

La ley estipula que el nuevo Consejo de Administración estará integrado por ocho miembros, de los que siete serán elegidos por Les Corts y el octavo, por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Será el encargado de proponer al director general, que podrá ser elegido en primera votación de tres quintas partes de Les Corts y, de lo contrario, por mayoría absoluta.

El director general de la radiotelevisió pública valenciana À Punt, Alfred Costa, abandona l'ens deu dies després que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, informés que estava oferint el lloc a una altra periodista. El comunicador ha informat de la “dimissió irrevocable” del seu lloc de treball “per motius personals”.

El directiu ha remès un comunicat en què posa en valor “l'esforç titànic i el sacrifici personal d'una bona part de les plantilles i dels equips directius durant l'extraordinària cobertura de la DANA del 29 d'octubre”. “La cobertura realitzada ens ha permès reconnectar com mai amb bona part de la ciutadania. Mai els nostres valors de transparència, independència i proximitat han ressonat tant a les cases de centenars de milers de valencians que han confiat en À Punt per informar-se”, exposa.

Costa comunica la seua decisió deu dies després que Presidència confirmés que Carlos Mazón va dinar el dia de la DANA amb la periodista Maribel Vilaplana per oferir-li ser la directora de l'ens. El president estava sondejant la periodista perquè optés al lloc de Costa en l'empresa pública que reemplaçarà l'actual À Punt, un lloc que ha de proposar el Consell d'Administració, que encara no s'ha creat ni votat en les Corts Valencianes. Fonts de l'entorn de Vilaplana han explicat a elDiario.es que el president de la Generalitat li va oferir la direcció d'À Punt i que la periodista va rebutjar l'oferta. El lloc de Costa ja estava en qüestió des de la reforma legislativa que van aprovar el PP i Vox, que, amb la constitució del nou ens, quedaria sota el control de la majoria parlamentària conservadora. Costa va assumir el càrrec el 2020 després de passar per un procés de selecció, un concurs públic en la mateixa cadena, que va tornar a superar el 2023, amb examen parlamentari inclòs.

El gabinet de Mazón va qualificar la trobada amb Vilaplana com un “dinar privat de treball”, amb la periodista, “una professional de reconegut prestigi i d'àmplia trajectòria del sector audiovisual i de la comunicació”. S'entrevistà amb aquesta persona per abordar la possibilitat de dirigir i sumar-se al nou projecte de la televisió autonòmica, À Punt. La trobada, assegurava, es va iniciar a les 15 hores, en un local situat a pocs minuts del Palau de la Generalitat, al restaurant El Ventorro. “Per qüestions de privadesa i confidencialitat, perquè aquesta persona treballa actualment en una companyia audiovisual i de comunicació, i per no comprometre la seua situació laboral i professional, no es va informar abans dels termes abans descrits”, van indicar des del Palau.

Costa ha remès un escrit en què agraeix a l'equip directiu de la casa “portar endavant un projecte empresarial i televisiu on se sentiren representats tots els valencians sense cap exclusió”, també expressa gratitud cap als treballadors de la plantilla, el sector audiovisual, les productores... tots els components de la televisió pública, excepte l'Administració autonòmica.

El director general de la radiotelevisión pública valenciana À Punt, Alfred Costa, abandona el ente diez días después de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, informara de que estaba ofreciendo su puesto a otra periodista. El comunicador ha informado de su “dimisión irrevocable” de su puesto de trabajo “por motivos personales”.

El directivo ha remitido un comunicado en el que pone en valor “el esfuerzo titánico y el sacrificio personal de una buena parte de las plantillas y de los equipos directivos durante la extraordinaria cobertura de la DANA del 29 de octubre”. “La cobertura realizada nos ha permitido reconectar como nunca con buena parte de la ciudadanía. Nunca nuestros valores de transparencia, independencia y proximidad han resonado tanto en las casas de centenares de miles de valencianos que han confiado en À Punt para informarse”, expone.

Costa comunica su decisión diez días después de que Presidencia confirmara que Carlos Mazón comió el día de la DANA con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle ser la directora del ente. El presidente estaba sondeando a la periodista para que optara al puesto de Costa en la empresa pública que reemplazará a la actual À Punt, un puesto que debe proponer el Consejo de Administración, que todavía no se ha creado ni votado en las Corts Valencianes.

Fuentes del entorno de Vilaplana han explicado a elDiario.es que el presidente de la Generalitat le ofreció la dirección de À Punt y que la periodista rechazó la oferta. Su puesto ya estaba en cuestión desde la reforma legislativa que aprobaron PP y Vox, que, con la constitución del nuevo ente, quedaría bajo el control de la mayoría parlamentaria conservadora. Costa asumió el cargo en 2020 después de pasar por un proceso de selección, un concurso público en la propia cadena, que volvió a superar en 2023, con examen parlamentario incluido.

El gabinete de Mazón calificó el encuentro como una “comida privada de trabajo”, con la periodista, “una profesional de reconocido prestigio y de amplia trayectoria del sector audiovisual y de la comunicación”. Se entrevistó con esta persona para abordar la posibilidad de dirigir y sumarse al nuevo proyecto de la televisión autonómica, À Punt. El encuentro, aseguran, se inició a las 15 horas, en un local situado a escasos minutos del Palau de la Generalitat, en el restaurante El Ventorro. “Por cuestiones de privacidad y confidencialidad, porque esta persona trabaja actualmente en una compañía audiovisual y de comunicación, y por no comprometer su situación laboral y profesional, no se informó antes de los términos antes descritos”, indicaron desde el Palau.

El comunicador ha remitido un escrito en el que agradece al equipo directivo de la casa “llevar adelante un proyecto empresarial y televisivo donde se sintieran representados todos los valencianos sin ninguna exclusión”, también a los trabajadores de la plantilla, al sector audiovisual, a las productoras... a todos los componentes de la televisión pública, salvo a la Administración autonómica.

Estos días de dolor, de trauma en Valencia por las consecuencias de la DANA nos hemos acordado del accidente del metro de Valencia, que pasó en 2006 y en el que 43 personas perdieron la vida y 47 resultaron heridas. Estas dos tragedias tienen algo en común: la reacción del gobierno autonómico del Partido Popular, las mentiras y los silencios, que esta vez han sido más difíciles de mantener.

Recordamos lo sucedido en Valencia hace casi 20 años con el periodista de elDiario.es en la Comunitat Valenciana Lucas Marco y con Beatriz Garrote, expresidenta de las víctimas del accidente de metro en Valencia.

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El PP pondrá el acelerador para materializar el control de la televisión pública valenciana. El Gobierno valenciano prevé que en 2025 la nueva televisión pública pueda echar a andar. Con la nueva ley aprobada por las Corts Valencianes, los populares arrancarán el curso parlamentario con la vista puesta en nombrar al consejo de administración de la Corporación audiovisual, que controlarán gracias al cambio legislativo.

La idea es llevar la votación del órgano al primer pleno ordinario, justo después del debate de política general en el que Carlos Mazón dé cuenta de su proyecto anual al frente de la Generalitat Valenciana, para que el órgano funcione en octubre. Los populares confían en un proceso rápido para poner a punto el consejo administrativo, que podrán controlar gracias a su mayoría parlamentaria y los cambios emprendidos con el apoyo de Vox.

El PP solo necesita el apoyo de cualquier otro grupo de la oposición para nombrar a los nuevos consejeros y se muestra abierto a todas las opciones políticas. En caso de bloqueo por parte de la izquierda, que se niega a negociar con los ultras, podrían nombrar a los consejeros junto a Vox en una segunda votación. Con todo, desde el PP confían en que socialistas y Compromís planteen nombres, incluso que se abran a rescatar al actual presidente, Miquel Francés, un nombre que podría encajar a los de Mazón.

El Consell deberá crear una empresa publica que gestione el servicio audiovisual y asuma lo que hasta la fecha viene realizando la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació. Para ello, el primer mandato es que las Corts nombre a los consejeros. Una vez constituido el órgano de Administración comenzarán la maraña de las cuestiones técnicas: cómo este nuevo ente absorberá la corporación y la sociedad mercantil actual, fruto de un complejo entramado legislativo aprobado por la primera mayoría parlamentaria de izquierdas. Las Corts eligen a siete consejeros y el octavo restante lo propone la Federación Valenciana de Municipios y provincias, también de mayoría conservadora. Será este mismo órgano quien escoja de entre sus miembros al presidente, al contrario que con la ya derogada norma, que establecía que lo escogiera el Parlamento autonómico.

El Ejecutivo autonómico también deberá dotar al nuevo ente de presupuesto en las cuentas que ya están en elaboración, así como mantener una partida para el todavía existente. Más adelante, Hacienda deberá desarrollar el mecanismo para subrogar al personal. Está, además, el conflicto con el IVA, a la espera de resolución judicial.

Los actuales consejeros han alertado del contenido de la norma, advirtiendo que elimina la participación y aumenta el control político. “La modificación supone una pérdida de pluralidad manifiesta, se aleja de los estándares europeos más elementales, y contradice ostensiblemente las afirmaciones del preámbulo III de la nueva ley sobre À Punt”, afirmaron. “No hace falta estar avalado por un currículum verificable y público” para dirigirla, sostienen.

1,5 millones en contenidos audiovisuales

El Ejecutivo autonómico suscribió este miércoles un convenio con À Punt para inyectar un millón y medio de euros para contenidos audiovisuales en la cadena pública. La Generalitat Valenciana aportará un millón y medio de euros que se destinarán a la creación, generación y producción de contenidos “con sello valenciano”. El objetivo es “contribuir en la dinamización del sector audiovisual valenciano”, según ha anunciado Carlos Mazón.

A més dels informes elaborats pel Consell Valencià de Cultura (CVC) sobre les anomenades lleis de ‘concòrdia’ i ‘llibertat’ educativa del Partit Popular i Vox, documents molt crítics amb aquests textos normatius de les formacions que donen suport al Consell de Carlos Mazón, l’entitat estatutària també ha elaborat un document per a valorar la proposició de llei sobre la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana a petició de José Ignacio Pastor, president d’honor de l’Associació Ciutadana i Comunicació (Acicom). Aquesta norma està, igual que les dues anteriors, en tramitació parlamentària.

Després d’analitzar la proposició de llei i les diferents compareixences parlamentàries, el Consell Valencià de Cultura relata les diferències entre tots dos textos: la “primera novetat i més important” que presenta la norma redactada per PP i Vox respecte de l’anterior llei del Botànic, encara en vigor, és la fusió de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en una única entitat, la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA). Es constituirà com una societat anònima pública de la Generalitat integrada en el sector públic instrumental autonòmic que dependrà de Presidència de la Generalitat i serà regida per un consell d’administració i un director general.

Dels seus òrgans de direcció, alerten, desapareixen els membres procedents d’entitats no polítiques, incloent-hi els representants dels treballadors, així com el Consell de la Ciutadania. Així mateix, s’elimina el 35% mínim del temps d’emissió anual ara destinat a les obres d’audiovisuals elaborades per productors valencians independents i de producció original pròpia, així com la barrera del 20% de límit per a una empresa pel cost total contractat per a projectes de producció externa o pròpia externalitzada.

Adverteixen que desapareix el finançament mínim entre el 0,3 i el 0,6% en els pressupostos de la Generalitat i la menció del valencià com a llengua vehicular, de manera que no es garanteix l’ús i la protecció de la llengua. El control i el seguiment no econòmic de la nova corporació queda reduït a l’exercit per una comissió parlamentària. Per a la nova llei es proposa la creació d’una xarxa autonòmica de sinergia audiovisual i d’una plataforma audiovisual valenciana.

La llei “manca de concreció i consens”

La nova llei que pretén reformar la regulació del sector audiovisual valencià “no ha nascut del govern autonòmic, sinó del si de dos grups parlamentaris, els onze responsables dels quals han decidit presentar la seua proposta amb sol·licitud de tràmit d’urgència per les Corts Valencianes”. “Probablement a causa d’aquesta urgència”, sosté el CVC, el text legislatiu “manca de concreció i de consens”. “Defectes que amb seguretat s’haurien solucionat si la tramitació haguera seguit els canals propis d’un projecte de llei”, expliquen.

En la seua opinió, una reforma legislativa d’un assumpte “tan important” per al conjunt de la ciutadania “no hauria de dur-se a terme de manera precipitada i sense participació social”, ja que la “falta de concreció” en la proposició de llei “és especialment cridanera quant a temes tan importants com la implantació d’una plataforma audiovisual, la regulació, el cost i l’espai de la qual es desconeixen, la garantia d’una inversió mínima en els pressupostos de la Generalitat o el procés de consolidació de la plantilla actual”.

Participació dels treballadors

Quant a la falta de consens, consideren que resulta evident que ha d’assegurar-se la participació dels treballadors en els òrgans que regiran la nova corporació, així com la de professionals i representants socials que puguen col·laborar en l’assessorament de programació i continguts. Davant una “improbable modificació” de la tramitació legislativa que “poguera convertir l’actual proposició de llei en un projecte més assossegat i participatiu”, des del Consell Valencià de Cultura fan una sèrie de recomanacions

Des del CVC consideren “imprescindible” assegurar la participació dels treballadors en els òrgans de direcció de la nova corporació audiovisual, i també creuen que és necessària la continuació d’un òrgan assessor amb participació ciutadana, els membres de la qual siguen triats per professionals i entitats culturals. Quant al consell d’administració de CACVSA, consideren que hauria de ser referendat per les Corts per una majoria de dos terços.

La nova legislació, apunten que hauria de garantir la independència dels informatius “mitjançant recursos interns, professionals i imparcials”, a més de garantir un procés de consolidació de l’actual plantilla mitjançant un model “concret i just”; també són partidaris que la norma garantisca el treball dels actors i de les actrius valencians, tant d’interpretació com de doblatge, així com de la resta dels professionals del sector, “per a fer això, cal una aposta econòmica decidida per part de l’Administració”.

Garantir un “mínim” d’inversió de la Generalitat

El Consell Valencià de Cultura insisteix que ha de garantir-se un mínim d’inversió per part la Generalitat en l’ens públic del 0,45% del pressupost, “tenint en compte aquesta assignació com una inversió necessària per al desenvolupament del sector en la línia del que fan les comunitats autònomes més desenvolupades en aquest camp”. Aquesta assignació hauria de considerar-se “un punt de partida per a arribar en un futur a un 0,6% del pressupost”.

En la línia de l’expressat en un informe anterior del CVC sobre la ‘Ficció en l’audiovisual’, la televisió pública “hauria de fer efectiva la inversió del 6% dels seus ingressos en l’audiovisual, atés un criteri ampli, tal com es recull en la Llei estatal 7/2010”.

De la mateixa manera, es recomana recuperar el 35% mínim del temps d’emissió anual destinat a les obres d’audiovisuals elaborades per productors valencians independents i de producció original pròpia, així com sostenen que s’hauria de preveure un límit de contractació del 20% del total de la producció externalitzada amb una mateixa empresa: “Aquest límit no ha de superar-se en cap cas”.

La llei ha de preveure “amb claredat” que el valencià, “en tant que idioma amb un grau més baix de projecció comunicativa”, ha de ser la llengua vehicular de la ràdio i la televisió públiques.

I apunten que seria convenient introduir en la llei una ampliació i un avanç regulatiu sobre la xarxa autonòmica de sinergia i la plataforma audiovisual que pretenen implantar-se, “atesa la importància d’aquesta eina per a crear noves audiències i garantir l’eficiència del servei”: aquesta concreció “ha d’abastar des dels continguts per a xiquets i joves fins a les noves eines com ara pòdcasts, presència en xarxes socials, etcètera”. “Creiem important que es reculla en la nova llei la decisió d’impulsar programes d’incubació que contribuïsquen a la creació de nous formats”, conclou l’informe del Consell Valencià de Cultura.

Además de los informes elaborados por el Consell Valencià de Cultura (CVC) sobre las llamadas leyes de 'concordia' y 'libertad' educativa del Partido Popular y Vox, documentos muy críticos con estos textos normativos de las formaciones que respaldan el Consell de Carlos Mazón, la entidad estatutaria también ha elaborado un documento para valorar la proposición de ley sobre la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana a petición de José Ignacio Pastor, presidente de honor de la Asociación Ciudadana y Comunicación (Acicom). Esta norma se encuentra, al igual que las dos anteriores, en tramitación parlamentaria.

Tras analizar la proposición de ley y las diferentes comparecencias parlamentarias, el Consell Valencià de Cultura relata las diferencias entre ambos textos: la “primera y más importante novedad” que presenta la norma redactada por PP y Vox con respecto a la anterior ley del Botànic, aún en vigor, es la fusión de las Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la Sociedad Anónima de Médios de Comunicación (SAMC) en una única entidad, la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA (CACVSA). Se constituirá como una sociedad anónima pública de la Generalitat integrada en el sector público instrumental autonómico que dependerá de Presidencia de la Generalitat y será regida por un consejo de administración y un director general. 

De sus órganos de dirección, alertan, desaparecen los miembros procedentes de entidades no políticas, incluidos los representantes de los trabajadores, así como el Consejo de la Ciudadanía. Así mismo, se elimina el 35% mínimo del tiempo de emisión anual ahora destinado a las obras de audiovisuales elaboradas por productores valencianos independientes y de producción original propia, así como la barrera del 20% de tope para una empresa por el coste total contratado para proyectos de producción externa o propia externalizada. 

Advierten que desaparece la financiación mínima de entre el 0,3 y el 0,6% en los presupuestos de la Generalitat y la mención del valenciano como lengua vehicular, de forma que no se garantiza el uso y protección de la lengua. El control y seguimiento no económico de la nueva corporación queda reducido al ejercido por una comisión parlamentaria. Para la nueva ley se propone la creación de una red autonómica de sinergia audiovisual y de una plataforma audiovisual valenciana.

La ley “adolece de concreción y consenso”

La nueva ley que pretende reformar la regulación del sector audiovisual valenciano “no ha nacido del gobierno autonómico, sino del seno de dos grupos parlamentarios, cuyos once responsables han decidido presentar su propuesta con solicitud de trámite de urgencia por les Corts Valencianes”. “Probablemente debido a esta premura”, sostiene el CVC, el texto legislativo “adolece de concreción y de consenso”. “Defectos que con seguridad se habrían solventado si la tramitación hubiera seguido los canales propios de un proyecto de ley”, explican.

En su opinión, una reforma legislativa de un asunto “tan importante” para el conjunto de la ciudadanía “no debería llevarse a cabo de manera precipitada y sin participación social”, ya que la “falta de concreción” en la proposición de ley “es especialmente llamativa en lo relativo a temas tan importantes como la implantación de una plataforma audiovisual, cuya regulación, coste y espacio se desconocen, la garantía de una inversión mínima en los presupuestos de la Generalitat o el proceso de consolidación de la plantilla actual”.

Participación de los trabajadores

En cuanto a la falta de consenso, consideran que resulta evidente que debe asegurarse la participación de los trabajadores en los órganos que regirán la nueva corporación, así como la de profesionales y representantes sociales que puedan colaborar en el asesoramiento de programación y contenidos. Ante una “improbable modificación” de la tramitación legislativa que “pudiera convertir la actual proposición de ley en un proyecto más sosegado y participativo”, desde el Consell Valencià de Cultura hacen una serie de recomendaciones 

Desde el CVC consideran “imprescindible” asegurar la participación de los trabajadores en los órganos de dirección de la nueva corporación audiovisual, así como también creen que es necesaria la continuación de un órgano asesor con participación ciudadana, cuyos miembros sean elegidos por profesionales y entidades culturales. En cuanto al consejo de administración de CACVSA, consideran que debería ser refrendado por las Corts por una mayoría de dos tercios.

La nueva legislación, apuntan que debería garantizar la independencia de los informativos “mediante recursos internos, profesionales e imparciales”, además de garantizar un proceso de consolidación de la actual plantilla mediante un modelo “concreto y justo”; también son partidarios de que la norma garantice el trabajo de los actores y de las actrices valencianos, tanto de interpretación como de doblaje, así como del resto de profesionales del sector, “para lo cual es necesario una apuesta económica decidida por parte de la Administración”.

Garantizar un “mínimo” de inversión de la Generalitat

El Consell Valencià de Cultura insiste en que debe garantizarse un mínimo de inversión por parte la Generalitat en el ente público del 0,45% del presupuesto, “contemplando esta asignación como una inversión necesaria para el desarrollo del sector en la línea de lo que hacen las comunidades autónomas más desarrolladas en este campo”. Esta asignación debería considerarse “un punto de partida para llegar en un futuro a un 0,6% del presupuesto”.

En la línea de lo expresado en un anterior informe del CVC sobre la 'Ficción en el Audiovisual', la televisión pública “debería hacer efectiva la inversión del 6% de sus ingresos en el audiovisual, atendiendo a un criterio amplio, tal y como se recoge en la Ley Estatal 7/2010”.

De igual modo, se recomienda recuperar el 35% mínimo del tiempo de emisión anual destinado a las obras de audiovisuales elaboradas por productores valencianos independientes y de producción original propia, así como sostienen que se debería contemplar un límite de contratación del 20% del total de la producción externalizada con una misma empresa: “Dicho límite no debe ser superado en ningún caso”.

La ley debe contemplar “con claridad” que el valenciano, “en tanto que un idioma con un grado menor de proyección comunicativa”, debe ser la lengua vehicular de la radio y la televisión públicas.

Y apuntan que sería conveniente introducir en la ley una ampliación y avance regulativo sobre la red autonómica de sinergia y la plataforma audiovisual que pretenden implantarse, “dada la importancia de esta herramienta para crear nuevas audiencias y garantizar la eficiencia del servicio”: dicha concreción “debe abarcar desde los contenidos para niños y jóvenes hasta las nuevas herramientas como podcasts, presencia en redes sociales, etcétera”. “Creemos importante que se recoja en la nueva ley la decisión de impulsar programas de incubación que contribuyan a la creación de nuevos formatos”, concluye el informe del Consell Valencià de Cultura.

La ràdio d'À Punt duplica l'audiència i arriba als 42.000 oients diaris en un any rècord per a l'emissora pública. Segons l'última onada de l'Estudi General de Mitjans (EGM), publicat aquest dijous, els matins i la sobretaula es mantenen com a espai atractiu per als oients i l'audiència puja en tots els programes d'aquestes franges.

La ràdio pública valenciana consolida la programació dels informatius, els esports i l'entreteniment. Pel que fa a l'any anterior, À Punt guanya un 31% d'audiència, més de 10.000 nous oients. Considerant la setmana sencera (de dilluns a diumenge), la ràdio és seguida per 37.000 persones cada dia, un 42% més que en el mateix període del 2023.

Els programes informatius són els més destacats per a l'audiència, que respon al servei públic de radiodifusió. El programa Les notícies de la matí incrementa un 80% respecte de l'onada anterior i es converteix en el programa més escoltat de la ràdio pública. Emès de 7 a 12 hores, és presentat per Óscar Martínez i Clara Castelló i compta amb un espai d'anàlisi i tertúlia d'actualitat.

També els programes posteriors, El Rall, a les 12 hores, Les Notícies del Migdia, a les 14 hores, i Esports À Punt, a les 15 hores, creixen en oients, de la mateixa manera que ho fa Les Notícies de la Nit, a les 20 hores, i que duplica la seua audiència. En general, tots els programes informatius i esportius diaris creixen en oients.

Segons l'EGM, els caps de setmana l'audiència d'À Punt Radio es concentra al matí, entre les 8 i les 10 hores, i a la sobretaula. Els dissabtes, el nombre d'oients puja fins als 31.000, per la qual cosa gairebé es tripliquen els resultats de la mateixa onada del 2023, mentre que els diumenges l'audiència arriba a les 19.000 persones, la qual cosa suposa un increment del 73% respecte del 2023 .

La radio de À Punt duplica la audiencia y llega a los 42.000 oyentes diarios en un año récord para la emisora pública. Según la última oleada del Estudio General de Medios (EGM), publicado este jueves, las mañanas y la sobremesa se mantienen como espacio atractivo para los oyentes y la audiencia sube en todos los programas de esas franjas.

La radio pública valenciana consolida la programación de los informativos, los deportes y el entretenimiento. Respecto al año anterior, À Punt gana un 31% de audiencia, más de 10.000 oyentes nuevos. Considerando la semana entera (de lunes a domingo), la radio es seguida por 37.000 personas cada día, un 42% más que en el mismo periodo de 2023.

Los programas informativos son los más destacados para la audiencia, que responde al servicio público de radiodifusión. El programa Les notícies del matí incrementa un 80% respecto de la oleada anterior y se convierte en el programa más escuchado de la radio pública. Emitido de 7 a 12 horas, está presentado por Óscar Martínez y Clara Castelló y cuenta con un espacio de análisis y tertulia de actualidad.

También los programas posteriores, El Rall, a las 12 horas, Les Notícies del Migdia, a las 14 horas, y Esports À Punt, a las 15 horas, crecen en oyentes, de la misma forma que lo hace Les Notícies de la Nit, a las 20 horas, y que duplica su audiencia. En general, todos los programas informativos y deportivos diarios crecen en oyentes.

Según el EGM, los fines de semana la audiencia de À Punt Radio se cono-centra por la mañana, entre las 8 y las 10 horas, y en la sobremesa. Los sábados, el número de oyentes sube hasta los 31.000, por lo que casi se triplican los resultados de la misma oleada de 2023, mientras que los domingos la audiencia llega a las 19.000 personas, la cual supone un incremento del 73% respecto de 2023.

La oposición al Consell en las Corts Valencianes y varias entidades de la sociedad civil valenciana cargan contra la batería de leyes presentadas este jueves por PP y Vox. Las cinco normas, que suponen empezar a desmantelar el corpus legislativo del Pacto del Botánico, han causado una gran conmoción en las entidades que trabajan en estos sectores. Afectan a la televisión pública, la agencia antifraude, la educación en valenciano, la legislación en transparencia e incompatibilidades y a la memoria democrática.

Para el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, el paquete legislativo supone “un asalto a la democracia y a todos los organismos no estatutarios” al cambiar el sistema de mayorías. El PP y Vox tumban el modelo de mayorías reforzadas para la elección de los organismos. Donde antes había que pactar con la oposición, ahora bastará con los partidos en el Gobierno. En su opinión, es “la demolición de un sistema de control de la corrupción” y “la guerra al valenciano”. “Es la ley Zaplana, volver al viejo modelo del PP, un homenaje al padrino político de Mazón” ha subrayado el valencianista, que denuncia que “el PP está comprando todo el marco a la extrema derecha”.

Baldoví también ha criticado la forma de dar a conocer estas leyes. Se convocó el jueves por la tarde, con escasa antelación, para el anuncio conjunto de cinco leyes. El mismo día que comenzó el juicio a Eduardo Zaplana, entre las fiestas de Fallas y las de Semana Santa. Las presentan los grupos parlamentarios y tendrán tramitación urgente para estar listas antes de verano.

Para los socialistas es “una autopista hacia la corrupción eliminando los controles políticos y la transparencia”. José Muñoz, portavoz del PSPV, afirma que “Mazón es tan cobarde que en lugar de presentarla él, en primera persona, manda a sus esbirros a hacer el trabajo sucio mientras él se va a Murcia a reunirse con un compañero de partido” y ha insistido en que “ayer fue un día negro para la Comunitat Valenciana, se quiere echar por tierra y eliminar de un plumazo todo lo que se ha avanzado en nuestra tierra en democracia, derechos y libertades y en la lucha por la corrupción”.

Protestas de colectivos profesionales y sociedad civil

La Unió de Periodistes Valencians advierte de los efectos negativos que tendrá en el futuro de la radiotelevisión pública À Punt respecto a su independencia política y la pluralidad de sus organismos de control. Además, lamenta la incertidumbre que se genera laboralmente, tanto para la actual plantilla como para los aspirantes que preparan los procesos selectivos que ya están convocados. “La propuesta de ley es un paso atrás y supone una amenaza para la independencia de su funcionamiento respecto a los partidos políticos y en especial los que tienen el poder. Dejar que el principal órgano de control de la radiotelevisión pública, en caso de que la ley prospere, sea elegido por políticos y sin la necesidad de mayorías reforzadas es un peligro para garantizar unos medios públicos no partidistas ni afines al gobierno de turno”, afirma el colectivo.

Acció Cultural del País Valencià considera que PP y Vox “legislan contra el País Valenciano” y anuncian movilizaciones para el 27 de abril “contra la imposición del castellano” en las aulas. Las entidades memorialistas denuncian que la llamada “ley de concordia” es una visión revisionista que vuelve a los preceptos del franquismo.

El PP y Vox inician su agenda de legislatura con la presentación de cinco leyes que afectan a la estructura de la enseñanza obligatoria, la televisión pública, las políticas de memoria democrática, la lucha contra el fraude y las políticas de transparencia e incompatibilidades. Como si siguieran los cinco puntos del preacuerdo de Gobierno que sellaron Carlos Mazón y el entonces líder de Vox, Carlos Flores Juberías, los partidos enmiendan a la totalidad el corpus legislativo progresista.

Las normas garantizan a la coalición de la derecha y la ultraderecha el control de la radiotelevisión pública y de la Agencia Antifraude, promulgan una ley que sustituye la memoria democrática por la “concordia” y establecen cambios en la enseñanza de la lengua en valenciano, con un sistema similar al de las líneas. Los sistemas de mayorías cualificadas pasan a la historia y los órganos podrán ser elegidos por mayoría absoluta.

À Punt

Los grupos que sustentan al gobierno plantean una ofensiva total a la radiotelevisión pública valenciana. La norma, registrada en la tarde del jueves en la Cámara, derogará la ley de 2016, unificará la Corporación y la Sociedad, cambiará los órganos administrativos, reducirá el presupuesto y aumentará los contenidos en castellano. Los procesos de selección del personal quedan paralizados, según han apuntado sus dirigentes.

La propuesta normativa, que saldrá adelante con la mayoría de los conservadores y la ultraderecha, cambia el Consell Rector por un Consejo de Administración. Este tendrá un presidente ejecutivo y un director general de la sociedad. Los consejeros serán ocho: siete elegidos por las Corts Valencianes, donde PP y Vox tienen mayoría, y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que también presiden los conservadores. Los consejeros necesitarán el apoyo de tres quintas partes de la Cámara en una primera votación y si no la superan bastará con una mayoría absoluta.

La nueva ley establece la creación de la sociedad anónima pública que llevará el nombre de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que será una fusión de ambos entes. La empresa pública estará adscrita a Presidencia de la Generalitat Valenciana. La norma actual quedará derogada.

Vox ha reconocido que esta ley es contraria a su programa electoral, puesto que ellos no consideran que la información sea un servicio que deba prestarse por los entes públicos, pero han celebrado la presentación conjunta, en una comparecencia con los portavoces del PP en las Corts. De hecho, la formación ultra amenazó a los trabajadores con cerrar la cadena pública. Los portavoces han apuntado que buscarán un modelo más “austero” y que los trabajadores se subrogarán a la nueva sociedad.

La coalición de la derecha y la ultraderecha ya intentó una maniobra similar en el debate de presupuestos, a través de la llamada ley de acompañamiento. La presión de los sindicatos, agentes sociales y la oposición hizo que los populares recularan, como prometió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en una sesión de control.

Derogación de la ley de memoria democrática y nueva ley de “Concordia”

Los socios de gobierno derogarán la ley de memoria democrática, que consideran partidista, y presentan una que abarca el periodo “desde 1931 hasta la actualidad”. El portavoz de Vox, José María Llanos, cuyo partido es el principal impulsor de esta norma, ha dicho que se investigaría a las víctimas “del Frente Popular” y ha cuestionado que la República Española de 1931 fuera un periodo democrático. “Hemos considerado que tiene que ser desde 1931 para que se incluyan, y creemos que sí que existen, víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular”, ha dicho. La coalición Frente Popular se creó en 1936. Preguntado por esta cuestión, ha dicho que “estamos hablando de un sistema político que unos consideran que fue una democracia y otros que hubo muchas movilizaciones y desde luego fue un golpe a un sistema democrático. Entendemos que se puede incluir. No estamos para dar una clase de historia”. El PP ha evitado suscribir esta afirmación, preguntado hasta en tres ocasiones.

La ley tiene apenas siete páginas y un único título, que se limita a “reconocer a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa” de la Comunitat Valenciana en el periodo citado. También hace referencia a un “catálogo de vestigios” y a la protección de documentos “conducentes y concurrentes a las situaciones que llevaron a adquirir la condición de víctima” en el periodo investigado, sin mayor detalle.

Educación en valenciano

La ley, que lleva el eslogan de la “libertad educativa”, regulará la elección de la lengua en los centros para “acabar con la imposición del valenciano”. Se aplicará completamente en el curso 2025-2026, aunque en el próximo ya habrá medidas en vigor como la certificación “automática” de titulaciones de valenciano al superar esta asignatura. Ello implica que los alumnos que aprueben la asignatura en valenciano tendrán una titulación acreditada que llegará hasta el nivel C1 si superan el bachillerato con un notable, aunque bastará con un aprobado en el resto de niveles educativos.

Según han explicado los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José Mª Llanos, y el secretario del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca, los padres podrán elegir la lengua en la que serán educados sus hijos cuando se matriculen por primera vez, mientras que a los que ya estén escolarizados se distribuirá una encuesta telemática para optar entre valenciano o castellano. Es, en la práctica, un sistema similar al de las líneas en castellano y valenciano.

Agencia Antifraude

Respecto al ente que lucha contra la corrupción, los populares han presentado esta iniciativa en solitario. La medida, que modifica la existente, se plantea en pleno proceso de renovación de la Agencia y han asegurado que son las reivindicaciones de su actual director, Joan Llinares. También elimina la mayoría cualificada para la elección del director.

El Gobierno valenciano impulsa un nuevo contrato programa para la radiotelevisión pública valenciana À Punt y quiere incorporar más contenidos en castellano. El documento legislativo en vigor caducará en enero y será prorrogado mientras el Ejecutivo de Carlos Mazón trabaja con la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en un nuevo marco para el servicio público, con la intención de que este incluya más emisiones en castellano.

El secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, apuntó en la comisión parlamentaria del espacio audiovisual la intención del Consell de Carlos Mazón de aumentar las emisiones en castellano en aras de mejorar la audiencia de la radio y la televisión. Para Cuenca, los objetivos de servicio público que guían al ente no pueden cumplirse si la cadena pública “no cuenta con un elevado nivel de aceptación, reconocimiento e implantación”. “Queremos una televisión pública presente, no invisible ni que los valencianos no sientan como propia”, dijo durante su intervención, donde apuntó a un cambio normativo.

El responsable de Comunicación de la Generalitat Valenciana vincula la escasa presencia de los medios públicos en las comarcas de Castellón y Alicante con el uso del valenciano como lengua vehicular. Para el secretario autonómico, lo idóneo sería que la televisión pública la vieran “el mayor número de ciudadanos”. Cuenca preguntó a los diputados qué les parecía mejor, si “una televisión que llega a 100.000 personas con una parte en valenciano o una televisión que vean mil personas y toda en valenciano”, asegurando que À Punt es la televisión autonómica menos vista. Para el responsable autonómico, las mejoras pasan por introducir más castellano, porque, a su juicio y según los datos de implantación territorial, en las comarcas alicantinas los ciudadanos castellanohablantes “se sienten expulsados del servicio público”. “Esta situación no puede prolongarse más, es una anomalía”, señaló.

“Los datos demuestran que À Punt tiene una menor implantación en las provincias de Alicante y Castellón, lo cual tiene que ver con la utilización en exclusiva de una de las dos lenguas cooficiales de nuestra comunidad. Debemos ser muy conscientes de que ello implica alejar de nuestra parrilla a un elevadísimo número de ciudadanos, y por tanto, renunciar explícitamente a incorporar a un número muy considerable de usuarios del servicio que en la actualidad dan la espalda a la televisión pública. No puede haber brechas de rechazo en nuestra televisión ni en nuestra radio. La lengua no se puede convertir en una brecha estructural rígida e intransitable y ahora lo es. Una situación incompatible con la función de servicio público que tiene encomendada la radiotelevisión”, defendió Cuenca en su intervención, en la que también insistió en la vertebración territorial. En su argumento, apuntó además que una parte del sector audiovisual plantea “reducir las diferencias existentes entre las preferencias del público y la oferta existente”, y favorecer el surgimiento de empresas con mayor capacidad financiera para acometer grandes producciones.

En la ley del servicio público de radiodifusión, aprobada en 2016 en las Corts Valencianes, se indica que los contenidos deben ofrecerse “de manera accesible y en valenciano, que se completará con la emisión multilingüe de las obras audiovisuales en castellano e inglés o, en su caso, en versión original. En este supuesto, se garantizará el subtitulado al valenciano y al castellano”. De acuerdo a la misma norma, entre los principios que rigen las emisiones se encuentra “promover la cohesión territorial y la diversidad lingüística mediante la difusión en valenciano, que será la lengua vehicular de los medios públicos que dependan de Generalitat Valenciana”. La reforma requiere un cambio legal que debe aprobarse en las Corts Valencianes por una mayoría de tres quintos, aunque ya se han utilizado otras fórmulas a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos para modificar algunos aspectos de la televisión. En la pasada legislatura el acuerdo para introducir mejoras como la fusión de la Corporación y la Sociedad anónima se dio por imposible entre cuatro de los seis partidos presentes en la Cámara.

En el debate de la ley de acompañamiento a los presupuestos, PP y Vox impulsaron una modificación legislativa para cambiar la composición del Consell Rector, que incluía también una modificación del mandato marco de la televisión pública. Tras las críticas de la oposición y buena parte del sector audiovisual, Mazón anunció que el PP retiraba la enmienda.