El Consejo de Ministros ha aprobado este martes retirar las medallas al Mérito en el Trabajo al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso y al expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, ambos condenados por la Justicia por diferentes delitos.

La Medalla de Mérito al Trabajo en su categoría de oro fue concedida a Julio Fernández Gayoso en 2006, mientras que Díaz Ferrán fue distinguido con ella en 1999.

El Ministerio de Trabajo, que ha sido el que ha propuesto la retirada de estas medallas, ha recordado en un comunicado que esta condecoración se concede “en mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio, habitualmente ejercido”.

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán fue condenado en 2015 por un delito de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales a cinco años y seis meses de cárcel, una condena que fue ratificada por el Tribunal Supremo en última instancia.

Trabajo subraya que la conducta de Díaz Ferrán motivó “numerosas peticiones de retirada” de la Medalla al Mérito en el Trabajo, una demanda que se hará efectiva en cuanto se publique la nueva orden ministerial de retirada de esta condecoración en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Julio Fernández Gayoso, exdirectivo de Novacaixagalicia, fue condenado por el cobro indebido de indemnizaciones por prejubilaciones en la cúpula de la entidad, “lo que contradice el principio de ejemplaridad que requiere el galardón”, según apunta el Departamento que dirige Yolanda Díaz.

La Medalla al Mérito en el Trabajo se creó en 1926, desapareció durante la Segunda República, y se volvió a instaurar al inicio de la dictadura franquista por decreto de 14 de marzo de 1942. Su regulación fue posteriormente sustituida por el Decreto 1817/1960, de 21 de septiembre.

Durante la Democracia se mantuvo dicha condecoración, cuyo reglamento fue aprobado por el Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo. Éste fue derogado por el Real Decreto 153/2022, de 22 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo.

El artículo 10.1.a) de esta última norma, prevé que pueda revocarse esta condecoración cuando quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada es incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón y, particularmente, cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, sea declarado responsable de actos constitutivos de delito o infracción administrativa.

Primero fueron los represores franquistas y ahora van los corruptos. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Ministerio de Trabajo retira “desde ya” la Medalla al Mérito ha aquellas personas “vinculadas con la corrupción”, una decisión que, pese a no ser nueva, es ya inminente. “En absoluto son ejemplares para nuestro país”, ha insistido Díaz durante una comparecencia en la comisión de trabajo y economía social del Senado.

Entre lo ejemplos que ha puesto la titular de Trabajo, cuyo departamento tiene preparados ya los informes para revocar esta distinción, están el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán o el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso. “Se han concedido medallas que hoy ya no son honorables, que han sido un mal ejemplo para nuestro país, que han estado vinculadas a la corrupción”, ha dicho Díaz.

La vicepresidenta ha recordado que Díaz Ferrán fue “condenado por delitos como desvío de fondos, evasión fiscal o apropiación indebida”. Y que Fernández Gayoso “se adueñó de 22 millones de euros en las prejubilaciones para la cúpula de Novacaixagalicia (NVG)”, que se concedieron poco antes de la quiebra de la entidad. “Con carácter inmediato, están preparados todos los expedientes. Lo hicimos con el franquismo y ahora lo hacemos con las personas que merecen que se retiren estas Medallas al Mérito en el trabajo, que están lejos de tener la ejemplaridad sobre la que se basa una distinción de este calado”, ha explicado para reclamar que no se tenga “ninguna complicidad con quienes han tenido prácticas corruptas”.

El Consejo de Ministros ya aprobó en 2022 un reglamento para modificar los criterios en la concesión de esta distinción, que es el mayor reconocimiento que concede el Ministerio de Trabajo. El cambio habilitaba también a este departamento a retirar la medalla en dos casos: que quienes la recibieron hubiesen formado parte “del aparato de represión de la dictadura franquista” o que no hubieran tenido un comportamiento “ejemplar”.

Y este segundo punto es el que viene señalando desde entonces a los condenados por corrupción, como los casos mencionados este viernes por Yolanda Díaz en el Senado. Porque el decreto señala directamente a aquellas personas o entidades cuya “conducta y trayectoria” sea “incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón y, particularmente, cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, hubiera sido declarado responsable de actos constitutivos de delito o infracción administrativa que, por su naturaleza y gravedad, resulten incompatibles con la citada ejemplaridad cívica y profesional”.

Las Medallas al Mérito en el Trabajo en manos de represores franquistas y condenados por corrupción tienen los días contados. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reglamento que rige la mayor distinción del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz. La reforma legal busca renovar los criterios para su concesión, pero también poder quitar el reconocimiento a algunos galardonados, como aquellos del “aparato de represión de la dictadura franquista”. Entre ellos, hay un hombre destacado: Francisco Franco. También sobresale un empresario con nombre y apellidos candidato a perder la distición por el lado de la corrupción: el expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

El nuevo reglamento, que Trabajo ya elevó a audiencia pública en septiembre del año pasado, ha recibido la luz verde del Gobierno este martes. Entre las novedades, habilita al Ministerio de Trabajo a retirar esta distinción, algo que no se preveía en la norma actual. Se contemplan dos situaciones para la revocación: en el caso de las personas galardonadas que han “formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista” y también a aquellos beneficiarios que se demuestra que no han tenido un comportamiento “ejemplar”.

La letra del decreto se refiere en este último supuesto a “cuando quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada sea incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón, y, particularmente cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, hubiera sido declarado responsable de actos constitutivos de delito o infracción administrativa que, por su naturaleza y gravedad, resulten incompatibles con la citada ejemplaridad cívica y profesional”.

Esta previsión tiene un candidato claro, por su notoriedad, el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. Condenado por una larga lista de delitos, recibió de manos del PP la Medalla al Mérito en el Trabajo en 1999. El Gobierno de José María Aznar le hacía merecedor de esta distinción del Ministerio de Trabajo, que busca premiar “conductas ejemplares en el ámbito laboral”.

La distinción de Díaz Ferrán ha envejecido mal a la vista del currículum de condenas que atesora en la actualidad. La conducta de quien fue la cara del empresariado español entre 2007 y 2010, como presidente de la CEOE, y copropietario del grupo Marsans ha quedado desacreditada en los tribunales, que lo llevaron a la cárcel de 2012 a 2018 por varios delitos. Desde entonces disfruta de un régimen de semilibertad por buen comportamiento.

Entre las condenas de Díaz Ferrán figuran la apropiación indebida, amaño de concursos en Baleares, fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas, provocar el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans (del que fue copropietario junto a su exsocio Gonzalo Pascual, fallecido en 2012), apropiación de hasta 4,4 millones de euros de los clientes del conglomerado, y por el uso de las 'tarjetas black', entre otros.

Retirada a Franco y otros represores franquistas

Sobre el otro supuesto de revocación, se refiere a “cuando quede acreditado que la persona beneficiaria, antes o después de la concesión, con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos”. Entre los dirigentes franquistas galardonados se encuentran el dictador Francisco Franco y, entre otros, el general Juan Yagüe, como adelantó Público en septiembre.

El dictador recibió la “Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo”, única para Francisco Franco, “Caudillo de la hueste laboral de España”, en 1953. El motivo: por estar “al frente de los trabajadores que en la guerra dieron su sangre y en la paz dan su esfuerzo”, según recoge el documento de su concesión, al que ha accedido elDiario.es. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha celebrado la posibilidad de retirar los galardones a los represores franquistas, para lo que el Ministerio ha trabajado con Presidencia del Gobierno, ha apuntado.

El galardón se creó por el Real Decreto de 22 de enero de 1926, desapareció durante la Segunda República, y el Régimen de Franco volvió a instaurarlo por decreto en marzo de 1942. En la democracia se mantuvo la medalla, aunque se estableció una nueva regulación en 1982. Aunque se suele hablar más de la Medalla, en realidad hay dos 'premios': la Medalla, que distingue a personas trabajadoras y profesionales, y la Placa al Mérito en el Trabajo, destinada a asociaciones, corporaciones, organismos públicos o entidades.

Cabe destacar que “la prescripción de los delitos y de las penas o de las infracciones administrativas y de las sanciones” impuestas no eximirá de la retirada de los galardones. El procedimiento para la retirada de los galardones, regulado en el reglamento, “se iniciará de oficio” a iniciativa de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una vez que se tuviere conocimiento de la concurrencia de dichas circunstancias. En la actualidad, la iniciativa queda en manos de Yolanda Díaz.

Igualdad y Salud laboral, meritorias del premio

El decreto también ha renovado estas distinciones, dando relevancia a valores como la igualdad y la salud laboral de cara a su futura obtención. El nuevo reglamento actualiza el formato de las categorías de las condecoraciones y los requisitos para acceder a ellas. Se pasa “de un modelo de medallas de oro, plata y bronce, a un modelo con distintas modalidades en atención a determinados elementos definidores que persiguen una mayor integración, transparencia y objetividad de la condecoración”, explicaba la memoria complementaria del decreto. Las nuevas tres categorías son “Igualdad”, “Excelencia” y “Salud Laboral”.

Además, se crea la medalla y placa de “categoría especial” en cada una de estas tres modalidades, que queda equiparada a la categoría de Gran Cruz y, por tanto, a la anterior medalla de oro. Esta podrá ser otorgada cada año a propuesta de la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se reconoce además la posibilidad de conceder la condecoración “a título póstumo” a aquellas personas que “han contribuido a avanzar en la consecución de los valores comentados de progreso y excelencia democrática”, recogía la memoria.

El empresario y expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, condenado por una larga lista de delitos, recibió de manos del PP la Medalla al Mérito en el Trabajo en 1999. El Gobierno de José María Aznar le hacía merecedor de esta distinción del Ministerio de Trabajo, que busca premiar “conductas ejemplares en el ámbito laboral”. Ahora la vicepresidenta Yolanda Díaz ha elaborado un decreto para poder retirar la condecoración, que identifica dos supuestos. Por un lado, a represores franquistas y, por otro, a ejecutores de conductas “incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional”. Este segundo motivo tiene ya un candidato con nombre y apellido: Gerardo Díaz Ferrán.

Fuentes de Trabajo responden a elDiario.es que el Ministerio “estudiará todos los casos”, como el de Gerardo Díaz Ferrán, que reconocen que forma parte de los galardonados en la lista. “Por supuesto la conducta y trayectoria de la persona condecorada tiene que ser compatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención de esta distinción, especialmente si ha sido declarado responsable de actos constitutivos de delito”, indican en el Ministerio a este medio.

La normativa que el Ministerio de Trabajo ha elevado a audiencia pública, previo paso para ir al Consejo de Ministros, pretende renovar el galardón de la Medalla y Placa al Mérito, así como habilitar el procedimiento para que el organismo pueda retirarlo si llegado el caso lo valora oportuno. Una previsión que a día de hoy no contempla su reglamento.

Además de permitir la retirada de la Medalla a las personas galardonadas que han “formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”, el equipo de Yolanda Díaz también incluyó una segunda previsión para quitar el reconocimiento a beneficiarios que se demuestra que no han tenido un comportamiento “ejemplar”.

En concreto, el Real Decreto que ha elaborado Trabajo prevé que se pueda quitar el galardón “cuando quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada sea incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón”. Y añade: “Particularmente cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, hubiera sido declarado responsable de actos constitutivos de delito u observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, particularmente de aquellos que tengan una incidencia laboral y social”.

Condenas por fraude fiscal, apropiación indebida, amaños

La conducta del copropietario del grupo Marsans, que llegó a liderar la mayor patronal del país, encaja en esta última descripción. El proceder de quien fue la cara del empresariado español entre 2007 y 2020, como presidente de la CEOE, ha quedado desacreditado en los tribunales en numerosas condenas, que lo llevaron a la cárcel de 2012 a 2018. Desde entonces disfruta de un régimen de semilibertad por buen comportamiento.

Entre las condenas de Díaz Ferrán figuran la apropiación indebida, amaño de concursos en Baleares, fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas, provocar el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans (del que fue copropietario junto a su exsocio Gonzalo Pascual, fallecido en 2012), apropiación de hasta 4,4 millones de euros de los clientes del conglomerado, y por el uso de las 'tarjetas black', entre otros.

Todo este currículum delictivo choca de frente con “la excelencia en el ejercicio de su trabajo” o la “contribución al incremento de la dignidad, la igualdad y la calidad del trabajo” que pretende reconocer la Medalla al Mérito en el Trabajo.

En 1999, cuando el Gobierno de José María Aznar galardonó a Gerardo Díaz Ferrán con esta medalla, mientras ocupaba Manuel Pimentel el Ministerio de Trabajo, no se había destapado ante la opinión pública toda esta ristra de delitos. El empresario encabezaba una lista de empresarios que aportaron miles de euros a la fundación del PP Fundescam. La vía que habilita ahora la vicepresidenta Yolanda Díaz permitirá en el futuro que el Ministerio de Trabajo pueda quitar la Medalla al Mérito cuando se prueba más adelante que una persona no es merecedora del reconocimiento.

No es la única medalla o distintivo gubernamental que mantiene Gerardo Díaz Ferrán. En 1996, el Ejecutivo de Felipe González en sus últimos meses de mandato también otorgó al empresario otro importante reconocimiento, la Medalla al Mérito en el Turismo, en la categoría de oro. El Ejecutivo de José María Aznar es el que más le ha premiado. Le concedió en 1997 la Medalla al Mérito al Transporte Terrestre y la Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco en 2001.

La “corrupción sistémica”, como llegó a definir un juez la situación de abusos y amaños desplegada durante años al frente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), no se ha alejado de los puertos de las islas. Al contrario, ha vuelto a poner en liza la gestión llevada a cabo por la cúpula del organismo encargado del control de las prestaciones y servicios de las distintas instalaciones portuarias del archipiélago.

Las concesiones de amarres -presuntamente- irregulares y los contratos de dudosa legalidad vuelven a saltar a la palestra en un sector en el que los atraques siempre han constituido un pastel goloso en Baleares. De hecho, las investigaciones abiertas esta semana contra el presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, y de otros cuatro directivos de la entidad -detenidos en la noche del pasado jueves y puestos entre el viernes y el sábado en libertad con cargos- apuntan a una perpetuidad en el tiempo de este tipo de prácticas.

No en vano, en el sector portuario de Palma la inquina hacia la APB, encargada de la gestión de los puertos de Palma, Alcudia, Mahón, Ibiza y la Savina, en Formentera, es patente. De hecho, empresarios del sector señalan a Eldiario.es que los escándalos en la adjudicación de amarres “son permanentes” en el archipiélago.

Uno de ellos apunta que la Autoridad Portuaria “es la administración que más dinero público recibe en Baleares” y, este contexto, no duda en calificar de forma tajante al ente como un “nido de víboras. El consejo de administración está formado por gente que pone los partidos y entre ellos se van tapando todo”.

Sondeando entre las páginas de la Memoria de Sostenibilidad de la APB de 2019 llama la atención una carta. La escribió el actual director del ente, Juan Carlos Plaza, quien, con orgullo no disimulado, subrayaba cómo ese año la APB se había adherido a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción y expresaba formalmente su intención de apoyar e implementar tales compromisos “dentro de su esfera de influencia”.

Esta semana, Plaza era detenido, junto a Gual de Torrella, el vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver, y los directivos José Fernando Berenguer y Armando Parada, por vulnerar, precisamente, esos principios con la adjudicación supuestamente irregular de amarres en el puerto de Mahón y de distintas licitaciones en Palma e Ibiza cuya investigación se desarrolla, bajo secreto, por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear. 

Sobre los arrestados pesan supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude en el marco de unas pesquisas que hasta el momento han sacado a la luz apenas una ínfima parte de los hechos que se hallan bajo lupa judicial. 

En una sociedad, la balear, sacralizada por la costumbre de ver desfilar a sus responsables públicos ante jueces y tribunales, esta nueva macrooperación hunde sus raíces en la causa que hace diez años ya asoló la APB a raíz de los tratos de favor que recibió la empresa Trapsayates, de la que era propietario el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, en dos concursos para la explotación de amarres en Mahón e Ibiza.

Durante casi una década, permanecieron bajo el punto de mira de la justicia, además de Díaz Ferrán y de su ex socio Gonzalo Pascual, más de una decena de ex altos cargos de la Autoridad Portuaria, entre ellos sus expresidentes Francesc Triay (PSOE) y Joan Verger (PP), así como numerosos empresarios vinculados a la mercantil beneficiaria. De todos ellos, solo tres acabaron condenados.

Pese a las elevadas penas de prisión y las millonarias indemnizaciones que se solicitaban, los tres acusados -Díaz Ferrán, el empresario Pedro Hernández y el exdirector de la APB Ángel Matías- fueron finalmente sentenciados, en virtud de un acuerdo de conformidad entre acusaciones y defensas, al pago de 8.500 euros en multas. 

Sorprendentemente, como ya publicó este medio, la familia Díaz Ferrán ha vuelto a las andadas en las islas, ahora a través de empresas aparentemente dirigidas por la hija del empresario, Marta Díaz, al hacerse con el control del segundo varadero de Menorca tras un concurso plagado de presuntas irregularidades.

En medio de tales avatares, polémica fue también la gestión de la concesión del Club Marítimo del Molinar, en Palma, que derivó en un enfrentamiento directo entre el presidente de esta entidad, Rafel Vallespir, y Gual de Torrella. La imposición de multas de considerable cuantía por parte de la Autoridad Portuaria al Club acabó recientemente con la dimisión de Vallespir a través de una carta en la que aseguraba con contundencia: “mi principal error ha sido fiarme de la palabra de Joan Gual”.

Las detenciones de los directivos de la APB, sin embargo, no resultan especialmente llamativas si se tiene en cuenta el entorno general en el que se han movido los puertos españoles desde la creación, en 1992, del organismo autónomo Puertos del Estado, que aglutina a 46 puertos de interés general gestionados, a su vez, por 28 Autoridades Portuarias. Con la creación del ente público y de las Autoridades Portuarias se buscaba, según la ley que lo creó, una prestación del servicio compatible con los principios de eficiencia, agilidad y flexibilidad propios de la gestión empresarial que en los puertos se debe desarrollar“.

Un objetivo que, sin embargo, queda lejos de haberse cumplido a la vista de los innumerables casos de corrupción que han golpeado a lo largo de los últimos años a las entidades portuarias en buena parte del territorio español. Tarragona, Gran Canaria, Algeciras o Gijón, entre otros enclaves, conforman una constelación de investigaciones en cuyo epicentro se sitúan infinidad de concesiones y contratos objeto de presuntos amaños e intercambio de favores.  

Cabe recordar que la polémica ya acompañó a Gual de Torrella en su nombramiento, en agosto de 2015, como presidente de la Autoridad Portuaria. El empresario asumió el cargo a propuesta del actual Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, bajo duras críticas por parte de Podemos, quien otorga apoyo externo al PSOE al frente del Ejecutivo autonómico. La formación morada ya dejó clara entonces su “desconfianza” hacia la futura gestión de Gual de Torrella, que auguraban marcada por los tratos de favor y las redes clientelares.

La familia de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, está a un paso de hacerse con el control del segundo varadero de Menorca tras un concurso plagado de presuntas irregularidades. Su hija, Marta Díaz, y su yerno, Higinio Aldaz, obtuvieron la mayor puntuación para gestionar el varadero de Ciutadella a pesar de que su propuesta contenía varios elementos sospechosos: una oferta económica altísima -el 276% superior a la de sus competidores- y una empresa sin experiencia en el sector, que modificó su objeto social después de que se hiciera el anuncio de la licitación. Tras ese cambio de última hora, la hija de Díaz Ferrán dejó de aparecer como administradora única de la sociedad y en su lugar puso a un empleado como apoderado.

Las dudas sobre el concurso llevaron la semana pasada al Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears, la empresa pública adjudicadora, a encargar un “informe completo” que justifique la alta puntuación obtenida por la compañía de la hija y el yerno de Díaz Ferrán. Paralelamente ha habido un relevo en la gerencia de esta empresa pública y el responsable durante la adjudicación, Pedro Puigdengoles, será substituido.

La documentación obtenida por eldiario.es indica que la empresa de Díaz y Aldaz, llamada Marina Seca Port de Ciutadella, ganó el concurso gracias a una oferta aparentemente temeraria y a la inclusión de inmuebles en presunta situación irregular como elementos para demostrar su solvencia. La compañía, además, no incluyó los servicios náuticos en su objeto social hasta diciembre de 2018, pocos días después de que Ports de les Illes Balears ampliara el plazo para que se presentasen nuevas ofertas.

Contactados por elDiario.es, desde Marina Seca han preferido no hacer ningún comentario. A través de un comunicado, Ports de les Illes Balears ha respondido que la revisión del concurso por parte del Consejo de Administración es un proceso “habitual” y que la alta puntuación obtenida por Marina Seca está avalada y contrastada por “múltiples informes técnicos y económicos”. Sobre el relevo de su gerente, lo enmarcan en una “decisión personal” de Puigdengoles que ya se tomó antes del confinamiento pero no había podido llevarse a cabo antes.

Una sociedad reconvertida a última hora

Ports de les Illes Balears convocó el concurso el 17 de noviembre de 2018 y el plazo inicial para presentar ofertas duraba hasta el 3 de enero de 2019. El 27 de diciembre de 2018, a pocos días de que terminara el plazo, la empresa pública lo amplió hasta el 17 de enero siguiente. 

Un día después de esta ampliación del plazo, el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) publicaba que Marina Seca había cambiado el objeto social para incluir las actividades relacionadas con el mantenimiento naval. A su vez, la hija de Díaz Ferrán dejó de ser la administradora única de la sociedad y nombró a un empleado como apoderado.

Marina Seca se fundó en 2013 como una empresa de fabricación, exportación e importación de productos textiles, según los datos del registro mercantil. El objeto social se fue ampliando con los años hasta el punto de que a partir de 2014 se necesitan tres páginas para describir todos los servicios que ofrecía la empresa. Los trabajos propios de un varadero, sin embargo, no figuran en el objeto social hasta finales de diciembre de 2018, cuando el plazo para presentarse al concurso estaba a punto de acabar.

Distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que el hecho de no tener ningún tipo de experiencia suele ser un motivo de exclusión de las empresas en un concurso. La empresa de la hija de Díaz Ferrán, sin embargo, se llevó la máxima puntuación.

Un canon desproporcionado

Marina Seca ofreció un canon de 101.000 euros anuales para gestionar el mencionado varadero cuando el precio de salida del concurso era de 22.900 euros. La empresa familiar que ha gestionado el varadero desde los 80 ofertó 36.500 euros, casi tres veces menos.

Los números de la generosa oferta de Marina Seca parecen difíciles de cuadrar. Los ingresos anuales del varadero no llegan actualmente a 80.000 euros. La intención de la familia de Díaz Ferrán es compensar esta falta de ingresos con un aumento de la actividad y con las “sinergias” que se generarán entre el varadero y dos naves industriales que esta empresa tiene en sus aledaños, donde realiza tareas de mantenimiento de embarcaciones. Es decir, compensar las pérdidas de explotar la concesión con los ingresos de la actividad privada de la compañía.

El registro de la propiedad, sin embargo, no indica que Marina Seca tenga ninguna de estas dos naves en su haber. Ambos recintos, además, están situados en suelo rústico según el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella. Esto implica que en él no se permite ningún tipo de actividad industrial ni comercial, con lo que estas actividades estarían en presunta situación irregular.

Marina Seca ha sido denunciada tanto al Consorcio de protección de la legalidad urbanística de Menorca como al Ayuntamiento de Ciutadella por este motivo, según la documentación obtenida por eldiario.es.

Los negocios de la familia

La familia Díaz Ferrán ya se hizo en 2008 con la concesión de 154 amarres en el puerto de Maó (Menorca) en un concurso que levantó sospechas. En 2014 el Tribunal Supremo anuló la concesión al considerarla “arbitraria” e indicó en la sentencia que no había forma de conocer por qué la oferta del empresario se consideró la más ventajosa. La Fiscalía pidió tres años y medio para el expresidente de la CEOE por haber amañado diversos concursos en las Islas Baleares, que finalmente se redujeron a una multa de 2.640 euros después de pactar con la Fiscalía y admitir un delito de alteración de subastas y concurso público.

Díaz Ferrán, que actualmente disfruta del tercer grado penitenciario, estuvo en prisión entre 2012 y 2018 por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal por el caso Marsans. Desde su entrada en la cárcel, sus hijos y su yerno han creado media docena de sociedades. Desde empresas de hostelería y catering hasta de diseño de ropa, vinos, inmobiliarias, comercio al por mayor y holdings de inversiones, según datos registrales.

En 2012, un juzgado de Madrid inhabilitó a su hija Marta Díaz para tener más contratos con el sector público, aunque la decisión fue revocada por la Audiencia Nacional en 2015. Su yerno Higinio Aldaz, antiguo administrador único de Marina Seca y ahora apoderado de esta sociedad, aparece en la lista de morosos de Hacienda de 2016 con una deuda de 1,2 millones de una sociedad llamada Criterium Gestión Inmobiliaria.

“Después de 17 años me he dado cuenta de la historia. Que me llame Ángel de Cabo significa que he estafado. Pero de 17 juicios solo he sido condenado en uno”. Esta es una de las frases que ha deslizado el liquidador de Viajes Marsans y empresario en el juicio por una presunta estafa de 9,6 millones de euros a dos hermanos imputados en el caso Gürtel. El proceso se ha celebrado en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia y ha quedado visto para sentencia. De Cabo, considerado el testaferro del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán se enfrenta a cinco años de cárcel.

En la última jornada del juicio ha intervenido el perito que evaluó las cinco empresas de los hermanos Martínez Parra, propietarios de la constructora Teconsa, que De Cabo compró por un euro. El perito ha confirmado el informe que elaboró para la causa donde asegura que las sociedadas no valían nada. Por su parte, el otro testigo que ha acudido a la vista de hoy ha sido un policía nacional que participó en la investigación.

La acusación ejercida por los hermanos Maribel y José Luis Martínez Parra ha mantenido la pena de cinco años prisión por estafa para De Cabo por presuntamente haberse apropiado de 68 fincas para pagar la fianza tras su detención por vaciar las cuentas de Viajes Marsans, aunque esta nunca se ejecutó. Por su parte, ha retirado la acusación contra dos trabajadores de De Cabo -considerados testaferros- al entender que fueron “engañados” por el empresario. La fiscalía ha mantenido sus conclusiones.

En su última palabra, De Cabo ha aprovechado para explayarse con José Luis Martínez Parra, quien ha sido querellante y testigo en el proceso y se encontraba en la primera fila de la sala. El antiguo propietario de Teconsa y Marsans ha acusado a Martínez Parra y a su abogado Leoncio Ciudad de haber utilizado esta querella para llegar a un acuerdo en otra causa que tienen abierta en Galicia. “No te voy a permitir que me chantajees más en Galicia, no voy a firmar el condicionante”, ha dicho el empresario ante el tribunal, y ha aprovechado para decir que pagaba al abogado Ciudad 500.000 euros al año como salario por su asesoramiento en el holding empresarial castellanoleonés.

“Compré a estos señores las empresas -en referencia a los hermanos Martínez Parra- y no cogí ningún bien ni sustraje nada. Lo que hice es beneficiar a esas sociedades. De 25 o 30 que adquirí solo me han denunciado en esta”, ha dicho y ha recordado que a fecha de hoy los dos hermanos “todavía aparecen como administradores”. “No me he llevado ni un lapicero, están viviendo once años de mis propiedades y de los préstamos millonarios que he pagado”, ha añadido.

Para sentenciar, se ha dirigido al querellante que estaba detrás: “Hemos sido amigos y no me miras a la cara. Dices que tu padre llevaba las empresas, pero todo lo dirigías tú”, ha sentenciado dirigiéndose a José Luis Martínez Parra, quien en marzo se sentará en el banquillo en la pieza separada de Gürtel que juzga el montaje de las pantallas gigantes para la visita del Papa que Canal 9 compró a la constructora Teconsa por encima de su precio de mercado.

En sus conclusiones, la acusación ha asegurado que considera la actuación de De Cabo una estafa porque el compromiso para adquirir las empresas por un euro se firmó para que presentara el concurso de acreedores. Algo que no hizo y que habría aprovechado para generar una hipoteca y para señalar unos bienes como propios que no le corresponderían, ha dicho el abogado de los hermanos Martínez Parra. En total, 9,6 millones de euros.

La defensa de De Cabo ha defendido que el origen de la hipoteca de esos bienes nacía de un contrato que firmó con la familia propietaria de Teconsa para asegurarse posibles responsabilidades anteriores a la toma de control de las sociedades. “Podríamos haber reclamado la deuda o ejecutar esos bienes, que por cierto, no se han ejecutado por el juzgado”, ha relatado el letrado Juan Carlos Navarro.

Andaba el personal con Rentería, los concebidos no nacidos, las listas y los listos electorales y, en estas, que se encuentra un servidor con una de esas noticias que parece que pasan desapercibidas. El ex presidente de la patronal CEOE consigue reducir una nueva condena por robar: de cinco años de cárcel que pedía la Fiscalía pasa a 10 meses y una multa de 540 euros. Por supuesto, Gerardo Díaz Ferrán ya estaba en libertad, pero este nuevo episodio confirma que la culpa de nuestra situación es de los inmigrantes.

A Díaz Ferrán, un patriota de esos que declaró ante el juez con su pulsera rojigualda, le ponen como atenuante el retraso en la instrucción judicial. El proceso se ha “dilatado extraordinariamente” hasta los siete años. Así que, condenado, pero disculpe usted y siga a lo suyo. Ya sabemos que, en España, la justicia, cuando besa, es que besa de verdad. Cuando quiere, corre tanto como esos ancianos que ve Abascal huyendo de los hospitales para que no les hagan una eutanasia.

Don Gerardo, un precursor que nos alumbró diciendo que “para salir de la crisis” había que “trabajar más y cobrar menos”, vuelve a demostrarnos que algunos se lo curran divinamente. Las “dilaciones indebidas” en los tribunales vuelven a indicarnos que, sin duda, todos somos iguales ante la ley. Ya lo dijo el profesor Díaz Ferrán: “Tenemos que apretarnos el cinturón”. Tanto como la justicia aprieta el acelerador, aunque sea con el freno de mano echado. Que de eso se trata: de la mano que a uno le echen.

Por eso, estos días, yo solo veo españoles. Como don Gerardo cuando pedía “más externalización de los servicios públicos”, “privatizar empresas” y “una reforma laboral profunda para calmar los mercados”. ¿Les suena? Eso sí, para dar ejemplo, el Díaz Ferrán de turno, en la calle, a pesar de sus innumerables tropelías. Ustedes, apriétense el cinturón, pero piensen que la culpa es de los moros, que nos invaden, nos quitan el trabajo y se llevan las ayudas.

Nadie ayudó, en cambio, a Díaz Ferrán. Don Gerardo, tú nos guías. Es un patriota que saqueó empresas, defraudó al fisco, blanqueó capitales, integró un grupo criminal, tenía tarjeta “black”... Condenado a cinco años y medio de cárcel por la quiebra de Marsans, a dos más por la compra de Aerolíneas Argentinas con Air Comet, a otros dos por apropiación indebida en viajes, otros dos por las tarjetas opacas, ahora los 10 meses de calderilla… Estuvo en prisión algo más de cinco años y fue excarcelado “por buen comportamiento”.

Así que a portarse bien, chavales. España, para los españoles. Gerardo, españolazo, modelo a seguir. Y digamos viva el rey. Me parece bueno que nos vayamos acostumbrando a decirlo más, incorporándolo a la conversación de la calle. Porque cuando la justicia actúa así, también estamos diciendo viva el rey. Y, como preguntaría aquel murciano: ¿Cuánto os sentís de españoles?, ¿mucho o muchísimo?, ¿así o asíííí?, ¿tanto, tanto, tantooooo? Tan claro como que la culpa es de los inmigrantes, que nos quitan lo que es nuestro.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a diez meses de prisión y al pago de una multa de tres meses con una cuota diaria de 6 euros a Gerardo Díaz Ferrán como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida “al haber obrado con ánimo de obtener un beneficio ilícito en operaciones mercantiles en su condición de administrador de las entidades Viajes Marsans SA., Viajes Crisol S. A. y Rural Tours SA”.

La condena es parte de un acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía por el que acepta 10 meses de prisión por la apropiación indebida de más de 200.000 euros en la venta de billetes y pasajes de Eurolíneas Marítimas (Baleària), según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Díaz Ferrán, que se encuentra en régimen de semilibertad, fue citado el pasado 24 de enero para ser juzgado por estos hechos, pero finalmente la vista oral fue suspendida. Ello llevó a que el pacto entre el acusado y la Fiscalía, que se dio a conocer ese mismo día, y que implica la rebaja de petición de pena de cinco años a 10 meses de cárcel, no llegó a ser firmado.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el expresidente de la patronal y su socio fallecido usaron entre 2008 y 2009 sus empresas Viajes Marsans, Viajes Crisol y Rural Tours como intermediarias para la venta de billetes y pasajes de buques que les entregó Eurolíneas Marítimas “con ánimo de obtener ilícito beneficio”.

Continúa explicando que tras finiquitar la operación de venta y, previa retención de un porcentaje en calidad de comisión por cada billete, estas empresas procedían a liquidar las cantidades vendidas mediante la emisión de pagarés, “resultando que las cantidades resultantes de las ventas de los mencionados billetes no fueran satisfechas”.

Los 10 meses de cárcel por este caso se acumularán a los más de 10 años de prisión a los que ha sido condenado por varias causas judiciales, entre ellas el conocido caso 'Marsans' y las tarjetas 'black'. El expresidente de la CEOE, de 76 años, abandonó la prisión de Soto del Real en febrero de 2018, después de que el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, autorizase un mes antes dejarle en libertad, con una pulsera telemática por buen comportamiento.

A esto hay que sumar que Díaz Ferrán había cumplido entonces una tercera parte de su condena, pues la sentencia por las tarjetas 'black' aún no se había hecho firme por el Tribunal Supremo. El empresario ingresó en la cárcel en diciembre de 2012, cuando fue detenido en el marco de la 'operación Crucero'.

Con más de once años de prisión a sus espaldas por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas; provocar el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans -del que fue copropietario junto a su exsocio Gonzalo Pascual, fallecido en 2012-; apropiarse de hasta 4,4 millones de euros de los clientes del conglomerado, y hacer uso de las tarjetas black, Gerardo Díaz Ferrán ha regresado al banquillo. Pero, pese a declararse culpable de intervenir en el amaño de sendos concursos para la explotación de amarres en Mahón e Ibiza de los que dos de sus empresas resultaron beneficiarias de forma ilícita, el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha evitado su encarcelamiento a cambio del pago de 2.640 euros en multas.

El acuerdo se ha escenificado en la Audiencia Provincial de Baleares, donde Díaz Ferrán iba a ser juzgado junto a otros doce procesados en el marco de una macrocausa, conocida como caso Mar Blau, cuya instrucción se ha prolongado durante más de ocho años. Sin embargo, sólo tres de ellos han sido finalmente condenados, entre ellos el exmáximo responsable de la patronal española, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclamaba inicialmente tres años y medio de prisión por delitos de delitos de falsedad documental y de alteración de subastas y concursos públicos y el pago de parte de una fianza de cincuenta millones de euros.

Con un escueto “sí”, el empresario madrileño, quien en febrero de 2018 salió de la prisión de Soto del Real tras más de cuatro años encarcelado, ha mostrado ante el tribunal -presidido por Samantha Romero, la misma magistrada que en 2016 juzgó a la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y otros quince acusados por el caso Nóos- su conformidad con los hechos por los que ha sido sentenciado así como con la pena a la que deberá hacer frente: siete meses de cárcel que serán sustituidos por el pago de 960 euros y una multa de 1.680.

Conversaciones secretas

Ha admitido así -en contra de lo que ya hiciera en marzo de 2011, cuando por primera vez declaró ante el juez- haber tenido conocimiento de las conversaciones que, entre 2005 y 2007, mantuvieron el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) -dependiente del Gobierno isleño- y exlíder del PP balear entre 1984 y 1986 Joan Verger -ya fallecido- y los responsables del Club Marítimo de Mahón (CMM), a quienes, en secreto, el primero ofreció alterar a favor de estos el concurso público en el que iba a determinarse la adjudicación de la gestión de los amarres del puerto menorquín.

Tal y como han reconocido las partes, el CMM no había quedado ni tan siquiera en segunda posición en el proceso, cuya empresa ganadora había sido Trapsa Yates, propiedad de Díaz Ferrán. De este modo, el trato acordado en las negociaciones pasaba por revertir de forma ilegal el resultado, alcanzando el CMM un acuerdo con Trapsa a través del cual ésta renunciaría a la concesión, beneficiándose a cambio de una contrapartida en forma de dinero y amarres y de la adjudicación de otro concurso, el del conocido como puerto de Ibiza Nueva.

Para materializar el favor, el Club Marítimo de Mahón, siguiendo las instrucciones de la Autoridad Portuaria, firmó un pacto con Teinver, mercantil vinculada a Trapsa, por el que esta sociedad recibiría 13.523 euros y tres amarres de 27 metros de eslora -cuyo precio valoró el juez instructor del caso en 4,5 millones de euros- durante los primeros quince años de concesión.

Una contraprestación que, de acuerdo al relato suscrito este miércoles por acusaciones y defensas, se llevó a cabo bajo el parapeto de un contrato “absolutamente mendaz y simulado” para la realización de determinados estudios e informes ficticios sobre la viabilidad económica de la explotación de los amarres.

Retirada de acusaciones

Ya en 2007, el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Francesc Triay -exdirigente socialista que en 1987 y 1995 concurrió a la presidencia del Gobierno balear-, dictó la resolución por la que, el 22 de diciembre de 2008, sería adjudicado el concurso a Trapsa Yates. No en vano es uno de los procesados para quienes la Fiscalía solicitaba mayor pena: 13 años de prisión. Sin embargo, las acusaciones han retirado las imputaciones que pesaban sobre él.

Además de situar a Díaz Ferrán en la toma de decisiones, el escrito de conformidad rubricado por las partes apunta también al papel que ejerció Gonzalo Pascual, cuyo fallecimiento provocó la extinción de sus responsabilidades penales en esta causa. En 2011, éste se desvinculó de los amaños tras ser citado a declarar en los Juzgados de Palma. El hijo de Pascual, Gonzalo Pastor, es uno de los inculpados que este miércoles se han sentado en el banquillo como integrante de Teinver/Trapsa Yates. Ha abandonado la Audiencia balear sin condena alguna.

Por el contrario, junto a Díaz Ferrán han asumido su culpabilidad en los hechos el exdirector de la APB Ángel de Matías, para quien las acusaciones particulares del caso llegaban a pedir hasta 35 años de cárcel pese a que finalmente ha recaído sobre él el pago de 4.050 euros, y uno de los representantes de Teinver, Pedro Carmelo Hernández, condenado a multas que suman 1.800 euros por ser uno de los firmantes del contrato falso dirigido a encubrir los favores otorgados a las empresas del exresponsable de Marsans.

El expresidente de la CEOE y empresario, Gerardo Díaz Ferrán, se ha querellado contra Pablo Iglesias por incluirle en el tramabús, el autobús fletado por Podemos para denunciar “la trama” y que estos días recorre la costa mediterránea tras una semana en Madrid, según informa la cadena Ser. Díaz Ferrán ha interpuesto la querella desde la cárcel, donde cumple una condena de seis años.

Díaz Ferrán acusa a Iglesias de tres delitos, según la Ser: injurias y calumnias, publicidad engañosa y un delito continuado en el ejercicio de los derechos fundamentales. La querella, siempre según la misma información, asegura que “se está acusando a todas las personas de un delito de corrupción” y que el que fue jefe de los empresarios españoles “jamás ha sido condenado por un delito de corrupción, ni ha estado investigado por ningún procedimiento incurso con un partido político”.

La respuesta de Iglesias ha llegado en forma de tuit.

El exjefe de la patronal cumple una condena de cinco años y medio de cárcel por arruinar Marsans y otra de dos años por quedarse 4,4 millones de los clientes de la compañía. Además, en febrero fue condenado a dos año de cárcel por el uso de una tarjeta black de Caja Madrid.

Luis Pineda y Miguel Bernad son desde este miércoles reclusos del Módulo 1 de la cárcel de Soto del Real (Madrid), centro en el que cumplen prisión preventiva otros internos de renombre por su pasado en la política o los negocios. Pero el presidente de Ausbanc y el secretario general de Manos Limpias no se cruzarán con ellos. El Ministerio del Interior ha decidido que ocupen un módulo diferente para evitar que convivan con otros internos que fueron objeto de su maquinaria de querellas, como Mario Conde o Gerardo Díaz Ferrán, informaron a eldiario.es fuentes penitenciarias.

El Módulo 1 de Pineda y Bernad acoge alrededor de 120 internos de los denominados “primarios”, esto es, que pasan la primera temporada de su vida en la cárcel, al menos en una española –los hay que han sido extraditados para que terminen de cumplir una condena impuesta en el extranjero-, pero que en cualquier caso no son conflictivos. Aunque hay otros módulos de similares características, el 1 de Soto del Real se identifica porque los presos son de mayor edad, detallaron las mismas fuentes.

En ese Módulo 1 pasó la primera parte de su estancia en prisión el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que hace tiempo es interno del Módulo 10, que también ocupa Mario Conde desde su reciente vuelta a la cárcel. Ambos tienen en común haber sido blanco de iniciativas judiciales de Manos Limpias o Ausbanc.

La asociación de Pineda dio un salto cualitativo en cuanto a ingresos e influencia gracias al caso Banesto, que llevó a Conde a prisión en dos temporadas distintas, y donde Ausbanc ejerció con contundencia la acción popular. Antes, Pineda había presentado una acción social de responsabilidad civil contra el banquero en el transcurso de una junta de accionistas extraordinaria, celebrada el 26 de marzo de 1994.

El pasado martes, tres días antes de que Pineda fuera detenido, la revista Mercado Financiero, una de sus sociedades investigadas, recordaba la actuación del presidente de Ausbanc en el caso Banesto y sus primeras advertencias sobre la gestión del banco que desarrollaba Mario Conde, allá por 1991, calificándola de “suicida”.

Pineda no ha estrenado NIS (Número de Identificación Sistemática) sino que se le ha adjudicado el que estrenó en 1982, en su primer paso por la cárcel. Luis Pineda fue condenado por el asalto y robo a la marquesa de San Eduardo en marzo de 1980 y, posteriormente, por lanzar cócteles molotov en el primer aniversario del fallido golpe de Estado de Tejero. Como Bernad, Pineda militó durante años en la extrema derecha.

Caso Blesa

Gerardo Díaz Ferrán estuvo imputado por un crédito de 26,6 millones que Caja Madrid, presidida en 2008 por Miguel Blesa, concedió a su grupo cuando éste ya no tenía ninguna capacidad para devolverlo. Detrás de esa causa estaba una querella de Manos Limpias, que permitió al juez Elpidio Silva abrir el caso. Sin embargo, las irregularidades cometidas en la instrucción por el magistrado provocaron que la Audiencia de Madrid anulara toda la causa. Silva acabó siendo condenado por aquellos hechos y otros vinculados a Blesa a 17 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo.

Díaz Ferrán acumula hoy condenas que suman casi diez años de cárcel, pero en aquel momento Manos Limpias acusaba a Blesa y al expresidente de la CEOE de delitos societarios, falsedad documental y estafa. Cuando fueron a declarar ante Silva, pidió prisión provisional para ambos eludible con una fianza de 2,6 millones de euros.

El abogado en representación de Manos Limpias era el propio Pineda, que al término de la declaración de los imputados, el 5 de diciembre de 2012, declaró a los medios presentes: “No se trata de encarcelar a alguien por el gusto de hacerlo sino que tenemos que mandar la señal al mundo de que éste sigue siendo un Estado de Derecho y de que trabajando honestamente se puede llegar alto y lejos”.

Otra de las causas que impulsó Manos Limpias contra Blesa fue la que investigó la compra del City National Bank de Miami, archivada en primera instancia y pendiente de un recurso del pseudosindicato ante la Audiencia de Madrid. El abogado de la acusación popular es Luis Pineda, asistido por una letrada que trabaja para Ausbanc que ya ha trasladado a su entorno su intención de renunciar.

La reciente condena a un año de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida del dinero de los clientes de Marsans dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Iván Losada Castell no parece haber hecho mella en el ánimo del último director general del grupo turístico.

Sólo unos días después de que el 16 de febrero la Audiencia le condenara a otro año de prisión por apropiarse del dinero de los clientes de Marsans en su breve etapa como directivo de la antigua empresa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, Losada, para el que el fiscal pedía inicialmente cuatro años de condena, se fue de farra por su Castellón natal.

En el Facebook del antiguo ejecutivo, que en el momento de publicarse este reportaje es accesible a cualquier persona con una cuenta en esta red social, se puede ver a un Losada muy distinto al hombre engominado que frecuentaba las páginas de la prensa económica tras la quiebra de Marsans. Es el mismo que, más recientemente, acompañó al expresidente de CEOE en las vistas judiciales del procedimiento instruido contra ambos bajo la presidencia de la jueza Teresa Palacios por la apropiación indebida de 4,4 millones de euros de 4.000 clientes de la agencia de viajes.

Marsans (sin contar sus filiales) figura en la lista de morosos publicada en diciembre pasado por el Ministerio de Hacienda con una deuda de 23,8 millones de euros al Fisco.

Losada fue el número dos de Ángel de Cabo, el liquidador de empresas que se quedó con la compañía de Díaz Ferrán para proceder a su vaciamiento y ayudar al expresidente de la CEOE a ocultar su patrimonio, y que le asignó un sueldo de 500.000 euros brutos anuales en Marsans cuando la empresa no tenía dinero para pagar las nóminas de sus cerca de 1.500 empleados.

La sentencia de febrero considera probado que, como directivo de Marsans, Losada emitió a mediados de 2010, poco después de su nombramiento, cuatro cheques con fondos de clientes de la agencia de viajes por un importe de 400.000 euros que fueron cobrados por el entramado empresarial de De Cabo, una suma que la Audiencia le ha obligado a reintegrar a los acreedores del grupo turístico.

En su Facebook, Losada se hace llamar Iván Lo, el alias que utiliza como responsable del colectivo Yes to All, “asociación cultural” que desde agosto de 2015 se presenta en esa red social como “organizadores de fiestas, festivales, viajes y cualquier evento social con fines lúdicos. Promotores de artistas. Cursos de DJ's”. En esa web, que presenta a Losada como su “socio fundador”, “alma máter” y “presidente”, hay numerosos vídeos y fotografías del antiguo ejecutivo de Marsans dedicado en cuerpo y alma a la fiesta antes, durante y después de sus dos últimos juicios en la Audiencia Nacional.

“Hoy termina una semana llena de momentos increíbles, me lo he pasado muy bien en las más de diez sesiones que he ofrecido en diferentes recintos y salas, principalmente en Yes to All social club. Gracias a todos por venir, gracias por ser, gracias por hacer posible todo esto... Os dejo algunos extractos de vídeos que me han pasado...”, escribía Losada en su Facebook el 6 de marzo, al término de las fiestas mayores de Castellón (las de la Magdalena), que arrancaron el 27 de febrero, semana y media después de conocer su última condena, por la que no ha tenido que volver a la cárcel.

El post incluía varios vídeos en los que se podía ver al antiguo ejecutivo pinchando música electrónica con un público entregado unos días después de que la Audiencia volviera a dictar sentencia contra él. Losada lo ha borrado tras publicarse este reportaje. También ha desaparecido del Facebook de Yes to All un vídeo que mostraba a Losada pinchando en aquellas fechas y que se colgó el pasado 7 de marzo.

Un vídeo en ese perfil colgado el 10 de enero (y que, de momento, no ha sido borrado) muestra a Losada en otra sesión el 9 de enero en la sala Cassette 29, en el municipio de Alcora (Castellón). “Iba a gustito ahí ya, que caritas... Jajaja”, comentaba dos días después de comparecer junto con Díaz Ferrán en el juicio por Marsans, que había sido suspendido en noviembre porque el audífono del expresidente de la CEOE no funcionaba.

En la vista del 7 de enero, Losada negó haber adoptado decisiones ejecutivas en el grupo y dijo no haber podido frenar el pago de las nóminas de los empleados de Marsans con los adelantos de sus clientes al no formar parte del consejo de administración en ese momento.

Losada ya estuvo en prisión entre diciembre de 2012 y junio de 2014. Fue detenido en el marco de la Operación Crucero por formar parte de la trama empresarial urdida por De Cabo -que aún permanece en la cárcel, al igual que el expresidente de la patronal- para saquear Marsans y esconder los bienes de Díaz Ferrán.

El pasado 7 de septiembre, ya en libertad, el ex director general de Marsans fue condenado por este caso a dos años y medio de cárcel por alzamiento de bienes, concurso fraudulento e integración en grupo criminal. Tras la condena, no tuvo que pisar la prisión. Doce días después se despedía del verano con una fiesta organizada por Yes to All en la sala Tumbao, de Castellón. Entonces, bajo su otro nombre artístico, “iLo”.

Nochevieja en un hotel de lujo

Una persona que conoce a Losada se pregunta de qué vive actualmente el antiguo director general de Marsans; quién ha pagado su defensa en los juicios a los que se ha enfrentado (a cargo del letrado madrileño Gerardo Vázquez Cañizares); y cómo logra mantener un tren de vida que está a la vista de muchas personas en Castellón.

El perfil en Facebook de un amigo de Losada, el preparador físico Juan Rallo, que se presenta en su web como “entrenador de los famosos” (entre ellos, los presentadores de televisión Pablo Motos o Christian Gálvez), muestra cómo, poco antes de reanudarse el último juicio contra Losada en la Audiencia Nacional, los dos amigos pasaron la última Nochevieja esquiando en Formigal (Huesca) alojados en el imponente Hotel & Spa Aragon Hills, un lujoso cuatro estrellas situado a 400 metros de esa estación de esquí.

Varias fotos que muestran el fin de año de Losada en el Aragon Hills fueron publicadas por Rallo en su Facebook el 3 de enero, cuatro días antes de que se reanudara el juicio por Marsans.

El hotel, que en el puente de la Inmaculada del pasado diciembre acogió un viaje de fin de semana organizado por Yes to All, el colectivo de ocio de Iván Losada, cuenta, según su web, “con 157 habitaciones en un paisaje privilegiado y un cualificado equipo humano” en uno de los parajes más hermosos del Valle de Tena, en el Pirineo aragonés. Es el mayor hotel de Formigal y estuvo cerrado mientras Losada estuvo en prisión. Reabrió sus puertas en diciembre de 2014, unos meses después de su puesta en libertad.

La sociedad que lo explota, Fun & Rooms Hotels, está administrada por una empresa de otro buen amigo de Losada, Andrés Martínez López. Este ex policía municipal de Castellón, expulsado del cuerpo en abril de 2013 “por la comisión de una falta muy grave”, niega ser, como apunta una fuente que pide el anonimato, el “hombre de paja” de los negocios de Losada. Admite que ambos son “íntimos amigos desde hace muchos años” y asegura que se ha “aprovechado de la situación” de Losada al comprarle algunas de sus sociedades, entre ellas, la que explota este hotel.

“Sólo puedo decir cosas muy buenas de él; es uno de mis mejores amigos y una bellísima persona. Su faceta empresarial no la conozco”, zanja Martínez López, en conversación telefónica con eldiario.es.

Losada, que según el Registro Mercantil mantiene todavía 16 cargos activos en más de una decena de sociedades vinculadas a la antigua Marsans, estuvo vinculado a la construcción del hotel Aragón Hills como director general durante doce años de su promotora, la castellonense Grupo Basgra. Esta constructora (cuyo nombre societario era Belqueba SA) pertenecía al empresario Diego Basco. Ambos se conocieron cuando Losada, procedente de una familia humilde y sin formación académica, era un adolescente, y Basco le introdujo en el mundillo empresarial.

Losada abandonó Basgra en 2008 y la constructora entró en concurso de acreedores en 2009, después de haber sido traspasada por un euro y dejando un reguero de deudas entre sus proveedores y con Hacienda: 30.456.691 euros, según la lista de morosos. El comprador de la empresa fue Ángel de Cabo, con el que el ahora DJ y animador cultural se asoció para especializarse en la compra de empresas en quiebra, como la propia Marsans, Teconsa o Nueva Rumasa.

Resiliencia y poesía

El Facebook de Losada sugiere que su estancia en la cárcel, a la que suele referirse como “mi retiro espiritual”, permitió al antiguo ejecutivo descubrir el lado místico de la vida (su foto de portada le muestra meditando frente al islote Es Vedra, en Ibiza) y aprender “el verdadero significado de la palabra resiliencia”, cuya primera acepción, según la RAE, es la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”.

En esa red social, Losada, que el año pasado cumplió 41 años, cuenta que en prisión se entregó “al deporte, lectura, meditación, a escuchar (oímos mucho pero escuchamos poco), también ayudar a personas desconocidas, a escribir cientos de cartas manuscritas para mantener relaciones epistolares”, y también a escribir poesía: “Me atreví con un libro (todavía no publicado, no por no estar acabado además, sino por otros motivos) y a ratos lo invertía en juguetear con las artes, podríamos llamarlo pintura”, escribía el pasado 30 de enero.

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por un delito continuado de apropiación indebida cometido al apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes que nunca llegaron a disfrutar los viajes que tenían contratados con el Grupo Marsans.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condena al último director general del grupo turístico, Iván Losada, a la pena de un año de prisión y le ordena indemnizar a Viajes Marsans para su reintegro en la masa del concurso con la cantidad de 400.000 euros.

El tribunal ha aplicado a ambos acusados la circunstancia atenuante de confesión después de que reconocieran los hechos en la última sesión del juicio, lo que provocó que la Fiscalía rebajara su petición inicial de cuatro años de cárcel.

En su resolución, los magistrados consideran “creíble” que Díaz Ferrán no estuviera al tanto de la gestión diaria de la compañía turística al dejarla en manos de su socio, el fallecido Gonzalo Pascual. Sin embargo, afirman que “confiar plenamente en el segundo administrador solidario no le exoneraba de su deber de abarcar un conocimiento cabal propio del cargo” que desempeñaba.

Los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel han considerado así probado que el exjefe de la patronal se apropió indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes y que los usuarios de Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.

A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans comenzaron a exigirles el pago anticipado de los productos comercializados, por ejemplo Pullmantur pidió el dinero durante los 30 días anteriores al inicio de los viajes. En marzo de 2010, era ya una “práctica generalizada” entre los proveedores turísticos de Marsans exigir el prepago de los servicios que se reservaban en sus agencias.

Los responsables del Grupo Marsans, “lejos de destinar los fondos depositados por los clientes al pago de los servicios contratados, los destinaron a otros fines ajenos a la actividad del grupo”. La desviación de los fondos condujo a que los clientes perdieran el dinero entregado al hacer la reserva o el precio total del servicio contratado.

Un total del 4.706 clientes afectados

Entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no han sido devueltos y se destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo. Los consumidores pagaron cantidades que oscilan entre los 130 y los 5.834 euros.

El 20 de abril de 2010, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. Un día antes, el 19 de abril, los directivos de la empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que depositaran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad Marsans Shooping. Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron mediante cheques al portador.

Entre el 9 de junio de 2010, día antes de la presentación del concurso de acreedores, y el 30 de junio se libraron 13 cheques por valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, de los que 344.481 euros fueron entregados a Naviera Grimaldi para que retiraran la solicitud de concurso, 100.000 a preparar el aval de IATA de Viajes Atenea, 300.000 retornaron a Viajes Marsans y 500.000 fueron cobraros por empresas ajenas al grupo.

El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decretó el concurso de acreedores del Grupo Marsans. La compañía quebró dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales), ya que contaba con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de 281 millones de euros y con 11.409 acreedores.

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha aceptado una condena de cinco años y medio de prisión por el vaciamiento patrimonial de Marsans tras haber alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones, que llegaron a pedir hasta 15 de cárcel.

La aceptación de la pena de cinco años y medio de cárcel se ha producido en el momento en que el expresidente de la patronal y sus socios en la compañía se enfrentaban al juicio por haberla vaciado. La Fiscalía pidió para el exjefe de los empresarios españoles quince años de prisión.

Mientras, el empresario Ángel de Cabo, para el que la Fiscalía reclamó ocho años de prisión, ahora verá reducida su condena a cinco por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, los mismos que Díaz Ferrán.

Después de que el fiscal haya modificado sus conclusiones provisionales, el que fuera máximo responsable de los empresarios españoles y el “liquidador” valenciano se han declarado culpables de todos los delitos en el juicio que acaba de empezar en la Audiencia Nacional.

El ministerio Público le acusa de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, en el marco de la causa que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores.

El propio Díaz Ferrán admitió en un escrito remitido el pasado octubre al instructor del caso, Eloy Velasco, que cometió un delito de alzamiento de bienes al incurrir en el “grave error” de “confiar” en el empresario Ángel de Cabo para reflotar Marsans. De Cabo consiguió salir de la cárcel el pasado julio al reducir su fianza inicial de 50 millones a 300.000 euros por colaborar con la Justicia.

El expresidente de la CEOE ya fue condenado en mayo de 2013 a pagar 12 millones de euros por la quiebra de Seguros Mercurio, por la que también fue inhabilitado quince años.

La mitad de las comidas que Gerardo Díaz Ferrán pagó con su tarjeta 'black' de Caja Madrid fueron en locales de su concuñado, Arturo Fernández, actual presidente de la patronal madrileña y del Grupo Cantoblanco (restaurante Cantoblanco, Edelweiss...). En total: 47.900 euros. Y los importes eran de 800, 1.000, 1.200, 1.500 y 1.800 euros.

Así, en cifras redondas y en el mismo día en ocasiones, tal y como se pueden observar en los extractos a los que ha tenido acceso eldiario.es, en los que también se puede constatar que la mayoría de estas operaciones con grandes cantidades de dinero redondas, incluso repetidas en el mismo día, se produjeron a partir de 2008 –tenía la tarjeta desde 2005–, cuando comenzaron los problemas económicos con sus empresas, hasta el punto de presionar al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para conseguir créditos para sus empresas.

Está en prisión preventiva desde 2012 por la causa en la que se investiga el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans.

La mayoría de los gastos, en el caso de Díaz Ferrán, fueron en restaurantes. Pero sólo la mayoría. También aparece un cargo de 1.000 euros en Kidama, definido como “confección textil en general”; otro de 2.000 en El Corte Inglés; 3.003 en un comercio llamado Decoración y Arquitectura: en total, unos 6.000 euros.

Esta información está contenida en el CD que analiza el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y que ha provocado la citación como imputados de Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez el próximo 16 de octubre. La existencia de las tarjetas black fue desvelada, sin embargo, diez meses antes, en diciembre de 2013. Entre los correos de Blesa publicados por el diario.es, que los obtuvo a través de una fuente anónima derivada por el Partido X, había uno en el que dos directivos de la entidad aludían al plástico.

El momento elegido por el rey para retirarse es de todo, menos casual. Además de esperar a que pasaran las elecciones europeas, el monarca ha aguantado hasta pasear, en tres viajes maratonianos, a los principales empresarios del país por la Península Arábiga. El rey, falto de fuerzas y salud, ha gastado su último cartucho como monarca en ayudar a los que han sido durante 39 años algunos de sus mejores amigos: los grandes hombres de negocios españoles.

La vida de Juan Carlos está íntimamente ligada a empresarios de toda la vida. De los de montería, caza y marquesado, este último otorgado por el propio monarca. En su círculo de ocho amigos forzados de la adolescencia –fueron seleccionados como pandilla ad hoc–, contó con hijos de familia de banqueros, como su inseparable Jaime Carvajal y Urquijo, cuya familia puso a disposición de la familia real la finca que serviría de improvisado colegio para el monarca y sus amigos.

Carvajal ha ocupado la presidencia de Ford España, firma del motor que algunos aseguran que el rey ayudó a instalarse en España. Ha pasado por los consejos de Telefónica, Unión Fenosa, Repsol y Ferrovial, y ayudó a la toma de control por parte de un fondo estadounidense de Parques Reunidos. Su hijo, Jaime Carvajal Hoyos, es el segundo de a bordo de Apollo, lo que se conoce como fondo buitre, uno de los lugares favoritos en los que están recalando los “bien conectados” de la jet set empresarial.

De esta prefabricada cuadrilla de adolescentes, destaca también por su buena posición empresarial Fernando Falcó, marqués de Cubas y marido de Esther Koplowitz, una de las principales multimillonarias españolas, dueña de FCC. Falcó era consejero de FCC antes que marido de la jefa, y su background profesional pasaba sobre todo por la presidencia del RACE, donde canalizaba su pasión por los coches. También prestó servicios como consejero a Sogecable y asesoró a Citröen y a la mutua Asepeyo. En la pandilla terminó otro financiero, José Luis Leal, que llegó a presidir la Asociación de Banca Privada, estuvo en nómina de BBVA y fue consejero de Prisa. También se dedicó a los negocios Alonso Álvarez de Toledo, en este caso al mundo ganadero.

Aunque estos fueron los amigos escogidos para el joven Juan Carlos, el rey continuó trabando amistad con otros conocidos empresarios en su vida adulta. El más conocido, ya fallecido, fue Manuel Prado y Colón de Carvajal, al que presentó su primo (y parte de aquel dream team de ocho) Carlos de Borbón y dos Sicilias en una cena. Manuel Prado es el que realmente ha pasado a la historia como “amigo del rey”. Prado fue el administrador de sus finanzas, y llegó a entrar en la cárcel condenado por un fraude millonario a los dueños de KIO. Prado fue senador por designación real en 1977 y luego desempeñó cargos en empresas públicas, como la presidencia de Iberia.

La turbia historia de Prado no ha ensombrecido el linaje familiar. Su hijo, Borja Prado, ha tocado lo más alto del Ibex 35 con la presidencia de Endesa y también como representante español del grupo financiero italiano Mediobanca. El hijo del amigo del rey es consejero, además, en Mediaset.

De caza con Díaz Ferrán

Aunque sin duda Prado es el empresario con más sombras que ha estado íntimamente ligado al rey, otros muy cercanos han dado con sus huesos en la cárcel. Es el caso de Gerardo Díaz Ferrán, quien durante su época al frente de la patronal presumía constantemente de su amistad con el rey, algo de lo que también hace gala su concuñado, y aún vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández.

No está documentado cómo surgió la amistad de Díaz Ferrán y el rey, ya que el empresario madrileño era de orígenes relativamente humildes. El de los posibles era su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido. De lo que sí hay pruebas gráficas es de que su amistad se fortalecía con aficiones comunes, como la caza. La foto para la posteridad la conseguió el digital La Celosía, que mostró al rey con Díaz Ferrán, Jaume Matas (también condenado) y Arturo Fernández en una montería en Alamín, una finca del dueño de Marsans.

La amistad entre el rey y el ahora finado llevó a que el primo del rey, Carlos Borbón (el que le presentó a Prado), acabara como consejero en Marsans. El primo del rey se libró por los pelos de testificar en el juicio al alegar una “enfermedad mental” que le impedía responsabilizarse de los sucesos cometidos en la gestión de la empresa turística. Sin embargo, y pese a la enfermedad, siguió como consejero de la inmobiliaria Reyal Urbis y de Cepsa, petrolera que abandonó dos años después de no comparecer ante la Justicia.

Cepsa es, precisamente, otra de las empresas pilares en el haz de relaciones monárquicas. Su dueño actual, IPIC, es uno de los fondos soberanos de Abu Dabi, uno de los emiratos que mejor relación tiene con la familia real española. La asociación entre la petrolera y el fondo comenzó en 1988 y se fue intensificando hasta culminar con la compra de la compañía en 2011. Pese a ser propiedad del emirato, Cepsa se apunta a los viajes que hace el rey con empresarios por los países árabes.

Con muchos de sus amigos fallecidos o envueltos en escándalos –de los últimos es el empresario Patxi Garmendia, detenido en la operación Emperador–, uno de los pocos grandes empresarios aún en activo que presume de su relación con el rey es Juan Miguel Villar Mir. El presidente de OHL, marqués por la gracia de su majestad y ligado al régimen franquista, es también consejero de Banco Santander y uno de los empresarios más añejos que corona una empresa del Ibex 35. Pero Villar Mir no se libra de las sombras en su historial, como otros amigos del rey. Su principal mancha, la más molesta, aparecer en las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas como uno de los donantes secretos del Partido Popular.

Además, Javier López Madrid, el marido de la hija de Villar Mir -Silvia- es uno de los pocos amigos personales del príncipe Felipe que no comparte círculo de amistades con el entorno de su padre.

Botín padre le pagó el viaje de novios

Tampoco se puede olvidar la relación que mantiene el rey con el principal banquero de España, Emilio Botín, que forma un triángulo con su consejero, el marqués de Villar Mir. Según este extenso artículo del periodista Jesús Cacho (ahora director de Vozpópuli) en la que se explica con todo lujo de detalles la relación de este trío, fue el padre del actual Botín el que financió el viaje de novios de los pobretones príncipes recién casados, Juan Carlos y Sofía.

La historia financiera de la familia real siempre aparece entrelazada a la banca privada (desaparecida tras la crisis) de Santander: Banif. Este lunes mismo fue Emilio Botín uno de los que más se deshizo en elogios hacia el papel del monarca, que también ha contado entre sus amistades con altos cargos de BBVA, como José Ángel Sánchez Asiaín, que llegó a presidir la entidad bilbaína.

Para ver de un vistazo cómo los títulos nobiliarios y la cercanía al monarca han copado los puestos ejecutivos en las grandes empresas cotizadas sólo hace falta echar un vistazo a este resumen que publicó eldiario.es hace apenas unos meses. Poco o nada se ha ocultado esta facultad del rey para entablar relaciones con lo más trufado del empresariado dentro y fuera de las fronteras españolas, lo que en realidad, se ha considerado como un activo. El hecho de que fuera un empresario saudí (contacto de la familia saudí en España) el que le pagara el nefasto viaje a Botsuana o las relaciones con la conseguidora comercial Corinna -también ligada a Arabia Saudí- fueron algunas de las últimas luces rojas que extendieron la alerta sobre el carácter supuestamente desinteresado de estas mediaciones.

Todo este sospechoso entramado de relaciones personales, al que el monarca ha paseado por el mundo, se queda ahora un poco huérfano. El sucesor, Felipe, no ha sido nada proclive a dejarse fotografiar con empresarios. Por su edad y formación, ha tenido pocos contactos con el mundo empresarial en el que se desenvolvía su padre y ha optado más por conservar los amigos del colegio (un colegio pijo pero normal), el mundo del deporte y la joven aristocracia europea, especialmente la familia real griega y la búlgara.

Además, el rey no ha delegado en Felipe en sus viajes a algunos de los países favoritos para los empresarios españoles, como el Magreb y los países árabes. Por ahora, además de estas expediciones en las que el rey ha hecho lo que algunos medios gustan de calificar como “embajador de la Marca España”, el todavía príncipe Felipe le tendrá que relevar en las fructíferas comidas del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC). Un lobby de lobbies con 16 empresarios más cercanos a la generación del monarca saliente que del heredero entrante.

En cualquier caso, dos de los últimos actos en la vida pública del monarca quedarán ligados para siempre a esta suerte de capitalismo de amigos con títulos nobiliarios que durante años ha medrado a su alrededor. Por un lado, el viaje a Arabia Saudí y Qatar, del que regresó el 19 de mayo, pocos días depues de que el BOE publicara el último marquesado concedido a un empresario, David Álvarez, presidente de Eulen. Los últimos actos en 39 años de hoja de servicios, el último hálito de la soberanía, han sido para las grandes empresas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acusado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra de Viajes Marsans.

El magistrado imputa en un auto en el que transforma las diligencias previas de la 'operación Crucero' en procedimiento abreviado los mismos delitos a otras 11 personas entre las que se encuentran el empresario Angel de Cabo, su mujer Consuelo Garrido y su cuñado Teodoro Garrido, y el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría.

Velasco asegura que el expresidente de la CEOE decidió junto al fallecido Gonzalo Pascual “iniciar un proceso de enajenación tanto de las compañías del grupo empresarial como de los bienes y sociedades patrimoniales y de los bienes poseidos a través de éstas con el fin de excluir de dichos procedimientos los activos realizables”.

Díaz Ferrán y De Cabo, que se encuentran en prisión bajo fianzas de cinco millones de euros, fueron encarcelados el pasado 5 de diciembre junto a otros cinco miembros del entramado. Quedaron en libertad la secretaria del liquidador, Susana Mora, tras depositar una fianza de 3.000 euros, y el fiscalista Rafael Tormo tras la imposición de medidas cautelares.

El expresidente de la patronal está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por la compra de Aerolíneas Argentinas y está imputado en otras dos causas por apropiarse indebidamente de 4,4 millones de euros en la quiebra del Grupo Marsans y la venta de preferentes en Caja Madrid, de la que fue consejero.

Además, el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid le investiga por su participación en la quiebra de Seguros Mercurio, mientras que otro juzgado mercantil de Madrid le consideró culpable de la bancarrota de Marsans.

La solicitud de Gerardo Díaz Ferrán de acogerse a la justicia gratuita, conocida a las pocas horas de que se sentara por primera vez en el banquillo, parecía una muestra del declive irreversible del empresario. El escenario que le esperaba este miércoles no mejoraba la perspectiva: una discreta sala de vistas, que no conoce juicio mediático, en la sede provisional de la Audiencia Nacional. Muchos periodistas y ningún amigo. Pero fue entrar en la sala, quitarle las esposas y disiparse cualquier duda acerca de la herida que pudiera haber abierto en Díaz Ferrán un año entre rejas.

Llegó a empresario de éxito sin título, sin apellido y sin ideas brillantes. Y una acusación de dos años por defraudar 99 millones de euros no iba a amilanarle a su edad. Pasadas las 12 de la mañana, Gerardo Díaz Ferrán ocupaba su sitio en el banquillo de los acusados. Lo hacía luciendo intenso moreno de patio de cárcel, chaqueta azul, corbata celeste, pantalón gris y camisa de cuadros. Algo sucia y ajada, pero bien visible en su muñeca izquierda, Díaz Ferrán lleva anudada una cinta con la bandera de España. Reproducimos literalmente el diálogo.

–¿Edad? –preguntó el juez.

–Setenta –respondió el acusado.

–¿Profesión?

–Empresario.

–Está usted en prisión.

–Preventivo –se apresuró a precisar Díaz Ferrán.

–¿Por qué delitos? –inquirió el magistrado Vázquez Honrubia.

–Ahora mismo no recuerdo –dijo el acusado.

–¿Delitos económicos?

–Sí, podríamos decir eso.

Al poco de comenzar su interrogatorio, el magistrado ofreció sentarse a Díaz Ferrán, a pesar de encontrarlo en “una perfecta forma física”. “Intento conservarme lo mejor posible”, contestó él al cumplido. Y allí, en la misma silla que ocupa Luis Bárcenas en sus encuentros con el juez Ruz, comenzó a escuchar las preguntas del fiscal. No tardó en salirle el deje de mandamás que fue y el juez tuvo que corregirlo. “No hay delito fiscal ni lo ha habido nunca”, llegó a concluir el acusado, antes de que Vázquez Honrubia le recordara que determinar eso sólo le corresponde al tribunal.

Díaz Ferrán y su compañero de banquillo, Antonio Mara –expresidente de Air Comet– se enfrentan a dos años y cuatro meses por hechos que se remontan a 2011. Aquel año, Air Comet compró a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el 99,2% de Interinvest, una mercantil argentina que poseía casi la totalidad de Aerolíneas Argentinas.

El precio fue de un dólar y el acuerdo se cerró con el compromiso de que la SEPI aportaría hasta 300 millones de dólares, sólo para que Air Comet satisficiera pagos de los acreedores de Interinvest. Pero Air Comet destinó el dinero, según el fiscal, a subrogarse en su posición en el proceso de suspensión de pagos y recuperar así el 40% de lo invertido. El fraude a Hacienda por impago del Impuesto de Sociedades asciende a 99 millones de euros, según la acusación.

Díaz Ferrán ha pedido ahora acogerse a la justicia gratuita para no tener que pagar las tasas. Si se le concede, dispondrá de un abogado de oficio. Recientemente había solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid que le asignara una cantidad mensual para comida y productos de higiene personal, “indispensables y necesarios para su supervivencia”. Él y su esposa, alegó, atraviesan una situación “crítica”. Sólo en inmuebles, Díaz Ferrán llegó a acumular 88 millones de euros, según un informe de la policía.

En el receso de la vista, Díaz Ferrán se quedó solo con Mata, el otro acusado, en la sala. Cinco policías los custodiaban. Ni familia, ni amigos. Durante unos minutos, ambos se dieron la razón. Por la tarde continuó el juicio, que está previsto que se prolongue hasta el viernes. A su conclusión, Díaz Ferrán extendió las manos hacia el policía. Allí fueron a cerrarse las esposas, que tuvieron que pelear con la bandera de España por hacerse un hueco en su muñeca izquierda. Y así regresó a Soto del Real en furgón de la Guardia Civil el hombre que en 2010 sólo veía una forma de salir de la crisis: “Trabajar más y, desgraciadamente, ganar menos”.

Tres plantas más arriba, el fiscal Daniel Campos había entregado el día anterior un escrito al juez Eloy Velasco apremiándole a cerrar la instrucción de la ‘operación Crucero’, que investiga el expolio del Grupo Marsans. Cuando eso ocurra, Díaz Ferrán, su hijo, su compañero de cárcel Ángel de Cabo y ocho más se sentarán en el banquillo por insolvencia punible en la modalidad de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal.

El que fuera presidente de los empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán, ha sumado su segunda condena mercantil por la quiebra del Grupo Marsans, que le obliga a pagar, junto a sus socios, el ‘agujero’ que quede tras restar de los 400 millones de euros de deuda la cantidad que se obtenga de la liquidación de la compañía. El expresidentes de la CEOE ya fue condenado el pasado mes de mayo a pagar otros 12 millones de euros por la quiebra de Seguros Mercurio, por la que también fue inhabilitado otros quince años. Sin embargo, Ferrán se juega su permanencia en prisión en cuatro causas que tiene abiertas en la Audiencia Nacional y los juzgados de instrucción.

Díaz Ferrán está acusado de un posible delito de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y apropiación indebida en el procedimiento abierto por el magistrado Eloy Velasco tras la quiebra fraudulenta del Grupo Marsans. El empresario y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, ocultaron de manera irregular la situación real de la empresa, que atravesaba dificultades desde 2008, para vaciarla antes de recurrir al concurso de acreedores en junio de 2010. Para entonces, los acusados ya habían alzado los bienes de la compañía, que habrían situado en paraísos fiscales para no hacer frente a sus deudas.

Ferrán fue detenido y encarcelado por esta causa el pasado 3 de diciembre de 2012, en la conocida como ‘Operación Crucero’, acusado de los delitos de blanqueo de capitales, alzamiento y ocultación de bienes. El juez está pendiente de recibir la documentación solicitada por comisión rogatoria a los paraísos fiscales de Chipre, Panamá y Suiza para conocer si dispone de patrimonio fuera de nuestro país.

Otro magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz tiene abierto otro procedimiento contra el empresario y su socio Gonzalo Pascual por la presunta apropiación indebida de 4,4 millones de euros de clientes que habían reservado viajes de vacaciones posteriormente cancelados, cuyos importes no se les devolvió.

El tercer sumario abierto en los juzgados centrales es por la compra de Aerolíneas Argentinas en 2002 (pagó un euro al Estado a cambio de hacerse cargo de una deuda de 300 millones de euros), en el que está acusado de un posible delito fiscal. La vista de esta causa se celebrará a finales de este mes de junio. Air Comet, la compañía del Grupo Marsans que hizo la compra, estuvo ocho meses sin pagar a sus trabajadores y dejó en tierra a miles de pasajeros que habían comprado sus billetes de avión.

En los juzgados de instrucción de Madrid, Ferrán está imputado por la concesión de un crédito de 26 millones de euros por parte de Caja Madrid, de cuyo consejo de administración formaba parte. Ante la imposibilidad de devolver el importe al vencimiento la caja lo renegoció para demorar el pago, pese a estar prohibido cuando los beneficiarios son los propios consejeros. En esta causa está imputado también el que fuera presidente de la caja, Miguel Blesa, actualmente en prisión.