El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca llevará al próximo pleno del Ayuntamiento una moción para paralizar la implantación de plantas de biogás en el término municipal, ante el avance de este tipo de proyectos y “sus posibles consecuencias sobre el territorio, la salud pública y la calidad de vida”.

La iniciativa plantea la suspensión cautelar inmediata de licencias urbanísticas para estas instalaciones hasta la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), así como la incorporación en este documento de “una regulación estricta o incluso su prohibición expresa”.

Desde la formación argumentan que Castilla-La Mancha y la provincia de Cuenca están viviendo una “auténtica avalancha” de proyectos de biogás, muchos de ellos “impulsados sin planificación territorial y con un fuerte rechazo vecinal en los municipios afectados”. Alertan de que este modelo puede convertir el medio rural “en un espacio de concentración de infraestructuras vinculadas al tratamiento de residuos”.

El concejal Pablo García ha criticado la falta de planificación, argumentando que “se están impulsando instalaciones con enormes impactos sin una estrategia clara, sin evaluar los efectos acumulativos y sin escuchar a la ciudadanía”. “Eso es inaceptable”, ha asegurado.

Hablamos de olores, de tráfico constante de camiones, y de presión sobre carreteras y recursos hídricos

Asimismo, ha advertido de las consecuencias directas. “Hablamos de olores, de tráfico constante de camiones, de presión sobre carreteras y recursos hídricos, y de riesgos para suelos y acuíferos. No es desarrollo sostenible, es trasladar problemas al medio rural”, ha declarado en este sentido.

El edil ha insistido en que la transición energética “no puede servir de excusa para justificar cualquier proyecto” y que “defender las renovables también es poner límites y proteger a la población”.

La moción también reclama a la Junta que garantice evaluaciones ambientales rigurosas, acumulativas y coordinadas, teniendo en cuenta el impacto real de estas plantas sobre el territorio. Por último, Pablo García ha llamado a situar el debate en el centro de la agenda pública: “Lo que está en juego es el modelo de ciudad y de provincia. O planificamos nosotros o nos lo imponen desde fuera”.

Algo se mueve en Alcorcón. Mientras los vecinos de Usera y Villaverde aún asimilan su último varapalo judicial por el crematorio de la M-40, otro municipio vecino se enfrasca en un conflicto similar. El Ayuntamiento que dirige Candelaria Testa ha dado luz verde a la construcción de un nuevo tanatorio-crematorio, esta vez de carácter privado, en el polígono de Urtinsa, una zona industrial en cuyas proximidades se alzan viviendas particulares, una residencia de mayores o un campo deportivo. La futura dotación, que aún no ha sido adjudicada y para la que de momento tampoco existe un proyecto en firme, echa a andar entre recelos vecinales y el temor a que se generen malos olores, problemas de salud pública u otros inconvenientes.

La instalación de crematorios suele acarrear cierta polémica por el uso de hornos industriales para incinerar cadáveres a alta temperatura, lo que puede generar gases perjudiciales a su alrededor. Para blindarlos suelen colocarse lonas o recubrimientos protectores, como ocurre con el crematorio público que ya existe en la Avenida de Villaviciosa. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo en Alcorcón confirman a Somos Madrid que se ha aprobado este nuevo proyecto después de que lo solicitara una compañía privada y se constatara que era viable.

Según el Ayuntamiento, la empresa lo pidió “a través de los cauces pertinentes” para este tipo de actividades. El permiso no se les concedió hasta “comprobar que se reunían todos los requisitos”, legales o ambientales y se cumplían unos “estrictos estándares” que no especifican, pero entre los que incluyen la presentación de “informes favorables” al desarrollo de la actividad. A fecha de la consulta, en los registros municipales no constaban reclamaciones administrativas al respecto.

En 2024, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida concedió a Parcesa la licencia para colocar una incineradora en sus instalaciones. La compañía de servicios funerarios llevaba décadas detrás de este objetivo, que se topó de bruces con un amplio rechazo vecinal y varios tropiezos en los tribunales, argumentando principalmente la cercanía a núcleos de viviendas. Sin embargo, hace dos años lograron la ansiada concesión municipal suscitando protestas, recursos administrativos o críticas desde la oposición política, que sugería una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento al no evaluar debidamente su impacto ambiental.

La senda de los vecinos en el barrio de San Fermín

Desde entonces, el recorrido judicial ha sido largo y con distintos frentes abiertos. El año pasado, la Fiscalía archivó una denuncia del PSOE a este respecto al no ver indicios de delito y Más Madrid hizo lo propio con el Gobierno regional, que en estos casos concede el último aval. La demanda que presentó el partido de Rita Maestre continúa su recorrido legal, pero otro recurso que presentaron los vecinos agrupados en la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales) fue desestimado hace un mes por un magistrado de lo contencioso-administrativo en el Tribunal de Instancia número 32 de Madrid.

En este caso, la sentencia no niega posibles perjuicios a la salud pública derivados de la incineradora, ya que se limita a analizar únicamente si el Ayuntamiento actuó o no conforme a la normativa. Tanto entonces como ahora, con el futuro crematorio en Alcorcón, las autoridades municipales insisten en que todos los procedimientos se ajustan a la ley. Para el que quiere abrirse en la calle Industrias, dentro del polígono de Urtinsa, no han trascendido aún los planteamientos presentados por los solicitantes, la empresa Interfunerarias SL, y aprobados por el área local de Urbanismo.

Esta semana, un grupo de vecinos y propietarios se reunieron con el concejal del área, Miguel Ángel González, que ya estaba al frente del departamento en la anterior legislatura, cuando se solicitó por primera vez la licencia. Fuentes presentes en el encuentro confirmaron entonces que la postura del Ayuntamiento “no iba a cambiar”, y ahora tratan de organizarse otras vías. Desde el consistorio insisten en que “todas las concesiones que se aprueban pasan antes por criterios rígidos de supervisión”, y que fue en esta evaluación cuando se constató la viabilidad legal del crematorio.

Pero para algunos, la ley no lo salva todo. “Cumplir la normativa no implica que sea la mejor decisión, y lo legal no siempre es lo adecuado”, resaltan a este respecto en un grupo de Facebook en el que participan vecinos de Alcorcón, donde se cuestionaba la ubicación escogida “habiendo zonas más alejadas” o la poca promoción que se ha hecho del proyecto durante su recorrido administrativo, que comenzó en torno al año 2022. Al tratarse de una concesión a sociedades privadas, el consistorio no tiene obligación legal de someterlo a consulta pública o a una votación en el pleno. Basta con revisar si se cumplen los requisitos y verificarlo con la Comunidad de Madrid.

La parcela seleccionada está junto a una gran cadena de supermercados, y las viviendas más próximas son las del Parque Ondarreta. Los vecinos han habilitado una recogida de firmas en Change.org que concluirá el 24 de abril. En ella denuncian la concesión municipal a Interfunerarias SL para una instalación de este tipo en una zona transitada, que según la petición “ha generado inquietud y preocupación” en el barrio.

“El aumento del tráfico rodado, el riesgo de contaminación y el incremento del ruido no solo afectarían nuestra salud y bienestar, sino que también podrían devaluar las propiedades de la zona”, se temen los particulares que han impulsado la iniciativa. En el momento de publicar este artículo ronda las 400 firmas verificadas, que se suscriben a la propuesta de buscar otra localización industrial “alejada de entornos residenciales y peatonales” antes de tomar una decisión definitiva. “No estamos dispuestos a que se ponga en riesgo la salud de nuestras familias, por muchas soluciones técnicas que se usen para mitigar el vertido a la atmósfera de estos compuestos”, sentencian en su petición.

En la Gerencia de Urbanismo de Málaga hay un expediente de infracción de 1984 pendiente de que se dé traslado al particular del informe del técnico municipal y otro, también abierto hace 42 años, pendiente del acuse de recibo. Hay un centenar largo de casos de los años 80, casi mil procedimientos del siglo pasado y cerca de 13.000 en total que se acumulan pendientes de alguna actuación para restablecer la legalidad o sancionar una infracción urbanística, ya sea una construcción ilegal o la falta de una licencia.

En total, hay 12.823 procedimientos de disciplina urbanística abiertos o en trámite, correspondientes a 9.455 expedientes (ya que un expediente puede generar varios procedimientos). El 70% de ellos no ha pasado las primeras fases del procedimiento. Un 9%, han alcanzado fases de ejecución material o demolición y 618 están en fase de sanción.

Los datos, obtenidos por el grupo municipal Con Málaga (IU + Podemos) tras año y medio pidiéndolos, han causado escandalera en Málaga porque inciden en un déficit que ya motivó denuncias internas, una investigación penal y una comisión de investigación hace poco más de un lustro. La sospecha entonces era que había poco interés político por parte del Ayuntamiento (gobernado desde 2000 por el incombustible Francisco de la Torre -PP-) en agilizar las actuaciones del servicio de disciplina urbanística. Jefes de la Gerencia afirmaron ante un juez que los responsables presionaban para “mirar hacia otro lado” y varios trabajadores confirmaron el vaciamiento de la plantilla de Urbanismo dedicada a estas cuestiones.

“Barra libre” de infracciones

Ahora, Con Málaga vuelve a apuntar al mismo síntoma de un sistema ineficaz que pone “barra libre” a las infracciones, según Toni Morillas, portavoz de la coalición, quien ha reclamado la apertura de una nueva comisión de investigación.

Esta crítica activó de inmediato un resorte en el equipo de gobierno, muy sensible al tema. “Calumniar es gratis”, replicó al día siguiente Carmen Casero, concejala de Urbanismo, quien justificó el atasco en la complejidad y el garantismo de los procedimientos, y dijo que el 74% de los 48.365 expedientes que ha tramitado el servicio están resueltos. Todos los demás “tienen una causa por la que están abiertos”. “Es mentira que de manera intencionada este equipo de gobierno paraliza los expedientes”, añadió. Según dijo, cada expediente puede constar de hasta ocho hitos, cada uno de los cuales tiene que notificarse al interesado. “¿Podría ser más rápido?”, se preguntó: “No está en nuestras manos”.

“Hay que poner al personal donde hace falta”

Casero no mencionó las cuestiones organizativas ni la falta de personal, la principal crítica desde hace años. En cuatro ocasiones, Casero evitó responder a la periodista de la Cadena Ser que le pidió que concretara el número de personas que visitan las obras presuntamente infractoras. “No puede ser que haya un servicio de inspección que solo tenga a tres inspectores”, había reclamado Morillas. En la Gerencia de Urbanismo trabajan alrededor de 320 personas, aproximadamente un tercio de las cuales son técnicos. La cuestión es qué tareas asumen, según varias fuentes. “Claro que hay personal, pero hay que ponerlo a trabajar donde hace falta. Pero si no es tu prioridad…”, lamenta una fuente interna.

De los 320, actualmente hay 14 personas adscritas al servicio de infracciones urbanísticas, según la relación de personal adscrito entregada por el Ayuntamiento a Por Málaga, aunque Casero dijo que eran 19 en rueda de prensa, sin desglosarlos. Eran 18 en 2017, cuando el Ayuntamiento aprobó su Plan Municipal de Inspección Urbanística. Antes había ocho técnicos auxiliares, que son los encargados de realizar las visitas al lugar de la presunta infracción; hoy son tres. Por entonces, había un “instructor de procedimientos sancionadores”. Esa figura ya no existe y los tres técnicos de administración general (licenciados en Derechos) se han convertido en uno.

“Si están desbordados acaba repercutiendo en el servicio”, admite Susana González de Lara, decana del Colegio de Arquitectos, que apunta al posible efecto colateral de generalizar las declaraciones responsables, un mecanismo que permite al ciudadano tramitar sin licencia expedientes menores, a veces sin proyecto técnico. “Puede que algunos aprovechen para excederse, y eso derive en más expedientes de infracción”, lo que añade más volumen para la misma o menor plantilla encargada de restituir la legalidad.

“Málaga no tiene inspectores: sea para ruidos, para la ocupación de vía pública de locales en el Centro, para viviendas turísticas o para infracciones urbanísticas”, denuncia el arquitecto Fernando Ramos, que lleva años documentando estas carencias y observa que nada cambia. Por ejemplo, el registro municipal de solares en ruinas está desactivado desde hace años. “La conservación afecta a la vía pública y a la seguridad de los viandantes. No es aceptable que el Ayuntamiento diga durante 25 años que no encuentra al responsable. Debe actuar subsidiariamente, porque hay una obligación de poner el solar en carga. Si no, es dejación de funciones, y para el propietario es una herramienta para especular”.  

También caducaron por caducidad cientos de expedientes para retirar viviendas turísticas del registro porque el Ayuntamiento no presentó en tiempo su informe, tal y como desveló este periódico.

Una Comisión de Investigación ya constató injerencias

En diciembre de 2017 se aprobó un plan municipal para “mejorar la eficacia de la norma, el cumplimiento efectivo de la ley por sus destinatarios y garantizar el respeto al principio de igualdad”, y precisamente “en atención a la gran cantidad de expedientes” de infracción. En teoría, sigue vigente, ya que se prorrogaba tácitamente si no se aprobaba uno nuevo en cuatro años, pero el Ayuntamiento no da cuenta del mismo. Para evaluar su cumplimiento, el plan obliga a elaborar una memoria de seguimiento y control de las intervenciones, pero tampoco hay constancia. Casero se limitó a señalar que “da resultado” porque en el último año se han abierto más expedientes que nunca.

La aprobación del plan coincidió en el tiempo con la comisión de investigación puesta en marcha en el Consistorio ante el descubrimiento de que unas 7.000 de las 11.834 denuncias urbanísticas presentadas entre 2006 y 2016 estaban sin investigar, con mil archivadas por caducidad.

La Comisión, celebrada durante el único mandato de los últimos siete en que el PP no ha tenido mayoría absoluta, se cerró con conclusiones muy críticas en las que se ponía el acento en la falta de personal y de planificación y la existencia de presiones políticas para dilatar expedientes. Según relataron algunos trabajadores, las técnicas de presión para evitar actuaciones urbanísticas incluían ceses o amenazas de cese (“poner a pegar sellos”), obligaciones de aviso previo de visitas inspectoras al concejal de distrito, falta de medios materiales y trabas para dilatar la tramitación hasta su caducidad. La antigua jefa de negociado, Teresa Domingo, se reunió con el alcalde en 2014 para exponerle estas irregularidades.

Poco después, un juzgado de instrucción investigó a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares (que siguen siéndolo) y el gerente José Cardador por las presuntas injerencias para entorpecer la tramitación de expedientes de sanción en la urbanización Villas del Arenal, donde muchos vecinos se habían construido pérgolas o anejos ilegales. Domingo y el antiguo jefe de la sección de infracciones confirmaron ante el juez la existencia de “injerencias políticas”, pero la denuncia acabó archivada.

La cuestión del personal laboral

También ha habido polémicas internas. La Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Málaga con un régimen laboral singular. Durante años, tuvo contratados a la mayoría de sus 300 trabajadores como personal laboral que encadenaban contrato tras contrato sin haber superado un proceso selectivo público. Pese a ello, muchos ejercían potestades reservadas a funcionarios, como otorgar licencias o proponer sanciones. Algunos acabaron demandando al Ayuntamiento. En 2024 la Junta de Andalucía y los tribunales (que tumbaron varios procesos selectivos) censuraron la estructura laboral de Urbanismo y obligaron a adaptar la nueva Relación de Puestos de Trabajo a la legalidad.

En 2023, José María Morente fue nombrado gerente con la misión de “pacificar” el organismo. Venía con un extenso bagaje: tras años de incertidumbre, consiguió encarrilar el nuevo plan general de Marbella, y fue decisivo en la elaboración de la nueva ley urbanística de Andalucía (LISTA) como director general de Urbanismo de la Junta. Hay quien cree que llegó a Málaga sólo para una cosa: encajar el nuevo PGOU de Málaga en la LISTA. “Está como figura: firma lo que le ponen por delante, pero no dirige. Tampoco el consejo rector tiene una función clara. En teoría es el órgano de dirección, pero no se dice cuáles son sus prioridades”, alerta una fuente interna, que denuncia falta de dirección.

La gran novedad en los últimos meses es que Málaga ha incorporado la posibilidad, prevista por la LISTA, de que entidades privadas participen en el procedimiento para la concesión de licencias, con el argumento de que dota de “agilidad” al sistema. La oposición denuncia que allana la privatización y consagra la desigualdad de acceso al sistema, reforzando la sensación de discrecionalidad, de la que hay ejemplos: la licencia de la cubierta de la Catedral, el proyecto más ambicioso de los últimos años, se dio en 19 días y sin plan director. La licencia para la reforma del Teatro del Soho de Antonio Banderas se expidió para obra menor.

“Hace falta un modelo de urbanismo que atienda las necesidades de la ciudad”, señala Morillas, que observa en este problema un síntoma de una forma de gestionar: “Hay un modelo de urbanismo absolutamente salvaje y supeditado a los intereses económicos de unos pocos y por otro lado se pone una barra libre para las infracciones urbanísticas”.

El Ayuntamiento de Logroño encara la última fase de los trabajos de la cafetería y los aseos del parque de la Grajera. Estas obras están enmarcadas en las actuaciones del ‘Plan Xacobeo’, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El concejal de Urbanismo, Iñigo López-Araquistáin, junto con el arquitecto responsable de la obra, Sergio Rojo, y Ana Hurtado, jefa de proyectos de la unidad de arquitectura, ha visitado este martes la última fase de los trabajos de remodelación de las obras del bar y los aseos del parque de La Grajera. Para esta remodelación hay consignado un presupuesto de 503.899,94 euros provenientes de fondos europeos. Las obras finalizarán en junio y la previsión del Ayutamiento de Logroño es que la cafetería esté operativa este verano.

Según el edil, “las obras se desarrollan según lo previsto, centradas en la renovación integral del edificio y la incorporación de criterios de eficiencia energética y sostenibilidad”. El local se encuentra en la última fase de los trabajos de rehabilitación interior y mejora que afectan a fachadas, cubierta, carpintería exterior, vidrios, cerrajería, particiones, pavimentos, falsos techos, revestimientos y carpintería interior, instalaciones de climatización y ventilación, instalación eléctrica, y fontanería.

Desde el área de urbanismo, su concejal ha destacado que “uno de los aspectos más relevantes de la intervención es la remodelación de los aseos, que se adaptarán para garantizar accesibilidad universal, incluyendo instalaciones específicamente diseñadas para personas ostomizadas. Con estas medidas, el Ayuntamiento busca que todos los visitantes puedan disfrutar de los servicios de manera cómoda y segura”.

El proyecto refleja el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los espacios públicos, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y a los visitantes del Parque de La Grajera.

Las obras avanzan según lo previsto y se espera que terminen para junio de este año. Además de estas actuaciones en la zona recreativa, desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha de nuevo el Centro de primeros auxilios de La Grajera, que desde este domingo vuelve a atender al público de 11:00 a 20:00 horas.

Licitación de los bares del Parque de la Grajera y el Parque del Carmen

El Ayuntamiento de Logroño ha abierto el proceso de licitación para la concesión demanial de uso privativo de las cafeterías de los parques de El Carmen y La Grajera y sus correspondientes aseos. Para ambos casos los licitadores interesados podrán presentar sus ofertas, hasta el miércoles 24 de marzo a las 14:00 horas, a través del Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Logroño, accesible desde la página web logrono.es/contratacion-y-licitaciones.

Respecto a la cafetería y los aseos del Parque de La Grajera, la licitación se fija en cuatro años más dos prórrogas de un año cada uno, voluntarias para ambas partes.

En este caso, el canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 5.4457,52 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 32.745,12 euros.

El conjunto cuenta con una planta sótano (101,46 m2 de superficie construida que alberga salas de instalaciones de climatización y auxiliares), una planta baja (233,29 m2 destinados a la cafetería y 73,82 m2 para los aseos) y una primera planta bajocubierta (61,79 m2, que alberga las instalaciones de ventilación y el almacén).

Las instalaciones cuentan con una zona destinada a terraza de veladores exterior para la que el adjudicatario deberá solicitar la licencia pertinente para utilizar su totalidad o una parte, en función del interés.

En el caso de la cafetería y los aseos del Parque del Carmen, la licitación se fija en tres años más uno de prórroga, voluntaria para ambas partes.

El canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 15.561,21 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 62.244,84 euros.

El inmueble consta de dos plantas. Por un lado, la planta semisótano, con una superficie construida de 59,40 metros cuadrados en la que se sitúan los aseos públicos, una cocina y un almacén; por otro, la planta baja dispone de una superficie construida de 89,20 m2, en la que se ubica la zona de barra en planta octogonal, la zona pública estancial y los veladores interiores.

Tras las obras de reparación realizadas en 2022, el quiosco dispone de todas las instalaciones básicas y elementos necesarios para desarrollar convenientemente la actividad para la que está previsto.

Una compleja y polémica operación urbanística se gesta en Mogán, municipio turístico del sur de Gran Canaria con 20.000 vecinos censados y una población flotante que ronda las 21.000 personas. La iniciativa parte de una empresa privada, Carrera Ground Floor, que ha presentado un plan para “reequilibrar el uso del espacio urbano, mejorar la calidad ambiental y dotacional del entorno y atender de manera integrada las necesidades de una población envejecida, diversa y sometida a presión turística sostenida”. 

A primera vista, la operación parece simple. La empresa propone ceder terrenos al Ayuntamiento para incrementar las dotaciones públicas y zonas verdes a cambio de aumentar la edificabilidad autorizada en Monte Carrera, una urbanización ya construida en la localidad de Arguineguín y donde se promocionan apartamentos “de lujo”. 

La promotora vende la iniciativa como una oportunidad para que el municipio gane espacio libre público en una zona de alta densidad residencial. Y el Ayuntamiento de Mogán, a través de su arquitecta municipal, atisba en este proyecto un “impacto positivo” tanto para el entorno urbano como para la calidad de vida de sus habitantes, y ya lo tramita. 

Sin embargo, hay un trasfondo judicial que enreda la operación. El fin último de la promotora con esta iniciativa es legalizar 37 viviendas y tres locales que comenzó a construir en la planta baja del complejo durante la pandemia de Covid19 sin título habilitante. Tras detectar que esas obras se estaban ejecutando sin licencia, el departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento abrió un expediente que concluyó con una orden de derribo (de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida).

Esa orden es firme en vía administrativa desde hace cuatro años, desde enero de 2022, pero la empresa presentó un recurso judicial contra esa decisión que aún se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Con esa demanda aún pendiente de resolverse, la promotora ya intentó legalizar esas obras en 2024, en una petición que justificó en el decreto de medidas urgentes y extraordinarias en materia de vivienda que aprobó el Gobierno de Canarias para aumentar la oferta de suelo y edificaciones. Sin embargo, los técnicos municipales emitieron un informe desfavorable al considerar que no era pertinente el uso de ese decreto para esos fines. 

Tras decaer ese intento, Carrera Ground Floor presentó a finales de 2025 la nueva iniciativa, que incluye un exhaustivo informe elaborado por Urbanfix, una empresa de asesoramiento urbanístico, y que propone una nueva vía para legalizar esas viviendas. 

 Los antecedentes

La licencia original de la urbanización Monte Carrera, en Arguineguín, se concedió en marzo de 2005. El Ayuntamiento autorizó la construcción de 131 viviendas, piscina y garaje en una superficie de 16.000 metros cuadrados. La altura máxima permitida era de dos plantas. 

Sin embargo, la urbanización se construyó originalmente con tres alturas, lo que obligó a tapiar la planta baja con un muro perimetral. Es en esa planta baja donde se ubican las 37 viviendas y tres locales que ahora pretende regularizar Carrera Ground Floor, la empresa que tiene el pleno dominio de esa superficie desde enero de 2017 y que representa a alrededor de quince propietarios, muchos de ellos de nacionalidad noruega. 

El Ayuntamiento de Mogán recibió en abril de 2020 una denuncia vecinal que advertía de la presencia de trabajadores realizando labores en la planta baja de los inmuebles con el fin de transformarlos en viviendas. La Policía Local constató las obras y levantó actas en mayo y diciembre de ese mismo año. La empresa había demolido los muros de contención y cierre de la parcela y había reformado y acondicionado 37 nuevas viviendas del complejo, ocupando espacios que no tenían licencia de uso habitacional.

Esas obras clandestinas originaron la apertura del expediente urbanístico municipal que concluyó en la orden firme de derribo ahora judicializada.

El nuevo proyecto 

Al margen de ese litigio judicial, la empresa propietaria de esos bajos intenta ahora su legalización por la vía del llamado “Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II”. Se trata de un instrumento de ordenación urbanística de iniciativa privada que pretende resolver la carencia de zonas verdes detectada en la urbanización “a través de una fórmula de cooperación público-privada”. 

La memoria del proyecto incide en la alta densidad de esa zona residencial, que cuadruplica la media del municipio, lo que evidencia “una presión notable sobre el espacio urbano disponible y pone de relieve la escasez de zonas libres de uso colectivo”. La empresa incide en que uno de cada cuatro habitantes de esta área supera los 64 años. 

“La concentración de personas mayores exige un diseño urbano adaptado, inclusivo y accesible, que favorezca la movilidad peatonal, el descanso y la convivencia”, recoge el documento, que también remarca la “alta diversidad sociocultural” entre los habitantes de esa zona residencial, marcada por “la presencia de población extranjera residente y no nacida en Canarias y por un carácter turístico-residencial consolidado”. 

La memoria explica que dentro del ámbito de actuación del plan hay 53 viviendas vacacionales registradas que generan “más de 49.000 pernoctaciones anuales, lo que equivale a una población turística equivalente a 135 personas”. Los portales inmobiliarios tienen a la venta apartamentos de unos 65 metros cuadrados en “el cotizado” complejo Monte Carrera por precios que superan los 300.000 euros. 

Las dos alternativas

La iniciativa privada plantea dos alternativas. La primera consiste en ofrecer al Ayuntamiento 625 metros cuadrados de suelo que coinciden con los salientes de forma circular que rematan la parcela en cada una de sus cuatro esquinas. El objetivo, siempre según el proyecto, sería “crear pequeños espacios de sombra y estancia para la ciudadanía, asociados a los itinerarios peatonales” de tres calles (Nayra, Falla y Tahona). Como contrapartida, pide un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados para poder destinarlo a usos comerciales o administrativos. 

La segunda alternativa es la que contempla la legalización de las 37 viviendas a medio hacer y con orden de derribo. En esta opción, la empresa plantea, además de la cesión de esos 625 metros cuadrados de las esquinas, una recalificación de suelo. Los 6.677 metros cuadrados que ahora ocupa la red viaria en los extremos norte y sur de la parcela (calles Faya y Tahona) y que se destina a aparcamiento se convertirían en “espacio libre”. 

El equipo urbanístico contratado por la promotora propone un modelo a imagen de las woonerf holandesas, una especie de calle residencial que prioriza a los peatones y zonas verdes, pero que permite circular a los vehículos a baja velocidad y estacionar. 

En esta segunda alternativa, Carrera Ground Floor plantea que ese incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados se pueda destinar a uso residencial, a “edificios de vivienda permanente”, lo que supone, en la práctica, la regularización de las 37 viviendas y tres locales situados en la planta baja de la urbanización. 

“La alternativa dos supone una propuesta más alineada desde el punto de vista de la recalificación del espacio público urbano, con un efecto más favorable sobre la población”, incide la memoria, dejando claro que esta es la opción preferida de los promotores. 

La respuesta del Ayuntamiento

La iniciativa privada ha sido, de momento, bien acogida por el Ayuntamiento de Mogán que lidera Onalia Bueno (Juntos por Mogán). En un primer informe, la arquitecta municipal advirtió de que antes de su aprobación inicial y de llevarlo a información pública era necesario, como condicionante previo, someterlo a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Y eso es lo que se aprobó en el pleno de febrero. 

La arquitecta tiene claro que “lo que realmente se plantea” en este proyecto urbanístico es “el cambio de uso de la planta originalmente considerada como sótano”, que pasaría a tener “un aprovechamiento lucrativo en virtud del incremento de edificabilidad propuesto”. 

No obstante, el segundo informe de la funcionaria municipal, favorable a la solicitud de inicio de evaluación ambiental, ya contenía una advertencia. Daba el visto bueno a la continuación del procedimiento “sin perjuicio de la valoración jurídica que se efectúe conforme a lo determinado en el cuerpo del presente informe (véase apartado 2.2)”. Ese apartado 2.2 es, precisamente, el que hace referencia al procedimiento judicial que se mantiene abierto a raíz de la demanda contra la orden de derribo de las obras ilegales. 

“Esa cuestión (el proceso judicial) deberá ser valorada jurídicamente a fin de determinar su posible incidencia sobre la tramitación del presente instrumento”, advierte la arquitecta. 

“Ya existe un impacto visual”

El proyecto, por tanto, está ahora en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán. 

En su proyecto, la promotora reconoce que ya existe un impacto visual derivado del exceso de volumen edificado (las tres plantas sobre las dos autorizadas), pero sostiene que esa circunstancia debió haber sido analizada y evaluada antes de su ejecución y que ahora “no procede” evaluar “los efectos de unas determinaciones urbanísticas ya cristalizadas”. 

Es decir, dado que el objetivo del plan presentado es regularizar algo que ya está hecho y no implica nuevas construcciones, la promotora entiende que “carece de fundamentación utilizar un método de evaluación para identificar efectos ambientales cuando, de existir, estos ya se hubieran dado”. Es decir, que no hay impacto nuevo que valorar. 

Dudas sobre la propiedad 

La operación urbanística tiene otra arista polémica que tiene que ver con la propiedad del suelo que pretende ceder. En el expediente municipal no consta hasta la fecha ningún documento sobre la titularidad de esos 625 metros cuadrados que la promotora ofrece al Ayuntamiento. Tampoco que la administración lo haya solicitado. 

Esta circunstancia se puso de manifiesto en el pleno municipal celebrado el pasado 27 de febrero. Además de censurar que se pretenda utilizar el planeamiento urbanístico para “legalizar lo que es manifiestamente ilegal”, para dar cobertura “a una planta que ya fue declarada ilegal y que ha sido objeto de precinto por el propio Ayuntamiento”, el concejal de la oposición Javier Romero (Nueva Canarias- Bloque Canarista) subrayó que los promotores del expediente no han acreditado ser los propietarios de esos terrenos, pese a que el procedimiento se impulsa a su nombre. Entre la documentación tramitada, señalaba el edil, no figura el certificado de titularidad registral que acredite esa condición.  

En esta línea, la Comunidad de Propietarios Monte Carrera Green Garden Club remitió un escrito al Ayuntamiento de Mogán el pasado 6 de marzo para reclamar “la inmediata paralización” del expediente tras tener conocimiento de que “elementos comunes de la comunidad han sido despojados sin haber sido sometidos a la debida consulta o votación por parte de los propietarios ni haber sido cedidos para tal planteamiento”. 

La comunidad está personada en el procedimiento que se sigue en los juzgados de lo contencioso por la demanda contra la orden de derribo. Su presidenta señala que se mantienen “al margen de la disputa sobre las obras originales”, pero expresa su preocupación por la cesión de metros cuadrados de zonas comunes “sin consentimiento”. 

La Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Turismo, destinó más de 250.000 euros de fondos europeos NextGeneration a subvencionar las obras de eficiencia energética de la Hospedería Vía Lucis, propiedad del Arzobispado de Santiago y ubicada a poco más de un kilómetro de la Catedral. Lo hizo a pesar de que el establecimiento carece de licencia para ejercer la hostelería, lo que llevó al ayuntamiento compostelano a ordenar la suspensión de su actividad a finales de enero tras la denuncia de un particular. Según Turismo, la Iglesia ha renunciado a la ayuda.

Fue ese mismo ciudadano quien envió escritos tanto al consistorio como a Turismo y –ante la falta de respuesta de ambas administraciones– también a la Valedora do Pobo. En ellos, denunciaba la actividad hostelera, que consideraba ilegal, pero también el hecho de que recibiese una subvención mientras la desarrollaba sin licencia, lo que lo llevó a dirigirse también a la Consellería de Facenda a través de los canales del Plan general de prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude.

En su respuesta –en la que devuelve la pelota a Turismo como responsable de la medida–, Facenda cita la convocatoria en la que se le otorgó la ayuda a la hospedería, incluida dentro de la línea destinada a las actuaciones de eficiencia energética en empresas turísticas. Está subvencionada con los fondos europeos NextGeneration del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

En la resolución de esa convocatoria, en julio de 2025, aparece una subvención al Arzobispado de Santiago, aunque no indica cuál será su destino final dentro de la red de inmuebles que la Iglesia posee en la ciudad. Lo que sí se recogen son los trabajos a los que se dedicará esa aportación económica: aislamiento y sustitución de ventanas, mejora de la instalación de iluminación LED y sustitución de horno y cocina. En total, 252.790,02 euros. La cuantía máxima por proyecto era de 300.000.

La renuncia del Arzobispado

Sin embargo, a preguntas de esta redacción, Turismo confirmó que el solicitante “renunció recientemente a esta ayuda, sin que haya percibido ninguna cuantía al amparo de esta convocatoria”. A través de correo electrónico, una portavoz de la Axencia asegura que el Arzobispado solicitó la ayuda en marzo de 2025 y que, “en el momento de su concesión”, la hospedería “cumplía con todos los requisitos exigidos en la convocatoria”. Contar con una licencia municipal de actividad no era uno de ellos, pero sí estar inscrito en el REAT, el registro de actividades turísticas de la Xunta.

Esa paradoja no es nueva en Santiago, donde el ayuntamiento ha solicitado en numerosas ocasiones a Turismo que borre del REAT aquellas viviendas turísticas que carezcan del título habilitante, una batalla en la que contó con el apoyo explícito del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La Xunta, sin embargo, nunca se ha mostrado dispuesta a actuar de oficio y sólo acepta estudiar cada caso de forma individual antes de tomar una decisión.

Consultado por elDiario.es, el gobierno local compostelano admitió que, en respuesta a las denuncias, se llevó a cabo una inspección en la hospedería que tuvo como resultado un expediente de reposición de la legalidad el pasado 23 de enero, precisamente, por el ejercicio de la actividad de hospedaje sin título habilitante. La consecuencia fue una suspensión de la actividad que continúa vigente. El Arzobispado, por su parte, guarda silencio.

El encanto de lo monacal

La Hospedería Vía Lucis está ubicada en la antigua Casa de Ejercicios Espirituales, en el campus sur de la Universidade de Santiago, el conocido como Campus Vida. Durante el día, puede verse el portón abierto y el material de construcción acumulado dentro. Sobre la verja conviven dos carteles: el que anuncia la subvención europea, pese a la renuncia, y el que muestra la licencia de obra del Concello de Santiago. Tal y como allí se lee, los trabajos comenzaron en mayo de 2023 y su duración estimada era de 36 meses.

Aunque el sitio web de la hospedería ha desaparecido de internet, en Google o TripAdvisor todavía pueden leerse las reseñas de los usuarios. “El sitio es espectacular, es como un convento que están reformando y llenando de habitaciones”. Otros, destacan la ubicación privilegiada, en una zona ajardinada a un paso de la Alameda y el centro urbano, con “ambiente escolar durante el día y tranquilidad por la noche”.

“El lugar está en plena renovación: antiguamente era la residencia de monjas y monjes, y hoy esas celdas se han convertido en habitaciones modernas. Si reservas, pide una renovada: tienen suelo de parquet, muebles nuevos, cama y cojín muy cómodos, y baño privado con ducha (aunque esto hace que la habitación sea un poco más compacta)”, escribía un viajero este mismo otoño.

La Policia Nacional està investigant per la presumpta comissió d'un delicte d'homicidi imprudent els propietaris de l'habitatge de Manacor (Mallorca) l'esfondrament del qual, el passat mes de gener, va causar la mort d'un jove de 18 anys mentre dormia.

Les investigacions realitzades per agents de Policia Judicial i Policia Científica apunten que, fa aproximadament un any, es van dur a terme obres sense llicència a l'immoble, deixant després els enderrocs acumulats a la terrassa. Fonts pròximes a la investigació assenyalen a elDiario.es que els encarregats de realitzar els treballs de forma il·legal van ser els propietaris de l'habitatge, en què el jove vivia com a inquilí.

El pes de les restes, que mai es van retirar, van provocar el col·lapse del sostre de l'habitació en què es trobava el noi, que va morir en quedar atrapat entre els cascots. El seu germà menor, de 12 anys, va poder ser rescatat amb vida sota un metre d'enderrocs.

El succés va tenir lloc al voltant de la matinada del 15 de gener, al carrer Sant Francesc de Manacor. Malgrat la intervenció dels serveis d'emergència, no es va poder fer res per salvar la vida del jove.

En el marc de les diligències, els investigadors han pres declaració als dos propietaris en qualitat d'investigats per homicidi imprudent. La Policia Nacional ja ha remès totes les actuacions realitzades a l'autoritat judicial, que haurà de determinar les possibles responsabilitats penals derivades del sinistre.

La Policía Nacional está investigando por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente a los propietarios de la vivienda de Manacor (Mallorca) cuyó derrumbe, el pasado mes de enero, causó la muerte de un joven de 18 años mientras dormía.

Las pesquisas llevadas a cabo por agentes de Policía Judicial y Policía Científica apuntan a que, hace aproximidamente un año, se llevaron a cabo obras sin licencia en el inmueble, dejandro tras ello los escombros acumulados en la terraza. Fuentes próximas a la investigación señalan a elDiario.es que los encargados de realizar los trabajos de forma ilegal fueron los dueños de la vivienda, en la que el joven vivía como inquilino.

El peso de los restos, que nunca se retiraron, provocaron el colapso del techo de la habitación en la que se encontraba el chico, que falleció al quedar atrapado entre los cascotes. Su hermano menor, de 12 años, pudo ser rescatado con vida bajo un metro de escombros.

El suceso tuvo lugar en torno en la madrugada del 15 de enero, en la calle Sant Francesc de Manacor. A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven.

En el marco de las diligencias, los investigadores han tomado declaración a los dos propietarios en calidad de investigadas por homicidio imprudente. La Policía Nacional ya ha remitido todas las actuaciones realizadas a la autoridad judicial, que deberá determinar las posibles responsabilidades penales derivadas del siniestro.

El Ayuntamiento de Albacete no concederá licencias a viviendas turísticas que no tengan acceso independiente desde la calle, tal y como se ha aprobado por unanimidad en el Pleno municipal a partir de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado de un cambio normativo para “clarificar una posible interpretación del Plan General”. Se formaliza una norma que impide “claramente” la ubicación de pisos o apartamentos turísticos en comunidades de vecinos, para evitar molestias o problemas de convivencia con los vecinos residentes en los edificios afectados.

Solo se autorizarán viviendas para alquiler vacacional cuanto tengan acceso directo desde la vía pública, y no cuando se acceda a ellas por el portal comunitario.

El Consejo Rector de Urbanismo ya acordó suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas para el uso hotelero en las plantas primeras y entreplantas de edificios anteriores al PGOU de 1999 que no tengan acceso independiente desde el exterior, y ha pedido al Pleno una modificación puntual del PGOU para consolidar este criterio.

En su intervención ante el Pleno, Garijo ha recordado que “la normativa urbanística actual solo permite apartamentos turísticos en locales de edificios en planta baja, siempre que sea un uso permitido en la norma zonal donde se ubique el edificio y tengan un acceso independiente desde el exterior”.

Sin embargo, mediante un criterio interpretativo de hace años podría darse el caso de admitir este tipo de licencias en entreplantas de edificios anteriores al Plan de 1999, “cuando la licencia original contemplara locales en entreplantas o primeras plantas con uso comercial o de oficinas”.

Para evitar de forma tajante esa posibilidad, la modificación impulsada este jueves excluye el uso hotelero, “porque los horarios y condiciones de utilización de los apartamentos turísticos pueden ocasionar molestias al resto de vecinos. La intención es dejar meridianamente claro este asunto, para que no quepa ninguna duda de que los apartamentos o pisos de este tipo deban tener siempre una entrada independiente en todos los edificios destinados a viviendas”.

El restaurante de las tres últimas plantas del Mirador del Carmen, adjudicado por el alcalde de Estepona a la pareja de su hijo en junio de 2023, no cuenta con licencia de apertura a pesar de que fue inaugurado por todo lo alto en septiembre de 2024.

Así se detalla en un informe recién emitido por el Área Económica del Ayuntamiento, donde se lee: “A fecha del presente escrito [29 de enero de 2026], no consta otorgamiento de licencia de apertura sobre los referidos locales”. El funcionario también hace constar que, dado que no tiene licencia de apertura, no constan liquidaciones del canon que el adjudicatario debería haber pagado al municipio, y que asciende a algo más de 27.000 euros cada año. Es decir, en los casi tres años transcurridos desde la formalización del contrato la concesionaria, Inversiones Delmar, no ha abonado nada.

El informe, al que este medio ha tenido acceso, está suscrito por el jefe de Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Estepona y ha sido aportado ya al juzgado de instrucción 4 de Estepona. El área solicitó la información al departamento de Comercio, que replicó que “no consta otorgamiento de licencia de apertura” sobre los locales.

El Ayuntamiento no ha explicado a este medio cómo funciona sin licencia de apertura ni pagar el canon un local de restauración ubicado en un edificio público.

El restaurante fue abierto en septiembre de 2024 bajo el nombre comercial de Cielo Skybar, y hoy forma parte de un exitoso grupo hostelero de la ciudad. El canon de 27.427 euros (actualizados al 2% anual) debe pagarse anualmente y por anticipado en la Tesorería Municipal o cuenta bancaria municipal durante los primeros quince días después del vencimiento de cada año de la concesión. El pliego de condiciones de la concesión eximía del pago del canon hasta dos años “en compensación a los gastos derivados de las obras y demás instalaciones en el local”, pero daba puntos por la renuncia a ese plazo de carencia. Es lo que hizo la adjudicataria, que se comprometió a empezar a abonar el canon un año después de la adjudicación; es decir, a partir de junio de 2024. De esta forma, el adjudicatario debería haber abonado ya en dos ocasiones el canon.

El juez investiga al alcalde José María García Urbano (PP), la concejala Ana Velasco, el secretario, el interventor y dos técnicos municipales por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación del restaurante a Inversiones Delmar, constituida y administrada hasta mediados de 2024 por Nadia Odeh Núñez, pareja de uno de los hijos de García Urbano. La Fiscalía ha pedido recientemente que Núñez acuda también a declarar como investigada.

Una concesión a una empresa creada ad hoc

La constatación de que el restaurante no tiene licencia municipal para operar y no paga lo comprometido se une a otras aparentes irregularidades que están siendo investigadas por el juzgado de instrucción 4 de Estepona a instancias de la Fiscalía, después de que la UDEF indagase en las circunstancias de una adjudicación desvelada por este medio en el verano de 2023.

En la primavera de 2023, el Ayuntamiento adjudicó las tres últimas plantas del Mirador del Carmen a Inversiones Delmar 2022, una empresa recién creada que tenía como administradora única a la pareja del hijo de José María García Urbano que ni siquiera se dedicaba a la hostelería.

La concesión se formalizó en términos muy ventajosos para la concesionaria, que debe abonar un canon de 27.427 euros al año por 430 metros cuadrados ubicados en el edificio público más mimado de la ciudad. El canon es de 5,35 euros por metro cuadrado, un chollo en una zona que acaba de ser reurbanizada, y en la que locales sin el glamour del mirador se alquilan por cifras que triplican o cuatriplican ese precio.

El Mirador del Carmen, terminado por Construcciones Bonifacio Solís justo antes de las elecciones de 2023 (en las que García Urbano revalidó la mayoría absoluta) ha costado más de 16 millones de euros de dinero público, y está ubicada a pie de la playa de la Rada, lo que concede al restaurante y al mirador panorámico de su última planta unas fabulosas vistas al mar. La torre aloja un conservatorio de música, un auditorio, una biblioteca y una sala de exposiciones que ha expuesto obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Fundación MAPFRE o la Fundación Zuloaga. En las tres últimas plantas se ubica el restaurante, que tiene acceso privado al mirador, por el que debe abonarse un euro.

La empresa recién constituida por Nadia Odeh Núñez, nuera de García Urbano, se hizo con la concesión a veinte años después de constituirse apenas seis meses antes en el despacho de Salvador Pedraza, concejal de confianza de García Urbano. Ese despacho, ubicado en Málaga capital (a 80 kilómetros de Estepona) ha sido también domicilio social de algunas sociedades patrimoniales del regidor.

Inversiones Delmar ganó el concurso para ubicar en las tres últimas plantas del Mirador un “proyecto turístico de calidad” gracias a una propuesta culinaria y de actividades que, según la UDEF, apenas era una declaración de intenciones. Sólo otra empresa presentó oferta, en el último minuto. Las dos ofertas (la de Inversiones Delmar y la de la competidora) eran idénticas: ofrecían el mismo número de plazas de aparcamiento (30), las horas adicionales de apertura del mirador (800) y hasta el número de telescopios (3).

El Consistorio nunca dio difusión a la idea de colocar un restaurante en las tres últimas plantas del Mirador del Carmen: ni cuando lo sacó a concurso, ni cuando inauguró el edificio por todo lo alto, semanas antes de adjudicarlo.

Informes de la UDEF

A mediados de 2024 las participaciones sociales de Inversiones Delmar fueron vendidas por 30.000 euros a un conocido empresario esteponero, cuyos negocios de restauración y ocio en la ciudad han florecido en los últimos años, a pesar de que el pliego prohíbe expresamente la cesión a terceros de la concesión sin autorización del Ayuntamiento.

La UDEF tiene la sospecha de que Inversiones Delmar había sido creada para enmascarar el beneficiario final de la concesión. En tres informes aportados a la causa, los investigadores del Grupo de Blanqueo desgranan el rastro del dinero de la fianza que sirvió para consumar la adjudicación. Su origen, según observan, está en el patrimonio del propio regidor. Sus dos hijos, José María y Pablo Jesús, prestaron a Nadia Odeh Núñez en las fechas en que se constituyó la sociedad, y apenas una semana antes habían recibido su padre, José María García Urbano, sendas transferencias por importe de 20.000 euros con el concepto “donación”.

Este es el tercer caso en el que García Urbano está investigado. Otro juzgado de instrucción del municipio está a punto de enviarle a juicio acusado de malversación por contratar a una “amiga íntima” que nunca fue a trabajar, y uno de Violencia sobre la Mujer de Córdoba investiga la denuncia interpuesta por esa misma amiga íntima. Desde 2011 García Urbano es alcalde de Estepona, cargo que compagina con su plaza como registrador de la propiedad en San Roque.

El Partido Riojano de Logroño exige la retirada inmediata del monolito de piedra del Camino de Santiago instalado en la calle Portales, junto a la Concatedral de Santa María de la Redonda porque “se ha instalado sin licencia municipal y su ubicación no se corresponde con el trazado de la Ruta Jacobea a su paso por Logroño”.

Al respecto, el portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, se ha preguntado “cómo es posible que se haya podido instalar en plena calle Portales sin la correspondiente autorización. No podemos olvidar que el mojón está en una vía por la que no discurre el Camino de Santiago y que, además, está anexo a la Concatedral, Bien de Interés Cultural”.

Según el portavoz regionalista, “el monolito no cumple ninguna función señalética real en su ubicación actual, por lo que este elemento se convierte en un mero reclamo publicitario que no señaliza debidamente la Ruta Jacobea a su paso por Logroño”. Antoñanzas defiende que “este hito debe ser reubicado en un punto del trazado urbano por el que sí discurra el Camino de Santiago, de forma que cumpla su función señalética de forma fidedigna, respete el itinerario histórico y cuente con la licencia correspondiente”.

El edil riojanista ha indicado que, ante la polémica generada, este asunto ha sido planteado por el Partido Riojano en diferentes comisiones informativas, pero que “ningún miembro del Gobierno municipal ha ofrecido explicaciones claras sobre quién autorizó la instalación del monolito ni bajo qué criterios técnicos”. Ante esta situación, Antoñanzas ha reclamado al alcalde que ordene, en el plazo de un mes, la retirada inmediata de ese monolito. De lo contrario, ha asegurado que el Partido Riojano tomará medidas ante lo irregular de su instalación.

L’Ajuntament de València torna a multar l’Ateneu Mercantil per les festes en el seu terrat. Mesos després de confirmar una sanció de 20.000 euros pel soroll d’una festa privada, la Regidoria de Grans Projectes ratifica una altra sanció de 9.000 euros per dues infraccions molt greus: l’ús d’equips de so sense llicència i no acreditar que l’assegurança de responsabilitat civil compleix els requisits.

El consistori confirma una denúncia de la Policia Local de novembre del 2024 a un dels terrats de moda en el centre, que recull que opera amb “música en funcionament tipus amenització musical” sense llicència. La inspecció va constatar que en la huitena planta, que fa de rooftop –un concepte d’oci en terrats amb música i cocteleria, de moda en grans ciutats– la sala disposa de tauleta, dos amplificadors, limitador tipus potenciòmetre sense marca, amb un display extern més nou altaveus en zona aire lliure i tres dins de la pèrgola, diu l’escrit municipal, que constata que no es preveu en la llicència o la declaració responsable.

L’Ateneu va al·legar que va comunicar el canvi de titularitat del terrat –el gestiona Atenea Sky–, que totes les activitats de l’edifici es desenvolupen sota el control i la direcció de la institució i que va comunicar l’amenització musical al servei de llicències. No obstant això, la comunicació es va fer el gener de 2025, dos mesos després de l’acta de denúncia, assenyala el consistori.

En la resolució municipal s’arreplega que l’Ateneu va aportar un escrit en el qual assegura tindre pòlissa, en la qual figura com a prenedor de l’assegurança la mercantil Atenea Sky Club, com a empresa que gestiona l’explotació de l’establiment, nega que l’ús de l’amenització es faça de manera clandestina i manifesta vulneració del principi de presumpció d’innocència per no tindre en compte les seues consideracions. L’Ateneu va presentar el justificant de pagaments i la pòlissa a nom de l’empresa Atenea Sky Club, però, per al consistori, com que no és la mateixa entitat, no ha d’admetre la justificació. Esbronca a més que no s’ha comunicat al servei de llicències aquest canvi en la gestió.

La resolució diu, concretament: “Com que la mercantil manifesta ser la responsable titular de l’activitat, l’assegurança ha d’anar a nom seu, no a nom d’un tercer (Atenea Sky Club SL), de l’activitat de la qual l’Administració no té coneixement per no haver-se-li comunicat en cap moment per part de l’entitat propietària de l’edifici i que en el seu moment va presentar la corresponent declaració responsable per a l’exercici de l’activitat, l’arrendament/cessió de l’explotació, manifestant-se en aquest sentit el Servei de Llicències d’Activitats d’aquest Ajuntament”.

Es tracta de dues infraccions greus d’acord amb l’article 51 de la Llei 14/2010, del 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, assenyala el consistori. Per a aquest cas, la llei preveu multes de 601 a 30.000 euros, a més de ser possible la suspensió de l’activitat, encara que l’Ajuntament del PP i Vox ha optat per una sanció mínima.

El Ayuntamiento de València vuelve a multar al Ateneo Mercantil por las fiestas en su azotea. Meses después de confirmar una sanción de 20.000 euros por el ruido de una fiesta privada, la concejalía de Grandes Proyectos ratifica otra sanción de 9.000 euros por dos infracciones muy graves: el uso de equipos de sonido sin licencia y no acreditar que el seguro de responsabilidad civil cumple los requisitos.

El consistorio confirma una denuncia de la Policía Local de noviembre de 2024 a una de las azoteas de moda en el centro, que recoge que opera con “música en funcionamiento tipo amenización musical” sin licencia. La inspección constató que en la octava planta, que ejerce de 'rooftop' -un concepto de ocio en azoteas con música y coctelería, de moda en grandes ciudades- la sala dispone de Tablet, dos amplificadores, limitador tipo potenciómetro sin marca, con un display externo más nueve altavoces en zona aire libre y tres dentro de la pérgola, dice el escrito municipal, que constata que no se contempla en la licencia o declaración responsable.

El Ateneo alegó que comunicó el cambio de titularidad de la azotea -la gestiona Atenea Sky-, que todas las actividades del edificio se desarrollan bajo el control y dirección de la institución y que comunicó la amenización musical al servicio de licencias. Sin embargo, la comunicación se realizó en enero de 2025, dos meses después del acta de denuncia, señala el consistorio.

En la resolución municipal se recoge que el Ateneo aportó un escrito en el que asegura tener póliza, en la que figura como tomador del seguro la mercantil Atenea Sky Club, como empresa que gestiona la explotación del establecimiento, niega que el uso de la amenización se realice de forma clandestina y manifiesta vulneración del principio de prensunción de inocencia por no tener en cuenta sus consideraciones. El Ateneo presentó el justificante de pagos y la póliza a nombre de la empresa Atenea Sky Club, pero, para el consistorio, al no ser la misma entidad, no cabe admitir la justificación. Abronca además que no se ha comunicado al servicio de licencias este cambio en la gestión.

La resolución dice, concretamente: “Puesto que la mercantil manifiesta ser la responsable titular de la actividad, el seguro debe ir a su nombre, no a nombre de un tercero (Atenea Sky Club SL), de cuya actividad la administración no tiene conocimiento al no habérsele comunicado en ningún momento por parte de la entidad propietaria del edificio y que en su momento presentó la correspondiente declaración responsable para el ejercicio de la actividad, el arrendamiento/cesión de la explotación, manifestándose en este sentido el Servicio de Licencias de Actividades de este ayuntamiento”.

Se trata de dos infracciones graves conforme al artículos 51 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, señala el consistorio. Para este caso, la ley prevé multas de 601 a 30.000 euros, además de caber la suspensión de la actividad, aunque el Ayuntamiento de PP y Vox ha optado por una sanción mínima. Preguntado por estas cuestiones, El Ateneo no ha respondido a la consulta de elDiario.es.

“Practicadas todas las pruebas propuestas y admitidas, se declara concluso el periodo de prueba. Habiendo solicitado el trámite de conclusiones (...) se accede a lo pedido, concediendo a la parte actora un plazo de 10 días para que pueda presentar por escrito unas alegaciones sucintas”.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de València se pronuncia en estos términos en el escrito remitido recientemente a Libertad VCF, la asociación opositora a la gestión del máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, en la causa en la que se dirime la legalidad de la licencia de obras del nuevo estadio. Libertad VCF, como denunciante, ya ha remitido al juzgado su escrito de conclusiones al que deberán responder, si lo consideran oportuno, el Ayuntamiento de València y el Valencia CF.

En su escrito, la asociación de pequeños accionistas insiste en las argumentaciones expuestas durante el proceso. Según su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la licencia debe ser anulada puesto que “la parcela sobre la que se ha obtenido carece de la condición jurídica de solar”. Una afirmación que argumentan en que tal y como recoge el apartado H del mencionado permiso municipal que la junta de Gobierno del Ayuntamiento de València aprobó en julio del pasado año establece que “la obra de urbanización deberá ser ejecutada de forma simultánea a la edificación y características que se señalen en el expediente iniciado al efecto en el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura”. Sin embargo, esta actuación aún no se ha iniciado.

El escrito recuerda que, “según la norma que ahora se analiza, la parcela debe ajustarse a las normas técnicas del plan, circunstancia ésta que no se ve cumplida en el presente caso hasta tanto no se ejecuten íntegramente las condiciones impuestas en el plan de movilidad ya referido tal y como refiere el propio Ayuntamiento de Valencia a través de la cédula de garantía urbanística emitida”.

Además, pone de relieve que el Valencia CF ha redactado el proyecto de urbanización “un año después de la concesión de la licencia y sin aprobación municipal a fecha de hoy” lo que acredita que, “a través del mismo se pretende, precisamente, la instauración de aquellos servicios urbanísticos de los que carece la parcela en cuestión. Reiteramos que no estamos ante actuaciones de reposición de servicios urbanísticos, sino ante una verdadera instauración de los mismos”.

Para el letrado de la entidad, Álvaro Sendra, se trata de una prueba evidente de que estas obras que arrancaron el pasado mes de enero no debieron arrancar al menos hasta que el club no contara con la aprobación municipal del proyecto de urbanización del entorno. Es más, según Sendra, atendiendo a la normativa municipal que consta en el expediente, deberían pararse para simultanear unos trabajos con otros, tal y como marca la licencia.

Según la documentación recabada por este diario, no ha sido hasta el pasado 28 de julio cuando el Valencia CF ha presentado al Consistorio el proyecto de urbanización que cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros. Un proyecto que aún no se ha aprobado definitivamente y que, como informó esta redacción, incluye la eliminación de la vía de servicio de la avenida de las Cortes Valencianas, carril bici segregado en calzada, 900 plazas de aparcamiento fuera de los días de partido, la posibilidad de buses lanzadera y la tala de 99 árboles, 40 de ellos protegidos.

Aunque el Ayuntamiento remitirá en los próximos días su respuesta al juzgado, en anteriores escritos ya ha defendido que “no existe impedimento legal alguno para que las obras de edificación puedan simultanearse con las obras exigidas en el proyecto de obras ordinarias de urbanización que en su momento se apruebe”.

El juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid investiga si dos directores generales de la Junta de Castilla y León incurrieron en un delito de prevaricación por omisión por no actuar contra emisoras de radio “ilegales” en Castilla y León. La querella parte del conocido periodista, antaño vinculado al Grupo Cope, José Antonio Abellán.

Según relata en la querella a la que ha tenido acceso elDiario.es, “durante más de cinco años” Abellán ha denunciado “reiteradamente” ante la Administración que un número determinado de “emisoras ilegales” del Grupo COPE emiten en Castilla y León “sin ningún tipo de licencia”.

El locutor asegura haber aportado “pruebas evidentes” y haber advertido “del uso de dinero público en esas emisoras” y que la Junta de Castilla y León, a través de dos directores generales sucesivos, “no ha hecho absolutamente nada” ya que no sólo no ha investigado, sino que tampoco le ha respondido. Según Abellán, la inacción de la Junta responde “a un evidente interés mediático de la propia Administración autonómica, para proteger a determinados grupos afines, sacrificando la legalidad, la competencia leal y la libertad informativa”. Para él, “no investigar hechos tan graves, estando obligado a ello por la ley, constituye una forma flagrante de prevaricación omisiva, puesto que se elige deliberadamente no aplicar la norma cuando afecta a los afines, dejando al margen del sistema a quienes si respetan las reglas”.

De la situación de las emisoras “ilegales”, informó por primera vez el 15 de junio de 2020, a través de un email con acuse de recibo a la entonces directora general de comunicaciones, E. A. En él, no sólo le hablaba de 13 emisoras ilegales, sino que pedía el cese inmediato de las emisiones amparándose en la legalidad vigente, y que se aplicasen las sanciones previstas. Además, ese mismo día presentó un escrito en la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, dirigido a la directora general que incluía el cuadro de emisoras ilegales. E. A. nunca contestó, según el periodista. Sin embargo tuvo que dar explicaciones poco después, en el marco de una querella por injurias y calumnias del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, contra Abellán.

El juzgado de lo Penal 1 de Ávila absolvió al periodista, pero durante la instrucción de la causa su defensa reclamó al juzgado que pidiese a la Junta explicaciones sobre las emisoras ilegales, en concreto copia del expediente administrativo que se hubiese abierto como consecuencia de la denuncia de José Antonio Abellán. E. A. sí contestó por escrito al juzgado, el 30 de septiembre de 2021, explicando que en junio de 2020 se había abierto “un periodo de actuaciones previas” y que, 16 meses después, no había concluido por lo que no había llegado a abrirse o tramitarse ningún procedimiento o expediente administrativo. Precisaba que era necesario identificar a personas responsables y circunstancias de cada caso, y que de ello se encargaría el Servicio de Medios Audiovisuales y Régimen Jurídico de la Dirección General de Telecomunicaciones auxiliado por funcionarios del cuerpo de ingenieros superiores de la Junta de Castilla y León.

Ocho meses después de ese escrito, Abellán volvió a enviar un escrito a la Dirección General de Telecomunicaciones y supo que E. A. había sido sustituida por A. I., a quien Abellán mandó un burofax en junio de 2022 para conocer qué había ocurrido con su denuncia, incidiendo en que las comprobaciones se hacían en poco tiempo, no más de 48 horas.

A. I. tampoco contestó, según el periodista. El último escrito de Abellán es de abril de 2025, reiterando las denuncias anteriores y explicando, en lo que tenía que ver con la Conferencia Episcopal Española, que las emisoras ilegales, piratas, que emitían sin título habilitante alguno, alcanzaban las 46 en Castilla y León.

Abellán optó por querellarse por un presunto delito de prevaricación por omisión contra los dos directores generales que, asegura, nunca respondieron a sus escritos. El juzgado, en auto de 24 de octubre, ha admitido a trámite la demanda, incoa diligencias previas y ha citado a declarar a Abellán en febrero de 2026.

Este diario pidió explicaciones a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que respondió que los hechos denunciados comenzaron a estudiarse “antes” del pasado verano, y desconociendo lo ocurrido con las “actuaciones previas” que se pusieron en marcha en 2020.

Por otro lado, desde Cope, se aseguró que no conocen la querella y no pueden pronunciarse.

La tranquila calle Villaamil se ubica en el flanco más al oeste del barrio de Berruguete, en el distrito de Tetuán de Madrid. El número 51 de esta vía residencial plagada de comercios de barrio alberga un centro veterinario que incumple el reglamento profesional y que realiza operaciones mayores a animales, pese a no contar con la licencia adecuada para ello.

Se trata de Animanía Madrid, que ya en la relación de servicios que promociona en su fachada incluye “cirugías” y “campañas de esterilización” que no está autorizado a realizar. Aunque el Ayuntamiento de Madrid conoce sobradamente que este consultorio interviene quirúrgicamente animales, mira hacia otro lado y sigue permitiendo que lleve a cabo intervenciones mayores y esterilizaciones, que en al menos un caso ya han tenido consecuencias letales.

Durante un pleno de la Junta de Distrito de Tetuán, al que pertenece este establecimiento, el Grupo Municipal Socialista, por voz de la concejala María Caso, planteó la siguiente pregunta sobre este negocio: “¿Qué tipo de licencia tiene este centro, puede operar y realizar esterilizaciones?”. El coordinador de distrito respondió que Animanía cuenta con una licencia de actividad de “venta de animales y centro de tratamiento higiénico y sanitario”, por lo que podría llevar a cabo servicios de comercio al por menor de complementos y alimentos para animales de compañía, comercio al por menor de animales de compañía y de consultorio veterinario con tratamiento higiénico animal. Estos datos se pueden corroborar en los servicios municipales de información ciudadana.

Este funcionario remitió a su vez a la concejala María Caso a que solicitase los informes policiales al Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, encabezada por Inmaculada Sanz, algo que elDiario.es pidió a este departamento en el mes de julio y que la propia edil también reclamó, pero que no han proporcionado hasta este viernes, más de dos meses después, porque “el expediente [contra este consultorio] está aún abierto”, indicaron en ese momento.

El Ayuntamiento de Madrid trasladó entonces a este periódico que este consultorio veterinario “ya había sido inspeccionado hasta en tres ocasiones en el último año por el departamento de Inspección de Sanidad y Consumo” y tras una actuación policial que tuvo lugar el 19 de junio “se informó a los servicios sanitarios de la Junta Municipal de Distrito de Tetuán”. Según trasladaron fuentes municipales a este periódico, se levantó un acta de inspección, en la que se refleja que “el establecimiento cuenta con centro veterinario asociado con la categoría de Consultorio Veterinario”.

El coordinador de Distrito informó de que “este año se han hecho seis inspecciones, que han dado lugar a tres expedientes sancionadores” que, indicó, se iniciaron el miércoles 17 de septiembre. La primera vez que este diario preguntó al Ayuntamiento por Animanía fue el día 10 de julio. Uno de esos expedientes se ha elevado a la Comunidad de Madrid, porque “se trata de una infracción muy grave por venta de medicamentos no autorizada”, señaló el coordinador de Distrito. ElDiario.es ha solicitado más información al respecto tras el conocimiento de este extremo al Área de Seguridad del Ayuntamiento, pero aún no ha recibido respuesta.

Operaciones mayores y esterilizaciones

El coordinador manifestó el pasado jueves que, como consecuencia de una reunión de abril a la que acudieron él mismo, agentes de la Policía Municipal y vecinos del distrito en la que “se trasladaron hechos” relacionados con este consultorio, se realizó una inspección, “de la que no se había dado traslado a la Agencia de Actividades” hasta el día 1 de septiembre y que ha dado lugar a un nuevo expediente que ha obligado a realizar una nueva inspección, en la que se constata que dispone de una licencia de consultorio veterinario y que “en planta baja tiene un quirófano, en el que el titular del establecimiento dice que utiliza para intervenciones menores”.

En este punto, los hechos se encontrarían dentro de la legalidad, si no fuese porque el propio establecimiento anuncia en su fachada que realiza “cirugías” y “campañas de esterilización”. Su dueño confirma en una llamada con este periódico que en su centro se llevan a cabo cirugías de tejidos blandos, pero también esterilizaciones y que cuentan con quirófano. “Nosotros la licencia que tenemos es de centro veterinario; no es clínica veterinaria, por lo que no tenemos equipos de rayos X, pero sí nos permite hacer cirugías, porque es la licencia de clínica veterinaria, no es consultorio”, asegura.

De acuerdo con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Sevilla de 2020, en los establecimientos calificados como “consultorio”, como es el caso de Animanía, sólo pueden efectuarse “cirugías menores, estando expresamente excluidas del concepto de cirugías menores las esterilizaciones”.

Asimismo y según el artículo 7.2 del Reglamento para el ejercicio profesional en clínica de animales de compañía de fecha 11 de junio de 2015, aprobado por la Asamblea de Presidentes de Colegios Veterinarios de España, se consideran “cirugías menores” aquellos procedimientos quirúrgicos “sencillos y generalmente de corta duración, realizados sobre tejidos superficiales y/o estructuras fácilmente accesibles, bajo anestesia local y previa sedación y analgesia, que tienen bajo riesgo para la salud e integridad del paciente, tras las que no son esperables complicaciones postquirúrgicas significativas y que no implican el uso habitual de labores de reanimación”.

El artículo 4 de este reglamento, relativo a las tipologías de centros veterinarios, expresa que sólo las clínicas y hospitales veterinarios pueden realizar operaciones mayores, entre las que se encuentran las esterilizaciones, para las que “será preciso contar con, al menos, un quirófano independiente, gases medicinales y monitorización anestésica adecuada”. En todo caso, Animanía no cuenta con licencia para realizar este tipo de intervenciones. “Consultorio es el que no hace nada, centro es el que solamente hace cirugías menores y clínica es el que ya tiene rayos X hace cirugías de trauma mayores. Nosotros estamos en el punto medio”, asegura el dueño del establecimiento.

Este periódico ha sabido por fuentes municipales que la Junta del Distrito de Tetuán, presidida por Paula Gómez-Angulo (PP), envió al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid un “requerimiento urgente” de información a finales de julio, para verificar si Animanía tenía o no competencia para operar, pese a que el órgano encargado de otorgar y revisar las licencias de los locales de la capital es la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. “Si en el local se desarrolla una actividad para la que no está acondicionado, será el colegio profesional el que lo determine”, recalcan desde el Ayuntamiento. Ni desde el Colegio de Veterinarios de Madrid ni desde el Consistorio han aportado más información sobre este caso, alegando que se trata de un “informe interno”.

Quien tendría competencia en esos aspectos, de acuerdo con la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, es el propio consistorio. En los artículos 66 y 67 de dicha norma, se detalla que, cuando una actividad sujeta a control urbanístico municipal se realizase sin licencia, “se ordenará, previo trámite de audiencia, su cese inmediato”. La audiencia se podrá omitir si se constata “la concurrencia de riesgo para las personas, bienes o interés público”, como ocurriría en este caso.

El coordinador de distrito apuntó que “el Distrito de Tetuán no dispone de ningún expediente de naturaleza urbanística” relativo a este centro, porque no es competencia de su Junta, sino de la Agencia de Actividades, la que, en resumen, tramita y resuelve las solicitudes de licencias urbanísticas.

Por su parte, el departamento de Comunicación del Consejo General de Colegios Veterinarios de España (Colvet) remitió a finales de agosto que “un consultorio que tenga quirófano y monitorización anestésica adecuada podría realizar esterilizaciones sin problema”. Ante esta respuesta, este diario justificó los puntos del reglamento señalado para que se llevase a cabo una revisión de esta declaración, que ha llegado este viernes: “En el artículo 7 del Reglamento aparecen los tipos de cirugías autorizados según las instalaciones, pero hay consultorios registrados con esa categoría en origen porque carecían de quirófano, pero ahora lo tienen, por lo tanto, puede efectuar esterilizaciones si disponen también de monitorización anestésica adecuada”, señalan y ejemplifican que “una clínica de 2025 también suele contar con rayos X para intervenciones de Traumatología y en el Reglamento, de data de 2015, ni siquiera se menciona”. Lo que parece claro es que, a tenor de los avances tecnológicos y de las discordancias entre los consistorios y los colegios veterinarios, “seguramente habrá que actualizar [el reglamento] ante la evolución de los últimos años”.

La ‘border collie’ que murió tras una esterilización

“Para poder hacer cirugías mayores, que son las esterilizaciones, se debe tener una clínica veterinaria. Así lo exigen todos los expertos, precisamente para evitar el intrusismo laboral y el fraude, que pueden acabar con episodios trágicos como el que, desgraciadamente, representa una border collie de tres años, llamada Akira, que ha fallecido en ese centro”, declaró la concejala María Caso. Se refería la edil socialista a la mascota de Anca, una vecina de Tetuán, que llevó a su perra Akira en septiembre de 2024 a Animanía para que le practicasen en este consultorio veterinario una cirugía de esterilización, conocida como ovariohisterectomía. La intervención le costó 259,85 euros y tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2024.

Esta Border Collie de apenas tres años falleció pocas horas después de haber salido de la tienda. El 16 de julio del presente año, la familia de Akira interpuso una demanda contra el propietario de Animanía, M.S.F.O., en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid por una “actuación negligente”.

El dueño del consultorio veterinario justifica que “la perra salió perfectamente”. “De hecho, tenemos un informe del Colegio de Veterinarios de Madrid que dice que en nuestro procedimiento todo fue correcto. No sabemos lo que pasó con ella después”, señala. El propietario, que responde a las siglas de M. S. F. O., ha rehusado enseñar ese informe a este diario para confirmar su versión y se ha limitado a decir que la familia de Akira siguió sus “indicaciones tarde”.

El Colegio de Veterinarios de Madrid ha contestado por carta a una petición que realizó la familia de Akira de reabrir un expediente ya archivado. En esta respuesta, la institución aclara que sólo actúa ante cuestiones deontológicas que tengan que ver con la actividad profesional de los veterinarios colegiados, y recalca que otras responsabilidades, como las legales o administrativas, no son de su competencia.

Campaña de esterilización

Sergio Gómez, otro vecino de Tetuán, acudió al local de la calle Villaamil, 51, a fecha de hoy en funcionamiento, junto a su madre, Sara, el 11 de junio de este año para informarse sobre la campaña de esterilización, que, tal y como apuntó la persona responsable de la tienda en ese momento en un papel que luego les entregó, se desarrolla entre los meses de julio y agosto, y los de noviembre y diciembre.

En el presupuesto, escrito a mano en un papel de un tamaño similar al de un pósit, la responsable de la tienda indicó que el precio de la esterilización “sin campaña” ascendía a 345 euros, pero durante esos meses se aplicaba un descuento del 20%. A los 276 euros resultantes, tendrían que sumarse los importes de la medicación, de unos 30 euros, y de la analítica, de 38 euros.

Los dueños de Akira, la perra que falleció en septiembre, detallan en la demanda que “nunca” les “habían informado” de que su licencia solo era de consultorio veterinario, dado que ellos siempre habían ofrecido servicios de clínica veterinaria, hacen anualmente campañas estacionales de esterilización para perros y gatos e incluso en páginas web y repositorios externos han llegado a autodenominarse como ‘clínica'“. Ellos entendieron que ponían a su mascota ”en manos de un local con todas las garantías, condiciones higiénico-sanitarias, controles y licencias que habilitan para tal actividad“, pero no fue así.

Antecedentes de venta de animales exóticos

El coordinador del pleno de Tetuán también ha informado en uno de sus últimos plenos de la existencia de dos expedientes sancionadores en materia sanitaria tramitados desde el distrito y relacionados ambos con la “tenencia de una serie de pájaros por deficiencias en la conservación de los mismos”. Primero, se adoptó una medida cautelar que permaneció dos meses en vigor, hasta que el dueño del establecimiento “subsanó las deficiencias y se inició un expediente sancionador que acabó con una multa de 180 euros”.

De acuerdo con los datos que aportaron en julio fuentes del Área de Seguridad, en la inspección del 19 de junio del local “el Departamento de Salud del distrito comprueba que sólo tienen a la venta diferentes especies de peces de acuario y un ave agaporni” y agregan que “el dueño asegura que no realiza actividad de venta de animales fuera del local”. El hecho de que desde el Ayuntamiento incidan en que actualmente en Animanía Madrid solo tenga a la venta esas especies no es menor.

El dueño del establecimiento, M.S.F.O., fue detenido —y posteriormente, puesto en libertad— en el año 2004, después de que equipos del Seprona y de las direcciones generales de Medio Natural y Agricultura de la Comunidad de Madrid verificasen que en el local que entonces regentaba en la calle Pamplona, 59, en el mismo distrito, vendía de manera ilegal animales exóticos, a los que alimentaba con ratas.

En esa ocasión, fueron los vecinos, junto a la ONG que interpuso la denuncia, quienes dieron la voz de alarma por el mal olor que desprendían los animales que se encontraban en un sótano oculto tras un perchero, según informaba El País en septiembre de ese año. El propietario mantenía ocultos más de 200 animales de 22 especies protegidas, a los que agolpaba vivos o muertos, junto a los centenares de ratas y grillos que les servían de comida a los primates, reptiles y tarántulas que allí se encerraban.

Tras esa inspección, los agentes constataron que el establecimiento, antes conocido como Mario’s Zoo Animanía, carecía de licencia para vender cualquier tipo de animal. La web del actual establecimiento, Animanía Madrid, anunciaba que este comercio disponía de primates, avestruces, canguros, osos, mapaches, mofetas, cerdos enanos o murciélagos para vender. La página dejó de estar disponible el fin de semana del 29 de marzo de 2025, según informan vecinos del distrito y como ya adelantó El Periódico.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emrgencias, Inma Sanz, ha confirmado que el local del barrio de San Diego, en Vallecas, que explotó este fin de semana y que dejó tras de sí dos personas muertas, no contaba con cédula de habitabilidad.

Según las primeras informaciones, una de las personas fallecidas había residido en el edificio. Desde el distrito Centro, Sanz ha informado de que los dos heridos más graves “siguen estando en una situación verdaderamente complicada” y les ha deseado “la más pronta recuperación”, tanto a ellos como a todos los demás que aún siguen hospitalizados.

Ahora están en marcha las labores de apeo y desescombro, que se prolongarán diez días según los técnicos de Edificación. Será después cuando los residentes puedan acceder a sus domicilios para sacar sus pertenencias aunque “no para poder residir en las mismas en estos momentos”. El Consistorio sigue atendiendo a veinte personas a través de la emergencia social mientras que se tramitan a través de sus distintos seguros las soluciones más a medio o largo plazo.

Se iniciará un expediente sancionador

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha confirmado que iniciará el “expediente sancionador que corresponda” en el caso del local desde una jornada sobre urbanismo organizada por el Ayuntamiento de Madrid. Allí, el delegado ha reiterado que su equipo “trabaja para garantizar las condiciones de seguridad” y que, en los próximos días, se focalizarán en el apeo y desescombro del edificio para garantizar las condiciones de estabilidad, con idea de que los vecinos puedan entrar a recoger sus enseres. El siguiente paso será el realojo, en su caso, a través del área de Políticas Sociales.

“A partir de ahí, la responsabilidad del Ayuntamiento finaliza y daremos, por supuesto, garantías para que puedan acceder los servicios técnicos ya contratados por el seguro de la vivienda para rehabilitarla”, ha explicado.

Dos víctimas mortales y dos metros de escombro

Preguntada por el segundo cadáver aparecido el lunes, la vicealcaldesa ha explicado que no hubo indicios de que faltara nadie más a lo largo de la tarde del sábado. “En el momento en que Policía Nacional nos ha trasladado que había la más mínima duda respecto a que pudiera haber alguna persona que no hubiera aparecido, lógicamente se han hecho todas las labores para tratar de localizarlas, con la información que iban contando bomberos en cada momento”, ha expuesto.

La primera y la segunda víctima mortal se encontraban “en una zona aproximadamente con dos metros de escombros compactados y, por lo tanto, en una situación que era verdaderamente compleja”.

La Policía Local clausuró ayer viernes, 5 de septiembre, dos establecimientos de restauración dedicados a venta de kebab por realizar esta actividad careciendo de licencia.

La actuación de la Policía Local se ha llevado a cabo tras la correspondiente resolución de la Concejalía de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular en la que se ordena a la sociedad propietaria de ambos establecimientos, ubicados en las calles Duques de Nájera y Gran Vía Juan Carlos I, que paralicen de forma inmediata la actividad de restaurante de comida rápida de tipo kebab desarrollada sin la preceptiva licencia municipal.

En un artículo la semana pasada en elDiario.es identificamos diez ámbitos de relaciones armamentísticas entre España e Israel, uno de ellos es la adjudicación en España de contratos públicos para la adquisición de productos de defensa israelíes. Con una sola medida, ninguno de esos ámbitos sería posible: un embargo integral.

Solo hace una falta una medida, esa, y no otra, una fórmula sobre la que aparentemente existe un apoyo mayoritario en el Congreso. Pero los ministros de Defensa y Exteriores ya la han objetado. José Manuel Albares defiende un embargo de las exportaciones, sin que afecte a las adquisiciones de material de defensa israelí. Defensa “pide realismo y no engañar a los ciudadanos con falsas expectativas”. Ambos argumentan que ya existe un “embargo de facto”. Pero no se trata de una medida formal, sino política, una donde la propia subjetividad del Ejecutivo determina cada criterio y lo modula en función del interés del momento: “Una cosa son licencias de determinada tecnología y otra cosa es armamento, y España no compra armas a Israel”, dijo la ministra Margarita Robles.

Eso no es un embargo de armas, ni de iure ni de facto, ni una medida acorde con lo que requiere la coyuntura actual en el territorio palestino.

Desde el 7 de octubre de 2023 el Gobierno ha tomado decisiones que le singularizan, en positivo, entre el conjunto de sus aliados de la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, los datos públicos disponibles sugieren que, desde aquella fecha, las relaciones armamentísticas entre España e Israel han sido más prolíficas que nunca, en particular en lo relacionado con la cooperación industrial y la adjudicación de contratos. Ese volumen no responde a una intención deliberada de aumentar esas relaciones gracias a lo que acontece en Gaza, sino a una herencia del pasado asumida acrítica e interesadamente; la continuación de esas relaciones va en aumento a pesar de las atrocidades cometidas en la Franja.

Los datos públicos disponibles sugieren que, desde el 7 de octubre, las relaciones armamentísticas entre España e Israel han sido más prolíficas que nunca

Aquí reside la primera reflexión que cabe hacerse: cómo ha sido posible generar semejante dependencia con quien nunca ha sido de fiar en cuanto a lo que hace con el mismo material de defensa que adquirimos. Sin rendición de cuentas, difícilmente se podrá aprender cómo mejorar.

Los misiles Spike

El misil Spike forma parte de los arsenales españoles desde hace cerca de dos décadas. Su propietaria es la empresa pública israelí Rafael Advance Defense Systems y lo ha publicitado desde el primer momento como “probado en combate”. Los medios de comunicación españoles suelen definir ese misil como “antitanque”. Sin embargo, Rafael lo califica de “multipropósito”. El Spike se utiliza en Gaza, con mucha asiduidad, pero las organizaciones armadas palestinas no tienen tanques. Ese misil ha sido usado para matar a civiles.

Recordarán que las Fuerzas de Defensa de Israel asesinaron a siete trabajadores de la ONG fundada por el cocinero español José Andrés, World Central Kitchen, en abril de 2024: un palestino, tres británicos, un australiano, un polaco y un canadiense-estadounidense. Los mataron con un dron de Elbit Systems, el Hermes 450, que disparó tres misiles que, con “mucha probabilidad”, eran los Spike de Rafael. Esa utilización contra civiles viene de lejos. Según Human Rights Watch, ese misil también fue disparado por los drones israelíes en 2009 durante los ataques a Gaza en la operación Plomo Fundido, matando al menos a 48 civiles.

El martes empezamos el día con la noticia de que algo había sido revocado en relación con las adquisiciones del misil Spike. Pero no quedó claro qué se había revocado exactamente. La primera sensación fue que había sido una licencia de importación: el 23 de mayo, el Gobierno había denegado la entrada en España por el puerto de Cartagena al buque “Danica Violet”, que transportaba “componentes” para fabricar los misiles Spike LR2. Es como si uno hace un pedido online –y lo paga– y echa al repartidor cuando llama al timbre. Ese proveedor merecía un rechazo, pero ese caso es paradójico y merece una explicación que todavía no ha sido proporcionada.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aclaró que “se ha iniciado el proceso de revocación de la licencia tecnológica, y en este momento se está buscando cómo reorientar el programa e, incluso, se están estudiando los efectos de esa medida de cancelación”. Remarquemos: “iniciado el proceso de revocación de la licencia tecnológica”. Esa declaración rememora la que hizo el Ministerio del Interior el 29 de octubre de 2024 en relación con el famoso contrato para adquirir munición de 9 mm para la Guardia Civil. El titular de la noticia de Interior fue: “Interior inicia el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí”. Remarquemos: “Inicia el proceso para rescindir”.

¿Cómo interpretaron entonces muchos medios de comunicación esa noticia? Muchos dieron por hecho que la anulación ya se había producido: “Interior cancela la compra”, “Interior cancela el contrato”, “Interior anula la compra” o “Interior cancela la compra de munición”. Más tarde, se formalizó un contrato que nunca se había cancelado y esa situación continúa hoy, a pesar de los anuncios sobre su rescisión. No es tan fácil y no es tan rápido.

El martes, muchos medios volvieron a dar por hecho el fin del contrato para el suministro del Spike: “se cancela la compra”, “prescinde ya de misiles Spyke” (sic) o “Defensa revoca un contrato con una empresa israelí”. Esos medios afirmaron haber consultado a fuentes de Defensa. Para algunos, Pap Tecnos, la adjudicataria del contrato para el suministro de los misiles Spike, era una empresa “española”; para otros, “israelí” (se trata de una filial de Rafael establecida en España). Mientras que en España muchos medios han recogido la noticia de manera desigual ante la confusión, los medios de comunicación internacionales han dado por cancelado el contrato, en muchos casos citando a los medios españoles. También lo han hecho en Israel, al menos en una docena de medios de ese país.

La realidad es que ese contrato no está revocado. Al menos, eso es lo que han asegurado fuentes de Defensa a los medios que han preguntado. En la página web del Ministerio no aparece noticia alguna sobre este asunto y no existe ningún documento formal. Asimismo, Pap Tecnos comunicó a la agencia Associated Press que “no ha sido informada de ninguna cancelación” y lo mismo dijo en Israel la empresa Rafael. Tampoco Elbit Systems –propietaria del modelo en el que se basa el SILAM, un segundo contrato del que se ha informado sobre una eventual revocación– ha publicado nada en su web.

Según el portal defensa.com, ni siquiera se estaría iniciando proceso alguno para esa revocación: la licencia se renueva cada año, el martes expiraba la que se encontraba en curso y no habría sido renovada. Esa licencia, según el portal, era necesaria para la “importación de ciertos componentes que integran el misil que se fabrica en España, según el plan industrial liderado por Pap Tecnos, en el que participan empresas españolas como Tecnobit – Grupo Oesia, EM&E Group o FMG, empresas con las que se han cumplido los compromisos de transferencia tecnológica por parte del tecnólogo [Rafael]”. También identifica un “contrasentido” en suspender las licencias y mantener el programa. En una situación similar parece encontrarse el programa del lanzacohetes SILAM, del que se afirma que no usará tecnología israelí, sino íntegramente española, tanto en los lanzadores como en la munición.

Gratis no es, pero no debemos poner precio a la colaboración con quien está acusado de cometer los crímenes más horrendos que hemos sido capaces de tipificar

Una eventual cancelación de los contratos adjudicados conllevaría algunas derivadas: la modificación drástica del programa, alterando costes, plazos y logística; la búsqueda de alternativas sin tecnología israelí; la sustitución de un estándar del Ejército desde hace muchos años, que también forma parte del equipamiento de vehículos como el Dragón 8x8 o el helicóptero de ataque Tigre –la logística está adaptada, los operadores han sido instruidos y los técnicos han recibido la formación que necesitan–. Un cambio de modelo tendrá implicaciones económicas. Gratis no es, pero no se debe poner precio a la colaboración con quien está acusado de cometer los crímenes más horrendos que hemos sido capaces de tipificar.

Sin licencia, ¿no hay programa?

Sin licencias, no hay programa. ¿O sí lo hay? Habrá que leer la letra pequeña cuando esté disponible. Existe una manera de conciliar todos esos asuntos, una especie del gatopardismo imaginado por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aquel que consistía en un “cambiar todo para que nada cambie”. Seguir con los mismos productos, pero reetiquetarlos; utilizar la misma tecnología o similar, pero deslocalizarla de Israel; o simplemente prescindir de más transferencias desde Israel si lo realmente imprescindible ya ha sido transferido o se ha encontrado una alternativa para obtenerlo.

En el caso del SILAM, por ejemplo, el Ministerio de Defensa “ha comprado la Propiedad Intelectual del diseño”. ¿Ya no tiene entonces nada que ver con el sistema PULS que Israel está utilizando actualmente en Gaza? Otra opción es adquirir esas mismas licencias basadas en tecnología israelí de un fabricante europeo. En cualquier caso, cualquier tecnología o empresa involucrada, por muy filial que sea o muy relacionada que esté con la industria o el producto israelí será denominada “española”.

Compárese el esquema de la construcción del Spike de 2023 de Pap Tecnos (la primera imagen) con el que ofrece hoy la compañía en su página web (la segunda), donde destaca el “elevado grado de nacionalización”.

En el esquema actual desaparece la referencia a Rafael en relación con la fibra óptica, sin especificar cuál será la alternativa. Sin embargo, continúa la presencia de Pap Tecnos, como no podría ser de otra manera: el producto es el mismo y es suyo, de Rafael. De Israel.

La garantía que se pide al Gobierno es que la industria israelí, su Ejército o su Estado no se beneficiará de ninguna manera –ni en términos económicos, ni políticos, ni empresariales ni reputacionales– de las decisiones relacionadas con el material de defensa adquirido.

Sea cual sea la explicación –que se espera– de todo este embrollo, los contratos no están cancelados ni revocados, ni lo estarán en mucho tiempo, en el caso de que eso llegue a producirse. A no ser, claro, que se decrete un embargo. El 23 de octubre de 2024, la ministra de Defensa respondió a la solicitud por escrito del ministro de Derechos Sociales de cancelar los contratos vigentes con empresas armamentistas israelíes afirmado que se había dejado en suspenso todos los contratos de adquisición de armamento israelí, salvo los relacionados con el arreglo de piezas.

Sin embargo, no tenemos noticias de que eso esté sucediendo con la mayoría de los contratos identificados y todo parece apuntar a que siguen su curso, como el de la adquisición de designadores POD para sistemas de combate aéreo del que informaba este lunes este diario, un contrato formalizado en abril de 2024 con Rafael y que tiene su ejecución prevista hasta finales de 2027. De aquel anuncio de la ministra hace más de ocho meses, pero se dice que empieza ahora la búsqueda de cómo reorientar los programas y el estudio de los efectos de una eventual cancelación.

Este ritmo pausado con vistas al largo plazo contrasta fuertemente con la urgencia que requiere cualquier medida tomada en relación con la situación en la Franja de Gaza

De la búsqueda a la cancelación hay un trecho, que esperemos que se recorra. Con todo, este ritmo pausado con vistas al largo plazo contrasta fuertemente con la urgencia que requiere cualquier medida tomada en relación con la situación en la Franja de Gaza. El Gobierno español podría adoptar de inmediato un embargo integral a través de un Decreto Ley y facilitar, además, la revocación de contratos, porque formaliza las razones para hacerlo.

Un contrato se anula por la vía administrativa y, a día de hoy, desde el 7 de octubre de 2023, España no ha adoptado ninguna medida formal administrativa que obligue, restrinja, prohíba o condicione las relaciones armamentísticas con Israel. Ninguna.

La Xunta concederá, a través de un decreto, la misma validez a los informes municipales y a los certificados emitidos por un tipo de entidad privada especializada para que los ayuntamientos puedan otorgar licencias urbanísticas. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, anunció que la nueva regulación estará en aplicación en cuestión de semanas y va a fijar que los documentos que elaboran las entidades de certificación de conformidad municipal (las Eccom, una especie de gestoría) sustituyan a los informes municipales para el trámite de dar este tipo de permisos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó, acompañado de Allegue, la nueva norma, que se va a remitir al Consello consultivo. El objetivo es, según el jefe del Gobierno gallego, “facilitar los trámites para acceso a la vivienda” y evitar atascos en los permisos urbanísticos, que son competencia municipal. “Queremos y tenemos que ayudar a los Ayuntamientos para reducir los plazos en el otorgamiento de licencias”, aseguró la conselleira.

Cuando entre en vigor el decreto, las solicitudes que se presenten con un certificado de una Eccom deberán recibir respuesta del ayuntamiento en un plazo de un mes. Hasta ahora, el plazo para resolver era de tres meses. Los municipios que no quieran formar parte de este sistema pueden salir del mismo, pero tendrán que hacerlo mediante ordenanza municipal. Incluso en ese caso, si no resuelven en tres meses, el solicitante podrá entregar un certificado de una Eccom pasado ese tiempo y se activará ese máximo de un mes para responder, explicó.

La conselleira asegura que la medida es “muy demandada” también por los ayuntamientos. Que se alarguen los plazos para las licencias en este momento en el que la Xunta asegura que apuesta por un aumento de la oferta de vivienda “no se puede permitir”, añadió Allegue, que recordó que este sistema funciona en otras comunidades autónomas. Las Eccom, añadió, deberán estar inscritas en un registro autonómico.