Apenas cuatro días después de anunciar el inicio de la elaboración de un nuevo Plan Eólico para Galicia la Xunta se ha aflojado la chequera para que una empresa privada le redacte el documento por 783.077 euros, IVA incluido. La plataforma de contratos públicos de Galicia acaba de publicar el primer documento en el que se licita el servicio para aquellas compañías que quierran optar al sustancioso contrato para redactar el futuro de la relación de Galicia con la explotación de sus recursos en materia eólica.

Según consta en la citada plataforma, la Xunta pide al sector privado un servicio de “apoyo a la Dirección Xeral de Planificación Enerxética en el procedimiento de elaboración del Plan Sectorial Eólico de Galicia”. Las opiniones que el Gobierno gallego quiere obtener de consultoras privadas se justifican con el siguiente argumento: “La Consellería de Economía e Industria no cuenta con personal técnico cualificado disponible ni medios adecuados” para redactar el plan desde los despachos de la administración pública. De ahí, el pase a la privada.

Se da la circunstancia de que la Xunta anunció este lunes el inicio de los trabajos a tres años vista para la elaboración del nuevo Plan Eólico y aclaró que en ese proceso no se contará con la participación de las organizaciones ecologistas. El Gobierno gallego señala que buscará la participación social y la va a canalizar a través de dos mesas de trabajo: una industrial, en la que se sentarán empresas con potencia ya instalada y clústeres, y otra, denominada social, en la que estarán representados la patronal y los sindicatos. No está previsto ningún órgano para consultar a organizaciones ecologistas u otro tipo de asociaciones, en un contexto de contestación a la proliferación de parques eólicos encabezada sobre todo por plataformas vecinales y colectivos ambientalistas.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido mantener la libertad provisional al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana, condenado por la trama de las ITV en el caso Erial, al no apreciar riesgo de fuga.

Zaplana fue condenado a 10 años y cinco meses de prisión por el caso Erial, en una sentencia que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción pidió una vistilla para valorar su ingreso en prisión hasta que se pronuncie el Alto Tribunal.

La vistilla se celebró el pasado jueves y, en la misma, Anticorrupción pidió el ingreso inmediato en la cárcel de Zaplana para evitar que se fugue, como lo hizo José María Tabares, condenado en el caso Ivex; mientras que su defensa se opuso alegando que no existía esta posibilidad por su enfermedad y por arraigo familiar: “No hay ni el más mínimo indicio de riesgo. Tiene su casa, su familia, su medio de vida, la pensión que se le ingresa en una cuenta, todo lo tiene en España”, dijo.

Por su parte, Zaplana hizo uso de palabra y manifestó que no tenía intención de fugarse del país: “No está en mi ánimo fugarme”, subrayó. Además, recalcó que si Tabares tuvo un procedimiento judicial fue precisamente porque la Generalitat que él presidía presentó una querella.

El tribunal ha acordado dejar en libertad provisional sin fianza a Zaplana con la imposición de algunas medidas cautelares como la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la comparecencia mensual en sede judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Audiencia ha adoptado esta decisión al no apreciar riesgo de fuga puesto que, hasta ahora, el 'expresident' no ha llevado a cabo ningún acto tendente a eludir la acción de la Justicia, ha comparecido en todas las sesiones de juicio y ha respondido a cualquier llamamiento judicial.

Delitos graves

El representante del ministerio público expuso durante la vistilla ante el tribunal que la situación procesal de Zaplana ha cambiado tras la sentencia condenatoria, en la que se reconoce que “se trata delitos graves, asociados a la corrupción política en el ejercicio de sus funciones públicas”. “El riesgo de fuga se acrecienta no solo por la pena impuesta, que es una motivación para eludir la Justicia, sino también por su acceso a los medios económicos”, advirtió.

En ese sentido, insistió en que, con arreglo a la sentencia, quedó “acreditado” que Zaplana “tiene acceso a productos financieros y patrimonio en el extranjero que no ha puesto a disposición de las autoridades españolas”. Además, recordó que el ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, que era una persona “a las órdenes” de Zaplana, se fugó a Japón, país en el que no hay acuerdo de extradición con España.

Del mismo modo, rechazó el informe médico elaborado por los forenses del juzgado en 2019 que presentó la defensa para oponerse a esta medida cautelar. “Afortunadamente Zaplana ha asistido al juicio, entendemos que su problema en su salud no tiene riesgo y ha desarrollado una vida completamente normal”, replicó.

Por todo ello, pidió el ingreso en prisión provisional porque Zaplana, “gracias a sus condiciones económicas puede eludir la acción de la Justicia, y seguir su tratamiento médico en países del primer mundo, y ante la pena de diez años que se le ha impuesto existe una posibilidad de fuga tiene que ser medida”.

Por contra, el abogado de Zaplana recalcó que su cliente es “inocente” hasta que haya una sentencia firme y se debe respetar esa presunción de inocencia y subrayó al respecto que no cumple con los “fines legítimos” que establece la ley para acordar esta medida cautelar.

Así, apuntó que durante todo este tiempo, desde que el inicio de la causa hasta haberse presentado en la vistilla, no ha huido, lo que demostraba que “no tiene intención de sustraerse de la acción justicia”, tampoco hay posibilidad de ocultar pruebas. Además, apuntó que era anticonstitucional pedir su ingreso por alarma social y destacó que la condena por los delitos, aunque de “cierta gravedad”, al no ser firme podría llevar aparejadas penas menores.

No, Eduardo Zaplana no era el problema. Era el síntoma. No gozó durante veintiocho años de total impunidad porque tuviese la destreza de engañar a todos durante todo el tiempo. Al contrario, ha sido un impostor que no ha engañado a nadie. Se aprovechó de flaquezas personales y de unos sistemas de control de la calidad democrática con más agujeros que un queso gruyere. Compró debilidades humanas e institucionales, sometió al ecosistema mediático y anuló (con navaja, flores o chequera) a los pocos jueces y fiscales que se cruzaron en su camino.

Supo que las bases se controlan desde las alturas. Por eso sindicó intereses con élites empresariales. La cúpula patronal apadrinó en julio de 1995 aquel Pacto del Pollo PP-UV, rubricado en el despacho del empresario Federico Félix, para que Zaplana se instalara en el Palau y se inaugurara el negocio de las privatizaciones y/o las mordidas. Por ejemplo, con las ITV.

El poder, por encima de siglas

Zaplana tuvo una segunda virtud. Nadie entendió mejor que él que el poder trasciende a los partidos y las siglas. En aquellos años expansivos, y con vistas a postularse como sucesor de Aznar y hacer negocios, fue ampliando su red de contactos.

El golpe perpetrado por Zaplana durante seis lustros –el político y el atraco- se ha sustentado, en definitiva, en una trama civil vertebrada en torno al afán de negocio. Una red de cómplices, colaboradores necesarios y coautores que ahora, mayoritariamente, hace mutis por el foro. Y eso tiene muy cabreado al ex presidente, quien siempre ha contado con una legión de amigos, que en realidad eran socios. Entre ellos, algunos dueños del país, miembros del consejo de administración de España, por así decirlo.

Florentino Pérez, Emilio Botín, Esther Koplovitz…

Las agendas privadas que en su día le intervinieron a Zaplana son como un tacógrafo de las relaciones que forjó. Cuando era presidente de la Generalitat, mucho antes de instalarse en el Gobierno de Aznar, ya se codeaba con grandes de España. Desayunaba, comía, cenaba y navegaba con Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. Mantenía habituales contactos con Esther Koplovitz (entonces FCC); con Emilio Botín, presidente del Banco Santander; con Isidoro Álvarez (presidente de El Corte Inglés); con Fernando Fernández Tapias, empresario, consejero de OHL y Unión Fenosa y vicepresidente del Real Madrid…

De tú a tú con el jefe de la Casa Real

Tenía trato directo con Fernando Almansa cuando era jefe de la Casa Real, en tiempos de Juan Carlos I. No en balde, Zaplana prestó un impagable servicio a la Corona al asumir, con el dinero de los valencianos, una parte de la factura por el silencio de Bárbara Rey sobre sus escarceos amorosos con el monarca. Canal 9 regaló un programa de cocina a la vedette cuyo coste superó los 6 millones, como se cuenta en Los tentáculos del truhan.

RTVV fue un pesebre que alimentó a una amplia nómina mediática madrileña elegida para allanarle el camino sucesorio. Desde Isabel San Sebastián a Carlos Dávila, pasando por Pilar Ferrer. En esa etapa, Zaplana cultivó relaciones con Federico Jiménez Losantos, Carlos Herrera, Luis del Olmo… Y, por supuesto, mimó económica y personalmente a empresarios de la comunicación como Antonio Asensio (Grupo Zeta), Luis María Ansón (La Razón), o al entonces consejero delegado de Prisa Juan Luis Cebrián y a su presidente ejecutivo, Jaime de Polanco.

Sin contar, por supuesto, con la sociedad valenciana de gananciales que constituyó con María Consuelo Reyna (Las Provincias) y su entonces esposo, Jesús Sánchez Carrascosa, jefe de gabinete de Zaplana y luego director de Televisió Valenciana.

Notarios y notables como Pepe Bono

Todos conformaron una larga lista de amigos/socios de la que podría haber levantado acta el insigne notario don Carlos Pascual de Miguel, otro que acostumbraba a cenar regularmente con Zaplana. O políticos socialistas como el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco o Pepe Bono, quien igual comía e iba a los toros con el ex presidente valenciano.

El empeño de la UCO, la jueza y el fiscal en que la investigación Erial llegara a buen puerto, como ha sucedido, les llevó a renunciar a intervenir el teléfono de Zaplana. Quisieron evitar que Movistar, su operadora, diese el chivatazo a quien era un alto directivo de la compañía. La decisión, más que justificada, nos privó de componer una parte del mapa de la trama civil del golpe. Habríamos obtenido muestras de campo para explicar cómo funcionan los engranajes del poder. Habrían quedado retratados unos cuantos, a derecha e izquierda, de arriba y de abajo, que dirían en aquel Podemos adolescente.

Campañas mediáticas

Parte de esa trama civil se retrató en aquellos decisivos días de la Navidad de 2018 cuando el jefe de Hematología de la Fe, Guillermo Sanz, certificó la muerte segura de Zaplana si no era excarcelado. Hubo llamadas para presionar, artículos en prensa y hasta una campaña de recogida de firmas en Change.org, promovida por el ex presidente de Nuevas Generaciones del PP José Luis Bayó, y reclamando la puesta en libertad del reo.

Posteriormente se impulsó una corriente mediática que alimentaba la teoría de la conspiración, sobre la que pivotó la defensa judicial de Zaplana y que fue desechada por el tribunal. Se publicaron panegíricos zaplanistas de los que ponen la gallina de piel. Especialmente en OK Diario y El Mundo. El silencio fue la estrategia mayoritaria de apoyo a Zaplana por parte de su coro mediático. Basta con observar la escasa resonancia que tuvo el macrojuicio, especialmente más allá del pantano de Contreras.

Invocar el precedente Griñán

El próximo 7 de noviembre, el tribunal ha de decidir si entra ya en prisión, como pide el fiscal, o demora ese ingreso. La defensa esgrimirá que no hay riesgo de fuga y se agarrará al artículo 80.4 del Código Penal, que faculta a los jueces a suspender una pena cuando el afectado padezca una “enfermedad muy grave con padecimientos incurables”.

Tanto el ex presidente como su hija y alumna aventajada María Zaplana intentarán, de nuevo, movilizar a sus amigos y deudores en una corriente de solidaridad y piedad ante la enfermedad. Invocaran el precedente del andaluz José Antonio Griñán, cuya ejecución de pena de cárcel fue suspendida por enfermedad. Luego el Constitucional anuló la condena. Pero en el entorno zaplanista admiten que esta vez lo tendrán crudo. Y mira que ya habían planificado la gira mediática de desagravio como víctima de lawfare si se hubiera consumado, como creían, una absolución judicial.

La condena cambia el panorama. El hombre que ha estado treinta años bajo sospecha ya no es inocente. Y sus contactos han perdido consistencia. Cada vez quedan menos amigos y socios en su cooperativa de negocios e intereses. El tiempo pasa…Unos están ya muertos y otros, de parranda.

Veintitrés años después de que se dictara la Ley de Ordenación del Territorio, Cantabria no tiene aún un Plan Regional (PROT), un proceso que ha vuelto a reabrir el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP), que espera que esté terminado en 2026 para su aprobación por el Parlamento. Tras sucesivos intentos de gobiernos anteriores, los trámites nunca llegaron a su fin y el PP pretende hacerlo esta legislatura, aprovechando la documentación existente, adaptando los parámetros a su programa electoral y sometiendo el resultado a las propuestas de ciudadanía, organizaciones, departamentos gubernamentales, ayuntamientos y partidos políticos.

Uno de los trabajos previos que se recogen es el Mapa de Exclusión Eólica, que nunca había llegado a aprobarse y no contentaba a nadie. El consejero de Ordenación del Territorio, Roberto Media, ha avisado este jueves de que los dispuesto hasta ahora no tiene por qué ser respetado al 100%.

“Si hubiese un PROT, se definiría en qué zonas se pueden colocar y en cuáles no [los aerogeneradores]”, en lugar de que, como ha ocurrido, tengan que ser los afectados con manifestaciones o los políticos con iniciativas parlamentarias quienes lo decidan.

El consejero ha recordado que el anterior Gobierno PRC-PSOE elaboró un mapa con zonas de exclusión eólica -aunque “no tiene ninguna garantía porque nunca se llegó a aprobar”- y ha asegurado que el que finalmente salga adelante “no puede ser muy distinto” porque los técnicos que lo elaboran son los mismos, aunque sí se incluirán “matices”.

Lla intención del PP es aprovechar todo el trabajo realizado en las dos legislaturas anteriores a cargo del bipartito PRC-PSOE, en las que hubo “dos intentos fallidos” de sacar adelante el documento. Y aunque Media ha dicho que no quiere “volver la vista atrás para acusar a nadie de que no hizo su trabajo”, ha reprochado que en ambos intentos -el primero en la legislatura de 2015-2019 cuando las competencias de ordenación del territorio las tenía el PSOE y el segundo en la 2019-2023 a cargo del PRC- solo se consiguió superar uno de los cuatro hitos necesarios para tramitar el documento, que es la aprobación del documento de alcance. Además, los medios utilizados fueron “muy superiores” a los resultados obtenidos, pues se invirtió “más de un millón de euros” para esos trabajos que no dieron fruto.

Media y su director general de Urbanismo, Víctor Gil, han comparecido públicamente este jueves para dar cuenta del reinicio de los trabajos, criticar la gestión de gobiernos anteriores y anunciar la puesta en servicio de una página web en donde los interesados pueden hacer propuestas.

El Gobierno de Cantabria contempla contar en 2025 con la aprobación inicial del documento por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CORTU), pasando a la aprobación provisional de este organismo en el “segundo o tercer trimestre” de 2026 para a continuación darle luz verde en el Consejo de Gobierno y finalmente remitirlo al Parlamento.

Se está retomando la documentación, dándole una interpretación propia ajustada al programa del PP y los criterios técnicos, para lo cual se ha encomendado la tarea a la empresa pública Gesvicán.

Los 'populares' han hecho -a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada junto a los Presupuestos de 2024- una modificación para que ese documento de alcance mantenga su validez y así dar por cumplido el primer hito. “Lo que supuso dos años en la anterior legislatura nosotros lo hemos resuelto en seis meses”, ha destacado el titular de Ordenación del Territorio.

Web participativa

El Ejecutivo entiende que el PROT es “la normativa más importante” de las que se van a aprobar esta legislatura porque “definirá durante décadas” el desarrollo de Cantabria, ha habilitado una web participativa en la que todos los ciudadanos podrán hacer sus aportaciones para que se desarrolle “con el mayor consenso”.

Se trata de www.territoriodecantabria.es, donde tanto ciudadanos anónimos como representantes de asociaciones y entidades podrán rellenar un cuestionario opinando sobre asuntos de gestión del medio ambiente; recursos naturales; paisaje; espacios urbanos, rurales e industriales; infraestructuras; equipamientos; o patrimonio histórico y cultural.

El cuestionario consta de 25 preguntas genéricas y se puede hacer de forma anónima o identificándose especialmente si se trata de representantes de alguna organización o administración pública. Además de responder a preguntas genéricas también se podrá añadir aportaciones a un documento que fijará un modelo territorial “claro” para la comunidad y supondrá “un antes y un después en la regulación de nuestro suelo”.

Se podrá rellenar online o descargando el documento interactivo para cumplimentarlo y remirilo a la dirección de correo prot@cantabria.es o a la dirección postal calle Lealtad, 23, bajo, 39002, Santander.

Como es una normativa “transversal”, el departamento de Media ha remitido cartas pidiendo la participación de la Delegación del Gobierno, de todas las consejerías del Ejecutivo regional y de los 102 ayuntamientos cántabros. “Tiene que ser un PROT de todos”, ha defendido el consejero, por un lado porque el PP gobierna en minoría y necesita apoyos para aprobarlo, y por otro porque “viene para quedarse”, con el objetivo de “vertebrar Cantabria” las próximas legislaturas.

Eduardo Zaplana Hernández-Soro torna al banc dels acusats perquè la secció quarta de l’Audiència de València dirimisca si l’expresident va prendre una drecera a l’hora de complir el programa polític que va confessar per telèfon al seu amic Voro Palop, el febrer de 1990. “He de fer-me ric, perquè estic arruïnat. Necessite molts diners”. En aquest “judici final” s’ha de resoldre si el col·leccionista d’escàndols liderava una “organització criminal”, una banda de quinze testaferros i amics, per a engreixar les seues economies domèstiques amb el cobrament de mossegades en dos contractes adjudicats per la Generalitat Valenciana: el de la privatització de les ITV i el del Pla Eòlic. Una mina de 20,6 milions d’euros en comissions il·legals.

Dos contractes que, curiosament, no formen part de les millors estampetes de sant Pancraci, el CEO santoral de l’abundància, d’aquells anys. Són les dues concessions els plans de tripijoc i el pagament de peatges de les quals s’esbossaven en els sis fulls que el ciutadà sirià Imad Al Naddaf Yalouk va trobar, segons consta en el sumari, en el pis que va ser de Zaplana i que es van lliurar el 2012 al seu amic Marcos Benavent, el conegut com a ionqui dels diners.

Davant la impossibilitat de negar les “aclaparadores evidències”, indicis i proves acumulades contra l’expresident en la investigació (una col·lecció d’aquestes està continguda en un informe de 450 pàgines de l’UCO) l’exministre ha optat per l’estratègia d’intentar tombar la instrucció a partir d’anul·lar aquests documents i impugnar l’arrancada de la investigació adduint que el registre judicial en què es van trobar els papers d’aquest full de ruta i les primeres perquisicions de l’UCO són il·legals per haver-se produït, sostenen, en el marc d’una altra causa judicial. La defensa de l’expresident (que és lletrada, política i mediàtica) ha intentat debades dinamitar el cas. La secció cinquena de l’Audiència Provincial va tombar tots els recursos.

Una melé processalista

En les anomenades qüestions prèvies que es dirimeixen des de dijous en el judici que es reprén, Zaplana i el seu lletrat, Daniel Campos, tornaran a la càrrega per aquest flanc, en el marc de l’intent de melé zaplanista processalista per a tombar la causa. Apel·laran a l’anomenada “doctrina del fruit de l’arbre enverinat”, molt arrelada als Estats Units i que se sustenta en la màxima que qualsevol prova obtinguda al marge del control de la legalitat es converteix en il·legítima i provoca la nul·litat de la causa penal. A Zaplana no li’n queda cap altra que agitar muntatges i teories de la conspiració, amb cameos del CNI, per a carregar-se el cas al crit de “les proves estan viciades”.

En el llibre Los tentáculos del truhan, en què s’alerta de totes les envestides que desencadenaria l’acorralat Zaplana, s’explica que la sentència del Suprem 116/2017 del 23 de febrer limita l’aplicació d’aquesta doctrina a Espanya a l’actuació d’agents públics. Una decisió dictada arran del cas Falciani. Ni Marcos Benavent, ni el ciutadà sirià que el 2012 li va lliurar els documents, són funcionaris públics, per la qual cosa el recompensat esforç del ionqui dels diners confessant haver sigut un cavall de Troia infiltrat en els oligarques del règim cleptòman (des de Rus fins a Zaplana) continuaria tenint efectes nuls fins i tot si convencera de la conspiració una secció quarta en què habita algun creient zaplanista.

El muntatge sobre el pretés muntatge antizaplanista ordit per espies i socialistes, es projectarà des de hui en les pantalles d’aquest macrojudici en què l’excomissari José Manuel Villarejo tindrà els seus minuts de glòria (a l’abril), després de ser citat com a testimoni per la defensa de Zaplana perquè explique tots els detalls de la conspiració. El tribunal ha acceptat aquesta compareixença.

Que la causa viatge a Madrid

En aquestes qüestions prèvies, la defensa també intentarà, per enèsima vegada, que la causa es jutge en l’Audiència Nacional, un ecosistema que l’expresident considera més acollidor, malgrat que no ha tingut precisament mala sort amb el tribunal valencià que li ha tocat. Argumenta l’acusat principal, l’arquitecte d’aquell règim edificat sobre una Comunitat Valenciana convertida en un casino, que la causa hauria de traslladar-se a aquella instància judicial atés que s’investiguen delictes pretesament comesos a l’estranger. És cert que, segons la investigació, es va muntar una trama de 23 societats en 14 països per a intentar amagar els actius. Però els diners morenos no són d’on dormen, sinó d’on naixes i pasturen. I les adjudicacions dels molins de vent i les estacions d’ITV es van concedir a València.

Els diners bronzejats pretesament van viatjar per Andorra, Panamà, Luxemburg o Suïssa, però van tornar blancs per a instal·lar-se en pisos en els castissos barris de Chamberí i Salamanca, o en les faldes del Puig Campana, que no està als Alps suïssos. De fet, hi ha un segon full de ruta, trobat en el pis de Zaplana al carrer de Pascual i Genís de València, en què es perfila el viatge de tornada, la repatriació dels fons.

L’estratègia processalista té tints circenses. Fins al punt que Zaplana va demanar una pericial per demostrar que en els fulls lliurats pel ciutadà sirià a Benavent no hi ha restes d’ADN zaplanista. I efectivament, en aquests documents, confeccionats segons l’UCO al voltant del 2001, no es van trobar empremtes ni restes biològiques de Zaplana. En el Llençol Sant de Torí, tampoc.

Ací no hi ha minuts brossa

El problema per a l’expresident és que el seu ADN està present en totes les corrupteles, apareix nítidament en diferents passatges de la pista dels diners, que diria William Mark Felt, que va ser número dos de l’FBI i gola profunda en el Watergate. En el cas Naseiro, en el marujazo (la compra d’una trànsfuga socialista per a guanyar l’alcaldia de Benidorm el 1991), després el cas Sanz, a Terra Mítica, en l’escàndol IVEX-Julio Iglesias, en el cas Lezo… Totes les causes són el cas Zaplana i cap va ser batejat amb el seu nom.

En qualsevol altre assumpte, aquestes deliberacions prèvies serien un aperitiu insuls. En aquest cas, amb l’artilleria centrada en el com i no en el qui, la discussió sobre la part contractant de la primera part esdevé crucial. Recorden que el cas Naseiro, on ja triomfava l’incorruptible Zaplana, va ser fulminat pel Suprem el juny de 1992 en anul·lar les gravacions.

Quan es pretén afonar un vaixell carregat de proves i confessions que situen l’expresident al capdavant de la banda; quan es pretén evitar 19 anys de presó i més de 40 milions de multa per pertinença a organització criminal, blanqueig, suborn, falsedat en document mercantil i prevaricació administrativa, no sembla convenient reparar en mitjans de defensa. Els diners i el joc brut encobert també estan en l’ADN zaplanista. Amb pólvora mediàtica, cobrant factures endarrerides o perseguint ombres en el Riu de la Plata.

*Francesc Arabí és periodista i autor de Ciudadano Zaplana i Los tentáculos del truhan.

Eduardo Zaplana Hernández-Soro regresa al banquillo de los acusados para que la sección cuarta de la Audiencia de València dirima si el ex presidente tomó un atajo a la hora de cumplir el programa político que le confesó por teléfono a su amigo Voro Palop, en febrero de 1990. “Tengo que hacerme rico porque estoy arruinado. Necesito mucho dinero”. En este “juicio final” se ha de resolver si el coleccionista de escándalos lideraba una “organización criminal”, una banda de quince testaferros y amigos, para engordar sus economías domésticas con el cobro de mordidas en dos contratos adjudicados por la Generalitat Valenciana: el de la privatización de las ITV y el del Plan Eólico. Una mina de 20,6 millones de euros en comisiones ilegales.

Dos contratos que, curiosamente, no forman parte de las mejores estampitas de San Pancracio, el CEO santoral de la abundancia, de aquellos años. Son las dos concesiones cuyos planes de amaño y pago de peajes se esbozaban en las seis hojas que el ciudadano sirio Imad Al Naddaf Yalouk halló, según consta en el sumario, en el piso que fue de Zaplana y que fueron entregadas en 2012 a su amigo Marcos Benavent, el conocido como “Yonqui del dinero”.

Ante la imposibilidad de negar las “abrumadoras evidencias”, indicios y pruebas acumuladas contra el ex presidente en la investigación (una colección de ellas está contenida en un informe de 450 páginas de la UCO) el ex ministro ha optado por la estrategia de intentar tumbar la instrucción a partir de anular esos documentos e impugnar el arranque de la investigación aduciendo que el registro judicial en el que se hallaron los papeles de esta hoja de ruta y las primeras pesquisas de la UCO son ilegales al haberse producido, sostienen, en el marco de otra causa judicial. La defensa del ex presidente (que es letrada, política y mediática) ha intentado en balde dinamitar el caso. La sección quinta de la Audiencia Provincial tumbó todos los recursos.

Una melé procesalista

En las llamadas cuestiones previas que se dirimen desde este jueves en el juicio que se retoma, Zaplana y su letrado, Daniel Campos, volverán a la carga por este flanco, en el marco del intento de melé zaplanista procesalista para tumbar la causa. Apelarán a la llamada “doctrina del fruto del árbol envenenado”, muy arraigada en Estados Unidos y que se sustenta en la máxima de que cualquier prueba obtenida al margen del control de la legalidad se convierte en ilegítima y provoca la nulidad de la causa penal. A Zaplana no le queda otra que agitar montajes y teorías de la conspiración, con cameos del CNI, para cargarse el caso al grito de “las pruebas están viciadas”.

En el libro Los tentáculos del truhan, en el que se alerta de todas las embestidas que iba a desencadenar el acorralado Zaplana, se explica cómo la sentencia del Supremo 116/2017 de 23 de febrero limita la aplicación de esa doctrina en España a la actuación de agentes públicos. Un fallo dictado a raíz del caso Falciani. Ni Marcos Benavent, ni el ciudadano sirio que en 2012 le entregó los documentos, son funcionarios públicos, por lo que el recompensado esfuerzo del Yonqui del dinero confesando haber sido un caballo de Troya infiltrado en los oligarcas del régimen cleptómano (desde Rus hasta Zaplana) seguiría teniendo nulos efectos incluso si convenciera de la conspiración a una sección cuarta en la que habita algún creyente zaplanista.

El montaje sobre el supuesto montaje antizaplanista urdido por espías y socialistas, se proyectará desde hoy en las pantallas de este macrojuicio en el que el ex comisario José Manuel Villarejo tendrá sus minutos de gloria (en abril), tras ser citado como testigo por la defensa de Zaplana para que explique todos los detalles de la conspiración. El tribunal ha aceptado esa comparecencia.

Que la causa viaje a Madrid

En estas cuestiones previas la defensa también intentará, por enésima vez, que la causa se juzgue en la Audiencia Nacional, un ecosistema que el ex presidente considera más acogedor, pese a que no ha tenido precisamente mala suerte con el tribunal valenciano que le ha tocado. Argumenta el principal acusado, el arquitecto de aquel régimen edificado sobre una Comunitat Valenciana convertida en un casino, que la causa debería trasladarse a aquella instancia judicial dado que se investigan delitos supuestamente cometidos en el extranjero. Es cierto que, según la investigación, se montó una trama de 23 sociedades en 14 países para intentar esconder los activos. Pero el dinero moreno no es de donde duerme, sino de donde nace y pace. Y las adjudicaciones de los molinos de viento y las estaciones de ITV se concedieron en València.

El dinero bronceado supuestamente viajó por Andorra, Panamá, Luxemburgo o Suiza, pero regresó blanco para instalarse en pisos en los castizos barrios de Chamberí y Salamanca, o en las faldas del Puig Campana, que no está en los Alpes suizos. De hecho, hay una segunda hoja de ruta, hallada en el piso de Zaplana en la calle de Pascual y Genís de València, en la que se perfila el viaje de vuelta, la repatriación de los fondos.

La estrategia procesalista tiene tintes circenses. Hasta el punto de que Zaplana pidió una pericial para demostrar que en las hojas entregadas por el ciudadano sirio a Benavent no hay restos de ADN zaplanista. Y efectivamente, en esos documentos, confeccionados según la UCO en torno a 2001, no se hallaron huellas ni restos biológicos de Zaplana. En la Sábana Santa de Turín, tampoco.

Aquí no hay minutos basura

El problema para el ex presidente es que su ADN está presente en todas las corruptelas, aparece nítidamente en distintos pasajes de la pista del dinero, que diría William Mark Felt, que fue número dos del FBI y garganta profunda en el Watergate. En el Caso Naseiro, en el marujazo (la compra de una tránsfuga socialista para ganar la alcaldía de Benidorm en 1991), después el caso Sanz, en Terra Mítica, en el escándalo IVEX-Julio Iglesias, en el caso Lezo… Todas las causas son el caso Zaplana y ninguno fue bautizado con su nombre.

En cualquier otro asunto, estas deliberaciones previas serían una aperitivo insulso. En este caso, con la artillería centrada en el cómo y no en el qué, la discusión sobre la parte contratante de la primera parte deviene crucial. Recuerden que el Caso Naseiro, donde ya triunfaba el incorruptible Zaplana, fue fulminado por el Supremo en junio de 1992 al anular las grabaciones.

Cuando se pretende hundir un barco cargado de pruebas y confesiones que sitúan al ex presidente al frente de la banda; cuando se pretende evitar 19 años de cárcel y más de 40 millones de multa por pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa, no parece conveniente reparar en medios de defensa. El dinero y el juego sucio encubierto también están en el ADN zaplanista. Con pólvora mediática, cobrando facturas atrasadas o persiguiendo sombras en el Río de la Plata.

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han denunciado que el Gobierno de Cantabria está cometiendo “irregularidades urbanísticas y medioambientales” en la tramitación de la autorización para la construcción de polígonos eólicos, siendo el del Escudo el caso “más sangrante”.

Así lo han trasladado este lunes en nota de prensa los colectivos vecinales, que han asegurado que el Ejecutivo autonómico está otorgando autorizaciones ambientales y administrativas de construcción a seis proyectos de generación de energía eólica en la comunidad autónoma “de forma ilícita”.

Según han aseverado, se está incurriendo en “irregularidades” de forma “continua”, en relación a la autorización ambiental de los polígonos eólicos, ubicados en espacios “especialmente sensibles y protegidos”.

Además, han advertido de un “posible delito contra los recursos naturales y el medioambiente, al haberse producido daños por la realización de sondeos en zonas de turberas especialmente protegidas, vulnerado la legalidad”.

En concreto, se refieren a seis polígonos eólicos ubicados en los municipios de Molledo, Luena, Campoo de Yuso, Aguayo, Las Rozas de Valdearroyo, Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Río, Campoo de Enmedio y Valdeolea; conocidos como El Escudo, Bustatur, Cuesta Mayor, Campo Alto-La Costana, Somaloma-Las Quemadas y Alsa.

Así, han censurado el “caso flagrante” de los sondeos autorizados para el Polígono Eólico de El Escudo, denunciado por varios colectivos por “múltiples irregularidades” e “incumplimiento” de la normativa regional, española y europea.

Además, han señalado que los proyectos autorizados en Cantabria tienen una evaluación de impacto ambiental “deficiente” y no incluyen en sus estudios “centenares de manantiales que hay en las zonas afectadas de posible ocupación industrial, algo completamente irregular”.

En este punto, se han referido al caso de la Sierra del Escudo y de la zona de Campoo de Yuso, de Aguayo y Molledo; además de los cordales afectados en la zona Sur del Pantano del Ebro, donde existen turberas que contribuyen a la captación de CO2 y al mantenimiento y desarrollo de los arroyos y manantiales de la zona.

Asimismo, han puesto de manifiesto que en Cantabria no existe un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que regule la utilización del suelo para implantar grandes polígonos industriales eólicos.

“Esta falta de dialogo y de política energética provoca indefensión jurídica e inseguridad a los habitantes de Cantabria”, han valorado.

Para el colectivo, los proyectos de polígonos industriales eólicos generan una “caótica” sobresaturación y acumulación de proyectos en el territorio, con las “graves afecciones” ambientales, socioeconómicas y de ocupación territorial que, a su juicio, no crea empleo ni fija población.

De esta forma, los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio piden un debate “serio” y una transición de los combustibles fósiles a la energía renovable que sea “justa”.

Antecedentes

Hace 3 años, en 2021, dieciséis colectivos vecinales, ecologistas y de protección del patrimonio ya se unieron contra la declaración del Ministerio para la Transición Ecológica para el proyecto del parque eólico El Escudo. Desde entonces, múltiples colectivos se han sumado a las protestas, las cuales se intensificaron a finales del 2023, cuando varias entidades, como la del colegio de Arquitectos, así como Ingenieros de Caminos, Ingenieros Agrónomos y Geógrafos votaron en contra del desarrollo del parque eólico El Escudo, tildando la propuesta de “opaca” y en las “deficiente en la tramitación”.

Cantabristas ha criticado las nuevas autorizaciones del Gobierno autonómico (PP) para los polígonos eólicos de Campo Alto y La Costana y ha acusado a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, de “regalar nuestra tierra a multinacionales y empresas afines”.

Para el partido, el Ejecutivo ha estado “mintiendo descaradamente” porque, en su opinión, “no les importa lo más mínimo la transición ecológica. Son depredadores que quieren esquilmar nuestro entorno natural para regalárselo a sus amigos para que se llenen los bolsillos”.

La formación ha remarcado en un comunicado que “el debate no es sobre la energía eólica, es sobre si debemos entregar lo mejor que tiene Cantabria, sus entornos naturales, a las multinacionales y a los amigos del Gobierno de Buruaga”.

Al hilo, ha denunciado que el Gobierno regional “no ha dudado en pasar por encima de la voluntad de los vecinos de los pueblos donde va a realizarse el despliegue eólico y del criterio de los colegios profesionales, técnicos y científicos”, una vez que, tras la autorización a finales del año pasado de los polígonos eólicos de El Escudo, Somaloma-Las Quemadas, Alsa y Cuesta Mayor, desde que comenzó 2024 se han autorizado también los de Campo Alto y La Costana.

Para Cantabristas, esto es “un regalo del PP a sus amigos de las multinacionales energéticas, a los que no les importa destrozar el mayor valor de nuestra tierra, sus entornos naturales, para enriquecerse hasta la saciedad”.

El partido ha matizado que su rechazo no es hacia la energía eólica en sí, sino a “cómo está siendo su implementación”, pues entiende que el primer paso debería ser “inexcusablemente” elaborar un Plan de Ordenación del Territorio que precisara qué zonas pueden ser susceptibles de albergar eólicos en base a criterios sociales, económicos y medioambientales.

“Lo que estamos viendo es que las multinacionales, como si esto fuera el salvaje oeste, se han lanzado a nuestros montes a decidir qué zonas prefieren sacrificar para maximizar aún más sus beneficios privados, con el beneplácito de los principales políticos -PP, PRC y PSOE-”, sostienen desde Cantabristas.

El parque eólico de El Escudo se está desarrollando administrativamente en Cantabria como si se tratara de un “caseto de aperos”. Además, y mientras está próxima la construcción del polígono, el Gobierno de Cantabria ha frenado la construcción de naves ganaderas por el “impacto paisajístico” que puedan ocasionar, en contraposición con las decisiones que ha tomado a nivel urbanístico el Ejecutivo autonómico que actualmente dirige María José Sáenz de Buruaga (PP) sobre el desarrollo eólico en la comunidad, que concretamente en este polígono prevé la ejecución de 20 kilómetros de pistas, 25 aerogeneradores de 150 metros de altura y sus respectivas instalaciones complementarias. 

Con estas y otras argumentaciones, cuatro organizaciones profesionales y la Federación de Municipios de Cantabria se han opuesto a la tramitación, en algunos casos, a través de votos particulares, aunque el expediente sigue su curso. Los colegios de Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Ingenieros Agrónomos y Geógrafos votaron en contra del desarrollo del parque eólico El Escudo durante la Ponencia Técnica de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), órgano clave en la validación de los desarrollos en suelo rústico.

Dicha oposición se ha basado en la “opacidad” y en las “deficiencias en la tramitación” con la que se ha desarrollado el expediente, un malestar al que se ha sumado la Federación de Municipios de Cantabria, según ha informado el grupo de colectivos vecinales contrario al desarrollo de este plan y como se refleja en el borrador del acta de la reunión de la CROTU consultada por elDiario.es.

Los colectivos vecinales afectados por la construcción del polígono eólico El Escudo llevan tiempo denunciando “las irregularidades de la tramitación de este megaproyecto energético, pero ahora se conoce que los votos en contra de los colegios profesionales en la Ponencia Técnica de la CROTU, así como sus explicaciones, suponen una dura crítica profesional a este proceso”, señalan. Una vez que la CROTU ha ratificado el proyecto, son los ayuntamientos los que deberán dar las licencias de construcción que les presente la promotora, y una vez que se concedan, empezarán las obras.

Mayoría de cargos públicos

El pasado día 30 de octubre se reunió la Ponencia Técnica de la CROTU en relación con el expediente de autorización para la instalación del polígono Eólico El Escudo en suelo rústico no urbanizable que afecta a los municipios de San Miguel de Aguayo, Campo de Yuso, Luena y Molledo. El parque está promovido por Iberdrola, el Banco Santander y Biocantaber. Según se desprende del borrador del acta de la sesión de la Ponencia Técnica de la CROTU de esa jornada, la autorización fue aprobada con 10 votos a favor, seis votos en contra y dos abstenciones. 

No obstante, de los votos favorables, la mayoría corresponden a cargos gubernamentales. De entre los votos en contra cabe destacar los cuatro de los colegios profesionales de Arquitectos; de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; de Ingenieros Agrónomos; y de Geógrafos. Varios de ellos emitieron votos particulares para aclarar la motivación de su voto en contra de dicha autorización.

Además, el representante de la Federación de Municipios de Cantabria pidió que constara en acta que la tramitación de la autorización de la solicitud de la instalación del Polígono Eólico El Escudo “no es la correcta”, según la Ley de Cantabria 3/2012, de Ordenación del Territorio, que dice que “la utilización de un procedimiento previsto, para la autorización de casetos de aperos de labranza, para la aprobación de un parque eólico se demuestra erróneo, aspecto que no queda justificado en el expediente analizado”, han asegurado los colectivos vecinales.

Los colegios de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos manifestaron su voto en contra por entender que “la implantación de este tipo de instalaciones de energía renovable deben ser objeto de planificación, dado que deben satisfacer una demanda y ofrecer las suficientes garantías de estabilidad del sistema, siendo además coherentes con la planificación territorial y urbanística” y considerar que “no es admisible que la improvisación vinculada a la decisión de un operador prevalezca sobre la necesaria ordenación sectorial de la energía, la ordenación territorial y la evaluación ambiental estratégica”.

Votos particulares

El voto particular del Colegio de Geógrafos expone varias carencias de la autorización del expediente del polígono eólico El Escudo. En primer lugar, denuncia que “la autorización de esta gran instalación productiva, de 25 aerogeneradores, líneas de evacuación, dos subestaciones y carreteras de acceso, que ocupa una amplia extensión de terreno, afecta a varios municipios y que, para dotarla de accesos e infraestructuras para la transformación y evacuación de la producción eléctrica, conlleva una gran urbanización”.

Este Colegio reitera que esta tramitación del expediente de autorización de un polígono eólico mediante el Artículo 116 de la Ley 2/2001 “carece del mínimo respaldo urbanístico”. Concluye, además, denunciando la “opacidad” del expediente de tramitación de la autorización del polígono eólico El Escudo por “las carencias con que se resuelven los informes de la Dirección General de Urbanismo y la falta de consideración hacia al proceso de participación”.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros Agrónomos ha señalado el doble rasero que tiene la CROTU al admitir expedientes como el del polígono eólico El Escudo, que se implanta en suelos protegidos con la oposición de ayuntamientos y de vecinos afectados, mientras que deniega la autorización para naves ganaderas basándose en el impacto paisajístico, “mostrando una falta de sensibilidad, conocimiento y reconocimiento hacia el sector primario que no parece tener límite”.

Continúa explicando que “tratándose de terrenos de naturaleza rústica, históricamente vinculados al pastoreo y a un uso forestal, incomprensiblemente se ha realizado una concesión por parte de la entidad gestora para un aprovechamiento diferente de lo que sería el propio, sin atender a la afección hacia el sector primario, que se verá gravemente afectado en zonas de clara y manifiesta pobreza y promoviendo una desigualdad territorial”.

“Recientemente, la CROTU ha denegado autorización para la construcción de una nave ganadera en Viaña de Cabuérniga por no adaptarse al terreno. Es decir, esta actividad tradicional y perfectamente adaptada al entorno (y al terreno) y propia de ese lugar no se autoriza, y esta, que no tiene nada que ver con el entorno, en aras a una declaración de interés social, sí puede ser, pese a que de ninguna manera se adapta al entorno ni es aceptada por las personas que viven allí, que ven afectados su patrimonio, su vida, y en algunos casos, su salud, sin que nadie lo tenga en cuenta”, defiende la organización colegial.

Asimismo, denuncia deficiencias en el proceso de evaluación de impacto ambiental “con graves lagunas en la participación ciudadana para una actuación de estas dimensiones y trascendencia social y medioambiental”. Además, señala que este polígono eólico se ubica en zonas de alto valor paisajístico, claves en las migraciones y conexiones interterritoriales, con colindancia directa con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la Zona Especial de Conservación (ZEC), y denuncia que “la ejecución de este proyecto producirá una degradación del paisaje y una transformación absoluta del entorno sin una compensación clara y real para los habitantes”.

Finalmente, denuncia que la apuesta por la sostenibilidad “se ha traducido en la práctica en la creación de un gran negocio en torno a las energías renovables y ninguna intención de cambio en nuestra forma de relacionarnos con el planeta”, enmarcando así su voto en una reflexión de mayor calado.

Los votos particulares de estos colegios profesionales señalan las supuestas irregularidades ambientales y urbanísticas del polígono eólico El Escudo, cuyos sondeos geotécnicos comenzaron el 15 de noviembre. No obstante, la autorización de sondeos se encuentra demandada por la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica ante el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, y ha sido denunciada por la asociación Territorio Cántabro ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, varias direcciones generales del Ministerio, la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) llevará este martes al Consejo de Ministros el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), un documento clave que delimita las zonas del litoral de la Península susceptibles de ser explotadas para producir energía eólica marina y que supone, por primera vez, la construcción de límites en el mar, entendido hasta la fecha como un espacio abierto. El mapa al que el Gobierno pretende dar luz verde ha confrontado, durante los años que ha costado elaborarlo, a sector pesquero, empresas energéticas, sociedades científicas y organizaciones ecologistas. Los caladeros de pesca, los márgenes empresariales para la producción de energía, los intereses militares o la conservación de la diversidad biológica han sido los ejes de ese debate.

elDiario.es ha tenido acceso a la parte del documento que ordena los parques de viento que se instalarán sobre las aguas de uno de los enclaves más discutidos en todo el proceso: la demarcación marina noratlántica. Es decir, toda la superficie marítima que abarca desde la frontera de Galicia con Portugal en el río Miño hasta Euskadi. Al sur de esa zona, Portugal ya hace tiempo que ha iniciado un proceso similar y, según los expertos, más ambicioso que el que propone España en su primera fase.

En el primer borrador que hizo público Transición Ecológica, sobre las aguas de la zona noroeste había proyectados ochos espacios destinados a la explotación eólica en el agua. Según el documento que llegará este martes a los despachos de Moncloa y al que ha tenido acceso en exclusiva este diario, la decisión final del Ministerio será mantener los ocho espacios previstos desde el comienzo, pero con algunas modificaciones que reducen su espacio. Además de esta zona, el departamento de Ribera expondrá a sus compañeros de Gobierno sus planes para otras cuatro ubicaciones: Sudatlántica, Estrecho y Alborán, Levantino-Balear y Canaria.

Durante la elaboración del POEM, el ministerio de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, intentó buscar un proceso participativo en el cual se involucrase a todos los agentes interesados y usuarios del espacio marino. Pretendían así garantizar que las medidas de gestión y conservación fuesen lo más “efectivas y consensuadas posible”. Pero el camino para llegar hasta aquí ha sido convulso. Desde la primera proyección de los polígonos eólicos —así se les llama a estas parcelas marítimas— en el borrador del POEM, el sector pesquero del norte del Estado ha denunciado agravios para las capturas de sus flotas. De hecho, todas las cofradías de pescadores desde Galicia hasta Euskadi se han unido en una plataforma para crear un frente común con el que defender sus intereses. Una asociación transversal sin precedentes en la historia reciente que cuenta con el amparo de sociedades científicas y grupos ecologistas. Los pescadores luchan para proteger un sector que en algunas comarcas gallegas representa hasta el 30% del producto interior bruto y científicos y ecologistas reclaman la preservación de espacios fundamentales para la biodiversidad. Desde entonces, el Ministerio para la Transición Ecológica ha tratado de catalizar todas estas demandas en una única propuesta que, finalmente, no elimina ninguno de los ocho polígonos previstos en esta zona de especial sensibilidad, pero que reduce en superficie alguno de ellos.

Este martes, el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo buscará el beneplácito del Consejo de Ministros abriendo la puerta al desarrollo de la energía eólica marina en España. El paso previo a definir el marco legal y los criterios de las subastas públicas que se lanzarán posteriormente. Desde el ministerio de Ribera han insistido en varias ocasiones que el lanzamiento de las subastas está previsto para el primer semestre de este año. A finales de 2021, el Gobierno aprobó la Hoja de Ruta de la Energía Eólica Marina y de otras Energías del Mar que prevé producir hasta 3 gigavatios (GW) en 2030. Casi la misma potencia que, en total, ya está instalada en los montes gallegos.

Estos planes de ordenación han seleccionado lugares en los que, a ojos de la Administración, se considera que la producción de electricidad no entra en conflicto con zonas protegidas y otros usos prioritarios como la pesca, el tráfico marítimo, la seguridad aeroespacial, el patrimonio cultural, la acuicultura, la extracción de áridos, la investigación o la defensa geoestratégica del Estado. El documento al que ha tenido acceso elDiario.es augura una segunda parte del conflicto entre los agentes interesados, los usuarios del espacio marino y Transición Ecológica. Principalmente, por los caladeros afectados del mar Cantábrico y el océano Atlántico y las zonas de uso prioritario para la conservación de la biodiversidad. Entre ellos, destaca el solapamiento del polígono NOR-8 con la zona protegida del cañón de Avilés, frente a la costa occidental de Asturias. Este último POEM reduce a más de la mitad su tamaño respecto a la primera propuesta, pero lo mantiene como viable en plena reserva. Estos cañones submarinos juegan un importante papel como sistemas de alta producción biológica. Actúan como mecanismos de transporte de sedimentos y materia orgánica desde la plataforma continental hasta las áreas profundas de la cuenca abisal del Golfo de Vizcaya. Es por eso que ha sido uno de los leitmotiv de las quejas de las organizaciones civiles asturianas que, de hecho, creían haber conseguido su eliminación.

Otro de los polígonos eólicos que ha reducido significativamente su tamaño es el NOR-1, situado a unos 22 kilómetros de la desembocadura del río Miño y el más cercano al Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas. Esta lámina de agua fue ampliamente discutida por la Federación Galega de Confrarías por su afección a zonas de pesca con enmalle, arrastre y palangre al suroeste de las Illas Cíes. A la espera de conocer la superficie final, según los datos que ha podido comprobar esta redacción, la mayor parte de estas artes no se verían finalmente comprometidas y se reducirían a algo más de la mitad de los 593,69 km2 proyectados inicialmente.

El que menos parece haberse reducido es el NOR-2, ubicado al norte de la ciudad de Ferrol y cuya superficie inicial estaba estimada en 2361,89 km2. Según los datos del propio MITECO, esa zona es una de las que más viento registra de todo el Estado y, por lo tanto, uno de los puntos clave de migración para las aves europeas. Excepto el NOR-4, ubicado frente a Estaca de Bares (Mañón, A Coruña), el resto de polígonos han reducido también su tamaño. La nueva cartografía encaja, grosso modo, con los datos y mapas que maneja el MITECO para salvar el esfuerzo pesquero de las flotas de arrastre, cerco, enmalle y palangre, aunque han quedado fuera gran parte de la pesca artesanal.

Los pasos de los próximos meses

Después de la publicación de estos planes de ordenación, se adjudicará una concesión para utilizar esas superficies marítimas validadas por el MITECO, un derecho de conexión a la red y un régimen económico por un plazo de tiempo todavía indeterminado, pero, en principio, más extenso que el de las subastas en tierra. Esto se debe a que se trata de la primera convocatoria de este tipo y las empresas necesitarían incentivos para hacer esta tecnología viable. Una vez adjudicado el concurso, los ganadores deberán depositar unos avales, comprometerse a evacuar la energía en un plazo determinado y superar el trámite ambiental y las autorizaciones administrativas correspondientes. Será en ese momento cuando cualquier ciudadano o ciudadana pueda presentar sus alegaciones para tratar de enmendarlos.

El director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Joan Groizard, ha repetido en varias ocasiones que los criterios de concesión en subasta no serán exclusivamente económicos y que se buscará una simbiosis entre entorno social y medioambiental. Algo que el sector pesquero y sociedades científicas como SEO Birdlife han puesto en duda.

La fachada noroeste de la Península cuenta con 2.560 kilómetros de litoral, donde trabajan por lo menos 4.584 barcos pesqueros. Además, es zona de paso clave para decenas de miles de aves migratorias. En el Ministerio para la Transición Ecológica defendieron la semana pasada que con la proyección de parques eólicos en el espacio marítimo “se garantiza la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables, incluidos los protegidos por normativa autonómica, nacional o supranacional”. Con todo, aguardarán hasta el martes para hacer valoraciones sobre el mapa que se presente públicamente tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), el paso previo al desarrollo de la energía eólica marina en España.

Esos planes, que el sector lleva meses esperando, recogerán qué zonas del litoral español podrán ubicar los parques, como paso previo a definir el marco legal y los criterios de las subastas públicas que se lanzarán posteriormente. Se van a publicar en un momento de creciente sensibilidad contra los grandes parques de renovables en algunas regiones. Ribera ha recordado que España es el país con más kilómetros de costa de la UE y es relevante “saber qué es compatible” con cada actividad, de la energía a la pesca, cuyas cofradías se están organizando contra los macroproyectos eólicos marinos.

Durante su intervención en Nueva Economía Fórum, Ribera ha relacionado la aprobación de ese Real Decreto con la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). “Queremos tener un debate público al respecto a principios del mes de abril y un documento elaborado en el primer semestre del año”. Ha recordado que ya hay declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables para proyecto de renovables que superan los objetivos del actual PNIEC para 2030. Sobre el futuro de las nucleares, ha insistido en que sería “irresponsable” tirar “a la papelera” el acuerdo de 2019 con las eléctricas para un cierre progresivo desde 2027.

Preguntada por las trabas de Francia a la interconexión eléctrica con el Golfo de Vizcaya y su pretensión de que el futuro hidroducto Barcelona-Marsella pueda transportar hidrógeno de origen nuclear y sea bidireccional, Ribera se ha abierto a que el H2Med con Francia “vaya en un sentido o en otro”. Los transportistas de ambos países “están trabajando bien” para definir “las condiciones y cómo se debe estar preparado para que vaya en un sentido o en otro. Sobre esto no espero que haya ningún tipo de dificultad”.

“Otra cosa es que a nuestro juicio debe siempre preservarse, como si fuera un carnet de identidad, las características de la procedencia del hidrógeno”. “No porque no vayamos a utilizar hidrógeno que no sea renovable”, sino porque no son lo mismo, ha insistido, en relación con las discrepancias con Francia sobre la regulación del hidrógeno a nivel europeo: “No es lo mismo ser bajo en carbono que ser energías renovables”.

Respecto a la interconexión eléctrica con Francia, “obviamente” debe “ser reforzada”, toda vez que el tramo submarino a través del Golfo de Vizcaya “ha superado todas las dificultades de diseño técnico” que se ponían en el lado francés.

De cara a la reforma del mercado eléctrico cuya propuesta desvelará en marzo la Comisión Europea, Ribera ha hecho hincapié en el diferencial de precios en la energía respecto a Estados Unidos, que ha atribuido al gas (abundante allí), y al precio de la electricidad, que “no debe depender de la volatilidad del precio del gas”. “Los ciudadanos se deben beneficiar cuanto antes” del descenso de precios de las renovables.

“Hay muchos más puntos en común respecto a los objetivos” con el resto de ministros de energía que “tensiones”. Y es “mejor” que esté culminada antes de las elecciones europeas de mayo de 2024, tras un debate “serio” e “intenso”.

Ribera ha hecho balance de este primer año de guerra en Ucrania, un ejercicio “extraordinariamente intenso, volátil, complicado”, pero también “gratificante” por la respuesta “unida” de Europa con las medidas ante la onda expansiva de la agresión rusa.

La vicepresidenta ha sido presentada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha alabado la “trayectoria impecable en el servicio público” de la vicepresidenta y su “liderazgo indiscutible” en la transición energética, que supone “una nueva constitución económica para nuestro país, para Europa y ojalá para el mundo” a la que España llega “más que a tiempo”. Ribera, según Zapatero, “se ha convertido en líder entre los ministros de energía del mundo” con sus propuestas frente a la crisis energética.

Habría que remontarse a la catástrofe del Prestige para encontrar una alianza como esta en la historia reciente. Y ni siquiera en aquel momento llegó tan lejos. La componen todas las federaciones de cofradías de pescadores que faenan en el mar Cantábrico. Desde la costa pontevedresa de las Rías Baixas hasta la frontera de Guipúzcoa con Iparralde. Son 2.560 kilómetros de litoral donde trabajan por lo menos 4.584 barcos pesqueros. Un ejército de marineros y marineras que se han puesto de acuerdo para enfrentar una amenaza común: nueve polígonos eólicos proyectados frente a las costas de Galicia. Alrededor de 285 aerogeneradores de más de 230 metros de alto. Algunos a doce kilómetros de la línea de costa. La iniciativa la está supervisando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que será quien diga si las propuestas de explotación eólica de las empresas energéticas son medioambientalmente viables. De seguir adelante, estos serían los primeros aerogeneradores de la historia que podrían amerizar en aguas españolas. Una propuesta enmarcada en la hoja de ruta de la descarbonización, pero que ha hecho saltar las alarmas en todas las ciudades y villas pesqueras del mar del norte de la Península.

“La afección a los caladeros de pesca de todo el litoral puede ser fatal si no se escucha con la misma atención a los pescadores que a las empresas del oligopolio energético”, reclama Torcuato Teixeira, asesor jurídico de cabecera en la Federación Nacional de Cofradías de Pesca, el organismo civil que aúna y representa a todas las cofradías del Estado español. “Vemos un afán y casi una pulsión por llenar la costa gallega de polígonos industriales de eólicas marinas independientemente de la repercusión que pueda tener en el ecosistema y en los recursos pesqueros”, ahonda Teixeira. El sector de la pesca, explica, no se opone a la implantación de energías renovables, pero piden que “no se sacrifiquen” los más de 200 caladeros que suman Galicia y Asturias. No es un asunto menor. Según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística, hay comarcas gallegas, como O Barbanza, donde el sector supone el 26% del PIB comarcal. En el municipio de Ribeira el producto interior bruto depende del mar en un 32,2%.

Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico defienden que con la proyección de parques eólicos en el espacio marítimo “se garantiza la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables, incluidos los protegidos por normativa autonómica, nacional o supranacional”. Desde el departamento de la ministra Teresa Ribera argumentan que para delimitar las zonas con alto potencial para el desarrollo de la eólica marina “se han tenido en cuenta variables como la no afección a la biodiversidad marina ni a otros usos de interés general”. Por tanto, añaden, “la proyección de este tipo de parques no compromete la producción de alimentos”. Pero en el sector pesquero parece haber una voz unánime que está en desacuerdo.

El pasado diciembre, el Gobierno formuló la declaración ambiental estratégica de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). El plan a través del cual se han seleccionado lugares en los que, a ojos del Ministerio, se considera que la producción de electricidad no interfiere con zonas protegidas y otros usos prioritarios como pesca, tráfico marítimo, seguridad aeroespacial o defensa. En aquel momento, tanto desde la Federación Nacional de Cofradías de Pesca como desde la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños fueron duros con los procesos ministeriales. Pero todavía queda la evaluación individual de cada uno de los proyectos y una oportunidad para modificarlos. “Tras esa resolución comprobamos que la pesca sigue sin tener un reconocimiento como sector prioritario y de interés general”, lamenta Torcuato Teixeira. A juicio de los colectivos que representa, el Gobierno central “pretendía ordenar sin contar con datos de análisis del sector pesquero potencialmente afectado por el desarrollo de la eólica marina, ni con datos sobre la afectación de los ecosistemas marinos”. Y lo cierto es que fue solo tras las alegaciones del sector cuando se introdujeron en el plan rector. “Todavía no se han estudiado profundamente los impactos que estos polígonos pueden tener en los juveniles o en los procesos migratorios del bonito, la caballa y la sardina”, añade Teixeira.

Y es que la superficie que ocupan este tipo de proyectos es significativamente mayor que sus análogos en tierra firme. Entre los nueve proyectos en aguas gallegas, alguno de ellos ocupa una superficie de más de 170 kilómetros cuadrados. Es decir, una superficie similar a una veintena de campos de fútbol juntos. En ese sentido, la concentración de aerogeneradores también es mayor. En el proyecto de mayor envergadura registrado hasta el momento, el Nordés de BlueFloat Energy y Sener, se han proyectado 80 aerogeneradores a unos 30 kilómetros en línea recta desde la ciudad de Ferrol. Ese es el que está situado más lejos de la costa. Tras la puja por estos nueve parques están empresas como Iberdrola, Capital Energy, Ferrovial, Grupo Cobra, BlueFloat y Abei Energy. Seis corporaciones y ninguna con capital gallego.

El organismo que representa a pescadores y armadores de todo el noroeste peninsular presenta una dicotomía en sus reclamaciones: “El Ministerio debe elegir si va a ceder ante las presiones de empresas que solo quieren maximizar beneficios o si va a trabajar para preservar los valores de los ecosistemas marinos”. Las cofradías de pescadores dicen no estar dispuestas a ser “los paganinis de todo esto”. “Estamos juntos en la lucha contra el cambio climático, pero no estamos dispuestos a sacrificar a todo un sector sin alternativas en favor de una industria que, precisamente, no es ejemplo de respeto medioambiental”, remata Teixeira.

Fuentes conocedoras de los procesos de escucha entre sectores y Gobierno hablan de “dos almas” dentro de la cartera de Teresa Ribera que “entran en grandes contradicciones”. Una más centrada en la industria y la transición energética y otra más decantada por la protección de la pesca. De esos diálogos y negociaciones puede depender, en gran medida, el futuro inmediato del sector pesquero en el norte del Estado español y, principalmente, en Galicia.

Cuando llegó el cierre del año 2022, en las oficinas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda todavía había 77 proyectos de parques eólicos sobre los que la Xunta de Galicia no se había pronunciado. En poco más de dos semanas, tenían que decidir si a ojos de sus técnicos, eran medioambientalmente viables. La fecha límite la marcó el Gobierno español: el 25 de enero. A partir de ese día, todos los parques que no tuviesen resuelta de forma favorable su declaración de impacto ambiental perderían los permisos de acceso y conexión que concede Red Eléctrica de España (REE). El famoso enganche. Después de aquel anuncio, al Gobierno gallego le entraron las prisas y decidió contratar hasta 120 personas más para reforzar las plantillas de Medio Ambiente. De algún modo tenían que justificar que, en poco más de dos meses, consiguiesen dar luz verde a tantos parques eólicos como en los seis años anteriores juntos.

Según la conselleira del ramo, Ángeles Vázquez, para cumplir unos plazos “impuestos” se valieron de funcionarios “experimentados” que trabajaron durante fines de semana, Navidad y hasta “las 12 de la noche de cualquier día”. Eso sí, garantizó públicamente que se hizo con “el máximo rigor” y “responsabilidad patrimonial”. Algo que tanto la oposición y la práctica totalidad de las asociaciones ecologistas con presencia en Galicia ponen en duda. “Vetan la tarifa eléctrica gallega para abaratar la factura de la luz, al mismo tiempo que dan barra libre al expolio eólico para que las grandes eléctricas se sigan forrando”, denunció la líder de la oposición, Ana Pontón, en el Parlamento gallego. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, definió la política eólica de la Xunta como “ejemplo paradigmático de su déficit de gestión” e indicó que es “pintoresco y preocupante” que se “fuerce el límite de plazos” para sacar adelante estas declaraciones de impacto ambiental.

Esos plazos fueron tan ajustados que en tan solo 23 días dieron luz verde a 26 parques eólicos. De los 140 presentados desde el anuncio del Gobierno del Estado consiguieron resolver 120, con un total de 77 que, salvo orden judicial, en seis meses tendrán el permiso de construcción. A todos estos proyectos hay que sumar los siete aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica, responsable de dar viabilidad a aquellos parques con potencias superiores a los 50MW y que fueron declarados excepcionales por la Administración autonómica. Cinco vinculados a la fábrica de aluminio de Alcoa y dos de Showa Denko, en el marco del contrato de compraventa de energía que tiene firmada con Greenalia, cuya dirección ostenta Beatriz Mato, una de las conselleiras de Medio Ambiente durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo.

Entre los proyectos aprobados por la Xunta y los del Ministerio para la Transición Ecológica, a los montes gallegos le habrán crecido 570 nuevos aerogeneradores en apenas dos años. Nada menos que 84 nuevos parques eólicos que vienen a sumarse a los 98 que ya operan a día de hoy. En Galicia, en total, hay actualmente instalados alrededor de 4.000 aerogeneradores que suman 3.879 MW. Si todos estos proyectos siguen adelante, a esa potencia habrá que sumarle 2.912 MW más.

Las asociaciones ecologistas preparan acciones legales

La documentación que estos días ha hecho pública la Administración gallega es extensa y organizaciones de la sociedad civil como la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) están tratando de desgranarla. Se trata de 77 informes con justificaciones técnicas que acreditan la viabilidad medioambiental de cada parque de forma supuestamente pormenorizada. Esto es: demuestran, en teoría, que no atentan contra el patrimonio cultural y natural, ni causan ningún tipo de perjuicio a las poblaciones cercanas. “No podemos entrar a litigar con todos, pero estamos revisando toda la documentación para ir contra los que tengan un impacto más significativo. Ya sea por su repercusión al medioambiente, al patrimonio o por su afectación a las comunidades rurales”, sostiene Belén Rodríguez, secretaria técnica de Adega.

“Nosotros no nos cansaremos de repetir que no estamos en contra del desarrollo de la energía eólica, faltaría más, pero sí de esta forma en la que se ha hecho. Totalmente desordenada, caótica y sin planificación previa”, destaca Rodríguez. “Es intolerable que pongan por encima los intereses de las promotoras eólicas antes que la defensa patrimonial y los intereses de los vecinos”, recalca. Desde la organización en nombre de la que habla, ya han conseguido paralizar cautelarmente en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hasta tres parques eólicos en los últimos tiempos. Las principales estrategias han sido indagar en las especies vulnerables, los espacios protegidos y, curiosamente, los acortamientos de plazos unilaterales de exposición pública. “Es un expolio absoluto sin ningún sentido. Las declaraciones de impacto ambiental no tienen coherencia. Donde se tira un parque abajo por una causa, es tolerable en otra”, denuncia. “Resulta obsceno que la Xunta se alinee con los intereses particulares de determinadas empresas en lugar de defender los bienes públicos, y tengamos que ser las entidades ecologistas y sociales las que en la práctica asumamos esa función”, rematan desde Adega.

Tras los amaños y cobros de comisiones investigados en la privatización de las ITV impulsada por Eduardo Zaplana, ahora la Agencia Valenciana Antifraude también señala al expresident de la Generalitat y a su equipo por el amaño del concurso del Plan Eólico.

Según el informe pericial enmarcado en la investigación del caso Erial por el que se investiga a Zaplana por el supuesto blanqueo de once millones de euros, el Plan Eólico aprobado en febrero de 2003 también estaría bajo sospecha de amaño. Pese a que la adjudicación ya se produjo con José Luis Olivas como presidente, el concurso se inició a principios de 2002 y entonces ya se seleccionaron las empresas que iban a optar. Posteriormente, en el mes de julio, Eduardo Zaplana dejó su puesto para irse de ministro con José María Aznar, pero la línea a seguir ya estaba escrita.

Este informe de Antifraude señala que la convocatoria pública para la adjudicación de  las zonas para la construcción de parques eólicos “es de dudoso encaje legal en la normativa vigente”. Los argumentos señalados son que el concurso se hizo sin un solo informe de los servicios jurídicos, y que los criterios que contenía permitieron elegir las empresas que querían que obtuvieran la adjudicción.

Para reforzar el argumento Antifraude recuerda una sentencia del TSJCV de 2019 donde cuestionaba la adjudicación al preguntarse si “impedía que otras empresas privadas solicitasen autorización a la Generalitat para generar energía eléctrica”, a la vez que advertía que “la Generalitat no estaba autorizada en el ámbito de su competencia a reservar zonas a una determinada empresa”.

Entre los aspectos a destacar como sospechosos de amaño la Agencia Antifraude apunta que la Comisión de Selección no tenía ningún técnico, y que estaba íntegramente formada por cargos políticos (dos consellers, un subsecretario y tres directores generales).

Así, otro de los aspectos resaltado es es que “relegaba a la última instancia (informe técnico) la fijación y establecimiento de los criterios de valoración, hecho gravísimo”. Es más, el informe señala que el proceso “reviste especial gravedad” al estudiar que los criterios fueron establecidos “tras conocer el contenido de las propuestas, extremo todo punto contrario a los principios generales de publicidad, concurrencia, objetividad e imparcialidad”.

Esta situación de hecho permitía a quienes debían hacer la selección de las propuestas “establecer unos criterios ad hoc para priorizar la preferencia de unos u otros proyectos”, desarmando a aquellas empresas que no habían sido preseleccionadas intencionadamente y permitía “la toma de decisiones de forma arbitraria”.

En este momento entra en juego una de las familias que surge en diversos de los casos investigados al PP y sus dirigentes por corrupción: la familia del exconseller Juan Cotino, investigada por el pago de comisiones a Zaplana. Uno de los informes muestra una corrección en la oferta de Proyectos Eólicos Valencianos -participada por la familia Cotino-, donde había una corrección de la oferta a la baja de 3.450 millones de pesetas (20,73 millones de euros).

Condiciones arbitrarias

Y para poder filtrar todavía más las oferta se establecieron una “condiciones límite” que son “derivadas del análisis de la documentación presentada por los promotores”. El documento de Antifraude señala que estas son “con posterioridad a la presentación de la documentación por los solicitantes, y sin conocimiento por ellos mismos, dado que en ningún momento se dio traslado del establecimiento de los criterios a los solicitantes”, advirtiendi que “se omitió el trámite de información pública”. Finalmente se señala que estos criterios “son de entorno y podrán ser aplicadas tanto al principio del procedimiento como al final” lo que Antifraude señala que es un “criterio arbitrario”

Por si esto fuera poco, la Conselleria se sacó de la manga unas “condiciones límite” que no eran conocidas por las empresas y que permitieron excluir determinadas ofertas en algunos lotes. La principal perjudicada fue Renomar. y la principal beneficiaria, Proyectos Eólicos Valencianos, la firma participada por los Cotino.

Entre los reproches que hace el informe al Gobierno de Zaplana es que planteó los condicionantes “únicamente para los preseleccionados (con criterios ad hoc)”, para que así se pudieran “ajustar sus solicitudes a lo que el informe sobre la propuesta de selección consideró como lo que era mejor para la administración, hecho que se les negó al resto de solicitantes”.

Como conclusión la Agencia Antifraude  señala que el concurso fue un procedimiento administrativo “absolutamente opaco, que no permitió la intervención y la defensa del resto de interesados”.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aspira a lograr en Valenciaport el equilibrio energético en 2025, 25 años del objetivo marcado por Europa para 2050. El objetivo se pretende alcanzar con un plan eólico propio que incluye la instalación de aerogeneradores -entre tres y cinco torres en una primera fase y dos más en una segunda-; la instalación de 3.000 placas fotovoltaicas y la construcción de una subestación eléctrica “encapsulada” que permita que los buques se conecten a su suministro.

Así lo han explicado este jueves el presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez; el jefe de Seguridad, Medio Ambiente e Instalaciones, Federico Torres, y el responsable de Medio Ambiente, Santiago López.

El presidente de la APV ha destacado que la energía consumida por unidad de mercancía en el Puerto de València ha caído un 11,5% desde 2000, hasta los 0,94 kWh/TM. El objetivo es ahora “anticiparse” a los objetivos que ha marcado Europa para 2050 en materia eficiencia energética, emisión de gases de efecto invernadero, reducción de huella de carbono y uso de fuentes renovables.

Martínez ha destacado que desde hace más de tres años se han realizado estudios de viabilidad a partir de los cuales se ha trazado un proyecto eólico en dos fases. Este plan está pendiente de que la Conselleria de Medio Ambiente autorice que se integre el puerto en el Plan Eólico, que ha afirmado que está “pendiente de una revisión”, ya que con el actual marco normativo solo se podría instalar un aerogenerador. “Lo tenemos hecho, falta que den los últimos estudios y lo presentaremos inmediatamente a la Conselleria de Medio Ambiente”, ha avanzado.

Previa autorización de la administración, en una primera fase, se instalarían entre tres y cinco aerogeneradores, que supondrían generar de 12 a 16 megavatios, con una producción energética anual de unos 27.000 megavatios por hora. Estas actuaciones supondrían un coste de entre 13 y 18 millones de euros (1,1 millón por megavatio instalado). Además, ha asegurado que estas infraestructuras pueden construirse con “relativa facilidad”, ya que “simplemente hay que anclarlas en los espigones ...

Aurelio Martínez ha remarcado que el consumo actual de energía eléctrica del Puerto es de 13 megavatios. Por tanto, si pudiese instalar “cuatro o cinco torres eólicas a máxima producción” conseguiría alcanzar en 2025 el equilibrio energético que Europa ha marcado como objetivo para el año 2050.

En una segunda fase, se emplazarían dos aerogeneradores más, por lo que el recinto portuario podría alcanzar los 24 megavatios y “cubrir también todas las necesidades futuras razonables previstas” bajo los objetivos de sostenibilidad europeos.

Sumarse al Plan Eólico

Federico Torres y Aurelio Martínez han explicado que cuando se diseñó la ley eólica no existía la previsión de ubicar torres eólicas en el Puerto y se “prohibía genéricamente en el litoral” el desarrollo de un determinado número de aerogeneradores. Por tanto, el recinto portuario quedó fuera del Plan Eólico y actualmente solo podría instalar una torre de hasta tres megavatios.

No obstante, han señalado que van a presentar a la administración un “plan más ambicioso” y, “como está pendiente una revisión de ese plan y las restricciones a la utilización de este tipo de energías eólicas en la franja litoral”, la APV pretende que se autorice a ampliar sus instalaciones eólicas en tres o cinco puntos. “Si no nos autorizan, no hay otra forma de cumplir las exigencias europeas”, han advertido, antes de señalar que el plan está “ya hablado con la propia Conselleria” y que, si no se autoriza la ampliación, instalarán al menos una torre.

Asimismo, se han referido a la torre eólico que el Consorcio Valencia 2007 prevé construir. En un primer momento, uno de los aerogeneradores quedaba “pegado” a esta infraestructura, pero el nuevo plan lo ubica a más distancia para evitar los efectos negativos que pueda tener la torre eólica de la APV sobre la otra. “Renunciamos a una cierta capacidad de generación en beneficio de que la ciudad pueda disfrutar de un hito arquitectónico emblemático, no tenemos ningún inconveniente, faltaría más”, han subrayado.

Subestación eléctrica

Por otro lado, para combatir el cambio climático, la APV pretende la electrificación de sus terminales y que cada vez las embarcaciones empleen más energía eléctrica y menos combustibles, una cuestión que ya se incluye en los pliegos de la ampliación norte del puerto y que se iría extendiendo a otros puntos del recinto, ha detallado Aurelio Martínez. Para ello, la APV está “peleando” la construcción de una subestación eléctrica que se licitará en el último trimestre de este año y que prevén que esté en marcha en dos años. Esta infraestructura contará con dos equipos que generen 20 megavatios y estará “encapsulada” en un edificio. Martínez ha remarcado que en todo el puerto se consumen 13 megavatios, mientras que un barco utiliza entre cinco o seis, la “mitad de la potencia del puerto la necesita un solo barco”, ha expuesto.

Por ello, para que las embarcaciones tengan la posibilidad de conectarse al suministro eléctrico, hace falta una transformación “progresiva”, toda una “reforma y transformación de las terminales” y un suministro “muy potente” que el recinto todavía no tiene.

La subestación, con un presupuesto de ocho millones de euros, será de uso voluntario, salvo en la zona de emisiones cero, la franja más próxima a la ciudad. Además, por cada megavatio se tendrá que invertir un millón de euros. Desde el punto de vista económico, para el puerto “no es rentable”, ha reconocido Aurleio Martínez, antes de subrayar que sí lo es social y ambientalmente.

Asimismo, el Puerto de València instalará este año, en su contradique de la ampliación norte, un total de 3.000 paneles solares. Además, ha recibido el premio internacional 'GREEN4SEA Port Award' 2019 en materia medioambiental por su proyecto H2Ports, una iniciativa piloto que convertirá al recinto portuario valenciano en el primero de Europa en utilizar el hidrógeno en sus terminales.

La Conselleria de Economía solicitará a la de Hacienda, de la que depende el centro logístico de la Generalitat donde se guardan expedientes como los relacionados con el caso Erial, que detalle “quién ha entrado” allí y “qué información” ha consultado en los últimos tiempos. Se sospecha que ha sido más de una persona la que ha tenido acceso a esa documentación.

Así lo ha señalado a los periodistas el conseller de Economía, Rafael Climent, después de que su departamento haya abierto expediente informativo al responsable de Recursos Humanos del Ivace, Alfonso Roselló, tras conocerse que consultó los expedientes del Plan Eólico días antes de que la UCO detuviera al expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana.

“Hay que hacer una investigación muy rigurosa y muy detallada, no única y exclusivamente de hace diez días; hay que ir un poco más atrás” y ver “durante un periodo de tiempo amplio” qué personas han entrado en ese almacén y “para qué”, ha indicado el conseller.

Climent ha indicado que, según la información de que disponen, “hay muchísimas cosas muy raras”, pues al parecer los folios del expediente del Plan Eólico estaban encima de las carpetas y no dentro de ellas, lo que les hace pensar que ese funcionario no se llevó documentación.

Ha explicado que la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) ha firmado ya la apertura del expediente informativo al jefe de personal, de cuyo desarrollo se hará cargo la Conselleria de Transparencia.

Preguntado sobre si la apertura de ese expediente implica apartar de su puesto a ese funcionario, el conseller ha indicado que no se puede “juzgar de manera negativa a nadie sin saber exactamente qué ha pasado”.

Ha añadido que Roselló es responsable de Recursos Humanos, y en estos momentos se está trabajando en un cambio de la Relación de Puestos de Trabajo del Ivace, por lo que “ha ido más veces al almacén para coger documentación” relacionada con esa RPT.

El conseller ha considerado que “hay que ser cautelosos” y trabajar “desde el rigor”, por lo que hay que esperar a disponer de toda la información para conocer si realmente “hay una implicación directa” o una “motivación clara” de este funcionario con los expedientes del caso Erial.

Climent ha considerado que debe haber un “control exhaustivo” en el acceso a los expedientes, y ha indicado que si es necesario se analizará en el Consell si hay que aumentar los controles para que “no vuelvan a pasar” hechos como este.

El legajo de documentos del Plan Eólico que forma parte de la operación policial por la que se ha detenido al expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, habría sido “extraído y revisado”, según el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. De este modo se confirmaría la manipulación de la documentación que habría hecho el jefe de servicio del IVACE, Alfonso Roselló -marido de una ex directora general del gobierno de Zaplana- el día 16 de mayo, 6 días antes del inicio de la operación Erial.

Este informe de la Guardia Civil que publica El Mundo explica que “se ha detectado un legajo de folios referentes a la zona 6 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, el cual estaba sobre una caja y que, a diferencia del resto de la documentación no estaba archivado, dando la apariencia de que había sido extraído y revisado, para luego depositarlo en la estantería”.

La información confirmaría que hubo algún tipo de espionaje o chivatazo que habría permitido a Roselló adelantarse a la operación policial y acceder a los documentos influyentes en la investigación ubicados en un archivo en Riba-roja. Así esta documentación se refiere a la adjudicación de la zona 6 del Plan Eólico que se adjudicó a la empresa de la familia Cotino, Sedesa, que tenía una participación del 25% del total de Proyectos Eólicos Valencianos. 

Cabe recordar que en el caso Erial Eduardo Zaplana está investigado por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación y prevaricación.

El responsable de Recursos Humanos del Ivace (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), Alfonso Roselló, estuvo consultando los expedientes del Plan Eólico pocos días antes de la detención en Valencia del expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). La Generalitat va a abrir un expediente informativo a Roselló para aclarar qué actuación ha podido tener con los documentos del Plan Eólico, una investigación que dirigirá la Conselleria de Transparencia.

Se da la circunstancia de que Roselló es el marido de Auxiliadora Hernández, hermana de la exconsellera de Agricultura Maritina Hernández que ocupó diversos cargos de responsabilidad con Zaplana en el Palau de la Generalitat (directora general de Relaciones Externas y directora general de Relaciones Agrarias con la Unión Europea). En 2011 también ocupó el cargo de secretaria autonómica de Educación con Alejandro Font de Mora como conseller.

Tal y como ha informado El Mundo, Roselló accedió el pasado 16 de mayo -las detenciones y los registros de la operación Erial tuvieron lugar el pasado martes 22 de mayo- al archivo que la Generalitat Valenciana tiene en la localidad de Riba-roja, donde al parecer consultó y manipuló los documentos relacionados con el Plan Eólico, unos expedientes que después investigaron los agentes de la UCO en busca de pruebas relacionadas con la investigación del caso Erial.

El PSPV pide “medidas contundentes”

Precisamente, los socialistas valencianos, por boca de su diputada autonómica Ana Barceló, habían solicitado este domingo que se investigue la actuación de Roselló -cuya visita a los archivos de la Generalitat Valenciana quedó recogida en el registro de entrada de seguridad- para esclarecer “por qué estuvo consultando y posiblemente manipulando los expedientes por los que días después fueron detenidos el expresidente Zaplana y varios miembros de la familia del exconseller Juan Cotino”. Hasta que lo sucedido quede esclarecido, el PSPV ha solicitado la suspensión cautelar del alto funcionario.

Los socialistas, “ante la gravedad de las informaciones conocidas”, han pedido una investigación exhaustiva de lo sucedido para que, “de confirmarse que pudo manipular los expedientes del caso que ya estaban en manos de la UCO”, se tomen medidas “contundentes” contra el marido de Hernández.

Roselló entró a trabajar en la Administración autonómica a través de la Agencia Valenciana de Energía con el Gobierno de Zaplana el mismo año en el que supuestamente se cometieron las irregularidades que ahora investiga el juzgado de instrucción número 8 de València. Actualmente es personal laboral del Ivace desde antes de que llegara el actual Consell, y por tanto no es personal de confianza de la directora general del Instituto, Julia Company.

Rafa Climent, el conseller de Compromís desautorizado por Mónica Oltra por su gestión de los horarios comerciales, no solo recibe críticas de la oposición: El PSPV-PSOE, socio en la Generalitat de su partido, le ha afeado sutilmente su falta de agilidad a la hora de desbloquear o impulsar la expansión de la energía eólica en la Comunidad Valenciana.

Lo ha hecho a través de una proposición en las Corts Valencianes. En ella, Noelia Hernández, la portavoz socialista de Industria, reclama al gobierno valenciano -es decir, a la Conselleria de Economía, la de Climent- que actúe a la mayor brevedad en dos líneas. La primera, marcar “los requisitos necesarios para la instalación de aerogeneradores con potencia inferior a 3 megawatios, con autoconsumo, para eliminar la incertidumbre y la inseguridad jurídica de los potenciales promotores”.

La segunda, “reestructurar el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, instando a los promotores actuales a su puesta en marcha. En caso contrario, estudiar la liberalización de las zonas en concesión y ponerlas a disposición de nuevos licitadores dispuestos a emprender la explotación eólica, favoreciendo la entrada de pequeños promotores e inversiones colectivas”.

Nada sobre lo que no esté trabajando ya la conselleria desde hace meses, bien es cierto que, a juzgar por partes de la industria, con mucha lentitud. Avaesen, la asociación valenciana de empresas de energías renovables, critica desde hace meses la inacción del Consell con el Plan Eólico. Sus argumentos son bastante similares a los expuestos ahora por el PSPV: tras el caos en el que el PP dejó al sector, se necesita una nueva normativa inmediatamente.

Historia del fracaso eólico

La Generalitat, durante el mandato del PP, diseñó un plan que fracasó rotundamente: apenas se desarrolló un 44% de la potencia prevista. La Comunitat Valenciana se dividió en 15 zonas donde la explotación del viento se ajudicó a grandes empresas (Acciona, Endesa, Elecnor, Sedesa, la empresa de la famiia Cotino,....) que se comprometieron a desarrollar parques.

El sistema fracasó. Las sucesivas rebajas de las primas a la producción con la crisis de 2008 y el frenazo en seco de la financiación -los proyectos se levantaban con préstamos bancarios; lo que permitía a los inversores aportar poco capital- les restó interés. En algunas áreas, la comarca de L' Alcoià-El Comtat, por ejemplo, la oposición vecinal o de los ecologistas no ayudó. En conclusión: el plan se quedó a medias.

La Comunitat Valenciana apenas tiene 38 parques con 1.189 megawatios de potencia acumulada, bastante menos que casi todas las autonomías limítrofes: Catalunya (47; 1.269), Aragón (87,1.893) o Castilla-La Mancha (139, 3.807). El Consell, pese a varios anuncios en sentido contrario, tampoco ha reactivado el plan que impulsa la energía creada por aerogeneradores aprovechando el viento. La inquietud en el sector es máxima. “Hay que moverse ya”, decía Avaesen en marzo.

La asociación quiere que el gobierno valenciano modifique la normativa, que impide a cualquiera, excepto los adjudicatarios, que no están interesados, instalar más potencia eólica. Aunque el momento de los grandes proyectos ha pasado, la asociación de empresarios sí cree que hay demanda para otro tipo de iniciativas. “Pueden surgir multitud de planes pequeños, con pocos aerogeneradores, en emplazamientos de fácil acceso, con un proceso administrativo ágil y, por supuesto, un régimen de vientos favorable”.

Eso es lo que pide el PSPV ahora. La proposición, además, tiene relevancia política. El conseller Climent está ferozmente enfrentado a su número dos, la secretaria autonómica socialista María José Mira. Justo en la conselleria en la que el mestizaje -la convivencia entre cargos socialistas y de Compromís- peor funciona, el PSPV pide mejoras en la gestión.