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La jueza acusa a Zaplana de diez delitos y de recibir 6,5 millones en comisiones del clan Cotino

El abogado del expresidente de la Generalitat y exministro ha recurrido el auto de prisión provisional

La UCO recaba más información sobre el plan eólico y continúa con las pesquisas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana

Eduardo Zaplana, en el registro de su casa en Benidorm.

Eduardo Zaplana, en el registro de su casa en Benidorm.

El auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha enviado a prisión al expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por el caso Erial, acusa al también exministro de diez delitos y enumera, además, tres empresas con las que se podría haber realizado blanqueo de dinero.

Fuentes conocedoras del caso han indicado a EFE que, en la resolución judicial, la jueza acusa a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Tanto en el caso de la privatización de las ITV como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino.

Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones. Solo el clan Cotino habría abonado al expolítico 6,5 millones por la "mordida" en el plan eólico.

En el auto de prisión dictado anoche, la jueza enumera tres empresas vinculadas a Zaplana a través de las cuales podría haber realizado operativas para blanquear el dinero: Turnis Silvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales.

Durante este mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han recabado más información del Plan Eólico, una documentación que la Generalitat Valenciana guarda en el Centro Logístico de Riba-roja (Valencia), archivo definitivo de la documentación del Gobierno valenciano.

Esta documentación específica no se encontraba en la sede central de la Conselleria de Economía, en el complejo administrativo 9 d'Octubre de Valencia, cuando los agentes de la UCO acudieron el pasado martes para recabar los expedientes del Plan Eólico y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

En el caso del Plan Eólico, al tratarse de una privatización realizada en 1997, la mayor parte de la documentación referida a ese expediente se encuentra en el Centro Logístico de Riba-roja, adonde han acudido hoy los agentes de la UCO para recogerla.

Por otra parte, la defensa de Eduardo Zaplana ha anunciado este viernes que recurrirá el auto de prisión incondicional y sin fianza dictada por el Juzgado de Instrucción número 8, al considerar que es "innecesario, desproporcionado e injusto" para la continuidad de la instrucción de esta causa.

Además de Zaplana, la jueza dictó prisión para el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el ex alto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo del parque temático Terra Mítica, Joaquín Barceló.

Del resto de detenidos el martes por este caso, han quedado en libertad con medidas cautelares los empresarios Vicente y José Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat, Juan Francisco García; y Felisa López, mujer de Joaquín Barceló.

La primera noche en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) la ha pasado Zaplana en el área de enfermería, según han relatado a EFE fuentes penitenciarias, que han agregado que se ha procedido así, no porque estuviera indispuesto, sino por ser el procedimiento habitual cuando "ingresa un interno con una patología acreditada", que en el caso de Zaplana es una leucemia diagnosticada en 2015.

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