El PSPV exige la creación de un Fondo de Resiliencia dotado con 4,6 millones para “reforzar la respuesta a riesgos futuros”

El grupo socialista de las Corts Valencianes ha registrado una proposición de ley de modificación de la Ley 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que de aprobarse comportará la obligación del Consell de la Generalitat de garantizar a todos los valencianos y valencianas la formación necesaria para hacer frente a danas y todo tipo de emergencias. Asimismo, contempla la creación de un Fondo Valenciano de Resiliencia, financiado con el 2% del presupuesto de la conselleria con competencias en emergencias y protección civil, con el fin de “reforzar la respuesta de la ciudadanía de cara a riesgos futuros”.

Así lo ha revelado hoy la portavoz del área de Emergencias del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, quien destaca que la iniciativa legislativa “reconoce por primera vez el derecho de los valencianos a formarse en autoprotección”. “Pero los derechos solo son reales cuando generan obligaciones para los poderes públicos”, advierte la parlamentaria socialista.

Por eso, el PSPV ha propuesto una amplia y novedosa reforma de la ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, con el objetivo de adaptar el sistema valenciano de protección civil a los nuevos retos derivados del cambio climático, el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos y la evolución del derecho europeo e internacional en materia de gestión del riesgo de desastres.

La iniciativa, resalta Andújar, supone un cambio de enfoque al situar la prevención, la cultura preventiva y la resiliencia en el centro de las políticas públicas de protección civil, siguiendo los principios del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Directiva (UE) 2022/2557 sobre la resiliencia de las entidades críticas y la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.

“La iniciativa legislativa del grupo socialista situaría a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de las políticas de protección civil, reforzando la preparación de la ciudadanía y consolidando la prevención como principio de actuación de los poderes públicos, a la vez que supondría una apuesta por una recuperación más segura, sostenible y resiliente tras las emergencias”, subraya la parlamentaria socialista. “La mejor emergencia es la que se previene; y la mejor sociedad es la que está preparada para afrontarla”, sostiene.

“Los derechos solo son reales cuando generan obligaciones para la Administración”

Andújar resalta que, de la proposición de ley, “destaca el reconocimiento expreso del derecho de la ciudadanía a recibir formación en materia de autoprotección, prevención y actuación ante emergencias, a la vez que convierte ese derecho en una obligación para la Generalitat, que debe garantizar el acceso a programas permanentes de formación adaptados a los riesgos propios de la Comunitat Valenciana, porque los derechos solo son reales cuando generan obligaciones para los poderes públicos”. Unos programas permanentes de formación, apunta la parlamentaria, que deben ir “dirigidos especialmente a la población escolar, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables”.

Tal como explica la diputada, la reforma “refuerza también las competencias de la Generalitat para impulsar una auténtica cultura preventiva, promoviendo programas estables de información, sensibilización y formación de la ciudadanía, con la participación de las entidades locales, el sistema educativo, las universidades, las organizaciones de voluntariado de protección civil y los agentes económicos y sociales”. Además, crea el Fondo Valenciano de Resiliencia, que se configura como un instrumento financiero permanente destinado a apoyar la recuperación tras situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Un Fondo de Resiliencia de 4,6 millones en 2026

Sobre el Fondo de Resiliencia, hace hincapié en que contaría con una dotación anual mínima equivalente al 2% del presupuesto de la conselleria competente en materia de protección civil y gestión de emergencias, sin perjuicio de otras aportaciones estatales, europeas o de otras entidades públicas o privadas. En 2026, con el presupuesto que está en tramitación, el fondo se dotaría en este primer ejercicio con 4,6 millones de euros. La finalidad del fondo sería que “la reconstrucción tras una emergencia no se limite a recuperar lo perdido, sino que contribuya a reducir la vulnerabilidad del territorio y a reforzar su capacidad de respuesta frente a futuros riesgos”.

La propuesta legislativa de los socialistas prevé, además, la aprobación de una Estrategia Valenciana de Cultura Preventiva y Resiliencia, que permitirá coordinar las políticas públicas de formación, sensibilización y preparación de la población.