El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la autorización del juez instructor del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, para que la Policía Nacional pueda investigar cuentas bancarias del exlíder socialista, sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar, entre otros, informa Europa Press.

En un escrito remitido al juez, el abogado del expresidente, Víctor Moreno, pide dejar sin efecto el permiso del magistrado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para “ampliar la información que se considere pertinente” sobre los referidos productos bancarios por investigar.

Calama autorizó la semana pasada a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y su entorno. En concreto, el instructor emplazó a los agentes a “ampliar la información que se considere pertinente” sobre varias cuentas bancarias, entre ellas algunas también de Julio Martínez, socio de Zapatero también imputado y dueño de Análisis Relevante, una de las sociedades bajo sospecha.

El juez ordenó, además, la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, “quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas”.

Suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso

Ahora, el letrado reclama suspender cautelarmente la autorización concedida a la unidad policial para ampliar información y la expedición de los requerimientos a las entidades bancarias, al menos hasta que el magistrado resuelva el presente recurso.

Además, solicita “dejar sin efecto la extensión del requerimiento a las comunicaciones internas de la entidad y con el cliente” y que se fije un término final expreso “al período objeto de requerimiento, acotando su marco temporal hasta como máximo diciembre de 2025”.

En lo referente a la apertura de una pieza reservada en la que se enmarcan estas diligencias, el abogado reclama que sea el letrado de la administración de justicia, “bajo la supervisión del instructor”, quien se encargue de la “depuración del contenido” de la información bancaria.

El letrado de Zapatero aboga por que “se establezcan con claridad los criterios para el expurgo” integrado en la pieza de información reservada, “ordenando a la unidad policial encargada del análisis que haga constar en sus informes no solo los datos que eventualmente detecte favorables a la tesis policial, sino que también consignen y aprecien todas las circunstancias y datos que resulten favorables para los investigados”.

La defensa de Zapatero argumenta que la información bancaria a la que Calama dio acceso “es muy extensa y se pide al máximo nivel de detalle”. “Esa habilitación adicional a la UDEF difumina el ámbito del objetivo que la propia resolución establece en el marco de una medida restrictiva de derechos fundamentales”, aduce.

Una autorización “genérica”

“Desde otro plano, además, esta autorización genérica a la UDEF impide el control de esas peticiones, tanto por la autoridad judicial como por las partes”, arguye. Advierte, además, que “una habilitación genérica podría avalar una investigación prospectiva”.

El abogado añade que si se analizan datos sin autorización judicial y para fines diferentes a los del objeto de la investigación “se puede, indebidamente, socavar el derecho fundamental a la intimidad y los datos personales” de Zapatero.

“En definitiva, no se puede permitir, por la vía de esta amplia habilitación, que se analice una información potencialmente íntima sin autorización judicial ni la indagación prospectiva en cuestiones ajenas al proceso”, agrega.

Respecto a la apertura de la pieza separada, Moreno afirma que le parece “sustancialmente correcto”, puesto que “las cuentas bancarias son reflejo de la vida íntima de una persona y existe en este proceso un riesgo consustancial muy elevado de filtración de la información obtenida”.

Todo ello se enmarca en el 'caso Plus Ultra', en el que el instructor investiga presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que acceda a más de sesenta cuentas bancarias de diferentes entidades y a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y sociedades que son investigadas en el marco del caso Plus Ultra, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Calama responde así a la petición realizada por la UDEF en un informe del pasado junio en el que se hace referencia a “flujos de fondos de interés” para la investigación y que implicarían “a los principales beneficiarios de la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez” a los que identifica “José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav [la sociedad de sus hijas]”.

El informe policial introduce novedades respecto a los atestados anteriores. Aparecen en el nuevo oficio nombres de otras sociedades que habrían servido también para canalizar pagos a Zapatero y que hasta ahora eran desconocidas. Recoge el auto del juez: “El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.

Y continúa: “Los clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor−, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez”.

El juez recuerda que la investigación sitúa a Zapatero en el “núcleo” de la trama “orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”, y que sus servicios se retribuían mediante contratos de asesoría simulados que se canalizaban a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, el empresario también investigado, que actuaba “como persona de confianza” del expresidente y era “interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red”.

Con base en lo que recoge la UDEF en su atestado, el juez detalla las cantidades recibidas por Zapatero que son objeto de investigación. Además de los 490.780 euros que le llegaron desde Análisis Relevante -empresa de Julio Martínez- entre 2020 y 2025, se ha encontrado “un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades”.

Así, detalla pagos de algunas empresas que ya se incluyeron en el primer auto del juez: 851.180 euros llegaron de la consultora Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 105.000 euros de Kreab Worldwide. Añade recientes, como los 200.000 euros de Focus Social Research. Y suma nuevos pagos de empresas como los 159.034 euros de Chinalink; los 104.410 euros de Mimo Advisors; los 53.000 euros de Bright Digital Solutions; los 49.758 euros de Yuewee International Trade; y los 47.120 euros del Zayed Award. El juez y la UDEF destacan los pagos destaca el de Focus Social Research, “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”.

Por otro lado, recuerda que una cuenta del Banco Santander del expresidente “funcionaba como receptora de fondos”, y que estos eran “redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero”: “desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”.

Las cantidades de Whathefav

El auto indica por otro lado, para apuntalar que es necesario acceder a determinadas cuentas bancarias, que Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez” tras el propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

A esos ingresos en la empresa de las hijas, suma 171.727 euros que percibe de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads. Y da un dato más, desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

Sobre Gertrudis Alcazar, la UDEF y el juez consideran necesario acceder a sus cuentas bancarias porque “aunque no se han detectado ingresos desde el entramado” hacia ella, su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial. Recuerda el juez que la secretaria adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, “mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica”.

'Julito' y su entramado societario

Sobre el entramado societario de 'Julito' Martínez, los investigadores recuerdan que está integrado por al menos 27 sociedades, si bien todas presentan “indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas”. Y a pesar de esto, recuerda, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades.

A partir de 2022 sí figura Martínez como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no han podido determinar, si bien el análisis de movimientos bancarios “revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad”.

Entre las sociedades del entramado, destacan ASP Rentas SL porque registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros. Esa sociedad es identificada como “vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian”.

Por otro lado, de otras de las sociedades, Zenitram Partners, indican que presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que “era una factura falsa”. De otra, Zenzap, comentan que no tiene actividad mercantil, ni trabajadores ni depósito de cuentas desde 2019, y a pesar de ello registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores.

Mérida Capital, por su parte, presenta movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros. Y ordena pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados.

Nez Asesores registra más de 1,3 millones en movimientos, concede un préstamo de 200.000 euros y recibe fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo. Pickashop recibe 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web, mientras que los flujos inversos son mínimos.

En cuanto a Affita y Affita Capital, el juez destaca que reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, en una dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles. Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que tendrían origen en Plus Ultra, y se localizaron justificantes de transferencias en el móvil intervenido a Julio Martínez Sola.

Agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registran este miércoles un inmueble en el distrito madrileño de Salamanca adscrito al grupo parlamentario europeo Identidad y Democracia (ID), el antiguo grupo de extrema derecha liderado por Marine Le Pen y Matteo Salvini. Ahora este grupo de la eurocámara se denomina Patriots for Europe, donde además de las formaciones francesa e italiana también está inscrita la formación española ultraderechista Vox.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que el operativo se enmarca en una diligencia ordenada por la Fiscalía europea que afecta a varios países, entre ellos España, Bélgica, Italia y Francia.

Se trata de una investigación por el presunto mal uso de fondos europeos por parte de los eurodiputados de Identidad y Democracia.

La propia Fiscalía europea ha confirmado a EFE estar “está llevando a cabo medidas de investigación en Francia y otros países europeos en el marco de una investigación en curso sobre el uso de fondos europeos por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024”, si bien ha rechazado facilitar más información para no comprometer las pesquisas.

Presuntamente, el grupo ID (que estuvo en activo entre 2019 y 2024) gastó indebidamente 4,33 millones de euros abonados por el Europarlamento para garantizar su funcionamiento.

Entre los usos de ese dinero figurarían donaciones a asociaciones que no guardaban relación directa con la actividad del grupo político y también contratos con empresas afines a los partidos.

Solo hace dos semanas, el grupo de extrema derecha Patriots for Europe, en el que está inscrito la formación ultra española Vox, tuvo que devolver 276.967 euros de fondos de la UE que utilizó de forma indebida en 2024.

Una auditoría del departamento financiero del Parlamento Europeo confirmó que el grupo de extrema derecha realizó donaciones impropias, además de infringir las normas de contratación pública y de conceder contratos mediante procedimientos irregulares, que según la auditoría fueron concedidas a empresas francesas con estrechos vínculos con el partido francés Rassemblement national

El entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de sus agendas y conversaciones privadas con su secretaria Gertrudis Alcázar al procedimiento judicial, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Es decir, sin que se haya descartado el material que no está vinculado con la investigación y que forma parte de la esfera privada del expresidente y de la trabajadora. 

El Gobierno ha expresado su “preocupación” por la “creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso”. “Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”, insisten fuentes del Gobierno sobre los mensajes intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal dentro de la investigación al expresidente en el marco del 'caso Plus Ultra'.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que es “un hecho gravísimo y escandaloso”. “Venimos de una condena al fiscal general del Estado por una filtración de extremos que eran de absoluto interés público”, ha criticado, en referencia al comunicado de la Fiscalía para desmentir la desinformación que difundió el entorno de Ayuso sobre el pacto que ofreció la pareja de Ayuso.

Gabriel Rufián lo ha calificado de “barbaridad” que pasa en España “desde hace mucho tiempo y aquí no pasa nada”. “Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé que se va a filtrar en algún digital de derechas, por lo que sea”, ha dicho en los pasillos del Congreso.

La defensa del expresidente socialista está estudiando la filtración de sus agendas durante los años 2024 y 2025, y de los mensajes con su secretaria Gertrudis Alcázar. “Saben que yo no soy objetivo, creo que deberíamos regular la figura del expresidente, el límite o la frontera entre la influencia, la asesoría y el tráfico de influencias. Creo que Zapatero debería dar explicaciones, ya tarda”, ha subrayado Gabriel Rufián.

Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Filtrar WhatsApps y agendas privadas ajenas a una causa judicial no es información: es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia”, han afirmado. Al respecto, fuentes de Ferraz han asegurado que se trata de un “escándalo mayúsculo” y han defendido que la mayoría del material difundido no tiene relación con los hechos investigados, lo que “genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La causa de la Audiencia Nacional en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión después del último informe policial aportado al juez José Luis Calama. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. Se trata de sospechas que van más allá de su supuesta relación con el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra en España y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La tesis del juez Calama es que esos pagos de Análisis Relevante eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. En su declaración ante el juez, Zapatero defendió que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetarlos. Sin embargo, el último atestado policial aportado al sumario ahonda en la tesis de que el expresidente camuflaba bajo falsos contratos de asesoría supuestas gestiones con “altas esferas políticas”. 

En este caso, la UDEF le acusa de haber cobrado 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce, una cementera boliviana que había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares a otra empresa por competencia desleal. Esos 200.000 euros habrían llegado a Zapatero a través de la “sociedad interpuesta” Focus Social Research, de origen peruano, con quien firmó un contrato de consultoría. Pero el atestado sostiene que el expresidente no hizo trabajo de asesoría alguno, sino que se desplazó a Bolivia en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país.

Los investigadores se basan, para ello, en el contenido de las agendas del expresidente que los agentes se llevaron de su despacho el pasado mayo y de los mensajes incautados a su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Esos mensajes apuntan a que negociaba facturas, borradores de contrato y pagos con una directiva del Grupo Gloria y con otra intermediaria, la exembajadora boliviana Carmen Almendras; y que agendó reuniones con mandatarios del país tras mantener conversaciones con ambas. 

La UDEF concluye que estos hechos son una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, Zapatero se dedicaría al “ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. 

En el entorno del expresidente defienden que ese trabajo fue “una actividad de consultoría legal por completo”, y que además no tiene nada que ver con el objeto de la causa abierta en la Audiencia Nacional, centrada en si influyó en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, algo que ha negado de forma reiterada. “Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente”, denuncian estas fuentes al entender que este nuevo informe se nutre de mensajes con su secretaria que nada tienen que ver con el préstamo a la aerolínea. 

La sospecha de los investigadores, sin embargo, es que ese contrato escondía un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre el entonces presidente boliviano Luis Arce y otras autoridades y solucionar el litigio millonario que afectaba a la empresa cementera. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.

Las agendas íntegras de Zapatero

El último informe de la UDEF aportado al procedimiento tiene dos fuentes principales, según citan los propios investigadores: las agendas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp y correo electrónico que su secretaria mantuvo tanto con sus contactos en Latinoamérica como con el propio expresidente. El entorno del expresidente del Gobierno ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de esas agendas y conversaciones al procedimiento, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La documentación aportada al sumario por la unidad policial en forma de anexos revela, por ejemplo, que Zapatero reaccionó a la detención el pasado diciembre de su amigo Julio Martínez Martínez, el empresario que le pagó a través de Análisis Relevante 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Los mensajes muestran que a partir de entonces empezó a recopilar información sobre su actividad profesional como consultor, así como sobre las conferencias y cursos en los que había participado desde 2020. “¿De cuánto es la primera factura de AR?”, preguntó a su secretaria en alusión a Análisis Relevante cinco días después de la detención del empresario.

Las agendas y conversaciones recogen información relacionada con sus trabajos en Bolivia, pero su aportación en bruto al procedimiento ha dejado al descubierto todas y cada una de sus citas de 2024 y 2025 así como conversaciones privadas con su secretaria sobre la actualidad política, gestiones sobre transportes y la salud de familiares. 

El contenido de estos documentos revela sus relaciones con grandes empresarios españoles: Ángel Escribano (Indra), Carlos Torres (BBVA) o Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), entre muchos otros. Y también figuran reuniones con otros políticos, no solo del PSOE, como Irene Montero, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz. 

El caso que investiga a Zapatero avanza en la Audiencia Nacional y el juez Calama ha puesto en marcha varias diligencias clave para las próximas semanas. El empresario Julio Martínez Martínez está llamado a declarar el próximo 21 de julio en calidad de investigado. Además, el juez también ha imputado a Alba y Laura, las hijas del expresidente, y a la secretaria Gertrudis Alcázar.

El informe de la UDEF recién incorporado al proceso sobre los negocios de Zapatero en Bolivia fue redactado el 22 de junio, varios días después de que el expresidente compareciera como investigado ante el juez Calama. A lo largo del interrogatorio el magistrado intentó preguntar al político por este contrato con Focus Social Research, pero Zapatero se negó a contestar: “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, afirmó.

El avance de las pesquisas determinará si el instructor pone en marcha más diligencias sobre los negocios internacionales de Zapatero no relacionados con Plus Ultra ni con Análisis Relevante y su amigo Julio Martínez Martínez. 

La investigación de la Audiencia Nacional en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, su patrimonio y su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la pandemia se ha encontrado con un esqueje salido de los primeros registros: las joyas encontradas en el interior de una caja fuerte en un despacho del equipo del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz. Ahora el juez Calama quiere saber de dónde salieron esas joyas, cuánto valen y si su posesión abre la puerta a nuevas acusaciones contra Zapatero. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil entró en la oficina del expresidente el pasado 19 de mayo, a las 8.17 de la mañana. Durante ese registro abrieron una caja fuerte donde Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó lo que iban a encontrar: joyas, “algunas” procedentes de la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y “regalos de viajes”, según quedó recogido en el acta de los agentes.

La ramificación central del caso gira en torno a si José Luis Rodríguez Zapatero cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. Entre otros métodos, el juez José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la consultora de sus hijas o si la trama planeaba abrir una sociedad en Dubái. 

Las joyas encontradas en la caja fuerte han abierto un nuevo frente y el primer paso del instructor fue pedir un peritaje para calcular su valor. La respuesta de los joyeros ha sido que el ajuar encontrado vale, potencialmente, más de 1,3 millones de euros. Y ese dato se ha convertido en una nueva imputación para José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo 17 de junio el expresidente del Gobierno no solo tendrá que explicar su relación con Plus Ultra y Julio Martínez, sino también responder por delitos de fraude fiscal y contrabando. 

Para el magistrado de la Audiencia Nacional es necesario saber si Zapatero pagó los impuestos relacionados con esas joyas y descubrir de dónde las sacó. Solo por el IRPF, dice el juez, el tipo aplicable es del 46% aproximadamente. Si no se pagaron los aranceles necesarios, añade, podría estar ante un caso de contrabando. “La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”, dice el juez.

Herencia familiar y regalos “de viajes”

El exdirigente socialista tendrá que concretar ante el juez la procedencia de los relojes, collares y otros efectos que su entorno ha atribuido en parte a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y en parte a regalos procedentes de “viajes”, así como aclarar si fueron durante su etapa como presidente.

Zapatero mantuvo a lo largo de sus dos legislaturas una amplia agenda internacional con más de 200 viajes, según reveló una petición a Transparencia realizada por Maldita.es en 2020 sobre el uso del avión presidencial. Según esos datos, el expresidente socialista realizó 134 vuelos a países extranjeros entre 2004 y 2011 sin contar cumbres ni consejos europeos. Por ejemplo, viajó en una veintena de ocasiones a países de África (Marruecos, Argelia, Senegal, Egipto...) e hizo 16 visitas a países situados en el continente asiático (China, Kazajistán, Siria, Arabia Saudí...).

En esos viajes se vio con multitud de primeros ministros, presidentes o reyes como Mohamed VI de Marruecos. A este país viajó en cuatro ocasiones: la primera vez fue en 2004 a Casablanca, la siguiente en 2005 a Rabat, mismo destino que en 2007 (para una reunión de alto nivel hispano-marroquí), y la última vez a Uxda y Rabat en 2008.

Zapatero también se reunió durante su etapa como presidente con el Rey Abdulá bin Abdelaziz de Arabia Saudí en la ciudad de Yeda en 2009 o con el entonces líder interino de Túnez Fuad Mebaza en el Palacio presidencial de Cartago en 2011, su último año como presidente. Este último encuentro fue, en realidad, parte de un viaje más amplio que también le llevó a Catar —donde negoció acuerdos bilaterales con el emir y el primer ministro— y a Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Cuando Zapatero llegó al Gobierno, en 2004, no existía una normativa específica que regulara o limitara los regalos de los servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo. Pero precisamente su Gobierno aprobó en marzo de 2005 en Consejo de Ministros el llamado “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” que, por primera vez, sí recogía una referencia explícita a los obsequios. 

En su artículo tercero, referido a los “principios de conducta”, el Gobierno de Zapatero incluyó el siguiente párrafo: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”.

La orden ministerial se aprobó cuando Zapatero apenas llevaba un año en la Moncloa y estuvo vigente hasta su salida, en 2011, por lo que la limitación estuvo en vigor la mayor parte de su mandato.

El origen y el momento en que las recibió, claves

El origen y el momento temporal en el que el expresidente Zapatero heredó o recibió las joyas como regalo será clave de cara a su posible responsabilidad con la Hacienda pública, si la hubiera. Deberían haberse tributado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo progresivo que oscila entre el 8% y el 40%, en función del grado de parentesco entre el que da y el que recibe, y el importe de lo recibido. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, señala Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

En el caso de que no existan pruebas documentales que demuestren la prescripción de estas deudas, Hacienda podría incorporar como ganancias no justificadas el valor de las joyas a la declaración del IRPF del expresidente, que sería al tipo máximo en la escala de la renta: el 46%.

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central. En el caso de Patrimonio, y siendo residente en Madrid, al menos debería haberlo incorporado en las declaraciones de 2024, 2025 y 2026. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, asegura el director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno.

La apertura de esta nueva línea de investigación podría, según los expertos consultados, bloquear una potencial regularización voluntaria del expresidente, en el caso de que estas joyas no se hubiesen declarado con anterioridad. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apunta el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, a preguntas de este periódico.

El peritaje de las joyas incautadas en su oficina al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero informa sobre un grupo de piezas de gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. El informe al completo se puede consultar al final de este texto.

En el segundo puesto se sitúa otro collar, tambien de oro blanco de 18 kilates y que en este caso va decorado con diamantes de origen tailandés. El precio establecido por los tasadores es de 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes es tasado en 155.000 euros.

En el otro extremo hay un par de collares de perlas “de imitación”, que Ansorena califica como “sin valor” o una pareja de gemelos “de plata y nácar, desparejados”, igualmente sin valor.

Tras este peritaje ordenado por el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, este ha ordenado abrir una pieza separada para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros. Es un collar, también de oro blanco de 18 kilates, que lleva brillantes y que está tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros. Son pulseras de oro blanco. Una de ellas con rubíes (72.000), otra pulsera con esmeraldas (95.000) y una tercera con zafiros tailandéses (80.000 euros). También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

A partir de ahí se produce un descenso en los precios y aparecen varias piezas entre los 1.000 y los 12.000 euros. Hay una pulsera con rubíes de 11.800 euros y un collar de tres hilos de amazonitas pulidas con entrepiezas de oro caladas, de 1.200 euros. Hay un reloj de 100 euros y dos cruces de la Sagrada Familia de 100 y 50 euros, respectivamente.

En el apartado de piezas “sin valor” están una pareja de pendientes de metal chapado y perlas de imitación, un alfiler de metal dorado con iniciales y un pendiente de metal chapado en oro con piedras de imitación.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero presentó un escrito el 2 de junio en el que ya denunciaba “algunas omisiones relevantes” que afectaban directamente al ejercicio del derecho de defensa. El documento es previo al auto del juez en el que acordaba el requerimiento a EEUU solicitando usar el contenido del móvil de Rodolfo Reyes requisado en 2021, clave en la imputación de Zapatero.

El abogado afirmaba en su escrito que “hay evidencias digitales que no constan en la causa”, en referencia ya entonces a que no podía consultar dos dispositivos de los que se habían extraído múltiples conversaciones para sustentar los atestados de la UDEF. “Vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe 'espigar' o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, se quejaba en el escrito.

Concretaba que se refería al llamado “disco Crucial” donde se contiene el chat 'Danilo España', y el dispositivo de Rodolfo Reyes que fue facilitado a la policía por la HSI. “Esa circunstancia genera una clara indefensión y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe espigar o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, decía.

Por eso, advertía, o se proporcionan “íntegramente” los dispositivos de modo que las defensas pueden acceder en su totalidad a ellos o se excluyen por completo, “suprimiendo las referencias a los contenidos que han podido ser examinados por las partes”.

Más información sobre el proceso de custodia

De forma posterior, la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero planteó al juez José Luis Calama un escrito con las dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra.

Ante la “parquedad de información” proporcionada hasta el momento sobre el origen de estas pruebas, la defensa del expresidente ha solicitado que el requerimiento a EEUU se amplíe con ocho peticiones. Entre ellas, reclama la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en EEUU. A nivel técnico, exigen conocer qué autoridad realizó el volcado, qué software se empleó y, sobre todo, que se aporten los mecanismos de verificación —como códigos hash y actas de desprecinto— con los que se pueda determinar si las conversaciones han sufrido algún tipo de manipulación.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una nueva resolución en el marco de la causa en la que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias. Es un auto relevante porque aborda un hito capital en la investigación: acuerda enviar una comisión rogatoria a EEUU para poder usar como fuente de prueba en el proceso penal la extracción del contenido del móvil de Rodolfo Reyes, el empresario venezolano que fue socio de Plus Ultra. Los chats de este empresario fueron claves para sostener el informe de la UDEF que derivó en la imputación del expresidente socialista.

El auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, refleja además un dato clave, y es que ese móvil fue incautado por la Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 pero la información no fue trasladada por los servicios norteamericanos hasta el 18 de marzo de 2026. Cinco años después. Fuentes fiscales consultadas explican que se trató de un “traslado espontáneo” de EEUU amparado por los cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Y así lo recoge también el instructor en su resolución.

Calama reconoce que el material incautado a Reyes ya “ha sido utilizado hasta la fecha como elemento de investigación”, pero advierte de que dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, “resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, busca asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.

Explica en los fundamentos del auto que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Recuerda que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.

El juez apunta que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas de HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indica que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Fue entonces cuando el HSI consideró que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.

Cabe recordar que el 9 de mayo de 2021, según informó la Cadena Ser y ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al empresario, Reyes fue retenido por agencias norteamericanas en el aeropuerto de Miami y, tras un interrogatorio, las autoridades de EEUU decidieron retirarle la visa tanto a él como a su esposa y tramitar la deportación, o devolución, a Panamá. Ahí fue cuando, según estas fuentes, pudo realizarse el volcado de su móvil.

Antes que Calama, la jueza instructora del asunto en los juzgados de Madrid, Esperanza Collazos, ya cursó una Orden Internacional de Detención contra el empresario venezolano. Pero al cambiar el caso de juzgado (pasó a la Audiencia Nacional), la Interpol desactivó la alerta de busca y captura. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 reactivó esa orden internacional el 17 de marzo. Indicaba que le busca por llevarse parte de los 53 millones del rescate a Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. El sumario del caso Plus Ultra, al que tuvo acceso este periódico, explicaba que “Reyes y otros gestores de la aerolínea idearon un presunto plan para apropiarse” del rescate público de la compañía. Se considera que parte fue destinado mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente formaba parte el antedicho“.

Tanto en el auto de imputación de Zapatero como en los atestados de la UDEF se refieren numerosas conversaciones de Reyes con otros accionistas y con el entorno de la presunta trama con el objetivo de que Zapatero pudiera remar a favor de que la aerolínea consiguiera el rescate público en 2020. Por ejemplo, el 28 de abril de 2020 Reyes expresa a Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de la compañía, que habría conseguido acceso a Zapatero: “Acaba de hacerse el puente con ZP”. A esto, Martínez Sola responde le responde: “Aunque sea pagando un poquitín”.

La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

El comisario José Manuel García Catalán ha sido citado el próximo 25 de junio para declarar como investigado en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por las maniobras policiales para atacar a Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. García Catalán, jubilado recientemente, era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez.

El mismo día prestará declaración, también como investigada, otra agente del Cuerpo, subinspectora en el momento de los hechos, que continúa hoy en la UDEF y que viajó junto a García Catalán a Nueva York. Con estas dos nuevas imputaciones ya son investigados los tres policías nacionales que participaron en la maniobra. El tercero es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que aparece en la grabación de la reunión asegurando al confidente que la actuación policial está avalada por “un mandato” del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La grabación de la reunión con el exministro de finanzas venezolano Rafael Isea consta ya en las actuaciones de la causa que instruye Pedraz desde febrero de 2024. En la cúspide de los investigados está el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados del caso Kitchen. Le acompañan varios miembros de la denominada ‘brigada política’ del PP. Al igual que Martínez, el policía que habló del “mandato” de Rajoy, José Ángel Fuentes Gago, también está siendo juzgado por el espionaje ilegal a Bárcenas. 

Como viene informando elDiario.es, la causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente y con la amenaza de prescripción de unos delitos por hechos acaecidos hace una década. Ninguna unidad especializada ha sido requerida para que actúe como policía judicial y la Sala de lo Penal ha rectificado a Pedraz en varias ocasiones ordenándole que practique diligencias y cite a investigados, siempre a iniciativa de los abogados de Podemos. Pedraz, por ejemplo, se niega a imputar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Miguel Urbán, pese a que la Sala de lo Penal ha advertido de indicios de delito en la maniobra. 

La imputación de García Catalán y de su entonces subordinada por el viaje a Nueva York es también fruto de un recurso de la representación de Pablo Iglesias contra la negativa del juez a investigarlos. El informe favorable al recurso que ha emitido el fiscal del caso, Vicente González Mota, ha resultado clave para la imputación de los policías. En el rechazo inicial del juez había pesado esta vez la confusión entre el número de carnet profesional de la policía finalmente investigada y un testigo, agente este de Asuntos Internos. Pedraz acuerda la declaración de García Catalán y la agente “visto el informe del Ministerio Fiscal y constatando el error padecido”, recoge su auto.

El comisario José Manuel García Catalán declaró en la causa como testigo el pasado mes de diciembre. Respondió “no recuerdo” a todas las preguntas que se le formularon sobre el encuentro con el ministro venezolano en Nueva York. Al requerírsele por la afirmación de Fuentes Gago de que habían viajado a las órdenes del presidente del Gobierno, García Catalán declaró que en ese momento había salido de la sala para ir “al servicio” y que no lo escuchó, según se puede comprobar en el vídeo de comparecencia en el juzgado de Pedraz que publicó elDiario.es.

El viaje a Nueva York de los tres policías es una de las maniobras de la brigada política que se desarrollaron en el primer semestre de 2016, cuando arreció la guerra sucia a Podemos. El partido de Iglesias venía de obtener 69 diputados en los comicios generales de diciembre de 2015 y la repetición electoral de junio siguiente podía arrojar un Gobierno de coalición progresista que desalojara a Mariano Rajoy de La Moncloa. En esos meses fue filtrado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. También se fraguó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán con el objeto de llegar a las cuentas del partido. 

La pata mediática

El intento de demostrar que Podemos había sido financiado por Venezuela, incluso años antes de que se decidiera formar el partido, fue una maniobra retransmitida casi en directo. El diario ‘Abc’ dedicó el 13 de mayo una portada al acta de la declaración de Rafael Isea en el consultado español que incluía el número de carnet profesional de los dos agentes que la firmaban. El 15 de mayo de 2016, elDiario.es publicó: “Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos”.

Tres años después, en 2019, la web moncloa.com publicó un extracto de aquel encuentro. Es el mismo en el que Fuentes Gago delata que la Policía trabaja contra Podemos a las órdenes del Gobierno del Partido Popular. La grabación, de una hora, ya está incorporada a la causa que investiga Pedraz en la Audiencia Nacional. 

Los policías se habían desplazado a Nueva York para que Rafael Isea les validara la fotocopia de un documento de pago de 2008 a la Fundación CEPS. En ella trabajaban varios fundadores de Podemos, si bien el partido se creó seis años después, en 2014. La brigada política, que veía frustrado su intento de demostrar la financiación ilegal de Podemos, buscaba atribuir un delito fiscal a sus líderes por no haber declarado correctamente la supuesta cantidad, 7,1 millones de euros, que CEPS habría cobrado por sus trabajos de asesoría en Venezuela. La Fundación asegura que fueron 3,7 millones, coincidentes con lo declarado a Hacienda.

elDiario.es tuvo acceso al audio íntegro del encuentro. En él, el exministro Isea se muestra preocupado por la publicación del documento que había realizado previamente ‘Abc’. Tiene miedo por la situación de su familia, que sigue en Venezuela. Él está en Estados Unidos colaborando con la DEA y piensa en España como un lugar de refugio para los suyos.

Los policías españoles prometen a Isea que así será, pero él tiene muchas dudas de validar lo que presentan porque el documento incluye firmas y fechas que no le cuadran. Se trata de una fotocopia que les ha hecho llegar un personaje que le produce “vértigo”, según la expresión que Isea utiliza para referirse al abogado español condenado por estafa José Aliste, de cuya colaboración con la brigada política ha informado este periódico.

Fuentes Gago lleva las riendas de la reunión. Intenta convencer a Isea de que sus compañeros de la UDEF libran una batalla contra la corrupción y que ahí se enmarca desenmascarar a los supuestos defraudadores fiscales de Podemos. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, asegura José Ángel Fuentes Gago. Isea acabará firmando, pero cuando a los pocos días lee, otra vez en 'Abc', la publicación del documento con su firma piensa que los policías españoles le han traicionado y corta la colaboración.

Se da la circunstancia de que José Ángel Fuentes Gago es mano derecha del artífice de la brigada política, Eugenio Pino (exDAO). En el momento del viaje a Nueva York estaba destinado en la embajada española en Países Bajos. La explicación está en la recompensa que el Ministerio del Interior dio a los miembros de la brigada política a través de destinos en el extranjero, los mejor remunerados, y medallas pensionadas. Fuentes Gago fue enviado además a una ciudad, La Haya, donde Pino ya había destinado a su esposa. El matrimonio ingresaba al mes más de 25.000 euros brutos de fondos públicos. 

La UDEF, ariete contra la oposición y en defensa del PP

Por su parte, el ahora investigado José Manuel García Catalán es un claro exponente de la politización de la Policía aquellos años. García Catalán aterrizó en la UDEF siendo un comisario recién ascendido y sin experiencia en los delitos económicos. El Gobierno necesitaba de un policía afín ideológicamente para controlar los informes que salían del grupo dirigido por Manuel Morocho e hizo a García Catalán jefe de la Brigada Central de la que dependía.

El propio Morocho ha declarado en el juicio de Kitchen las presiones que sufrió durante su investigación del caso Gürtel, en especial tras la llegada del PP al Gobierno en 2012. Entre los policías de la cadena de mando que señaló estaba el antecesor de García Catalán, el también comisario Manuel Vázquez, ‘Fiti’. Este se entregó a las consignas del Ministerio del Interior para ser recompensado con un último destino como jefe superior en su Galicia natal. Cuando Vázquez logró su objetivo, García Catalán pasó de jefe de Brigada a mandar en toda la UDEF.

elDiario.es desveló el polémico nombramiento de García Catalán como jefe de la Brigada Central de Delitos Económicos, la columna vertebral de la UDEF, cuando este ya había aterrizado en su despacho pero no se había hecho oficial. El revuelo motivó que Fernández Díaz paralizara el nombramiento siete meses, con tiempo para que fuera interpelado en el Congreso por los hechos y dijera que era un invento de este periódico y de la oposición. En abril de 2016, durante el viaje a Nueva York, García Catalán actuaba todavía como jefe interino de la UDEF, al frente de la cual sería formalmente nombrado poco después. 

“El verdadero objetivo de la diligencia no era la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio contra mi cliente, otras personas del partido y la propia formación”, recoge el escrito de la representación de Pablo Iglesias que ha motivado la imputación de García Catalán. 

La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York de los policías los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

La UCO ha estado en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. No solo ha buscado información en la sede del PSOE, también la Dirección General de la Guardia Civil. Y aquí llega el gran titular: La Audiencia Nacional apunta a que el PSOE pagó a Leire Díez por sus maniobras contra fiscales y policías. El juez atribuye a Santos Cerdán un “papel superior” en el plan para “desestabilizar de forma sistemática y continuada” las causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno y Leire Díez era su brazo ejecutor. También sabemos que el juez Pedraz de la Audiencia Nacional imputa a Santos Cerdán, al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco. 

¿Cómo afecta esto al PSOE en unas semanas en las que, además, se añade la imputación de Zapatero, el juicio del hermano de Pedro Sánchez y la inminente sentencia del caso Ábalos? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.  

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Estos últimos días seguimos buceando en las carpetas y archivos del sumario del caso Zapatero… Cada día, probablemente durante muchos días, irán aflorando detalles, algunos sospechosos, otros completamente irrelevantes aunque llamativos a los que tendremos que dar el orden que merecen. Muchos de ellos giran en torno a la aerolínea que da nombre al caso: Plus Ultra. 

¿Es una compañía española o venezolana? ¿Cumplía o no los requisitos para el rescate en la pandemia? ¿Qué papel desempeña Zapatero o cuál le atribuye la UDEF en toda esta operación? Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.    

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Estos días, releyendo las memorias de Ben Bradlee (Boston, 1921-Washington, 2014), quien fue director del Washington Post entre 1968 y 1991, me he topado con una reflexión que sigue siendo igual de vigente. No solo en Estados Unidos.

“Y a decir verdad, la misma verdad era cada vez más difícil de encontrar. Vietnam y el Watergate habían animado a la gente a mentir siempre que la verdad resultase incómoda. Y nadie estaba inmune. Gente buena, gente con sentido moral, se corrompía por circunstancias sobre las que ejercían un control sustancial, pero ninguna responsabilidad. Cuanto más buscaba la verdad en los nuevos personajes detrás de la noticia, mayor era la ofuscación y más preguntas me hacía”, escribe Bradlee en La vida de un periodista (El País Aguilar, 1995).

Confieso que, a menudo, en las entrevistas a políticos me interesan casi más las preguntas que las respuestas, demasiado previsibles en muchos casos. Por eso se echarán tanto de menos las de Carlos Alsina. Y también por eso tuvo y sigue teniendo tanto interés la que le hizo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 23 de marzo.

“A mí me lo propusieron [trabajar para Análisis Relevante], acepté como otras consultoras con las que he trabajado (...) Yo sabía lo suficiente para hacer mi trabajo y la amistad que tenía con él [Julio Martínez Martínez, su amigo detenido en diciembre]. Análisis debía tener clientes, evidente, pero el detalle de la relación con cada cliente no lo tenía. No me definió su relación con Plus Ultra; sé que conocía gente, pero yo no, por ejemplo”, aseguró en Onda Cero.

En el sumario aparece un documento Excel que, presuntamente, habría remitido a su amigo Julio Martínez, con el nombre, el correo electrónico, la empresa y el cargo de varias personas. Por tanto, podría ser cierto que no supiese qué clientes tenía Análisis Relevante, pero deberá aclarar si es cierto que envió ese listado y el motivo por el que habría mandado parte de sus contactos a la empresa de su amigo.

Otra de las preguntas que tendrá que responder es si su amistad con Julio Martínez incluía compartir gestiones políticas en Venezuela, por ejemplo, las referentes a la “repatriación de Edmundo González a España”, según consta en las agendas del empresario. 

En esa misma entrevista con Alsina, el expresidente sostuvo que se estaba intentando menoscabar su trayectoria. Y, de forma contundente, pronosticó que su crédito no se vería afectado: “No lo van a conseguir porque tengo una trayectoria impecable y también debe ser objeto de debate que a la democracia no le sienta bien la falsedad”.

Ahora mismo, esa trayectoria está bajo sospecha. Puede que todas sus actuaciones hayan sido legales. Ojalá. Pero que hayan sido impecables (por utilizar su propio término) empieza a resultar más discutible. La verdad judicial y la verdad periodística no siempre coinciden, aunque ambas puedan contener elementos de verdad. Incluso algo puede ser legal, informativamente relevante y, aun así, no ser un comportamiento correcto. Pero ahí ya entraríamos en el terreno de la ética.

No hace falta repetir aquí la difusa frontera que existe entre el lobby y el tráfico de influencias. Tampoco sirve el argumento de que, si otros expresidentes han hecho negocios más cuantiosos, las labores de consultoría de Zapatero resultan automáticamente defendibles. Unas prácticas no convierten en más justificables las otras. En definitiva, determinados negocios -aunque sean legales- no deberían valorarse en función de si el expresidente cae mejor o peor.

De todas las preguntas abiertas, la que desde el primer día parece más difícil de responder es la vinculación de la empresa de las dos hijas de Zapatero con la consultora Análisis Relevante y, sobre todo, con Inteligencia Prospectiva: una empresa con un solo empleado declarado, sin actividad conocida y que pagó más de medio millón de euros a la sociedad de las hijas del expresidente.

Los investigadores de la UDEF sospechan que la empresa de marketing de las hijas de Zapatero era utilizada para “canalizar fondos de los clientes y de la propia red organizada”. De ser así -y siempre en condicional- estaríamos ante una relación que iría mucho más allá de redactar informes u organizar los viajes de su padre.

Los compañeros Pedro Águeda y Javier Lillo han explicado en una de sus crónicas que una fuente conocedora del origen de Análisis Relevante aseguró a elDiario.es que la idea de “ayudar a las hijas” de Zapatero estuvo presente desde el principio. Es un propósito comprensible e incluso loable. La cuestión que debe aclararse es cómo las ayudó.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron el pasado 11 de diciembre el domicilio de Julio Martínez Martínez, el amigo de José Luis Zapatero que pagó miles de euros al expresidente del Gobierno y a sus hijas por supuestos trabajos de consultoría. En la vivienda, los agentes se incautaron de 286.070 euros en efectivo y abundante documentación, entre la que destacan sus agendas. 

Unos documentos que, según la Policía, revelan su “posible intervención” en “decisiones estratégicas” como la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI) en el traslado a España del opositor Edmundo González. Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. 

La UDEF sostiene que de las anotaciones y reseñas se desprende que el papel del empresario pudiera ser el de “un representante operativo, actuando en reuniones del más alto nivel como lo que parece ser un asistente directivo de una tercera persona que ostenta la verdadera capacidad de influencia política”. Aunque en esta frase concreta no aparece Zapatero, en otras partes de ese informe la Policía sí señala al expresidente como la tercera persona que posee la verdadera capacidad de influencia y acceso a los niveles más altos de responsabilidad política. 

Las agendas incluyen apuntes crípticos, en las que el empresario incluye anotaciones como “Que EG se venga” que, según la UDEF, “pudiera corresponder con la repatriación de Edmundo González a España”. En la parte superior de esa misma página puede leerse: “Cómo sería la propuesta? Incluir los 2 del CNI (sic)”. La detención de dos ciudadanos españoles en una zona remota de Venezuela pero de interés geoestratégico desataron las especulaciones sobre la pertencia de los dos individuos al servicio de Inteligencia español, sin que nunca llegara a comprobarse públicamente.

En varias páginas se hace una “reflexión” fechada en mayo de 2025 sobre personas que se encuentran en prisión por asuntos políticos. Figuran nombres como Enrique Márquez, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, o el “yerno”, en referencia a Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia.

En la agenda se anota “Hace mucho daño al Gobierno” y, más adelante, “salida yerno antes”, que pudiera corresponder con su “solicitud de la liberación”. La UDEF apunta que, como conclusión, Julio Martínez Martínez escribe: “Esto no es un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza”.

Las anotaciones también incluyen una anotación con siglas que la Policía dice que podrían pertenecer a la líder opositora María Corina Machado. “Consulta con un equipo en Venezuela. MCM”, anotó Martínez.

Además, las agendas incautadas también ponen al descubierto sus supuestos negocios relacionados con el petróleo, sus derivados y la compraventa de oro. Así, en una hoja denominada “Temas de interés” refleja lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados. En color rojo y entre paréntesis consta el porcentaje (10%).

En línea con lo anterior también constan anotaciones sobre la compraventa de oro, con expresiones tales como “Bandes debe estar disimulado”. Otras hojas contienen la expresión “trading gold” acompañada de “-%- fees”, lo que los investigadores traducen como el cobro de honorarios basados en un porcentaje.

Absténganse los haters de esta lectura porque, en realidad, cualquier otra les provocaría la misma infame, difamatoria y odiadora reacción. Todos los que dudan, introducen matices, sospechan o no tienen certezas incontestables son, en el mejor de los casos, vendidos, pesebreros o lamebotas. En el peor -y siempre lo más pésimo recae sobre las mujeres que opinan-, son “prostitutas”, “zorras”, “chupapollas”... Argumentos no tienen, pero la amenaza, la descalificación, la injuria y la violencia verbal, la manejan con una impunidad pasmosa.

En el resto de los mortales, existe el derecho a la duda. Siempre es mejor el recelo y el matiz que estar seguro de todo, pese a que vivimos en una España en la que el titubeo pareciera un delito y la gradación, una señal de sumisión. En este marco se mueve hoy la política. Y el periodismo. En el de la tarascada y la verdad absoluta. Y si esta última llega en forma de informe policial o auto de imputación, el indicio es dogma de fe y una sentencia no recurrible.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene que dar muchas respuestas ante el juez y ante la opinión pública sobre las actuaciones presuntamente punibles que se le atribuyen. Y el instructor, acreditar cada una de las acusaciones que la UDEF vierte sobre el expresidente del Gobierno, aunque en su escrito incomprensiblemente las haya asumido ya como propias. En el auto de imputación hay motivos para la investigación y también para la duda. Y no porque lo que describa sea incompatible con la personalidad que una inmensa mayoría de la izquierda conocía de Zapatero. Hay insinuaciones, sospechas, datos no contrastados, fechas que no cuadran… Hay, en esencia, un informe policial que el equipo de natación sincronizada de la derecha ha convertido en una retahíla de delitos en los prolegómenos de una investigación que se encuentra en fase embrionaria.

Y si de informes policiales hablamos es inevitable echar la vista atrás y dar un repaso a algunos de los que fueron portadas de diarios durante meses, abrieron telediarios y ocuparon horas y horas de tertulias para condenar social y mediáticamente a los investigados y, con el tiempo, quedaron en nada. Porque los casos fueron archivados judicialmente o porque los sospechosos fueron absueltos o sus condenas, anuladas por tribunales superiores. 

Aquí, algunos ejemplos: 

Caso Xavier Trias. En octubre de 2014, días antes de la consulta soberanista del 9-N, El Mundo publicó que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 13 millones de euros en Andorra, presuntamente procedentes de comisiones ilegales. Trias negó desde el primer momento la existencia de dicha cuenta y aportó un certificado bancario que desmentía la información publicada en portada y a toda página. La UDEF elaboró un informe con elementos indiciarios y solicitó comisiones rogatorias internacionales. El propio ministro del Interior anunció públicamente la existencia del informe en el Congreso. La Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia al no hallar indicios suficientes de que Trias tuviera dinero en el extranjero. Años después, el excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas declaró ante la comisión parlamentaria del Congreso que el borrador de la UDEF era una fabricación sin respaldo oficial en el marco de la denominada Operación Cataluña.

Financiación Iraní de Podemos (Informe PISA). En enero de 2016, OK Diario publicó el denominado Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un supuesto documento policial que acusaba al Gobierno de Irán de financiar a Pablo Iglesias y a Podemos. El documento carecía del sello oficial de ninguna unidad policial y su publicación coincidió con los contactos para formar un gobierno progresista. Su autoría fue vinculada posteriormente a la brigada patriótica creada en el seno de la Policía Nacional durante el mandato del ministro Fernández Díaz. La UDEF llevó el caso al Tribunal de Cuentas y se presentaron denuncias en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional rechazó la denuncia en junio de 2016, calificando el documento de «conjunto desordenado de reproducciones de noticias» sin virtualidad indiciaria. El Tribunal Supremo archivó en abril de 2016 la querella de Manos Limpias, respaldado por la Fiscalía, que calificó el Informe PISA de mero conjunto de informaciones «no autenticadas» que «no pueden suponer una base para un procedimiento penal». Ninguna de las dos vías judiciales prosperó. 

Caso Miguel Urbán. El 21 de enero de 2016, ocho días después de la publicación del Informe PISA, el director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), el comisario José Luis Olivera, envió a la Fiscalía Antidroga un informe basado en una fuente anónima que acusaba al eurodiputado de Podemos Miguel Urban de vender 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña por valor de 1,2 millones de euros. La denuncia era manifiestamente inverosímil y fue utilizada como pretexto para acceder a las cuentas bancarias del político e investigar la financiación de Podemos. El comisario Olivera está procesado en el caso Kitchen. La UDEF investigó las cuentas bancarias de Urbán y solicitó informes a la Agencia Tributaria. El 20 de julio de 2016, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, archivó las diligencias con la conclusión expresa de que «no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos». En marzo de 2026, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ordenó al juez Santiago Pedraz que investigara las maniobras policiales contra Urbán como parte de la causa más amplia sobre la guerra sucia del Ministerio del Interior contra Podemos durante el Gobierno de Rajoy, otorgándole la condición de perjudicado. 

Caso Artur Mas (Operación Cataluña). En noviembre de 2012, en plena campaña para las elecciones catalanas, de nuevo El Mundo publicó un supuesto borrador de la UDEF que atribuía cuentas en Suiza y paraísos fiscales al entonces president Artur Mas, al expresident Jordi Pujol y al exconseller Felip Puig. El documento fue la pieza central de la Operación Cataluña, coordinada desde el Ministerio del Interior con participación del excomisario Villarejo. El jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez López, negó públicamente que el borrador fuera un documento oficial de su unidad. En noviembre de 2024, el excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas confirmó ante la comisión parlamentaria del Congreso que en los archivos oficiales de la UDEF no existe ningún informe borrador con esas acusaciones, calificándolo de «película» que «nace manipulado». Ninguna causa judicial prosperó contra Mas, Pujol ni Puig por las acusaciones concretas de cuentas en Suiza contenidas en aquel informe. Mas y Pujol sí han sido investigados o juzgados en procedimientos independientes y por hechos distintos. Mas, por la consulta del 9-N (inhabilitación confirmada por el Tribunal Supremo en 2017) y Pujol, por corrupción en el caso que lleva su nombre, pero esas causas son ajenas al informe falso de la UDEF y a la Operación Cataluña.

Caso ERE de Andalucía. La instrucción, iniciada por la juez Mercedes Alaya, fue la mayor causa de corrupción política investigada en esa comunidad y se prolongó durante más de quince años. La UDEF participó activamente en la investigación económica del caso, elaborando informes sobre el flujo de fondos públicos y las irregularidades en la gestión de las ayudas, que sirvieron de base para la instrucción. En julio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló las condenas de los principales acusados —Griñán (6 años de prisión) y Chaves (9 de inhabilitación), entre otros— al estimar que se vulneraron sus derechos fundamentales: tanto la presunción de inocencia como el principio de legalidad penal, ya que las ayudas estaban amparadas en las leyes de Presupuestos autonómicos. El Tribunal Supremo, en sentencia de noviembre de 2024, redujo el caso a conductas muy puntuales, dejando fuera los hechos de la pieza principal. 

Hay antecedentes, por tanto, para dudar aunque, por el camino, Zapatero haya sido ya condenado social, política y mediáticamente. Eso sí es una certeza.

Los documentos del sumario judicial que sustentan la investigación abierta en la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero estrechan el cerco sobre sus hijas. A los más de 800.000 euros que la agencia de marketing de ambas cobró en un lustro de dos sociedades bajo sospecha vinculadas con los negocios de su padre, se suma ahora una nueva acusación: la de que su empresa no aportaba ningún “valor técnico” y que su propósito era encubrir los pagos obtenidos a través de la supuesta influencia ejercida por Zapatero. 

Así lo determinan los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, a los que ha tenido acceso elDiario.es, y que apuntan que Whathefav —la sociedad de las hermanas Rodríguez Espinosa— no aportaba ningún “valor técnico especial”. Así, sostienen que su única función era recibir los informes de consultoría que elaboraba un tercero, “maquetarlos” y enviarlos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. “Esa falta de coherencia organizativa podría no corresponder con necesidades empresariales reales y estar orientada a la canalización de pagos”, afirman los investigadores. 

En consecuencia, la Policía define a Whathefav como un “centro de redistribución de flujos económicos” dentro del entramado investigado. Una afirmación sustentada en el hecho de que gran parte de los fondos de la agencia terminaban siendo transferidos a las cuentas bancarias personales de ambas, en las que el propio Zapatero figuraba como autorizado. Fueron 247.191,06 euros en el caso de Laura en casi cinco años, entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Y 199.904,25 en el de Alba en casi tres años, entre abril de 2023 y diciembre de 2025. Los investigadores también aportan como indicio el hecho de que Whathefav emitiera sus facturas bajo el concepto genérico de “servicios agencia” y “sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones realizadas”.

En el epicentro de la trama está Análisis Relevante, una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que las hijas de Zapatero habrían cobrado 239.755 euros. Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, también pagó 490.780 euros a Zapatero. Esta sociedad firmó un contrato el 1 de junio de 2020 con Whathefav para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en internet y logística de eventos. 

Las hijas de Zapatero constituyeron su empresa en septiembre de 2019, pero sus inicios no fueron nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. La creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de ambas. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros. Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox. 

En el escrito en el que pidió la imputación de Zapatero, la fiscal del caso, Elena Lorente, apunta que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició”, a través de Análisis Relevante, de los pagos procedentes de la aerolínea rescatada. La afirmación conecta a las hijas del expresidente directamente con el epicentro de la supuesta trama de corrupción.

Dos consultoras creadas a la vez

Las sospechas crecen cuando los investigadores se detienen en los pagos de otra consultora, Inteligencia Prospectiva, con sede en un piso en Madrid, sin actividad empresarial y propiedad de dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón. 

En un escrito del viernes anterior a las detenciones, la Fiscalía Anticorrupción repara en un dato al que confiere especial relevancia: Inteligencia Prospectiva fecha el comienzo de su actividad un mes antes de la constitución de Análisis Relevante, la otra consultora que supuso un impulso definitivo al negocio de las hermanas Rodríguez. La asesoría de los venezolanos arrancó el 13 de enero de 2020 y Análisis Relevante se constituyó el 10 de febrero de 2020.

A diferencia de Análisis Relevante, la consultora de los venezolanos no es “pagador directo” de Zapatero, sino que habría utilizado a la primera para ingresar cantidades con destino último en el expresidente del Gobierno. En total, Inteligencia Prospectiva pagó 368.258 euros a Análisis Relevante entre 2020 y 2024. La consultora de los hermanos Amaro Chacón también pagó a Gate Center, el think tank cuyo consejo asesor está presidido por Zapatero: 266.200 euros en el mismo periodo. La fiscal Lorente destaca que en el caso de las hijas de Zapatero, Inteligencia Prospectiva sí hace ingresos directos a su empresa. Son 561.440 euros en los cuatro años referidos. Además, Whathefav también recibe dinero de Gate Center (171.727 euros).

Anticorrupción concluye: “La sociedad Inteligencia Prospectiva adquiere una dimensión particularmente importante no solo por ser la que más dinero transfiere a la familia Zapatero, sino porque él mismo guarda una relación directa con esta sociedad, que choca con la aparente desconexión que figura en los pagos observados”.

Los Amaro Chacón pertenecen a una familia de negocios venezolana de tercera generación con intereses en los sectores de los seguros, la ganadería, la construcción y la minería. Ambos estudiaron en Estados Unidos. La diáspora venezolana los ha vinculado al chavismo, aunque en su entorno defienden que son meras “campañas” para desprestigiarlos y que todo lo que se publica alrededor de este y otros casos anteriores “no es cierto”.

La investigación debe establecer ahora cómo justifica la empresa de las hijas de Zapatero y el resto de las sociedades que pagan al expresidente los ingresos de Inteligencia Prospectiva y Análisis Relevante. Para eso será determinante la documentación incautada en los registros del martes de la semana pasada. 

Los dos grandes contratistas de la empresa de las hijas de Zapatero aparentaban en sus conversaciones tener negocios entre ellos. En esos intercambios de mensajes aparece señalado de forma “velada” Zapatero, según expresión de la Fiscalía Anticorrupción. La Policía se incautó el pasado noviembre del teléfono de Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante. Allí aparecieron las alusiones a un negocio de compraventa de petróleo y a una “carta de intención” que envió una empresa china a la oficina del presidente del Gobierno. 

Los restos sin borrar del teléfono de Julio Martínez Martínez permiten inferir que habla con Domingo Amaro Chacón del mismo negocio que se expone en esa “carta de intención”. El borrado impide conocer la fecha en la que se refieren al “coke” (petroleum coke o pet coke), un derivado del proceso de refinado del petróleo crudo, empleado para la obtención de energía. 

Martínez y Domingo Amaro Chacón hablan también en su chat de otros proyectos empresariales “en el desierto” o en Emiratos Árabes y la Fiscalía concluye que el amigo de Zapatero y el venezolano que contrató a sus hijas mantienen entre ellos una relación de “un presumible mayor calado” que la que reflejan los archivos de Hacienda sobre los flujos entre sus empresas.

Otro ingreso de 20.000 euros 

Además, los informes policiales documentan otro pago de 20.000 euros con fecha del 27 de abril de 2020 a la empresa de las hijas de Zapatero por parte del empresario venezolano Danilo Diazgranados, también investigado en este caso. La UDEF y la ONIF han constatado que ese pago no figura en la información tributaria de la agencia de las hermanas correspondiente al ejercicio 2020.

La tesis de la Policía es que esos 20.000 euros abonados por Díazgranados fueran aparentemente declarados e imputados como si el pago lo hubiera realizado Agropecuaria Lucena, otra de las sociedades de Julio Martínez Martínez. Según la investigación, esta maniobra de declarar el ingreso a través de una sociedad interpuesta del propio entramado se habría llevado a cabo para “opacar el auténtico origen de los fondos”.

El nombre de Diazgranados ya aparecía en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en 2024 y que lo señalaba como el “gestor ejecutivo” vinculado a la captación de clientes de una red de lavado de dinero. La Fiscalía llegó a reclamar el bloqueo de sus cuentas y el embargo preventivo de un chalé del cual poseía al menos un 33,33% en la lujosa urbanización “La Finca”, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró el pasado martes la oficina que José Luis Rodríguez Zapatero mantiene en la calle Ferraz de Madrid. Según el acta oficial del juzgado de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los agentes localizaron una caja fuerte en la que había collares, pendientes, pulseras y relojes de marcas de lujo como Omega, Longines o Pierre Balmain.

Durante el registro, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, aseguró que la caja fuerte procedía de la vivienda de Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, y que “algunas” de ellas eran herencias y “regalos de viajes”. En el entorno del expresidente afirman que se trata de “regalos” para Sonsoles Espinosa, así como “joyas de toda una vida y de su familia”, y aseguran que un experto ha calculado que su valor está entre 30.000 y 50.000 euros.

Además, los agentes se incautaron de las agendas físicas de los años 2019 a 2025 del que fuera jefe del Ejecutivo, así como varias carpetas relacionadas con su supuesta actividad de consultoría. Una de ellas tiene el nombre de Análisis Relevante, la consultora que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, y a su vez pagó 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Otras carpetas estaban etiquetadas con los nombres “Contratos facturas JLRZ”, “Gate” y “facturas conferencias”.

Los agentes también clonaron la información de los ordenadores de las empleadas de la oficina y extrajeron las bandejas de correo electrónico, entre las que figuran varios dominios corporativos vinculados al partido socialista. Además, se incautaron discos duros, pendrives y dos teléfonos móviles a Gertrudis Alcázar, el personal y el profesional.

La UDEF de la Policía atribuye a Alba y Laura Rodríguez, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, dar cobertura formal a los pagos por el supuesto tráfico de influencias de su padre. En el atestado policial que solicita los registros del pasado martes, los investigadores policiales consideran que el nivel de facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas, era utilizada para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Los policías hacen un recorrido por la elaboración de los informes de asesoría de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, y concluyen que Whathefav no aporta “un valor técnico especial”. En este sentido, los policías explican que “los contactos” a los que enviar los informes los elabora Zapatero, los textos son escritos por uno de los socios de la consultora, Sergio Sánchez, y Whathefav se dedica a maquetarlos y enviarlos a los clientes.

Análisis Relevante es una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos, habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

La segunda atribución que hacen los agentes a la empresa de las hijas de Zapatero es la “canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada”. En el mismo sentido, la Policía destaca que las hijas del expresidente son “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa, Whathefav, y que lo hacen en cuentas donde consta como autorizado el propio Zapatero.

Los agentes añaden que la empresa “se perfila [como] un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”. “Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos”, escriben los policías.

Ante las sospechas que crea en los policías la actividad de Whathefav, los agentes propusieron al juez el registro para establecer “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa, “respecto de los informes de asesoría o consultoría remitidos.

Los policías van a cotejar la “actividad declarada y la actividad real de la sociedad”. Esto permitiría, añade el atestado, “determinar el grado de participación” de las hijas de Zapatero y su “integración en la red organizada”.

La casa de Zapatero, “espacio idóneo” para planificar el delito

Los agentes de la UDEF pidieron al juez que les autorizara registrar el domicilio de José Luis Rodríguez Zapatero y no solo su oficina. Los agentes alegaron en su atestado que la casa del expresidente era “un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso al registro y el juez no acordó la entrada. Los policías añadían: “Atendiendo al perfil del investigado y habiendo sido detectada esa supervisión y control dentro de la red organizada, podría inferirse que el núcleo de planificación y dirección no se circunscribiría tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información”.

El auto del juez José Luis Calama del pasado 18 de mayo en el que imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias, está centrado en situar al exdirigente socialista como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La grave acusación la basa en indicios y en conversaciones de terceros, sin que de momento aporte ninguna prueba directa, mensajes o llamadas del expresidente.

Para sostener la imputación, Calama se basó en al menos dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que con criterios similares también sitúan a Zapatero en la “cúspide” de la trama. En su auto, el juez copió y pegó directamente al menos dos de los argumentos policiales en los que se basa la acusación y utilizó unas expresiones muy similares en al menos otras dos ocasiones. Esta costumbre es habitual en los jueces de la Audiencia Nacional:

El control de la trama

En el auto, el juez habla de ese supuesto control de la trama por parte de Zapatero “a través de la dirección de los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincularse a de las actividades de la trama”.

En el informe de la UDEF, la Policía considera que el supuesto liderazgo de Zapatero se acredita “a través de la dirección ejercida en relación a los clientes de Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincular a Zapatero de las actividades de la red”.

Los presuntos testaferros

En su auto, el juez plasma que Zapatero dirige la trama “situándose Julio Martínez Martínez como titular de las sociedades que se constituyen a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones”.

La UDEF, por su parte, había descrito en su informe el papel de Julio Martínez Martínez como titular de sociedades destinadas a “encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones, esto es, la verdadera dirección ejercida por Zapatero”.

El supuesto liderazgo

“Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión”, dice el juez en su auto.

Los policías concluyen en sus informes en varias ocasiones que Zapatero ejerce “un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica.

En el “vértice” o la “cúspide”

En su auto, el juez Calama sostiene que “en el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero”.

La UDEF lo menciona así: “En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero”.

La empresa de Dubái

El juez transcribe de forma literal el hallazgo policial sobre la reunión del 26 de enero de 2021 en la que supuestamente se fraguó la creación de una empresa en Dubái de la que responsabiliza a Zapatero. El magistrado habla en su auto de la celebración el “día 26.01.2021 de una reunión organizada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de en Dubai, Landside Dubai Fzco”.

El informe de la UDEF había señalado, igualmente, “La reunión de fecha 26/01/2021 organizada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% de IDELLA en Dubai, Landside Dubai Fzco”.