S. Y. (Shanghái, 1987) y Z. W. (Hebei, 1985), asentados en València y detenidos en el marco de la 'Operación Karasu', pasaron cinco meses en prisión provisional, a su juicio, como consecuencia de un “error de transcripción” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Por el contrario, la UDEF se reafirma en la atribución a S. Y. de la titularidad de un criptomonedero por el que circularon 21,5 millones de dólares para blanquear fondos de una presunta organización criminal.

Por su parte, la titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que centraliza el procedimiento, ha desestimado los recursos de la defensa de ambos investigados, que solicitaban el sobreseimiento libre, al ver indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales, en sintonía con la postura de la fiscal.

El matrimonio, investigado en la causa, relata en esta entrevista con elDiario.es su paso por distintas prisiones españolas y su batalla para cuestionar el entuerto en el que están implicados. Se trata de dos expolicías chinos que, según relatan, abandonaron todo en su país de origen para instalarse en España. El 14 de enero de 2025, un operativo policial irrumpió en su vivienda para arrestarlos. Su hijo, de apenas ocho años, pasó dos meses en un centro de menores.

S. Y. y Z. W. han contestado por escrito las preguntas de este diario.

¿Cómo vivieron la detención del 14 de enero de 2025?

S. Y.: Fue una experiencia aterradora, un infierno. Aquella madrugada todavía estábamos durmiendo cuando, de repente, un enorme dispositivo policial rodeó nuestra casa. Calculo que había alrededor de un centenar de policías armados. Habían acordonado la zona y también había un helicóptero en el aire. Los GEO derribaron la puerta del garaje, la de la casa y la del dormitorio. Un grupo numeroso de policías con casco irrumpió en nuestra habitación y apuntó con pistolas a la cabeza de mi marido. Me di cuenta de que también había una cámara grabándolo todo. Yo seguía en pijama. Me esposaron con las manos a la espalda y una agente no dejaba de grabarme. Estaba aterrorizada.

Z. W.: Fue como pasar del mundo de los vivos al infierno. El 14 de enero de 2025 me desperté sobresaltado. Oí cómo derribaban la puerta de la casa y parecía que entraba mucha gente. Mi primera reacción fue pensar que habían entrado ladrones. Inmediatamente después comenzaron los golpes fortísimos contra la puerta del dormitorio, acompañados de muchos gritos que no conseguía entender. Agentes de operaciones especiales con casco irrumpieron en la habitación apuntándome a la cabeza con pistolas. Me inmovilizaron en el suelo. Nos esposaron a mi esposa y a mí con las manos a la espalda.

Una agente que llevaba una cámara se arrodilló para grabar de cerca mi cara mientras yo estaba inmovilizado en el suelo. Nos llevaron a mi esposa y a mí al salón. Vi a mi hijo bajar desde el piso de arriba. Desde detrás de nosotros, vio las esposas que llevábamos puestas. El estruendo del helicóptero lo llenaba todo. Sabía que estaba suspendido justo encima del tejado de nuestra casa, a muy poca altura. El jardín y la calle estaban llenos de policías. Calculo que había más de un centenar. Utilizaron máquinas para perforar en todas las habitaciones. El ruido ensordecedor duró todo el día.

¿Qué bienes les fueron intervenidos?

Z. W.: La Policía también intervino toda mi colección de puros cubanos. Muchos eran de edición limitada. Mis coches y motocicletas también fueron intervenidos y, según nos han dicho, la Policía ya los ha destinado a su propio uso. Dentro de los coches seguían la bicicleta de mi hijo y otros objetos personales. Se llevaron mi Harley-Davidson y estimó el valor de aquella motocicleta de segunda mano, del año 2008, entre 5.000 y 90.000 euros. También se llevaron un casco y equipamiento por valor de varios cientos de euros. Nada de esto quedó reflejado en el inventario de efectos intervenidos.

¿Cuándo supieron a qué se debía la detención?

S. Y.: Lo único que nos enseñaron fue una hoja. Decía que se trataba de un caso en Almería, relacionado con una organización criminal que blanqueaba dinero para otra organización criminal dedicada a la trata de personas. En la hoja se mencionaba a personas árabes y chinas, y se me consideraba un “miembro importante” de esa organización, que administraba un monedero de criptomonedas. Apenas había más información concreta. Ni siquiera sabíamos qué lugar era Almería. Yo nunca había estado allí. Al principio, incluso creímos que decían “Alemán” (en referencia a Alemania).

Después, cuando intervinieron nuestros teléfonos y ordenadores y nos pidieron las contraseñas, se las facilitamos con total colaboración. Pensaba que todo podría aclararse enseguida y que nos dejarían en libertad muy pronto. En aquellos dispositivos estaba almacenada toda la información de nuestra vida desde que terminamos la universidad. Hay que tener en cuenta que quienes realmente se dedican a este tipo de delitos suelen cambiar de teléfono periódicamente.

¿Qué fue lo que más les impactó de aquella detención?

S. Y.: Para mí, lo más doloroso no fue solo mi propia detención. Fue ver a mi hijo bajar las escaleras acompañado por policías completamente armados, ver cómo presenciaba que esposaban a sus padres, con los restos de las puertas esparcidos por el suelo, los policías revolviéndolo todo y el ruido ensordecedor de los taladros percutores, sin que nadie pudiera explicarle por qué estaba pasando aquello.

Además, éramos inmigrantes inversores que habíamos llegado a España cinco años antes. No teníamos familiares aquí, no hablábamos español y nunca habíamos tenido contacto con un abogado penalista. Me sentía desesperada. Tampoco sabía adónde iban a llevar a mi hijo. No fue hasta que llevábamos cuatro meses en prisión, cuando se levantó el secreto de las actuaciones y supimos que el punto de partida central de todas aquellas graves acusaciones contra nosotros era que la Policía me había atribuido erróneamente una dirección de un monedero de criptomonedas que había transferido más de 21 millones de USDT [Tether, una criptomoneda estable equivalente al dólar].

¿A qué se dedicaban profesionalmente en China? ¿Cuáles eran sus puestos concretos en la Policía?

Z. W.: Mi esposa y yo trabajamos durante más de diez años en la Policía de Shanghái, principalmente en tareas relacionadas con la investigación criminal. Mi puesto concreto estaba en el Departamento de Mando de la Jefatura de Policía de Shanghái. Me encargaba de revisar los informes de investigación de las unidades subordinadas. Cuando dejé el cuerpo, tenía el rango de superintendente de policía de primera clase.

S. trabajaba en el Departamento de Apoyo Logístico de la Jefatura de Policía de Shanghái, donde se ocupaba de las finanzas del cuerpo. Cuando dejó el servicio, tenía el rango de superintendente de policía de segunda clase. Los dos tenemos formación universitaria y durante muchos años trabajamos con investigaciones, pruebas, actas de declaración y procedimientos penales.

¿De dónde procede su patrimonio y qué tipo de permiso de residencia tenían?

Z. W.: En 2019 vinimos a vivir a España con una autorización de residencia no lucrativa. Los bienes que tenemos en España proceden principalmente de la venta de nuestro patrimonio legítimo en China. De 2018 a 2020, mi esposa, nuestros padres y yo vendimos, sucesivamente, tres apartamentos en Shanghái. El valor total de esas propiedades superaba los 1,5 millones de euros. Antes de emigrar a España, también vendimos nuestros coches, motocicletas y el resto de nuestros bienes. Retiramos íntegramente los ingresos y los ahorros acumulados durante muchos años de trabajo.

En la práctica, renunciamos a todo lo que teníamos en Shanghái, reunimos todos los fondos disponibles y los llevamos a España para empezar una nueva vida. Nuestro abogado, Juan Antonio Signes, presentó al juzgado toda esa cadena documental en su solicitud de sobreseimiento libre: los contratos de venta de los inmuebles de Shanghái, los justificantes de pago de impuestos y la documentación acreditativa de los fondos, formalizada ante notario y legalizada por el consulado español; además de la documentación de todo el proceso mediante el cual cambiamos el dinero a euros en China y lo transferimos a bancos españoles, bien desde China, bien desde Hong Kong.

¿A qué se han dedicado desde que llegaron a España?

Z. W.: Desde que llegamos a España también hemos obtenido ingresos para vivir mediante el alquiler de inmuebles, presentando las correspondientes declaraciones fiscales conforme a la ley. Además, producimos vídeos cortos para nuestras redes sociales. Aceptamos encargos de seguidores para recomendar productos españoles y ayudarles a comprarlos, entre otros servicios. También prestamos determinados servicios de intermediación por los que cobramos comisiones.

China tiene un control de divisas estricto y cada adulto dispone de un límite anual para cambiar moneda extranjera. Por eso, trasladar al extranjero los fondos de una familia exige hacerlo a lo largo de varios años, utilizar los límites de distintos familiares o pasar por cuentas en Hong Kong.

En su informe de investigación, la UDEF describió esas remesas escalonadas como un “fraccionamiento” sospechoso. Sin embargo, esa es precisamente la forma a la que muchas familias chinas corrientes se ven obligadas a recurrir para transferir legalmente su propio dinero al extranjero.

¿Qué tipo de contenido publicaban en redes sociales?

Z. W.: Nuestro contenido se dirige principalmente a usuarios de habla china, tanto a la comunidad china de España como a personas de habla china de todo el mundo. Utilizamos sobre todo plataformas chinas como Xiaohongshu, Douyin y WeChat. Entre las distintas plataformas sumamos más de 300.000 seguidores. Compartimos información sobre la cultura española, gastronomía, turismo, consumo, sector inmobiliario y puros, entre otros temas, y también grabamos nuestra vida cotidiana. Soy yo quien aparece ante la cámara dando las explicaciones.

Entre Xiaohongshu, Douyin y WeChat sumamos más de 300.000 seguidores en redes sociales

¿Cómo impactó la detención en su actividad en redes sociales?

Z. W.: Cuando la Policía publicó posteriormente el vídeo de la 'Operación Karasu', aparecían en él muchas imágenes fácilmente reconocibles del exterior de nuestra casa, del jardín y del interior. Muchos seguidores ya habían visto nuestra vivienda y podían identificarla sin dificultad. Aunque la Policía no mostró nuestras caras en el vídeo, todas aquellas imágenes de nuestra casa eran, en la práctica, nuestras tarjetas de identidad.

 ¿Cómo fue la primera declaración ante el juez?

S. Y.: Cuando supimos que teníamos que ingresar inmediatamente en prisión, sentimos que se nos venía el mundo encima. Hasta ese momento, habíamos seguido creyendo que todo era un malentendido, que el juez esclarecería enseguida la verdad y que nos dejaría volver a casa. O, al menos, que nos concedería la libertad bajo fianza, tal como creíamos que funcionaba la justicia en los países occidentales. Porque, de verdad, no entendíamos en absoluto qué relación podíamos tener con las acusaciones que aparecían en aquel papel que nos habían mostrado el día de la detención.

¿Cómo fue la experiencia en prisión?

S. Y.: Nunca había imaginado que mi vida pudiera tener alguna relación con una prisión. No sabía por qué estaba encerrada, no sabía cómo estaba mi hijo y no sabía cuánto tiempo iba a permanecer allí. Esa sensación era lo que más me atormentaba. Mi marido y yo estábamos recluidos por separado. Yo solo hablaba un español muy básico, por lo que muchas cosas dentro de la cárcel me resultaban difíciles. Al principio no podía dormir en absoluto. Después, cuando el agotamiento pudo conmigo, conseguí dormir, pero tenía pesadillas todas las noches y me despertaba sobresaltada cada hora. Poco a poco, con mi español básico, fui pidiendo ayuda a otras presas y conseguí llamar a mi madre, que estaba en Shanghái.

Una familia de tres personas que llevaba una vida normal había quedado, de repente, dividida en tres lugares distintos

Estaba completamente separada de mi marido y de mi hijo. Una familia de tres personas que llevaba una vida normal había quedado, de repente, dividida en tres lugares distintos. No sabía dónde estaba mi hijo ni cómo se encontraba. No podía soportarlo. Me pasaba los días sentada, ausente, llorando. Mi marido y yo llegamos a querer acabar con nuestra vida. En prisión escribí una carta de despedida, saqué los cordones de los zapatos y me preparé para ahorcarme en la estructura de la cama a medianoche. Lo intenté. Era posible. En la cultura asiática tenemos una práctica que consiste en demostrar nuestra inocencia con la muerte. El abogado avisó a la prisión de que yo quería suicidarme, y allí me recetaron antidepresivos. Lo que me permitió seguir adelante fue pensar en mi hijo y en mis padres. Mi madre me insistía por teléfono en que fuera fuerte, aunque era muy difícil.

Aquellos cinco meses fueron la etapa más oscura de nuestra vida. Todavía hoy, cuando pienso en aquellos días, tiemblo de pies a cabeza.

Z. W.: Al igual que mi esposa, nunca había imaginado que algún día acabaría en prisión. También sufrí registros corporales humillantes. Me tomaron las huellas, me fotografiaron y me obligaron a desnudarme por completo. Durante los primeros días seguía pensando que la Policía Nacional aclararía pronto el error y nos dejaría volver a casa. O que, si no podía resolverse tan deprisa, al menos el juzgado nos concedería la libertad bajo fianza para que pudiéramos regresar y cuidar de nuestro hijo. Pero, poco a poco, todas esas esperanzas se desvanecieron.

No sabía cuánto tiempo iba a estar allí. Oía a muchos presos decir que en España todo era muy lento, y que la justicia era aún más lenta. Eso me llevó a la desesperación. Yo también escribí una carta de despedida y fabriqué un instrumento, preparándome para decir adiós a este mundo. Quería demostrar con mi muerte que era inocente. Cuando supe que mi esposa también quería suicidarse, hice un gran esfuerzo por superar aquella idea. No quería que nuestro hijo se quedara huérfano.

¿Por cuántas prisiones pasaron?

S. Y.: En cinco meses pasé por cinco prisiones. En cada traslado tenía que volver a soportar la dureza del viaje, adaptarme de nuevo y someterme a los registros corporales de los funcionarios, que me resultaban humillantes cada vez. Estuvimos encarcelados desde el 14 de enero de 2025 hasta mediados de junio: cinco meses enteros. Aquella repentina puesta en libertad bajo fianza también resultó extraña, porque no la habíamos solicitado nosotros.

Z. W.: Pasé por tres prisiones. Los asfixiantes vehículos de traslado y los humillantes registros corporales me dejaron recuerdos dolorosos que nunca podré olvidar.

¿Qué ocurrió con su hijo?

Z. W.: Nuestro hijo fue llevado a un centro de menores, donde permaneció dos meses. Todavía hoy nos habla de aquella experiencia. Tiene miedo de volver a perdernos y de que lo lleven otra vez allí. Ahora ya tiene 10 años, pero le da muchísimo miedo estar solo. En casa, a menudo permanecemos en silencio.

S. Y.: Cuando nos detuvieron, solo tenía ocho años. Mientras dormía, agentes del GEO armados con ametralladoras lo despertaron en su cama y lo llevaron escaleras abajo. Vio a sus padres esposados con las manos a la espalda. Como no teníamos otros familiares en España, tras nuestra detención simultánea lo llevaron a un centro de menores, donde vivió aproximadamente dos meses.

Al enterarse de nuestra detención, mis padres perdieron el conocimiento y se desmayaron

Esta es, quizá, la parte más dolorosa de todo lo sucedido para mí. Al principio, cuando ingresó en el centro de acogida, tuvo que dejar de ir al colegio. De no haber sido por la ayuda de un buen amigo nuestro, posiblemente lo habrían obligado a cambiar de centro escolar.

Nuestros amigos hicieron un esfuerzo enorme. Finalmente, ayudaron a mi madre a viajar desde China a España, recoger a nuestro hijo en el centro de acogida y llevárselo a Shanghái. Mis padres están jubilados y tienen cerca de 70 años. Al enterarse de nuestra detención perdieron el conocimiento y se desmayaron. Además, conseguir el visado para que mi madre viniera a España fue un proceso lleno de dificultades. Se lo denegaron dos veces y no lo obtuvo hasta el tercer intento. Durante todo ese tiempo, mis padres sufrieron una angustia y un dolor inmensos.

¿Qué consecuencias ha tenido todo esto para su familia y sus relaciones sociales?

Z. W.: Ha destruido casi por completo nuestra vida. No solo en España, sino también en China. Hemos perdido nuestra reputación, a nuestros amigos y a la inmensa mayoría de nuestros familiares. Mis padres han cortado el contacto conmigo. Sienten vergüenza. Los padres de mi esposa también soportan una enorme presión social en Shanghái. Para ayudarnos a reunir el dinero de los abogados y de las fianzas, se han endeudado enormemente.

Nuestra reputación en la comunidad china de España y en las redes sociales chinas ha sufrido un golpe devastador

En el plano social, nuestra reputación en la comunidad china de España y en las redes sociales chinas ha sufrido un golpe devastador. Ya no puedo seguir publicando, como antes, aquellos contenidos en los que compartíamos una vida normal. Ya no nos atrevemos a salir con tranquilidad.

¿Cuál es su situación actual?

Z. W.: Seguimos teniendo la condición de investigados. Todas nuestras cuentas bancarias están bloqueadas, nuestros inmuebles están sujetos a restricciones y nuestros vehículos y otros bienes siguen intervenidos o destinados al uso de la Policía. Seguimos soportando una pesada carga de deudas. Además, no supimos hasta septiembre de este año que, en abril del año pasado, cuando todavía estábamos en prisión, el juzgado había dictado un auto que autorizaba la subasta de nuestros inmuebles. De no haber sido por los recursos de otros encausados, quizá los tres ya nos habríamos quedado sin hogar, durmiendo en la calle. Fuera siguen circulando muchas difamaciones y rumores sobre nosotros.

Mi esposa perdió su situación de residencia legal porque, cuando le correspondía renovarla, estaba en prisión

Procuramos evitar el contacto con otras personas chinas. Mi esposa perdió su situación de residencia legal porque, cuando le correspondía renovarla, estaba en prisión. Ahora su abogado de extranjería le dice que, debido a su registro de detención, no puede solicitar la residencia legal. Nuestros pasaportes están retenidos en el juzgado y no podemos salir de España. Mi esposa no puede volver a China a visitar a sus padres, a su abuela materna y a su abuelo paterno (todos son de edad avanzada y padecen enfermedades).

S. Y.: No sabemos cuándo terminará la causa. Hay quien dice que harán falta tres años; otros dicen que podrían ser diez. Y esas etiquetas que se han difundido permanecerán para siempre en internet y en la memoria de la gente.

Un matrimoni de ciutadans xinesos establit a València manté una batalla contra la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional per considerar que van ser detinguts en el marc de l’“Operació Karasu” a conseqüència d’un suposat error de la investigació. Es tracta de S. Y. (Xangai, 1987) i de Z. W. (Hebei, 1985), dos expolicies xinesos detinguts al seu domicili d’una localitat pròxima a la capital del Túria el 14 de gener de 2025. La parella, que figura com a investigada en la causa per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el si d’una organització criminal, va passar cinc mesos en presó provisional. El fill de tots dos, de huit anys, va estar en un centre de menors durant dos mesos. També denuncien que l’arrest va propiciar la seua marginació de la comunitat xinesa, en haver sigut reconeguts públicament a conseqüència de la seua dedicació a la creació de contingut en xarxes socials —asseguren sumar 300.000 seguidors entre Xiaohongshu, Douyin i WeChat—.

L’“Operació Karasu” va desarticular, segons el Ministeri de l’Interior, l’organització criminal “més poderosa a escala internacional” en l’especialitat de blanqueig mitjançant el mètode hawala, un sistema informal de transferència de diners que funciona mitjançant una xarxa d’intermediaris i es basa en la confiança, sense moure físicament els diners en efectiu d’un lloc a un altre.

La presumpta xarxa “proporcionava suport econòmic a activitats orientades al tràfic d’éssers humans i tràfic de drogues” en el marc d’una trama, investigada inicialment per la Unitat Central de Xarxes d’Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Policia Nacional, que comptava amb una “branca àrab” encarregada de la “recepció dels diners en qualsevol part del món” i amb una segona “branca d’origen xinés”, que “facilitava els diners a Espanya a petició de l’anterior, rebent-ne la compensació en criptodivises”, a manera de “banca clandestina”. Les investigacions van comptar amb la col·laboració d’Europol i van culminar amb un dispositiu en què van participar 250 agents, amb detencions en diverses ciutats espanyoles, inclosa la del matrimoni xinés, una experiència que S. Y. qualifica d’“aterridora”.

La UDEF vinculava la dona —S. Y.— amb un criptomoneder pel qual van circular 1.435 transaccions per un import total de 21,5 milions de dòlars —tant en entrades com en eixides—, a manera d’adreça “pont” o d’“intermediari”. Un informe policial que consta en el sumari de la causa, al qual ha tingut accés elDiario.es, explica que es tracta del criptoactiu USDT, popularment conegut com a Tether, “la peculiaritat del qual es basa en el fet que el seu preu no fluctua (stablecoin), ja que està associat al valor del dòlar nord-americà”. Aquesta criptomoneda, deia l’informe, “és utilitzada habitualment per organitzacions criminals i, específicament, en la banca hawala, en evitar la volatilitat d’altres criptoactius com el Bitcoin”.

La plaça número 3 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Almeria, que centralitza el procediment, va ordenar el bloqueig dels béns que la dona comparteix amb el seu marit —cinc habitatges—, i també dels vehicles del matrimoni, entre els quals una Harley-Davidson de segona mà a nom de Z. W. L’anàlisi elaborada per la UDEF va concloure que la parella compartia un “alt patrimoni en habitatges”, xifrat en 780.000 euros, sense haver recorregut a “cap préstec hipotecari” i “abonant els pagaments a través de xecs nominatius o lliuraments d’efectiu”.

Ells defensen que, abans d’arribar a Espanya el 2019 amb una autorització de residència no lucrativa, van vendre tres apartaments a Shanghai per un valor total que “superava els 1,5 milions d’euros”.

Un “error involuntari” en l’anàlisi

Una vegada alçat el secret de sumari, la defensa va qüestionar l’atribució a S. Y. de la titularitat del moneder pel qual havien circulat els 21,5 milions de dòlars. La UDEF va reconéixer, en resposta a les al·legacions de l’advocat del matrimoni xinés i després d’una “revisió exhaustiva del material analític i documental”, un “error involuntari de transliteració en la fase de buidatge i transcripció de dades durant el procés d’anàlisi on-chain”, segons indica un ofici del 22 de desembre de 2025.

L’adreça de criptoactius inicialment atribuïda a S. Y. no pertanyia a la plataforma Binance, com s'afirmava inicialment. “L’error ve donat”, segons explica l’ofici, “en interpretar erròniament” que l’adreça “pertany a la investigada quan la interpretació correcta és la vinculació entre totes dues” —entre el moneder sospitós i el de S. Y.— mitjançant una de les transaccions investigades en el procediment, per la qual s’havia sol·licitat informació a Binance Espanya quan la causa romania sota secret.

Els investigadors havien demanat el 27 de setembre de 2024 a Binance, la plataforma en línia d’intercanvi de criptomonedes més gran per volum d’operacions diàries, una “nova sol·licitud d’informació, a fi d’actualitzar dades sobre una sèrie d’adreces entre les quals es trobaria la de la investigada”.

“Una vegada identificat l’incident, es va contrastar novament la informació blockchain, reconstruir la traçabilitat completa de les transaccions i determinar la naturalesa de l’adreça efectivament atribuïda a la investigada”, afirma l’ofici policial. Després d’una “nova avaluació tecnicoforense” i ja “esmenada l’atribució inicial errònia a Binance” —a conseqüència de la “confusió tècnica per transliteració d’adreces”—, la UDEF va reafirmar que continuava existint un “vincle operatiu i financer” entre el moneder que efectivament pertanyia a S. Y. i la presumpta organització criminal investigada en l’“Operació Karasu”.

Rebaixa dels indicis a un “possible control” del moneder

En les seues noves conclusions, la UDEF veia “patrons” que “sustenten” l’“existència d’interacció financera” amb la presumpta xarxa investigada, en un “context compatible amb activitats de banca clandestina”. A més, asseverava que la dona, “en identificar l’adreça qüestionada com a pertanyent a un moneder ImToken”, va fer un “reconeixement de coneixement intern”, la qual cosa seria un “indici de relació directa amb aquesta adreça” —Z. W., marit de S. Y., sosté que ho van saber després d’encarregar una anàlisi a Bitrace, “una empresa especialitzada en investigacions de cadena de blocs amb seu a Hong Kong”—.

En un segon ofici, del passat 10 de març, els agents al·ludien a “indicis de vinculació econòmica entre les persones investigades i l’adreça de criptomonedes objecte d’anàlisi” i a “elements que apunten a l’eventual coneixement de l’activitat desenvolupada” a través del criptomoneder. L’ofici assegurava que, a l’espera de l’informe definitiu i després de l’“anàlisi preliminar” d’un telèfon mòbil intervingut al matrimoni, “s’ha localitzat novament” l’adreça de criptoactius per la qual van circular els fons presumptament il·lícits. S. Y. explica que, “amb total col·laboració”, havia facilitat durant la detenció les contrasenyes dels dispositius intervinguts, inclòs el telèfon.

La Policia va continuar buscant indicis. “La presència d’aquesta adreça en les dades extretes [del terminal telefònic] constitueix un element objectiu addicional de vinculació, com també un indici rellevant que podria apuntar al possible control, utilització o, almenys, coneixement de l’activitat associada a aquesta per part dels investigats”, conclou l’ofici de la UDEF en referència a la parella.

Per la seua banda, l’advocat que exerceix la defensa de S. Y. i de Z. W., el penalista Juan Antonio Signes, declara que a la seua clienta “se li va atribuir un moneder de la xarxa TRON que no era seu, era una adreça de pas per la qual circulaven fons de tercers”, tal com “ha reconegut la mateixa unitat investigadora per escrit en dos oficis”, segons remarca.

“L’adreça que Binance associava realment a la meua clienta era una altra de diferent, així que l’error es va produir en atribuir-li aquesta adreça en l’anàlisi policial”, afirma el lletrat. No obstant això, fonts pròximes a la investigació consultades per aquest diari asseguren que es va tractar d’un simple error de “copia i enganxa”, es reafirmen en l’atribució de la titularitat “real” del moneder pont a la dona i auguren que l’informe definitiu reunirà tots els indicis.

El lletrat de la parella, per la seua banda, creu que “aquesta atribució era l’únic vincle directe que els relacionava amb l’organització investigada, i una vegada cau no queda res que els connecte amb els fets que van donar origen a la causa”.

Z. W., que afirma haver sigut superintendent de Policia de primera classe al Departament de Comandament de la Prefectura de Policia de Shanghai abans d’arribar a Espanya, exclama: “Vam ser nosaltres, les persones investigades, els qui, després d’eixir en llibertat sota fiança, vam pagar una investigació independent i vam presentar-ne els resultats al jutjat, i només després, el 22 de desembre de 2025, la UDEF ho va reconéixer per escrit”.

El moneder va continuar funcionant

La defensa també al·lega que, durant l’estada en presó provisional del matrimoni xinés, el moneder investigat va continuar “funcionant” i va fer “38 operacions per més de 691.000 dòlars, quan ells no tenien accés ni a un telèfon ni a un ordinador”. Per contra, fonts policials asseguren que podria tractar-se de moviments programats automàticament abans de la detenció.

“Aquesta atribució era l’únic vincle directe que els relacionava amb l’organització investigada, i una vegada cau no queda res que els connecte amb els fets que van donar origen a la causa”, rebla l’advocat Juan Antonio Signes.

D’altra banda, la UDEF també imputa a S. Y. el pagament d’uns 50.000 dòlars al moneder pont investigat. “A parer nostre, es tracta d’una reconstrucció a posteriori de la hipòtesi incriminatòria”, afirma Z. W. “Es va tractar d’una única operació amb un comerciant xinés d’Alacant, que ens va facilitar l’adreça de cobrament. Només vam fer aquesta operació amb aquesta persona i després no hi vam tornar a tindre cap relació. Ni aquest comerciant ni la persona que ens el va presentar figuren en la causa Karasu”, defensa l’home.

L’advocat del matrimoni puntualitza que, una vegada “caiguda l’atribució del moneder, no es pot mantindre la mateixa imputació buscant-li un altre suport diferent del que la va justificar” i destaca que aquesta operació per un import de 50.000 dòlars “va just en sentit contrari el que exigeix la mateixa tesi policial”. “La investigació sosté que l’anomenada branca xinesa aportava efectiu a canvi de criptomoneda, i aquest moviment no encaixa en aquest esquema sinó en l’invers, de manera que, lluny de reforçar la hipòtesi de la UDEF, la contradiu”, sosté Signes.

La defensa, en els escrits que figuren en el sumari, descarta que el patrimoni immobiliari a Espanya de S. Y. i de Z. W., i també els seus vehicles, provinguen del blanqueig. El lletrat ha aportat “119 documents que acrediten d’on ve”. “Hi ha vendes d’immobles a Shanghai i rendes del treball a la Xina, amb certificacions notarials legalitzades i traduïdes i amb la seua tributació. Hi ha transferències bancàries a Espanya a través d’entitats supervisades entre 2019 i 2024, i ací rendes de lloguer i les seues declaracions d’IRPF. Tots els diners van entrar pel banc i tot és traçable”, afirma.

Sobre les nombroses caixes de puros que es van intervindre a Z. W., l’advocat al·lega que “no integren cap patrimoni opac, sinó una col·lecció formada per un aficionat amb activitat pública de divulgació acreditada, adquirida en establiments oficials d’Espanya i de Cuba i composta per peces d’edició limitada i numerades”. I argumenta que “col·leccionar puros, per valuosos que siguen, no és ni pot ser blanqueig de capitals”.

“Reduïda la causa al seu esquelet, no queda absolutament res en peu, excepte el dany ja causat, cinc mesos de presó i tot un patrimoni bloquejat, alçat tot això sobre un error que el seu propi autor confessa”, reprotxa l’advocat.

La jutgessa insta a demanar “aclariments” en un eventual judici

La defensa va sol·licitar el sobreseïment lliure de la causa per al matrimoni i el desbloqueig dels seus béns i comptes. Juan Antonio Signes sosté en el seu recurs que tota la investigació del presumpte blanqueig va partir d’una premissa “errònia”, reconeguda per la UDEF “primer com a error de transcripció i després com a error material”.

La fiscal, per la seua banda, va esgrimir que la petició de sobreseïment es basava en un error en la fase de bolcat i en la transcripció de dades, que havia tingut la seua “rectificació tècnica corresponent” per part dels investigadors, els quals van aportar finalment una “traçabilitat de l’adreça correcta” amb la qual “es manté la imputació” de S. Y., segons afirma la representant del Ministeri Públic en el seu escrit del passat 14 de juliol.

La titular de la plaça número 3 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Almeria, en una providència del 30 de juliol, va denegar el sobreseïment lliure en apreciar indicis d’un presumpte delicte de blanqueig de capitals i a l’espera de l’informe final de la UDEF —tot això “sense perjudici del que ulteriorment puga acordar-se arran de la instrucció de la present causa”—.

La magistrada també considera, segons afirma en una interlocutòria dictada el passat 24 de setembre, que la UDEF va posar en coneixement del jutjat l’“oportuna rectificació” i va contestar les al·legacions de la defensa.

Una altra resolució de la instructora de la mateixa data va denegar l’obtenció de la documentació en brut aportada per Binance que manejava la UDEF, tal com havia sol·licitat la defensa. La jutgessa, coincidint amb el criteri del Ministeri Fiscal, creu que les diligències proposades per l’advocat del matrimoni xinés “no resulten imprescindibles ni útils per a l’esclariment dels fets”.

La resolució juducial, que no és ferma i pot ser recorreguda en apel·lació, reclama la defensa a citar els investigadors de la UDEF en l’eventual judici oral, “per a sol·licitar els aclariments que consideren convenients”.

Un matrimonio de ciudadanos chinos asentado en València mantiene una batalla contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al considerar que fueron detenidos en el marco de la 'Operación Karasu' por un supuesto error de la investigación. Se trata de S. Y. (Shanghái, 1987) y de Z. W. (Hebei, 1985), dos expolicías chinos detenidos en su vivienda de una localidad cercana a la capital del Túria el 14 de enero de 2025. La pareja, que figura como investigada en la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, pasó cinco meses en prisión provisional. El hijo de ambos, de ocho años, estuvo en un centro de menores durante dos meses. También denuncian que el arresto propició su marginación de la comunidad china, al haber sido reconocidos públicamente como consecuencia de su dedicación a la creación de contenido en redes sociales (aseguran sumar 300.000 seguidores entre Xiaohongshu, Douyin y WeChat).

La 'Operación Karasu' desarticuló, según el Ministerio del Interior, la organización criminal “más poderosa a nivel internacional” en la especialidad de blanqueo mediante el método hawala, un sistema informal de transferencia de dinero que funciona mediante una red de intermediarios y se basa en la confianza, sin mover físicamente el efectivo de un lugar a otro.

La presunta red “proporcionaba soporte económico a actividades orientadas al tráfico de seres humanos y tráfico de drogas” en el marco de una trama, investigada inicialmente por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, que contaba con una “rama árabe” encargada de la “recepción del dinero en cualquier parte del mundo” y con una segunda “rama de origen chino”, que “facilitaba el dinero en España bajo la petición de la anterior, recibiendo su compensación en criptodivisas”, a modo de “banca clandestina”. Las pesquisas contaron con la colaboración de Europol y culminaron con un dispositivo en el que participaron 250 agentes, con detenciones en varias ciudades españolas, incluyendo la del matrimonio chino, una experiencia que S. Y. tilda de “aterradora”.

La UDEF vinculaba a la mujer —S. Y.— con un criptomonedero por el que circularon 1.435 transacciones por un importe total de 21,5 millones de dólares (tanto en entradas como en salidas), a modo de dirección “puente” o de “intermediario”. Un informe policial que consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que se trata del criptoactivo USDT, popularmente conocido como Tether, “cuya peculiaridad se basa en que su precio no fluctúa (stablecoin), dado que está asociado al valor del dólar estadounidense”. Esa criptomoneda, decía el informe, “es utilizada comúnmente por organizaciones criminales y, específicamente, en la banca hawala, al evitar la volatilidad de otros criptoactivos como el Bitcoin”.

La Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que centraliza el procedimiento, ordenó el bloqueo de los bienes que la mujer comparte con su marido (cinco viviendas), así como los vehículos del matrimonio, entre ellos una Harley-Davidson de segunda mano a nombre de Z. W. El análisis elaborado por la UDEF concluyó que la pareja compartía un “alto patrimonio en viviendas”, cifrado en 780.000 euros, sin haber recurrido a “ningún préstamo hipotecario” y “abonando los pagos a través de cheques nominativos o entregas de efectivo”.

Ellos defienden que, antes de aterrizar en España en 2019 con una autorización de residencia no lucrativa, vendieron tres apartamentos en Shanghái por un valor total que “superaba los 1,5 millones de euros”.

Un “error involuntario” en el análisis

Una vez levantado el secreto de sumario, la defensa cuestionó la atribución a S. Y. de la titularidad del monedero por el que habían circulado los 21,5 millones de dólares. La UDEF reconoció, en contestación a las alegaciones del abogado del matrimonio chino y tras una “revisión exhaustiva del material analítico y documental”, un “error involuntario de transliteración en la fase de volcado y transcripción de datos durante el proceso de análisis on-chain”, según indica un oficio del 22 de diciembre de 2025.

La dirección de criptoactivos inicialmente atribuida a S. Y. no pertenecía a la plataforma Binance, como se afirmaba en un informe del 6 de noviembre de 2024. “El error viene dado”, según abunda el oficio, “al interpretar erróneamente” que la dirección “pertenece a la investigada cuando la interpretación correcta es la vinculación entre ambas” (entre el monedero sospechoso y el de S. Y.) mediante una de las transacciones investigadas en el procedimiento, por la que se le había solicitado información a Binance España cuando la causa permanecía bajo secreto.

Los investigadores habían pedido el 27 de septiembre de 2024 a Binance, la mayor plataforma online de intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones diarias, una “nueva solicitud de información, a fin de actualizar datos sobre una serie de direcciones en las que se encontraría la de la investigada”.

“Una vez identificado el incidente, se procedió a cotejar nuevamente la información blockchain, reconstruir la trazabilidad completa de las transacciones y determinar la naturaleza de la dirección efectivamente atribuida a la investigada”, afirma el oficio policial. Tras una “nueva evaluación técnico-forense” y ya “subsanada la atribución inicial errónea a Binance” (a consecuencia de la “confusión técnica por transliteración de direcciones”), la UDEF reafirmó que seguía existiendo un “vínculo operativo y financiero” entre el monedero que efectivamente pertenecía a S. Y. y la presunta organización criminal investigada en la 'Operación Karasu'.

Rebaja de los indicios a un “posible control” del monedero

En sus nuevas conclusiones, la UDEF veía “patrones” que “sustentan” la “existencia de interacción financiera” con la presunta red investigada, en un “contexto compatible con actividades de banca clandestina”. Además, aseveraba que la mujer, “al identificar la dirección cuestionada como perteneciente a un monedero Imtoken”, hizo un “reconocimiento de conocimiento interno”, lo cual sería un “indicio de relación directa con dicha dirección” (Z. W., marido de S. Y., sostiene que lo supieron tras encargar un análisis a Bitrace, “una empresa especializada en investigaciones de cadena de bloques con sede en Hong Kong”).

En un segundo oficio, del pasado 10 de marzo, los agentes aludían a “indicios de vinculación económica entre las personas investigadas y la dirección de criptomonedas objeto de análisis” y a “elementos que apuntan al eventual conocimiento de la actividad desarrollada” a través del criptomonedero. El oficio aseguraba que, a la espera del informe definitivo y tras el “análisis preliminar” de un teléfono móvil intervenido al matrimonio, “se ha localizado nuevamente” la dirección de criptoactivos por la que circularon los fondos presuntamente ilícitos. S. Y. explica que, “con total colaboración”, había entregado durante la detención las contraseñas de sus dispositivos intervenidos, incluido el teléfono.

La Policía continuó buscando indicios. “La presencia de dicha dirección en los datos extraídos [del terminal telefónico] constituye un elemento objetivo adicional de vinculación, así como un indicio relevante que podría apuntar al posible control, utilización o, cuando menos, conocimiento de la actividad asociada a la misma por parte de los investigados”, concluye el oficio de la UDEF en referencia a la pareja.

Por su parte, el abogado que ejerce la defensa de S. Y. y de Z. W., el penalista Juan Antonio Signes, declara que a su clienta “se le atribuyó un monedero de la red TRON que no era suyo, era una dirección de paso por la que circulaban fondos de terceros”, tal como “ha reconocido la propia unidad investigadora por escrito en dos oficios”, según remarca.

“La dirección que Binance asociaba realmente a mi clienta era otra distinta, así que el error se produjo al atribuirle esa dirección en el análisis policial”, afirma el letrado. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario aseguran que se trató de un mero error de “cortapega”, se reafirman en la atribución de la titularidad “real” del monedero puente a la mujer y auguran que el informe definitivo reunirá todos los indicios.

El letrado de la pareja, por su parte, cree que “esa atribución era el único vínculo directo que los relacionaba con la organización investigada, y una vez cae no queda nada que los conecte con los hechos que dieron origen a la causa”.

Z. W., que afirma haber sido superintendente de Policía de primera clase en el Departamento de Mando de la Jefatura de Policía de Shanghái antes de llegar a España, exclama: “Fuimos nosotros, las personas investigadas, quienes, después de salir en libertad bajo fianza, pagamos una investigación independiente y presentamos sus resultados al juzgado, y solo después, el 22 de diciembre de 2025, la UDEF lo reconoció por escrito”.

El monedero siguió funcionando

La defensa también alega que, durante la estancia en prisión provisional del matrimonio chino, el monedero investigado siguió “funcionando” y realizó “38 operaciones por más de 691.000 dólares, cuando ellos no tenían acceso ni a un teléfono ni a un ordenador”. Por el contrario, fuentes policiales aseguran que podría tratarse de movimientos programados automáticamente previamente a la detención.

“Esa atribución era el único vínculo directo que los relacionaba con la organización investigada, y una vez cae no queda nada que los conecte con los hechos que dieron origen a la causa”, remacha el abogado Juan Antonio Signes.

Por otro lado, la UDEF también imputa a S. Y. el pago de unos 50.000 dólares al monedero puente investigado. “A nuestro juicio, se trata de una reconstrucción a posteriori de la hipótesis incriminatoria”, afirma Z. W. “Se trató de una única operación con un comerciante chino de Alicante, que nos facilitó la dirección de cobro. Solo realizamos esa operación con esa persona y después no volvimos a tener ninguna relación. Ni ese comerciante ni la persona que nos lo presentó figuran en la causa Karasu”, defiende el hombre.

El abogado del matrimonio puntualiza que, una vez “caída la atribución del monedero, no se puede mantener la misma imputación buscándole otro apoyo distinto del que la justificó” y destaca que esa operación por un importe de 50.000 dólares “va justo en sentido contrario al que exige la propia tesis policial”. “La investigación sostiene que la llamada rama china aportaba efectivo a cambio de criptomoneda, y este movimiento no encaja en ese esquema sino en el inverso, de modo que, lejos de reforzar la hipótesis de la UDEF, la contradice”, sostiene Signes.

La defensa, en los escritos que figuran en el sumario, descarta que el patrimonio inmobiliario en España de S. Y. y de Z. W., así como sus vehículos, provengan del blanqueo. El letrado ha aportado “119 documentos que acreditan de dónde viene”. “Hay ventas de inmuebles en Shanghái y rentas del trabajo en China, con certificaciones notariales legalizadas y traducidas y con su tributación. Hay transferencias bancarias a España a través de entidades supervisadas entre 2019 y 2024, y aquí rentas de alquiler y sus declaraciones de IRPF. Todo el dinero entró por banco y todo es trazable”, afirma.

Sobre las numerosas cajas de puros que se le intervinieron a Z. W., el abogado alega que “no integran patrimonio opaco alguno, sino una colección formada por un aficionado con actividad pública de divulgación acreditada, adquirida en establecimientos oficiales de España y de Cuba y compuesta por piezas de edición limitada y numeradas”. Y argumenta que “coleccionar puros, por valiosos que sean, no es ni puede ser blanqueo de capitales”.

“Reducida la causa a su esqueleto, no queda absolutamente nada en pie, salvo el daño ya causado, cinco meses de prisión y un patrimonio entero bloqueado, levantado todo ello sobre un error que su propio autor confiesa”, reprocha el abogado.

La jueza emplaza a pedir “aclaraciones” en un eventual juicio

La defensa solicitó el sobreseimiento libre de la causa para el matrimonio y el desbloqueo de sus bienes y cuentas. Juan Antonio Signes sostiene en su recurso que toda la investigación del presunto blanqueo partió de una premisa “errónea”, reconocida por la UDEF “primero como error de transcripción y después como error material”.

La fiscal, por su parte, esgrimió que la petición de sobreseimiento se basaba en un error en la fase de volcado y en la transcripción de datos, que había tenido su “rectificación técnica correspondiente” por parte de los investigadores, quienes aportaron finalmente una “trazabilidad de la dirección correcta” con la que “se mantiene la imputación” de S. Y., según afirma la representante del Ministerio Público en su escrito del pasado 14 de julio.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, en una providencia del 30 de julio, denegó el sobreseimiento libre al ver indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales y a la espera del informe final de la UDEF (todo ello “sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera acordarse a resultas de la instrucción de la presente causa”).

La magistrada también considera, según afirma en un auto dictado el pasado 24 de septiembre, que la UDEF puso en conocimiento del juzgado la “oportuna rectificación” y contestó a las alegaciones de la defensa.

Otra resolución de la instructora de la misma fecha denegó la obtención de la documentación en bruto aportada por Binance que manejaba la UDEF, tal como solicitada la defensa. La jueza, coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal, cree que las diligencias propuestas por el abogado del matrimonio chino “no resultan imprescindibles ni útiles para el esclarecimiento de los hechos”.

El auto, que no es firme y puede ser recurrido en apelación, emplaza a la defensa a citar a los investigadores de la UDEF en el eventual juicio oral, “para solicitar las aclaraciones que tengan por conveniente”.

La causa por las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del PP sigue avanzando con lentitud. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de avalar la decisión más relevante del juez Santiago Pedraz en los últimos meses, la imputación del jefe de la UDEF en 2016 por el viaje a Nueva York para arrancar a un exministro de Hugo Chávez un testimonio contra el partido de Pablo Iglesias. 

Los magistrados rechazan los recursos de las defensas contra la decisión de Pedraz de incorporar a la causa los hechos denunciados por Podemos en una ampliación de su querella inicial. “Existe base suficiente” para que el comisario José Manuel García Catalán y una de sus subordinadas entonces “se expliquen, si lo consideran oportuno” sobre los hechos que se les imputan cuando acudan a declarar, recoge el auto de la Sección Tercera al que ha tenido acceso elDiario.es.

En el primer semestre de 2016, cuando la Policía del PP desató una cascada de informes falsos en la prensa para desacreditar a Podemos, el entonces jefe interino de la UDEF se desplazó a Nueva York con una subordinada y uno de los puntales de la brigada política, para entrevistarse con Rafael Isea, antiguo ministro de Energía de Venezuela que colaboraba con la DEA. 

De aquella reunión consta una grabación en la que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago presiona a Isea asegurándole que se reúne con él por “mandato” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los policías convencen al exministro para que acredite con su firma una fotocopia sobre supuestos pagos de Caracas a una fundación en la que habían trabajado los fundadores de Podemos años antes del nacimiento del partido. 

Durante la reunión en el Consulado de España, Rafael Isea expresó sus dudas sobre el origen del documento y quien se lo facilitó la primera vez a él fue un abogado español con antecedentes por estafa y habitual colaborador de la Policía. Podemos considera que la grabación del encuentro acredita que Isea no afirmó lo que recoge el atestado de la reunión firmado por García Catalán y su subordinada, filtrado a los pocos días al diario Abc. 

Próxima declaración del ministro venezolano

La declaración como investigado de García Catalán no tiene fecha a la espera de que la Policía emita un informe sobre la autenticidad de la grabación, que ya ha sido incorporada a la causa. Entretanto, el exministro de Energia venezolano declarará el próximo 15 de octubre por videoconferencia en la causa que se sigue en el Juzgado de Santiago Pedraz. 

Rafael Isea ya ha cuestionado en entrevistas la actuación de los policías y ha dicho que lo hizo movido por la necesidad de que él y su familia pudieran residir en España ante el acoso que sus allegados estaban sufriendo por el régimen de Chávez desde que él huyó del país. 

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que reflejar en un documento oficial de la Policía unos hechos tergiversados, como pudieran ser el caso, supondría la participación de los agentes en un delito de falsedad documental.

García Catalán ya declaró como testigo en diciembre de 2024 en la causa que se sigue por la guerra sucia a Podemos. Enmarcó dentro de una investigación por fraude fiscal a los fundadores de Podemos su viaje a Nueva York y aseguró que si no había oído la afirmación de Fuentes Gago de que acudía a la reunión por orden de Rajoy y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue porque había ido “al servicio” en ese momento.

Los magistrados rechazan igualmente la prescripción del delito que alegan los querellados y que amenaza toda la causa. Los jueces consideran que el de falsedad está castigado con penas de prisión y de inhabilitación de hasta seis años y que su prescripción se alarga hasta los diez. Para los jueces, la fecha para empezar a contar es la de la redacción del acta presuntamente falsificada, el 12 de abril de 2016. Los abogados de Podemos se apresuraron a presentar la ampliación de la querella el 16 de febrero de 2026, antes de que se cumplieran los diez años. 

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la investigación abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha acordado citar como investigadas para el 30 de noviembre a las hijas del expresidente del Gobierno. Asimismo, el magistrado concede tres días a la representación legal de Zapatero para que aporte, si lo desea, la documentación de las joyas que se hallaron en el registro de su despacho.

Calama ha solicitado en un auto un nuevo informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes –distinta de la que emitió el primer informe, Ansorena– de las piezas incautadas el 19 de mayo, al tiempo que cita como testigos el 19 de noviembre tanto al exdirectode participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo, como a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

El nuevo informe de las joyas deberá responder a ocho extremos que plantea el juez, desde algunos técnicos al “valor de reposición actual de cada joya de forma individualizada” y el “valor conjunto del lote intervenido”.

La citación de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, se produce a partir de un informe de la UDEF en el que los agentes acusan a ambas de dar cobertura formal a los pagos por el supuesto tráfico de influencias ejercido por su padre. En el atestado policial que solicitaba los registros del pasado mayo, los investigadores policiales consideraban que el nivel de facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas, era utilizada para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Los policías hacían un recorrido por la elaboración de los informes de asesoría de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, y concluían que Whathefav no aporta “un valor técnico especial”. En este sentido, los policías explicaban que “los contactos” a los que enviar los informes los elabora Zapatero, los textos son escritos por uno de los socios de la consultora, Sergio Sánchez, y Whathefav se dedica a maquetarlos y enviarlos a los clientes. 

Análisis Relevante es una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos, habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

La segunda atribución que hacen los agentes a la empresa de las hijas de Zapatero es la “canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada”. En el mismo sentido, la Policía destaca que las hijas del expresidente son “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa, Whathefav, y que lo hacen en cuentas donde consta como autorizado el propio Zapatero.

Los agentes añaden que la empresa “se perfila [como] un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”. “Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos”, escriben los policías. 

Ante las sospechas que crea en los policías la actividad de Whathefav, los agentes propusieron al juez el registro para establecer “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa, “respecto de los informes de asesoría o consultoría remitidos. Los policías se encuentran en proceso de cotejar la ”actividad declarada y la actividad real de la sociedad“. Esto permitirá, adelantaba el atestado, ”determinar el grado de participación“ de las hijas de Zapatero y su ”integración en la red organizada“.

En una entrevista el pasado julio en TVE, Zapatero defendió que sus hijas “han hecho su trabajo” y que “en absoluto” ha utilizado la sociedad Análisis Relevante para desviarles dinero. “Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?”, ha apostillado. “Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor”, expresó Zapatero.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la autorización del juez instructor del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, para que la Policía Nacional pueda investigar cuentas bancarias del exlíder socialista, sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar, entre otros, informa Europa Press.

En un escrito remitido al juez, el abogado del expresidente, Víctor Moreno, pide dejar sin efecto el permiso del magistrado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para “ampliar la información que se considere pertinente” sobre los referidos productos bancarios por investigar.

Calama autorizó la semana pasada a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y su entorno. En concreto, el instructor emplazó a los agentes a “ampliar la información que se considere pertinente” sobre varias cuentas bancarias, entre ellas algunas también de Julio Martínez, socio de Zapatero también imputado y dueño de Análisis Relevante, una de las sociedades bajo sospecha.

El juez ordenó, además, la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, “quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas”.

Suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso

Ahora, el letrado reclama suspender cautelarmente la autorización concedida a la unidad policial para ampliar información y la expedición de los requerimientos a las entidades bancarias, al menos hasta que el magistrado resuelva el presente recurso.

Además, solicita “dejar sin efecto la extensión del requerimiento a las comunicaciones internas de la entidad y con el cliente” y que se fije un término final expreso “al período objeto de requerimiento, acotando su marco temporal hasta como máximo diciembre de 2025”.

En lo referente a la apertura de una pieza reservada en la que se enmarcan estas diligencias, el abogado reclama que sea el letrado de la administración de justicia, “bajo la supervisión del instructor”, quien se encargue de la “depuración del contenido” de la información bancaria.

El letrado de Zapatero aboga por que “se establezcan con claridad los criterios para el expurgo” integrado en la pieza de información reservada, “ordenando a la unidad policial encargada del análisis que haga constar en sus informes no solo los datos que eventualmente detecte favorables a la tesis policial, sino que también consignen y aprecien todas las circunstancias y datos que resulten favorables para los investigados”.

La defensa de Zapatero argumenta que la información bancaria a la que Calama dio acceso “es muy extensa y se pide al máximo nivel de detalle”. “Esa habilitación adicional a la UDEF difumina el ámbito del objetivo que la propia resolución establece en el marco de una medida restrictiva de derechos fundamentales”, aduce.

Una autorización “genérica”

“Desde otro plano, además, esta autorización genérica a la UDEF impide el control de esas peticiones, tanto por la autoridad judicial como por las partes”, arguye. Advierte, además, que “una habilitación genérica podría avalar una investigación prospectiva”.

El abogado añade que si se analizan datos sin autorización judicial y para fines diferentes a los del objeto de la investigación “se puede, indebidamente, socavar el derecho fundamental a la intimidad y los datos personales” de Zapatero.

“En definitiva, no se puede permitir, por la vía de esta amplia habilitación, que se analice una información potencialmente íntima sin autorización judicial ni la indagación prospectiva en cuestiones ajenas al proceso”, agrega.

Respecto a la apertura de la pieza separada, Moreno afirma que le parece “sustancialmente correcto”, puesto que “las cuentas bancarias son reflejo de la vida íntima de una persona y existe en este proceso un riesgo consustancial muy elevado de filtración de la información obtenida”.

Todo ello se enmarca en el 'caso Plus Ultra', en el que el instructor investiga presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que acceda a más de sesenta cuentas bancarias de diferentes entidades y a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y sociedades que son investigadas en el marco del caso Plus Ultra, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Calama responde así a la petición realizada por la UDEF en un informe del pasado junio en el que se hace referencia a “flujos de fondos de interés” para la investigación y que implicarían “a los principales beneficiarios de la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez” a los que identifica “José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav [la sociedad de sus hijas]”.

El informe policial introduce novedades respecto a los atestados anteriores. Aparecen en el nuevo oficio nombres de otras sociedades que habrían servido también para canalizar pagos a Zapatero y que hasta ahora eran desconocidas. Recoge el auto del juez: “El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.

Y continúa: “Los clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor−, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez”.

El juez recuerda que la investigación sitúa a Zapatero en el “núcleo” de la trama “orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”, y que sus servicios se retribuían mediante contratos de asesoría simulados que se canalizaban a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, el empresario también investigado, que actuaba “como persona de confianza” del expresidente y era “interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red”.

Con base en lo que recoge la UDEF en su atestado, el juez detalla las cantidades recibidas por Zapatero que son objeto de investigación. Además de los 490.780 euros que le llegaron desde Análisis Relevante -empresa de Julio Martínez- entre 2020 y 2025, se ha encontrado “un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades”.

Así, detalla pagos de algunas empresas que ya se incluyeron en el primer auto del juez: 851.180 euros llegaron de la consultora Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 105.000 euros de Kreab Worldwide. Añade recientes, como los 200.000 euros de Focus Social Research. Y suma nuevos pagos de empresas como los 159.034 euros de Chinalink; los 104.410 euros de Mimo Advisors; los 53.000 euros de Bright Digital Solutions; los 49.758 euros de Yuewee International Trade; y los 47.120 euros del Zayed Award. El juez y la UDEF destacan los pagos destaca el de Focus Social Research, “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”.

Por otro lado, recuerda que una cuenta del Banco Santander del expresidente “funcionaba como receptora de fondos”, y que estos eran “redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero”: “desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”.

Las cantidades de Whathefav

El auto indica por otro lado, para apuntalar que es necesario acceder a determinadas cuentas bancarias, que Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez” tras el propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

A esos ingresos en la empresa de las hijas, suma 171.727 euros que percibe de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads. Y da un dato más, desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

Sobre Gertrudis Alcazar, la UDEF y el juez consideran necesario acceder a sus cuentas bancarias porque “aunque no se han detectado ingresos desde el entramado” hacia ella, su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial. Recuerda el juez que la secretaria adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, “mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica”.

'Julito' y su entramado societario

Sobre el entramado societario de 'Julito' Martínez, los investigadores recuerdan que está integrado por al menos 27 sociedades, si bien todas presentan “indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas”. Y a pesar de esto, recuerda, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades.

A partir de 2022 sí figura Martínez como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no han podido determinar, si bien el análisis de movimientos bancarios “revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad”.

Entre las sociedades del entramado, destacan ASP Rentas SL porque registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros. Esa sociedad es identificada como “vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian”.

Por otro lado, de otras de las sociedades, Zenitram Partners, indican que presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que “era una factura falsa”. De otra, Zenzap, comentan que no tiene actividad mercantil, ni trabajadores ni depósito de cuentas desde 2019, y a pesar de ello registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores.

Mérida Capital, por su parte, presenta movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros. Y ordena pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados.

Nez Asesores registra más de 1,3 millones en movimientos, concede un préstamo de 200.000 euros y recibe fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo. Pickashop recibe 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web, mientras que los flujos inversos son mínimos.

En cuanto a Affita y Affita Capital, el juez destaca que reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, en una dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles. Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que tendrían origen en Plus Ultra, y se localizaron justificantes de transferencias en el móvil intervenido a Julio Martínez Sola.

Agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registran este miércoles un inmueble en el distrito madrileño de Salamanca adscrito al grupo parlamentario europeo Identidad y Democracia (ID), el antiguo grupo de extrema derecha liderado por Marine Le Pen y Matteo Salvini. Ahora este grupo de la eurocámara se denomina Patriots for Europe, donde además de las formaciones francesa e italiana también está inscrita la formación española ultraderechista Vox.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que el operativo se enmarca en una diligencia ordenada por la Fiscalía europea que afecta a varios países, entre ellos España, Bélgica, Italia y Francia.

Se trata de una investigación por el presunto mal uso de fondos europeos por parte de los eurodiputados de Identidad y Democracia.

La propia Fiscalía europea ha confirmado a EFE estar “está llevando a cabo medidas de investigación en Francia y otros países europeos en el marco de una investigación en curso sobre el uso de fondos europeos por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024”, si bien ha rechazado facilitar más información para no comprometer las pesquisas.

Presuntamente, el grupo ID (que estuvo en activo entre 2019 y 2024) gastó indebidamente 4,33 millones de euros abonados por el Europarlamento para garantizar su funcionamiento.

Entre los usos de ese dinero figurarían donaciones a asociaciones que no guardaban relación directa con la actividad del grupo político y también contratos con empresas afines a los partidos.

Solo hace dos semanas, el grupo de extrema derecha Patriots for Europe, en el que está inscrito la formación ultra española Vox, tuvo que devolver 276.967 euros de fondos de la UE que utilizó de forma indebida en 2024.

Una auditoría del departamento financiero del Parlamento Europeo confirmó que el grupo de extrema derecha realizó donaciones impropias, además de infringir las normas de contratación pública y de conceder contratos mediante procedimientos irregulares, que según la auditoría fueron concedidas a empresas francesas con estrechos vínculos con el partido francés Rassemblement national

El entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de sus agendas y conversaciones privadas con su secretaria Gertrudis Alcázar al procedimiento judicial, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Es decir, sin que se haya descartado el material que no está vinculado con la investigación y que forma parte de la esfera privada del expresidente y de la trabajadora. 

El Gobierno ha expresado su “preocupación” por la “creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso”. “Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”, insisten fuentes del Gobierno sobre los mensajes intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal dentro de la investigación al expresidente en el marco del 'caso Plus Ultra'.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que es “un hecho gravísimo y escandaloso”. “Venimos de una condena al fiscal general del Estado por una filtración de extremos que eran de absoluto interés público”, ha criticado, en referencia al comunicado de la Fiscalía para desmentir la desinformación que difundió el entorno de Ayuso sobre el pacto que ofreció la pareja de Ayuso.

Gabriel Rufián lo ha calificado de “barbaridad” que pasa en España “desde hace mucho tiempo y aquí no pasa nada”. “Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé que se va a filtrar en algún digital de derechas, por lo que sea”, ha dicho en los pasillos del Congreso.

La defensa del expresidente socialista está estudiando la filtración de sus agendas durante los años 2024 y 2025, y de los mensajes con su secretaria Gertrudis Alcázar. “Saben que yo no soy objetivo, creo que deberíamos regular la figura del expresidente, el límite o la frontera entre la influencia, la asesoría y el tráfico de influencias. Creo que Zapatero debería dar explicaciones, ya tarda”, ha subrayado Gabriel Rufián.

Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Filtrar WhatsApps y agendas privadas ajenas a una causa judicial no es información: es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia”, han afirmado. Al respecto, fuentes de Ferraz han asegurado que se trata de un “escándalo mayúsculo” y han defendido que la mayoría del material difundido no tiene relación con los hechos investigados, lo que “genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La causa de la Audiencia Nacional en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión después del último informe policial aportado al juez José Luis Calama. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. Se trata de sospechas que van más allá de su supuesta relación con el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra en España y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La tesis del juez Calama es que esos pagos de Análisis Relevante eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. En su declaración ante el juez, Zapatero defendió que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetarlos. Sin embargo, el último atestado policial aportado al sumario ahonda en la tesis de que el expresidente camuflaba bajo falsos contratos de asesoría supuestas gestiones con “altas esferas políticas”. 

En este caso, la UDEF le acusa de haber cobrado 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce, una cementera boliviana que había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares a otra empresa por competencia desleal. Esos 200.000 euros habrían llegado a Zapatero a través de la “sociedad interpuesta” Focus Social Research, de origen peruano, con quien firmó un contrato de consultoría. Pero el atestado sostiene que el expresidente no hizo trabajo de asesoría alguno, sino que se desplazó a Bolivia en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país.

Los investigadores se basan, para ello, en el contenido de las agendas del expresidente que los agentes se llevaron de su despacho el pasado mayo y de los mensajes incautados a su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Esos mensajes apuntan a que negociaba facturas, borradores de contrato y pagos con una directiva del Grupo Gloria y con otra intermediaria, la exembajadora boliviana Carmen Almendras; y que agendó reuniones con mandatarios del país tras mantener conversaciones con ambas. 

La UDEF concluye que estos hechos son una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, Zapatero se dedicaría al “ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. 

En el entorno del expresidente defienden que ese trabajo fue “una actividad de consultoría legal por completo”, y que además no tiene nada que ver con el objeto de la causa abierta en la Audiencia Nacional, centrada en si influyó en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, algo que ha negado de forma reiterada. “Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente”, denuncian estas fuentes al entender que este nuevo informe se nutre de mensajes con su secretaria que nada tienen que ver con el préstamo a la aerolínea. 

La sospecha de los investigadores, sin embargo, es que ese contrato escondía un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre el entonces presidente boliviano Luis Arce y otras autoridades y solucionar el litigio millonario que afectaba a la empresa cementera. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.

Las agendas íntegras de Zapatero

El último informe de la UDEF aportado al procedimiento tiene dos fuentes principales, según citan los propios investigadores: las agendas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp y correo electrónico que su secretaria mantuvo tanto con sus contactos en Latinoamérica como con el propio expresidente. El entorno del expresidente del Gobierno ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de esas agendas y conversaciones al procedimiento, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La documentación aportada al sumario por la unidad policial en forma de anexos revela, por ejemplo, que Zapatero reaccionó a la detención el pasado diciembre de su amigo Julio Martínez Martínez, el empresario que le pagó a través de Análisis Relevante 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Los mensajes muestran que a partir de entonces empezó a recopilar información sobre su actividad profesional como consultor, así como sobre las conferencias y cursos en los que había participado desde 2020. “¿De cuánto es la primera factura de AR?”, preguntó a su secretaria en alusión a Análisis Relevante cinco días después de la detención del empresario.

Las agendas y conversaciones recogen información relacionada con sus trabajos en Bolivia, pero su aportación en bruto al procedimiento ha dejado al descubierto todas y cada una de sus citas de 2024 y 2025 así como conversaciones privadas con su secretaria sobre la actualidad política, gestiones sobre transportes y la salud de familiares. 

El contenido de estos documentos revela sus relaciones con grandes empresarios españoles: Ángel Escribano (Indra), Carlos Torres (BBVA) o Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), entre muchos otros. Y también figuran reuniones con otros políticos, no solo del PSOE, como Irene Montero, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz. 

El caso que investiga a Zapatero avanza en la Audiencia Nacional y el juez Calama ha puesto en marcha varias diligencias clave para las próximas semanas. El empresario Julio Martínez Martínez está llamado a declarar el próximo 21 de julio en calidad de investigado. Además, el juez también ha imputado a Alba y Laura, las hijas del expresidente, y a la secretaria Gertrudis Alcázar.

El informe de la UDEF recién incorporado al proceso sobre los negocios de Zapatero en Bolivia fue redactado el 22 de junio, varios días después de que el expresidente compareciera como investigado ante el juez Calama. A lo largo del interrogatorio el magistrado intentó preguntar al político por este contrato con Focus Social Research, pero Zapatero se negó a contestar: “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, afirmó.

El avance de las pesquisas determinará si el instructor pone en marcha más diligencias sobre los negocios internacionales de Zapatero no relacionados con Plus Ultra ni con Análisis Relevante y su amigo Julio Martínez Martínez. 

La investigación de la Audiencia Nacional en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, su patrimonio y su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la pandemia se ha encontrado con un esqueje salido de los primeros registros: las joyas encontradas en el interior de una caja fuerte en un despacho del equipo del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz. Ahora el juez Calama quiere saber de dónde salieron esas joyas, cuánto valen y si su posesión abre la puerta a nuevas acusaciones contra Zapatero. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil entró en la oficina del expresidente el pasado 19 de mayo, a las 8.17 de la mañana. Durante ese registro abrieron una caja fuerte donde Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó lo que iban a encontrar: joyas, “algunas” procedentes de la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y “regalos de viajes”, según quedó recogido en el acta de los agentes.

La ramificación central del caso gira en torno a si José Luis Rodríguez Zapatero cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. Entre otros métodos, el juez José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la consultora de sus hijas o si la trama planeaba abrir una sociedad en Dubái. 

Las joyas encontradas en la caja fuerte han abierto un nuevo frente y el primer paso del instructor fue pedir un peritaje para calcular su valor. La respuesta de los joyeros ha sido que el ajuar encontrado vale, potencialmente, más de 1,3 millones de euros. Y ese dato se ha convertido en una nueva imputación para José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo 17 de junio el expresidente del Gobierno no solo tendrá que explicar su relación con Plus Ultra y Julio Martínez, sino también responder por delitos de fraude fiscal y contrabando. 

Para el magistrado de la Audiencia Nacional es necesario saber si Zapatero pagó los impuestos relacionados con esas joyas y descubrir de dónde las sacó. Solo por el IRPF, dice el juez, el tipo aplicable es del 46% aproximadamente. Si no se pagaron los aranceles necesarios, añade, podría estar ante un caso de contrabando. “La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”, dice el juez.

Herencia familiar y regalos “de viajes”

El exdirigente socialista tendrá que concretar ante el juez la procedencia de los relojes, collares y otros efectos que su entorno ha atribuido en parte a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y en parte a regalos procedentes de “viajes”, así como aclarar si fueron durante su etapa como presidente.

Zapatero mantuvo a lo largo de sus dos legislaturas una amplia agenda internacional con más de 200 viajes, según reveló una petición a Transparencia realizada por Maldita.es en 2020 sobre el uso del avión presidencial. Según esos datos, el expresidente socialista realizó 134 vuelos a países extranjeros entre 2004 y 2011 sin contar cumbres ni consejos europeos. Por ejemplo, viajó en una veintena de ocasiones a países de África (Marruecos, Argelia, Senegal, Egipto...) e hizo 16 visitas a países situados en el continente asiático (China, Kazajistán, Siria, Arabia Saudí...).

En esos viajes se vio con multitud de primeros ministros, presidentes o reyes como Mohamed VI de Marruecos. A este país viajó en cuatro ocasiones: la primera vez fue en 2004 a Casablanca, la siguiente en 2005 a Rabat, mismo destino que en 2007 (para una reunión de alto nivel hispano-marroquí), y la última vez a Uxda y Rabat en 2008.

Zapatero también se reunió durante su etapa como presidente con el Rey Abdulá bin Abdelaziz de Arabia Saudí en la ciudad de Yeda en 2009 o con el entonces líder interino de Túnez Fuad Mebaza en el Palacio presidencial de Cartago en 2011, su último año como presidente. Este último encuentro fue, en realidad, parte de un viaje más amplio que también le llevó a Catar —donde negoció acuerdos bilaterales con el emir y el primer ministro— y a Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Cuando Zapatero llegó al Gobierno, en 2004, no existía una normativa específica que regulara o limitara los regalos de los servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo. Pero precisamente su Gobierno aprobó en marzo de 2005 en Consejo de Ministros el llamado “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” que, por primera vez, sí recogía una referencia explícita a los obsequios. 

En su artículo tercero, referido a los “principios de conducta”, el Gobierno de Zapatero incluyó el siguiente párrafo: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”.

La orden ministerial se aprobó cuando Zapatero apenas llevaba un año en la Moncloa y estuvo vigente hasta su salida, en 2011, por lo que la limitación estuvo en vigor la mayor parte de su mandato.

El origen y el momento en que las recibió, claves

El origen y el momento temporal en el que el expresidente Zapatero heredó o recibió las joyas como regalo será clave de cara a su posible responsabilidad con la Hacienda pública, si la hubiera. Deberían haberse tributado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo progresivo que oscila entre el 8% y el 40%, en función del grado de parentesco entre el que da y el que recibe, y el importe de lo recibido. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, señala Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

En el caso de que no existan pruebas documentales que demuestren la prescripción de estas deudas, Hacienda podría incorporar como ganancias no justificadas el valor de las joyas a la declaración del IRPF del expresidente, que sería al tipo máximo en la escala de la renta: el 46%.

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central. En el caso de Patrimonio, y siendo residente en Madrid, al menos debería haberlo incorporado en las declaraciones de 2024, 2025 y 2026. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, asegura el director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno.

La apertura de esta nueva línea de investigación podría, según los expertos consultados, bloquear una potencial regularización voluntaria del expresidente, en el caso de que estas joyas no se hubiesen declarado con anterioridad. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apunta el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, a preguntas de este periódico.

El peritaje de las joyas incautadas en su oficina al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero informa sobre un grupo de piezas de gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. El informe al completo se puede consultar al final de este texto.

En el segundo puesto se sitúa otro collar, tambien de oro blanco de 18 kilates y que en este caso va decorado con diamantes de origen tailandés. El precio establecido por los tasadores es de 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes es tasado en 155.000 euros.

En el otro extremo hay un par de collares de perlas “de imitación”, que Ansorena califica como “sin valor” o una pareja de gemelos “de plata y nácar, desparejados”, igualmente sin valor.

Tras este peritaje ordenado por el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, este ha ordenado abrir una pieza separada para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros. Es un collar, también de oro blanco de 18 kilates, que lleva brillantes y que está tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros. Son pulseras de oro blanco. Una de ellas con rubíes (72.000), otra pulsera con esmeraldas (95.000) y una tercera con zafiros tailandéses (80.000 euros). También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

A partir de ahí se produce un descenso en los precios y aparecen varias piezas entre los 1.000 y los 12.000 euros. Hay una pulsera con rubíes de 11.800 euros y un collar de tres hilos de amazonitas pulidas con entrepiezas de oro caladas, de 1.200 euros. Hay un reloj de 100 euros y dos cruces de la Sagrada Familia de 100 y 50 euros, respectivamente.

En el apartado de piezas “sin valor” están una pareja de pendientes de metal chapado y perlas de imitación, un alfiler de metal dorado con iniciales y un pendiente de metal chapado en oro con piedras de imitación.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero presentó un escrito el 2 de junio en el que ya denunciaba “algunas omisiones relevantes” que afectaban directamente al ejercicio del derecho de defensa. El documento es previo al auto del juez en el que acordaba el requerimiento a EEUU solicitando usar el contenido del móvil de Rodolfo Reyes requisado en 2021, clave en la imputación de Zapatero.

El abogado afirmaba en su escrito que “hay evidencias digitales que no constan en la causa”, en referencia ya entonces a que no podía consultar dos dispositivos de los que se habían extraído múltiples conversaciones para sustentar los atestados de la UDEF. “Vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe 'espigar' o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, se quejaba en el escrito.

Concretaba que se refería al llamado “disco Crucial” donde se contiene el chat 'Danilo España', y el dispositivo de Rodolfo Reyes que fue facilitado a la policía por la HSI. “Esa circunstancia genera una clara indefensión y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe espigar o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, decía.

Por eso, advertía, o se proporcionan “íntegramente” los dispositivos de modo que las defensas pueden acceder en su totalidad a ellos o se excluyen por completo, “suprimiendo las referencias a los contenidos que han podido ser examinados por las partes”.

Más información sobre el proceso de custodia

De forma posterior, la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero planteó al juez José Luis Calama un escrito con las dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra.

Ante la “parquedad de información” proporcionada hasta el momento sobre el origen de estas pruebas, la defensa del expresidente ha solicitado que el requerimiento a EEUU se amplíe con ocho peticiones. Entre ellas, reclama la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en EEUU. A nivel técnico, exigen conocer qué autoridad realizó el volcado, qué software se empleó y, sobre todo, que se aporten los mecanismos de verificación —como códigos hash y actas de desprecinto— con los que se pueda determinar si las conversaciones han sufrido algún tipo de manipulación.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una nueva resolución en el marco de la causa en la que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias. Es un auto relevante porque aborda un hito capital en la investigación: acuerda enviar una comisión rogatoria a EEUU para poder usar como fuente de prueba en el proceso penal la extracción del contenido del móvil de Rodolfo Reyes, el empresario venezolano que fue socio de Plus Ultra. Los chats de este empresario fueron claves para sostener el informe de la UDEF que derivó en la imputación del expresidente socialista.

El auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, refleja además un dato clave, y es que ese móvil fue incautado por la Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 pero la información no fue trasladada por los servicios norteamericanos hasta el 18 de marzo de 2026. Cinco años después. Fuentes fiscales consultadas explican que se trató de un “traslado espontáneo” de EEUU amparado por los cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Y así lo recoge también el instructor en su resolución.

Calama reconoce que el material incautado a Reyes ya “ha sido utilizado hasta la fecha como elemento de investigación”, pero advierte de que dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, “resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, busca asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.

Explica en los fundamentos del auto que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Recuerda que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.

El juez apunta que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas de HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indica que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Fue entonces cuando el HSI consideró que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.

Cabe recordar que el 9 de mayo de 2021, según informó la Cadena Ser y ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al empresario, Reyes fue retenido por agencias norteamericanas en el aeropuerto de Miami y, tras un interrogatorio, las autoridades de EEUU decidieron retirarle la visa tanto a él como a su esposa y tramitar la deportación, o devolución, a Panamá. Ahí fue cuando, según estas fuentes, pudo realizarse el volcado de su móvil.

Antes que Calama, la jueza instructora del asunto en los juzgados de Madrid, Esperanza Collazos, ya cursó una Orden Internacional de Detención contra el empresario venezolano. Pero al cambiar el caso de juzgado (pasó a la Audiencia Nacional), la Interpol desactivó la alerta de busca y captura. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 reactivó esa orden internacional el 17 de marzo. Indicaba que le busca por llevarse parte de los 53 millones del rescate a Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. El sumario del caso Plus Ultra, al que tuvo acceso este periódico, explicaba que “Reyes y otros gestores de la aerolínea idearon un presunto plan para apropiarse” del rescate público de la compañía. Se considera que parte fue destinado mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente formaba parte el antedicho“.

Tanto en el auto de imputación de Zapatero como en los atestados de la UDEF se refieren numerosas conversaciones de Reyes con otros accionistas y con el entorno de la presunta trama con el objetivo de que Zapatero pudiera remar a favor de que la aerolínea consiguiera el rescate público en 2020. Por ejemplo, el 28 de abril de 2020 Reyes expresa a Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de la compañía, que habría conseguido acceso a Zapatero: “Acaba de hacerse el puente con ZP”. A esto, Martínez Sola responde le responde: “Aunque sea pagando un poquitín”.

La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

El comisario José Manuel García Catalán ha sido citado el próximo 25 de junio para declarar como investigado en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por las maniobras policiales para atacar a Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. García Catalán, jubilado recientemente, era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez.

El mismo día prestará declaración, también como investigada, otra agente del Cuerpo, subinspectora en el momento de los hechos, que continúa hoy en la UDEF y que viajó junto a García Catalán a Nueva York. Con estas dos nuevas imputaciones ya son investigados los tres policías nacionales que participaron en la maniobra. El tercero es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que aparece en la grabación de la reunión asegurando al confidente que la actuación policial está avalada por “un mandato” del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La grabación de la reunión con el exministro de finanzas venezolano Rafael Isea consta ya en las actuaciones de la causa que instruye Pedraz desde febrero de 2024. En la cúspide de los investigados está el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados del caso Kitchen. Le acompañan varios miembros de la denominada ‘brigada política’ del PP. Al igual que Martínez, el policía que habló del “mandato” de Rajoy, José Ángel Fuentes Gago, también está siendo juzgado por el espionaje ilegal a Bárcenas. 

Como viene informando elDiario.es, la causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente y con la amenaza de prescripción de unos delitos por hechos acaecidos hace una década. Ninguna unidad especializada ha sido requerida para que actúe como policía judicial y la Sala de lo Penal ha rectificado a Pedraz en varias ocasiones ordenándole que practique diligencias y cite a investigados, siempre a iniciativa de los abogados de Podemos. Pedraz, por ejemplo, se niega a imputar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Miguel Urbán, pese a que la Sala de lo Penal ha advertido de indicios de delito en la maniobra. 

La imputación de García Catalán y de su entonces subordinada por el viaje a Nueva York es también fruto de un recurso de la representación de Pablo Iglesias contra la negativa del juez a investigarlos. El informe favorable al recurso que ha emitido el fiscal del caso, Vicente González Mota, ha resultado clave para la imputación de los policías. En el rechazo inicial del juez había pesado esta vez la confusión entre el número de carnet profesional de la policía finalmente investigada y un testigo, agente este de Asuntos Internos. Pedraz acuerda la declaración de García Catalán y la agente “visto el informe del Ministerio Fiscal y constatando el error padecido”, recoge su auto.

El comisario José Manuel García Catalán declaró en la causa como testigo el pasado mes de diciembre. Respondió “no recuerdo” a todas las preguntas que se le formularon sobre el encuentro con el ministro venezolano en Nueva York. Al requerírsele por la afirmación de Fuentes Gago de que habían viajado a las órdenes del presidente del Gobierno, García Catalán declaró que en ese momento había salido de la sala para ir “al servicio” y que no lo escuchó, según se puede comprobar en el vídeo de comparecencia en el juzgado de Pedraz que publicó elDiario.es.

El viaje a Nueva York de los tres policías es una de las maniobras de la brigada política que se desarrollaron en el primer semestre de 2016, cuando arreció la guerra sucia a Podemos. El partido de Iglesias venía de obtener 69 diputados en los comicios generales de diciembre de 2015 y la repetición electoral de junio siguiente podía arrojar un Gobierno de coalición progresista que desalojara a Mariano Rajoy de La Moncloa. En esos meses fue filtrado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. También se fraguó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán con el objeto de llegar a las cuentas del partido. 

La pata mediática

El intento de demostrar que Podemos había sido financiado por Venezuela, incluso años antes de que se decidiera formar el partido, fue una maniobra retransmitida casi en directo. El diario ‘Abc’ dedicó el 13 de mayo una portada al acta de la declaración de Rafael Isea en el consultado español que incluía el número de carnet profesional de los dos agentes que la firmaban. El 15 de mayo de 2016, elDiario.es publicó: “Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos”.

Tres años después, en 2019, la web moncloa.com publicó un extracto de aquel encuentro. Es el mismo en el que Fuentes Gago delata que la Policía trabaja contra Podemos a las órdenes del Gobierno del Partido Popular. La grabación, de una hora, ya está incorporada a la causa que investiga Pedraz en la Audiencia Nacional. 

Los policías se habían desplazado a Nueva York para que Rafael Isea les validara la fotocopia de un documento de pago de 2008 a la Fundación CEPS. En ella trabajaban varios fundadores de Podemos, si bien el partido se creó seis años después, en 2014. La brigada política, que veía frustrado su intento de demostrar la financiación ilegal de Podemos, buscaba atribuir un delito fiscal a sus líderes por no haber declarado correctamente la supuesta cantidad, 7,1 millones de euros, que CEPS habría cobrado por sus trabajos de asesoría en Venezuela. La Fundación asegura que fueron 3,7 millones, coincidentes con lo declarado a Hacienda.

elDiario.es tuvo acceso al audio íntegro del encuentro. En él, el exministro Isea se muestra preocupado por la publicación del documento que había realizado previamente ‘Abc’. Tiene miedo por la situación de su familia, que sigue en Venezuela. Él está en Estados Unidos colaborando con la DEA y piensa en España como un lugar de refugio para los suyos.

Los policías españoles prometen a Isea que así será, pero él tiene muchas dudas de validar lo que presentan porque el documento incluye firmas y fechas que no le cuadran. Se trata de una fotocopia que les ha hecho llegar un personaje que le produce “vértigo”, según la expresión que Isea utiliza para referirse al abogado español condenado por estafa José Aliste, de cuya colaboración con la brigada política ha informado este periódico.

Fuentes Gago lleva las riendas de la reunión. Intenta convencer a Isea de que sus compañeros de la UDEF libran una batalla contra la corrupción y que ahí se enmarca desenmascarar a los supuestos defraudadores fiscales de Podemos. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, asegura José Ángel Fuentes Gago. Isea acabará firmando, pero cuando a los pocos días lee, otra vez en 'Abc', la publicación del documento con su firma piensa que los policías españoles le han traicionado y corta la colaboración.

Se da la circunstancia de que José Ángel Fuentes Gago es mano derecha del artífice de la brigada política, Eugenio Pino (exDAO). En el momento del viaje a Nueva York estaba destinado en la embajada española en Países Bajos. La explicación está en la recompensa que el Ministerio del Interior dio a los miembros de la brigada política a través de destinos en el extranjero, los mejor remunerados, y medallas pensionadas. Fuentes Gago fue enviado además a una ciudad, La Haya, donde Pino ya había destinado a su esposa. El matrimonio ingresaba al mes más de 25.000 euros brutos de fondos públicos. 

La UDEF, ariete contra la oposición y en defensa del PP

Por su parte, el ahora investigado José Manuel García Catalán es un claro exponente de la politización de la Policía aquellos años. García Catalán aterrizó en la UDEF siendo un comisario recién ascendido y sin experiencia en los delitos económicos. El Gobierno necesitaba de un policía afín ideológicamente para controlar los informes que salían del grupo dirigido por Manuel Morocho e hizo a García Catalán jefe de la Brigada Central de la que dependía.

El propio Morocho ha declarado en el juicio de Kitchen las presiones que sufrió durante su investigación del caso Gürtel, en especial tras la llegada del PP al Gobierno en 2012. Entre los policías de la cadena de mando que señaló estaba el antecesor de García Catalán, el también comisario Manuel Vázquez, ‘Fiti’. Este se entregó a las consignas del Ministerio del Interior para ser recompensado con un último destino como jefe superior en su Galicia natal. Cuando Vázquez logró su objetivo, García Catalán pasó de jefe de Brigada a mandar en toda la UDEF.

elDiario.es desveló el polémico nombramiento de García Catalán como jefe de la Brigada Central de Delitos Económicos, la columna vertebral de la UDEF, cuando este ya había aterrizado en su despacho pero no se había hecho oficial. El revuelo motivó que Fernández Díaz paralizara el nombramiento siete meses, con tiempo para que fuera interpelado en el Congreso por los hechos y dijera que era un invento de este periódico y de la oposición. En abril de 2016, durante el viaje a Nueva York, García Catalán actuaba todavía como jefe interino de la UDEF, al frente de la cual sería formalmente nombrado poco después. 

“El verdadero objetivo de la diligencia no era la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio contra mi cliente, otras personas del partido y la propia formación”, recoge el escrito de la representación de Pablo Iglesias que ha motivado la imputación de García Catalán. 

La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York de los policías los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

La UCO ha estado en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. No solo ha buscado información en la sede del PSOE, también la Dirección General de la Guardia Civil. Y aquí llega el gran titular: La Audiencia Nacional apunta a que el PSOE pagó a Leire Díez por sus maniobras contra fiscales y policías. El juez atribuye a Santos Cerdán un “papel superior” en el plan para “desestabilizar de forma sistemática y continuada” las causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno y Leire Díez era su brazo ejecutor. También sabemos que el juez Pedraz de la Audiencia Nacional imputa a Santos Cerdán, al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco. 

¿Cómo afecta esto al PSOE en unas semanas en las que, además, se añade la imputación de Zapatero, el juicio del hermano de Pedro Sánchez y la inminente sentencia del caso Ábalos? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.  

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Estos últimos días seguimos buceando en las carpetas y archivos del sumario del caso Zapatero… Cada día, probablemente durante muchos días, irán aflorando detalles, algunos sospechosos, otros completamente irrelevantes aunque llamativos a los que tendremos que dar el orden que merecen. Muchos de ellos giran en torno a la aerolínea que da nombre al caso: Plus Ultra. 

¿Es una compañía española o venezolana? ¿Cumplía o no los requisitos para el rescate en la pandemia? ¿Qué papel desempeña Zapatero o cuál le atribuye la UDEF en toda esta operación? Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.    

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Estos días, releyendo las memorias de Ben Bradlee (Boston, 1921-Washington, 2014), quien fue director del Washington Post entre 1968 y 1991, me he topado con una reflexión que sigue siendo igual de vigente. No solo en Estados Unidos.

“Y a decir verdad, la misma verdad era cada vez más difícil de encontrar. Vietnam y el Watergate habían animado a la gente a mentir siempre que la verdad resultase incómoda. Y nadie estaba inmune. Gente buena, gente con sentido moral, se corrompía por circunstancias sobre las que ejercían un control sustancial, pero ninguna responsabilidad. Cuanto más buscaba la verdad en los nuevos personajes detrás de la noticia, mayor era la ofuscación y más preguntas me hacía”, escribe Bradlee en La vida de un periodista (El País Aguilar, 1995).

Confieso que, a menudo, en las entrevistas a políticos me interesan casi más las preguntas que las respuestas, demasiado previsibles en muchos casos. Por eso se echarán tanto de menos las de Carlos Alsina. Y también por eso tuvo y sigue teniendo tanto interés la que le hizo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 23 de marzo.

“A mí me lo propusieron [trabajar para Análisis Relevante], acepté como otras consultoras con las que he trabajado (...) Yo sabía lo suficiente para hacer mi trabajo y la amistad que tenía con él [Julio Martínez Martínez, su amigo detenido en diciembre]. Análisis debía tener clientes, evidente, pero el detalle de la relación con cada cliente no lo tenía. No me definió su relación con Plus Ultra; sé que conocía gente, pero yo no, por ejemplo”, aseguró en Onda Cero.

En el sumario aparece un documento Excel que, presuntamente, habría remitido a su amigo Julio Martínez, con el nombre, el correo electrónico, la empresa y el cargo de varias personas. Por tanto, podría ser cierto que no supiese qué clientes tenía Análisis Relevante, pero deberá aclarar si es cierto que envió ese listado y el motivo por el que habría mandado parte de sus contactos a la empresa de su amigo.

Otra de las preguntas que tendrá que responder es si su amistad con Julio Martínez incluía compartir gestiones políticas en Venezuela, por ejemplo, las referentes a la “repatriación de Edmundo González a España”, según consta en las agendas del empresario. 

En esa misma entrevista con Alsina, el expresidente sostuvo que se estaba intentando menoscabar su trayectoria. Y, de forma contundente, pronosticó que su crédito no se vería afectado: “No lo van a conseguir porque tengo una trayectoria impecable y también debe ser objeto de debate que a la democracia no le sienta bien la falsedad”.

Ahora mismo, esa trayectoria está bajo sospecha. Puede que todas sus actuaciones hayan sido legales. Ojalá. Pero que hayan sido impecables (por utilizar su propio término) empieza a resultar más discutible. La verdad judicial y la verdad periodística no siempre coinciden, aunque ambas puedan contener elementos de verdad. Incluso algo puede ser legal, informativamente relevante y, aun así, no ser un comportamiento correcto. Pero ahí ya entraríamos en el terreno de la ética.

No hace falta repetir aquí la difusa frontera que existe entre el lobby y el tráfico de influencias. Tampoco sirve el argumento de que, si otros expresidentes han hecho negocios más cuantiosos, las labores de consultoría de Zapatero resultan automáticamente defendibles. Unas prácticas no convierten en más justificables las otras. En definitiva, determinados negocios -aunque sean legales- no deberían valorarse en función de si el expresidente cae mejor o peor.

De todas las preguntas abiertas, la que desde el primer día parece más difícil de responder es la vinculación de la empresa de las dos hijas de Zapatero con la consultora Análisis Relevante y, sobre todo, con Inteligencia Prospectiva: una empresa con un solo empleado declarado, sin actividad conocida y que pagó más de medio millón de euros a la sociedad de las hijas del expresidente.

Los investigadores de la UDEF sospechan que la empresa de marketing de las hijas de Zapatero era utilizada para “canalizar fondos de los clientes y de la propia red organizada”. De ser así -y siempre en condicional- estaríamos ante una relación que iría mucho más allá de redactar informes u organizar los viajes de su padre.

Los compañeros Pedro Águeda y Javier Lillo han explicado en una de sus crónicas que una fuente conocedora del origen de Análisis Relevante aseguró a elDiario.es que la idea de “ayudar a las hijas” de Zapatero estuvo presente desde el principio. Es un propósito comprensible e incluso loable. La cuestión que debe aclararse es cómo las ayudó.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron el pasado 11 de diciembre el domicilio de Julio Martínez Martínez, el amigo de José Luis Zapatero que pagó miles de euros al expresidente del Gobierno y a sus hijas por supuestos trabajos de consultoría. En la vivienda, los agentes se incautaron de 286.070 euros en efectivo y abundante documentación, entre la que destacan sus agendas. 

Unos documentos que, según la Policía, revelan su “posible intervención” en “decisiones estratégicas” como la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI) en el traslado a España del opositor Edmundo González. Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. 

La UDEF sostiene que de las anotaciones y reseñas se desprende que el papel del empresario pudiera ser el de “un representante operativo, actuando en reuniones del más alto nivel como lo que parece ser un asistente directivo de una tercera persona que ostenta la verdadera capacidad de influencia política”. Aunque en esta frase concreta no aparece Zapatero, en otras partes de ese informe la Policía sí señala al expresidente como la tercera persona que posee la verdadera capacidad de influencia y acceso a los niveles más altos de responsabilidad política. 

Las agendas incluyen apuntes crípticos, en las que el empresario incluye anotaciones como “Que EG se venga” que, según la UDEF, “pudiera corresponder con la repatriación de Edmundo González a España”. En la parte superior de esa misma página puede leerse: “Cómo sería la propuesta? Incluir los 2 del CNI (sic)”. La detención de dos ciudadanos españoles en una zona remota de Venezuela pero de interés geoestratégico desataron las especulaciones sobre la pertencia de los dos individuos al servicio de Inteligencia español, sin que nunca llegara a comprobarse públicamente.

En varias páginas se hace una “reflexión” fechada en mayo de 2025 sobre personas que se encuentran en prisión por asuntos políticos. Figuran nombres como Enrique Márquez, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, o el “yerno”, en referencia a Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia.

En la agenda se anota “Hace mucho daño al Gobierno” y, más adelante, “salida yerno antes”, que pudiera corresponder con su “solicitud de la liberación”. La UDEF apunta que, como conclusión, Julio Martínez Martínez escribe: “Esto no es un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza”.

Las anotaciones también incluyen una anotación con siglas que la Policía dice que podrían pertenecer a la líder opositora María Corina Machado. “Consulta con un equipo en Venezuela. MCM”, anotó Martínez.

Además, las agendas incautadas también ponen al descubierto sus supuestos negocios relacionados con el petróleo, sus derivados y la compraventa de oro. Así, en una hoja denominada “Temas de interés” refleja lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados. En color rojo y entre paréntesis consta el porcentaje (10%).

En línea con lo anterior también constan anotaciones sobre la compraventa de oro, con expresiones tales como “Bandes debe estar disimulado”. Otras hojas contienen la expresión “trading gold” acompañada de “-%- fees”, lo que los investigadores traducen como el cobro de honorarios basados en un porcentaje.