José Torres Hurtado (PP), exalcalde de Granada entre 2003 y 2016, ha vuelto a la primera página de la crónica política tras comparecer como imputado en la primera sesión del juicio del 'Caso Serrallo' por el que se le investiga a él y a otras 16 personas por la construcción presuntamente ilegal de una discoteca en una ubicación destinada a zonas verdes. El que fuera el primer edil de la ciudad ha comparecido ante la Audiencia de Granada para asegurar que no sabía nada. Que todo lo que ocurrió en este caso fue fruto del mal hacer del resto.

Así se ha despachado Torres Hurtado en su primera intervención en el juicio del 'Caso Serrallo' en el que están también imputados la mayoría de los concejales a su cargo entre 2013 y 2016. El exalcalde ha argumentado que él no participó del proyecto de construcción del centro de ocio porque “no tenía ni idea” de ese tipo de planes urbanísticos. Que él sólo sabía de obras menores y que los grandes temas los delegaba a los concejales del ramo. En este caso, Torres Hurtado ha cargado las culpas contra la que fue su edil de Urbanismo y también imputada, Isabel Nieto, en la que entonces tenía “total confianza”.

Desconocimiento

Por el 'Caso Serrallo', que ha resultado ser el proceso judicial que empezó a destruir la década ininterrumpida de mayorías absolutas del Partido Popular en Granada, la Fiscalía solicita para Torres Hurtado una pena de ocho años de prisión, 522.000 euros de multa y 36 años y medio de inhabilitación para ejercer cargo público. Está acusado de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por todos ellos se declara inocente por desconocimiento.

El exalcalde ha asegurado ante el juez que tenía todas las competencias delegadas en sus concejales y que para expedientes de peso como el de Serrallo, cuando estos debían pasar por la Junta de Gobierno Local o por el pleno, exigía a sus ediles que le entregasen informes técnicos al respecto. Basando su estrategia en que creyó que todo estaba bien en esta obra presuntamente ilegal, pese a obviar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad para construir algo que no permitía dicho documento, ha relatado que “no tenía conocimiento para saber si estaba bien hecho o mal hecho” y que nadie le advirtió que la obra fuese irregular.

El principio del fin

El 'Caso Serrallo' se puede considerar como el principio del fin del mandato de José Torres Hurtado como alcalde de Granada. Aunque desde que estalló el caso hasta que fue detenido en la 'Operación Nazarí' pasaron seis años, entre ambos asuntos existe una relación tan estrecha como que el segundo es consecuencia del primero. Pero en el plano político, el 'Caso Serrallo' sentó las bases para que dentro del Ayuntamiento de la ciudad hubiese luchas de poder por derrocar a Torres Hurtado y a su personal de confianza una vez comenzaron a aflorar los supuestos desmanes urbanísticos que hoy investiga la Justicia.

El escándalo estalla cuando en septiembre de 2013 la Fiscalía se hace con un documento en el que se denuncia que las obras que se estaban llevando a cabo junto al centro comercial Serrallo Plaza eran ilegales. En este lugar se estaba levantando una discoteca con zona de ocio nocturno cuando en el PGOU sólo se permitía que se construyese un parque infantil al ser catalogado como zona verde. En un principio, aquel documento sólo sirvió para que se investigase a algunos técnicos de la Concejalía de Urbanismo y al promotor de la obra, Roberto García Arrabal -uno de los 17 imputados-. No fue hasta dos años más tarde, ya en 2015, cuando el asunto cobró tintes políticos.

La entonces edil de Urbanismo, Isabel Nieto, fue imputada a finales de ese año abriendo una brecha en la gobernabilidad de la ciudad que ya hacía presagiar que Torres Hurtado no seguiría mucho más tiempo como alcalde. Meses antes de esta imputación se habían celebrado las elecciones municipales y ya se debatía en el PP si el alcalde debía repetir como candidato ya que el 'Caso Serrallo' estaba en los tribunales y no se podía descartar que acabara salpicando al propio regidor. Entre los que apostaban más fuerte porque Torres Hurtado abandonase se encontraba Sebastián Pérez, hasta la semana pasada presidente de los populares granadinos y enemigo del exalcalde desde entonces.

Imputado en 2017

Curiosamente, José Torres Hurtado no fue imputado en el 'Caso Serrallo' mientras era alcalde de Granada. A diferencia de su concejal de Urbanismo, que había pasado de testigo a investigada en menos de dos años, el primer edil no pasó por ese trance, aunque le sobrevino uno mayor cuando fue detenido en abril de 2016 por la 'Operación Nazarí' que había comenzado fruto de la investigación llevada a cabo con esta construcción ilegal del Serrallo. Aquella detención provocó su dimisión como alcalde semanas después y puso punto y final a 13 años de mandato ininterrumpido en el Consistorio.

Pero no sería hasta 2017 cuando la Audiencia de Granada, tras las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en la 'Operación Nazarí', decidió imputar también a Torres Hurtado en el 'Caso Serrallo'. No en vano, ambos procesos judiciales compartían la misma jueza de instrucción: María Ángeles Jiménez. Comenzaba entonces otro periplo judicial por el que el exedil tiene que responder. La sentencia de un juicio que durará dos meses se conocerá, previsiblemente, en abril.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha acordado la apertura de un juicio oral contra la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, y el exgerente del ramo, Manuel Lorente. La jueza que instruye la causa de la 'Operación Nazarí' ha decidido abrir este nuevo juicio tras la denuncia de uno de los testigos clave que denunció haber sido víctima de acoso laboral y coacciones tal y como se recoge en el auto al que ha tenido acceso este medio.

El testigo que ha denunciado haber sufrido coacciones y acoso laboral es Jacobo de la Rosa. Su nombre es clave tanto en la 'Operación Nazarí' como en el 'Caso Serrallo' porque en su condición de director de Urbanismo realizó informes contrarios a lo que decidían el resto de altos cargos del área en el Ayuntamiento de Granada. De hecho, gracias a sus denuncias se empezó a mover la que es considerada la operación judicial más importante de la historia de Granada capital y que acabó llevándose por delante la alcaldía de José Torres Hurtado (PP) tras trece años consecutivos como primer edil.

Los informes

Jacobo de la Rosa ha pasado los tres últimos años siendo testigo de la 'Operación Nazarí' y esperando su momento. No en vano, ha preferido mantenerse en un segundo plano y esperar a que la justicia le diera su oportunidad para hablar sobre todo lo que le tocó vivir cuando fue director de urbanismo. Pese a que los medios de comunicación han tratado de hablar con él, su respuesta ha sido siempre la de la cautela y la de esperar a que el proceso judicial avanzase. Ahora, con la denuncia que interpuso y que abre juicio oral contra Isabel Nieto y Manuel Lorente, De la Rosa quiere que sea la justicia quien determine si sufrió acoso laboral y coacciones.

Porque el que fuera funcionario de alto rango en Urbanismo estuvo elaborando informes desde 2010 que detallaban lo que se estaba haciendo mal en convenios como el del 'Caso Serrallo' que acabaría dando pie a la 'Operación Nazarí'. Precisamente entonces, cuando señala los actos irregulares, comienzan lo que él ya denunció en sede judicial cuando compareció como testigo de la causa Nazarí. Porque Jacobo de la Rosa explicó en diferentes documentos firmados como director de Urbanismo que su jefa, la concejal Isabel Nieto, estaba manipulando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a su gusto para beneficiar principalmente al promotor urbanístico Roberto García Arrabal.

Acoso laboral y coacciones

Jacobo de la Rosa ha asegurado siempre que Isabel Nieto y el gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, le amenazaron y le coaccionaron para que no emitiera los informes que ponían de manifiesto las irregularidades. Así lo explicó De la Rosa ante la jueza María Ángeles Jiménez que instruye tanto el 'Caso Serrallo' y la 'Operación Nazarí'. En su declaración, el funcionario argumenta que continuó sufriendo acoso laboral cuando, tras dimitir como director de Urbanismo, se marchó a trabajar a Diputación con el entonces presidente Sebastián Pérez (PP).

El acoso continuó después de que Isabel Nieto solicitara a Diputación que Jacobo de la Rosa volviese al Ayuntamiento meses después. Según la versión del funcionario, lo que hizo la edil con ese movimiento que se acabó produciendo fue recluirle en una de las sedes de Urbanismo que no tenía trabajo y en la que le obligaba a emitir informes diarios explicando que no estaba haciendo nada. El objetivo que perseguía Nieto con aquel castigo, según el funcionario, era evitar que Jacobo de la Rosa siguiera denunciando las irregularidades del área de Urbanismo.

Cuatro años de cárcel

Por todo lo anterior, Jacobo de la Rosa presentó la denuncia que ha dado pie a la apertura de este juicio oral. El escrito de acusación presentado por los letrados del exdirector de Urbanismo solicita varios años de prisión tanto para Isabel Nieto como para Manuel Lorente por haber provocado lesiones psíquicas al funcionario.

En concreto, la parte denunciante acusa a Nieto de haber cometido un posible delito contra la integridad moral y por él solicita cuatro años de cárcel, inhabilitación para ejercer cargo público durante el mismo número de años, la obligación de no acercarse a menos de 600 metros del funcionario y la prohibición de comunicarse con él durante cuatro años.

Lo mismo que se solicita para Manuel Lorente. Aunque en este caso también se le acusa de haber cometido otro supuesto delito: el de omisión contra la integridad moral. En este caso, los letrados de Jacobo de la Rosa solicitan las mismas penas. Al mismo tiempo, piden una indemnización de 60.000 euros al Ayuntamiento de Granada como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la detención del exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y de la cúpula de Urbanismo incluyendo a su concejala, Isabel Nieto, en la bautizada como 'Operación Nazarí', unos documentos obtenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), a los que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, probarían la relación entre el Ayuntamiento de Granada y uno de los empresarios más importantes de la construcción granadina, Roberto García Arrabal.

No en vano, a la cúpula de la trama, entre los que están alcalde y concejala, se le imputan los delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

Entre los documentos avanzados por Granada Hoy, y que obtuvo la UDEF durante los registros llevados a cabo el 13 de abril de 2016, están los whatsapps intercambiados entre Isabel Nieto y Roberto García Arrabal. Mensajes que van desde 2013 a 2016 y que muestran la relación entre la exconcejala de Urbanismo y el dueño de Corporación García Arrabal, empresa que a través de una matriz fue la que se benefició de la construcción de la controvertida discoteca que aparece como eje central del 'Caso Serrallo' y de la que otros proyectos también están siendo investigados en la trama de la 'Operación Nazarí'.

La firma del Pabellón Mulhacén

La secuencia de mensajes que cruzan ambos y que investiga la jueza que lleva tanto el 'Caso Serrallo' como la 'Operación Nazarí', María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada, arranca el 7 de noviembre de 2013. En ella se puede leer que Isabel Nieto le escribe al promotor urbanístico, Roberto García Arrabal, una palabra: “Firmado”. A la misma, el empresario responde con un “Gracias...”. El informe policial recoge que en esa conversación se está hablando del expediente del Pabellón Mulhacén, uno de los proyectos que destapó la 'Operación Nazarí' ya que, según los investigadores, García Arrabal tuvo trato de favor por parte del Ayuntamiento de Granada para la concesión de los terrenos de ese pabellón.

Una concesión que se otorgó en 2007 y que nada tuvo que ver con lo que se construyó: donde la altura máxima debía ser una planta pasó a ser dos, donde debía haber aparcamientos subterráneos nunca se construyeron, y unas pistas de pádel que estaban previstas se convirtieron en un restaurante de comida rápida. Además de eso, el promotor se habría aprovechado también utilizando 300 metros de una parcela colindante que no le pertenecía. La misma es propiedad del empresario Ramón Arenas que fue quien denunció lo sucedido.

“Ya tengo lo que me pediste”

Días después de esa conversación sobre el Pabellón Mulhacén, García Arrabal anuncia a la concejala que “ya tengo lo que me pediste en Emuvyssa (empresa municipal de viviendas VPO que cerró en 2015), ¿Dónde te lo puedo entregar?”. Según el informe policial, la conversación hace referencia a un proyecto en el que colaboró el entorno empresarial de Roberto García Arrabal. El mismo era la conocida como 'Casa del Tabaco' que nunca llegó a construirse y que no forma parte como expediente de la 'Operación Nazarí'. No obstante, la policía señala que cuando el promotor asegura tener lo que Nieto le pidió se refiere a documentos relaciones con dicho proyecto. Lo que en todo caso, según la UDEF, “confirma el trato directo que se había establecido entre la concejal de Urbanismo y el empresario a través de la cuenta de correo electrónico personal de la concejal”.

Además, el informe añade que esa relación directa se sustenta también en que Isabel Nieto solicita que envíe esos documentos a su propio nombre o al del entonces gerente de Urbanismo, Agustín Belda. Por eso y porque los investigadores encuentran relevante que meses más tarde de esta conversación el propio Roberto García Arrabal solicite una cita urgente con la concejala que esta le concede.

“Haz lo que te dé la gana”

La conversación entre empresario y concejala no termina. En marzo de 2015, dos meses antes de las elecciones municipales, se produce un diálogo que tiene especial interés cuando se lee su contenido y se contrasta con lo que hablarán ambos protagonistas después de los comicios locales. En esa conversación, Roberto García Arrabal solicita a Isabel Nieto que interceda con una parcela que es propiedad del empresario y en la que, según recoge la UDEF, tanto él como la concejala planean la construcción de una torre de 25 plantas para hotel y oficinas. Sin embargo, dicha parcela está destinada en realidad para uso deportivo que es lo que pretende que se construya la asociación de vecinos de la zona en el cono sur de Granada capital.

García Arrabal llega a detallarle a la edil las condiciones que dicha asociación le ha trasladado para que se ejecute el proyecto para uso deportivo y no para una torre de oficinas y hotel. Unas condiciones que para la policía suponen “exigencias para no oponerse al proyecto urbanístico”. En la conversación con la concejala, el empresario añade que en la reunión que tiene prevista para esa misma tarde planea llevar a los vecinos un proyecto que evite “cualquier cosa que suponga tener que hacer un estudio de detalle o innovación, sino licencia directa”. Sin embargo, la respuesta de Isabel Nieto es tajante y hace referencia a las exigencias de las que habla la UDEF en su informe: “Ya le dije al presidente de la asociación de vecinos que no estoy dispuesta a consentir chantajes ni coacciones. En la parcela deportiva hará el propietario lo que quiera hacer cumpliendo su uso y punto”.

Una respuesta que continúa con calificaciones muy duras por parte de Nieto. Llega a poner en segundo plano a la asociación de vecinos porque, para ella, la clave es que su presidente “es un delincuente. Se cree Don Vito en su barrio. A la mierda directamente. No quiero tener ninguna relación con él ni voy a respaldar ninguno de sus caprichos”, sostiene la concejala en la conversación por WhatsApp para acabar dando un consejo a Roberto García Arrabal: “Aléjate de él”. Horas más tarde, Nieto llega a escribirle al promotor que puentee al presidente de la asociación de vecinos al que llama “pequeño dictador”: “Dile que sí a todo y luego haz lo que te dé la gana”.

“Por favor... es vital para salvar mi empresa”

En la misma conversación en la que se habla del asunto con la asociación de vecinos, la policía detalla otro proyecto urbanístico del que Isabel Nieto y Roberto García Arrabal hablan. Se trata del 'Expediente Campus'. Lo que se investiga en el mismo es que podría incumplir el uso del suelo que estaba previsto. Como en el caso anterior, la parcela EQ DEP DP-1 que menciona el promotor y recoge la policía en el informe, estaba destinada para uso deportivo y, sin embargo, el empresario pretende construir en ella una residencia universitaria. Por ello, García Arrabal apremia a Nieto para que que le ayude a sacarlo adelante: “Por favor mete lo del ED (Estudio Detalle), tengo informes técnicos paralizados hasta que no esté publicada la aprobación definitiva del ED. Es vital para salvar mi empresa que vaya en marzo y pueda tener mis informes técnicos. Te lo ruego”.

Finalmente el proyecto es aprobado en la Junta de Gobierno local del 27 de marzo. Es decir, justo cuando el empresario lo necesitaba según sostiene la investigación de la UDEF. Aunque eso no es lo único que llama la atención a los investigadores ya que quien presenta el Estudio Detalle es Taler Real State S.L., nombre con el que pasa a llamarse Inversiones Área Sur S.L., que había sido la misma empresa que pertenecía a Roberto García Arrabal y que había construido la discoteca del 'Caso Serrallo'. Pero esa nueva empresa ya no pertenecía entonces a García Arrabal y a pesar de eso seguía ejerciendo de cara al Ayuntamiento “gestionando la aprobación y desarrollo del proyecto” tal y como señala el informe policial.

La pérdida de la mayoría absoluta

Hay que tener en cuenta que los anteriores mensajes se producen en marzo y sirven también para ver cómo cambia el escenario solo medio año después, cuando el PP de Torres Hurtado pierde la mayoría absoluta y se ve obligado a pactar con Ciudadanos para mantener su Gobierno. Por entonces, Isabel Nieto ya estaba siendo investigada por la Fiscalía en el 'Caso Serrallo' y la formación naranja había logrado firmar un pacto anticorrupción con los populares. Con esa situación y con el hecho de que el Partido Popular de Granada ya no podía aplicar su rodillo municipal, se produce otra conversación vía WhatsApp.

García Arrabal vuelve a hacer otra solicitud en septiembre de 2015. Concretamente pide a Isabel Nieto que integre en el orden del día del pleno otro proyecto que es “urgente” para su empresa. En el mismo texto añade una crítica velada: “No veo que porque otros intenten contaminar el trabajo bien hecho, tengamos que parar proyectos legales, muy necesarios para Granada, para la creación de puestos de trabajo y para la la supervivencia de mi empresa que no merece lo que está pasando. Ya nos defenderemos donde corresponde, pero por favor, necesitamos nuestra Licencia”.

Dicha crítica velada parece quedar respondida con la respuesta de Nieto. La edil asegura no tener “ni idea de cómo está ese expediente porque nunca me lo han explicado”. Después añade que “es imposible que entre mañana porque ahora tiene que ir todo consensuado” haciendo referencia a que con la pérdida de la mayoría absoluta ha de contar con el visto bueno de Ciudadanos para que los proyectos salgan adelante. Algo que confirma el propio García Arrabal en el siguiente mensaje: “De acuerdo y disculpa. Nunca me gusta molestar a nadie, pero después de varios meses hoy me han dicho que Ciudadanos tiene que ver el proyecto para que entre en el orden del día. Ruego hagáis lo posible dentro de vuestras posibilidades. Gracias”.

La buena sintonía entre la concejala y el promotor continúa con la explicación de Nieto sobre lo que sucede con el nuevo escenario político que viven: “El problema de Ciudadanos es que solo tienen 2 concejales con dedicación. Y están desbordados. No pueden venir casi nunca a las reuniones para explicarles los temas. Esto va a ralentizar casi todo”. De hecho, entre los últimos WhatsApp que cruzan y ya en octubre de 2015, García Arrabal le da la enhorabuena a Isabel Nieto por su intervención ante la prensa por unas declaraciones suyas sobre la llegada del AVE soterrado a Granada donde se desmarcaba de la opinión del PP granadino que ya estaba encabezado por un Sebastián Pérez que estaba siendo testigo directo de lo que sucedía en las tramas urbanísticas de Granada. “Felicidades por tu intervención, los políticos deben ser sinceros por encima de su cargo” escribe el promotor a Isabel Nieto, quien responde escuetamente: “Gracias”.

La fiscal del 'caso Serrallo', Sara Muñoz Cobo, ha solicitado hasta 8 años de cárcel, 36 de inhabilitación para ejercer cargo público y más de medio millón de euros en multas contra el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP). El Ministerio Público considera probado que concurren los delitos de prevaricación urbanística y común, fraude en la contratación y tráfico de influencias. Por lo que solicita la misma pena tanto para Torres Hurtado como para la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

El escrito de la fiscal remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, al que ha tenido acceso este medio, detalla las penas que solicita para los otros siete acusados de haber cometido algún tipo de delito en el 'caso Serrallo'. Una operación urbanística en la que se construyó una discoteca en una zona que estaba destinada para zonas verdes según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada vigente desde 2001. Entre los imputados se encuentra el promotor de la discoteca, Roberto García Arrabal, uno de los empresarios de la construcción granadinos más importantes y que también aparece como imputado en la 'Operación Nazarí'.

Para este último, la fiscal también solicita 8 años de cárcel, 4 años de inhabilitación especial para profesión u oficio de promoción y construcción, 5 años de inhabilitación para obtener contrataciones o subvenciones públicas y la misma cuantía en multas que los exediles. Al tiempo que para Manuel Lorente, cargo en Urbanismo del Ayuntamiento de Granada desde 1986, solicita las mismas penas que las de Torres Hurtado e Isabel Nieto. No en vano, Lorente ha sido un hombre importante en el Consistorio en diferentes épocas dentro de este área y su nombre aparece en diferentes casos que la Justicia investiga como de posibles corrupciones urbanísticas.

Sobreseimiento para los ediles populares

Pero las peticiones de la fiscal no se quedan ahí. Dentro del Ayuntamiento de Granada hay más personas que aparecen señaladas por el Ministerio Fiscal. Ellos son Emilio Martín-Herrera y Gaspar Navarro, otros dos nombres clave dentro del área de Urbanismo, a quienes se les reclama 6 años y medio de prisión y 32 de inhabilitación para cargo público. Los otros tres acusados son Agustín Belda, María Paz Spínola y Francisco de Paula. Para el primero también se piden 6 años y medio de cárcel y 20 años de inhabilitación y para los otros dos, funcionarios de menor rango, la petición de pena privativa de libertad se reduce a los dos años. Y ningún nombre más.

Ahí está otra de las noticias que deja el escrito de la Fiscalía pues solicita sacar del proceso a los concejales del Partido Popular que participaron en la Junta de Gobierno local que dio luz verde al proyecto en 2012. En concreto, Sara Muñoz Cobo solicita a la jueza María Ángelez Jiménez, que acuerde el sobreseimiento de la causa contra estos ediles populares al entender que no existió “dolo directo por el voto emitido en el delito de prevaricación”. Entre esos ediles están seis que forman parte del actual grupo municipal del PP: María Francés, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y Fernando Egea.

No obstante, pese a la petición de la fiscal y que desde un principio la implicación de estos políticos en el caso ha estado en entredicho, la Audiencia Provincial de Granada desestimó en febrero el recurso presentado contra su imputación haciendo que sea improbable que no vayan a participar del juicio oral que se abre ahora tras la presentación del escrito de la Fiscalía. Toda vez que las partes ya han agotado su tiempo para presentar sus escritos de defensa, es cuestión de tiempo que los imputados, con el exalcalde Torres Hurtado a la cabeza, se sienten en el banquillo de los acusados.

José Torres Hurtado, exalcalde de Granada, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por otro caso de corrupción tras la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2. No se trata de la 'Operación Nazarí' que precipitó su caída al frente del gobierno local pero sí del origen de la misma: el 'caso Serrallo', por el que se mantienen los delitos de ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias contra el exprimer edil y los otros 16 imputados.

La pieza judicial que ahora abre un periodo para los escritos de defensas y acusaciones, entrará posteriormente en fase de juicio oral en el que deberán desfilar, entre otros, el propio Torres Hurtado, su exconcejal de Urbanismo en la última etapa de su Gobierno, Isabel Nieto, y el resto de ediles que formaban el grupo popular cuando se aprobó el proyecto Serrallo, por el cual se inició el caso que investiga irregularidades en la construcción de una discoteca privada en suelo que no estaba destinado para tal fin. A continuación, repasamos las claves que dan forma a esta operación judicial contra la corrupción urbanística.

Serrallo, el comienzo

Pese a que el 'Caso Serrallo' hunde sus orígenes en un escrito presentado en julio de 2013 ante la Junta de Andalucía que en septiembre de aquel mismo año llegó a manos de la Fiscalía, las implicaciones políticas tardarían aún algún tiempo en llegar. Porque aquel escrito especificaba que se habían llevado a cabo procedimientos irregulares para la construcción de una discoteca junto al centro comercial levantado en la zona del Serrallo al sur de Granada capital. Pero en un primer momento solo aparecían como implicados algunos técnicos de Urbanismo y el promotor de la obra, el empresario Roberto García Arrabal. No sería hasta dos años más tarde cuando a finales de 2015, Isabel Nieto, concejala entonces de ese área, pasó de testigo a imputada en dicha operación. Lo que empezó a definir el futuro inmediato de Torres Hurtado como alcalde ya que este prefirió seguir apoyando a su edil pese a la denuncia de la Fiscalía contra ella.

La imputación del exalcalde

Precisamente el apoyo del exedil a su concejala acabó haciendo saltar por los aires su Gobierno en abril de 2016 cuando ambos acabaron detenidos por la UDEF en el marco de la 'Operación Nazarí'. No en vano, ahí no acabaron los problemas judiciales para Torres Hurtado, porque solo un año después de su detención, la misma jueza que le procesa en la 'Operación Nazarí', María Ángeles Jiménez, decidió imputarle también en el 'Caso Serrallo' tras las investigaciones llevadas a cabo en la trama 'Nazarí'.

Un director ninguneado

Los documentos que dieron origen al 'Caso Serrallo' y que después se han ido añadiendo a la 'Operación Nazarí' tienen algunos autores y un nombre concreto: Jacobo de la Rosa. El que fuera entonces director de Urbanismo pasó de estar en ese puesto a acabar relegado de manera directa por Isabel Nieto y otros altos cargos del ramo por advertir, según se recoge en los informes jurídicos y policiales, de que la construcción de la discoteca estaba llevándose a cabo irregularmente. Tras vivir situaciones inverosímiles en su cargo, acabó abandonando su puesto en septiembre de 2013 cuando la Fiscalía recogió su documento e inició la denuncia.

La potestad de Sebastián Pérez

Justo en aquellas fechas, cuando se inicia la denuncia de la Fiscalía y cuando posteriormente Jacobo de la Rosa deja de ser director de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, el presidente de la Diputación granadina era precisamente el máximo dirigente del Partido Popular en la provincia, Sebastián Pérez. Según informes policiales, derivados de la 'Operación Nazarí', queda de manifiesto que el propio Sebastián Pérez, en calidad de presidente de los populares, conocía lo que estaba pasando con el 'Caso Serrallo' antes incluso de abrirse la instrucción judicial. Lo que se desliza después es que él ayudó a Jacobo de la Rosa a formular su escrito y su posterior marcha de Urbanismo para acogerlo en el seno de la Diputación que él presidía. Su afán por alcanzar la alcaldía que entonces ostentaba Torres Hurtado, clave en ese movimiento.

El empresario caído en desgracia

Los últimos 20 años del Urbanismo en Granada han tenido dos grandes nombres en cuanto al mundo empresarial: José Julián Romero y Roberto García Arrabal. El segundo fue el sucesor del primero después de que éste tuviese que empezar a reducir su actividad urbanística por la crisis y los diversos juicios que han ido apareciendo con su nombre. No en vano, tanto Romero como García Arrabal aparecen como imputados en la 'Operación Nazarí'. Sin embargo, en el caso concreto del Serrallo, Roberto García Arrabal pasa de ser la mano derecha del Consistorio granadino en cuanto al Urbanismo a todo lo contrario. Pues su empresa, Inversiones Área Sur es la que se ve involucrada de lleno en la construcción de la discoteca junto al centro comercial también de su propiedad. Contra él se dirige en principio la denuncia de la Fiscalía lo que le lleva a vender la empresa apenas cuatro meses después de entrar en la instrucción judicial. Desde entonces su aparición en obras de gran calado en el Urbanismo de Granada pasa a ser testimonial. Hasta el punto que acaba teniendo que vender la sede de su empresa, CGA, ubicada precisamente a pocos metros del Serrallo y de otros edificios construidos e investigados posteriormente en la 'Operación Nazarí'.

Los cargos de Urbanismo implicados

Además de la propia concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, en la relación de investigados por el 'Caso Serrallo' aparecen otros dos nombres clave en el área en las últimas décadas: Emilio Martín Herrera y Manuel Lorente. El primero aparece implicado porque según informes de la UDEF, firmó la licencia en 2012 que permitía la construcción de la discoteca pese a existir informes desfavorables como el del exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa. Lorente, por su parte, aparece acusado también de los mismos siete delitos que se le imputan al exalcalde Torres Hurtado y de uno más: cohecho. Pues al parecer, según la investigación policial, él también firmó documentos que permitían la construcción de la discoteca al tiempo que uno de sus hijos trabajaba para Roberto García Arrabal en una de sus sociedades mercantiles. Lorente y Martín Herrera aparecen también de manera recurrente en otros temas urbanísticos de la 'Operación Nazarí' y en otros aún más antiguos como el del edificio Penta de la Chana cuyo litigio tiene su origen en los años 90.

Seis concejales en activo del PP, imputados

Del actual grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, seis están imputados también en el 'Caso Serrallo'. Se trata de María Francés, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y Fernando Egea. Todos ellos aparecen involucrados en el caso por haber formado parte de las Juntas de Gobierno local que dieron luz verde a este proyecto. No en vano, aunque su implicación en el caso es discutible, la imagen de los populares en el Consistorio ha quedado muy dañada. Lo cual afecta de lleno a la gobernabilidad del equipo de Gobierno del actual alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), que se encuentra con una doble vertiente. La del PP frenando, al tener más concejales que los socialistas, llevar a cabo determinadas medidas como el Presupuesto Municipal. Y la de Ciudadanos siendo incapaz de plantear un nuevo pacto de Gobierno con los populares por la imputación de seis de sus concejales.

Isabel Nieto, convencida de su inocencia

Una de las principales implicadas, la exconcejala de Urbanismo, sigue defendiendo que lo que sucedió no fue ilegal. Que llevaron a cabo procedimientos regulados y que en todo caso ella firmó en calidad de concejala pero que no tenía por qué conocer los expedientes porque ese no era su cometido. Al mismo tiempo, Nieto ha destacado en una reciente entrevista en EsRadio que todo se fundamenta básicamente en la denuncia de la Fiscalía pero que faltan pruebas concretas para que tanto ella como el resto de imputados, estén en dicha situación procesal.

Un procedimiento judicial lejos de acabar...

Pese a que la instrucción del 'Caso Serrallo' se haya dado por finalizada, el procedimiento judicial aún debe seguir su camino. Debido a la gran cantidad de documentos presentados y que se han de poner encima de la mesa aún, para que se conozca una sentencia definitiva contra los acusados aún queda mucho tiempo. Al igual que sucede con la 'Operación Nazarí', ambas tramas urbanísticas permanecerán abiertas algún tiempo más hasta resolverse.

... y el juego político que continúa

Mientras tanto, el juego político tendrá que velar porque la ciudad de la Alhambra pueda salir del estado de crisis institucional que vive desde la detención del exprimer edil, Torres Hurtado, y los graves problemas económicos que padece relacionados con la corrupción y la falta de iniciativas municipales que quedan de manifiesto en asuntos tan importantes como los presupuestos municipales que continúan prorrogados desde 2015, precisamente cuando Torres Hurtado aún era alcalde. Pues todo se reduce a números. Los que delatan que el PSOE, aunque posee la alcaldía, Gobierna en minoría al tiempo que Ciudadanos y PP pueden en cualquier momento acabar con ella. Algo que no parece que vaya a suceder a corto plazo a menos que los populares consigan limpiar su imagen de casos como el Serrallo o la Nazarí.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha dado por concluida la instrucción en el llamado 'caso Serrallo' y ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, procesando al que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y a nueve de sus ediles --seis de los cuales aún ejercen como concejales en el Ayuntamiento de Granada-- además de otros altos cargos del consistorio.

En este caso se investigan posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, cohecho y tráfico de influencias a raíz de la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

Así consta el auto de procedimiento abreviado en el que la jueza procesa a un total de 17 personas por este caso, dando traslado a las partes para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

El litigio procede de la construcción en zona verde de un espacio que acabaría siendo de explotación privada en beneficio del promotor de la obra, el empresario granadino, Roberto García Arrabal, por la cual deberán ir a juicio todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que dio luz verde en julio de 2012 al proyecto y que pertenecían al PP. Entre ellos se encuentran nombres relevantes como el del que ha sido hasta el pasado lunes el rival de Sebastián Pérez por hacerse con la presidencia de la formación a nivel provincial, Juan García Montero quien ocupaba la Concejalía de Cultura.

La documentación aportada por la 'Operación Nazarí', que acabó destapándose hace más de un año precisamente a raíz de las investigaciones llevadas a cabo en el caso del Serrallo, han hecho que la magistrada haya decidido reabrir la causa ya que es ella la que lleva ambos procedimientos judiciales. La primera que fue llamada a declarar hace ahora año y medio fue Isabel Nieto, entonces la titular de Urbanismo y cuya labor al frente de ese área le habría servido para hacer favores urbanísticos a diferentes promotores de Granada por los que después también ha sido investigada en la 'Operación Nazarí'.

El 'Caso Serrallo' toma una nueva dirección después de que la jueza que lo instruye, la magistrada titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada Maria Ángeles Jiménez, haya decidido citar a declarar como investigados a todos los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada que dieron luz verde al proyecto en 2012. De esta manera, el caso que se reabrió para que el exalcalde de la ciudad Torres Hurtado fuese citado también a declarar, hace que todos los ediles populares de aquella época tengan que dar explicaciones sobre lo sucedido con la discoteca que dio origen a la denuncia.

El litigio procede de la construcción en zona verde de un espacio que acabaría siendo de explotación privada en beneficio del promotor de la obra, el empresario granadino, Roberto García Arrabal. Citados a declarar están todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que dio luz verde en julio de 2012 al proyecto y que pertenecían al PP. Entre ellos se encuentran nombres relevantes como el del que ha sido hasta el pasado lunes el rival de Sebastián Pérez por hacerse con la presidencia de la formación a nivel provincial, Juan García Montero quien ocupaba la Concejalía de Cultura.

La documentación aportada por la 'Operación Nazarí', que acabó destapándose hace un año precisamente a raíz de las investigaciones llevadas a cabo en el caso del Serrallo, han hecho que la magistrada haya decidido reabrir la causa ya que es ella la que lleva ambos procedimientos judiciales. La primera que fue llamada a declarar hace ahora año y medio fue Isabel Nieto, entonces la titular de Urbanismo y cuya labor al frente de ese área le habría servido para hacer favores urbanísticos a diferentes promotores de Granada por los que después también ha sido investigada en la 'Operación Nazarí'.

Nueve ediles investigados

En total entre los que formaban parte del anterior equipo del PP en el Ayuntamiento de Granada en julio de 2012 y quienes están ahora, la jueza ha citado a declarar a nueve cargos municipales de la formación. Juan Antonio Mérida, la propia Isabel Nieto y Vicente Aguilera son los que están investigados pero que ya no forman parte del equipo de los populares en el Consistorio mientras que del actual aparecen seis nombres. Además de Juan García Montero, también están María Francés, Juan Antonio Fuentes, Curro Ledesma, Telesfora Ruiz y Fernando Egea. Quien no está es Rocío Díaz, actualmente portavoz del grupo municipal del PP pero que aunque entonces era concejal de Turismo no formó parte de aquella Junta de Gobierno Local.

En el capítulo de reacciones, el actual alcalde de Granada, Franscisco Cuenca (PSOE), que precisamente accedió a la alcaldía tras la dimisión forzada de Torres Hurtado por la investigación de la 'Operación Nazarí', ha valorado la decisión de la magistrada asegurando que “es una noticia triste para la ciudad porque es lamentable que se vea señalada por este tipo de cuestiones”. Al mismo tiempo recalca que “estamos ya en otro tipo de cuestiones y trabajando por esta ciudad con total transparencia, atrás quedaron los tiempos de dudas e incertidumbres”. Cuenca declara sentir “rabia por todo lo que tenga que ver con el Partido Popular y no solo por lo de algunos o algunas”.

Casi un año después de que José Torres Hurtado (PP) fuese detenido e imputado junto a gran parte de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por la Operación Nazarí, el que fuera alcalde de la capital tendrá que volver a sentarse ante un juez. Lo hará este lunes tras haber sido llamado a declarar por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, que instruye el conocido como 'caso Serrallo'.

El exedil no había sido llamado a esta causa desde que la misma se abriera en 2014 tras investigarse las primeras irregularidades de la construcción de una discoteca en un suelo destinado a zona verde en el centro comercial Serrallo al sur de la ciudad granadina. Sin embargo, su citación responde al hecho de haber sido considerado por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el “cabecilla de una organización criminal” en el marco de las investigaciones de la Operación Nazarí que acabó con 13 años de alcaldía ininterrumpida del PP en Granada el pasado mayo.

La 'Operación Nazarí' como desencadenante

La detención de Torres Hurtado en abril de 2016 por parte de la Policía Nacional por las pesquisas de la Operación Nazarí parten precisamente del 'caso Serrallo' que ahora retoma su fase de instrucción. En dicha operación urbanística se procedió a construir una zona de ocio en un lugar que según el Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU) estaba reservado para zonas verdes y no para una explotación privada. Ese movimiento tuvo lugar en 2010 cuando José Torres Hurtado era alcalde de la capital y su concejala de Urbanismo era Isabel Nieto. Esta última habría acordado, según la policía, con el empresario granadino Roberto García Arrabal modificar el propio PGOU y comenzar unas obras que la jueza investiga si son ilegales.

Por esa conexión, la de García Arrabal con Isabel Nieto, demostrada en el sumario de la Operación Nazarí, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que lleva tanto el 'caso Serrallo' como el Nazarí, ha decidido llamar a declarar al exalcalde. La jueza entiende que pudo haber tenido conocimiento de lo sucedido porque “tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento y participaba activamente en la toma de decisiones, a pesar de la delegación de funciones en materia urbanística” según señala en el escrito por el que ha reabierto la instrucción.

Un caso enquistado en el tiempo

Pese a las evidencias que ahora se muestran para que Torres Hurtado deba comparecer en el juzgado, el 'caso Serrallo' no ha sido tan relevante políticamente como ha acabado siendo la Operación Nazarí que se ha derivado de él. Desde que a comienzos de 2014 la propia Fiscalía denunciara a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por la controvertida discoteca, el exalcalde ha permanecido siempre al margen del asunto. Sí estuvo desde el principio señalada la concejala de Urbanismo Isabel Nieto sobre todo por las pruebas aportadas por el que fuera director del área durante esta operación urbanística Jacobo de la Rosa.

El funcionario detalló primero a través de informes y luego ante la jueza lo que él entendía como presiones y mala praxis por parte de la concejala y el empresario Roberto García Arrabal para aprovecharse de las circunstancias. No obstante, entonces parecía que todo se podía haber hecho a espaldas de Torres Hurtado hasta que en la investigación de la UDEF para la Operación Nazarí, De la Rosa quiso demostrar que tanto Torres Hurtado como Isabel Nieto sabían lo que sucedía en este asunto. Lo hizo a través de una carta que los propios exediles remitieron a la Diputación de Granada que presidía Sebastián Pérez para reclamar que Jacobo de la Rosa volviese a su antiguo puesto en Urbanismo. Esta misiva demostraría, a juicio de la investigación, que Isabel Nieto quería tener cerca al funcionario pese a que éste había emitido informes contra la discoteca del Serrallo antes de marcharse de la concejalía. Según esta prueba, demostraría eso y que Isabel Nieto había contado con la connivencia del exalcalde para pedir que restituyeran al que fuera director de Urbanismo.

División política en el seno del PP

Si bien la declaración de Torres Hurtado ante el juzgado será este lunes (la misma se había aplazado cuando estaba prevista para el pasado día 23 por incompatibilidad de agenda del abogado del exalcalde), ante la jueza ya han hablado el empresario Roberto García Arrabal y el exdirector de Obras, Manuel Lorente. Ambos están también siendo investigados en el marco de la Operación Nazarí no solo por el Serrallo sino por otras operaciones urbanísticas que podrían ser ilegales. Pero no son los únicos a los que la reapertura de la instrucción de este caso afecta sino que tiene de nuevo consecuencias políticas.

Ya durante la detención, imputación y posterior dimisión de Torres Hurtado por la Operación Nazarí del pasado año quedó de manifiesto que en el Partido Popular de Granada había dos bandos. El que capitaneaba el propio exalcalde y el de su primer teniente y presidente del PP granadino Sebastián Pérez. Por esta división interna distintas fuentes señalan que el máximo dirigente popular se habría aprovechado de las operaciones urbanísticas de Torres Hurtado para tratar de asaltar la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos. De hecho, en una reciente entrevista concedida a este medio por el candidato a presidir el PP de Granada y afín al ala de Torres Hurtado, Juan García Montero, era él quien abonaba esta teoría.

Lo cierto es que la división interna de los populares fruto de la Operación Nazarí y con la reapertura del 'caso Serrallo' ha hecho que Torres Hurtado haya pasado a ser historia de la formación. De alcalde a ser apartado de su propio partido pasaron apenas unas horas. No fue el único, también fue suspendida de militancia Isabel Nieto el mismo día en que ambos fueron detenidos por la policía. Los dos se han quedado apartados del PP de Granada y ahora acuden ante la Justicia como dos personas ajenas por parte de los populares afines a Sebastián Pérez. No así para los rivales políticos del actual presidente del partido.

Una partida de ajedrez que se jugará no sólo en el juzgado si no dentro de dos meses en el congreso provincial que deberá escoger al nuevo mandatario provincial de los populares granadinos y donde Torres Hurtado participará entre bambalinas apoyando a Juan García Montero.

Granada comienza a ver el futuro inmediato en su panorama político. Aunque el horizonte sigue negro en cuanto a los procedimientos que se llevarán a cabo, parece que todos ellos desembocarán en un final: Paco Cuenca (PSOE), alcalde. Así está la situación actualmente después de que el PSOE se haya reunido ya con todas las formaciones políticas de la oposición.

Después de que los socialistas alcanzaran el lunes sendos acuerdos con Izquierda Unida y Ciudadanos para que se llevara a cabo una moción de censura contra el entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado, la dimisión del primer edil ha trastocado algo los planes. Puesto que para que la moción salga adelante hacen falta 14 firmas de las cuales hasta el momento hay 11. Es decir, las de PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida. Faltan por lo tanto las de los tres concejales de Podemos.

Pero Podemos ha decidido paralizar la moción y no firmarla atendiendo a posibles “trabas jurídicas” que puedan ralentizar el proceso para que el PP deje de gobernar. Aunque esta paralización no supone en cualquier caso que la formación morada no vaya a apoyar un equipo de Gobierno encabezado por el PSOE con Paco Cuenca como alcalde de Granada, la hoja de ruta varía.

Tras la reunión que ambas formaciones políticas han mantenido, la portavoz de Podemos en el consistorio granadino, Marta Gutiérrez, ha asegurado que “lo que no podemos permitir es que el Partido Popular nos meta en un laberinto jurídico (…) No fuimos nosotros los que permitimos que se mantuviera el Gobierno de un alcalde imputado por corrupción”. En Podemos aluden a un 'Gobierno de cambio' en el que no tiene cabida, en ningún caso, el PP.

Así las cosas, el portavoz de los socialistas, Paco Cuenca, asegura que, a la espera de que Podemos firme o no la moción de censura, en “los próximos días vamos a una sesión de investidura” en la que de igual modo cuenta con el compromiso de toda la oposición para apoyar su candidatura a la alcaldía de Granada y sacar al PP del gobierno municipal. Aunque recalca que la moción de censura no la han descartado “en ningún momento, seguimos pensando que hay que hacer una consulta jurídica para saber si en este momento es viable”.

En el marco de las conversaciones mantenidas entre los distintos partidos municipales, Ciudadanos ponía una condición explícita para apoyar al PSOE: que Podemos no entrara en ningún equipo de Gobierno. Algo que la propia formación morada ha descartado recordando que ellos ya en junio no pidieron ningún puesto.

El Partido Popular se deshace entre luchas internas

Mientras la oposición planea cómo quitarle el bastón de mando del Ayuntamiento de Granada al PP, los populares siguen dirimiendo quién será el que encabece la formación en el Consistorio. Y quien lo haga, tendrá que hacerlo previsiblemente como líder de la oposición. Pero en esa tesitura se encuentran hasta el momento dos nombres.

Por un lado, el actual alcalde en funciones, Juan García Montero, que en principio tiene el apoyo de su partido de manera oficial. De hecho, ya ha comenzado a ejercer como primer edil en funciones y lo ha hecho en un tono conciliador en el que ha abierto la puerta de nuevo a Ciudadanos para un posible acuerdo entre los partidos para que el PP vuelva a gobernar en Granada, mensaje que ya han transmitido líderes nacionales y regionales. Sin embargo, ha asegurado que va a trabajar para que próximamente haya alcalde “sea del partido que sea”.

García Montero llegó al Ayuntamiento de la mano de Torres Hurtado en 2003. Entonces asumió ser el concejal de Cultura y el año pasado añadió el área de deportes. Además desde 2011 ha sido el portavoz del equipo de Gobierno en el consistorio. Nacido en 1969 en Granada se licenció en derecho por la Universidad de Granada y llegó a trabajar como gerente de un importante cine de la capital.

El otro posible candidato es el número 4 de la lista que el Partido Popular presentó en las elecciones municipales de mayo de 2015, Fernando Egea. Según declaró el ex alcalde de Granada, José Torres Hurtado a 13TV, él debería ser el próximo líder del PP en el Ayuntamiento de la capital porque así lo dicen las listas, aunque asume que eso es algo que deberá decidir el partido. Se da la circunstancia de que Egea, actual concejal de Bienestar Social, Igualdad, Educación y Juventud no es afiliado al partido y que perteneció al Partido Andalucista hasta 2009 llegando a haberse presentado como candidato a la alcaldía de Granada en 2007.

A Francisco Puentedura, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, parece no pillarle de nuevas la operación policial que podría acabar con Torres Hurtado como alcalde porque, recuerda, su grupo lleva denunciando desde hace varios años la presunta corrupción urbanística del equipo de Gobierno municipal. Según la investigación, el Ayuntamiento alertaba a empresarios 'amigos' de inminentes recalificaciones urbanísticas para que pudieran adquirir, previamente, los terrenos a bajo precio y hacer negocio.

¿Esperaban ustedes una operación policial que terminase con el alcalde detenido?

Obviamente. Por desgracia, no es una sorpresa y nos esperábamos que acabase la situación de esta forma.

Pero la concesión del parque infantil que se vincula con el caso del Serrallo Plaza data de 2006.

Nosotros remitimos en otoño de 2013 a la Fiscalía una parte de esta historia y ahora se han vinculado otros asuntos urbanísticos que venimos denunciando públicamente desde hace al menos dos años. Siempre se han beneficiado los mismos promotores y los empresarios. Todo forma parte de una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

La concejal detenida, Isabel Nieto, entró a formar parte del equipo de Gobierno de Torres Hurtado en 2007, ¿qué papel cree que juega en este asunto?

Hubo un informe de quien fue director del área de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, denunciando un montón de irregularidades que Isabel estuvo haciendo lo posible por taparlas. Hicimos una denuncia pública ante la Fiscalía hace dos años que abrió diligencias de investigación, una querella y un proceso de instrucción que ahora mismo se está desarrollando y que, precisamente, se ha ampliado con esta investigación de la UDEF.

¿Qué vienen denunciando y a qué otros casos afecta?

Pues los del Pabellón Mulhacén, del Parque Tecnológico de la Salud, etc. Son todas recalificaciones de parcelas que el Ayuntamiento vende o saca a concesión y que luego se recalificaban para producir un aprovechamiento lucrativo a los mismos empresarios. El común denominador es que siempre son los mismos promotores urbanísticos los beneficados por todas estas actuaciones, en contra del interés público y general de la ciudad de Granada.

¿Todas sus denuncias están de alguna forma relacionadas?

Ahora mismo, el urbanismo en la ciudad de Granada tiene abiertas cinco diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, algunas en proceso de instrucción por los juzgados. Al final pues han relacionado todas estas denuncias con avisos que se han producido y tramas donde han coincidido los mismos empresarios como beneficiarios de toda esta actuación corrupta. Ahora es cuando atan cabos y ven esta trama de corrupción urbanística que llevamos años denunciando. Se habla de tres empresas promotoras implicadas.

¿Y el futuro inminente para el Gobierno de la ciudad cómo lo imagina?

El equipo municipal de Ciudadanos es el que ha estado sosteniendo hasta ahora el equipo de gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos dicho que las actuaciones inmediatas requieren de la dimisión del alcalde, de la concejal de Urbanismo y de los altos cargos que han sido detenidos. La responsabilidad política no puede acabar ahí. El PP está en un gobierno en minoría, los grupos de la oposición formamos mayoría en el pleno y es el momento en que los grupos municipales de la oposición tenemos que retratarlo y se tiene que retratar también el grupo de Ciudadanos.

¿Cómo lo plantean?

Nosotros creeemos que para restituir la legalidad urbanística, para acabar con la corrupción en el Ayuntamiento de Granada, el PP no puede estar gobernando ni un minuto más en la ciudad, hay que presentar una moción de censura que cambie el gobierno de la ciudad.

¿En qué cree que puede terminar todo?

Esta trama va a ir a más, con más implicaciones, y espero que esto acabe con una investigación en profundidad por parte de la Policía y los juzgados, caiga quien caiga, con una depuración total de las responsabilidades legales y políticas inmediatas que se adopten, echando al PP del Gobierno de la ciudad. Es muy lamentable que Granada entre en el mapa de la corrupción urbanística en este país.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada se ha visto sorprendido después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comenzara una serie de registros que han concluido, por el momento, con las detenciones del alcalde de la capital, José Torres Hurtado (puesto en libertad con cargos) y de la concejala de urbanismo, Isabel Nieto. Un caso que involucra directamente al Consistorio y a importantes empresarios granadinos.

¿Quién es José Torres Hurtado?

Es el máximo dirigente de la capital granadina desde que en 2003 lograse ganar las elecciones por mayoría absoluta, hito que repetiría en los dos comicios siguientes en 2007 y 2011. Ya en 2015 tuvo que verse forzado a pactar con Ciudadanos para mantener su puesto como alcalde. Bajo su mandato Granada ha acometido la construcción de un metropolitano, que aún no ha comenzado a funcionar, del Parque Tecnológico de la Salud en la zona sur y ha sido la sede de importantes acontecimientos deportivos como el Mundial de Baloncesto en 2014 y de la Universiada celebrada en Sierra Nevada en febrero de 2015.

¿Qué se investiga?

La Fiscalía, desde 2013, y ahora la UDEF investigan la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, junto al centro comercial Serrallo Plaza, donde solo había una concesión para un parque infantil. La discoteca se construyó con los permisos para cinco columpios, y el 'canon' a pagar por su explotación al Ayuntamiento, de 1.000 euros al mes, es de los columpios infantiles, y no es de la construcción que hay actualmente en funcionamiento. Un hecho que además contradice el propio PGOU que aprobó el Ayuntamiento en marzo del año 2000 debido a que la zona en la que se construyó la discoteca está catalogada de dominio público al ser zona verde.

Las obras presuntamente irregulares colocan como principal responsable del entramado al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, por haber permitido dicha construcción. Todo parte de la denuncia de un funcionario de urbanismo, ya jubilado, que remitió documentos a la Fiscalía y que probarían que casi todo lo que se hizo para la construcción de la controvertida discoteca fue ilegal.

¿Quiénes han sido detenidos?

Hasta el momento han sido detenidos tanto el alcalde, José Torres Hurtado, como la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Torres Hurtado ya ha sido puesto en libertad con cargos, al tiempo que durante la jornada del miércoles se han llevado a cabo numerosos registros entre los que se incluye el de la sede de la empresa García Arrabal de la que es su representante el empresario Roberto García Arrabal.

¿Cuándo tuvieron lugar los hechos?

Los hechos se remontan al año 2006, cuando se otorgó concesión para la realización de un parque de infantil junto al Serrallo Plaza. Posteriormente, el parque infantil fue sustituido por un complejo de ocio del que es propietaria la empresa Inversiones Área Sur, cuyo administrador general era hasta febrero del año pasado el empresario granadino Roberto García Arrabal. Se trata de la misma empresa que posee también el centro comercial Serrallo Plaza. La firma fue vendida en enero del año pasado, en plena investigación de la Fiscalía, a un fondo de inversiones extranjero

¿Quiénes podrían estar implicados?

El principal implicado, según la investigación, sería el alcalde de Granada al haber permitido las obras que contravienen el PGOU. Junto a él se encuentra la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, también del PP, que ya declaró en diciembre de 2015 ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en calidad de investigada por un supuesto delito de prevaricación en el llamado caso Serrallo. Además del empresario granadino Roberto García Arrabal, representante legal de Inversiones Área Sur, la Fiscalía denunció en febrero de 2014 tanto a Emilio Martín, director general de Licencias, como Manuel Lorente, director técnico de Obras; Gaspar Navarro, arquitecto jefe del Servicio; María Paz, directora general de Urbanismo, y Agustín Belda, coordinador del Área de Urbanismo y Obras.

Consecuencias políticas

Todos los grupos de la oposición se han manifestado en bloque pidiendo la dimisión del alcalde de Granada al mismo tiempo que han pedido que se depuren responsabilidades. Sin duda, la decisión más llamativa es la que ha tomado Ciudadanos al romper el acuerdo de investidura que unía a la formación naranja con el Partido Popular y que permitió la Alcaldía de Torres Hurtado el pasado mes de junio. Todas las formaciones municipales se van a sentar a hablar y no descartan presentar una moción de censura contra el alcalde.