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El Ayuntamiento de Granada arregló un convenio urbanístico a sabiendas de su irregularidad

Está condenado por el TSJA a pagar 13 millones de euros por una transacción realizada en tiempos del PP, según ha revelado el nuevo equipo de Gobierno del PSOE

La documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia demuestra que desde 1998, cuando se inició el conflicto, conocía los errores de la tramitación

En esta trama aparecen vinculados altos cargos y empresarios que también han sido detenidos e investigados en la operación Nazarí

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Registran el Ayuntamiento de Granada en una operación por corrupción urbanística

Sede del TSJA en Granada EFE

Hace poco más de un mes que volvía a estar de actualidad pero nunca ha dejado de ser un quebradero de cabeza para Granada. Dicho quebradero no es otro que los más de 13 millones de euros que deberá desembolsar el Consistorio, obligado por una sentencia del TSJA que no admite recurso, para solucionar un conflicto surgido de un convenio urbanístico que hunde sus raíces en 1998. En aquel año, el Ayuntamiento de Granada firmó un acuerdo en el que se intercambiaban unas parcelas de la zona norte de la capital y, pese a que desde el principio constaba que había más propietarios, eso no frenó el acuerdo. De ahí surge un pleito por el que el Tribunal andaluz condena a Granada a pagar esa cantidad para compensar económicamente a la constructora que reclama la propiedad de parte de dichos terrenos.

Pero los documentos a los que ha tenido acceso  eldiario.es/andalucia dejan constancia de que el Ayuntamiento dio el visto bueno a todo el proceso y la tramitación a sabiendas de que era irregular. De hecho, se producen en él una cascada de acontecimientos que ponen en duda su legalidad.

Para ir a la raíz del asunto, hay que viajar hasta finales del siglo pasado. Ya entonces se evidencia que aquel convenio estuvo mal hecho desde el principio.

Todo comenzó el 20 de mayo de 1998, fecha en que el convenio queda definitivamente aprobado. Después de aquella fecha los problemas no tardan en surgir. En aquel convenio firmado por parte del Ayuntamiento de Granada (gobernado entonces por el PP)  con el empresario José Julián Romero se detallaba que el constructor sería el beneficiario de unos terrenos para la construcción de un edificio de viviendas en la zona norte de Granada, concretamente en La Chana, a cambio de terrenos que el propio Romero cedería al Consistorio para zonas verdes. El problema es que esos terrenos que se cedían no eran propiedad del constructor en su totalidad sino que una parte de ellos correspondían a la familia López Román.

Sin embargo el convenio siguió adelante y las obras para la construcción del edificio se efectuaron pese a que sólo unas semanas después de la aprobación del convenio, el Consistorio tuvo conocimiento de que un particular reclamaba parte de los terrenos que se estaban cediendo por parte del empresario José Julián Romero. Aquello no evitó que la burocracia dictase en favor del constructor granadino.

De los más de 15.000 m² que Romero cedía a Granada para beneficiarse del convenio, casi la mitad, más de 7.000 m² pertenecían a esta familia que desde el primer momento reclamó sus derechos sobre los mismos. Por ello, según una fuente que ha preferido preservar su anonimato, "se eliminaron las notas simples que demostraban que parte de esos terrenos eran propiedad de otras personas".

De ahí que sorprenda que en 1999, una vez finalizadas ya las obras del edificio de viviendas en La Chana, se proceda a dar la licencia de primera ocupación a José Julián Romero aun constando en el Ayuntamiento de Granada que dicho convenio no tenía sentido puesto que había quienes reclamaban la titularidad de parte de los terrenos en juego. Lo que se hizo para sortear este problema es que un año antes se decidió que José Julián Romero no estaba obligado a haber cedido las parcelas antes de que las obras se pusieran en marcha puesto que en el propio Convenio no estaba esa exigencia por ninguna parte.

Además, por si quedaba alguna duda de que desde el Consistorio no se estaba obrando correctamente, un informe realizado internamente en enero de 2001 cuando el Ayuntamiento de Granada ya estaba en manos de un tripartito gobernado por el PSOE apoyado por el Partido Andalucista e Izquierda Unida detalla que "los datos registrales de dicha finca (la de los terrenos cedidos) no constan en el expediente" o lo que es lo mismo, que no aparecen reflejadas las notas simples de las partes que corresponden a los propietarios particulares, como ellos mismos denuncian.

Se trata de un informe que firma el entonces gerente de urbanismo, Manuel Lorente, que había sido el responsable último de todas las operaciones urbanísticas de Granada desde finales de la década de los 80 y que continuó siéndolo hasta 2008, fecha en que acabaría dimitiendo.

Vargas e Hijos lo llevan a los tribunales

Tras ello, la familia López Román, que era la propietaria legítima de esa parte de los terrenos, decidió venderlos para olvidar un tema que se estaba dilatando conscientemente desde el Ayuntamiento de Granada, afirman. Un movimiento que provocó que quien compró esas parcelas, la empresa Vargas e Hijos S.L., decidiera continuar con la reclamación iniciada por sus antiguos propietarios y llevar al Consistorio granadino ante la justicia después de que la Comisión de Valoraciones tasase en 13 millones de euros la compensación que se les debía abonar tras comprobarse que se cedieron sus terrenos sin su consentimiento.

En ese nuevo escenario es cuando entra ya el Ayuntamiento de Granada de Torres Hurtado en la alcaldía e Isabel Nieto como concejal de urbanismo. Porque la reclamación de Vargas e Hijos se hace en 2005, cuando ambos se encuentran en el Gobierno municipal y deciden que se intente compensar con otros terrenos a Vargas e Hijos para burlar la multa económica en lugar de depurar responsabilidades sobre José Julián Romero para que se hiciera cargo de una situación que había provocado su empresa al ceder terrenos que no eran de su propiedad.

... Y sin las zonas verdes previstas

Pese a conocer la multa, desde el Ayuntamiento de Granada se mantuvieron relaciones comerciales con José Julián Romero varios años más y Manuel Lorente continuó siendo gerente hasta que él mismo decidió dimitir tres años después sin haber sido cesado pese al perjuicio que su decisión podía estar ocasionando a las arcas municipales. Pese a todo y hasta el momento, sólo una persona ha tenido que hacer frente a la justicia por este asunto pero la causa quedó archivada. Esa persona no es ninguno de los altos cargos mencionados sino un puesto intermedio de urbanismo. Y lo que es también importante, las zonas verdes previstas en los terrenos siguen sin llevarse a cabo.

Por eso a pesar de que han pasado ya casi veinte años desde que comenzase el controvertido acuerdo entre las partes, hoy tiene especial relevancia por diferentes motivos. Porque continúa en el juzgado, porque a pesar de iniciarse en 1998 los procedimientos, en ellos aparecen vinculados personas que están siendo investigadas también en la ‘Operación Nazarí’ y porque el nuevo equipo de Gobierno del PSOE, cuyo alcalde es Francisco Cuenca, trata ahora de solucionar y clarificar una situación que también pasó por alto aquel tripartito que hizo que PSOE, IU y PA gobernasen entre 1999 y 2003.

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