“Una economía o una política donde las deudas a veces no se pagan y, en consecuencia, hay que pedir pagos por adelantado, es una mierda”. Con esta frase lapidaria, por la que, al momento de pronunciarla, pide perdón, describe Andreu Mas-Colell (Barcelona, 1944) la relación de desconfianza que existe entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, dos políticos cuyos caminos se han reencontrado ahora por la fuerza y que deberán llegar a un acuerdo si quieren que la legislatura en el Congreso eche a andar.

Mas-Colell, uno de los economistas catalanes más prominentes y reconocidos a nivel mundial, y que se desempeñó como conseller de Economía de Artur Mas en el Govern de los grandes recortes sociales, cree que la independencia de Catalunya es imposible. Por eso, defiende, la salida para el soberanismo catalán es tratar de buscar un encaje en España y en Europa a través del pacto. “Es fantástico que Junts esté negociando con el PSOE, espero que ahora ERC no se radicalice”, celebra, tras considerar que el partido de Oriol Junqueras hizo “lo que tenía que hacer” durante la última legislatura y elogiarles por abrir la puerta a la vía de la desjudicialización.

Los partidos independentistas tienen la llave de la investidura en Madrid y deben decidir cuáles son las prioridades en una negociación. ¿Cuáles cree usted que deberían ser?

En general, creo que son oportunas la desjudicialización/amnistía y los temas relacionados con la lengua. Y aquí pongo dos acentos: la utilización del catalán en el Congreso y algún tipo de oficialidad europea, aunque soy consciente de que se tendrá que trabajar. Pero eso tiene un valor simbólico muy grande. Respecto a lo demás, paradójicamente, pese a que soy economista no considero que los aspectos económicos sean los más importantes. Los fundamentales serían la financiación autonómica, aunque creo que Catalunya no debe liderar este tema, y también otros temas neutrales para el resto de comunidades, como el tema de Rodalies o el del aeropuerto de El Prat.

Ha citado la amnistía entre las prioridades, pero no así el referéndum, que suelen ser dos peticiones que se formulan juntas.

Yo creo que en una negociación hay que ser exigente, pero con una percepción de que el otro lado lo puede asumir. Ahora mismo me parece evidente que el partido socialista no puede asumir un referéndum de autodeterminación. Todos entendemos que hay una mesa de negociación y que deberá culminar en algún tipo de votación sobre los acuerdos en esa mesa política, y que es posible que eso recupere elementos del Estatut o que lleguen a donde tengan que llegar. Y eso se votará. Pero eso será al final del proceso de negociación.

Decía antes que no considera que Catalunya deba liderar el tema la financiación autonómica. ¿Por qué?

La posición de Catalunya respecto a la financiación autonómica debe ser de interés multilateral. No es productivo que Catalunya tenga liderazgo en este debate, porque no sería útil. En cambio, creo que hay dos cosas donde sí puede jugar un papel: la primera, apoyar cualquier iniciativa multilateral que lleve a un beneficio mayor a todas las comunidades a través de un mejor reparto de los ingresos, no entre comunidades, sino entre el Estado central y las autonomías. Si no modificamos esto, la negociación sobre la financiación es un guirigay y un conflicto de suma cero, que solo llevará a la parálisis como ha pasado hasta ahora. Y la segunda cosa es apoyar cualquier propuesta de condonación de deuda.

La financiación autonómica se ha convertido en una especie de tabú, a todos los presidentes parece que les queme negociar o hablar de ello. ¿Por qué?

Porque se piensa que así se estaría enviando un mensaje que dice que esto lo podemos arreglar con dinero. Y no, no lo podemos arreglar con dinero. Yo estoy bastante en la línea de lo que algunas veces se ha dicho sobre los acuerdos de la Transición, donde los vascos obtuvieron el concierto, que el Estado se podía permitir porque Euskadi no es tan grande y había un conflicto muy duro, mientras Catalunya obtenía la lengua. Pero si nos exige que renunciemos a la reivindicación económica y a la vez ataca la lengua, mire lo que se ha generado.

Yo creo que Catalunya, mientras esté por encima de la media española, ha de hacer transferencias fiscales. También pido a cambio que el sistema de financiación garantice que el día que esté en la media, no transfiera

Dice usted que el tema de Catalunya no es un tema de dinero pero, ¿el conflicto no se solucionaría en buena medida con un pacto fiscal?

No si es a cambio de renunciar a la identidad. Vamos a ver, el tema catalán es de respeto a la identidad, que en buena parte está contenida en la lengua. Y ahora mismo hay un ataque. Catalunya ha pasado de seis millones de habitantes a ocho en dos décadas. Ninguno de estos dos millones tenía el catalán como lengua materna, por tanto, si el catalán ha de continuar siendo una característica de la vida social en Catalunya, la escuela debe generar lo que yo llamo bilingüismo perfecto, es decir, que los catalanes dominen sus dos lenguas de una forma educada, no un patois. Y esto hoy no solo no está garantizado, sino que hay un intento claro de que el catalán quede minorizado.

El pacto fiscal se ha situado como un objetivo difícil en una negociación. ¿Cuál debería ser la reclamación de mínimos sobre esto desde los independentistas?

Entendámonos, el pacto fiscal tiene dos interpretaciones. Una es que Catalunya recaude todos sus impuestos y no transferir nada. Pero yo creo que Catalunya, mientras esté por encima de la media española, ha de hacer transferencias fiscales. También pido a cambio que el sistema de financiación garantice que el día que esté en la media no transfiera, cosa que ahora no se garantiza, como le pasa al País Valenciano. 

Pero el pacto fiscal que se ha reclamado no es ese, sino uno que permita que Catalunya tenga capacidad de recaudación y decisión sobre los impuestos que sirven para financiar servicios que presta la Generalitat. Por ejemplo, sería natural que los impuestos que nos devuelven para Rodalies o para infraestructuras fuesen gestionados desde Catalunya tanto estratégicamente como en la parte de construcción. Yo es así como entiendo el pacto fiscal.

Citaba ahora el caso de Rodalies. Si usted fuese la consellera de Territori que tiene que negociar con la Ministra de Transportes, ¿qué es lo que pediría?

Que ponga el dinero que pone ahora, pero que se transfiera a Catalunya y se ejecute desde Catalunya. Esto está muy en la frontera de la fórmula de las comandas de gestión. Es decir, lo único que falta es la planificación estratégica. Considero que en Rodalies, la planificación la tenemos que hacer desde aquí, si se quiere en cooperación con el Estado, no tengo inconveniente. Las inversiones se han de planificar también desde Catalunya. El dinero es el que ahora dedica el Estado, digo el de ahora y no el de antes, pero debe gestionarse aquí. La propiedad de las vías puede hacerse en un consorcio, pero debe estar bajo la autoridad planificadora, que ha de ser la Generalitat.

¿Usted cree que en la desinversión que ha habido en Rodalies las últimas dos décadas ha habido intención de perjudicar a Catalunya?

No, no. Pero si las cosas se planifican desde un ministerio de Madrid por cuerpos funcionariales de Madrid, con una visión estrictamente radial de las infraestructuras, eso es lo que acaba pasando. No hace falta mala voluntad, es lo que pasa cuando hay demasiada lejanía.

El aeropuerto de El Prat es otro de los temas que últimamente le interesan mucho. ¿Por qué está convencido de que es necesario ampliar una pista?

Yo estoy convencido de que hay que ampliar una pista a los 3.500 metros para despegues, que es lo que tienen nuestros competidores. Es lo que tiene Madrid, Munich, Zurich, Boston… ¿Por qué son nuestros competidores? Porque cuando las empresas, o los congresos y grandes competiciones deportivas, miran localizaciones idóneas, miran estas conexiones. Y la tienes o no la tienes. Por tanto, tenemos que hacer una pista como Dios manda.

¿Y no le convence utilizar las otras pistas de Catalunya para aumentar la carga sobre Barcelona?

No, no, a mi me convence. Para la larga distancia tiene que ser Barcelona. No vale con ampliar Girona, porque a la larga distancia también hay que alimentarla con vuelos de conexión. Y si tenemos que desplazar estos vuelos a Girona, lo que haremos será hacer que el aeropuerto principal de Barcelona ya no está en Barcelona. Yo lo que creo es que el visitante que viene a Barcelona puede aterrizar en Reus o a Girona, pero a la vez hace falta tener vuelos intercontinentales a Barcelona. Que además, ya es cómo se planificó inicialmente.

¿Qué quiere decir?

Que en El Prat ya hay una pista de 3.500 metros. Solo que no se puede utilizar en despegue por el ruido. Pero estar, está.

También defiende la pista en el mar. ¿Es viable?

Perfectamente viable, son unos 1.600 millones de euros. Yo no creo que la tercera terminal sea necesaria si potenciamos Reus y Girona. Ahora, si se llegase a un acuerdo para trasladar La Ricarda también me parecería bien, ¿eh? La solución en el mar es medioambientalmente neutra o favorable. Hay pistas en el mar en muchos sitios; pistas sobre pilones, como es nuestra propuesta, en menos, pero esta es la virtud de la propuesta. La tecnología de los pilones está perfectamente probada en el mar del Norte, es poco disruptiva para el medio ambiente. Y se propone a kilómetro y medio de la playa por consideraciones paisajísticas.

¿No cree que es necesario fomentar que haya menos vuelos para mitigar el cambio climático?

Globalmente, seguramente hace falta desenfatizar los vuelos cortos, de menos de dos horas, y sustituirlos por trenes. Pero yo creo que en el mundo continuará siendo necesario volar para las distancias largas. Lo que hace falta es trabajar en que contamine menos, o que contamine cero, pero para eso hacen falta 20 o 25 años. Y lo que hay que pensar es que estamos en una competición mundial, no de turistas, sino por la alta competitividad.

Usted fue el primer conseller de Economía catalán que plantó al Ministro, entonces Cristóbal Montoro. ¿Ve útil acudir a este tipo de foros, a los que la Generalitat estuvo años sin ir?

Lo veo útil y bien y, de hecho; yo volví. El no ir fue una manifestación de protesta por un incidente concreto, que creo que en aquel momento era sobre la distribución del déficit autorizado por Europa, cuando el Gobierno no solo se quedó el margen adicional sino que además quería quedarse también con el de las Comunidades Autónomas. Pero me salté una, porque yo creo que allá hay que estar presente. Ahora, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se negocia nada. Casi ni se aprueba porque el Gobierno central tiene mayoría, y la ejerce. Yo he visto al Gobierno perder una votación y el ministro decir “pero se hará como yo he dicho”.

¿Entiende que algunos sectores independentistas hayan cargado contra ERC por la negociación que ha hecho en la pasada legislatura?

Entender, entiendo muchas cosas en esta vida, pero no lo comparto en absoluto. A ver, como pasa en Euskadi, hay una rivalidad muy fuerte entre los dos dos partidos soberanistas y esto en ocasiones hace perder la perspectiva. Hemos visto cosas curiosas, como que en octubre del 2017 ERC y una parte de Junts impidieran la idea de Puigdemont de ir a elecciones, para luego cambiarse los papeles y hacer lo contrario. Una de las cosas buenas que parece insinuarse ahora es que yo creo que habrá un acuerdo [con Junts] para la investidura [de Sánchez]. Creo que es fantástico que Junts esté negociando con el PSOE, y espero que ahora ERC no se radicalice hacia la otra banda.

Creo que Catalunya es una realidad nacional y que en abstracto su situación ideal sería la de un país de la UE, pero creo que esto no es posible

¿Piensa que las cosas que ERC negoció en la pasada legislatura son suficientes para lo que ERC dio a cambio?

Creo que hicieron lo que tenían que hacer y seguramente llegaron hasta donde pudieron. Iniciar la vía de la desjudicialización era en ese momento muy difícil, ahora es algo más fácil. Y después establecieron una mesa de negociación, que mi opinión es que está bien tenerla y algún día será útil. Pero el momento llegará porque reclama un clima, clima que no tenemos y que pide tiempo.

¿En el viraje de Junts hacia la negociación existe el peligro de que haya sectores que se vayan a posiciones más radicales?

Un sentimiento del “todo o nada” no desaparecerá. El tema es a qué porcentaje de la población representará. Y yo creo que estamos en el camino de que la mayoría del soberanismo reconozca que hace falta hacer política. Habrá sectores que no lo acepten, quizás la CUP por un lado y la ANC por otro se mantengan en el fundamentalismo, o vete a saber.

Durante la última legislatura, las posiciones pragmáticas aconsejaban pedir indultos porque la amnistía era imposible, pero de repente, la amnistía ha aparecido en el tablero. ¿Cómo diferenciar entre el pragmatismo y lo que sólo es vender baratos unos votos?

Yo, quizás porque soy economista, no me gusta hablar en términos de “vender”, tampoco lo de las líneas rojas y todo este tipo de lenguaje. Vamos a ver, hasta que la derecha no me dé garantías de que entiende el tema de la plurinacionalidad y está dispuesta a respetarla, yo creo que Catalunya tiene que entenderse con la izquierda española. Y eso quiere decir que tenemos que crear relaciones de confianza, de complicidad… Lo que los antropólogos llaman intercambios de regalos. Ser amables, no dejar que te tomen el pelo, pero generar confianzas y reciprocidad. Una economía o una política donde las deudas a veces no se pagan y donde, en consecuencia, hay que pedir pagos por adelantado, es una mierda, con perdón. 

¿Usted se considera independentista?

Yo me declaro soberanista, creo que no encontrará ninguna manifestación mía como independentista. Considero que Catalunya es una realidad nacional y que en abstracto su situación ideal sería la de un país de la UE, pero creo que esto no es posible. Creo que la UE no funciona así, no hay ningún precedente y creo que en España todos, catalanes y no catalanes, hemos entrado en Europa para evitar lo que cada cual entiende como catástrofe, que en cada país es diferente. 

Para Catalunya, la catástrofe es el franquismo y para España, es la disolución, y por tanto se ha entendido que dentro de la UE, España es indisoluble, no porque la UE lo garantice sino porque da un marco de estabilidad.

Hay mucha gente que piensa que la fiebre independentista sirvió para tapar los recortes presupuestarios en gasto social que usted hizo. ¿Está de acuerdo en que ambas cosas estuvieron relacionadas?

No, es absurdo. Los recortes se dieron en toda España, ¿no? Y, ¿cuántos procés se dieron en España? Y lo mismo en Europa. En Francia hubo grandes recortes, ¿hubo muchos movimientos independentistas en Francia? Con recortes o sin ellos hubiera habido procés, porque era una consecuencia de la resolución del Tribunal Constitucional contra el Estatut y del intento de la derecha española de hacer en Catalunya lo que habían hecho en València y Balears.

¿Qué piensa cuando ve que la receta de la austeridad, que aplicaron en el año 2011, ha sido descartada ahora del ámbito europeo por las siguientes crisis? ¿Se arrepiente de haberla aplicado?

Me tocó aplicarla, esta receta. Y no me toca arrepentirme porque yo en aquel momento ya criticaba esta política que se imponía desde Europa. Fue una política impuesta desde el BCE y Alemania, y fue extrema. Una crisis financiera es una cosa muy seria y por tanto, la crisis de la deuda fue real y el euro estuvo en peligro. No minimicemos aquello. Dicho esto, fue demasiado extremo y, sobre todo, vino acompañada de un moralismo totalmente fuera de lugar. Aquello acabó siendo falta para sitios como Grecia o España y, afortunadamente, cuando vino la pandemia, se reconoció que hacía falta otra receta.

¿Pero no cree entonces que ustedes, Artur Mas como president y usted como conseller de Economía, se pasaron con los recortes, que tocaron hueso?

No, no, si usted me quiere hacer decir que nos pasamos, no lo diré. Porque hicimos lo que correspondía y lo que tocaba. Y la intención fue salvar todo lo esencial, y estoy dispuesto a argumentarlo. Se salvó mucho de lo esencial, incluida la sanidad, el sistema de investigación, las universidades, etc. Pero cuando estás en una situación como esta, en que te ves obligado a reducir, la estrategia debe ser salvar lo esencial para que pueda recuperarse cuando toca.

A lo largo de la entrevista le he intuido optimista respecto a la situación económica. ¿Lo es?

Puede ser, quizás porque me acuerdo de lo dura que fue la crisis anterior y no veo la misma catástrofe. Quizás porque ahora estoy en el sur y no en el norte, porque esta vez les ha tocado más a Alemania que a nosotros. Eso no nos lo deberíamos creer demasiado, ahora no pensemos que somos mejores que los alemanes. Lo que deberíamos ver es que los golpes a veces se reparten y sacar la consecuencia de que cuanta más solidaridad tengamos, mejor. De manera que ahora me siento solidario con los alemanes. Déjeme que le haga esta pequeña broma.

El exconseller de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell ha confiado en que Gobierno y Generalitat logren un acuerdo para “neutralizar” al Tribunal de Cuentas después de que el ente fiscalizador le comunicara este martes una fianza de 2,8 millones de euros por la acción exterior del Govern en favor del procés entre 2011 y 2015.

En una entrevista en RAC-1, Mas-Colell ha abogado por una solución “pragmática” ante las fianzas por un valor total de 5,4 millones de euros que en 15 días deberán depositar 34 exdirigentes y funcionarios, entre ellos los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont, al tiempo que ha criticado al president de la Generalitat, Pere Aragonès, por proponer la amnistía como vía para desencallar la causa del Tribunal de Cuentas.

“Envolverse con la amnistía da sensación de debilidad”, ha sentenciado Mas-Colell, que ha pedido “no elevar” la solución a la causa del Tribunal de Cuentas “a un nivel retórico y poco útil”, en referencia a la propuesta de Aragonès. “Confío que Gobierno y Generalitat se concierten para neutralizar los efectos del Tribunal de Cuentas”, ha apostillado.

En contraposición a la amnistía solicitada por Aragonès, el exconseller ha reclamado “acuerdos rápidos y técnicos”, prioritariamente para que los exdirigentes puedan hacer frente a las fianzas y evitar el embargo preventivo de sus bienes antes del mes de agosto. “La derecha enquistada en los aparatos del Estado y el 'aznarismo' se tienen que acostumbrar a que sus lanzas no pinchen, y para esto no hacen falta grandes declaraciones de amnistía sino acuerdos rápidos”, ha sentenciado.

En este sentido, Mas-Colell ha abogado por avales o créditos bancarios para asegurar las fianzas y “parar el primer golpe”, si bien no ha descartado “soluciones imaginativas” como instrumentos financieros o créditos público tanto de organismos vinculados al Gobierno como a la Generalitat. “Se nos aplica un sistema perverso, que hubiera sido distinto si no hubiera habido 1 octubre de 2017, no es justicia sino venganza”, ha criticado Mas-Colell.

Mas-Colell, en una nueva crítica a la estrategia independentista por la amnistía, ha apostado por una posición “firme, decidida y sin arriesgar más de la cuenta” de la Generalitat. “Estoy muy a favor del pragmatismo y el diálogo y cualquier cosa [en la causa del Tribunal de Cuentas] tiene que estar consensuada con el Gobierno central”, ha añadido.

Respecto a la situación política general, Mas-Colell ha aplaudido la decisión “valiente” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del procés, y ha pedido que la acción del Govern se centre en los aspectos económicos y sociales sin olvidar la cuestión soberanista: “No podemos tenerlo todo paralizado por la reclamación del referéndum”.

No hay indultos que valgan para el Tribunal de Cuentas ni sentencias judiciales que le contradigan. El órgano fiscalizador considera que hay 41 exaltos cargos de la Generalitat que son responsables de haber malversado dinero público para promocionar el procés fuera de España. Figuran desde los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont a algunos de los exconsellers perdonados por el Gobierno la semana pasada y otros que no han estado procesados por la justicia, como es el caso de Andreu Mas-Colell o Neus Munté. Nueve exsecretarios de distintos departamentos, seis interventores, 17 exdelegados en varios países y un eurodiputado completan la lista. Todos ellos (o sus abogados) deben comparecer entre hoy y mañana para conocer las fianzas que se les imponen. Se citó incluso a la exdelegada de la Generalitat en París, Maryse Olivé, fallecida en el 2017. 

El Tribunal les investiga por los gastos del Diplocat, un consorcio público-privado que está integrado por la Generalitat, los ayuntamientos de las cuatro capitales de provincia catalanas, tres diputaciones, varias patronales económicas, los principales sindicatos, universidades e incluso el Barça. En el informe que ha motivado la investigación de los exaltos cargos del Govern y que fue solicitado por la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las entidades Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución se analizan los gastos del Diplocat entre los años 2011 y 2017. 

En los desembolsos que se consideran ilegales se incluyen casi medio centenar de viajes al extranjero realizados por miembros del Govern o conferencias en universidades tanto de Europa como de Estados Unidos. Al exconseller Mas-Colell, cuya causa ha despertado la solidaridad de 33 premios Nobel, se le investiga por haber sido el máximo responsable de las finanzas de la Generalitat durante el Govern de Mas y por haber realizado declaraciones públicas en algunos de sus viajes en las que defendió la celebración de la consulta del 9N. 

Esta es la literalidad de una de las referencias que se hace a la actuación de Mas-Colell y que sirve de argumento para su investigación: “El Consejero de Economía y Conocimiento viaja los días 14 y 15 de octubre a Washington (con un coste de 2.857,18 euros) donde tiene un encuentro con la comunidad catalana de la zona de Washington DC, organizada por la Delegación del Gobierno con el apoyo del Casal Català de Washington, asiste también a la conferencia ”Nuevas Estrategias de crecimiento“ organizada por el Banco Mundial y también el consejero participa en la tabla redonda titulada ”Explorando el futuro de Cataluña“, centrada en el proceso. En el coloquio con los catalanes de Washington se centró, según la prensa, en las últimas noticias sobre el proceso: la renuncia, por parte del presidente, a la consulta del 9 de noviembre, y la convocatoria de un acto de protesta el mismo día. ”Desanimarse“, dice, ”no sale en el programa“. ”No sé qué habrá el día 9, no sé cómo será“, admitió en otro momento. Será, eso sí, un acto que mandará un mensaje al mundo. ”No nos quedaremos en casa. No le haremos el favor al Gobierno español de quedarnos en casa“. Esta última frase y algunas otras similares sirven al Tribunal para interpretar que el exconsejero participó en un uso fraudulento de los recursos públicos.

No es el único viaje por el que se acusa al exconseller, que este martes cumple 77 años. Por ejemplo, se cita otro que realizó días después a Londres para participar en una conferencia en el Parlamento británico. “El consejero lamenta que, a diferencia del Gobierno británico, el español no autorice la consulta amparada en la Ley catalana. También hace referencia a la politización del Tribunal Constitucional, a los agravios económicos a que está sometida Cataluña y a la consulta del 9N”, se afirma en un informe que ocupa 700 páginas.

En las alegaciones que los investigados han presentado, sin éxito, se lamenta que el Tribunal considere que cualquier viaje fuera de Catalunya realizado por los miembros del Govern durante el periodo objeto de fiscalización, en el que se participe en un debate o conferencia o se establece una reunión con políticos o parlamentarios extranjeros, se excede de la función de proyección y promoción de Catalunya. Para los investigados, esta proyección fuera de España es “inherente” a la acción exterior de la Generalitat.

“Piedras en el camino”

Según el cálculo del Tribunal de Cuentas, tres cuartas partes del presupuesto del Diplocat estuvo destinado a “publicitar, impulsar, promover y promocionar el proceso soberanista”. El montante total sería de 5,4 millones. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, consideraba la semana pasada que esta causa era una “piedra en el camino” del diálogo iniciado tras los indultos. Pese a que ERC, que tilda este organismo de tribunal inquisitorial, ha reclamado al Gobierno que no se quede solo en las palabras, el presidente, Pedro Sánchez, descartaba este lunes dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que cambie de criterio y no se muestre contraria a las alegaciones que han presentado los investigados y en las que arguyen indefensión por falta de tiempo e información y reclaman un aplazamiento que se ha descartado.  

El Tribunal de Cuentas, que no forma parte del ámbito judicial, ya condenó a Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs a pagar 4,9 millones de euros por la celebración del 9N pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no les condenó por prevaricación y descartó desde un principio la malversación. Posteriormente, y en referencia a los preparativos del referéndum del 1-O, el órgano fiscalizador que preside actualmente María José de la Fuente reclamó 4,1 millones a varios miembros del Govern de Puigdemont. A estas cifras habrá que sumar las fianzas que se exijan ahora solo por la actuación del Diplocat. 

El actual Tribunal de Cuentas cumple su mandato el próximo 23 de julio, pero renovarlo depende de que el PP, que ostenta la mayoría, se avenga a hacerlo. La ley establece que los 12 consejeros que conforman este organismo deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente, que se va renovando cada tres años entre los consejeros. 

Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya juzgó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la celebración de la consulta del 9-N, condenó al expresidente a dos años de inhabilitación, a Ortega a 21 meses y a Rigau a 18 meses por haber cometido un delito de desobediencia al impulsar la celebración de la votación celebrada en el 2014 pese a la advertencia del Tribunal Constitucional. La Fiscalía había descartado acusarlos por malversación, el único delito que podía conllevar cárcel, porque entendió que los posibles gastos vinculados al 9N fueron comprometidos con anterioridad a la suspensión del Constitucional. El Ministerio Público defendió su postura “desde la imparcialidad y objetividad” con la que debe desempeñar su labor. El Sindicato Profesional de Policía, Unión Federal de Policía, Asociación Arca Ibérica y el sindicato Manos Limpias, que ejercían la acusación popular, insistieron en reclamar que se les acusase de malversación, pero el tribunal lo desestimó por considerar que no existía base jurídica para atribuir gastos ilegales a los altos cargos del Govern que se sentaban en el banquillo. 

Ni la Fiscalía ni los jueces consideraron que se hubiese producido una malversación pero su imparcialidad y objetividad no fue apreciada como tal por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución, que llamaron a la puerta del Tribunal de Cuentas y en el 2018 lograron lo que la Justicia había desestimado un año y medio antes: una condena que obligaba a estos tres exmiembros del Govern así como al exconseller Francesc Homs a reintegrar al Estado un total de 4,9 millones de euros. El mismo tribunal había ya ordenado el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para afrontar una fianza de 5,27 millones de euros. Además de los políticos ya juzgados por el TSJC, el Tribunal de Cuentas amplió su condena a algunos de sus subordinados en el Govern: Luis Bertrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana, Jaume Domingo y Teresa Prohias. 

La autora del informe fue la exministra del PP, Margarita Mariscal de Gante. No solo ella procede de un partido. El Tribunal de Cuentas está plagado de expolíticos y con una clara mayoría conservadora. En otro habitual reparto de cartas, hasta ahora PP y PSOE siempre se han puesto de acuerdo para repartirse los puestos cuando expira cada mandato, con una duración de nueve años. Los nombramientos a dedo van más allá de los que hacen los partidos con los consejeros. Una buena parte del personal está compuesto por familiares de altos cargos. De los alrededor de 700 trabajadores que conforman la plantilla, un centenar tiene lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros, según desveló El País.

A diferencia de lo que pasó con el 9N, con el referéndum del 1-O no solo Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana han buscado el apoyo del Tribunal de Cuentas. A finales de 2017, la Comisión Mixta (Congreso-Senado), a instancias del PP y con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, reclamó un informe para aclarar si los fondos destinados a la acción exterior catalana se habían utilizado “conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia”. Es el conocido como informe sobre las embajadas catalanas. El Tribunal concluyó que las delegaciones de la Generalitat en el extranjero gastaron al menos 27,2 millones de euros en actividades sin que sea posible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto.

El informe, de 700 páginas, se aprobó con un único voto en contra, el de la consejera María Dolores Genaro, que presentó un voto particular, por considerar que se había aprobado de forma precipitada y que el cálculo hecho carecía del rigor contable necesario. Genaro se quejó de que no se les había dado tiempo para leerlo y poder presentar las observaciones que considerasen. Otros dos consejeros, también elegidos a propuesta del PSOE, Enriqueta Chicano y Felipe García, presentaron un voto concurrente, que es la forma de expresar la discrepancia con la argumentación de un informe aunque se comparte la resolución. 

El cálculo hecho por el Tribunal de Cuentas abarca la gestión de los gobiernos catalanes entre el 2011 y 2017 y el presunto desvío de fondos para destinarlos a impulsar la independencia. 40 ex altos cargos se enfrentan ahora al embargo de sus bienes y a multas millonarias. El próximo martes se les aclarará cuál es la cuantía que se les reclama por supuesta responsabilidad contable por gastos indebidos. Entre los investigados figuran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell, en tanto que exconsejeros de Economía, o Raül Romeva por haber sido el titular de Exteriores. Además hay otros exconsellers, incluidos los indultados por el Gobierno, y ex altos cargos de la Generalitat. 

Alexandre, uno de los hijos de Andreu Mas-Colell, economista como él y profesor de la Universidad de Princeton, denunció hace unos días en Twitter la situación de su padre. “En dos semanas, la casa de mis padres, su pensión y su cuenta bancaria podrían pasar a manos de las autoridades”, escribió en inglés. Su padre dejó de ser conseller en el 2015. Se le acusa por haber sido el máximo responsable del presupuesto de la Generalitat en el Govern de Artur Mas. Su hijo recordaba en las redes que su padre no tuvo nada que ver en la organización del 1-O. Su mensaje despertó una ola de apoyos en el mundo académico, donde el exconseller Mas-Colell es una figura muy respetada a nivel internacional. 33 premios Nobel y una veintena de economistas firmaron esta semana un artículo en 'El País' en el que se solidarizaban con él.

“Aquellos de nosotros que hemos tratado al profesor Mas-Colell durante muchos años como colegas, estudiantes y coautores, sabemos que es una persona de la máxima integridad. También es reconocido por ser una persona dedicada al bien público, como lo demuestra su marcha de Harvard para regresar a casa y fundar una nueva institución educativa española, así como su disposición a desempeñar responsabilidades de gobierno en España y en Europa. España fue muy afortunada de que un economista de la capacidad y la talla del profesor Mas-Colell estuviera dispuesto a dedicarse al servicio público”. La carta estaba firmada entre otros por Joseph Stiglitz, Daniel Kahneman, George Akerlof o Paul Milgrom.

Mas-Colell tiene 76 años. El martes, el día que debe comparecer junto al resto de investigados ante el Tribunal de Cuentas, cumplirá los 77. Las fianzas que se les impongan pueden implicar que se les embargue todo su patrimonio y que no haya cajas de solidaridad suficientes para hacer frente a las cuantías que les exigirá este organismo, que no forma parte del poder judicial, aunque esta vez lo parece.

Los economistas y exconsellers de Economía de la Generalitat con los gobiernos tripartitos y de Artur Mas, Antoni Castells y Andreu Mas-Colell, la abogada Magda Oranich, la exdiputada socialista en el Congreso Esperança Esteve, y el exlíder de los 'comuns' Xavier Domènech han firmado un manifiesto conjunto en el que piden “diálogo, libertad y la amnistía” de los presos independentistas.

Los autores del texto, publicado en el diario 'El País', apuntan a la amnistía como la salida que decrete “el fin de la judicialización e inicie realmente una nueva etapa política y social”. “No podrá haber negociación de verdad sobre el conflicto político mientras haya personas en prisión o fuera de España por razones políticas”, aseguran.

El manifiesto comienza reproduciendo las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura del 4 de enero en el que apelaba al diálogo, paciencia, constancia, reconocimiento del otro y de sus razones, generosidad y empatía. “Un credo que debe ser mutuo para iniciar todo camino de la resolución del conflicto”, continúa el texto, en el que los autores remarcan: “El diálogo es el camino”.

Para poder volver al momento anterior al inicio del “conflicto abierto”, los firmantes consideran que “se necesita libertad”. Sostienen que el proceso que ha llevado a los líderes independentistas en prisión está, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “seriamente viciado de origen”.

En cuanto a los líderes que permanecen fuera de España, los firmantes califican la situación de “laberinto judicial, jurídico y político de una extrema complejidad e implica varias jurisdicciones, parlamentos y estados en un conflicto de origen político”. Es aquí donde piden una solución “drástica” que “nos sitúe precisamente en el momento anterior donde los agravios comenzaron a acumularse, por el bien del diálogo y de la misma democracia”.

Con todo, consideran que hay una salida para culminar la voluntad de “recomenzar”. “Una amnistía que decrete el fin de la judicialización e inicie realmente una nueva etapa política y social”, resuelven. En este sentido, señalan que no podrá haber negociación de verdad sobre el conflicto político mientras haya personas en prisión o fuera de España por razones políticas.

La súplica del conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha estat escoltada. El ministeri d'Hisenda autoritzarà el proper 16 de desembre el pagament a les comunitats autònomes de tot el FLA extraordinari (que serveix per cobrir el dèficit no autoritzat de 2014), inclosa Catalunya, segons ha dit aquest dimecres el ministre Cristóbal Montoro. Aquesta decisió suposa un canvi respecte el que Hisenda va anunciar inicialment, ja que pretenia desemborsar en deu trams els 3.034 milions assignats a Catalunya.

La raó del canvi de criteri, segons ha explicat Montoro, és que la Generalitat està avançant en el compliment de les condicions que se li van imposar per poder cobrar el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA). Per aquest mateix motiu, Catalunya va rebre el passat divendres el pagament de novembre del FLA d'enguany, 319,3 milions d'euros.

El Govern espanyol va supeditar el desemborsament del romanent del FLA de 2014 per a Catalunya, que ascendeix a 3.034,38 milions d'euros, a la connexió telemàtica de la Generalitat amb el punt general d'entrada de factures d'Hisenda. Així mateix, el pagament preveia realitzar-se en deu trams, encara que ara es desemborsarà en un sol pagament. No obstant això, el romanent del FLA s'abonarà directament a proveïdors, en cap cas a la Generalitat. En total, el Govern distribuirà entre les autonomies 7.789 milions d'euros el proper 16 de desembre, quatre dies abans de les eleccions generals.

Mas-Colell va explicar aquest dimarts que Catalunya ha complert amb totes les condicions imposades. En aquest sentit, va assegurar que aquesta mateixa setmana s'enviarà a Hisenda la llista de factures a pagar amb el FLA, que puja a 2.715 milions d'euros. “El FLA s'ha de pagar abans del 30 de desembre de 2015 sense cap discriminació en termes de termini de Catalunya respecte altres comunitats autònomes”, va exigir Mas-Colell.

Mas-Colell va considerar les condicions una “discriminació” i les va titllar de “arbitràries i inadmissibles”, per la qual cosa va anunciar la interposició d'un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem.

Ho va apuntar el president Mas la setmana passada, i aquest dimarts el conseller Mas-Colell ho ha anunciat de forma oficial: la Generalitat presentarà un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra les condicions imposades pel Govern espanyol per abonar el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

El Govern va supeditar el desemborsament del romanent del FLA de 2014 per a Catalunya, que ascendeix a 3.034,38 milions d'euros, a la connexió telemàtica de la Generalitat amb el punt general d'entrada de factures d'Hisenda. Així mateix, el pagament preveu realitzar en deu trams i s'abonaran directament a proveïdors, en cap cas a la Generalitat.

El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha explicat que Catalunya ha complert amb totes les condicions imposades. En aquest sentit, ha assegurat que aquesta mateixa setmana s'enviarà a Hisenda la llista de factures a pagar amb el FLA, que puja a 2.715 milions d'euros.

La base del recurs del Govern al Suprem són les “condicions diferenciades”, en paraules de Mas-Colell, que Hisenda ha imposat a Catalunya respecte a les altres comunitats autònomes. En aquest sentit, ha reclamat que no s'abonin en deu mesos (una periodificació específica per a Catalunya) els 3.034 milions del romanent del FLA de 2014, sinó que es faci tot el pagament abans de final d'any.

Mas-Colell ha considerat les condicions com una “discriminació” i les ha titllat de “arbitràries i inadmissibles”, i ha posat en dubte la capacitat de l'Estat per abonar els 3.034 milions pendents del romanent del FLA de l'any passat en un sol termini, per la qual cosa l'ha instat a pagar per demostrar que té prou múscul financer.

“El FLA s'ha de pagar abans del 30 de decembre de 2015 sense cap discriminació en termes de termini a Catalunya respecte altres comunitats autònomes”, ha afirmat Mas-Colell, que s'ha dirigit específicament en castellà per veure si “escolten” la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.

La interpel·lació de Mas-Colell ha anat més enllà: “Volen recaptar els nostres impostos i els recapten. Volen les nostres factures i les tenen. Ara els toca pagar, i fer-ho ja”, ha reclamat. “Somriguin tant com vulguin, però paguin”, ha reblat Mas-Colell.

Incompliment del dèficit

D'altra banda, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), ha posat de manifest que Catalunya no complirà els objectius de dèficit (la diferència entre ingressos i despeses) ni aquest any ni el que ve, sinó que acabarà 2015 amb un saldo del 2,9% o del 2,8%, més de dos punts per sobre de l'objectiu fixat (0,7%). En 2016, la xifra es quedaria entre el 1,2% i el 1,6%, una dada molt superior al 0,3% que figura al programa d'estabilitat.

Així mateix, fonts de l'organisme han indicat a l'agència Europa Press el difícil accés a la informació de Catalunya, ja que no ha elaborat un projecte de Pressupostos per a 2016, el que els ha portat a recórrer només als Plans Econòmic Financers (PEF) que presentar la comunitat en els Consells de Política Fiscal per fer aquestes valoracions.

El primer PEF, segons les fonts, es va valorar negativament per unes previsions d'ingressos difícils d'assolir, el que va portar a la Generalitat a plantejar un segon PEF amb més ajustos per la via de la despesa. No obstant això, la AIReF no veu que aquests ajustos de despesa s'estiguin materialitzant o se sustentin en mesures concretes ni en el cas de 2015 ni en el de 2016, el que porta a plantejar aquests desviaments.

Lo apuntó el president Mas la semana pasada, y este martes el conseller Mas-Colell lo ha anunciado de forma oficial: la Generalitat presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra las condiciones impuestas por el Gobierno para abonar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El Gobierno supeditó el desembolso del remanente del FLA de 2014 para Catalunya, que asciende a 3.034,38 millones de euros, a la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas de Hacienda. Asimismo, el pago prevé realizarse en diez tramos y se abonarán directamente a proveedores, en ningún caso a la Generalitat.

El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha explicado que Catalunya ha cumplido con todas las condiciones impuestas. En este sentido, ha asegurado que esta misma semana se enviará a Hacienda la lista de facturas a pagar con el FLA, que asciende a 2.715 millones de euros.

La base del recurso del Govern al Supremo son las “condiciones diferenciadas”, en palabras de Mas-Colell, que Hacienda ha impuesto a Catalunya respecto a las demás comunidades autónomas. En este sentido, ha reclamado que no se abonen en diez meses (una periodificación específica para Catalunya) los 3.034 millones del remanente del FLA de 2014, sino que se haga todo el pago antes de fin de año.

Mas-Colell ha considerado las condiciones como una “discriminación” y las ha tachado de “arbitrarias e inadmisibles”, y ha puesto en duda la capacidad del Estado para abonar los 3.034 millones pendientes del remanente del FLA del año pasado en un solo plazo, por lo que le ha instado a pagar para demostrar que tiene suficiente músculo financiero.

“El FLA debe pagarse antes del 30 de diciembre de 2015 sin discriminación alguna en términos de plazo de Catalunya respecto otras comunidades autónomas”, ha afirmado Mas-Colell, que se ha dirigido específicamente en castellano para ver si “escuchan” la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La interpelación de Mas-Colell ha ido más allá: “Quieren recaudar nuestros impuestos y los recaudan. Quieren nuestras facturas y las tienen. Ahora les toca pagar, y hacerlo ya”, ha reclamado. “Sonrían tanto como quieran, pero paguen”, ha remachado Mas-Colell.

Incumplimiento del déficit

Por otro lado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ha puesto de manifiesto que Catalunya no cumplirá los objetivos de déficit (la diferencia entre ingresos y gastos) ni este año ni el próximo, sino que acabará 2015 con un saldo del 2,9% o del 2,8%, más de dos puntos por encima del objetivo fijado (0,7%). En 2016, la cifra se quedaría entre el 1,2% y el 1,6%, un dato muy superior al 0,3% que figura en el programa de estabilidad.

Asimismo, fuentes del organismo han indicado a la agencia Europa Press el difícil acceso a la información de Catalunya, puesto que no ha elaborado un proyecto de Presupuestos para 2016, lo que les ha llevado a recurrir sólo a los Planes Económico Financieros (PEF) que presentó la comunidad en los Consejos de Política Fiscal para hacer estas valoraciones.

El primer PEF, según las fuentes, se valoró negativamente por unas previsiones de ingresos difíciles de alcanzar, lo que llevó a la Generalitat a plantear un segundo PEF con más ajustes por la vía del gasto. Sin embargo, la AIReF no ve que esos ajustes de gasto se estén materializando o se sustenten en medidas concretas ni en el caso de 2015 ni en el de 2016, lo que lleva a plantear esos desvíos.

La escalada de tensión entre la Generalitat y el Estado a raíz de la aprobación de la declaración de inicio del proceso de independencia ha tenido este viernes la consecuencia esperada: la intervención de las finanzas de la Generalitat, ya sometidas a un riguroso control desde que el Govern tuvo que adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico en 2012. Incluso los políticos más soberanistas constataban, en privado, que no hacía falta activar el artículo 155 de la Constitución (que autoriza el Gobierno a adoptar las “medidas necesarias” para que una comunidad autónoma cumpla la ley) para presionar el independentismo. Sólo era necesario que Cristóbal Montoro decidiera atornillar por completo las finanzas catalanas. Esto ha pasado este viernes.

“Están haciendo un 155 encubierto”, ha afirmado el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, visiblemente contrariado, en el Telenotícies de TV3. Paradójicamente, Mas-Colell, a pesar de ser uno de los consejeros que más críticos se ha mostrado con la declaración independentista, ha sido el encargado de dar la cara después de la intervención de las finanzas catalanas.

Montoro ha conseguido poner fin a la autonomía financiera catalana introduciendo nuevas condiciones para hacer efectivo el pago del remanente del FLA de 2014 para Catalunya, que asciende a 3.034,38 millones de euros. El cambio cualitativo más importante es que, según las nuevas condiciones, el interventor general de la Generalitat deberá remitir a Hacienda un certificado de inicio y actualización mensual de la ejecución presupuestaria de la administración catalana, así como de las empresas y organismos públicos. Además, en este certificado del interventor deberá dejar constancia de que los actos sobre los que ha tenido conocimiento no son contrarios a la Constitución.

Otro cambio sustancial es la introducción de un buzón seguro en los ordenadores de los funcionarios catalanes para que, de forma anónima, los trabajadores públicos denuncien cualquier incumplimiento de la ley que vean.

Además, Hacienda intensifica controles ya existentes y contemplados en la normativa del FLA sobre las finanzas catalanas. Podrá vigilar telemáticamente las facturas –no será necesario, por tanto, ver a hombres de negro de Montoro entrando en la conselleria de Economía–, y se reserva poder aprobar cada nueva operación de endeudamiento de la Generalitat.

Una vez se acogió al FLA en 2012, la Generalitat ya tenía que enviar periódicamente Planes Económicos y Financieros a Hacienda, donde dejaba constancia del estado de sus ingresos y gastos. El último plan, fechado en julio pasado, indicaba que el año que viene el Govern prevé pedir más de 6.000 millones a Hacienda. Desde 2012, la Generalitat ha pagado 1.900 millones en intereses al Estado, y ha recibido cerca de 50.000 millones en el conjunto de los mecanismos de financiación implantados por el Estado.

Montoro ha apelado al “interés general” –una expresión que también aparece en el artículo 155 de la Constitución– para justificar las medidas, ya que, ha argumentado, el Estado debe asegurar que no se “desvíe” ni un euro a “veleidades independentistas”. Mas-Colell ha tirado de ironía: “Hemos conseguido que singularicen a Catalunya”, ha dicho, antes de recordar que la Generalitat no está haciendo “cosas contrarias a la Constitución”

“Es como si a alguien la estrangulan y luego le piden un certificado de buena salud, y además le dicen: 'si no tienes el certificado, sigo estrangulándote. Es absurdo”, ha expresado Mas-Colell. Escenario casi insostenible para Oriol Junqueras, al que todas las quinielas sitúan como sucesor de Mas-Colell en la conselleria de Economía.

L'escalada de tensió entre la Generalitat i l'Estat arrel de l'aprovació de la declaració d'inici del procés d'independència ha tingut aquest divendres la conseqüència esperada: la intervenció de les finances de la Generalitat, ja sotmeses a un rigorós control des que el Govern va haver d'adherir-se al Fons de Liquiditat Autonòmic al 2012. Fins i tot els polítics més sobiranistes constataven, en privat, que no feia faltar activar l'article 155 de la Constitució (que autoritza el Govern central a adoptar les “mesures necessàries” perquè una comunitat autònoma compleixi la llei) per pressionar l'independentisme. Només calia que Cristóbal Montoro decidís collar per complet les finances catalanes. Això ha passat aquest divendres.

“Estan fent un 155 encobert”, ha afirmat el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, visiblement contrariat, al Telenotícies de TV3. Paradoxalment, Mas-Colell, tot i ser un dels consellers que més crítics s'ha mostrat amb la declaració independentista, ha estat l'encarregat de donar la cara després de la intervenció de les finances catalanes.

Montoro ha aconseguit posar fi a l'autonomia financera catalana introduint noves condicions per fer efectiu el pagament del romanent del FLA de 2014 per Catalunya, que ascendeix a 3.034,38 milions d'euros. El canvi qualitatiu més important és que, segons les noves condicions, l'interventor general de la Generalitat haurà de remetre a Hisenda un certificat d'inici i actualització mensual de l'execució pressupostària de l'administració catalana, així com de les empreses i organismes públics. A més, en aquest certificat l'interventor haurà de deixar constància de que els actes sobre els que ha tingut coneixement no són contraris a la Constitució.

Un altre canvi substancial és la introducció d'una bústia segura als ordinadors dels funcionaris catalans per tal que, de forma anònima, els treballadors públics denunciïn qualsevol incompliment de la llei que vegin.

A més, Hisenda intensifica controls ja existents i contemplats a la normativa del FLA sobre les finances catalanes. Podrà vigilar telemàticament les factures catalanes -no caldrà, per tant, veure homes de negre de Montoro entrant a la conselleria d'Economia-, i es reserva poder aprovar cada nova operació d'endeutament de la Generalitat.

Un cop es va acollir al FLA al 2012, la Generalitat ja havia d'enviar periòdicament Plans Econòmics i Financers a Hisenda, on deixava constància de l'estat dels seus ingressos i despeses. El darrer pla, datat al juliol passat, indicava que l'any que el Govern preveu demanar vora 6.000 milions a Hisenda. Des de 2012, la Generalitat ha pagat 1.900 milions en interessos a l'Estat, i ha rebut vora 50.000 milions en el conjunt dels mecanismes de finançament implantats per l'Estat.

Montoro ha apel·lat a “l'interès general” -una expressió que també apareix a l'article 155 de la Constitució- per justificar les mesures, ja que, ha argumentat, l'Estat s'ha d'assegurar que no es “desviï” ni un euro a “veleïtats independentistes”. Mas-Colell ha tirat d'ironia: “Hem aconseguit que singularitzin Catalunya”, ha dit, abans de recordar que la Generalitat no està fent “coses contràries a la Constitució”.

“És com si a algú l'estrangulen i després li demanen un certificat de bona salut, i a més li diuen: 'si no tens el certificat, segueixo estrangulant-te. És absurd”, ha expressat Mas-Colell. Escenari gairebé insostenible per Oriol Junqueras, a qui totes les travesses situen com a successor de Mas-Colell a la conselleria d'Economia.

L'emblemàtica Torre Muñoz del Passeig de Gràcia i la seu de Treball del carrer Sepúlveda de Barcelona quedaran, de moment, en mans de la Generalitat. L'últim revés a la política de venda de patrimoni públic de Govern s'ha confirmat aquest dimecres, la data límit que la Generalitat tenia per vendre tots dos edificis a un altre comprador després de la plantada de la firma fantasma israeliana Nadlan, que no va abonar a temps el 75 % de als 63,5 milions pels que es va quedar amb els immobles. Serà el proper executiu català -l'actual està en funcions- el que prengui la decisió definitiva sobre els dos edificis i la Borsa de Barcelona, l'altre immoble que s'ha quedat sense vendre després de tres anys de qüestionades desinversions patrimonials de la Generalitat.

Vendre la casa i anar de lloguer: aquesta va ser la decisió de la Generalitat per obtenir liquiditat i alleujar el dèficit dels seus comptes públics. Des 2012, el Govern ha obtingut 551,42 milions d'euros per la venda de 35 edificis. Però en molts casos l'executiu va haver de rebaixar el preu dels immobles per trobar comprador. És el cas del lot de 13 edificis que la Generalitat va vendre el 2013 a AXA per 172 milions, que tenien un preu de venda inicial un 21% superior.

A més, hi ha casos flagrants de mal negoci: la seu de la conselleria de Territori o l'emblemàtica Casa Burés van ser venudes per 52 i 18,78 milions, respectivament, quan el govern tripartit les havia adquirides per 60 i 26 milions cada una.

La venda de la Torre Muñoz, ara anul·lada, va aixecar suspicàcies entre els sindicats i l'oposició: malgrat estar en una de les zones més cotitzades de Barcelona (la cruïlla de l'avinguda Diagonal amb Passeig de Gràcia), el Govern la va vendre per 41,5 milions, mentre que l'operació de venda de l'immoble del davant, l'edifici Deutsche Bank, s'havia tancat per 90 milions nou mesos abans.

A més, el comprador, la societat Nadlan BCN, controlada per l'israelià Morri Benisthy Moshese, es va crear ad hoc per a l'operació. CCOO va denunciar que l'empresa va començar la seva activitat el 3 de març, abans de la seva constitució legal, que va ser el 19 de maig, un cop ja havia començat el procés de venda.

L'acord incloïa que les dependències de la Conselleria d'Empresa i Ocupació es mantinguessin en els immobles, amb un lloguer de 122.000 mensuals més impostos a la Torre Muñoz i de 111.527 euros al mes a la seu de Sepúlveda. L'acord del departament d'Economia que va anul·lar la venda obria la porta a “exigir” el rescabalament de danys i perjudicis a la firma ja que es prohibissin contractes de Nadlan BCN amb l'administració catalana en futures ocasions, però també serà el pròxim executiu el que prengui la decisió definitiva sobre aquesta qüestió.

Ingressa 15,9 milions dels 168 previstos per a aquest any

En total, la Generalitat preveia ingressar inicialment 168 milions aquest any per la venda de l'edifici de la Borsa, la Torre Muñoz i la seu d'Ocupació. No obstant això, després del fiasco de Nadlan i que ningú hagi volgut comprar l'immoble de la Borsa malgrat la rebaixa en el seu preu, només aconseguirà 15,9 milions, la garantia que havia dipositat la societat israeliana.

No és la primera previsió governamental excessivament optimista que no es compleix. El 2014, el director general de Patrimoni fins aquest setembre (va deixar el Govern per anar una filial del fons voltor Blackstone), Salvador Estapé, va declarar que preveia ingressar 400 milions milions amb la venda d'immobles. No van arribar als 300 -en concret, 285,39.

Un altre dels retrets que ha abocat l'oposició sobre el Govern és que la política de venda d'immobles no ha estat transparent, ja que si bé sí que s'han fet públics els preus de venda, Economia no ha especificat la destinació concreta dels fons ingressats. Tampoc consideren del tot transparent el pas posterior a la venda d'edificis: el trasllat a l'anomenada 'Ciutat dels Funcionaris' de la Zona Franca, la construcció del qual ha encarregat a Zumarán Inversions, filial d'AXA, grup que va comprar un lot d'edificis de la Generalitat.

De fet, el Govern va vendre com un estalvi el trasllat de les seves dependències a un únic recinte, ja que comportaria un descens en els costos directes de lloguer d'un mínim de 40 milions al llarg dels 20 anys que durarà el contracte d'arrendament. No obstant això, l'oposició va censurar que no s'inclogués l'impacte que hagués tingut si el patrimoni públic no s'hagués venut. El pla de racionalització d'immobles incloïa també la venda de la seu de la Hisenda catalana i el seu trasllat a la Zona Franca, una operació que ha acabat als jutjats.

D'altra banda, igual que en la desinversió ara frustrada, la Generalitat va incloure en el contracte de moltes vendes quedar-se als immobles a canvi d'un lloguer. De complir-se completament els contractes d'arrendament subscrits després de la venda dels immobles, el preu de lloguer que pagaria la Generalitat rondaria els 600 milions. “Els edificis s'han venut tots malament. Les vendes no han servit per pal·liar el dèficit i són immobles situats en zones emblemàtiques. Els costos de lloguer i recompra seran enormes i només s'haurà beneficiat al sector privat”, recordava fa unes setmanes el catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, Carles Ramió.

Malgrat el fiasco de la seva última venda, encara es pot trobar al web de la Generalitat el catàleg d'edificis que han quedat per vendre. “La direcció general de patrimoni de la Generalitat ven els immobles directament, sense intermediaris”, diu el web governamental, com si d'un anunci d'una immobiliària privada es tractés.

La emblemática Torre Muñoz del Passeig de Gràcia y la sede de Empleo de la calle Sepúlveda de Barcelona quedarán, de momento, en manos de la Generalitat. El último revés a la política de venda de patrimonio público del Govern se ha confirmado este miércoles, la fecha límite que la Generalitat tenía para vender ambos edificios a otro comprador tras el plante de la firma fantasma israelí Nadlan, que no abonó a tiempo el 75% de los 63,5 millones por los que se quedó con los inmuebles. Será el próximo ejecutivo catalán -el actual está en funciones- el que tome la decisión definitiva sobre ambos edificios y la Bolsa de Barcelona, el otro inmueble que se ha quedado sin vender tras tres años de cuestionadas desinversiones patrimoniales de la Generalitat.

Vender sus casas e ir de alquiler: esa fue la decisión de la Generalitat para obtener liquidez y aliviar el déficit de sus cuentas públicas. Desde 2012, el Govern ha obtenido 551,42 millones de euros por la venta de 35 edificios. Pero en muchos casos el ejecutivo tuvo que rebajar el precio de los inmuebles para encontrar comprador. Es el caso del lote de 13 edificios que la Generalitat vendió en 2013 a AXA por 172 millones, cuyo precio de venta inicial era un 21% superior.

Además, hay casos flagrantes de mal negocio: la sede de la conselleria de Territori o la emblemática Casa Burés fueron vendidas por 52 y 18,78 millones, respectivamente, cuando el gobierno tripartito las había adquirido por 60 y 26 millones cada una.

La venta de la Torre Muñoz, ahora anulada, levantó suspicacias entre los sindicatos y la oposición: pese a estar en una de las zonas más cotizadas de Barcelona (el cruce de la avenida Diagonal con Passeig de Gràcia), el Govern la vendió por 41,5 millones, mientras que la operación de venda del inmueble de enfrente, el edifico Deutsche Bank, se había cerrado por 90 millones nueve meses antes.

Además, el comprador, la sociedad Nadlan BCN, controlada por el israelí Morri Benisthy Moshese, se creó ad hoc para la operación. CCOO denunció que la empresa empezó su actividad el 3 de marzo, antes de su constitución legal, que fue el 19 de mayo, una vez ya había empezado el proceso de venta.

El acuerdo incluía que las dependencias de la conselleria de Empresa y Empleo se mantuvieran en los inmuebles, con un alquiler de 122.000 mensuales más impuestos en la Torre Muñoz y de 111.527 euros al mes en la sede de Sepúlveda. El acuerdo del departamento de Economía que anuló la venta abría la puerta a “exigir” el resarcimiento de daños y perjuicios a la firma y a que se prohibieran contratos de Nadlan BCN con la administración catalana en futuras ocasiones, pero también será el próximo ejecutivo el que tome la decisión definitiva sobre esta cuestión.

Ingresa 15,9 millones de los 168 previstos para este año

Ingresa 15,9 millones de los 168 previstos para este añoEn total, la Generalitat preveía ingresar inicialmente 168 millones este año por la venta del edifico de la Bolsa, la Torre Muñoz y la sede de Empleo. Sin embargo, tras el fiasco de Nadlan y que nadie haya querido comprar el inmueble de la Bolsa pese a la rebaja en su precio, solo logrará 15,9 millones, la garantía que había depositado la sociedad israelí.

No es la primera previsión gubernamental excesivamente optimista que no se cumple. En 2014, el director general de Patrimonio hasta este septiembre (dejó el Govern para ir una filial del fondo buitre Blackstone), Salvador Estapé, declaró que preveía ingresar 400 millones millones con la venta de inmuebles. No llegaron a los 300 -en concreto, 285,39.

Otro de los reproches que ha vertido la oposición sobre el Govern es que la política de venta de inmuebles no ha sido transparente, ya que si bien sí se han hecho públicos los precios de venta, Economía no ha especificado el destino concreto de los fondos ingresados. Tampoco consideran del todo transparente el paso posterior a la venta de edificios: el traslado a la denominada 'Ciudad de los Funcionarios' de la Zona Franca, cuya construcción se ha encargado a Zumarán Inversiones, filial de AXA, grupo que compró un lote de edificios de la Generalitat.

De hecho, el Govern vendió como un ahorro el traslado de sus dependencias a un único recinto, ya que comportaría un descenso en los costes directos de alquiler de un mínimo de 40 millones a lo largo de los 20 años que durará el contrato de arrendamiento. No obstante, la oposición censuró que no se incluyeran el impacto que hubiese tenido si el patrimonio público no se hubiese vendido. El plan de racionalización de inmuebles incluía también la venta de la sede de la Hacienda catalana y su traslado a la Zona Franca, una operación que ha acabado en los juzgados.

Por otro lado, al igual que en la desinversión ahora frustrada, la Generalitat incluyó en el contrato de muchas ventas quedarse en los inmuebles a cambio de un alquiler. De cumplirse por completo los contratos de arrendamiento suscritos tras la venta de los inmuebles, el precio de alquiler que pagaría la Generalitat rondaría los 600 millones. “Los edificios se han vendido todos mal. Las ventas no han servido para paliar el déficit y son inmuebles situados en zonas emblemáticas. Los costes de alquiler y recompra serán enormes y sólo se habrá beneficiado al sector privado”, recordaba hace unas semanas el catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, Carles Ramió.

Pese al fiasco de su última venta, todavía se puede encontrar en la web de la Generalitat el catálogo de edificios que han quedado por vender. “La dirección general de patrimonio de la Generalitat vende los inmuebles directamente, sin intermediarios”, reza el web gubernamental, como si de un anuncio de una inmobiliaria privada se tratara.

Ya no son solo reuniones de Govern filtradas a la prensa: pesos pesados del ejecutivo catalán critican la negociación con la CUP a través de artículos de su puño y letra en los periódicos. El conseller de Economía en funciones, Andreu Mas-Colell ha considerado inaceptables las condiciones que impone la CUP para la investidura del nuevo presidente catalán y ha situado por primera vez sobre la mesa el escenario de unas elecciones anticipadas en marzo.

En un artículo en el diario Ara titulado “No asfixiemos el proceso”, Mas-Colell, uno de los consellers con mayor peso dentro del Govern, carga con una contundencia insólita contra la CUP, que ya ha dado dos 'no' a la investidura de Artur Mas, y con la que Junts pel Sí (JxS) mantiene negociaciones, hasta ahora infructuosas, para poder desbloquear un nuevo president. Mas-Colell reprocha a la CUP su “inmadurez parlamentaria” al bloquear la formación del nuevo gobierno y pretender “condicionar a fondo” su programa político.

“¿Qué duda puede haber que la pretensión de la CUP es liquidar el liderazgo del president Mas y controlar externamente el próximo Govern?”, se pregunta el titular en funciones de Economía.

“De la CUP podemos aceptar dos votos para la investidura de Artur Mas como presidente, pero no sus condiciones”, advierte el conseller, en referencia a los dos votos a favor y las ocho abstenciones que deben proporcionar los cupaires para alcanzar, junto a los 62 diputados de Junts pel Sí, la mayoría simple.

Las críticas de Mas-Colell, que representa al ala más liberal del Govern, van acompañadas de un planteamiento que hasta ahora pocos se atrevían a exponer en público: las elecciones anticipadas en marzo, un escenario al que se llegaría de forma automática si el 10 de enero no se ha conseguido un acuerdo para investir un president. De ser así, Mas-Colell se muestra convencido de que Mas “sabrá explicar en la nueva campaña electoral dónde estamos y por qué, y que los catalanes sabrán decidir, con sabiduría, qué liderazgo quieren para el proceso”.

A juicio de Mas-Colell, la “corresponsabilización” de la CUP en el proceso independentista “tendría efectos muy negativos” para las mayorías favorables al mismo y su repercusión internacional debido a los posicionamientos anticapitalistas y de extrema izquierda de los cupaires.

En este sentido, Mas-Colell considera que si la CUP “insiste en hacer muy presentes” sus prioridades en el programa del próximo Govern, el apoyo al proceso soberanista de sectores de las clases medias “se puede erosionar”. Mas-Colell, que fue el ideólogo de privatizaciones fracasadas como la de la empresa pública ATLL, expone su “inquietud” con algunas de las demandas de los cupaires, como por ejemplo la reversión del decreto de plantillas de Enseñanza o el proyecto de datos sanitarios VISC+. Además, Mas-Colell razona que asociarse a la posición “euroescéptica y antieuro” de la CUP perjudica al frente europeo e internacional del proceso soberanista.

Mas-Colell también critica las “prisas” con las que se ha aprobó la resolución independentista del pasado lunes, ya que el texto se sacó adelante con un gobierno en funciones y “se impone a un gobierno todavía inexistente”. De hecho, para Mas-Colell la resolución ha comportado una “consecuencia absurda” como es que los consellers en funciones se hayan convertido “en involuntarios policías del Tribunal Constitucional”.

Ja no són només reunions de Govern filtrades a la premsa: pesos pesants de l'executiu català critiquen la negociació amb la CUP a través d'articles del seu puny i lletra als diaris. El conseller d'Economia en funcions, Andreu Mas-Colell, ha considerat inacceptables les condicions que imposa la CUP per a la investidura del nou president català i ha situat per primera vegada sobre la taula l'escenari d'unes eleccions anticipades al març.

En un article al diari Ara titulat “No asfixiem el procés”, Mas-Colell, un dels consellers amb més pes dins del Govern, carrega amb una contundència insòlita contra la CUP, que ja ha donat dos 'no' a la investidura d'Artur Mas i amb la qual Junts pel Sí manté negociacions, fins ara infructuoses, per poder desbloquejar un nou president. Mas-Colell retreu a la CUP la seva “immaduresa parlamentària” per bloquejar la formació del nou govern i pretendre “condicionar a fons” el seu programa polític.

“Quin dubte pot haver-hi que la pretensió de la CUP és liquidar el lideratge del president Mas i controlar externament el pròxim Govern?”, es pregunta el titular en funcions d'Economia.

“De la CUP podem acceptar dos vots per a la investidura d'Artur Mas com a president, però no les seves condicions”, adverteix el conseller, en referència als dos vots a favor i les vuit abstencions que han de proporcionar els cupaires per assolir, al costat dels 62 diputats de Junts pel Sí, la majoria simple.

Les crítiques de Mas-Colell, que representa l'ala més liberal del Govern, van acompanyades d'un plantejament que fins ara pocs s'atrevien a exposar en públic: les eleccions anticipades al març, un escenari al qual s'arribaria de forma automàtica si el 10 de gener no s'ha aconseguit un acord per investir president. Si s'acabessin precipitant les eleccions, Mas-Colell es mostra convençut que Mas “sabrà explicar en la nova campanya electoral on som i per què, i que els catalans sabran decidir, amb saviesa, quin lideratge volen per al procés”.

Segons el parer de Mas-Colell, la “coresponsabilització” de la CUP en el procés independentista “tindria efectes molt negatius” per a les majories favorables al mateix i la seva repercussió internacional a causa dels posicionaments anticapitalistes i d'extrema esquerra dels cupaires.

En aquest sentit, Mas-Colell considera que si la CUP “insisteix a fer molt presents” les seves prioritats en el programa del pròxim Govern, el suport al procés sobiranista de sectors de les classes mitjanes “es pot erosionar”. Mas-Colell, que va ser l'ideòleg de privatitzacions fracassades com la de l'empresa pública ATLL, exposa la seva “inquietud” amb algunes de les demandes dels cupaires, com ara la reversió del decret de plantilles d'Ensenyament o el projecte de dades sanitàries VISC +. A més, Mas-Colell raona que associar-se a la posició “euroescèptica i antieuro” de la CUP perjudica el front europeu i internacional del procés sobiranista.

Mas-Colell també critica les “presses” amb què s'ha aprovar la resolució independentista de dilluns passat, ja que el text es va tirar endavant amb un govern en funcions i “s'imposa a un govern encara inexistent”. De fet, per a Mas-Colell la resolució ha comportat una “conseqüència absurda” com és que els consellers en funcions s'hagin convertit “en involuntaris policies del Tribunal Constitucional”.

Com tots els anys des que Andreu Mas-Colell és conseller d'Economia, amb l'arribada de l'estiu les tensions financeres apareixen a la Generalitat. En una entrevista a Televisió de Catalunya, Mas-Colell ha anunciat que el 14% de les despeses del 2015 no estaran cobertes. Els motius són, segons el conseller, dues decisions judicials. La primera és la del Tribunal Constitucional, que va anul·lar al mes de juny passat l'impost sobre els dipòsits bancaris aprovat pel Parlament. La segona, la sentència d'aquest dijous de l'Audiència Nacional que permet a l'Estat no abonar a la Generalitat els 759 milions de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut corresponents a l'any 2008. Segons el tribunal, aquest deute “no existeix”.

Tot i els laments de Mas-Colell, que s'ha referit al “col·lapse” dels ingressos degut a decisions judicials, la Generalitat ja no va incloure els 759 milions anul·lats de la Disposició Addicional Tercera en el Pla Econòmic i Financer (PEF) que el conseller va enviar a Cristóbal Montoro al mes de desembre de l'any passat i al juliol d'enguany. Tampoc va incloure al PEF la compensació per l'establiment de l'impost sobre dipòsits bancaris (635,1 milions d'euros) i els 789 milions de la bestreta del fons de competitivitat. Totes tres partides sumen 2.183 milions d'euros.

El problema rau en que aquests 2.183 milions que en els Pressupostos aprovats pel Parlament es justifiquen com a pagaments pendents de l'Estat no apareixen en el document enviat a Montoro. En el seu lloc, s'imputen altres ingressos derivats de vendes d'actius i privatitzacions. Precisament aquesta disparitat de criteris li va valer a Mas-Collel un intent de reprovació al Parlament al febrer passat per part del PSC, que ERC va evitar.

Enlloc dels 2.183 milions que el Govern reclamava a l'Estat en els comptes aprovats pel Parlament, al PEF enviat al mes de desembre de l'any hi figuren 1.430 milions d'ingressos en concessions administratives i 484,3 en venda d'actius de la pròpia Generalitat. El PEF enviat a Montoro al juliol rebaixa els ingressos provinents de concessions a 1.080 milions però eleva els que venen de vendes d'actius a 583 milions. Els Pressupostos aprovats pel Parlament només preveuen 317 milions per aquestes operacions.

Sigui com sigui, en els dos documents enviats a Madrid la Generalitat deixa clar que no compta amb els ingressos provinents de la Disposició Addicional Tercera i l'impost sobre els dipòsits bancaris: “No obstant això, i tenint en compte que aquests ingressos estan condicionats a un procés de negociació i resolució judicial, l'escenari sobre el que s'elabora el present PEF no inclou aquests ingressos”, resen tant el PEF que Mas-Colell va enviar a Montoro al mes de desembre de l'any passat (pàgina 7) com al mes de juliol (pàgina 11) d'aquest any.

La sentència que permet a l'Estat no abonar a la Generalitat els 759 milions de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut corresponents a l'any 2008 ha estat dictada per la secció setena de la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional i desestima el recurs interposat per la Generalitat contra el Ministeri d'Hisenda per la seva “inacció” a l'hora d'abonar aquests fons a les arques catalanes. Mas-Colell ha dit que l'administració catalana sospesa ara si presentarà o no un recurs davant el Tribunal Suprem.

D'on treurà Mas-Colell els diners després dels revesos judicials? En paraules del propi conseller, “de l'únic banc que tenim: el FLA [Fons de Liquidat Autonòmic], el Plan de proveedores, el Ministerio. I així és com funcionem”. Mas-Colell ha evitat fer una estimació de quants milions s'hauran de demanar. Les despeses de la Generalitat per aquest any, segons els Pressupostos, s'eleven a 22.481 milions d'euros. Un 14% d'aquesta quantitat, per tant, serien 3.147,34 milions. Abans d'aquest revés judicial, la Generalitat ja havia demanat per aquest any al FLA 9.460 milions d'euros.

Per altra banda, Mas-Colell s'ha referit als 1.900 milions d'euros addicionals que rebrà la Generalitat el 2016. Ha detallat que 700 es corresponen a la bestreta del model de finançament i que aniran íntegrament destinats a la reducció del dèficit, ja que per passar de l'objectiu del 0,7 al 0,3% imposat per Montoro es necessiten 800 milions. Els altres 1.200 milions són diners de menys que es van deixar d'ingressar l'any 2014 per una subestimació de les bestretes que va fer l'Estat a les autonomies aquell any.

La Generalitat ha admitido hoy por primera vez que la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ALL) puede suponer un coste para las finanzas públicas. El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha cifrado en 326 millones de euros el coste de anular el concurso que permitió la mayor privatización de la historia de Catalunya, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Esta cifra incluye los 298,65 millones que abonó a la Generalitat el consorcio ganador de la adjudicación, liderado por Acciona y el banco de inversión BTG Pactual, en diciembre de 2012, “4 o 5 millones” en obras ya realizadas por el consorcio y “los intereses legales meritados”, según ha dicho Mas-Colell en la comisión de economía del Parlament. Sin embargo, Mas-Colell no ha incluido la indemnización por lucro cesante que pueda reclamar el consorcio, del que también forman parte las familias las familias Rodés y Godia-Torreblanca, ya que la concesión otorgada para gestionar ATLL se alargaba 50 años. Toda la oposición, incluida ERC, ha vuelto a criticar la privatización. El PSC y ICV-EUiA, además, han considerado que la indemnización puede ser mucho mayor y pedirán un informe sobre la cuestión a la Sindicatura de Cuentas.

El conseller ha afirmado que en caso que los tribunales obligaran a la Generalitat a indemnizar a Acciona, el ejecutivo catalán abriría un nuevo proceso de alegaciones judiciales. Además, ha explicado que, en este caso, el Govern argumentará que no debe devolver todos los ingresos recibidos en concepto de cánon o intereses, ya que Acciona ha generado ganancias mientras  ha gestionado ATLL. Y ha asegurado que el coste de rescindir el contrato al consorcio ganador “unilateralmente” sería mucho mayor. 

Durante su primera intervención, Mas-Colell se ha limitado a leer el recurso que la Generalitat ha presentado ante el Tribunal Supremo tras la anulación de la adjudicación de ATLL por parte del TSJC. El conseller no ha ahorrado críticas hacia el tribunal, al que ha acusado de “extralimitarse” en sus funciones al anular todo el proceso de adjudicación de ATLL, la empresa pública que vende el agua a los suministradores y de la que dependen casi cinco millones de personas del área metropolitana de Barcelona.

Al contrario de la sentencia del TSJC, Mas-Colell ha opinado que la adjudicación, por la que competían Acciona y Acciona, no vulneró los principios de publicidad, concurrencia e igualdad. También ha acusado al de TSJC de “no permitir a la Generalitat ejecutar adecuadamente su derecho de defensa”. Asimismo, ha confiado en que el Supremo dará la razón a la Generalitat y que “todo acabará bien” para las finanzas catalanas.

La oposición, como cada vez que la privatización de ATLL se debate en el Parlament, ha aprovechado para cargar contra Mas-Colell. Marc Sanglas (ERC) y Jordi Terrades (PSC) han coincidido en señalar que la adjudicación fue una “chapuza”. El popular Santi Rodríguez ha optado por definirla como una “chapuza”. Toda la oposición ha recriminado al conseller que el fracaso de ATLL no haya derivado en consecuencias políticas. Mas-Colell ha respondido asegurando que se trata de una cuestión “100% jurídica”. 

Como viene siendo constante durante estos dos años de 'guerra del agua' entre Acciona y Agbar, Mas-Colell ha defendido la labor de la Generalitat y ha evitado la autocrítica: “No consideramos que hacer una concesión sea pecado”, ha sintetizado. E incluso ha defendido que los litigios judiciales son habituales en las grandes privatizaciones.

El más crítico con el Govern ha sido Salvador Milà, de ICV-EUiA, que ha pronosticado que la indemnización será mucho mayor debido a una cláusula incluida en el contrato que la Generalitat firmó con Acciona, algo que Mas-Colell ha negado. “El pueblo de Catalunya tendrá que acabar pagando millones y millones de euros”, ha sentenciado Milà. El grupo de ICV-EUiA y el PSC pedirán en el próximo pleno (el último de la legislatura) que la Sindicatura de Cuentas elabore un informe sobre la cuestión.

El conseller de territorio, Santi Vila, debía acompañar a Mas-Colell en las explicaciones ante la cámara catalana, pero no ha acudido al Parlament por motivos de agenda.

BCN World: “O hay una inversión muy importante o no habrá proyecto”

En la primera parte de la comisión, la diputada de ICV-EUiA Hortènsia Grau ha lanzado una batería de preguntas a Mas-Colell sobre el macroproyecto de turismo y casinos BCN World. El conseller ha respondido que la Generalitat quiere seguir adelante con el proyecto, y ha sentenciado: “O hay una inversión muy importante o no habrá nada”. Las previsiones de la Generalitat pasan por aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) del proyecto este mes de julio, y después conceder de forma definitiva las licencias de juego a los operadores interesados en el proyecto. Grau ha mostrado su temor en que el proyecto acabe resultando en el traslado del casino de Tarragona a los terrenos de BCN World para beneficiarse de la rebaja fiscal a los casinos aprobada por el Parlament. “Al final tendremos un hotelito, un casino y cuatro tiendas, y habrá una operación de especulación urbanística sobre unos terrenos que La Caixa tenía y que difícilmente podía colocar”, ha dicho Grau. El conseller ha replicado de forma tajante: “O habrá una inversión muy considerable o no habrá proyecto. Esto no consistirá en cambiar un casino para ponerlo en otro sitio”. 

Con fe de carretero el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell fía el resultado de la negociación con el gobierno y el PP el cumplimiento del déficit del 0,7% previsto para este año en el anteproyecto de la Generalitat de Catalunya. La diferencia entre los ingresos ordinarios y los gastos previstos dejaría un agujero de 2.500 millones. Esta cifra, por primera vez no se conseguirá con más recortes sino con 2.183 millones fruto de acuerdos con el ministerio que gestiona Cristóbal Montoro, mientras que el resto procedería de ingresos extraordinarios, la mayor parte por ventas de activos. Quizá por eso Mas-Colell ha tachado los presupuestos presentados como de gran contenido político. El difícil serà aprovar-los.

Mas-Colell ha presentado los presupuestos reconociendo de entrada que los ingresos previstos no cuadran con los gastos también previstos. La diferencia la prevé conseguir cobrando del Estado algunas facturas de las que hasta ahora no ha podido ingresar nada. La primera partida corresponde a 789 millones que la Generalitat reclama al ejecutivo español del Fondo de Competitividad de este ejercicio. La segunda serían los 759 millones relativos a la aplicación de la disposición adicional tercera del nuevo estatuto de autonomía. Esta cantidad corresponde a la diferencia entre lo que según el statuto debería haber invertido el gobierno central en Catalunya y no lo hizo. En este punto el gobierno del PP siempre se ha amparado en la sentencia del Constitucional que posibilita que en caso de no estar de acuerdo, a pesar de haber firmado el pacto, el gobierno pueda incumplir el Estatuto. Finalmente, Mas-Colell reclama 635 millones de compensación por el impuesto catalán sobre los depósitos bancarios, que una vez aprobado por la Generalitat fue anulado por la aprobación del mismo impuesto de ámbito estatal.

Las necesidades de gasto en 2015 suman 22.481 millones. Los ingresos previstos son 19.981 millones. La diferencia son los 2.500 millones mencionados. Mientras consigue o no este dinero la Generalitat intensificará la negociación con el Gobierno central y al mismo tiempo profundizará las gestiones para conseguir fondos procedentes de las ventas de activos.

Una ulterior reducción de gasto público ha sido descartada por Mas-Colell: “el ajuste que había que hacer ya está hecho y no podemos ir más allá”. En este sentido ha manifestado que el gasto por habitante se ha reducido hasta niveles de hace diez años en términos reales ya nivel de 2007 en términos nominales.

El 71,2% del gasto se destina a los servicios del Estado del bienestar, mientras que la partida destinada a pagar los intereses de la deuda baja por primera vez en una década aunque todavía es de 1.714 millones, 300 millones de euros menos que en 2014.

La deuda trepa hasta el 67%

Los presupuestos que ha presentado Mas-Colell rompen por primera vez en un lustro la dinámica de descenso de gasto presupuestario. La principal razón es la recuperación de la paga de Navidad a los funcionarios y la restitución del 100% de la jornada al personal interino de la Administración, que será efectiva el 1 de enero y tendrá un impacto de 607 millones de euros. “No lo hacemos porque haya mejorado la situación fiscal de la Generalitat, que no lo ha hecho, sino porque es lo justo. Se ha reducido esta paga durante tres años, cuando no lo han hecho ni otras comunidades ni el Estado. No podemos pedir a nuestros trabajadores, que son el puntal del Estado del bienestar en Catalunya, que tengan este tratamiento”, ha afirmado Mas-Colell.

El gasto de la Generalitat se mantiene en casi todos los departamentos, excepto los que deberán asumir nuevos organismos antes autónomos que ahora consolidan en los Presupuestos, como Ferrocarriles de la Generalitat o del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Sin esta circunstancia, el gasto departamental únicamente se incrementa el 0,8% respecto al 2014.

La presentación de Mas-Colell ha tenido muchos toques políticos, como la queja, ya repetida, del desfase entre la posibilidad de asumir déficit por parte de la Generalitat respecto a lo que puede hacer el gobierno central. Esa relación es de 1 a 6. En este sentido ha recordado que con anteriores gobiernos socialistas esta diferencia no era tan importante.

Si finalmente el déficit del 0,7% del PIB que s'autoatorga la Generalitat se cumple, ello querrá decir que este apartado quedará en 1.440 millones, que deberán pedirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o conseguirlos por otra vía. Con ello la deuda acumulada por la Generalitat subirá hasta los 67.192 millones de euros, equivalente al 32,7% de del PIB.

Oposición política

La Generalitat ha recortado entre 2010 y 2014 el déficit público del 4,53% al 1,95% del PIB fruto de subir la presión fiscal y sobre todo de la reducción del gasto público del 19,6%. Si se incluye todo el sector público de la Generalitat, el tijeretazo ha sido del 22,5% en cuatro años.

La fe puesta por Mas-Colell en confeccionar los presupuestos tiene, además de la frialdad de los números, otras dificultades. Una, lo que dure la legislatura y la segunda, conseguir apoyos políticos. El PSC ya ha dicho que no dará carta blanca. ERC ha avanzado que lo mejor sería hacer una prórroga de los actuales presupuestos. A su vez, Ciudadanos ha anunciado también su oposición frontal y, con otros argumentos, la CUP ha avanzado también enmienda a la totalidad.